“En el entorno político actual hay una falta de respeto por la independencia de la prensa. Y hay una disposición a atacar a los periodistas por informar. Todo ello contribuye a formar un ambiente aterrador para los periodistas y las fuentes”: Ronald Farrow, Premio Pulitzer al Servicio Público (2018).

Amanecimos con la noticia de que no hay noticias, porque están prohibidas las ruedas de prensa en este gobierno. Si eso no es obstrucción al periodismo, ¿Qué es?

Hay una agresión evidente contra la prensa y un saboteo al derecho a la información.  ¿Por qué el país no está conversando sobre esto? ¿Por qué algunos opinadores, siendo periodistas, parecen estar del lado del poder y no de la prensa?

Ciertos columnistas de El Tiempo, por ejemplo, parecen más bien asesores de imagen del presidente Abelardo De la Espriella, cual cortesanos. Tres botones para la muestra, porque el espacio es corto para juntarlos a todos.

En una de sus columnas, la abogada María Isabel Rueda, experiodista ella, en lugar de defender a la prensa de los atropellos del presidente, le manda a decir -palabras más, palabras menos- que su éxito consistirá en comunicar bien los mensajes. Y le recuerda que para eso está el periodismo.

Claro, como si la prensa fuera la bella Cenicienta del poder, esa cohorte que aplaudía al rey, incluso cuando el rey era indigno de aplausos. 

Si Bob Woodward y Carl Bernstein se hubiesen comportado como lisonjeros, el caso Watergate sobre espionaje político no habría existido, y el presidente Richard Nixon jamás habría sido obligado a dimitir. “Los buenos ganaron”, resumió un periodista de la época. The Washington Post alentó a sus reporteros a bucear en las alcantarillas.   

Si El Espectador no hubiese investigado y denunciado los malos manejos del Grupo Grancolombiano en los años 80, ese crimen financiero habría quedado impune y los culpables libres, haciendo fiesta con el dinero de los ahorradores.

Esa debe recordarse como lo que es: una de las grandes gestas del periodismo colombiano. Don Guillermo Cano enseñó que se puede ejercer un periodismo aséptico e incorruptible. Sabemos el precio que pagó por estar del lado correcto. La única forma de honrar su memoria y valentía es a través de un periodismo confiable, responsable y ético. Son las tres armas del buen periodista. Saltarse cualquiera, significa amputar el alma del oficio: la confianza del público.

Nos acercamos peligrosamente a una especie de periodismo de bajo costo (low-cost); es decir, sin principios, sin ética, alejado de las buenas prácticas y despojado de todo aquello que es la razón de ser de la prensa: la conciencia crítica y moral de una sociedad.

Nuestro oficio no existe para ser vil, sino para servir de escudo a la sociedad ante los excesos del gobernante de turno. De eso hablamos cuando hablamos de periodismo independiente. Lo demás ¿es periodismo o habrá que redefinir qué entendemos por periodismo hoy?

“Al gobierno le conviene mantener una permanente conversación, diálogo e interlocución con los distintos sectores del país, incluyendo, claro, a los productivos, y una buena forma es que sea a través del periodismo”, afirma la periodista María Isabel Rueda.

El periodismo es un contrapoder, a diferencia del columnismo que suele utilizarse como trinchera ideológica para defender a unos y atacar a otros; es decir, para ejercer el activismo y la oposición de manera simultánea, a veces con más rabia y sesgo que rigor y seriedad.

Rueda hace gala de una supuesta independencia: “…los que informamos y opinamos quedaríamos heridos en la credibilidad, nuestro más valioso patrimonio”. Queda muy mal parada cuando, varias líneas después, sugiere que unos ministros “deben hablar mucho y otros muy poco”. Como quien dice: este de aquí que se calle y el de allá que hable por los demás. Leer para creer. 

​Baste decir que hace rato la señora María Isabel dejó de informar para dedicarse a pontificar sobre lo divino y lo mundano, poniendo en evidencia sus malquerencias políticas. No es la única que cumple bien su papel de cortesana. Desde las páginas de El Tiempo la acompañan Juan Lozano y Mauricio Vargas, cada cual desde su esquina. El doctor Lozano usa su editorial en La FM para hablar como el expolítico que es, aunque nunca se sabe cuánto tiempo le falta para regresar a esas lides o, aún mejor, ingresar a la cómoda vida diplomática, como su abuelo, Juan Lozano y Lozano, quien fue político, periodista, militar y poeta.  

Rueda, Vargas y Lozano fueron opositores despiadados durante el gobierno de Petro y ahora actúan como benefactores en el de Abelardo. Ojalá en alguna facultad de comunicación se tomen el trabajo de poner a los estudiantes a analizar el mal llamado “periodismo de opinión” en Colombia. Empecemos por enseñarles que el activismo que muchos ejercen desde las páginas editoriales de los periódicos, incluso desde la radio y la televisión, no es periodismo, por más que utilicen los mismos vehículos para difundirse.

La prensa es la conciencia crítica y moral de una sociedad.

​En su columna dominical “Optimismo sí, pero bien informado”, no hay un solo reproche de María Isabel Rueda al gobierno del “Tigre” por la forma solapada como se impone la censura de prensa en Colombia.

Recoge El Espectador: “Según lo investigado por este medio, el Gobierno “determinó que no se den ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean ‘amigos’, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia. Asimismo, se le comunicó a los asistentes a la reunión que durante los eventos, recorridos, inspecciones, en donde haya presencia de los medios de comunicación, los ministros solamente podrán dar una declaración (buscando que sea lo más completa posible) pero sin lugar a preguntas”.

La misma semana en que Donald Trump les negó el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW’y Político, en Colombia el director del DANE fue echado del puesto por incumplir la directiva presidencial que les prohíbe a los altos funcionarios suministrar información a la prensa.

