En marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa de ese país que se presentó como una alianza regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese momento fueron 12 países de América Latina los que se unieron a la iniciativa. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago fueron parte de esa primera foto en la que aparece Trump sentado en una mesa rodeado de estos mandatarios, todos de pie. Chile, sin embargo, estuvo presente solo como observador, su adhesión formal al Escudo de Las Américas se concretó en septiembre.

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Ahora son 17 los países de América Latina y El Caribe que forman parte del Escudo de Las Américas. Entre los últimos que se han sumado están Colombia, con Abelardo de la Espriella, y Perú, con Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones presidenciales. Guatemala, Jamaica y Belice también se han unido a esta coalición, mientras Bahamas permanece como observador. Todos los presidentes que se han unido a esta propuesta impulsada por Estados Unidos son afines, en términos ideológicos, a la política de Estados Unidos.

“No es un acuerdo amplio en que todos los países pueden intervenir, sino que es una propuesta que surge desde Washington y que tiene que ver con intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es una iniciativa vertical que tiene connotaciones políticas, económicas y militares”, dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Acosta agrega que el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un pretexto de Estados Unidos para establecer “un manejo económico que le garantice el control del suministro de los recursos estratégicos«, entre los que se encuentran minerales como el litio y el cobre.

Desde Chile, el economista Fernando Estenssoro, director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es más duro en su crítica a esta iniciativa, a la que cataloga como “nefasta para la soberanía de la región” y enmarcada en la pugna geopolítica de Estados Unidos con China.

Estenssoro agrega que el interés de Trump está en “los recursos naturales, en el petróleo, en el cobre”, en los minerales críticos y las tierras raras porque “Estados Unidos está en el proceso final de su declinación hegemónica, por tanto, ellos consideran que los recursos de nuestro continente, sobre todo Sudamérica, no pueden ir a parar a manos del ‘enemigo’ [China], sino que tienen que quedar en manos de Estados Unidos”.

El interés por los recursos naturales

“Tenemos más de 20 millones de kilómetros cuadrados y nuestros países son privilegiados en todo tipo de recursos naturales. También en tierras raras y en los minerales estratégicos que son necesarios para la digitalización y para las nuevas tecnologías”, comenta Estenssoro sobre el interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.

Estenssoro menciona que en Sudamérica está “la mayor reserva de petróleo del mundo”, refiriéndose a Venezuela. “Tenemos litio, tenemos Amazonía en Sudamérica, una gran fuente de recursos naturales y, además, un recurso en sí mismo porque presta servicios ecosistémicos. Tenemos agua, desde México hasta la Patagonia”, advierte.

En América del Sur, por ejemplo, se ubica el denominado Triángulo del litio, un espacio geográfico entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra la mayor cantidad de reservas mundiales de este elemento, que es un componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros equipos.

Sudamérica también tiene grandes reservas de otro mineral estratégico: el cobre. Un material de gran demanda en la industria de la construcción por su importancia para la fabricación de cables eléctricos, tuberías y sistemas térmicos, además de ser importante para la industria automotriz por su uso en la fabricación de motores y componentes electrónicos. El primer productor de cobre en el mundo es Chile, mientras que Perú ocupa el tercer lugar en la lista. En ambos países, China es el principal comprador de este mineral.

Sin embargo, el interés en el cobre no está solo en estas dos naciones. Aunque Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, actualmente  buscan abrirse paso en el mercado global, señala una investigación publicada por Mongabay Latam en julio de este año. El potencial es claro: el 40 % de las reservas mundiales de este metal se encuentran en Latinoamérica por lo que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea están en la búsqueda de nuevas alianzas con los países de la región.

En la Declaración conjunta relativa a la soberanía del hemisferio, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, se mencionan los tres pilares del Escudo de Las Américas: económico, de seguridad y coordinación multilateral.

El que se refiere a la economía dice específicamente que se va a potenciar “la cooperación económica, explorando mecanismos de control de las inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

“Es un juego de palabras, porque lo que quieren es asegurarse el control de los recursos naturales”, comenta Acosta sobre el texto que se incluye en la declaración de Estados Unidos. En ese contexto, menciona los tratados bilaterales de inversiones que el país norteamericano está firmando con los países que forman parte del Escudo de Las Américas. Por ejemplo,  menciona el convenio suscrito con Ecuador, en marzo de este año, “para asegurar el acceso a los recursos estratégicos”.

El 4 de febrero de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para la cooperación que incluye el suministro y procesamiento de minerales estratégicos como oro, cobre, plomo y tierras raras, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero. El acuerdo ha sido cuestionado por el Legislativo ecuatoriano.

En marzo de 2026, Chile y Estados Unidos también firmaron una Declaración Conjunta para establecer consultas de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Ese mismo mes, Perú y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras.

“Lo que se quiere es minimizar la presencia de China en el continente”, dice Acosta sobre la importancia geopolítica de esta iniciativa. Pero también suma otro componente detrás del Escudo de Las Américas: “la militarización de las sociedades”.

¿Territorios militarizados?

Para Acosta lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para asegurarse el control de nuestros países”. Pone como ejemplo “la ley que se aprobó [en Ecuador] hace un par de meses [en agosto]” porque “abre la puerta a la militarización de los territorios donde hay minerales para romper la resistencia de las comunidades que defienden esos espacios vitales, señalándolos como narcoterroristas de ser del caso”.

Y es que Donald Trump, durante su intervención en la versión 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, dijo que «Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos».

Trump aprovechó la asamblea de la ONU para realizar una reunión con los presidentes y representantes de los países que forman parte del Escudo de Las Américas que estuvieron en Nueva York. Durante la cita mencionó la riqueza natural de estos países y les pidió evitar que potencias externas hostiles se apoderen de ella.

