Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.

La expansión de los delitos ambientales en territorios indígenas está favorecida por distintos marcos normativos nacionales e internacionales mientras muchos líderes padecen las llamadas “muertes silenciosas”. Ellos viven sometidos a altos niveles de tensión, debido a las amenazas que acarrea la defensa de sus territorios.

Bajo el principio de autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas impulsan cada vez más iniciativas de autoprotección. Estas son algunas de las conclusiones que dejó el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), realizado en Lima entre el 18 y 20 de marzo.

Durante tres días, líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Panamá discutieron sobre los contextos de criminalidad dentro de sus pueblos y la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, ambientales y de territorios comunales. Según consideraron los participantes del encuentro, estos entornos implican incrementos de economías ilícitas y una continua criminalización de las acciones que ejercen para la defensa de sus derechos territoriales.

Uno de los temas de mayor preocupación abordados en esta tercera Aladti fue la convergencia y, como consecuencia, la voracidad que encarnan las economías criminales dentro de los espacios de frontera. Los representantes de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador hicieron hincapié en que el precario control de las autoridades ha convertido las zonas limítrofes en escenario propicio para que actividades como la minería ilegal y el narcotráfico confluyan. Una sinergia de delitos que, en su incontrolable expansión, afecta a comunidades, bosques y la seguridad de quienes los habitan.

El abogado Carlos Quispe, de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en defensa colectiva de derechos en contextos afectados por economías ilícitas y extractivas, señaló que los problemas de los que derivan las amenazas contra defensores y los pueblos indígenas no están circunscritos a un solo país.

Quispe precisó que, en el caso de Perú, la ruta de la minería ilegal no solo incluye a este país como posible abastecedor de oro o de la materia prima para las operaciones de extracción, sino también a otros de donde sale el metal o por donde también ingresan insumos como el mercurio.

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“Las economías ilícitas ganan terreno, pero también hay marcos normativos que las favorecen. En Perú están las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. En Brasil está la Ley del Marco Temporal [que restringe la delimitación de territorios indígenas]”, sostuvo Quispe en diálogo con Mongabay Latam.

Quispe comentó que uno de los mensajes claves que han dejado las organizaciones integrantes de la Aladti es que “no están sentadas esperando a que los Estados hagan todo”. El abogado afirmó que los sistemas de autocuidado emprendidos por pueblos en riesgo apuntan a contribuir, más no reemplazar, las labores de vigilancia que le corresponden a los Estados. La realidad, ciertamente, es crítica.

De acuerdo con el último informe de Global Witness, 117 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante 2024. Se trata del 82 % de los casos a nivel mundial. El país con la mayor cantidad de asesinatos contra defensores fue Colombia: 48. Luego está Guatemala, que registró 20. En México hubo 19 y en Brasil, al menos 12.

La organización DAR ha documentado en el estudio Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana (2025) que las amenazas en comunidades nativas están asociadas con la tala ilegal (33 %), tráfico de tierras (23 %), narcotráfico (22 %) y minería ilegal (19 %).

El informe sostiene que las regiones con mayor perjuicio son Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. El documento indica también que desde 2020, más de 20 defensores ambientales han sido asesinados en Perú. Nueve de estas muertes se produjeron en 2024.

DAR recogió para su análisis cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dan cuenta de la cantidad de personas en situaciones de riesgo: 705 defensores y 61 familiares, entre 2019 y julio de 2025. El 84 % de los casos corresponde a defensores ambientales e indígenas.

Panorama latinoamericano

Dina Juc, de Guatemala, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), refirió que esta organización protege el 24 % de la biodiversidad de Mesoamérica (que comprende territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Esta labor les ha generado criminalización, asesinatos y exilio forzado de sus líderes, aseguró.

En la conferencia de prensa que cerró el evento, Juc comunicó incluso otras cifras de defensores afectados por la violencia: “De 2012 a 2024, 562 personas defensoras fueron asesinados en nuestra región. Estamos aquí para hacer visible lo que sucede (…) también para insistir en las normativas, políticas públicas con que se debe sancionar este tipo de delitos”.

La lideresa destacó que en los sectores indígenas de la región mesoamericana donde los Estados no están, sus gobernantes o sistemas de justicia indígenas han resuelto más conflictos de alto impacto que la justicia ordinaria.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), fue enfático en indicar que los sistemas de autogobiernos territoriales indígenas y sus acciones de protección se originan debido a que los Estados no tienen la capacidad de brindar garantías jurídicas en estos espacios. “Queremos seguir garantizando la vida de nuestros hermanos en un territorio limpio, que nos dé soberanía, donde apostamos por el buen vivir de nuestra gente”, subrayó Manihuari.

Una paradoja que muestra el alarmante nivel de inseguridad para los pueblos indígenas de Latinoamérica fue expuesta por Tatiana Martínez, de Costa Rica, representante de la Red Indígena Bribri y Cábecar (Ribca). Ella remarcó que, pese a que su país cuenta con muchos derechos, los casos de líderes asesinados continúan impunes.

Parte del evento incluyó el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la Aladti con voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de Perú y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Diego Reátegui, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh, detalló la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que articula a nueve entidades e instituciones del Gobierno peruano con el fin de reconocer y garantizar a sus beneficiarios el acceso a la justicia.

Reátegui señaló que el Minjusdh ha elaborado una base de datos que entre sus principales registros muestra que desde 2019 hay 564 situaciones de riesgo reportadas. Aproximadamente el 76 % de estos casos, pormenorizó, está vinculada con algún tipo de actividad ilícita.

“Es la típica respuesta frustrante, pero es lo que esperamos siempre escuchar cuando hablamos con el Estado. Funcionarios públicos que nos traen datos: tantos se están muriendo y, de esos, tantos son indígenas, tantos son campesinos, tantos son defensores de derechos humanos», fue la reacción de Dina Juc, de Guatemala, tras analizar la participación del representante del Minjusdh. «La respuesta que esperamos es que instituciones y ministerios han dado el mandato para que se cumplan [las garantías] y que están vigilantes a través de una comisión para saber si se ha disminuido la tasa de asesinatos y criminalización. Pero no, son bases de datos”, agregó.

En el informe de DAR, la organización subraya que el mecanismo intersectorial presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia. Entre otros puntos está su falta de rango legal: al estar sustentado como decreto supremo carece de fuerza vinculante en relación con otras entidades que no pertenecen al Ejecutivo.

DAR también afirma que varios de los nueve sectores del Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del mecanismo no participan activamente. Otro factor de debilidad, de acuerdo con el estudio, es la falta de un monitoreo sistemático de los casos, lo cual impide cotejar la eficacia de la herramienta. Además, plantea que uno de los vacíos más significativos del mecanismo es su omisión con respecto a la criminalización de la protesta social.

Acuerdo de Escazú y tareas pendientes

Uno de los aportes que dejó la tercera Aladti fue la construcción de tres propuestas para impulsar una participación de los pueblos indígenas plena y efectiva en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 21 al 24 de abril en Bahamas.