En un texto titulado “Las llamas del fascismo en Bogotá”, Guillermo Pérez Flórez nos recuerda que las dictaduras empiezan por aniquilar a la oposición y silenciar a la prensa. Esto escribió en 2022 sobre el fatídico día de 1952 en que ardieron los edificios de El Espectador y El Tiempo en la capital. “Para algunos sacerdotes, los liberales eran masones, comunistas y ateos, y su eliminación física era legítima”.

En pleno siglo XX no hay que llegar a tales extremos. Basta con poner en la calle a cualquier periodista entrometido. Callarlo o arrinconarlo, sin necesidad de eliminarlo. Está pasando.  

Y lo más grave es que el gobierno de Abelardo De la Espriella ya logró consolidar una mayoría aplastante en el Congreso, con el respaldo de 186 de las 286 curules que conforman el Senado y la Cámara. Así, cualquier caprichito del señor presidente sería “pan comido”. Ojalá y no.

El buen periodismo no se tapa la nariz, ni sirve de alfombra para que el presidente pisotee a la prensa.   

​Las víctimas del régimen

Podríamos hacer un retrato havladdo de las primeras víctimas de la censura oficial en el primer año del Tigre; de seguir así, la lista crecerá antes de Navidad.

Los episodios sobre la salida de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo de Blu Radio, más la echada del caricaturista Vladdo de Noticias RCN, caerán en el olvido. Quedó flotando en el ambiente la sospecha de que salieron por “ser enemigos”; ni el presidente de la República, ni la emisora, tampoco el canal, se tomaron la molestia de desmentir los rumores.

Para completar la dicha, gremios como el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, caminan de puntillas frente al tema. Como quien dice, con esos colegas, para qué enemigos.

Vladdo se pasó a la revista Cambio y sobrevive su personaje de Aleida en el diario El Tiempo, una caricatura que en realidad a nadie mortifica. Los trazos de Matador sí atormentaron a Iván Duque y por eso despidieron al caricaturista Julio César González de ese diario en 2023, otra anécdota más para el anecdotario nacional.

“Creo que informar a la gente es la única esperanza que tenemos”: Ronald Farrow, periodista estadounidense.

El periodismo no está para ser monedita de oro; debe estar del lado de la sociedad, dispuesto a denunciar los abusos del poder, pase lo que pase, pésele a quien le pese. El gobierno tiene la obligación de hacer bien su tarea. Punto. Y el periodismo debe sentirse obligado a hacer bien la suya. Punto.

Lo que hagan mal el presidente y los suyos, la ciudadanía tiene el derecho de saberlo y el periodismo la obligación sagrada de comunicarlo. Ese es el deber ser de la prensa. Si renuncia a eso, cae en la propaganda

​El periodismo no debe prestarse para lavar caras. Su trabajo consiste en descubrir quién usó el tapete para tapar el vómito. El buen periodismo no se tapa la nariz, ni sirve de alfombra para que el presidente pisotee a la prensa.   

Un periódico debe servirle a los ciudadanos para algo más que madurar aguacates.

La prensa cortesana

​María Isabel Rueda, Juan Lozano y Mauricio Vargas escriben tan parecido que se asemejan hasta en sus odios políticos, los cuales inoculan al lector/elector desde sus tribunas de opinión.

​Ninguno de los tres, a pesar de haber vivido del periodismo casi toda su vida, ha planteado una crítica seria y tajante ante el trato descortés del presidente con la prensa, primero como político en campaña y ahora como jefe de Estado en ejercicio.

“La derrota que el periodismo estaba viviendo frente al poder solo era posible con la connivencia y en ocasiones la participación directa de importantes aliados dentro de los medios”: David Jiménez, periodista español, ex director del diario El Mundo.

​El más osado de todos es Mauricio Vargas, a quien le dieron página entera de El Tiempo para descargar su veneno contra el expresidente Ernesto Samper por el Proceso 8000. En una carambola mágica ata ese episodio a Gustavo Petro y al excandidato presidencial Iván Cepeda, a quien llama “senador comunista”. Si en las redacciones existiera la figura del verificador de datos, esas etiquetas sí tendrían que corregirse por faltara la verdad. Por lo demás, a De la Espriella lo llama abogado a secas, sin reparar en su pasado, ni en su presente que lo ata al señor Alex Saab, quien se declaró culpable de lavar dinero ante la justicia gringa.

​Antes de ser director de Semana, Vargas fue consejero de prensa del presidente Cesar Gaviria, lo cual permite concluir que en Colombia periodismo y política se dividen la cama sin reproches, o al menos comparten la misma cobija, sin reparar en lo dañino que son los matrimonios por conveniencia. Si algún periodista se siente libre de pecado, que tire la primera piedra, a ver quién resulta descalabrado.

El voto de silencio nunca será una opción para los periodistas. Que lo cortés, no nos quite lo valiente para desenmascarar los excesos de cualquier gobierno, cueste lo que cueste. Si en palacio alguien se cree príncipe, los reporteros no tienen porqué comportarse como bufones. Un periódico debe servirle a los ciudadanos para algo más que madurar aguacates.

Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por eso resulta preocupante que, alrededor del proceso de selección, haya comenzado a instalarse la percepción de una posible concentración de candidatos provenientes de los círculos más cercanos a la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con la información publicada sobre el proceso, entre los preseleccionados aparecen varios fiscales delegados ante la Corte Suprema y funcionarios con experiencia en investigaciones de alto impacto. Entre ellos están Diego Antonio Montaña Bohórquez, Gabriel Sandoval y María Cristina Patiño, además de Francy Eugenia Gómez Sevilla. La coincidencia merece ser examinada públicamente, no porque pertenecer a la Fiscalía descalifique a alguien para ser magistrado —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la independencia judicial exige algo más que cumplir formalmente los requisitos. Exige confianza. Y la confianza, particularmente en una elección de esta naturaleza, se construye con transparencia.