Ricardo Soberón, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, también habla de lo que significa el Escudo de Las Américas para el país y para  Latinoamérica. “El costo de haber suscrito ese acuerdo político es demasiado grande para Perú porque acarrea acuerdos sobre inversiones, sobre explotación de minerales estratégicos, una posición frente a China y al puerto de Chancay. Hay muchas cosas por fuera de la lucha contra la criminalidad. A mi juicio, ha sido un terrible error. No ha habido una interlocución, un diálogo, un acuerdo entre países”.

Soberón considera lamentable que Perú y otros países de la región hayan “agachado la cabeza a este acuerdo” que, supuestamente, no es vinculante porque no es un tratado internacional, sino un acuerdo político. El problema es que “debajo de ese paraguas van a venir una serie de cartas, acuerdos, memorándum de entendimiento”.

El experto peruano también menciona los acuerdos sobre minerales estratégicos firmados con Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y lo sucedido en Venezuela, donde Estados Unidos “se ha adueñado del sector petrolero a partir de una decisión militar”. El ex jefe de Devida precisa que el Escudo de Las Américas ha logrado “asentar su presencia en la región sin ofertas financieras concretas” y recuerda que iniciativas como el Plan Colombia contaban con fondos comprometidos, pero que en esta ocasión solo se trata de “discursos vacíos de Donald Trump y Marco Rubio, utilizando la mayor presión política posible y los hechos del 3 de enero en Caracas que  permiten dar cuenta de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en la región”.

Los minerales detrás de la tecnología

Para Alberto Acosta, lo que Estados Unidos pretende es asegurar la tecnología para la inteligencia artificial, la cual requiere gran cantidad de minerales. “Actualmente, el consumo de minerales no solo es para la transición energética, sino que hay otros dos rubros que no siempre aparecen: el armamentismo y la inteligencia artificial”, precisa.

En el caso de las armas se requieren minerales de punta para su elaboración y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La lista de minerales usados para la fabricación de armas incluye grafito, cobalto, aluminio, litio, manganeso y tierras raras, entre otros. En el caso de la inteligencia artificial están el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, entre otros. “Ambas cosas tienen mucho que ver con los intereses de Washington. Estados Unidos es un imperio en decadencia y su talón de Aquiles es la tecnología”, asegura Acosta.

El economista ecuatoriano agrega que el gobierno de Trump está tratando de “disputar espacios tecnológicos con China” y parte de esa disputa es asegurar el acceso a minerales estratégicos. “No sólo son minerales, agua, biodiversidad, sino que, simultáneamente, Washington cuenta todavía con una gran ventaja comparativa que es su fortaleza militar”, menciona.

Estenssoro también entra al campo de la disputa por los minerales estratégicos y las tierras raras y pinta un panorama para los próximos 15 o 30 años cuando “la escasez de los recursos sea brutal”. “Eso lo saben todas las agencias estratégicas, está probado por Naciones Unidas, solo que antes se veía como un futuro muy lejano y hoy día está aquí”.

En la pugna con China por la tecnología, dice Estenssoro, “los últimos espacios que se están disputando son los microchips”, comenta, pues la industria automotriz, que era la gran industria de Estados Unidos y de Europa, ahora está siendo copada por marcas chinas. “Es cuestión de tiempo, quizá en cinco años la Boeing sea de capitales chinos. La tendencia es que China va subiendo y Estados Unidos va bajando”. En este contexto, añade Estenssoro, “el Escudo de Las Américas busca establecer un protectorado económico sobre nuestros países. Es una política de recolonización”.

Ricardo Soberón agrega que para el caso peruano, “en términos de minerales tradicionales como oro, plata, níquel, zinc”, lo que busca Estados Unidos es “asegurar las cadenas de suministro”, y en el caso de los minerales estratégicos, “generar las condiciones para que la empresas norteamericanas y no las chinas sean las que aseguren la compra y venta de esos minerales”. “Estamos en un proceso de confrontación empresarial donde la capacidad de influencia china es fuerte, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que en el hemisferio occidental nadie va a entrar a reemplazarlo”.

*Imagen principal: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas en marzo de 2026 . Foto: cortesía Casa Blanca.

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Quien empezó a regalarnos sus OBRAS LITERARIAS, verdaderas JOYAS de COLECCIÓN las que Uds tienen el lujo de CONOCER…y a partir de AHORA COLECCIONAR…

HOY nos aporta este..:

LOLA LAFON, CUANDO ESCUCHES ESTA CANCIÓN

 Lola Lafon

Cuando escuches esta canción

Adn, 2022

187 pgs

PVP: 18, 45 euros

Lola Lafon, francesa de ascendencia franco-ruso-polaca, judía, que pasó su infancia en la Rumanía de Ceaucescu, decide un día pasar una noche en el Museo de Anne Frank, concretamente en el Anexo, para luego escribir sobre su experiencia. No pretende así penetrar más adentro en su difuso judaísmo, sino más bien homenajear a la víctima más reconocida de la Shoa, y de paso a sus queridos abuelos, que sobrevivieron escondidos en Francia, y al resto de sus familiares fallecidos en los campos de la muerte.

Anne Frank, como todo el mundo  sabe, escribió durante su cautiverio en su escondite en Amsterdam un diario, diario que acabo de leer por primera vez.  En él cuenta las cuitas de una niña de trece, catorce, quince años según pasa  el tiempo, encerrada en unos pocos metros cuadrados con otras siete personas, su familia, otra familia más y un dentista. Allí, mientras se va presentando en ella la adolescencia sufre todos los desencantos de la promiscuidad, de la escasez de comida, ropa, utensilios de aseo. No se lleva bien, realmente bien, más que con su muy querido padre…el resto es historia que todos conocemos, ella perecerá de tifus en uno de esos desdichados campos, sólo su padre sobrevivirá, de los ocho que estuvieron confinados esos casi tres años.

