En ese sentido, considero que tienen toda la razón los proveedores y contratistas del colegio Gimnasio Santana del Norte que han hablado conmigo para manifestar su profundo malestar por los constantes incumplimientos en el pago de las obligaciones adquiridas y formalmente pactadas por el centro educativo. No se trata, por tanto, de simples inconformidades aisladas ni de reclamos carentes de fundamento, sino de situaciones que, según relatan quienes las padecen directamente, vienen afectando de manera seria el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Es perfectamente entendible que estos proveedores y contratistas estén molestos. Muchos de ellos dependen de los pagos que reciben del colegio para cumplir con la nómina de sus trabajadores, atender compromisos con sus propios proveedores, cubrir obligaciones tributarias y mantener en funcionamiento los servicios que prestan. Cuando una institución contrata un servicio, recibe el beneficio de este y establece unas condiciones de pago, lo mínimo que puede esperarse es que honre oportunamente lo pactado. Cumplir un contrato no debería presentarse como un favor, sino como una obligación elemental derivada de la palabra empeñada y de la responsabilidad empresarial.

No creo que sea necesario recordar al colegio ni a su propietaria, la señora Jackeline Santana, que detrás de cada factura pendiente, de cada cuenta sin pagar y de cada obligación incumplida hay personas, familias, trabajadores y pequeñas empresas que también tienen compromisos que atender. Mucho menos debería ser necesario recordar que una institución educativa, por la naturaleza de su actividad y por el ejemplo que pretende transmitir a sus estudiantes, debería distinguirse precisamente por el respeto, la responsabilidad y la ética en sus relaciones con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.

Lo que resulta aún más preocupante, según manifiestan las personas que han hablado conmigo y cuyos nombres no voy a mencionar para protegerlas, es la presunta falta de canales efectivos de comunicación para atender estos reclamos. Afirman que en repetidas ocasiones no reciben respuesta a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos y que, incluso cuando acuden personalmente en busca de una explicación, no encuentran una atención adecuada. Si esto ocurre de manera sistemática, estaríamos frente a una situación mucho más grave que un simple retraso en un pago: estaríamos hablando de una preocupante ausencia de responsabilidad y de respeto frente a quienes legítimamente exigen el cumplimiento de lo que se les debe.

Una institución puede atravesar dificultades financieras, administrativas o de cualquier otra naturaleza. Lo que no resulta aceptable es convertir esas dificultades en una carga que deban soportar unilateralmente quienes prestaron un servicio de buena fe. Si existen problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, lo correcto es dar la cara, explicar la situación, establecer acuerdos serios y cumplirlos. El silencio, la evasión y la indiferencia no solucionan las obligaciones pendientes; por el contrario, profundizan la desconfianza y deterioran relaciones comerciales construidas durante años.

Tener una posición dominante o contar con mayor capacidad económica, contractual o institucional no otorga licencia para desconocer los derechos del otro, ignorar sus reclamos o tratarlo con desprecio. Mucho menos cuando se trata de personas y empresas que prestan servicios vitales para la operación de un colegio. Ningún proveedor debería sentirse obligado a rogar por un pago que le corresponde, perseguir indefinidamente a quien tiene la obligación de pagarle o soportar malos tratos simplemente porque se encuentra en una posición contractual más débil.

El respeto hacia los proveedores también hace parte de la responsabilidad social y de la cultura institucional de cualquier organización. Un colegio no solo educa dentro de sus aulas; también educa con sus decisiones, con la manera como trata a sus trabajadores, con la forma en que responde ante sus obligaciones y con el comportamiento que adopta frente a quienes dependen de su actividad. Por eso, resulta particularmente contradictorio que una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes pueda transmitir, por acción u omisión, la idea de que las obligaciones pueden incumplirse y que quienes reclaman legítimamente pueden ser ignorados.

Por ello, sería deseable que el Gimnasio Santana del Norte y su administración asuman con seriedad los reclamos que vienen haciendo sus proveedores y contratistas, revisen las obligaciones pendientes y establezcan mecanismos claros, transparentes y verificables para ponerse al día. La solución no pasa por guardar silencio ni por cerrar las puertas a quienes reclaman; pasa por responder, reconocer las obligaciones y cumplirlas. Al final, la verdadera medida de una institución no está únicamente en lo que ofrece a quienes pagan por sus servicios, sino también en la manera como responde frente a quienes, desde otras posiciones, hacen posible que esos servicios puedan prestarse.