El asunto adquiere una dimensión institucional todavía mayor si se tiene en cuenta que la propia Corte Suprema participó en la elección de la actual fiscal general. Esto significa que algunos de los mismos magistrados que intervinieron en aquella decisión ahora participan en un proceso en el que podrían resultar elegidos funcionarios vinculados profesionalmente con la cabeza del ente investigador.

No se trata de afirmar que exista un acuerdo, un intercambio de favores o una maniobra concertada. Nada de eso puede darse por probado sin evidencia. Pero sí es legítimo advertir sobre el riesgo de que una coincidencia de relaciones institucionales termine alimentando la percepción de un sistema de favores cruzados.

La justicia no puede darse el lujo de que sus decisiones parezcan responder a un roscograma. Porque ese es precisamente el problema de fondo: no basta con que una elección sea legal. También debe ser comprensible para la ciudadanía. Debe poder resistir el escrutinio público y demostrar que los méritos profesionales, la independencia, la trayectoria y la solvencia jurídica estuvieron por encima de cualquier cercanía personal, política o institucional. La Corte Suprema tiene ahora una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.

La fórmula debería ser sencilla: máxima publicidad sobre el proceso, criterios objetivos previamente conocidos, hojas de vida examinadas con rigor, audiencias transparentes y una explicación suficiente de las razones que conduzcan a la elección de cada magistrado. Si existen factores de posible conflicto de interés, deben ser identificados y tratados públicamente. Si algún candidato tiene relaciones profesionales o personales relevantes con quienes participan en la elección, la sociedad tiene derecho a conocerlas.

No se trata de estigmatizar a los fiscales que aspiran a la magistratura. Muchos pueden tener las credenciales necesarias y una trayectoria legítima para aspirar al cargo. El problema no son sus hojas de vida por el solo hecho de provenir de la Fiscalía. El problema sería que una institución tan sensible terminara siendo percibida como una extensión de otra rama o como el resultado de acuerdos entre funcionarios que, en distintos momentos, han tenido capacidad de influirse mutuamente. La Sala de Instrucción no puede convertirse en una prolongación de ningún despacho. Mucho menos de la Fiscalía.

Fiscalía y Corte Suprema cumplen funciones distintas dentro del sistema penal y esa separación no es un detalle administrativo: es una garantía para los ciudadanos y para quienes están sometidos a investigación. Precisamente por eso, cualquier señal de dependencia, subordinación o intercambio de cuotas burocráticas resulta especialmente delicada.

En una democracia, la independencia judicial no consiste únicamente en que un magistrado pueda decir que nadie le dio una orden. También consiste en que nadie pueda razonablemente pensar que su llegada al cargo obedeció a una deuda, una alianza o una cercanía determinada.

La Corte debería ser especialmente cuidadosa con esto

Si los cinco fiscales mencionados resultaran elegidos, ello no demostraría, por sí mismo, la existencia de una operación de la Fiscalía para controlar la Sala de Instrucción. Pero si varios candidatos cercanos a la actual dirección del ente acusador terminan ocupando simultáneamente las plazas disponibles, sin que la Corte explique de manera convincente los criterios que condujeron a esas decisiones, la sospecha política e institucional será inevitable. Y la justicia no puede depender de explicaciones posteriores. La transparencia debe comenzar antes de la elección.

La Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que sus decisiones no responden a roscas, cuotas ni cálculos de poder. Para hacerlo no necesita discursos defensivos. Necesita reglas claras, deliberaciones suficientemente públicas, criterios verificables y decisiones que puedan ser escrutadas por periodistas, abogados, académicos y ciudadanos.

El país no está eligiendo simplemente cinco magistrados. Está definiendo quiénes tendrán en sus manos una parte sustancial del control judicial sobre quienes ejercen el poder político. Por eso la Corte debe entender que esta elección no admite zonas grises.

La institución debe despejar cualquier duda sobre la existencia de un eventual “carrusel” de favores entre quienes eligieron a la fiscal general y quienes ahora podrían convertirse en magistrados de la Sala de Instrucción. No porque esas relaciones prueben una conducta irregular, sino precisamente porque la independencia de la justicia es demasiado importante como para dejarla a merced de las sospechas.

En este proceso, la Corte Suprema no solo debe elegir buenos magistrados. Debe demostrarle al país que los eligió sin dueños, sin padrinos y sin roscas.

Esa diferencia puede parecer semántica, pero en la justicia es fundamental. Porque cuando se pierde la confianza en la independencia del juez, la primera víctima no es un funcionario ni un candidato: es la legitimidad de la justicia misma

Y por cierto: Se debe también evitar la presencia de lobbistas tratando de influir en las decisiones llevando y trayendo razones. Se rumora sobre la supuesta presencia de Juan Alberto Castro, lobbista de la justicia, Pipe Córdoba el excontralor y Adriana Mercado (hoy magistrada auxiliar de la corte constitucional), en este asunto dejando ver sus preferencias y abordando, a través de los exmagistrados Luis Hernández y Patricia Salazar, a los actuales togados para intentar persuadirlos de sus intereses.

El asunto se torna complicado si recordamos que Juan Alberto Castro fue involucrado en el caso de Transmilenio, cuando intercedía a favor del clan de los Ríos (Alberto Ríos y CIA) con la fiscal de hierro Angélica Monsalve, en hechos ocurridos en la Universidad Sergio Arboleda y gracias a una grabación hecha por la misma fiscal.