Y nuestra autora va a emprender su via crucis en en Anexo donde estuvo Anne con los zarpazos del covid aún presentes. Y rememorará su propia vida mientras busca encontrarse con esa famosa niña. Al final sabemos que durante su infancia en Rumanía conoció a un simpático chico camboyano del que se hizo amiga, que estaba allí de paso con su padre diplomático al que los jemeres rojos obligaron a volver. El joven le escribía cartas de camino a su país, donde encontraría la muerte, como casi la mitad de la población: de genocidio en genocidio, fascista, nazi o comunista, tanto da.

El museo es un albergue frío donde no dejan siquiera tomar café, y Lafon deambula mirando fotos, recordando, doliéndose. Nos deja un bello testimonio de la niña Anne y de la propia niña Lafon. Ahora los sátrapas como Netanyahu o Putin llevan  a cabo nuevos genocidios, no parece que avancemos.”

Y como FINAL de este RACONTO…nos resume así..:

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CONTINUARÁ

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Hugo Fernando Kerguelén García, alcalde de Montería.

Montería es hoy la envidia de las capitales de Colombia. Su alcalde, Hugo Karguelén, ingeniero civil de ascendencia libanesa, logró una hazaña: recuperar cuatro lagunas de oxidación abandonadas —a donde iban a parar buena parte de las aguas residuales de la ciudad—, para transformarlas en un nuevo pulmón verde para beneficio de sus casi 600 mil habitantes.

“Eran 13 hectáreas, un terreno que nadie quería mirar”, dijo emocionado el mandatario desde Málaga, España, a donde viajó para recibir el premio “100 Líderes Innovadores” por este ambicioso proyecto, hoy con nombre y apellido: Parque Botánico Las Lagunas.

“Ese lugar puso a Montería frente al mundo. Por medio de la restauración ambiental hemos convertido un pasivo en naturaleza, turismo y oportunidades para nuestra gente”, expresó Kerguelén durante su intervención en el foro global Greencities 2026, que concluyó este miércoles en la llamada Ciudad de la Costa del Sol.

Allí se reunieron expertos de más de 80 ciudades y municipios que lideran apuestas en materia de sostenibilidad, gestión de residuos, iluminación, digitalización y movilidad, retos que están moldeando las ciudades del futuro desde el presente.

Hugo Kerguelén es el primer alcalde latinoamericano en ser reconocido con el premio “100 Líderes Innovadores”

“No es el premio de un alcalde. Es el premio de una ciudad que entendió que el obstáculo también es el camino”, dijo el mandatario al recibir la placa de líder innovador “por su compromiso y liderazgo visionario y transformador como referente global”.

Montería, la capital de Córdoba, está hoy en el mapa de las ciudades que son la prueba de cómo la voluntad política puede generar soluciones reales para problemas reales, y de cara a escenarios complejos como el cambio climático.

“Colombia es mucho más grande que sus postales de siempre. Cuando piensen en Colombia, piensen en Montería, que es una ciudad intermedia de nuestra región Caribe, y también somos Colombia”, concluyó Kerguelén ante un Palacio de Ferias y Congresos de Málaga colmado de gente visionaria.

Con una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos, el Parque Botánico Las Lagunas abrirá sus puertas en 2027. La obra desplegará sus atractivos en un área de 120 mil metros cuadrados con espejos de agua, jardín botánico, mariposario, puente peatonal elevado, mirador y un Centro de Interpretación Ambiental. Para el alcalde, éste será “el Central Park de Nueva York pero en el Caribe colombiano”.

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

Las diferentes especies de primates de América Latina padecen una crisis ecológica alarmante y se encuentran en las categorías de mayor riesgo según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una buena parte de los primates están a un paso de la extinción en estado salvaje debido a la destrucción masiva de sus hábitats, pero también debido a la caza y el tráfico ilegal. En diferentes países existen planes para salvar a estas especies.

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Mongabay Latam contactó a expertos de Bolivia, Colombia y Perú para conocer las amenazas que sufren las 217 especies de primates que viven en América Latina.

Entre los más afectados de la región figuran el mono araña o marimono (Ateles chamek), el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps). También, el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps). Estos datos son recogidos por la UICN.

El refugio en Bolivia que rescata a primates víctimas del mascotismo

Senda Verde es uno de los refugios de animales más grandes de Bolivia. Allí habitan 350 primates de al menos nueve especies, que, explica su directora, Vicky Ossio, fueron rescatados del tráfico ilegal. Muchos de ellos fueron capturados para ser vendidos como mascotas. Ahora, este refugio también enfrenta la amenaza de la minería ilegal que avanza sobre sus límites geográficos.

“Todos los primates que están ahora en el refugio fueron víctimas de tráfico ilegal. La mayoría de las especies que están en Senda Verde son el mono araña, los monos aulladores y los capuchinos, que, solo ellos, conforman un grupo de más de 140 individuos”, detalló Ossio en contacto con Mongabay Latam.

La experta relató que los primates llegan a Senda Verde en “pésimo estado” porque al ser víctimas de tráfico o ser utilizados como mascotas las condiciones de estas especies son “deplorables” debido a la alimentación que recibieron. Por ejemplo, contó que la última primate que llegó al refugio es una cría de mono araña y que la familia que la tenía le daba pan y leche de vaca.

“Llegan mal alimentados porque la gente que compra estos primates que son víctimas de tráfico piensa que hacen bien dándoles comida de humanos. Alimentar mal a un animal constituye maltrato y es importante que la gente sepa eso. Los primates llegan [a Senda Verde] físicamente y mentalmente muy dañados. Hay que recuperar la confianza y algunos no se recuperan nunca”, relató Ossio.