El abogado Carlos Quispe declaró a Mongabay Latam que Escazú es un acuerdo ambientalista, pero no necesariamente tiene una mirada indígena. En ese sentido, un primer planteamiento de la alianza es la creación de un grupo de trabajo sobre Cuestiones Indígenas en Asuntos Ambientales y Territoriales.

La segunda iniciativa está enfocada en que los pueblos indígenas tengan un asiento entre los representantes electos por el público en el marco del Acuerdo de Escazú. Y, finalmente, la formalización de la participación indígena en la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo.

La representación de los pueblos indígenas buscará tener reuniones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), secretaría técnica del Acuerdo de Escazú, antes, durante la COP4 y posteriormente para el abordaje de los temas concluyentes de la tercera Aladti.

*Imagen principal: la Aladti es un articulador regional y en este reunión en Lima ha recogido las principales demandas y propuestas de los líderes indígenas de ocho países. Foto: cortesía Aladti /DAR.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los científicos son uno de los grupos más afectados por la administración de Javier Milei. Desde su asunción como presidente de Argentina, el empleo en el sector de la ciencia y tecnología experimenta una fuerte retracción: entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, se perdieron 5750 puestos de trabajos científicos en el sistema público. Esta cifra revela que  7.5 científicos perdieron su puesto por día, según el último informe de evolución de empleo en ciencia que realizó el Grupo EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI).

La reducción impactó de lleno en los organismos que dependen de la Administración Pública Nacional: 5004de los puestos perdidos corresponden a ese sector, mientras que otros 746 se explican por despidos y retiros en empresas públicas. Además, el informe advierte que más del 40 % de las bajas en organismos se concentró en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet), aunque también se destaca la destrucción de empleo en otras instituciones clave para la labor científica y productiva del país.

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Haydee Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del Conicet, explicó a Mongabay Latam que la contracción del sistema científico argentino no es un “simple ajuste presupuestario”, para ella es un “daño estructural” a la capacidad del país de producir conocimiento, formar recursos humanos y dar respuestas propias a sus problemas.

“Estos recortes responden a una decisión política e ideológica, no a una evaluación técnica del sistema científico”, afirmó Pizarro. Para la científica, se está imponiendo una visión ideológica de corte ultra-liberal y de minimización del papel del Estado, “donde todo aquello que no genera beneficio económico inmediato es considerado ‘no estratégico’ y por lo tanto prescindible”.

La científica añadió que las decisiones que tomó la administración de Milei no están enfocadas solo en recortes presupuestarios, sino que existe una visión de país -dijo- que no reconoce el valor estratégico de la ciencia como motor de desarrollo, bienestar y soberanía. “Se busca deslegitimar el pensamiento crítico con la desacreditación a los científicos, ridiculizando el conocimiento académico e instalando la idea de que investigar, analizar y cuestionar no sirve. No se trata solo de achicar presupuestos: se intenta disciplinar y debilitar a una comunidad que piensa, que pregunta y que incomoda”, cuestionó.

El Conicet, la institución más afectada

El Conicet es la principal institución científica del Estado argentino y es una de las mayores empleadoras de investigadores de la ciencia y tecnología en ese país. Durante la campaña electoral, Javier Milei, que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, prometió privatizarla. Sin embargo, tras asumir, optó por un fuerte ajuste presupuestal.

En enero de este año, los investigadores y becarios del Conicet no recibieron ningún aumento salarial y, así, volvieron a perder frente a la inflación. Según el informe del Grupo EPC-CIICTI, sus remuneraciones alcanzaron un nivel que se encuentra 40.2 puntos por debajo de noviembre de 2023, lo que significa que los científicos argentinos perdieron el 40 % de su salario real durante el gobierno de Milei.

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“Un recorte del 40 % del salario no es simbólico ni coyuntural: es expulsivo. Significa no poder pagar un alquiler, no llegar a fin de mes, no cubrir necesidades básicas. Para muchos científicos implica pluriemplearse, migrar al extranjero, abandonar líneas de investigación o directamente salir del sistema científico”, lamentó Pizarro.

Sobre el informe, el Conicet es la institución más afectada por las decisiones de Milei. Con más detalle, el grupo de expertos explicó que “más del 40% de ese subtotal se dio en el ámbito del Conicet, mientras que se destaca la destrucción de empleo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos centrales para la ciencia nacional”.

Diego Golombek, doctor en Biología, investigador y divulgador científico argentino, consideró que el impacto de la reducción de científicos activos es lamentable, ya que se está desmantelando el corazón del sistema científico argentino, aseguró.

“La consecuencia de estos recortes para la sociedad es múltiple, ya que no se está promoviendo un pensamiento científico, que es fundamental para cualquier pensamiento crítico para la población, se dedique a lo que se dedique y, por otro lado, sin investigación científica, no hay aplicaciones científicas, no hay desarrollo productivo, cosa que está muy presente en un plan económico que busca que seamos un país muy basado en commodity, en productos primarios”, afirmó Golombek a Mongabay Latam.

El científico recalcó que no solo el Conicet es la institución afectada por estos recortes. Además del INTA y el INTI, destacó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), que también está en “tremenda situación de emergencia”. “¿Por qué el Gobierno de Milei está realizando estos recortes? Primero, creo que es la ignorancia, no entienden que la ciencia es el motor del desarrollo en todos los países”, dijo Golombek.

Las críticas a Milei

El experto añadió más razones: “Maldad, quieren negar conscientemente a gran parte de la comunidad por una cierta cuestión de superioridad moral. Milei se jacta de ser académico, pero no lo es. Y también hay estupidez, ya que no ven a mediano y largo plazo que la inversión a la ciencia y tecnología es la base de todo desarrollo productivo”, aseguró.

En el informe también se señala con particular atención la situación del Conicet. A lo largo de los últimos dos años, en el organismo se perdieron 1306 becas y 782 puestos de investigadores de carrera. En total, se trata de 2088 cargos menos que en diciembre de 2023.

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El Grupo EPC-CIICTI aseguró que “este profundo ajuste sobre el sector se realiza en la creencia de que se encuentra ‘sobreexpandido’». «Sin embargo, cualquier comparación internacional demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala, además de la consabida ausencia de inversión privada en actividades”, agregó.

En ese marco, el informe explica que el sistema de ciencia argentino tiene tres investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa, mientras que en países con mayor nivel de desarrollo son diez investigadores.

Una de las afectadas por estos recortes habló con Mongabay Latam. Se trata de una bióloga que trabajaba en el Conicet y pidió no ser identificada. “La ciencia no solo produce datos, sino un pensamiento crítico. Debilitar la ciencia es también debilitar una sociedad capaz de pensar, cuestionar y participar informadamente”, dijo.

La bióloga añadió que ella fue destituida en octubre del año pasado, pero que antes de esa decisión su salario se redujo en un 30 %. “Así, la situación se hacía cada día más difícil. Nosotros también tenemos familias, tenemos que pagar alquileres, escuelas, mantener hijos. Lo que están provocando estas decisiones es que los expertos migren a otros sectores, que renuncien o que busquen mejores vías”, dijo.

La experta también consideró que las decisiones de Milei también afectan a los futuros científicos. “Los jóvenes que están todavía en una universidad se preguntan en qué nos metimos. Claro, están viendo que su trabajo no será recompensando y así también se ve fuga de futuros valores”, detalló.