Esperaría que por temas de transparencia, la Corte Suprema de Justicia, despeje de estas dudas sobre la supuesta presencia de lobbistas en el proceso de elección porque solo así es posible establecer confianza entre la justicia y la ciudadanía.

Edmond Roudnitska (1905–1996), uno de los grandes perfumistas del siglo XX, creador de las fragancias famosas, Eau Sauvage y Diorissimo, escribió un libro La estética en cuestión: una introducción a la estética del olfato (1977) en el cual defiende la tesis de que el arte de la perfumería es una disciplina estética del mismo nivel de cualquier otra. Para Roudnitska el olfato procesa la información detectando armonías y composiciones en las fragancias, y la meta de un creador de perfumes, además de gustar, es evocar emociones, provocar el intelecto y perdurar en la memoria. El perfumista francés estaba convencido de que los perfumes, así como las obras de arte, deberían tener derechos de autor o propiedad intelectual artística.

Su tesis se apoya en ideas que van en paralelo con los criterios que menciono en mi libro El arte al desnudo. Estoy de acuerdo con él, y vale anotar que si no todos los reinos entran en el mundo del arte se debe la definición del arte mismo y a que hay reinos donde muy pocas personas están en la capacidad de valorar sus objetos. Estas son sus ideas:

Cada perfume es una obra. El creador debe producir un objeto nuevo, una forma olfativa inédita. Los perfumes no son la mera suma de ingredientes olorosos. El artefacto, producto de la habilidad humana, requiere conocimiento técnico, destreza, creatividad, gusto y un evaluador experto. La forma final no reside en los ingredientes de manera independiente.

El perfume es arte abstracto. No representa objetos visuales, sino sensaciones y emociones; como disciplina artística, guarda mayor semejanza con la música.

El perfumista es un compositor. No es simplemente alguien dotado de una nariz excepcional. La creación implica el uso de la imaginación, la intuición, el conocimiento técnico (el cual no es simple ni fácil), la memoria olfativa, la capacidad de establecer relaciones y proporciones, y un juicio basado en el gusto olfativo. El perfumista es quien diseña una experiencia sensorial.

La estética del perfume está en la relación y en las proporciones de los ingredientes. Un componente puede ser magnífico de forma aislada y, sin embargo, resultar deficiente dentro de una composición determinada. La estética no radica necesariamente en las cualidades sensoriales individuales, sino en la organización y calibración de esas cualidades.

La obra es algo nuevo y único. Un perfume no tiene por qué aludir al olor de la rosa o del eucalipto; puede evocar la idea del mar, del cielo o del color rojo. Su aroma puede no haber existido jamás.

Para apreciar un perfume se necesita conocimiento. Al igual que ocurre con las artes plásticas, la información percibida varía según quien la contemple. Un experto en pintura abstracta ve en un lienzo de Mark Rothko lo que un lego no logra percibir. En perfumería, el experto debe ser capaz de notar la aparición y desaparición de notas, los contrastes, la continuidad, la transformación, el equilibrio, la intensidad, el ritmo temporal y la relación entre las partes y el todo. Las fragancias se despliegan en el tiempo, cambian a medida que sufren una secuencia de reacciones químicas en el aire y sobre la piel.

En consecuencia, los perfumes no solo producen placer: en ellos existe una organización intencional de cualidades capaz de alcanzar originalidad, capacidad de persuasión, coherencia, extravagancia, improbabilidad y asombro. Para experimentar una composición olfativa como obra de arte necesitamos reconocer las relaciones entre sus componentes, y eso exige entrenamiento. Esto explica por qué pocos han escuchado a Roudnitska: no existe una comunidad especializada lo suficientemente amplia como para consolidar esta nueva rama del arte. Quienes están entrenados son muy pocos; este es un mundo en el que los legos apenas asomamos la nariz, cuando deberíamos involucrar el intelecto, dado que el olfato es educable. Los perfumistas y los sommeliers no tienen necesariamente un epitelio nasal distinto, sino una corteza cerebral más desarrollada que les permite categorizar, mapear e identificar olores (memoria olfativa).

Anexo

Existen varios sitios en internet que venden perfumes de sello independiente, y algunos de los vendedores se identifican como artistas y su producto como “arte olfativo”. Véase, por ejemplo, el sitio de Lynne M. Zaun en www.FragranceBySesso.com. Nobi Shioya, dicho sea de paso, vende algunas de las fragancias de su serie 7S en el sitio web de la pequeña empresa de fragancias que cofundó en Brooklyn, Nueva York, llamada S-Perfume. La página de inicio de esta casa de perfumes se titula “Mind-blowing scents and Olfactory Art” y presenta obras antiguas y nuevas de varios de los perfumistas que trabajaron en el 7S de Shioya.

Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hay una manera sencilla de imaginar lo que ocurrió el pasado 6 de agosto en Bogotá: una memoria que durante años estuvo dispersa en investigaciones, archivos, voces, imágenes, documentales y páginas encontró un segundo lugar donde permanecer.

No era una ceremonia para inaugurar un edificio ni para presentar un nuevo informe. Era, en cierto sentido, una ceremonia para proteger el pasado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una copia íntegra del patrimonio documental que la entidad consolidó entre 2022 y 2026. La recibió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, de manos de la directora del CNMH, María Gaitán Valencia.

La cifra ayuda a dimensionar lo que se puso bajo custodia: 257 libros —107 de ellos investigaciones—, 209 documentales, 91 episodios de pódcast y 68 micrositios especializados, además de archivos documentales, bases de datos, recursos pedagógicos, contenidos audiovisuales y otros activos digitales.

Pero los números no alcanzan para contar lo que hay detrás de ellos.

