Escribo desde la tensión de dos mundos que hoy me habitan y me chocan: la frialdad de las cifras que analizo y el calor de las vísceras que me dictan el camino; la esperanza que alguna vez cultivamos y la mediocridad administrativa que hoy nos asfixia. Esta columna es un ejercicio de sobriedad personal frente al ruido ensordecedor de los fanatismos. Para explicarles por qué hoy decido “mojarme”, recorreremos cinco estaciones necesarias: la fragilidad de nuestra democracia, el naufragio de la salud pública, el vacío que dejó un centro tradicional errático, la honestidad de una “llanta de repuesto” y, sobre todo, mi urgencia de re-existir sin entregar mi conciencia. Pasaremos del dolor que veo en los hospitales al cálculo pragmático de las urnas, porque para mí, elegir hoy es un acto de pura supervivencia ciudadana.

Mi derecho a elegir la democracia: un ejercicio de re-existencia

Hoy me planteo una pregunta sencilla: ¿queremos esta democracia imperfecta que nos deja pelear por lo nuestro, o nos arriesgamos a una dictadura perfecta? El peligro no es un invento. Autores como Steven Levitsky explican que las democracias mueren hoy cuando los líderes usan los votos para romper las leyes desde adentro. Eso es lo que percibo con el modelo del petrismo: un plan para entregar el poder a su propia línea ideológica, defendiendo procesos que solo muestran grietas.

Soy una mujer feminista de tiempo completo, una convencida del Feminismo Artesanal hasta los tuétanos. No hablo en nombre de todo el movimiento colombiano; hacerlo sería abusivo. Declaro que no me he matriculado en ningún partido político, aunque he estado absolutamente activa en procesos proselitistas y desde los activismos. He hecho el control político que ha estado a mi alcance, además de los trabajos sociales posibles y posibilistas. Digo esto sin puritanismo y sin delirios de superioridad moral: como educomunicadora, entiendo que la educación cívica se hace desde conversaciones situadas. Tengo claro que los partidos no son religiones. Mientras el político matriculado debe lealtad a su estructura, yo, como ciudadana común, solo me debo a mi criterio. Hoy me sitúo en el derecho a votar, putamente libre.

¿Es justo premiar a este Gobierno después del desastre en la salud?

Me pregunto con profunda preocupación: ¿es justo premiar a este Gobierno después de la crisis que ha provocado en la salud? Las cifras me desgarran y no mienten. Los informes más recientes ubican a Colombia con un rezago preocupante en mortalidad evitable y las tutelas por servicios han alcanzado niveles históricos. Veo con dolor cómo la inasistencia médica y las barreras de acceso están costando vidas que el Estado debería proteger. Este es solo uno de muchos motivos para no votar por Cepeda que encarna el modelo de gobierno petrista .

Sospecho que cuando logremos poner un Gobierno distinto y revisemos la gestión ejecutiva —incluyendo la llamada restitución de tierras—, la mediocridad administrativa brillará en todo su esplendor.

Los retrasos en la ejecución de presupuestos me demuestran que el problema no es solo de recursos, sino de una profunda incapacidad para gestionarlos.

La “llanta de repuesto” y mi orfandad política

Juan Daniel Oviedo ha sido brutalmente honesto y esa honestidad me interpela. La vicepresidencia en Colombia es, literalmente, una llanta de repuesto. Si revisamos la historia, desde Humberto de la Calle hasta Francia Márquez, el cargo ha sido a menudo ha sido ese ” llanta de repuesto”.

Esta figura de una centro-derecha intenta contener a los millones de colombianos que, como yo, estamos huérfanos de partido y no nos vemos en los extremos.

Tengo la esperanza de que, si este vicepresidente se hace visible y vela por los derechos con acciones concretas, podamos gestar en el futuro un movimiento social de centro fuerte. Oviedo decidió jugársela en esa posición para que el centro no se quede varado frente al desorden de quienes se dejaron absorber.

En el pasado escribí que Claudia López no sería mi presidenta por sus formas, mas luego voté por ella. Hoy, la realidad me pone frente a un escenario hostil: nos quitaron el Partido Verde y nos dejaron sin el espacio que se acercaba al equilibrio.

Mojarme en el centro frente a la sombra del fanatismo

En su libro “En contra del fanatismo”, Alejandro Gaviria advierte que el fanatismo es la renuncia a la duda. Yo creo que la democracia exige ciudadanos dispuestos a la conversación difícil. Mientras los idealistas dicen que la victoria de la izquierda no es segura, las cifras me muestran que el país podría quedar en manos del desquicio sin un control político que modere lo que viene.