La educación exige coherencia. No se puede hablar de valores, responsabilidad, respeto y principios mientras, al mismo tiempo, quienes hacen parte de la cadena que sostiene la actividad educativa deben enfrentar incertidumbre, silencio o incumplimientos para recibir aquello que legítimamente se les adeuda. Los proveedores también merecen respeto, respuestas oportunas y, sobre todo, que se honre la palabra empeñada. Esa debería ser una obligación básica de cualquier institución, pero mucho más de una que tiene como propósito formar a las nuevas generaciones.

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“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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La Secretaría de Educación Departamental apoya la extensión de la convocatoria a los 28 municipios beneficiarios del programa Talento Magdalena.

El jefe del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez Boto, será el encargado de presentar la oferta de pregrados, la admisión regular, el Programa Talento Magdalena, otras vías de admisión especial, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

UniMagdalena, con acreditación institucional de alta calidad y sello internacional de ACEEU

Es la segunda universidad pública de la región caribe en recibir la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional.

En 2023 recibió del Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y Comprometidas (ACEEU), la acreditación de Universidad Comprometida por su alta calidad e impacto en los territorios., siendo la primera en América Latina.

UniMagdalena ofrece 45 pregrados profesionales en seis Facultades. 14 de sus pregrados tienen acreditación de alta calidad y cinco de sus pregrados de Ingeniería gozan de doble titulación internacional (con universidades de Francia e Italia).

• Facultad de Ciencias de la Educación (14 pregrados)
• Facultad de Ingeniería (10)
• Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas (8)
• Facultad de Humanidades (5)
• Facultad de Ciencias de la Salud (5)
• Facultad de Ciencias Básicas (3)

En el nivel tecnológico ofrece siete programas: 4 en Ciencias Empresariales y Económicas, 2 en Humanidades y 1 en Ciencias de la Salud.

En el nivel técnico profesional ofrece dos programas (en Ciencias Empresariales y Económicas).

Programa Talento Magdalena

Es un programa de admisión especial dirigido a los estudiantes de grado 11 de las instituciones oficiales de educación de los municipios de Magdalena no certificados en educación, que obtengan el primer o segundo mejor puntaje individual de su institución, en las pruebas Saber 11, a partir de los resultados del periodo 2025-II.

En cada proceso de admisión, se destinarán, de la oferta ordinaria, hasta veinte (20) cupos especiales en cada uno de los programas de pregrado presencial para el desarrollo del Programa Talento Magdalena.

Sin embargo, la obtención del cupo especial Talento Magdalena no garantiza la admisión a un programa específico, una de las reglas que se explicará en la charla virtual de Admisiones.

Ampliación de cupos.

La Universidad podrá otorgar hasta tres (3) cupos adicionales del programa Talento Magdalena a las instituciones educativas oficiales de los municipios que firmen convenio y comprometan recursos que permitan sufragar la manutención y sostenibilidad de los estudiantes.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

La Secretaria de Educación y Cultura del Cauca, Sor Inés Larrahondo Carabalí, emitió una Circular invitando a participar en este espacio de socialización.

Dos funcionarias de la División de Admisiones, Registros y Control Académico de UniCauca, Diana Vanesa Agudelo y Martha Hurtado, serán las encargadas de presentar la oferta de pregrados, la admisión regular, los cupos especiales, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de la inscripción.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

Una universidad casi bicentenaria con acreditación institucional de alta calidad

La Universidad del Cauca fue creada en 1827, y su importancia en la historia del país puede verse en que 17 de sus egresados han ocupado la jefatura del Estado colombiano.

UniCauca ofreció 51 pregrados en nueve Facultades y dos sedes (Popayán y Santander de Quilichao) para segundo semestre de 2026:

• Facultad de Artes (5 pregrados)
• Facultad de Ciencias Agrarias (5)
• Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas (4)
• Facultad de Ciencias de la Salud (5)
• Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (9)
• Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación (9)
• Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (4)
• Facultad de Ingeniería Civil (5)
• Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (5)

Pregrados en la sede Santander de Quilichao y cupos preferentes

Son siete pregrados en la segunda ciudad del departamento.