Porque cada investigación contiene años de trabajo. Cada documental conserva una voz. Cada archivo puede guardar el rastro de una persona, una comunidad o un hecho que alguna vez estuvo a punto de desaparecer de la historia. Y detrás de muchos de esos documentos están las víctimas que decidieron contar lo ocurrido para que su experiencia no quedara reducida al silencio.

Ese es el verdadero tamaño del archivo.

La entrega realizada por el CNMH responde a una medida de protección de información ordenada por la JEP sobre archivos de derechos humanos producidos, recopilados, administrados o custodiados por ocho entidades públicas.

La medida, adoptada desde 2018 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, tiene un propósito preciso: identificar, proteger y preservar información que pueda contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado.

En agosto de 2026, mediante el Auto AT611 de 2026, la JEP ordenó al CNMH remitir la información que consideró de especial interés para las funciones de la Jurisdicción.

La respuesta fue la entrega de una copia íntegra del legado documental consolidado por el Centro durante los últimos cuatro años.

Desde 2019, el CNMH ha continuado recopilando, preservando y custodiando materiales en el marco del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. El archivo que ahora queda protegido por la JEP es, por tanto, parte de una construcción mucho más amplia: la de un país que intenta dejar registro de aquello que durante décadas ocurrió en sus territorios y que, en demasiadas ocasiones, permaneció oculto.

Hay una frase de María Gaitán Valencia que resume el sentido de la entrega.

“Hoy entregamos este legado documental a la Jurisdicción Especial para la Paz con la convicción de que la memoria de Colombia debe preservarse como un bien público permanente, por encima de cualquier coyuntura”, afirmó la directora del CNMH.

La frase importa porque los archivos también tienen una historia política. Las instituciones cambian, los gobiernos terminan, los funcionarios pasan y las prioridades públicas se transforman. Los documentos, en cambio, pueden permanecer.

Por eso la preservación de un archivo de memoria no es solamente un asunto técnico. Es una decisión sobre qué quiere recordar una sociedad y sobre qué información debe estar disponible cuando las generaciones futuras vuelvan a preguntar qué ocurrió.

“La memoria trasciende los gobiernos; pertenece a los colombianos”, agregó Gaitán Valencia.

La entrega a la JEP se suma además a la puesta en marcha de la Plataforma del Legado, una iniciativa destinada a preservar y facilitar el acceso al conocimiento construido por el CNMH.

El propósito es que ese conocimiento pueda seguir siendo consultado por las víctimas, investigadores, periodistas, estudiantes, instituciones judiciales y ciudadanos.

La memoria y la justicia no son lo mismo, pero en un país como Colombia sus caminos inevitablemente se cruzan.

Un documento puede ayudar a reconstruir un hecho. Una investigación puede revelar un contexto. Un testimonio puede aportar una pieza que faltaba. Una fotografía puede confirmar la existencia de una comunidad desplazada. Un documental puede conservar para siempre la voz de alguien que durante años buscó ser escuchado.

Por eso el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó la entrega realizada por el CNMH.

“Con esta entrega, damos un paso para que el conocimiento acumulado sobre nuestro conflicto armado siga sirviendo no solo para comprender el pasado, sino también para garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer el esclarecimiento judicial de los hechos y contribuir a que la violencia nunca vuelva a repetirse”, señaló.

La copia permanecerá bajo reserva y custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Con ello se busca garantizar su conservación y disponibilidad para el cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Jurisdicción.

La entrega de este legado también permite entender la dimensión histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP nació de un momento excepcional de la historia colombiana: el intento de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado y, al mismo tiempo, encontrar una respuesta para las víctimas y para una sociedad que necesitaba conocer lo ocurrido.

Su tarea no ha sido solamente juzgar. Ha sido reconstruir. Entender cómo funcionó la violencia, cómo se organizaron los hechos, quiénes participaron, cuáles fueron los patrones y qué responsabilidades existieron detrás de miles de historias que durante años aparecieron como episodios aislados.

En ese trabajo, los archivos tienen un valor que va mucho más allá del papel o de los formatos digitales en los que están almacenados. Un documento puede ayudar a establecer una fecha, reconstruir una cadena de decisiones o confirmar un testimonio. Una investigación puede aportar el contexto que permite comprender un hecho. Un registro audiovisual puede conservar para siempre la voz de una víctima. Una base de datos puede revelar patrones que no son visibles cuando cada caso se observa por separado.

La justicia necesita memoria porque no es posible investigar aquello que ha desaparecido.

Por eso la protección de los archivos de derechos humanos tiene una dimensión profundamente democrática. No se trata solamente de conservar información para los jueces o para los investigadores. Se trata de garantizar que las víctimas y sus familias puedan encontrar en el futuro los elementos que permitan sostener sus relatos, contrastar versiones y avanzar en la búsqueda de respuestas.

Colombia ha aprendido, muchas veces de la manera más dolorosa, que el paso del tiempo no garantiza que la verdad aparezca por sí sola. Hay documentos que se pierden, testimonios que desaparecen con quienes los dieron, lugares que cambian y generaciones que crecen sin conocer lo que ocurrió antes de ellas.

Preservar es, por eso, una forma de responsabilidad.

La JEP representa uno de los principales esfuerzos institucionales del Estado colombiano para que los crímenes más graves cometidos durante el conflicto no queden únicamente en el terreno de la memoria individual, sino que puedan ser examinados desde la justicia. Su trabajo busca establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y aportar al esclarecimiento de hechos que afectaron a comunidades enteras.

Ese trabajo requiere tiempo, pero también requiere fuentes.

De ahí la importancia de que el legado documental del CNMH tenga ahora una copia íntegra bajo custodia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. La medida no sustituye las responsabilidades del CNMH ni transforma la naturaleza de sus archivos. Lo que hace es añadir una garantía para que ese patrimonio pueda conservarse y permanecer disponible cuando sea necesario.