He decidido mojarme con la derecha en esta vuelta sin ser de derecha.

Si mi voto sirve para que la primera presidenta sea una mujer uribista y el primer vicepresidente sea un hombre abiertamente homosexual de derecha moderada gana la política del simbolismo y tendremos que ver que pasa con los procesos ejecutivos y operativos en el transcurso. Si esta victoria llega es responsabilidad de las acciones de este Gobierno de nadie más.

Re-existir en mi propia sobriedad intelectual

Busco pensar mi propio pensamiento; pasar del saber sabido al saber comprendido y aplicado: la defensa del menor mal posible.

Voto sin idealismo porque hoy no encuentro una candidatura ideal.

Para mí, la diferencia radical es quiénes se comprometen a respetar la Constitución de 1991 y quiénes buscan una Constituyente para cambiar las reglas y abrir espacio a un modelo sin separación de poderes. Como sugería Joan Didion, mi deber es no dejarme seducir por las consignas que anulan mi criterio propio.

Escribo desde una trayectoria que nace de mis vísceras. Mi huella está en mis años de resistencia y en las calles. He perdido amistades por no arrodillarme ante una izquierda que hoy no me representa. Mi mente no es de piedra; tengo la valentía de cambiar de opinión cuando la realidad me demuestra que es lo justo y lo necesario.

Colofón: Al final del día, no busco el aplauso de las barras bravas ni la validación de un carné partidista. Mi compromiso no es con una bandera, sino con la posibilidad de seguir teniendo una voz en un país donde la libertad no sea un lujo. La vida me exige hoy una sobriedad intelectual, cognitiva, moral y emocional sin precedentes. Yo elegí. Estoy en el centro que se moja.

Quisiera empezar por lo esencial: ¿dónde estaba Colombia hace cuatro años y dónde está hoy en materia de política exterior?

Guillermo Fernández de Soto:
Es una muy buena pregunta para empezar porque obliga a mirar continuidad y ruptura. Durante décadas, Colombia tuvo una política exterior que, con diferencias entre gobiernos, funcionaba como una política de Estado. Eso significa algo muy concreto: había consensos básicos sobre los intereses nacionales y sobre cómo defenderlos en el escenario internacional.

No era una política perfecta, pero sí tenía una característica fundamental: la estabilidad. Existían espacios institucionales —como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores— donde se discutían los temas estratégicos. Había diálogo entre distintos sectores, había consulta, había continuidad.

Ese modelo se fue erosionando, y en los últimos años lo que vemos es una ruptura más profunda. Se abandonó la práctica del consenso, se debilitó la institucionalidad y se optó por una política exterior mucho más personalista.

Y esto tiene consecuencias. En política internacional, la confianza no se decreta, se construye. Y se construye con coherencia, con previsibilidad, con seriedad. Cuando un país pierde esos atributos, pierde capacidad de influencia.

Colombia, que había logrado una presencia importante en organismos internacionales, hoy tiene una participación más débil. No es que haya desaparecido, pero claramente ha perdido peso relativo. Y eso impacta directamente la defensa de sus intereses.

Andrés Rugeles:
Yo agregaría dos elementos clave para entender el momento actual. El primero es la trayectoria. Colombia había construido, a lo largo de décadas, una reputación internacional importante. Esa reputación no dependía de un gobierno en particular, sino de una acumulación de prácticas, decisiones y participación en escenarios multilaterales.

Esa trayectoria entró en crisis.

El segundo elemento es lo que denominamos en el libro la pentacrisis. Tradicionalmente se hablaba de cuatro crisis internas: fiscal, salud, energía y seguridad. Nosotros proponemos una quinta: la crisis internacional.

La política exterior también está en crisis. Perdió el consenso, dejó de ser una política de Estado, se debilitó la carrera diplomática y se redujo la capacidad de acción internacional.

Esto no ocurre en el vacío. Coincide con un deterioro en seguridad —con indicadores preocupantes— y con un desafío estructural en desarrollo. América Latina está rezagada frente a metas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Colombia no es la excepción.

Por eso proponemos una recalibración estratégica hacia 2050. Y en esa recalibración hay algo importante: recuperar la lógica de los consensos globales, como ocurrió con los ODS. Ese es un aprendizaje fundamental.

Diego:
El libro tiene un tono crítico, pero también propone. No es un diagnóstico pesimista, sino una invitación a corregir el rumbo. Hay una idea de que Colombia sí puede hacerlo mejor.