La directora de Senda Verde afirmó que en Bolivia la especie de primate más afectada por el tráfico ilegal es el mono araña o marimono, el primate más grande de ese país. “Esta especie es la más vulnerable no solo por tráfico, sino también porque son alimento de pueblos indígenas”, dijo Ossio.

Esta especie enfrenta un escenario cada vez más preocupante en Bolivia. La especie fue recategorizada en 2026 de Vulnerable (VU) a En Peligro (EN) en la nueva edición del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, debido al fuerte descenso de sus poblaciones y al incremento de las amenazas que enfrenta.

La evaluación científica establece que la población del mono araña o marimono a nivel global se redujo en al menos un 50 % durante los últimos 45 años. Entre las principales causas se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat por incendios, deforestación, construcción de caminos, minería y expansión agropecuaria. A esto se suman la cacería, el tráfico ilegal y el uso de estos animales como mascotas.

Estas actividades están prohibidas por la normativa boliviana que protege a la fauna silvestre, ya sea a través de la Ley 1.333 de Medio Ambiente como del Decreto Supremo 4489, que refuerza las disposiciones relacionadas con la conservación, bienestar y preservación de la fauna silvestre, incluyendo restricciones a la caza, comercialización y tenencia ilegal.

El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia explica que el mono araña o marimono permaneció en la categoría Vulnerable durante evaluaciones anteriores y que ahora su situación exige medidas de conservación más urgentes. Según Ossio, una de las mayores dificultades para recuperar las poblaciones de mono araña está relacionada con su baja capacidad reproductiva.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los cuatro y seis años y tienen, en promedio, una sola cría cada tres o cuatro años. Esto significa –dijo Ossio- que la pérdida de individuos adultos o de crías tiene consecuencias importantes para la supervivencia de las poblaciones.

Después de períodos de cacería o extracción, la recuperación puede tomar décadas, especialmente cuando la pérdida de animales ocurre al mismo tiempo que la destrucción de los bosques donde viven.

Ossio denunció que en Senda Verde, el refugio que está en los Yungas de La Paz, la minería ilegal está destruyendo sus límites. La ambientalista informó que una cooperativa minera excavó con maquinaria pesada sobre una superficie de 100 metros cuadrados y una profundidad de hasta 30 metros. Esa acción pone en riesgo el santuario que alberga a más de 1100 animales de más de 70 diversas especies. Hubo dos aprehendidos, pero recuperaron la libertad.

Colombia: primates que pierden sus bosques

Colombia es el tercer país con mayor diversidad de primates en América Latina, pero más de la mitad de sus especies enfrenta algún grado de amenaza, según el estudio Retos de la conservación y el conocimiento de los primates en el departamento de Tolima, Colombia, publicado en la Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales.

En ese país hay 38 especies de primates, nueve de ellas endémicas. Las dos especies más afectadas son el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el mono araña café (Ateles hybridus), que en Colombia están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Andrés Link, biólogo y profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, explicó a Mongabay Latam que el mayor riesgo que enfrentan los primates en Colombia es la pérdida de hábitat en todas las regiones del país. “Se siguen perdiendo los ecosistemas naturales, los bosques, sobre todo, y eso lleva de la mano el declive de las poblaciones de los primates que dependen de estos bosques para vivir”, dijo el experto.

Link añadió que el tráfico y la cacería son las otras amenazas que enfrentan los primates en Colombia. “Este sigue siendo un problema porque los primates tienen ciclos de vida muy lentos y les cuesta recuperarse de pérdidas de individuos de sus poblaciones. Hay un tráfico de vida silvestre bastante grande en Colombia y los primates son algunas de las especies que más se trafican”, afirmó el biólogo.

El experto es fundador de la Fundación Proyecto Primates, que se dedica al estudio y a proyectos de conservación de algunas de estas especies. Link es experto en el mono araña café, que en Colombia es uno de los monos más amenazados por el tráfico y la pérdida de su hábitat.

Los primeros pasos de Link cerca del mono araña café fueronen la zona de Macarena, donde trabajó como asistente de campo del científico Pablo Stevenson. Esa labor fue hasta que el conflicto armado lo obligó a salir en 2001, pues la extinta guerrilla de las FARC tomó el control de esa área. En 2005 regresó a Colombia y desde ese año no paró en su labor de defensor e investigador de los primates.

“Diría que lo primero que se debe hacer es tratar de detener la destrucción de los hábitats que todavía existen. En muchos sitios, por ejemplo, el bosque seco tiene menos del 5 % de lo que era el bosque seco original y la Amazonía se está perdiendo rápidamente. Entonces, la primera cosa para salvarlos sería proteger todos los hábitats donde ahora viven los primates”, dijo Link.

Un segundo paso, resaltó Link, será mejorar las condiciones de los primates a través de corredores y enriquecimiento de sitios que ya están degradados. “Pero lo más importante es detener la deforestación tan fuerte que se da en Colombia y tratar de detener el tráfico, que es la otra amenaza”, dijo el biólogo.

Como una medida de conservación, la Fundación Proyecto Primates construyó viveros de especies nativas y las plantó para crear corredores entre los bosques que aún quedan de pie. Con esta iniciativa los primates pueden moverse por una extensión más larga. Según esta fundación, hasta mayo de 2025 se sembraron alrededor de 15 de estos corredores.