En un país donde todavía existen miles de preguntas sobre lo ocurrido durante el conflicto armado, proteger la información es proteger la posibilidad de responderlas.

También es una forma de proteger a quienes hablaron.

Durante años, hombres y mujeres en distintos lugares de Colombia contaron sus historias al CNMH. Algunos hablaron de masacres; otros, de desapariciones, desplazamientos, secuestros, despojos o persecuciones. Muchos hablaron de sus familiares ausentes. Otros reconstruyeron la historia de sus comunidades para que lo ocurrido no quedara reducido a una cifra.

Todo ese conocimiento forma parte de un patrimonio que no pertenece exclusivamente a una administración, a una institución o a un periodo de gobierno.

Pertenece a Colombia.

Por eso preservar estos archivos no significa simplemente guardar el pasado. Significa garantizar que el país pueda seguir preguntándole al pasado por su presente.

La JEP necesita documentos para hacer justicia. Las víctimas necesitan archivos para sostener su memoria. Los investigadores necesitan fuentes para comprender la historia. Los ciudadanos necesitan información para construir una sociedad capaz de reconocer aquello que ocurrió.

Y las nuevas generaciones necesitarán todo ello para comprender un país que heredaron, pero cuya historia no necesariamente vivieron.

La paz no termina cuando se firma un acuerdo. Tampoco la memoria termina cuando se publica un libro o se cierra una investigación. Ambas son tareas de largo plazo.

La preservación de este legado es, en ese sentido, una apuesta por el futuro: que las voces permanezcan, que los documentos sobrevivan y que Colombia conserve las herramientas necesarias para conocer su propia historia.

En el fondo, se trata de algo más elemental: que aquello que Colombia se tomó años en investigar no pueda simplemente desaparecer.

Porque un país también se construye con sus archivos.

Y en Colombia, donde buena parte de la historia del conflicto todavía está hecha de silencios, ausencias y preguntas sin respuesta, preservar esos archivos significa mantener abierta la posibilidad de encontrar algún día las palabras, los documentos y las voces que permitan comprender lo ocurrido.

La memoria no cambia el pasado. Pero puede impedir que el pasado sea borrado.

Y esa, quizás, es una de las formas más concretas de construir la no repetición.

Porque un país que protege su memoria no está condenado a vivir en el pasado.

Está tratando de evitar que el pasado vuelva a repetirse.

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

Por eso la entrada en funcionamiento de la Plataforma del Legado del Centro Nacional de Memoria Histórica merece una lectura que va más allá del lanzamiento de un nuevo portal institucional. Lo que se pone a disposición del público no es simplemente una página web renovada, sino una infraestructura digital que reúne buena parte del patrimonio documental construido durante años alrededor del conflicto armado colombiano.

Durante más de una década el Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló investigaciones, entrevistas, informes, cartografías, archivos de derechos humanos, publicaciones, registros audiovisuales y materiales producidos junto con comunidades, organizaciones sociales, universidades y víctimas. Ese acervo, disperso hasta ahora en distintos repositorios, comienza a integrarse en un único ecosistema que permitirá consultar, descargar y cruzar información desde cualquier lugar del país.

La decisión tiene una importancia que no depende del gobierno de turno. Los archivos públicos adquieren verdadero valor cuando dejan de ser patrimonio de una administración para convertirse en bienes accesibles para investigadores, periodistas, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos interesados en comprender cómo se ha documentado uno de los periodos más complejos de la historia reciente de Colombia.

La plataforma está organizada en dieciséis grandes componentes. Allí conviven las investigaciones producidas por el Centro, el Archivo de Derechos Humanos, la Biblioteca Especializada en Derechos Humanos y Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, el Museo de la Memoria, las exposiciones, los recursos pedagógicos, las iniciativas territoriales y distintos espacios audiovisuales que incluyen documentales, pódcast y registros multimedia.

Uno de los apartados más relevantes sigue siendo el Observatorio de Memoria y Conflicto. Desde hace años se convirtió en una de las fuentes de consulta más utilizadas por periodistas, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales gracias a la sistematización de cifras, líneas de tiempo, bases de datos e informes que permiten observar la evolución de la violencia desde múltiples variables. La nueva plataforma facilita el acceso a esa información y la articula con otros fondos documentales que hasta ahora se consultaban de manera independiente.

También resulta significativa la incorporación de herramientas que permiten recorrer la memoria desde los territorios. Los Planes Territoriales de Memoria, los mapas del despliegue institucional y el espacio dedicado a las resistencias comunitarias muestran una dimensión menos conocida del trabajo del Centro: la construcción de memoria no ocurre únicamente en Bogotá, sino en cientos de municipios donde comunidades enteras han documentado su propia historia y desarrollado procesos de reparación simbólica.

Hay un aspecto que suele pasar inadvertido cuando se habla de digitalización. No se trata únicamente de conservar documentos, sino de garantizar su circulación. Durante años muchos de estos materiales existían, pero encontrarlos requería conocer previamente el funcionamiento interno de la entidad o navegar por distintos repositorios. Reunirlos bajo una misma arquitectura facilita el acceso y, sobre todo, amplía las posibilidades de investigación.

Ese esfuerzo adquiere una dimensión particular en un país donde la discusión pública sobre el pasado suele estar atravesada por interpretaciones enfrentadas. La existencia de archivos abiertos no elimina esas diferencias, pero ofrece un punto de partida común: los documentos. Es difícil sostener una conversación seria sobre la historia reciente cuando las fuentes permanecen dispersas o inaccesibles.