Andrés Rugeles:
Exactamente. El libro parte de un diagnóstico, pero no se queda ahí. Propone caminos. Y lo hace desde una combinación que consideramos valiosa: rigor académico y experiencia práctica.

Muchas veces los análisis se quedan en la teoría o, por el contrario, en la experiencia sin marco conceptual. Aquí tratamos de unir ambas dimensiones: entender y actuar.

Diego:
Hay un tema central que atraviesa todo esto: la diferencia entre política de gobierno y política de Estado. Puede sonar técnico, pero es clave. ¿Cómo explicarlo de forma sencilla?

Guillermo Fernández de Soto:
La diferencia es profunda, aunque puede explicarse de manera simple. Las políticas de gobierno responden al corto plazo, a las prioridades del gobierno de turno. Las políticas de Estado responden al largo plazo y al interés nacional.

En política exterior, esto es crucial porque los procesos internacionales son largos. Las relaciones entre países no se construyen ni se destruyen en cuatro años. Requieren continuidad, coherencia y acumulación de confianza.

Por eso también impulsamos la creación del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI). Surgió de una inquietud concreta: el creciente interés de los jóvenes por los temas internacionales y, al mismo tiempo, la falta de espacios accesibles para formarse y participar.

Encontramos algo interesante: sí hay conocimiento, sí hay bibliografía, pero no siempre está conectada con nuevas generaciones. El CORI busca precisamente eso: abrir espacios, generar discusión, producir contenido en un lenguaje claro.

Y hay un principio que defendemos con firmeza: la política exterior no puede ideologizarse. Cuando se convierte en un instrumento ideológico, pierde eficacia y credibilidad.

Andrés Rugeles:
Si uno mira los países que han logrado avances sostenidos —en desarrollo, en inserción internacional— encuentra un patrón común: construyen políticas de Estado.

Son países que piensan en el largo plazo. Que se preguntan qué quieren ser en 2050, incluso más allá.

Además, el mundo actual exige entender las megatendencias. El ascenso de Asia, el cambio climático, la revolución tecnológica, las transformaciones demográficas. Son procesos estructurales, irreversibles.

Un país que no se prepara para esas dinámicas queda rezagado.

Diego:
Vivimos un momento de desorden global. Tensiones geopolíticas, conflictos abiertos, cuestionamientos al sistema internacional. ¿Qué debería hacer Colombia en ese contexto?

Guillermo Fernández de Soto:
Hay un concepto clave: el multilateralismo.

Colombia ha sido históricamente un actor activo en ese sistema. Ha participado en la construcción de soluciones colectivas y ha tenido presencia relevante en distintos escenarios.

El multilateralismo tiene limitaciones, por supuesto. Pero sigue siendo esencial. Sin él, el mundo sería mucho más inestable.

Incluso con sus fallas, ha permitido coordinar acciones, establecer reglas y evitar conflictos mayores. La alternativa —un mundo sin reglas— sería mucho más peligrosa.

Andrés Rugeles:
Hay una idea que resume bien esto: “Es mejor ir en convoy que solos”.

Para un país como Colombia, es fundamental actuar junto a otros. No tiene el peso suficiente para influir de manera aislada en las grandes dinámicas globales.

Y además estamos en una transición. No sabemos exactamente hacia qué tipo de orden mundial vamos, pero sí sabemos que hay tensiones claras entre visiones unilateralistas y multilateralistas.

El libro toma una posición clara: Colombia debe apostar por el multilateralismo. Porque en un escenario dominado por el unilateralismo, Colombia tiene mucho que perder.

Diego:
Voy a plantear una pregunta directa: ¿cómo puede Colombia tener buenas relaciones con China sin afectar su relación con Estados Unidos?

Andrés Rugeles:
Esa es una de las preguntas centrales de la política exterior contemporánea. Y la respuesta está en dos principios: visión global y autonomía estratégica.

Colombia debe tener relaciones constructivas con todos los actores relevantes, pero defendiendo sus propios intereses. Eso implica evitar alineamientos automáticos.

La historia demuestra que es posible. Colombia ha logrado, en distintos momentos, mantener relaciones positivas con países que tienen tensiones entre sí.

Ahora bien, también hay realidades que no se pueden ignorar. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en múltiples dimensiones: comercio, inversión, seguridad, migración.

Esa relación es estratégica y debe ser cuidada. Pero eso no impide desarrollar otras relaciones. La clave es complementar, no sustituir.