Mongabay Latam se comunicó con voceros del Conicet y de Presidencia de Argentina para conocer sus respuestas ante las cifras reveladas por el informe y las críticas de los científicos consultados. Sin embargo, al cierre de esta nota no habían respondido.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experta en la temática indígena, afirmó a Mongabay Latam que el desfinanciamiento de todo el sistema de investigación y universitario en la gestión de Milei es “lamentable” y que impacta directamente a los futuros profesionales de la ciencia que ahora buscan otras áreas de estudio para vivir dignamente.

“La afectación a la situación indígena es indirecta. Los pueblos indígenas requieren de políticas públicas específicas para poder gozar de sus derechos, que se respete su identidad y puedan tener una mejor calidad de vida. Claro que mejores estudios antropológicos, sociológicos, económicos servirían para brindar un conocimiento más ajustado de su situación para poder formular políticas públicas más precisas. En ese sentido, estos recortes también podrían afectarlos”, detalló.

*Imagen principal: trabajadores del Conicet, en una de las primeras protestas contra Milei, en la explanada del Polo Científico, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Foto: cortesía ATE.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.

Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.

“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.

Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.

La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Los grupos armados se disputan el departamento de Arauca

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).

El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.

A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.

“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).

Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.

Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.

Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).

Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.

“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

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La impunidad y la falta de investigación en Arauca

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).

La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.

Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una Justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.

Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Imagen principal: entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026 ya fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento de Arauca. Foto: cortesía Colombia Informa.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

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La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

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El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

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Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

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El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

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Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las décadas de 1950 y 1960, las vicuñas estuvieron al borde de la extinción. La caza ilegal para la comercialización de su valiosa lana, una de las más finas del mundo, fue la razón principal de la disminución drástica de la población de una de las cuatro especies de camélidos que habitan en Sudamérica. Dos de ellas —la llama y la alpaca— son domésticas y las otras dos —vicuña y guanaco— son silvestres.

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Al igual que la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) también ha pasado por periodos de reducción severa de su población. En los años 60 y 70, el número de guanacos se vio afectado por los permisos para la caza legal de esta especie. “Se otorgaban miles de cupos de caza legal para reducir su densidad y liberar zonas de pastoreo para poner más ovejas”, comenta Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigaciones en Ecofisiología de Fauna Silvestre (Giefas) del Conicet y de de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina.

En las últimas décadas, las poblaciones de ambas especies se han recuperado. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. Aunque “la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza” para los camélidos silvestres, según comenta Bibiana Vali, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Universidad de Luján, estas especies también enfrentan otro riesgo para su salud: la sarna sarcóptica.

Se trata de una enfermedad de la piel, contagiosa, causada por el ácaro microscópico excavador Sarcoptes scabiei. Esta enfermedad no solo ataca a estas dos especies, sino que también afecta a llamas, alpacas y muchos otros mamíferos. Según diversos estudios, este parásito ha sido documentado en más de 150 especies de mamíferos.

Las poblaciones de vicuñas y guanacos en Sudamérica se distribuyen en cinco países: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Mongabay Latam conversó con expertos en camélidos sudamericanos de Perú y Argentina para tener un panorama de cómo esta enfermedad afecta a las poblaciones de vicuñas y guanacos en los países donde habitan.

La sarna en las vicuñas

“La sarna sarcóptica es una enfermedad emergente en la fauna silvestre a nivel mundial y hemos observado que puede tener impactos devastadores en poblaciones pequeñas y aisladas”, dice Alynn Martin, profesora asistente e investigadora científica de ecología y epidemiología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de Estado Unidos.

Martin es coautora del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica, publicado a fines de 2024. Una investigación que se centra en la revisión de estudios previos que se han realizado sobre esta enfermedad en vicuñas y guanacos.

La investigadora detalla que el impacto de “los brotes de sarna en vicuñas y guanacos tiene consecuencias de gran alcance, ya que estas especies no solo son culturalmente importantes para las comunidades locales, sino que también son valoradas por su fibra y contribuyen al sustento de los pueblos andinos”.

Hugo Castillo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y miembro de este grupo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica cómo la enfermedad afecta a los camélidos silvestres. “Cuando la enfermedad avanza, los animales se vuelven presa fácil de depredadores o  sucumben por infecciones secundarias”, explica.

El experto en camélidos detalla que la muerte del animal no se produce por la acción directa del ácaro, sino porque al destruirse la piel por acción del parásito, ingresan otros microorganismos como bacterias y hongos, que generan infecciones generalizadas. Otra consecuencia de la sarna es que el animal pierde peso, porque, aparentemente, deja de comer por el malestar. “Normalmente encontramos a los animales con sarna con condición corporal baja. Es por ello [también] que mueren”.

El investigador también comenta que los casos más icónicos de sarna en Perú están en Ayacucho. Uno de los lugares donde la población de camélidos “se ha visto bastante afectada es la reserva de Pampa Galeras”, así como en Iruro, en Lucanas, que en el año 2015 llegó a tener una prevalencia del 62 % de la enfermedad. Actualmente, dice Castillo, estas poblaciones se están recuperando.

La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, ubicada en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, es un lugar emblemático para la conservación de la vicuña con una extensión de 6500 hectáreas. Sin embargo, las vicuñas en esta zona de Ayacucho habitan más allá de la reserva y son las comunidades campesinas de Lucanas, junto con el Estado peruano, las que están comprometidas con la conservación de la especie.

Castillo señala que otra de las zonas con alta prevalencia de sarna en Perú es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima. “En 2015 trabajamos, junto con el Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] en esa comunidad y cuando fuimos al chaccu —técnica ancestral de captura y esquila de vicuñas—, la prevalencia [de sarna] era de casi 40 %. Lo que después nos han dicho los pobladores es que prácticamente ya no hay vicuñas, han quedado muy pocas y dispersas”.

Perú es el país con la mayor población de vicuñas, más de la mitad de la población mundial, según la UICN. En 2016  se estimó una población total de 218 000 vicuñas. Este 2025, Serfor realizó un nuevo Censo Nacional de Vicuñas y, según los resultados preliminares, el país contaría con más de 300 000 ejemplares distribuidos en 16 departamentos. Los resultados del censo también indican que la región de Arequipa lidera el registro, con 73 201 vicuñas; seguida de Ayacucho, con 66 121; y Puno, con más de 50 000.

En la lista sigue Huancavelica, con más de 40 000; Apurímac, con 30 000; y Cusco, con 20 000.  En Cajamarca se registraron 1475 ejemplares, en La Libertad 1232, en Ica 398. Serfor destacó que entre las novedades del censo figura el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco.

De las más de 300 000 vicuñas censadas en Perú, 40 700 están dentro de siete áreas naturales protegidas, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las áreas naturales protegidas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, con una población que supera los 30 000 individuos.

“Hasta el último censo, Ayacucho era el departamento con mayor población de vicuñas. Sin embargo, según datos extraoficiales del censo realizado este año, Arequipa ha superado a Ayacucho en población de vicuñas. Estos resultados coinciden con el hecho de que la población de vicuñas de Arequipa prácticamente no ha tenido sarna”, comenta el experto en camélidos Hugo Castillo.