El lanzamiento de la Plataforma del Legado también deja una reflexión sobre el papel de las instituciones culturales. Con frecuencia se espera que produzcan nuevos contenidos, exposiciones o publicaciones, cuando una parte esencial de su trabajo consiste en preservar aquello que ya existe y asegurar que continúe disponible para las siguientes generaciones. La preservación documental rara vez produce titulares, aunque probablemente sea una de las tareas más silenciosas y duraderas del Estado.

A partir del 21 de julio, cualquier ciudadano podrá ingresar al portal institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica y recorrer millones de documentos relacionados con el conflicto armado colombiano. Más que una actualización tecnológica, la Plataforma del Legado representa la consolidación de un archivo público construido durante años de trabajo con comunidades, investigadores y víctimas. En tiempos en los que la información parece cada vez más efímera, la existencia de un repositorio abierto, organizado y permanente constituye una noticia cuyo verdadero alcance probablemente solo podrá medirse con el paso de los años.

En ese contexto, el candidato a la Contraloría General de la República, Jorge Eliecer Laverde, ha sido objeto de diversos señalamientos que han encontrado eco en redes sociales. Sin embargo, es indispensable hacer una distinción que muchas veces se pierde en el ruido de la confrontación política: una acusación, un rumor o una versión difundida en redes sociales no constituyen una prueba, ni mucho menos una sentencia.

Una cosa es estar en desacuerdo con sus planteamientos y la manera como los expresa. En ese sentido, ratifico lo que exprese en mi columna de opinión anterior, que no se puede, ni se debe aspirar a dirigir una entidad desprestigiando el trabajo que desde la misma entidad se ejecuta porque lo único que se podría conseguir es que aumente la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado.

Otra cosa es dar por hecho un rumor sin siquiera conocer a ninguna de las partes involucradas en lo que se dice, sin tener en cuenta que se puede afectar el buen nombre y que, así como le ocurre a esta persona, también cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estos ataques que muchas veces se hacen de forma malintencionada.

Si existen investigaciones en curso, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes adelantarlas con independencia, rigor y respeto por el debido proceso y será la Fiscalía, y en su momento los jueces si llegara a ser el caso, quienes deberán establecer si existen fundamentos para atribuir responsabilidades. Antes de que ello ocurra, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.

El problema de las redes sociales es que con frecuencia convierten las sospechas en certezas y las opiniones en supuestas verdades absolutas. Basta con que un mensaje sea compartido miles de veces para que muchos lo asuman como un hecho comprobado, cuando en realidad puede tratarse de información incompleta, descontextualizada o simplemente falsa. Ese fenómeno no solo afecta a quien es objeto de los señalamientos, sino que también deteriora la calidad del debate democrático.

Las campañas electorales suelen ser escenarios donde abundan las estrategias de desprestigio, la desinformación y la circulación de contenidos cuyo propósito es influir en la opinión pública. Precisamente por ello, la ciudadanía debe actuar con prudencia y exigir evidencias antes de emitir juicios. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones.

Lo anterior no significa que las denuncias deban ignorarse o minimizarse. Toda denuncia seria merece ser investigada por las autoridades competentes. Pero investigar no equivale a condenar. Entre una denuncia y una sentencia existe un proceso que debe respetarse para garantizar tanto el derecho de las víctimas como las garantías fundamentales de las personas señaladas.

La presunción de inocencia no es un privilegio de los poderosos ni una fórmula jurídica vacía. Es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos frente a condenas anticipadas en la plaza pública. Renunciar a ese principio por conveniencia política sería abrir la puerta a que cualquier persona pudiera ser destruida reputacionalmente con base únicamente en rumores o acusaciones sin sustento.

En una democracia madura, las redes sociales no pueden reemplazar a los jueces, ni los rumores sustituir las pruebas. La credibilidad de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales dependen, precisamente, de que la verdad sea establecida por la justicia y no por el tribunal de la opinión pública.

Bienvenido el debate por el cargo de contralor general de la república, pero este debe hacerse sobre las ideas que se propongan para ejercer el control fiscal tan necesario en un país donde abunda la corrupción, y donde muchas veces los proyectos no se ejecutan a tiempo ni de la manera adecuada.

Nota recomendada: No se puede aspirar a ser contralor pisoteando la Contraloría

La arquitectura del viceministerio contempla tres pilares sectoriales (Dirección de Servicios Consulares, Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional, y Dirección Colombia Nos Une) y tres grupos internos de trabajo que dependen directamente del despacho de la viceministra (Política e Innovación Migratoria, Análisis Estadístico y Seguimiento a la Movilidad Humana, y Apoyo Jurídico Especializado).

El nuevo viceministerio está a cargo de proponer  esquemas de gobernanza y gestión de migraciones, así como de formular e implementar una política integral e innovadora, basada en la arquitectura legal, jurisprudencial e institucional vigente, y permeada transversalmente  por los principios de protección e inclusión en clave de desarrollo, con el propósito a atender las necesidades consulares, de protección migratoria y de promoción de las comunidades de  connacionales residentes en el extranjero. También es su deber la atención a colombianos retornados voluntaria o involuntariamente (deportados) al país, así como la prestación de servicios migratorios o de protección internacional para extranjeros residentes en el territorio nacional.

A través de la Dirección de Servicios Consulares se gestiona la expedición y verificación de apostillas y legalizaciones y adicionalmente se  prestan, entre muchos otros, los servicios de cooperación judicial, acreditación, identificación, asesoría  legal, funciones notariales, a los colombianos residentes o en tránsito en el extranjero, incluida la población privada de la libertad.

La Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional tiene a su cargo los delicados temas de  visas, refugio, apatridia y asilo.