• Ingeniería en Agroecologia
• Ingeniería Agroindustrial
• Ingeniería Civil
• Enfermería
• Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés
• Licenciatura en Etnoeducación
• Derecho (Diurno y Nocturno)

Por Acuerdo Superior 049 de 2022, la Universidad asigna el 70% de los cupos ofertados en estos pregrados, en igualdad de número para hombres y mujeres, a bachilleres de los 13 municipios del norte del Departamento del Cauca.

Tales municipios son: Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio.

Para los pregrados ofertados en Popayán hay un (1) cupo especial por grupo destinado a:

afrocolombianos provenientes de los tres municipios de la costa Pacífica caucana (Guapi, López de Micay y Timbiquí)

Indígenas del Cauca

Víctimas del conflicto armado

Aspirantes de zonas marginadas del departamento.

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad, sea ganando beca privada o cupo en estatal acreditada, mejor preparados para ese ciclo de vida crucial.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas y co-cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, acercamiento al mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Salvo los de América Latina, pocos países tienen una cercanía tan manifiesta como Canadá y los Estados Unidos. Siendo Canadá más extenso, comparte con los Estados Unidos un bloque continental que va del Atlántico al Pacífico, con una frontera no militarizada de cerca de 9.000 kilómetros que facilita una relación comercial e industrial fluida, así como el manejo compartido de ecosistemas significativos.

A lo anterior hay que sumar una trayectoria de inmigración de procedencia e índole similar que consolida una cercanía difícil de revocar, y que encuentra en la lengua y la procedencia del Imperio Británico, salvo la Provincia de Quebec, elementos culturales de una armonía que hasta ahora no había producido sino solidaridad y cuya depredación no figuraba ni en pesadillas. 

Canadá y los Estados Unidos pasaron como un solo bloque vicisitudes de la vida internacional como las dos guerras mundiales, y fueron considerados como un binomio natural, fortalecido con alianzas militares y acuerdos comerciales que se consideraron paradigma de confiabilidad. Entre otros el famoso acuerdo que vincula a esos dos países con México y que en su primer gobierno el presidente estadounidense consideró el mejor acuerdo de toda la historia.

Toda esa trayectoria, de varios siglos, resultó bajo amenaza hace apenas año y medio, cuando al presidente de los Estados Unidos se le ocurrió “innovar” en su segundo mandato mediante la sacralización de los aranceles como pilar de su propósito de hacer a su país “grande otra vez”. Lo sorprendente fue la aplicación de la estrategia, sin contemplaciones, al mejor aliado, más grande y entrelazado amigo, como es Canadá. 

De un tajo se desconocieron súbitamente la cercanía, la historia común, las similitudes, y la confianza. Entreverado en el sartal cotidiano de declaraciones sobre la forma en la que Trump deseaba que funcionase el mundo, bajo su dirección y como si fuera su derecho, expresó el propósito de que el Canadá pasara a ser un Estado más de los Estados Unidos de América. Para lo cual no vaciló en llamar “gobernador” al primer ministro del Canadá, que tiene como jefe del Estado al monarca británico. 

Fue algo tan peregrino que resultó siendo objeto de chistes, como sucede con esas cosas que, en medio de la euforia de disfrute del poder por un ego desmedido, dicen gobernantes celebrados por sus desvaríos. De manera que el proyecto se tomó como nueva expresión de folclor, sin caer en cuenta de su gravedad, pues era equivalente a la decisión de Rusia de tomarse Ucrania, o como si Pakistán anunciara el propósito de que la India se sumara a su territorio y a sus leyes como una provincia adicional. 

De esa talla ha sido desde un principio el asunto, pero nadie se atrevió a protestar, fuese por lo absurdo de la idea respecto del orden mundial, o por el temor de enemistarse con un gobernante que ejerce como empresario cabalgando a sus anchas en el poder político y anda con una bolsa de sanciones comerciales en la mano, listo a repartir premios o castigos según cálculos intuitivos.

Después de año y medio de negociaciones llenas de altibajos, anuncios y cambios de opinión, al terminar la tercera semana de agosto de 2026 el primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que la guerra comercial con los Estados Unidos no ha sido iniciativa de su país, que fue agredido y tiene la obligación de defenderse. El presidente estadounidense, inventor de la idea de anexión y de la imposición de aranceles a manera de punición por no ver satisfecha su exigencia, dijo sin pudor alguno que “Canadá quiere todas las ventajas de Estado (de los Estados Unidos), sin ser uno de ellos”. 