En toda esta década, continúa Castillo, regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac registraron casos de sarna en algunas de sus poblaciones. En cambio, Arequipa estuvo libre de sarna, recién hace uno o dos años, más o menos, se han comenzado a reportar casos de sarna en Arequipa, pero en prevalencias muy bajas. “Probablemente esto tenga relación con la mortalidad que ha generado la enfermedad”.

Enrique Michaud, co-presidente de la Alianza Global para el Año Internacional de Pastizales y Pastores 2026, comenta sobre la baja prevalencia de sarna en las poblaciones de vicuñas de Arequipa. “En los últimos congresos que hemos tenido sobre sarna, la región que ha tenido menos porcentaje de sarna o casi cero ha sido Arequipa. Curiosamente es la región donde ha habido un mejor manejo de la sarna en animales domésticos”.

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La enfermedad en los guanacos

La mayor población de guanacos se encuentra en el sur de la región, entre Argentina y Chile. Se calcula que actualmente existen por lo menos un millón de individuos de esta especie y de ellos, el 95% de la población mundial habita en Argentina. El resto se distribuye entre Chile (4 %), Perú, Bolivia y Paraguay, según explica Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestres (Giefas) del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) del  Conicet.

Carmanchahi comenta que la población más abundante está en la Patagonia, donde en los últimos años viene implementando varias alternativas de manejo con estas poblaciones, entre ellas, el aprovechamiento de la lana, “que tiene casi la misma calidad que la fibra de vicuña”, explica. Al mismo tiempo, realizan monitoreo de la sarna en esta especie.

Melina Anello, investigadora asistente en el Giefas del Conicet, menciona también el brote de sarna que afectó a la población de camélidos en el Parque Nacional San Guillermo. “El  ingreso [de la sarna] se dio a partir de animales domésticos, llamas, particularmente, que estaban alrededor del parque. La enfermedad se diseminó rápidamente en la población al punto de que ahora se considera una extinción ecológica local de la especie. Las poblaciones disminuyeron en un 90 % a 95 %, prácticamente no quedan vicuñas y muy pocos guanacos en el parque”.

Anello comenta que en la provincia de Tierra del Fuego, que se ubica en una isla compartida entre Argentina y Chile, hay poblaciones de guanacos con alta incidencia de sarna. “Si bien no tenemos números muy precisos, solo estimaciones preliminares, estamos viendo que hay mucha sarna”. Otros casos registrados por la experta están en las provincias de Santa Cruz y de Chucuito, pero no son “muy grandes”. Sin embargo, agrega Anello, faltan datos para saber específicamente cuántos animales hay y cuál es su situación sanitaria, si existe o no la enfermedad y qué tan grave es.

La especialista de Conicet también menciona que realiza investigaciones genéticas sobre la enfermedad para entender cuáles son los factores que llevan a que se produzca la enfermedad, cuáles son sus vías de transmisión para evitar que ingresen a nuevas poblaciones. Anello dice también que junto con Carmanchahi están formando una red de investigadores de todos los países donde habitan los camélidos para obtener datos de todo el área de distribución. “Es importante compartir esta información y tomar medidas en conjunto”.

Carmanchahi agrega que en 2006 se elaboró un Plan Nacional de Manejo del Guanaco en Argentina, pero que en 2024 fue derogado y se generaron nuevas directrices.

En octubre de 2024 la Subsecretaría de Ambiente de Argentina actualizó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, mediante el cual habilita a las provincias patagónicas a conformar programas de manejo y aprovechamiento de esta especie.

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Medidas de control

“La sarna es una enfermedad que está muy extendida ya sea en las especies domésticas como en las especies silvestres. Tenemos animales con sarna en muchísimas especies a la vez”, comenta la investigadora argentina Bibiana Vilá, investigadora superior del Conicet, profesora titular en la Universidad de Luján y directora de Vicuñas, Camélidos y Ambiente (Vicam).

Vilá también explica que la situación de la sarna en la población de camélidos “es diferente en distintos contextos”, pues en algunas zonas las vicuñas conviven con camélidos doméstidos como llamas y alpacas, o también con ganado vacuno y ovino.

Vilá comenta que en la zona en la que trabaja —Santa Catalina, en el noroeste de Jujuy,  Argentina— la sarna está presente en la población de vicuñas pero con baja prevalencia, entre el 2 % y 3 %. “Hay que estar muy atentos y ver a la sarna como una enfermedad del ambiente en la cual se regulan las poblaciones de vicuña”, sugiere la experta.

“Cuando un animal es silvestre sabemos que tarde o temprano, como todo ser vivo, se va a morir, probablemente en la época del año con las condiciones más adversas, pero además, los animales se van a morir del patógeno que está en el ambiente, en este caso, la sarna. Entonces, de alguna manera la sarna ayuda a controlar la población de vicuñas”, agrega. Eso es en las zonas de baja prevalencia, comenta Vilá, donde la sarna está actuando como lo que se llama “presión de selección”. Sin embargo, menciona, también se deben tomar en cuenta muchos otros factores del manejo de la vicuña que pueden aumentar la probabilidad de contagio.

“Es importante que cuando se está esquilando y se ve un animal con síntomas de sarna, que se proceda a limpiar todo, porque la sarna se transmite por contacto. Además, hay también condiciones del manejo que son muy importantes para evitar los contagios de sarna”, comenta Vilá.

La experta también explica que no se debe esquilar a una vicuña con sarna por varias razones. En primer lugar, porque la fibra es de mala calidad y no tiene valor en el mercado. En segundo lugar, porque el animal puede morir por el estrés. “Si al estrés de la esquila le sumamos el estrés de la enfermedad, estamos condenando a ese animal”, añade. Y una tercera razón es que si se esquila a un animal con sarna, se contamina la zona en donde se esquilan otros animales sanos, por tanto, se generarían más contagios.

Por ese motivo, Vilá recomienda que cuando se realizan los chaccus se debe reducir al mínimo el tiempo en el que los animales están encerrados en el corral, porque pueden haber ingresado animales sanos con animales enfermos, por tanto, es importante no dejarlos dentro del corral de un día para otro. Otro factor a tomar en cuenta son los animales infectados sin síntomas, por tanto, una vez que se esquila una vicuña se debe desinfectar todos los elementos que se utilizan en esta práctica para evitar la transmisión.

La especialista argentina también recuerda que tras la reducción drástica de la especie en las décadas de 1950 y 1960, muchas de las poblaciones actuales se reprodujeron de grupos pequeños, por lo que algunas poblaciones pueden tener baja variabilidad genética.

Vilá pone como ejemplo lo que sucedió en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan, Argentina, donde había una población de vicuñas y guanacos. Tras la llegada de camélidos domésticos, se presentó un brote de sarna en una población que nunca había estado en contacto con esta enfermedad y, por tanto, no tenían defensas. “Hubo una gran mortalidad y, prácticamente, desaparecieron las vicuñas en esa zona”.