“El proceso de recuperación del ecosistema es lento, realizado, precisamente, con la paciencia de personas que están acostumbradas a quedarse quietas por horas observando a monos araña en temperaturas que están por encima de los 30 °C y rodeados de mosquitos”, relató Link, quien añadió que, luego de tres años de plantar los primeros ejemplares, en los corredores se empezaron a ver pasar especies terrestres, como jaguares, pumas y paujiles. Y a los cinco o seis años comenzaron a transitar especies trepadoras de árboles, como los puercoespines y los mismos monos araña.

Perú: los regeneradores del bosque en peligro

En Perú, la situación de los primates tampoco es alentadora. Una de las principales amenazas para estas especies sigue siendo la pérdida y fragmentación de sus bosques.

Fanny Cornejo, directora ejecutiva de Yunkawasi y co-vicepresidenta de países andinos del grupo de especialista de primates de la IUCN, explicó a Mongabay Latam que esta pérdida se da principalmente por el cambio de uso del suelo, la expansión de actividades productivas no sostenibles y el desarrollo de infraestructura sin una adecuada planificación territorial.

“Como resultado, las poblaciones de primates quedan aisladas en espacios cada vez más pequeños, con menos alimento y mayores dificultades para desplazarse y reproducirse”, dijo Cornejo.

En el caso del tráfico ilegal, Cornejo explicó que muchas veces se mata a la madre primate para poder capturar a la cría. “Luego estos animales son trasladados durante días, escondidos en cajas o costales, sin alimento ni cuidados adecuados. Muchos mueren en el camino y los que sobreviven suelen llegar con heridas, desnutrición y un nivel muy alto de estrés”, lamentó.

Los primates, explicó Cornejo, cumplen un papel fundamental en la regeneración de los bosques porque dispersan las semillas de los frutos que consumen. “Por eso, cuando perdemos primates, también estamos perdiendo a algunos de los principales aliados que tienen nuestros bosques para recuperarse”, dijo la bióloga.

Según Cornejo, que obtuvo datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 3500 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal. Los mamíferos fueron el tercer grupo con más registros, después de las aves y los reptiles, y dentro de los mamíferos los primates fueron los más afectados.

“Pero esas cifras son solo una parte del problema. Por cada animal que logra ser recuperado, no sabemos cuántos otros recorrieron la misma ruta sin ser detectados o murieron durante la captura y el traslado. Mientras sigan existiendo personas que quieran comprar un mono, tenerlo como mascota, exhibirlo o utilizarlo para una fotografía, seguirá habiendo alguien dispuesto a sacarlo del bosque”, resaltó Cornejo.

La bióloga explicó que los primates que aparecen con mayor frecuencia en el tráfico son principalmente especies amazónicas, que son capturadas para venderlas como mascotas y trasladadas desde la Amazonía hacia otras regiones y ciudades. Según los últimos datos que obtuvo, los monos frailes o monos ardillas fueron los más encontrados por las autoridades, junto con los machines, los pichicos y los leoncitos.

“También se registran primates más grandes, como los monos choros, los maquisapas y los monos aulladores. En estos casos, el impacto puede ser todavía mayor porque para llevarse a una cría generalmente matan a la madre y estas especies tienen una reproducción lenta. La pérdida de un solo individuo adulto puede afectar a todo su grupo”, dijo Cornejo.

Además, la experta recalcó que un primate no debe vivir como mascota, ya que son animales muy sociales y que necesitan crecer junto con otros individuos de su especie, aprender de ellos y desplazarse por grandes áreas de bosque. “Una casa, una jaula o un patio nunca podrán reemplazar todo lo que necesitan para vivir y comportarse como primates”, dijo.

Como medidas de conservación, Cornejo explicó que se necesita mayor vigilancia en los lugares donde los animales son capturados, pero también en las carreteras y terminales de buses, puertos y aeropuertos, donde pueden ser transportados, y en mercados y redes sociales, donde suelen ser  comercializados.

Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027, que reconoce que este problema debe abordarse desde distintos puntos de la cadena: la captura, el transporte, la comercialización y la demanda. El reto es que estas acciones se mantengan en el tiempo y cuenten con recursos.

“Por ejemplo, en Amazonas, desde Yunkawasi trabajamos junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en la campaña ‘Yo no soy parte de la ruta del tráfico de fauna silvestre’. Nos enfocamos en uno de esos puntos de la cadena: el transporte. Trabajamos con empresas y transportistas para que pudieran reconocer posibles casos, conocer cómo actuar y comprender que también pueden convertirse en aliados para impedir que los animales sean trasladados fuera de sus territorios”, destacó Cornejo.

Sin embargo, aclaró que el control no será suficiente si no se reduce la demanda. “Todavía hay personas que piensan que comprar una cría es rescatarla o darle una vida mejor, cuando en realidad esa compra hace que otros animales sean capturados. Necesitamos hablar de este tema en las escuelas, con las familias, con los turistas, con las empresas y en las redes sociales”, resaltó.

*Imagen principal: Mono lanudo de cola amarilla en cautiverio. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La civilización no va a alcanzar la perfección hasta que la última piedra de la última iglesia caiga sobre el último sacerdote”: Émile Zola, escritor y periodista francés.

Amén, hermanos, el Medioevo ha vuelto. ¡Palabra de Dios!  

Desde chiquito me enseñaron a no burlarme de los mayores, pero pierdan cuidado porque soy más viejo que el señor presidente. Cuando él nació, yo tenía siete años. Sabía leer y escribir pero nunca aprendí a persignarme, por la sencilla razón de que capaba iglesia para irme a la biblioteca, así que no estoy bautizado y, hasta dónde entiendo, tengo mi lugar reservado en el Purgatorio cuando muera. 