Finalmente, a través del programa Colombia Nos Une, elevado ahora al nivel de dirección, se materializan las acciones de fortalecimiento de las políticas públicas en la ejecución de la “Política de Vinculación Integral de los colombianos en el Exterior”, de acompañamiento en la ejecución de la “Política de Retorno Integral, Digno, Seguro y Sostenible”, y en la ejecución de las políticas para los migrantes regulares en Colombia. Al tiempo  bajo los lineamientos del Despacho del Viceministerio, Colombia Nos Une  apoya  acciones de “Política Integral Migratoria PIM” y funciones en la “Comisión Nacional intersectorial de Migración CNIM” y demás instancias o mecanismos de coordinación, dando cabida a la participación de la comunidad mediante la “Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”.

A partir de dicho diseño organizacional y de funciones, el Despacho del Viceministerio  inició, en marzo de 2026, la construcción de la política pública sobre migraciones 2026 – 2036, que luego de realizar 25 ciclos deliberativos, 9 mesas técnicas con grupos de interés especial en 22 municipios de 9 departamentos y  con la participación de 1.177 personas, permitió la adopción de los “21 Lineamientos Estratégicos de País, hacia una movilidad más digna y humana” adoptados por unanimidad por la Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones (CNIM) el 18 de junio de 2026. La amplia información compendiada y procesada en el proceso se constituye en un insumo indispensable para la construcción de cualquier futura política pública del Estado colombiano en materia de gobernanza migratoria.

Así mismo, bajo la sombrilla del Viceministerio se viene trabajado hacia la adopción de la primera Política Nacional de Refugio en acatamiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia y de lo ordenado por la sentencia SU-543 de 2023, “mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional diseñar e implementar en el lapso de seis meses una política pública para superar la saturación administrativa en el trámite de solicitudes de refugio”. 

Entre las acciones prioritarias que se esperan del  Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares y Protección Internacional, pueden destacarse las siguientes:

1.- Construcción de un nuevo Registro Consular Integral de colombianos residentes en el extranjero, con el consecuente remplazo del obsoleto y poco confiable registro que actualmente gestiona desde hace más de 50 años cada uno de nuestros consulados.

2.- Construcción de un nuevo Registro Único de Retornados. A diciembre de 2024, los solicitantes registrados ante la Comisión Intersectorial para el Retorno CIR, ascendían a 66.350 personas, mientras que las estadísticas de Migración Colombia dan cuenta de que, entre 2017 y 2025, hasta 500 mil colombianos que habían residido en el exterior por un periodo de al menos 3 años habrían retornado de manera voluntaria o involuntaria (deportados) al territorio nacional.

Para la población retornada, a diferencia de lo que ocurre para los migrantes y refugiados extranjeros, no se difunden masivamente las acciones existentes del Estado colombiano para su atención y son invisibilizados en su propio país. Sin un registro Único de Retorno (RUR) confiable es igualmente imposible diseñar la política pública que requiere una población que sigue en crecimiento por cuenta de las políticas de deportación impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países vecinos.  

3.- La expedición del  “Carné de identidad del Retornado”,  un documento complementario a la cédula de ciudadanía que, por un periodo de dos años, le garantice a dicha población una atención prioritaria por parte del Estado colombiano, en particular para el acceso a programas de reintegración y estabilización socioeconómica.

4.- Diseño de una estrategia de gestión para la protección de los connacionales privados de la libertad en el extranjero. Actualmente se estima que más de 20 mil colombianos se encuentran en situación de detención penal, tanto en condición de sentenciados como de sindicados o en “detención administrativa” por razones de irregularidad migratoria. Esta problemática nunca ha sido debidamente tratada, por lo que se requieren mejores recursos económicos y logísticos, así como capacitación especializada del personal consular en materia de derecho constitucional, penal, procesal, penitenciario, migratorio, y de sistema de derechos humanos.

5.- Actualización de los esquemas de caracterización y sistematización de la información en materia de prevención y atención a víctimas de prácticas delictivas que afectan a los migrantes y comunidades colombianas residentes alrededor del mundo, tales como tráfico de migrantes, violencia de género o intrafamiliar, trata de personas, mercenarismo, y formas modernas de esclavitud, entre otras.

Se requeriría mucho más espacio que el que nos brinda este blog para enunciar todas las necesidades del sector, pero también sobre todas las posibilidades y expectativas de acción eficiente que se han abierto con la materialización del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Solo resta solicitar el apoyo general del nuevo gobierno y el aporte de ideas y experiencias adquiridas, especialmente por los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que hemos desempeñado funciones consulares para que, aprovechando esta feliz articulación, construyamos una verdadera política integral del estado colombiano que conduzca a una movilidad migratoria más humana y digna. 

*Rafael Quintero Cubides es embajador de la Carrera Diplomática y Consular, actualmente asesor del Despacho del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

[i] En el artículo ¿Requiere Colombia requiere un viceministerio de asuntos migratorios y consulares?, publicado en la Bitácora de San Carlos, Número 2, diciembre 2022, 2022-12-15-Bitácora de San Carlos-Número 2-PDF.pdf, se anotan algunos de los antecedentes: “Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), se relacionaba con “presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores inquietudes, diagnósticos y propuestas para el establecimiento y fortalecimiento de vínculos entre la Nación y los colombianos en el exterior, entre ellos la creación del Viceministerio de Migraciones y Desarrollo”, numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1465 de 2015, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.” También el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó un objetivo orientado a diseñar una “Política migratoria integral para facilitar la movilidad de los colombianos y hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración calificada” y, entre las estrategias para materializarlo, crear el VAMC: “El MRE tramitará la elevación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano a la categoría de Viceministerio, para ejecutar políticas de manera eficaz, junto con tres direcciones especializadas: Asuntos Migratorios, Asuntos Consulares y de Trámites y Servicios” (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 130)”