Enrique Michaud comenta que en algunas zonas de Perú se utiliza la Ivermectina —un antiparasitario— para tratar la sarna en camélidos silvestres. “Desde el año 2000 se viene usando Ivermectina, por ejemplo, en Pampa Galeras, y no se ha controlado la enfermedad”. Michaud precisa que cada país tiene una forma de abordaje distinto y menciona que en Argentina no se utiliza esta medicina porque “tiene una posición más ecológica”, pero que en Perú se usa desde hace más de 20 años.

Hugo Castillo también cuestiona el uso de Ivermectina en camélidos silvestres porque la aplicación de una sola dosis, como ocurre con la población silvestre, no tiene buenos resultados. “Desde Argentina un grupo de colegas lanzó un eslogan totalmente válido que decía: una dosis es peor que ninguna. Lo tradicional para manejar la sarna es colocar dos dosis, en un intervalo de 15 días, más o menos. Por tanto, cuando se aplica una única dosis, el tratamiento no se completa, no solucionamos el problema y más bien estamos propiciando que se genere resistencia contra el fármaco”.

Para completar la dosis, explica Castillo, se tendría que capturar dos veces al mismo animal, pero eso es complicado cuando se trata de animales silvestres.

Castillo comenta que en 2019, en Iruro, en Lucanas, Ayacucho, se hicieron chaccus con fines sanitarios, es decir que se capturaba a la vicuña para la esquila y al mismo tiempo se aplicaba la Ivermectina. Luego hacían otro chaccu con la misma población que había sido esquilada, pero solo para tratarlos con el medicamento. “Eso se ha comenzado a replicar en otras poblaciones”.

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Poca información

“Durante la última década se han reportado brotes (algunos epidémicos) en poblaciones de vicuñas de Perú, Argentina, Bolivia y Chile”, indica el artículo Aspectos científicos y técnicos acerca de la sarna sarcóptica en vicuñas, publicado por la revista del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN. El estudio señala que “es escasa la información sobre la enfermedad, en cuanto a su distribución geográfica y prevalencia”.

Hugo Castillo comenta que en 2022 publicó un artículo científico, junto con Pablo Acebes y Solange Vargas, en el que presentan una revisión de las investigaciones que hasta ese momento se habían hecho sobre la sarna en camélidos y que “en ese entonces la información era mínima”. Los investigadores coinciden en que falta información sobre esta enfermedad y cómo esto está afectando a las poblaciones de vicuñas y guanacos.

“Hace unos años, surgió preocupación, principalmente en Perú, porque empezaron a tener mucha más prevalencia de vicuñas infectadas. Entonces, se unieron todos los países con la idea de investigar más sobre el tema”, comenta Yanina Arzamendia, investigadora del Grupo de Investigación Vicam, Instituto de Ecorregiones Andinas del Conicet y del Instituto de Biología de la Altura (Inbial) en Argentina.

Arzamendia comenta que se debe analizar qué está pasando con los manejos y qué se debe cambiar para que la enfermedad no avance. “Lo que nosotros vemos es que cuando se maneja a pequeña escala y con todas las pautas de bienestar animal, si bien las poblaciones pueden tener la enfermedad, la prevalencia es muy baja, menos del 1 %”, comenta sobre los censos que han realizado con poblaciones de 1000 animales. “Nosotros siempre insistimos en que el manejo de la biodiversidad tiene que tener muchos acuerdos entre todas las partes”, dice Arzamendia.

Paulo Colchao Claux, especialista en Salud de la Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, en Perú, señala que se requiere conocer “cómo se transmite para ver cómo se puede controlar esta enfermedad”.

“Es muy difícil eliminar una enfermedad en fauna silvestre porque hay muchos factores que escapan al control. Sin embargo, se puede reducir las prevalencias y con eso se puede mejorar el manejo de la enfermedad”, comenta Colchao, quien también es coautor del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica.

Colchao también menciona que “la salud de la fauna silvestre cada vez es más relevante a nivel mundial y en Perú también, debido a todos los efectos que está teniendo en los humanos y en el ambiente”. En ese sentido, menciona que la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos están relacionados y debería haber una equidad en el manejo de estos. “Si los animales están saludables es porque los ecosistemas están saludables, por ende, los humanos deberían estar saludables”.

“Lo que buscamos es impulsar una vigilancia sanitaria de fauna silvestre -agrega Colchao- para colectar datos de enfermedades en fauna silvestre de tal manera de que se haga una alerta y un control temprano de cualquier enfermedad que pueda estar apareciendo en estos animales”.

Imagen principal: vicuñas, en tierras peruanas. Foto: cortesía Hugo Castillo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A unos 4800 metros por encima del nivel del mar, el Cerro Rico sobrepasa la ciudad de Potosí, en el altiplano sur de Bolivia. Famoso por sus vastas reservas de plata, el Cerro Rico financió prácticamente por sí solo el Imperio español. En 1656, el autor Antonio de León Pinelo afirmó que los esclavos indígenas y africanos habían extraído suficiente plata para construir un puente desde Bolivia hasta Madrid.

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En su apogeo a principios del siglo XVII, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo, incluso más grande que Londres y Milán. Actualmente, la montaña, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, sigue siendo explotada por mineros asociados con 54 cooperativas de zinc, plomo, estaño y plata, y continúa impulsando la economía de la ciudad.

Ahora, plagada de túneles tras casi 500 años de minería informal, la parte superior de la montaña está al borde del colapso, lo que supone una amenaza para las aproximadamente 180 familias que viven en la montaña y los cerca de 10 000 mineros que trabajan allí, la mayoría de ellos indígenas quechuas.

“Todas las casas están rajadas porque todo se está hundiendo”, le dijo a Mongabay Silvia Mamani Armijo, de 34 años, quien vive en la montaña con sus tres hijos pequeños y trabaja como guardia de túnel minero. “Durante la temporada de lluvias, toda esta área puede derrumbarse”, agregó, señalando las rajaduras en las paredes de adobe de varias casas cercanas a la suya. “Muchísimas familias podrían morir”.

Los pequeños derrumbes han formado parte durante mucho tiempo de la vida en el Cerro Rico, cuyos siglos de minería, que se remontan a la fundación de la ciudad como puesto remoto colonial español en 1545, se han cobrado la vida de posiblemente 8 millones de mineros, según las estimaciones históricas. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el aumento de los precios de los minerales, las nuevas técnicas de extracción y la inestabilidad de una montaña ahuecada, estos derrumbes se han vuelto más frecuentes y graves.

En 2010, un derrumbe importante cerca del pico de la montaña fue el primero de muchos. En 2014, la UNESCO agregó el Cerro Rico y Potosí a su lista de sitios patrimonio mundial en peligro, citando el riesgo que “las operaciones mineras continuas y no controladas” representan para la zona.

El derrumbe del Cerro Rico

En lo que respecta a las montañas, es difícil calcular la altura del Cerro Rico. Actualmente se cree que tiene una altura aproximada de 4753 metros, casi 250 metros menos que la altura original estimada antes de que comenzara la explotación minera española en el siglo XVI. “Probablemente se desplome otros 10 o 20 metros”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica Freddy Llanos, un ingeniero en minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí y miembro de la comisión técnica de conservación del Cerro Rico. “Terminará siendo un cono truncado”, agregó.