Desde el 7 de agosto, Colombia no estrenó un Presidente de la República; estrenó un Sumo Pontífice con aires de tenor italiano y ex-ateo, con casi 13 millones de fieles que lo veneran como al primer santo costeño de su devoción. Quienes tuvimos el tupé de ver la transmisión de la posesión presidencial no sabíamos si estábamos presenciando la investidura de un jefe de Estado o una misa campal, con sacerdote, rabino y pastor incluidos. Porque al que no quiere caldo… se le dan tres misas.

Faltó únicamente que el recién nombrado Ministro de Hacienda recorriera los pasillos del teatro con datáfono inalámbrico en mano, cobrando el diezmo a los asistentes para ir cuadrando el déficit fiscal que dejó Petro. Ya me la imaginaba yo diciéndoles: “una limosnita, por favor, que en breve se la descontaremos del impuesto al patrimonio”. Ah, porque se viene la Reforma Tributaria con gangazo para los ricos y tanganazo para los no ricos; es decir, clase media y pobres. ¡Ya es muy tarde para arrepentirse!

Confíen, hijos míos, los milagros existen. Y si no hay milagro, basta con la fe.

El doctor Abelardo ha decidido situarse cómodamente a la (ultra) derecha de Dios Padre, poniendo la fe por encima de la mismísima Constitución de 1991. En un país caracterizado por la ingenuidad patológica, la jugada sería maestra: ¿para qué gobernar con aburridas cifras de inflación, desempleo o inversiones en obras públicas, si ahora los indicadores de gestión se van a medir en número de conversos por metro cuadrado? A partir de hoy, el DANE no nos preguntará el nivel de ingresos, sino cuántos avemarías o padrenuestros rezamos antes del almuerzo para engrosar las estadísticas hasta alcanzar el 100% de creyentes.

El despliegue de sotanas, biblias y pastores con pretensiones corporativas —con el pastor Eduardo Cañas a la cabeza— dejó claro el poder que han acumulado ciertas iglesias a través del voto cristiano. No tienen el poder de multiplicar cinco panes y dos pescados para alimentar a una multitud hambrienta, pero en un santiamén transformaron a un ateo en crédulo.

Nos vendieron la idea de un Estado laico, pero lo que tenemos en frente es un “Ministerio de la Religión” en potencia, diseñado para complacer a cuanto dios ande suelto y evitar que la ira de alguno caiga sobre nosotros. San Abelardo ya existió en el siglo XVIII como erudito de las Santas Escrituras. Si las coincidencias no existen, la mala noticia es que la Edad Media acaba de aterrizar en Cali es Cali, porque lo demás es loma. Y se esparcirá como maná por todo el antiguo Reino de Granada.

Mezclar la Biblia con la banda presidencial es un cóctel explosivo, cuya resaca durará cuatro años. Toda una eternidad. Cuando la fe reemplaza a la razón y los versículos sustituyen a los artículos constitucionales, el debate político se transforma en dogma y la oposición en herejía. Entre tanta invocación, alabanza y palabrería celestial bonita, dio la impresión de que nos están armando una teocracia donde el castigo podrían ser —que sé yo, que soy un pobre diablo—, las llamas del infierno. Allá, donde reina Lucifer —no confundir con Luz y Fer—,  hay siete círculos, según Dante, para que el cliente escoja aquel donde se sienta más a gusto y menos sofocado.

El discurso del presidente del Congreso, Honorario Henríquez, que así lo llamó uno de los religiosos presentes, no le debió entrar por ningún oído al mandatario porque él estaba más pendiente de las tiernas travesuras de su hijita. Me acordé de los niños María Paz y Simoncito en los tiempos de Cesar Gaviria.

Letanía: ¡Oh, qué travieso es el poder! ¡Cuántas diabluras nos esperan! Prendan la luz, mis ojos no soportan tanto Oscurantismo.

Yo sí prefiero mil veces una fría y aburrida tecnocracia antes que un gobierno de rezanderos. Es infinitamente más provechoso para una nación que sus ciudadanos se aprendan de memoria sus deberes y derechos legales a que terminen voleando camándula y pelando rodillas por decreto gubernamental.

Tanto manoseo de lo divino en la política suele ser el síntoma inequívoco de que, mientras miramos al cielo esperando la patria milagro, en la tierra siempre habrá alguien haciéndole morcillas al diablo.

La misa ha terminado -o empezado, no sé- No hubo saludo de la paz ni la paz esté con vosotros, porque el presi ya dijo que las vías del diálogo están agotadas. ¡Por los clavos de Cristo, que se juntó con impíos y pecadores, no hablemos ya de los ladrones que le pusieron a lado y lado para crucificarlo! 

Queridos lectores: Dígame que lo que sigue no es el Santo Oficio de la Inquisición para los periodistas que cometan herejía. ¡Cualquier megacárcel, menos la hoguera!

Aleluya!!!

Durante el fin de semana del concierto, la actividad económica local generó cerca de 85.000 millones de pesos, se activaron casi 3.000 empleos y la ocupación hotelera llegó al 100 %. Ese impacto no es casualidad: es la expresión más visible de una ciudad que ha construido, durante décadas, una vocación de servicio, logística y calidez que hoy la posiciona como un destino de clase mundial para eventos de todo tipo.

Desde la primera Feria de Cali en 1957, pasando por los Juegos Panamericanos de 1971, los Juegos Mundiales de 2013 y los Panamericanos Junior de 2021, la ciudad ha tejido una identidad ligada a recibir al mundo. Ese camino encontró su hito más reciente en la COP16, la cumbre mundial de biodiversidad que en 2024 reunió a delegaciones de cerca de 200 países, y que confirmó a Cali como destino para encuentros empresariales de talla internacional.