Diego:
En ese contexto, ustedes proponen un “Plan Colombia 2.0”. Es una idea potente y también polémica. ¿Qué significa hoy?

Guillermo Fernández de Soto:
El Plan Colombia original fue un esfuerzo integral que combinó seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo social, con apoyo internacional.

Permitió modernizar capacidades del Estado, recuperar control territorial y generar confianza internacional. Fue posible gracias a un amplio consenso interno y respaldo externo.

Hoy el contexto es distinto, pero los desafíos son incluso más complejos. El crimen organizado transnacional se ha diversificado: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, delitos ambientales.

Un Plan Colombia 2.0 implicaría actualizar esa estrategia: cooperación internacional renovada, fortalecimiento institucional y un componente social sólido.

Andrés Rugeles:
Y añadiría algo fundamental: dimensión regional.

Estos problemas no son exclusivamente colombianos. Son redes transnacionales. Por eso requieren respuestas coordinadas entre países.

Hablamos de corresponsabilidad. Todos los actores —productores, de tránsito, consumidores— tienen un rol en la solución.

Diego:
Pasemos a la institucionalidad. ¿Qué ha pasado con la carrera diplomática y cómo se puede recuperar?

Andrés Rugeles:
Hay un fenómeno que afecta a todo el Estado: la alta rotación de funcionarios. Eso debilita la capacidad institucional porque no hay continuidad.

En política exterior, eso tiene un impacto especialmente fuerte.

Guillermo Fernández de Soto:
Además, ha habido un discurso que deslegitima el servicio exterior. Eso afecta la moral de quienes representan al país.

Y aun así, muchos funcionarios han seguido cumpliendo su labor con profesionalismo.

La recuperación pasa por fortalecer la institucionalidad: respetar la carrera diplomática, profesionalizarla, darle estabilidad y reconocimiento.

Andrés Rugeles:
El libro propone varias acciones concretas: revitalizar el servicio exterior, reactivar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y lanzar una nueva misión de política exterior.

El consenso no aparece por sí solo. Hay que construirlo deliberadamente.

Diego:
Para cerrar, una pregunta necesaria: ¿hay algo positivo que reconocer del gobierno actual en política exterior?

Andrés Rugeles:
Sí, y es importante decirlo. Hay un interés por ampliar la política exterior hacia el sur global.

Eso es valioso y debe mantenerse. Colombia tiene oportunidades importantes en ese espacio en términos de cooperación, intercambio y posicionamiento.

El punto es cómo se hace. No debe plantearse como una sustitución de relaciones tradicionales, sino como un complemento.

Diego:
Entonces, ¿cuál sería la invitación final?

Andrés Rugeles:
La invitación es a pensar globalmente y actuar estratégicamente. A construir una política exterior que sea verdaderamente de Estado: con visión de largo plazo, basada en consensos y orientada a defender los intereses nacionales.

Diego:
Hay algo que atraviesa toda esta conversación y que me gustaría profundizar un poco más antes de cerrar, y es el tema de la credibilidad internacional. Porque más allá de los conceptos —multilateralismo, autonomía estratégica, política de Estado— al final todo se traduce en una pregunta muy concreta: ¿confían o no confían los demás países en Colombia?

Y ahí hay algo interesante, porque la credibilidad no es un discurso, es una acumulación de comportamientos. Es consistencia en el tiempo. Es previsibilidad. Es también la capacidad de cumplir lo que se promete.

¿Cómo se reconstruye esa credibilidad cuando se ha deteriorado?

Guillermo Fernández de Soto:
Esa es una pregunta fundamental. La credibilidad, como usted bien lo dice, no se decreta. Se construye. Y toma tiempo.

Se construye a partir de decisiones coherentes, de mensajes claros, de una conducta internacional que sea predecible. Los países observan, comparan, evalúan. Y cuando perciben cambios abruptos, contradicciones o falta de continuidad, naturalmente se vuelven más cautelosos.

Recuperar la credibilidad implica volver a los principios básicos: seriedad, consistencia y respeto por los compromisos internacionales. Implica también reconstruir canales de diálogo que se han debilitado.

Y hay algo muy importante: la credibilidad no solo se construye hacia afuera, también se construye hacia adentro. Si no hay consenso interno, es muy difícil proyectar una imagen sólida hacia el exterior.