Lo sorprendente es que Canadá, sin complejos, ha decidido responder punto a punto las medidas arancelarias impuestas como sanción por los Estados Unidos, con las que puede aplicar de su parte hacia productos estadounidenses, así se moleste quien considera que puede sancionar a los demás desde una posición de intocabilidad. De manera que la frontera dejará de ser la más célebre por su aparente inocuidad. “Ahora somos más fuertes que cuando Estados Unidos empezó esta guerra comercial. Más unidos, más decididos, más ambiciosos”, ha dicho Carney.

A ese paso, cuando alguien intente retomar desde la Casa Blanca el hilo de la historia y busque reconstruir los puentes que desde su creación unieron a los dos países, encontrará que el daño de ahora dejó profundas huellas en una relación de hermandad suprimida por la ambición unipersonal de un presidente con talante de conquistador digno de épocas remotas y de mejores causas.

Ya vendrán las cuentas de los efectos devastadores de la guerra comercial entre los países con la frontera más larga del mundo, que han tenido un comercio bilateral de grandes proporciones para satisfacer necesidades mutuas.  Entonces será posible apreciar el efecto de fortalecimiento del nacionalismo canadiense y la defensa de la condición anglo-francesa de ese país, desconocida por los Estados Unidos, con exigencias contra el uso de la lengua francesa. También se conocerá el resultado de la consulta popular que tendrá lugar en la Provincia de Alberta, donde no ha faltado quien proponga independencia respecto del Canadá, para perder la misma independencia de inmediato en favor de los Estados Unidos. 

En el panorama internacional se verán los frutos del replanteamiento político, diplomático y estratégico que se vio obligado a hacer Canadá, que con apoyo popular creciente busca consolidar nuevas alianzas y nuevas relaciones no solo intercontinentales sino americanas, comenzando con el refuerzo de la alianza con México, el otro gran protagonista de la vida norteamericana y de una realidad económica que involucra a los tres países que en su momento celebraron el cantado “gran acuerdo comercial más importante del mundo”. 

La ruptura comercial y política de hoy entre una superpotencia y un país que ha estado aparentemente a su sombra sin hacer alarde de su propia fuerza, suscita reflexiones sobre la forma que puede tomar el mundo en las próximas décadas. Los Estados Unidos son todavía una superpotencia económica, política, diplomática y militar, pero es evidente que, a pesar de las proclamas propagandísticas de su líder temporal, su forma misma de hacer las cosas produce más inquietudes y temores que seguridades no solo entre oponentes sino entre sus propios amigos y aliados. Y dudas crecientes sobre su peso en el mundo del futuro. 

Con la presidencia actual de los Estados Unidos se cierra un ciclo de la historia. Y ello es así porque la Casa Blanca se ha puesto por oficio disolver amistades y alianzas de la postguerra, que tanto poder llegaron a darles. Es el caso del debilitamiento político de la OTAN, a pesar de su justificado fortalecimiento financiero. También el de las relaciones con los países europeos, acostumbrados a confiar en la protección americana ahora llena de altibajos e incertidumbres. Y así se puede dar la vuelta al mundo, hasta llegar a Corea del Sur, que en estos días ha recibido el mensaje de la suspensión de ejercicios militares tradicionales y de la intención de reunirse con Corea del Norte. Para no hablar de las perplejidades derivadas de la guerra contra Irán, hasta ahora perdida en una seguidilla de declaraciones contradictorias que aplazan cualquier salida. 

La fractura norteamericana nos pone a pensar sobre la configuración del mundo del futuro, y en particular sobre el puesto que dentro de él nos pueda corresponder. El hecho de que Canadá haya sido tratada como lo ha sido hace pensar que, al menos en la era Trump, que no se sabe cuánto va a durar, los Estados Unidos se auto asignarán la atribución de tomar las grandes decisiones y esperarán que los demás, y con mayor razón los países de las Américas, acepten las tareas que les asignen. De manera que cualquier negociación con ellos será asimétrica y simbólica. 

El hecho de que, por ahora respecto del Canadá, la política estadounidense tenga, lo mismo que en cuanto a Groenlandia, aspiraciones territoriales, no deja de ser un anuncio preocupante. Lógica dentro de la cual la intervención y el control ambiguo de Venezuela no dejan de llevar un mensaje explícito de abiertas intenciones de dominio. 