Su realización dejó una experiencia que hoy se traduce en mayor confianza para asumir retos de gran envergadura, al punto de que eventos que tradicionalmente se realizaban en otras ciudades ahora ‘juegan de local’ en Cali. Es el caso de Agroexpo, que se realizará entre el 2 y el 6 de septiembre próximos, con un impacto económico proyectado superior a los 23.000 millones de pesos, cerca de 20.000 visitantes y la participación de más de 110 empresarios y delegaciones de países de los cinco continentes. Cali, además, fue confirmada como sede permanente de Agroexpo cada dos años.

Esa misma confianza abre paso a Smart City Cali Expo, que debutará en septiembre como epicentro de innovación urbana y sostenibilidad, que espera recibir a más de 3.000 visitantes. Y a finales de julio el Encuentro ACOLAP y su Expo LAAE que llegaron por primera vez a la capital del Valle, reafirmando a Cali como sede de la industria de atracciones y entretenimiento en el país.

Un ecosistema multipropósito

Lo que hace posible que Cali sea hoy sede de un amplio menú de eventos no es casualidad: es un modelo de articulación público-privada que ha demostrado ser efectivo para cualquier tipo de evento de gran formato, ya sea empresarial, deportivo, cultural o académico. La Alcaldía de Cali, la Secretaría de Turismo, Cali Valle Bureau, la Cámara de Comercio de Cali, Invest Pacific y el sector privado han construido una relación de confianza que permite que la ciudad no solo reciba eventos, sino que los convierta también en oportunidades de inversión.

Los organizadores de eventos encuentran en Cali un destino que ofrece infraestructura logística de primer nivel, conectividad internacional y una calidez humana que transforma cada evento en una experiencia única. El modelo es, en el fondo, el mismo sin importar el formato: capacidad hotelera, transporte, recintos adecuados, seguridad, talento humano y una ciudad que es un gran huésped.

Esta realidad es, precisamente, lo que Invest Pacific pone hoy en el radar de los inversionistas globales. Cali ha demostrado que puede albergar eventos de clase mundial en cualquier industria. La experiencia acumulada en ferias, convenciones y cumbres internacionales es la misma que permite que hoy lleguen los artistas más grandes del mundo. Esa confianza se traduce en una agenda cada vez más ambiciosa: la Agenda Viva 2026, que desplegará más de 40 eventos de talla mundial entre agosto y diciembre, con la expectativa de recibir visitantes de más de 50 países.

Para todos los gustos

Ese espíritu de ciudad anfitriona se repite en cada tarima y en cada escenario deportivo. Eventos como el Festival Internacional de Teatro, Cali Distrito Moda, el Fanzone Mundial FIFA 2026 y la Media Maratón de Cali son prueba del dinamismo cultural y deportivo de la ciudad. Además, la reciente celebración de los 490 años de Santiago de Cali reafirma su identidad y su capacidad para congregar a miles de personas alrededor de su cultura y sus tradiciones.

El Festival Mundial de Salsa, en su edición 21 a realizarse entre el 24 y 27 de septiembre, y el Petronio Álvarez entre el 9 y 17 de agosto—que llegó a sus 30 años tras cerrar 2025 con más de 800.000 asistentes— siguen siendo los estandartes culturales de la ciudad, acompañados por el Festival Internacional de Ballet, la Bienal Internacional de Artes Gráficas, la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.

Noviembre reunirá tres hitos más: el Giro de Rigo Cali, con 10.000 ciclistas de más de 35 países; los Premios Macondo, que en 2026 tendrán a Cali como sede por primera vez; y Cali Orquídeas. El año cerrará con el Alumbrado Navideño y la Feria de Cali, que en 2025 registró una ocupación hotelera del 87 % y un impacto económico cercano a los 45 millones de dólares.

Esta nutrida agenda consolida a Cali como una de las plataformas de eventos más activas de América Latina, donde la cultura, el deporte y los negocios conviven y se potencian mutuamente, generando un efecto derrama que beneficia a toda la cadena productiva. Y todo esto es posible porque el sector privado ha encontrado en Cali un socio confiable y una ciudad que cumple, sin importar qué tipo de evento se le encargue.

Este calendario es posible gracias a una privilegiada plataforma de conectividad e infraestructura. Su epicentro logístico es el Centro de Eventos Valle del Pacífico, inaugurado en 2007 y que es hoy el segundo recinto multiformato más grande y moderno de Colombia, con más de 77.000 metros cuadrados y capacidad para 12.000 personas. A esa capacidad instalada se suma una oferta que supera los 1.000 salones adicionales en el departamento.

En conectividad, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón —cuarto del país por movimiento de pasajeros—, movilizó más de 6,9 millones de viajeros en 2025, con conexiones a diez destinos internacionales mediante 81 vuelos semanales y más de 38 vuelos diarios hacia Bogotá.

La sumatoria de estos factores explica por qué la Alcaldía de Cali proyecta superar este año los más de tres millones de visitantes que recibió la ciudad en 2025. Cada evento de gran formato activa la ocupación hotelera, dinamiza el comercio y la gastronomía, y abre una vitrina para que inversionistas y organizadores internacionales conozcan de primera mano la capacidad operativa de la región.

Cali invita a quienes la habitan y a quienes llegan de otras partes del mundo a vivir de primera mano esta transformación: a caminar sus calles, a llenar sus tarimas, a hacer negocios en sus salones de convenciones y a dejarse contagiar por su música y su gente. Porque en Cali, cada evento es una puerta abierta, y el mundo siempre está invitado a cruzarla.

*Por: Laura Adarve, Relaciones Corporativas Invest Pacific.

Crédito fotos: Alcaldía de Cali.

Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

Es una conversación entre la geografía tradicional y la nueva geografía del poder blando.