Como resultado de su mineralogía singular y la explotación brutal del trabajo esclavo a manos de los colonizadores españoles, las riquezas del Cerro Rico fueron clave para impulsar el capitalismo mundial. “La riqueza del Cerro Rico generó la globalización de la economía mundial”, afirmó Llanos. “Durante la época colonial, las ganancias fueron a Europa a través de España y, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro estaño respaldó el esfuerzo bélico”.

A pesar de tener riqueza en minerales, el departamento de Potosí es uno de los más pobres de Bolivia. “La gente venía a Potosí, se enriquecía y se marchaba”, le dijo a Mongabay Hernán Ríos Montero, geólogo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y explicó que el capital que no se iba del país se iba a ciudades vecinas. Tras 480 años de extracción informal y falta de inversión para preservar la montaña, la minería continúa, y la montaña está atravesada por innumerables túneles y se está volviendo cada vez más inestable.

La intensificación de la actividad minera también ha acelerado el derrumbe del Cerro Rico. En septiembre, la compañía minera estatal COMIBOL informó que aproximadamente 30 000 mineros trabajan actualmente en la montaña, un aumento pronunciado de los 20 000 informados por las autoridades mineras en 2024 y los 12 000 en 2023.

Mario Caro, un periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que las cifras informadas por COMIBOL están infladas para aumentar el poder político del sector minero, y estimó que la cifra real ronda los 10 000, aunque reconoció que la actividad minera está aumentando.

El aumento repentino en la actividad minera está impulsado por los altos precios de los minerales, con la plata cotizando a niveles casi históricos en 2025. El aumento de la demanda mundial de paneles solares, que dependen de la plata, y de aerogeneradores, cuya fabricación requiere zinc, ha contribuido al reciente aumento de los precios. “Mientras nosotros nos llevamos la peor parte del botín y la explotación, son otros países los que hablan de una transición”, le comentó a Mongabay Alfredo Zaconeta, investigador en minería de la organización boliviana sin fines de lucro CEDLA.

La minería en el Cerro Rico está en manos de muchas cooperativas que operan de forma independiente y los trabajadores se juntan en masa en las minas cuando los precios están elevados. Aunque el trabajo es peligroso, los mineros pueden ganar mucho más que en la mayoría de las demás profesiones.

Los cambios en la tecnología minera también han llevado a más derrumbes. “En aquel entonces, había que tomar la broca y el martillo, cavar un agujero a mano y luego cargarlo con dinamita”, explicó a Mongabay Basilio Vargas, de 35 años, minero desde los 11. Hoy, los taladros neumáticos permiten a los mineros trabajar mucho más rápido y llenar un camión volquete de 20 toneladas en pocos días, un trabajo que anteriormente tomaba entre tres y cuatro semanas. Vargas y su familia aparecieron en un documental de 2005 sobre mineros menores de edad en Potosí, y comentó que la casa que se muestra en la película desapareció luego de que la tierra debajo de ella cediera. “Cada año hay más y más derrumbes”, afirmó.

Si bien la mayor parte de la riqueza temprana del Cerro Rico provenía de vetas de plata pura, estos yacimientos ahora están prácticamente agotados. En su lugar, los mineros ahora extraen grandes volúmenes de minerales distribuidos en pequeñas concentraciones por toda la roca, lo que les exige extraer más mena -el material natural del que se pueden extraer minerales o metales- para generar ganancias. Los mineros luego venden la mena a la Empresa Minera Manquiri, que opera una planta de procesamiento que tritura y lixivia el mineral para recuperar los metales.

Según Ríos Montero y Zaconeta, la tecnología de lixiviado ha contribuido al derrumbe de la montaña al aumentar el volumen de los materiales extraídos de ella.

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Aunque resulten problemáticos para conservar la montaña, los derrumbes son beneficiosos para las cooperativas mineras y las refinerías como Manquiri, dijo Zaconeta, y señaló que estos tienen la misma función que la dinamita. “Si se produce un derrumbe natural, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que las cooperativas pueden recolectar directamente el material del derrumbe”, afirmó.

Manquiri y su empresa matriz canadiense, Andean Precious Metals, que los mineros y expertos dicen que contribuyen a impulsar la demanda de minerales diseminados vinculados con los derrumbes de la montaña, no respondieron a las solicitudes reiteradas de comentarios de Mongabay.

Efectos en la comunidad

Al 3 de octubre, 96 personas habían muerto mientras se encontraban trabajando en la explotación minera en el departamento de Potosí en 2025, de las cuales al menos 90 murieron dentro del Cerro Rico, según datos no publicados de la policía. Mario Caro, el periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que muchas muertes no se informan y observó que las tasas de mortalidad de 2025 han sido superiores a las de años anteriores.

La mayoría de quienes murieron eran hombres, pero las mujeres también están en riesgo, en tanto el aumento de la actividad minera les da más trabajo en las minas o en torno a ellas. Como guardabocaminas, Silvia Mamani Armijo y su madre, Lucía Armijo, defienden los túneles de minas de los ladrones, con poco más que perros y dinamita, que encienden y lanzan a posibles intrusos.

Estas mujeres viven en las entradas de las minas, a menudo sin electricidad ni agua potable, y ganan entre 500 y 1000 bolivianos al mes (unos 72-145 dólares al tipo de cambio oficial), o aproximadamente entre el 18 % y el 36 % del salario mínimo en Bolivia. También venden algo de desechos minerales de las minas para complementar sus ingresos. Si se produce un robo, los jefes de las cooperativas suelen deducir las pérdidas de sus salarios.

“Vivir en la montaña no es agradable”, le dijo a Mongabay Lucía Armijo, de 51 años, que ha sido guardabocamina en el Cerro Rico durante más de 30 años. “Durante la temporada de lluvias hay que preocuparse por si alguna parte de la montaña se derrumba, por si ocurre cualquier cosa”, agregó mientras pasaba por la zona donde una vez se encontraba la casa de su hija Claudia, antes de que se derrumbara. “¿Adónde irán nuestros hijos y nietos, dónde trabajarán? En Potosí no hay ni siquiera una fábrica”.

Armijo, que al igual que muchos potosinos habla quechua como lengua materna, dijo que los peligros de vivir en el Cerro Rico exceden su inestabilidad estructural. “Ese polvo… Mira adónde va”, dijo mientras una ráfaga de viento soplaba por la montaña. “Va directo a nuestras habitaciones, es horrible”. Sin agua potable en la montaña, la cooperativa minera que emplea a Armijo llena periódicamente unos grandes barriles de metal con agua que, cuando se contamina con polvo de la minería, les provoca diarrea frecuente a ella y a sus hijos, asegura.

La violencia sexual y las prácticas laborales explotadoras, a menudo ilegales, también son comunes para las mujeres que trabajan en el Cerro Rico, le dijo a Mongabay Paulina Ibeth Garabito Ovando, fundadora de MUSOL, una organización que apoya a las mujeres en el sector minero de Potosí.