Sería bueno darle una mirada al discurso de Mark Carney en el Foro de Davos del presente año. De allí pueden salir consideraciones ilustradas y pragmáticas sobre la manera como, sin necesidad de echar por el camino de rupturas brutales en el conjunto de las Américas, resulta posible y recomendable ampliar el espectro de las relaciones de los países americanos, todos, con los de otras regiones del mundo, para consolidar nuevas opciones de intercambio comercial y de acción política emancipada de ese bloque de autoritarismo internacional que pretende dividirse otra vez el mundo en áreas de influencia con fidelidades obligadas que solo benefician a imperios con ilusiones renacientes. 

No creo que la doctora Morales desconozca que el mundo cambió y que ya no es posible pretender que un joven —sea menor o mayor de edad— piense y actúe de acuerdo con visiones propias del Antiguo Testamento, desconociendo los principios de una sociedad que lucha por la igualdad, la libertad, la inclusión y el respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas.

Me atemoriza pensar que, valiéndose de un cargo de poder, la ministra de Educación promueva limitaciones o prohibiciones para que, a través de los manuales de convivencia de los colegios, dos adolescentes del mismo sexo no puedan expresar sus sentimientos dentro de las aulas o, peor aún, se les obligue a adoptar comportamientos que están lejos de querer asumir. Una cosa es orientar y educar, y otra muy distinta imponer desde el Estado una determinada concepción moral o religiosa.

En Colombia ya tenemos antecedentes de profundas depresiones que han terminado en suicidios por la incomprensión de directivas escolares que no han entendido que los jóvenes de hoy no quieren vivir escondiendo su manera de pensar, sus sentimientos ni sus proyectos de vida. Casos como el de Sergio Urrego no pueden ni deben repetirse, y la ministra debería tenerlo muy claro antes de pretender imponer su manera de pensar en la educación de niños y adolescentes.

Viviane Morales debe entender que la educación de los menores de edad no puede ni debe diseñarse de acuerdo con lo que piensa o quiere una ministra en particular. La educación pública pertenece a la sociedad y debe estar dirigida al respeto por el otro, a la convivencia, a la libertad de pensamiento y a la no discriminación por ningún motivo. El Ministerio de Educación no puede convertirse en una extensión de las convicciones religiosas de quien temporalmente ocupa el cargo.

Estoy de acuerdo con la ministra cuando afirma que a un niño menor de 10 años no se le pueden presentar términos o asuntos sin considerar su edad y su nivel de desarrollo. Pero hay algo que la doctora Morales parece ignorar o, al menos, no querer reconocer: un adolescente no espera a cumplir 18 años para comenzar a preguntarse por su identidad, sus afectos y sus preferencias sexuales. Estos procesos forman parte del desarrollo y del crecimiento humano, y no desaparecerán porque una autoridad administrativa intente ignorarlos o regularlos desde una determinada visión moral.

Pretender que desde el Ministerio de Educación se pueda controlar la manera en que los adolescentes sienten, piensan o construyen su identidad es, además de ingenuo, profundamente peligroso. La escuela debe ser un espacio seguro para aprender y convivir, no un escenario en el que los estudiantes tengan que esconder quiénes son por miedo a ser señalados, sancionados o discriminados. Cuando una institución educativa convierte la diferencia en motivo de castigo, deja de educar y comienza a excluir.

También resulta preocupante que, mientras el país enfrenta enormes desafíos en materia educativa, el debate ministerial termine concentrándose en cruzadas morales y disputas ideológicas. La prioridad debería estar en ampliar los cupos, mejorar la calidad de la educación pública, dignificar las condiciones de los docentes, reconstruir los colegios afectados por desastres, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales y garantizar acceso real a tecnología y herramientas educativas. Esas son las urgencias que requieren liderazgo, presupuesto y decisiones de Estado.

Aquí no hay tiempo ni espacio para adoctrinamientos ni para visiones religiosas impuestas desde el Ministerio de Educación. Colombia es un Estado plural en el que las creencias religiosas de una funcionaria, por respetables que sean en el ámbito personal, no pueden convertirse en política pública ni utilizarse para limitar los derechos de quienes piensan, sienten o viven de manera diferente.