Esta paradoja me condujo a releer La venganza de la geografía, la célebre obra del analista geopolítico Robert D. Kaplan, reconocido por la revista Foreign Policy como uno de los “Top 100 Global Thinkers”. En ella sostiene una idea fundamental de las relaciones internacionales: los Estados no escapan fácilmente a los condicionamientos de su geografía, su ubicación estratégica, sus recursos naturales y su dimensión demográfica.

Durante siglos, especialmente bajo la tradición del pensamiento realista, el poder de los Estados se midió en kilómetros cuadrados de territorio, tamaño de la población, riqueza económica y capacidad militar. Bajo esa lógica, las grandes potencias parecían destinadas a dominar el escenario mundial, mientras los pequeños Estados quedaban relegados a una presencia marginal.

Sin embargo, en las Naciones Unidas cada Estado —grande o pequeño— dispone de un voto y una voz dentro de la comunidad internacional. En la FIFA ocurre algo semejante: ninguna selección alcanza la Copa Mundial por la extensión de su territorio, el tamaño de su economía o el número de sus habitantes; su presencia debe ganarse en el terreno de juego. Así lo demuestra Bosnia y Herzegovina, una nación de aproximadamente tres millones de habitantes, que dejó fuera de la Copa Mundial de 2026 a la histórica Italia, cuatro veces campeona del mundo.

El Mundial de 2026 nos ofrece, entonces, una lección que merece ser observada desde la perspectiva de la diplomacia deportiva: la geografía continúa imponiendo límites, pero el deporte permite ampliar las fronteras simbólicas de una nación y proyectar su influencia a través del poder blando.

La lista de países clasificados al torneo presenta un contraste revelador. Estados Unidos, con más de 340 millones de habitantes; Brasil, con más de 220 millones; y México, con más de 130 millones, representan grandes potencias demográficas del continente.

Pero en ese mismo escenario aparecen casos que desafían las proporciones tradicionales del poder.

Uruguay: un gigante del fútbol con apenas 3,4 millones de habitantes

Uruguay ocupa un lugar inmortal en la historia del fútbol mundial. Fue campeón del primer Mundial de 1930 y protagonizó en 1950 una de las mayores gestas deportivas del siglo XX al derrotar a Brasil en el histórico Maracanazo.

Su influencia futbolística supera ampliamente su dimensión geográfica y demográfica. Uruguay no posee un extenso territorio, una población numerosa ni una capacidad económica comparable con las grandes potencias, pero posee un activo igual de poderoso: una narrativa nacional construida alrededor de la excelencia, la resiliencia y una cultura deportiva profundamente arraigada.

Uruguay demuestra que un pequeño Estado puede convertirse en una potencia simbólica cuando logra transformar sus victorias deportivas en una historia que el mundo recuerda y admira.

Cabo Verde: un arquero, noventa minutos y la atención del planeta

Más sorprendente aún es el caso de Cabo Verde, un pequeño Estado insular africano de poco más de 600.000 habitantes que, gracias al escenario global de la Copa Mundial de la FIFA 2026, logró algo que muchas naciones buscan durante décadas: alcanzar una visibilidad internacional inmediata.

Su protagonista fue Josimar “Vozinha” Dias, arquero de 40 años, quien protagonizó una actuación memorable al mantener su arco invicto frente a la poderosa España, una de las grandes potencias del fútbol mundial. Su desempeño convirtió su nombre y el de Cabo Verde en una referencia internacional y demostró cómo un solo deportista puede proyectar la imagen de toda una nación. En efecto, Vozinha incrementó en menos de 24 horas su número de seguidores en Instagram pasando de 50 mil seguidores antes del partido con España a +10 millones, lo cual es un fenómeno viral que ejemplifica las fronteras de la influencia a través del poder blando

Este episodio demuestra que, aunque la geografía continúa imponiendo condicionamientos —como lo plantea Kaplan—, el deporte tiene la capacidad de desafiar las limitaciones tradicionales del territorio, la población o la capacidad económica de un Estado. En noventa minutos de fútbol, una pequeña nación puede ocupar el centro de la conversación mundial.

La diplomacia deportiva encuentra aquí una de sus expresiones más auténticas: un deportista hasta entonces poco conocido puede transformarse, gracias a su desempeño, en uno de los rostros internacionales de su país.

La nueva geografía del poder en el siglo XXI

El siglo XXI no ha derrotado a la geografía, pero sí ha demostrado que las naciones pueden ampliar su influencia más allá de sus fronteras físicas mediante la cultura, el deporte y las historias capaces de inspirar al mundo.

Los océanos, los recursos naturales, la ubicación estratégica y la capacidad económica continúan siendo factores determinantes del poder internacional. Kaplan tiene razón al advertir que la geografía sigue siendo una fuerza permanente de la política mundial.

Pero hoy existe una nueva dimensión del poder: la capacidad de generar admiración, construir una imagen positiva y proyectar valores. En esta nueva geografía del poder blando, un gol puede viajar más rápido que un tratado, una camiseta puede ser más reconocida que una bandera y un deportista puede convertirse en el embajador más influyente de una nación.

Uruguay demuestra que la historia deportiva puede convertir a un país pequeño en un gigante de la identidad global. Cabo Verde evidencia que incluso los Estados con menor población pueden encontrar en el deporte una ventana hacia el mundo. Bosnia y Herzegovina recuerda que el legado futbolístico de la antigua Yugoslavia continúa proyectándose en nuevas naciones capaces de desafiar a los gigantes tradicionales del deporte.

La verdadera lección del Mundial de 2026 es que las fronteras físicas siguen existiendo, pero las fronteras de la influencia se han vuelto mucho más flexibles.

*José Miguel Castiblanco. Embajador (r) de Carrera, consultor en Diplomacias Emergentes y director del Centro de Diplomacia Pública y Corporativa.

** Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.