Denuncia civilista rigurosa

Por lo cual, el 20 de junio de 1986, remitió la denuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sustentada en una rigurosa investigación, que ya desde entonces afirmó que: “sobrevivieron al desastre y salieron de las ruinas del Palacio, sin que se tenga noticia alguna posterior acerca de su paradero o suerte final: Irma Franco Pineda, Clara Helena Enciso y un tercero no identificado, reconocido sobre su fotografía por un testigo”, además de señalar “que los magistrados Manuel Gaona y Horacio Montoya murieron en los momentos finales del operativo, ignorándose, sí, de qué lado llegaron los disparos que les dieron muerte”, junto a una relación precisa de 54 civiles asesinados, entre los que figuran 32 funcionarios de la rama judicial, desde el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, magistrados y numerosos auxiliares judiciales, que relacionó con nombre y apellido y siempre deben ser recordados: Julio Cesar Andrade Andrade, María Teresa Barrios Rodríguez, Luz Estela Bernal Marín, Fabio Calderón Botero, Cecilia Concha Arboleda, Jaime Alberto Córdoba Ávila, Jorge Alberto Correa Echeverri, Hermógenes Cortes Nomelin, Manuel Gaona Cruz, Fanny González Franco, María Cristina Herrera Obando, Carlos José Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Isabel Méndez Herrera, Lida María Mondol de Palacios, Luis Horacio Montoya Gil, Ana Beatriz Moscos de Cediel, María Teresa Muñoz de Jiménez, Aura María Nieto Navarrete, Alfonso Patiño Roselli, Blanca Inés Ramírez de Ángulo, Lilia Rincón Mora, Lisandro Romero Barrios, Rosalba Romero de Díaz, Yaneth Rozo Rojas, Emiro Sandoval Huertas, Pedro Elías Serrano Abadía, Nury Soto de Piñeros, Carlos Horacio Uran, Miguel Darío Velásquez Gaviria, Ruth Mariela Zuluaga de Correa. Para entonces, un total de 95 víctimas mortales incluyendo guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y 14 personas denunciadas como desaparecidas.

“MURAL”, de Ricardo Silva Romero

En su magnífica obra, Ricardo Silva Romero, recrea entre la cruda realidad descrita en numerosos libros e investigaciones y su lúcida ficción reflexiva, lo acontecido esos fatídicos y reveladores 6 y 7 de noviembre de 1985, tanto al interior del Palacio, en la Casa de Nariño, en la Casa del Florero como en la vida nacional, reseñando incluso por menores del partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, cuya transmisión televisiva pretendió ocultar la incineración y destrucción del Palacio de Justicia. En “MURAL” aparece una breve y pertinente referencia a la investigación y el informe del Procurador Jiménez Gómez, en la página 382. “MURAL” proyecta en todas las dimensiones tan violento y execrable acontecimiento contra la civilidad y el derecho, sin las cuales no existe democracia y desde entonces vivimos atrapados en esta tramoya política tanática, que alterna magnicidios y masacres con periódicas elecciones. Silva Romero lo hace con el rigor de un documentalista y recorre con la cámara de la memoria al hombro, en medio del fuego, los infernales laberintos del Palacio. Retoma así literariamente la senda de la escuela italiana del cine realista de Roberto Rossellini (“Roma, ciudad abierta”, 1945) Y Vittorio De Sica (“Ladrón de bicicletas”, 1948) complementada con el vértigo violento de las películas de Tarantino, siendo todos estos directores superados por el horror dantesco del Palacio y la pluma de Silva Romero.

Un “MURAL” para Jiménez Gómez

Con el propósito de agregar una imprescindible escena a esa visión panorámica e integral que nos brinda “MURAL”, es preciso proyectar algunas valiosas claves que aportó el informe del Procurador Jiménez Gómez. Especialmente para comprender la turbia y criminal relación entre el poder civil y el militar, develado brutalmente por el fatídico desenlace del asalto delirante y terrorista del M-19. Un asalto para presentar una irónica demanda armada titulada “Antonio Nariño, por la defensa de los derechos del Hombre” y enjuiciar al presidente Belisario por su incumplimiento del Acuerdo de Paz. Para ello, voy a permitirme citar apartes de dicho informe y denuncia que tuvo y tiene el inmenso valor y coraje civil de haber sido la primera voz en condenar en forma rigurosa y valerosa la atroz vulneración de los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario y del artículo 121 de la Constitución política de 1886, que exigía al presidente Belisario y a la Fuerza Pública el respeto absoluto de Derecho de Gentes. Así lo expresó Jiménez Gómez claramente: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”.  Por eso, en el acápite referido a la “Tesis del acto de guerra” señaló: “Eso fue uno de los tantos combates que una de esas bandas terroristas que asuelan al país protagonizan aquí y allá, indistintamente. Los terroristas no son guerreros nobles; ellos actúan cayendo por sorpresa…y con llamar a sus asaltos acto bélico, aquí no se busca magnificarlos política o jurídicamente, o elevar su nivel de consideración ante la opinión nacional. No se trata de ellos, sino de los civiles que se ven implicados en sus pendencias”. Para concluir en el punto tercero: “Todos estos actos, que en muchas direcciones pueden seguramente originar buenos efectos, en este sentido han engendrado uno malo, pésimo, que el Procurador General no puede disimular: han disminuido el sentimiento de seguridad de los ciudadanos, que mientras no se censure esta demasía, saben que en el evento de verse fortuitamente envueltos dentro de un mismo espacio con una cuerda de forajidos, pueden ser exterminados por la Autoridad sin que su inocencia amerite el que se haga hasta el último esfuerzo por su rescate”.