La ministra debería recordar, además, que ocupar un cargo público no significa tener licencia para imponer convicciones personales sobre toda la sociedad. Su responsabilidad no es educar al país según sus creencias, sino garantizar que el sistema educativo respete la Constitución, la diversidad y los derechos de todos los estudiantes. Si no está dispuesta a asumir esa responsabilidad, entonces el problema no está en los jóvenes ni en la sociedad que ha cambiado: está en una concepción del poder que todavía pretende que el país se adapte a ella.

Y si, como consecuencia de políticas excluyentes, vuelven a presentarse casos de jóvenes perseguidos, discriminados, humillados o llevados al límite de la desesperación por su orientación sexual o su identidad, la responsabilidad política no podrá esconderse detrás de los manuales de convivencia ni de las decisiones de cada colegio. Quienes ocupan posiciones de poder deben responder por las consecuencias de las políticas que promueven. Doctora Viviane Morales, la educación no puede convertirse en el instrumento para imponer una moral particular: debe ser, ante todo, una herramienta para formar ciudadanos libres, críticos, respetuosos y capaces de convivir con quienes son diferentes.

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No deja de ser, por lo menos, preocupante que sean precisamente cuatro de sus colegas —Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos— quienes hayan advertido posibles irregularidades en la manera como Lombana ha abordado este caso. La situación adquiere todavía mayor relevancia porque, según ha señalado la defensa de la congresista, existen actuaciones que podrían tener incidencia directa en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso.

La comunicación remitida a la Comisión de Acusaciones también advierte sobre posibles irregularidades en la manera en que se habrían ejercido competencias coercitivas dentro de la actuación penal. Si estas preocupaciones terminan siendo confirmadas por las autoridades competentes, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad, porque quien tiene la responsabilidad de administrar justicia no puede convertirse, precisamente, en quien termine poniendo en riesgo las garantías que debe proteger.

A las objeciones planteadas por la defensa de la senadora Peralta se suman ahora las consideraciones de cuatro magistrados de la misma Sala. Y eso, como mínimo, obliga a hacerse preguntas serias sobre la forma en que la magistrada Lombana ha conducido el proceso.

No se trata de afirmar anticipadamente que haya cometido una falta disciplinaria o penal, porque esa determinación corresponde a las autoridades competentes. Pero tampoco sería responsable mirar hacia otro lado frente a señalamientos de esta naturaleza. Cuando varias voces dentro de la propia institución judicial llaman la atención sobre posibles excesos, lo mínimo que se espera de la funcionaria cuestionada es prudencia, transparencia y disposición para revisar sus actuaciones.

La justicia no puede ejercerse desde la pasión, el afán de protagonismo ni la necesidad de demostrar autoridad. Mucho menos puede convertirse un proceso judicial en una especie de competencia para determinar quién logra imponer su criterio a cualquier precio. Una magistrada no está para ganar batallas personales ni para demostrar que puede llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias pasando por encima de quien está siendo investigado. Está para garantizar que el proceso se desarrolle dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.

Y ahí está precisamente una de las mayores preocupaciones que genera este episodio: si se utilizaron herramientas procesales de manera indebida, si se sobrepasaron competencias o si se limitaron injustificadamente los derechos de la defensa, no estaríamos simplemente ante un error de procedimiento. Estaríamos ante una conducta capaz de comprometer la legitimidad misma de la actuación judicial.

No pretendo usurpar las funciones de un abogado ni presentar estas consideraciones como un concepto jurídico. Hablo como ciudadano. Y como ciudadano espero que quienes tienen en sus manos la libertad, el buen nombre y el futuro político y personal de otros seres humanos actúen con absoluta responsabilidad.

Investigar a una persona no significa maltratarla. Ejercer autoridad no significa abusar de ella. Y tener facultades dentro de un proceso judicial no significa disponer de un cheque en blanco para utilizarlas sin límites.

La justicia colombiana ya enfrenta una profunda crisis de confianza. Por eso resulta especialmente grave que quienes tienen la obligación de fortalecer esa confianza terminen alimentando la percepción de que algunos procesos pueden manejarse con excesos, arrogancia o criterios personales.

En un caso tan mediático como el relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la responsabilidad es todavía mayor. La presión mediática, la relevancia política de los involucrados y el interés nacional jamás pueden convertirse en excusas para flexibilizar las garantías procesales.