Los efectos del derrumbe del Cerro Rico van más allá de lo material. Como reliquia de la historia colonial, el pico sigue siendo un poderoso símbolo de identidad y orgullo para los potosinos y los bolivianos en general. Su silueta domina el horizonte local y figura de forma destacada en la iconografía nacional, desde el escudo de armas del país hasta los billetes.

“Puntita era pues”, le dijo Petrona Santos Mamani, de 82 años, a Mongabay, recordando la forma de la montaña en su infancia. “Es un símbolo de Bolivia y ahora está roto”, dijo la mujer que pasó su vida adulta trabajando como palliri, palabra quechua que se usa para describir a las mujeres mineras que trituran manualmente rocas fuera de los túneles en busca de minerales. “Me duele ver el Cerro así, me dan ganas de llorar”.

Santos Mamani participó en una acción en 1996 cuando más de 250 palliris ocuparon la cima del Cerro Rico para protestar por la explotación insostenible de la montaña impulsada por una empresa de refinería propiedad del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las palliris están considerando actualmente otra acción colectiva para exigir la preservación del símbolo nacional.

A Santos Mamani le preocupa aún más que parece probable que las mismas tendencias que enriquecieron a Europa con escasos beneficios para las comunidades bolivianas productoras de materias primas continúen en otras partes del departamento de Potosí, ya que el Gobierno boliviano firmó recientemente contratos de minería de litio con dos empresas extranjeras.

¿Qué le depara el futuro al Cerro Rico?

Los esfuerzos por preservar la cumbre histórica han sido lentos y han contado con fondos insuficientes. En 2022, un tribunal de Potosí ordenó a COMIBOL cerrar todas las entradas de las minas por encima de los 4400 metros y trasladarlas a terrenos más bajos y estables en un esfuerzo por preservar la montaña y permitir que las operaciones mineras continúen de manera segura.

Sin embargo, tres años después, la reubicación sigue sin terminar, retrasada por la resistencia de las cooperativas mineras que ven la medida como una amenaza para sus resultados, dado que las mayores concentraciones de minerales se encuentran cerca de la cima de la montaña. “Ojalá a las autoridades les importara”, dijo Mamani Armijo, y agregó que teme que su casa y la mina que custodia puedan derrumbarse. “Muchas familias trabajan aquí”.

Según Zaconeta y otros expertos, la estrecha alianza entre las cooperativas mineras y el Gobierno boliviano durante los últimos 20 años también ha contribuido a desacelerar los esfuerzos de conservación. “Lo que han logrado es un alto grado de permisividad”, dijo.

Aunque el departamento de Potosí es rico en minerales, Llanos dijo que las autoridades mineras del Gobierno no han emprendido la exploración necesaria para encontrar nuevos yacimientos, lo que haría más viable la orden judicial para que COMIBOL traslade las entradas de las minas. “Seguimos explotando minerales de los mismos yacimientos que se conocían en la época colonial”, afirmó.

En septiembre, un tribunal ordenó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura; del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo Fernández; y del gerente regional de COMIBOL en Potosí, Iván Guillermo Fuentes, hasta que cumplieran con órdenes previas para preservar la estructura del pico. Les dio 31 días para demostrar avances.

En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Pardo Fernández defendió la labor de la empresa minera estatal para preservar la montaña y afirmó que se tomarían “medidas drásticas” para acelerar el cierre de las entradas de las minas por encima de los 4400 metros.

A principios de octubre, COMIBOL y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) instauraron restricciones que permiten la minería solo durante el día y solo en días laborables, y prohíben el uso de maquinaria pesada por encima de los 4400 metros.

Santos Laura también dijo en una conferencia de prensa: “Hemos completado más del 60 %” del trabajo para trasladar las entradas de las minas: se han cerrado 20 minas por encima de los 4400 metros y quedan otras 10. Durante una marcha minera, el presidente de FEDECOMIN, Óscar Chavarría, declaró a los periodistas que los mineros estarían dispuestos a dejar de trabajar en el Cerro Rico si las autoridades les otorgaran concesiones para explotar yacimientos en otros lugares, y les dio a los funcionarios 30 días para que respondieran a sus demandas.

Caro dijo que duda de que el cierre de las cuentas bancarias de los funcionarios obligue a COMIBOL a priorizar el traslado de las entradas de las minas y señaló que solo se habían cerrado las cuentas bancarias personales de las autoridades mineras. “Les llega dinero de todas partes”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica.

Tras hablar con El País en julio sobre el proceso de traslado de la mina, un portavoz de COMIBOL declaró a Mongabay que la empresa minera estatal ya no concede entrevistas sobre el Cerro Rico.

Llanos y sus colegas han propuesto una iniciativa para reforzar la cima con hormigón y acero, lo que impediría a los mineros excavar túneles hacia arriba y fortalecería la estructura del pico. No obstante, ante la falta de 3.5 millones de dólares de financiación en medio de una crisis económica cada vez más profunda, hay quienes temen que el proyecto nunca se complete, una realidad que Llanos encuentra irónica.

“Nunca podremos saber con exactitud cuántos miles de millones de dólares ha generado, y sigue generando, el Cerro Rico de Potosí”, afirmó. “Debería ser una obligación moral y material devolverle al Cerro, no sé, el 0.00001 % de las divisas que generó durante siglos”.

A principios de octubre, el gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa Gutiérrez, mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales, líderes cívicos y cooperativas mineras, en la que firmaron un acuerdo para apoyar la iniciativa de Llanos.

Si bien estos avances son importantes, “todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Zaconeta, ya que estabilizar la montaña requeriría una financiación significativa y voluntad política. Freddy Llanos dijo que ve estos avances como esperanzadores y espera reunirse con autoridades gubernamentales locales y departamentales en las próximas semanas para analizar detalles técnicos y el potencial de financiamiento.

“El problema que enfrenta el Cerro Rico es un problema del mundo entero, ya que de una u otra forma, el mundo se ha beneficiado de sus riquezas”, afirmó. “Debe resolverse con urgencia”.

Imagen destacada: la montaña Cerro Rico, situada sobre la ciudad de Potosí, Bolivia. Foto: Benjamin Swift

El artículo original fue publicado por Benjamin Swift en la edición en inglés de Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

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“En 2024, los bosques siguieron sufriendo una destrucción a gran escala con una pérdida permanente de casi 8.1 millones de hectáreas en todo el mundo”, indica el informe anual de Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025, un estudio que mide el progreso de los compromisos globales de países, empresas e inversores para detener la deforestación y restaurar los bosques para 2030.

El estudio también presenta otras cifras preocupantes, como que la pérdida de bosques está 3.1 millones de hectáreas por encima de la pérdida máxima prevista para cumplir el objetivo planteado para 2030. Y en cuanto a la degradación, los datos indican que en 2024 se degradaron 8.8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos, más del doble del nivel anual considerado para detener la degradación para 2030. Estos datos reflejan que los compromisos para el final de esta década están lejos de cumplirse.