Archivo funesto de la denuncia

Lamentablemente estas democráticas y firmes consideraciones del Procurador no fueron atendidas y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, con fundamento en una ponencia presentada por los entonces Representantes liberales Horacio Serpa, Carlos Mauro Hoyos y el conservador Darío Humberto Ordoñez, solicitaron su archivo, con la peregrina tesis de tratarse de un “típico acto de gobierno”, por lo cual el Legislativo no tenía competencia para juzgar. Así las cosas, quedaba al desnudo la más grave y mortal verdad sobre la quintaesencia de la relación entre el poder civil y el militar en esta democracia de mascarada, como es su relación simbiótica de impunidad, que luego se expresaría en la llamada política de “seguridad democrática” con un saldo de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, conocidos cínicamente como falsos positivos. Habría que concluir, entonces, que no cabe hablar de un supuesto “pacto de silencio gubernamental” para encubrir responsabilidades mutuas entre civiles y militares por lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985, sino más bien de un pacto estratégico sustancial entre dichos poderes, que expresa bien una de las dimensiones históricas de un régimen político electofáctico como el nuestro. Un régimen que periódicamente diluye sus crímenes y corrupción, con nuestra aquiescencia, bajo la coartada de las elecciones. Un régimen cuyo origen actual se remonta, por lo menos, al Frente Nacional con su permanente estado de sitio como fórmula de gobernabilidad y que se prolonga hasta nuestros días con los bombardeos contra cambuches guerrilleros donde continúan muriendo menores de edad, reclutados por “esas bandas terroristas que asuelan al País aquí y allá”, como con exactitud las caracterizó hace más de 40 años el Procurador Jiménez Gómez.

[i] https://calicantopinion.blogspot.com/2021/01/

“ESTA CASA ABORRECE LA MALDAD, AMA LA PAZ, CASTIGA LOS DELITOS, CONSERVA LOS DERECHOS, HONRA LA VIRTUD”. (La placa se leía a la entrada del antiguo Palacio de Justicia cuando un tanque de guerra violentó su puerta).

“La arquitectura está del lado de los asaltantes: los protege, los oculta, los favorece. Están atrapados, pero no hay cómo darles el golpe de gracia. Hay que romper el edificio”.

El escritor David Marín García, un bogotano formado como antropólogo, documentalista y fotógrafo de viajes, escribió una obra, que sin ser ficción, se lee con la fascinación de un relato novelesco, bien escrito, -periodismo narrativo o literatura forense, como queramos verlo-, que cuenta con lujo de detalles lo que ocurrió al interior del Palacio de Justicia durante las 28 horas agónicas que transcurrieron en Bogotá entre el 6 y el 7 de noviembre, hace cuarenta años.

Como explica el autor, “este libro se basa en una investigación que utilizó un modelo digital de reconstrucción tridimensional, de alta resolución, levantado a partir de los testimonios judiciales de unas 1.200 personas que relataron sus experiencias directas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985”.

Me cuenta David que, además de él, en ese trabajo de reconstruir el Palacio participaron, entre otros, cuatro arquitectos, tres médicos, dos abogados, dos antropólogos físicos, dos editores de vídeo, un editor de audio y un programador. Considera que modelos digitales de reconstrucción tridimensional podrían usarse en otros casos para arrojar luces sobre hechos no resueltos en Colombia.

“… abandona por fin el edificio la última persona que pudo decir que fue rescatada de la toma del Palacio: Jaime Betancur Cuartas, el hermano del presidente de la República. Sin su presencia, el edificio pasa a ser el escenario de una operación de exterminio”.

“Los que estaban en el baño habían escuchado al presidente Reyes Echandía pedir que cesara el fuego. Y había sentido en el abdomen la reverberación de la ráfaga con la que lo silenciaron para siempre”

Portada del libro “Perdida en el fuego”, de David Marín García, (editorial Planeta, 271 páginas)..

El relato es sobrecogedor, a veces descarnado, siempre angustiante, como una película de dieciséis capítulos que pasa ante los ojos del lector, llevándolo a revivir la muerte en vida de los que de todas maneras iban a morir.

“…una multitud de cadáveres, restos humanos aún tibios, personas que se quejaban entre espasmos, gente que aún gritaba pidiendo ayuda” (…) Magistrados a quienes nadie escuchó, olvidados en fosas que no eran suyas”.

“La identidad de una de las empleadas del restaurante estaba escondida entre los restos que habían sido arrojados como basura en ese hueco en el sur de la ciudad”.

Es una investigación rigurosa que nace de la curiosidad del autor cuando de niño -tenía seis años entonces-, observaba aquel escenario de guerra mientras caminaba por la Plaza de Bolívar, “convertida en lugar de peregrinación para los curiosos”. Esa misma curiosidad lo invade a uno como lector desde el primer párrafo.

Le pregunto a David qué lo llevó a tomarse tan en serio un trabajo tan complejo, siendo que su familia no tuvo relación alguna con los hechos. “La necesidad de responder mis propias preguntas sobre los sucesos, sacudirme el golpe de saberme (como el resto del país) deliberadamente engañado, y poder quedar satisfecho con las respuestas para no tener que repetir el ejercicio. Sé que era niño cuando ocurrieron los hechos”.

El escritor David Marín, quien fue fotógrafo de prensa hace un cuarto de siglo, conversa sobre su obra con el periodista Óscar Durán, en la Librería México de Bogotá. Fotografía: Alexander Velásquez.