Andrés Rugeles:
Yo añadiría un elemento adicional: la credibilidad hoy está profundamente conectada con la capacidad de ejecución. No basta con tener buenas ideas o buenos discursos. Lo que cuenta es la capacidad de implementar políticas, de mostrar resultados.

En el escenario internacional, los países valoran a aquellos socios que son confiables no solo en lo que dicen, sino en lo que hacen.

Por eso el libro insiste tanto en la institucionalidad. Sin instituciones fuertes, es muy difícil sostener una política exterior consistente en el tiempo.

Diego:
Y ahí entra otro punto que me parece interesante: la relación entre política interna y política exterior. A veces se habla de ellas como si fueran mundos separados, pero claramente no lo son.

Andrés Rugeles:
Totalmente. La política exterior es, en gran medida, una extensión de la política interna. Un país que tiene problemas estructurales no resueltos —en seguridad, en desarrollo, en gobernabilidad— va a reflejar esas tensiones en su acción internacional.

Por eso hablamos de la pentacrisis. No es posible aislar la política exterior de lo que ocurre internamente. Todo está conectado.

Guillermo Fernández de Soto:
Y en ese sentido, la política exterior puede ser también una herramienta para apoyar soluciones internas. No es solo un reflejo, es también un instrumento.

Colombia ha tenido momentos en los que utilizó su política exterior de manera estratégica para fortalecer procesos internos, para atraer cooperación, para posicionar agendas.

Eso es algo que hay que recuperar: entender la política exterior no como un escenario de discurso, sino como un instrumento concreto al servicio del país.

Diego:
Hay una última idea que me gustaría dejar sobre la mesa, y es la del tiempo. Porque muchas de las cosas que ustedes plantean —consenso, institucionalidad, reputación— no se construyen rápidamente.

En un entorno político donde todo es inmediato, donde todo se mide en ciclos cortos, ¿cómo se vuelve a introducir esa lógica de largo plazo?

Andrés Rugeles:
Ese es uno de los grandes desafíos. Volver a introducir el largo plazo en la toma de decisiones.

Y eso requiere liderazgo, pero también requiere pedagogía. Explicar por qué ciertas decisiones no tienen resultados inmediatos, pero son necesarias.

Requiere también construir acuerdos amplios. Porque el largo plazo solo es posible si hay continuidad, y la continuidad solo es posible si hay consenso.

Guillermo Fernández de Soto:
Al final, se trata de algo muy sencillo pero muy profundo: pensar en el país más allá del gobierno de turno.

Si logramos recuperar esa lógica, es posible reconstruir no solo la política exterior, sino también la confianza, la credibilidad y la capacidad de Colombia para actuar en el mundo con seriedad.

narcotráfico y las equivocaciones en la política seguida. Política que debe ser acordada con los
otros actores, especialmente con Ecuador, donde también urge revisar lo hecho y dejado de hacer;
no todo se reduce a echar bala. Si no se da una estrategia conjunta y coordinada, el problema
seguirá creciendo y con ello, se agriarán aún más las relaciones entre los dos países y aumentará la
presión norteamericana, que debe participar activamente, dada su papel fundamental en todo
esto. Sin esas decisiones, no será posible establecer un frente común sólido y una política común a
partir de reconocer el papel y la responsabilidad de cada país.

Ibagué tiene el encanto de las ciudades intermedias, “un buen vividero” como la llaman propios y extraños. Esa expresión hace referencia a que la ciudad ofrece una mejor calidad de vida, aún apacible, y a unos costos menores, despojada del carácter neurótico de las grandes capitales. La ciudad se desarrolla en un entorno biodiverso, donde sobresalen sus dos jardines botánicos, parques recreacionales y varios atractivos más que posibilitan el turismo de naturaleza.

Por esas y otras razones, la OCDE hizo match con Ibagué; por primera vez ese organismo internacional escogió a una ciudad intermedia de América Latina para hablar sobre el futuro de las ciudades y las regiones, durante la primera Cumbre Glocal de Economía Circular, a la que asistieron alcaldes de todo el mundo. Además, Ibagué fue declarada “Ciudad circular del mundo”; con ese nuevo título, la “Capital Musical de Colombia” ya forma parte de las urbes que planifican su crecimiento económico a partir de la innovación y los programas amigables con el planeta.  

Queremos ser la “la Davos de la economía circular”, dicen al unísono la alcaldesa, Johana Aranda, y el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo.