La justicia no puede convertirse en un trofeo. Ningún magistrado debería sentir que tiene que llevarse la medalla de haber puesto a alguien tras las rejas. La verdadera victoria de la justicia consiste en que, al final de un proceso, nadie pueda cuestionar que se respetaron las reglas, las garantías y el debido proceso.

Porque si una actuación judicial se construye sobre excesos, errores o vulneraciones de derechos, el daño no se limita al investigado. También se perjudica la credibilidad de la institución y se fortalece la peligrosa idea de que en Colombia la justicia puede depender del temperamento, la interpretación personal o la voluntad de quien tiene el poder de investigar y decidir.

Por eso, más que explicaciones, lo que ahora corresponde es que la magistrada Cristina Lombana responda ante las instancias competentes por los cuestionamientos que han surgido alrededor de su actuación. Y si existen razones jurídicas para apartarla del proceso, deberá hacerlo con la misma rigurosidad con la que ha exigido el cumplimiento de las reglas a los demás.

Lo que no puede ocurrir es que la soberbia termine reemplazando la prudencia, ni que la autoridad termine confundida con autoritarismo. Una magistrada puede equivocarse, como cualquier ser humano, pero lo verdaderamente grave sería negarse a reconocer los límites cuando otros miembros de la propia institución judicial están advirtiendo que podrían haberse cruzado.

Tal vez este episodio sirva, al menos, para recordar algo elemental: quienes administran justicia también están sometidos a la ley. Y precisamente porque tienen tanto poder sobre la vida de los demás, están obligados a ejercerlo con mayor rigor, mayor humildad y mayor responsabilidad.

La justicia no necesita magistrados que actúen movidos por emociones, protagonismos o afanes de demostrar poder. Necesita funcionarios capaces de entender que, en un Estado de derecho, el verdadero poder no está en castigar a cualquier precio, sino en respetar las reglas incluso cuando hacerlo resulte incómodo, difícil o políticamente impopular.

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Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Para el 2025 UCompensar cerró con más de 56.600 personas en condición de desempleo que culminaron con éxito su proceso de formación de la mano de la Agencia de Empleo de Compensar y solo UCompensar como Institución de Educación Superior destinó más de 80 millones de pesos en becas para 257 de estos participantes en 2025, fortaleciendo el acceso a educación de calidad para quienes buscan nuevas oportunidades laborales”, aseguró Estefanía Aponte, líder de Transformación Laboral de UCompensar.

¿Quién puede acceder?

Para entrar a esta ruta de formación, las personas deben haber cotizado a una Caja de Compensación durante al menos un año dentro de los últimos tres años y estar actualmente en condición de desempleo. El beneficio no depende del nivel educativo ni de la experiencia laboral previa, y está disponible tanto para personas afiliadas como no afiliadas a Compensar. Además, el programa cuenta con Certificación ISO 9001:2015, un respaldo que ratifica el compromiso de UCompensar con la calidad de sus procesos formativos.

No solo cupos, resultados

El programa lleva más de 13 años fortaleciendo habilidades técnicas y blandas en personas cesantes, midiendo el impacto no por cuántos cupos abre, sino por cuántas personas terminan su proceso y dan el siguiente paso. Por eso los recursos, incluidas las becas, se entregan a medida que cada persona certifica lo aprendido.

Y cuando esa persona consigue empleo formal, el aprendizaje sigue: puede seguir formándose sin costo a través de Propulsor, la red de formación para la productividad de las empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar, en la que UCompensar participa como aliado académico.

Formación y empleo, conectados

El modelo une tres cosas: educación, acceso a los recursos del subsidio al desempleo y conexión real con lo que las empresas necesitan. Así, cuando una persona llega a una vacante, ya trae formación pertinente, y eso reduce la brecha entre lo que se aprende y lo que el trabajo exige desde el primer día.

Lo que viene: microcertificaciones

Para 2026 llega una apuesta nueva: microcertificaciones, módulos cortos enfocados en una habilidad concreta que se acumulan como piezas de lego. Al completar varias, se puede acceder incluso a créditos para seguir formándose en programas más grandes. Algunos procesos se completan en tiempos cortos, hasta una semana, lo que facilita volver a trabajar más rápido.

Aquí la teoría no se queda en un libro: se convierte en una beca, y esa beca, en una nueva oportunidad laboral.