“Cada año, la brecha entre los compromisos y la realidad se amplía, con impactos devastadores en las personas, el clima y nuestras economías. La deforestación no ha disminuido significativamente desde el comienzo de la década, y ya hemos recorrido la mitad del camino», dice Erin Matson, autor principal del estudio publicado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

El informe también detalla que el principal factor de la deforestación es la expansión de la agricultura, que representa alrededor del 86 % de la pérdida de bosques en la última década. Otro factor importante y creciente es la minería y las actividades extractivas de oro, carbón y de los metales y minerales necesarios para la transición energética. “Modelos de producción explotadores, el consumo excesivo, la gobernanza débil y los persistentes desequilibrios de poder alimentan la deforestación y degradación continua”, señala el informe.

A ello se suman los grandes incendios, “que solían ser excepcionales, pero ahora son la norma”, comenta Matson. “Estos incendios son en gran medida provocados por el ser humano. Están vinculados a la deforestación, a la sequía inducida por el cambio climático y a la escasa aplicación de la ley”, agrega Matson.

En medio de la devastación de los bosques surgen esfuerzos de restauración. El estudio señala que entre 2025 y 2021 se regeneraron más de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos.

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Entre la preocupación y la esperanza

Los hallazgos del estudio también dan cuenta de que los bosques tropicales remotos y prístinos sufrieron un deterioro grave en 2024, pues se perdieron alrededor de 6.73 millones de hectáreas, principalmente debido a los devastadores incendios en América Latina, Asia, África y Oceanía.

“En total, los líderes mundiales se desviaron un 190 % de sus objetivos de protección de estos bosques ricos en carbono, cuya pérdida liberó 3100 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, casi el 150 % de las emisiones anuales del sector energético estadounidense”, señala el informe.

“La tendencia de deforestación en el país [en el caso de Perú] y la región es cada vez más grave e indica que, efectivamente, no se están tomando las acciones para el cumplimiento de las metas anunciadas a 2030”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú.

Castro agrega que esta “tendencia nos estaría conduciendo a una situación, en determinadas zonas, a un punto de no retorno”, como lo han anunciado científicos como Carlos Nobre y Thomas Lovejoy. “La situación no solo es crítica, sino que es necesario la adopción de medidas impostergables”, agrega.

En el informe Amazonía en peligro de extinción, que se acaba de publicar, los datos indican que tras los incendios y sequías de 2023 y 2024 se evidencia la pérdida de una extensión equivalente a Italia en toda la Amazonía, así como altos niveles de degradación. “Entre 2020 y 2024, la espiral de incendios, degradación y deforestación suman ya 30 %. Carlos Nobre, quien lidera el Panel Científico de la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés) y sus múltiples análisis reafirman que el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación llega al 20-25% o el calentamiento global aumenta a 2-2.5° C [por encima de los niveles preindustriales]”.

En la misma publicación, José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena venezolano y coordinador de Cambio Climático de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), advierte su preocupación sobre “cómo el bosque tropical —el más grande del planeta— se acerca peligrosamente a un punto de no retorno ecológico”.

Erin Matson, agrega que la región de América Latina y el Caribe tropical no está en camino de cumplir las metas de 2030. “La deforestación en 2024 fue un 51 % superior a la trayectoria necesaria. Sin embargo, nuestro informe destaca que la región cuenta con importantes factores como marcos legales avanzados, una sociedad civil activa y crecientes mecanismos de transparencia, que podrían acelerar el progreso si se refuerzan la voluntad política y la coherencia entre políticas sectoriales”, comenta.

«Ya sabemos qué funciona para detener la pérdida de bosques, pero los países, las empresas y los inversores apenas están comenzando. Incluso esos esfuerzos iniciales se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de los defensores de un sistema económico basado en la destrucción de los bosques”, agrega Erin Matson, de Climate Focus, una de las organizaciones que forma parte de la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025.

Matson señala que si bien “la demanda de materias primas como la soja, la carne de res, la madera, el carbón y los metales sigue aumentando”, en realidad “no necesitamos destruir bosques para satisfacer esa demanda”.

El compromiso de eliminar a nivel mundial la deforestación y la degradación forestal, y restaurar el 30 % de los bosques degradados para 2030, fue establecido en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en 2014. Fue adoptado por 127 países durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, en 2021, y reafirmado durante el Primer Balance Mundial de 2023, en el marco del Acuerdo de París, y en el período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques de 2024.

Las metas parecen estar cada vez más lejos. De acuerdo con el estudio, para cumplir estos acuerdos, la deforestación global debería haber disminuido a 5 millones de hectáreas anuales para 2024. Sin embargo, se mantiene por encima de los 8 millones.

No obstante, la esperanza de que aún se pueda poner freno a la devastación de los bosques está presente. Según el informe, “existen iniciativas de restauración activas en marcha en al menos 10.6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas”. “Esto representa alrededor del 5.4 % del potencial global de reforestación y solo el 0.3 % del potencial global de restauración biofísica de los bosques. Aproximadamente dos tercios de esta área (unos siete millones de hectáreas) se encuentran en regiones tropicales, 3.3 millones de hectáreas en zonas templadas y 250 000 hectáreas en bosques boreales”, menciona el reporte.

“Existen antecedentes de reducciones drásticas en la deforestación en pocos años: Brasil e Indonesia, por ejemplo, lograron avances significativos en solo dos o tres años. Sin embargo, a escala global nunca hemos visto el tipo de esfuerzo masivo, coordinado y de toda la sociedad que sería necesario para alcanzar las metas de 2030”, agrega Matson.

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Camino a la COP30

La COP30, que se realizará a partir del lunes 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, “representa un momento crucial para establecer un marco viable para detener y revertir la deforestación, integrando la producción de alimentos, las cadenas de suministros de productos básicos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, precisa el informe.

Para Sassan Saatchi, científico del California Institute of Technology, y profesor adjunto del Center for Tropical Research de la University of California, Estados Unidos, “lo positivo de que la COP30 se celebre en Belém es que se reconoce que el Sur Global se ha comprometido a ayudar a resolver los problemas climáticos, aunque históricamente no hayamos sido la causa del cambio climático”.

“Si el Norte Global se compromete a aportar los 25 000 millones de dólares iniciales necesarios para impulsar este proyecto, creo que veremos un cambio importante, con suerte, durante la COP30”, agrega.

Desde Perú, Mariano Castro recuerda que en la última reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los mandatarios y representantes de países amazónicos acordaron apoyar la iniciativa para que en la COP30 se incluya en agenda un mecanismo financiero para apoyar la conservación de bosques tropicales.

En ese sentido, Erin Matson mencionó que “el lanzamiento del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) podría comenzar a canalizar financiamiento confiable a largo plazo para la preservación de los bosques”. Sin embargo, advierte que “los países desarrollados deben ir más allá del TFFF y asumir compromisos firmes, confiables y ambiciosos para movilizar 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático hacia los países en desarrollo, como parte de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém”.

En cuanto a los resultados formales de la COP30, continúa Matzon, esperamos que el texto final de la decisión reafirme el compromiso de detener y revertir la deforestación para 2030, en línea con las ambiciones expresadas en el Balance Global. Sería positivo, además, agrega Matson, que se reconozca explícitamente el papel de los sistemas alimentarios y la necesidad de transformarlos para lograr estos objetivos y mitigar el cambio climático.

Imagen principal: campo de soja adyacente al bosque de transición amazónico. Foto: Rhett A. Butler

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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