“Ibagué es hoy un prototipo de las ciudades diseñadas, sostenibles y planificadas para la defensa del planeta. El 55% de los habitantes del mundo viven en ciudades intermedias, y sus autoridades locales lideran iniciativas sostenibles”, afirma Restrepo, experto en desarrollo local sostenible

Por ejemplo, en el Cañón del Combeima, donde antes había una escuela abandonada, se creó el Circulab Hub, un laboratorio experimental que impulsará negocios verdes mediante el aprovechamiento de residuos biológicos e industriales, con apoyo técnico financiero de la OEI y Andesco. La idea es eliminar el concepto de “desperdicio” y liderar la transición hacia una economía que garantice rentabilidad y restauración del entorno. De eso trata la economía circular, un término que empieza a meterse en el ADN de los ibaguereños.

El Circulab Hub les dará una nueva oportunidad a los residuos.

Las llantas viejas, en lugar de terminar bajo tierra, se utilizan para producir placas huella, con el fin de pavimentar zonas rurales, lo que mejora la conectividad y movilidad.

Por otro lado, la ciudad planea construir la primera zona franca de economía circular de América Latina, y la segunda del mundo después de Barcelona. “Quienes quieran crear o traer productos de economía circular, tendrán aquí un espacio con cero aranceles para que puedan crecer. Pero dependemos de la voluntad del gobierno nacional, que en últimas es quien da el visto bueno”.

La visita de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, icono internacional de la moda, sirvió de inspiración a costureras y diseñadores locales para dar impulso a la industria textil. De tiempo atrás, la empresaria española transitó hacia la moda circular, “una moda que te protege y no te mata”, como la define Milton Restrepo.

“Necesitamos –añade- una industria textil sostenible, porque en el mundo sólo se recicla el 12% de las 124 millones de toneladas que produce”. Según la Fundación McArthur, noventa y nueve millones de toneladas de residuos van a vertederos y ríos. “Haga de cuenta una ciudad con nueve mil rascacielos llenos de desperdicio. Entonces, hablar de economía circular y no hablar de moda es dejarle coja la decisión de salvar el planeta”, enfatiza.

A partir de la borra o cuncho del café, en Ibagué se están elaborando botones o suelas de zapatos; y del mucílago se fabrica piel vegana para el diseño de bolsos. “Inspirados por Ágatha Ruiz de la Prada, daremos un paso para que los creadores locales trabajen con fibras y pinturas ecológicas”, afirma Restrepo.

El tamal tolimense es otro referente de economía circular, pues desde su empaque está concebido para regresar a la naturaleza, reduciendo las emisiones de CO2. “Se trata de un ejercicio de reingeniería cultural, porque nuestros ancestros ya practicaban la economía circular, pero no hicimos caso y por eso el papa Francisco nos pidió en su Encíclica Laudato si cuidar la casa común que es la Tierra”.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, y Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia.

“Las ciudades intermedias son la última opción de planificación sostenible, gracias a su densidad poblacional”: Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia.

Como resultado de la primera Cumbre Glocal, Ibagué proyecta crear 2000 empleos verdes y crecer un punto (4%), por encima de la media nacional, 2 al 3% según el Banco Mundial. Bajó la administración de Johana Aranda, la ciudad pasó del puesto 18 al 10º en el Índice de Competitividad.  

Con la firma Manifiesto Glocal, más de cuatro mil alcaldes del mundo depositaron su confianza en Ibagué para que cada año se siga conversando sobre economía circular.  

De acuerdo con la OCDE, la economía circular, como apuesta para el crecimiento económico y la creación de empleo, se basa en tres pilares: eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales.

“No queremos ser modelos de mega ciudades a escala pequeña, tenemos marca e identidad propias; las ciudades intermedias son la última opción de planificación sostenible, gracias a su densidad poblacional”, concluye Milton Restrepo. 

La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea. 

La crisis de la verdad en el siglo XXI no es solo un fenómeno tecnológico; es, ante todo, un desafío pedagógico de proporciones históricas para el docente. Si bien la transición del modelo informativo analógico al ecosistema de las redes sociales prometía una democratización del saber, la realidad nos ha devuelto un espejo de fragmentación y radicalización para el docente.

En este escenario, la pregunta que debe ocupar el centro del debate público no es solo cómo regular las plataformas, sino cómo la educación puede reconstruir la capacidad crítica de una generación que navega en un mar de algoritmos diseñados para la confrontación. Como bien advierten Estellés y Castellví (2020), la educación tiene el imperativo de sumergirse en este fenómeno, no desde una instrucción cívica tradicional, sino desde una formación que permita al ciudadano del futuro diseccionar la información con una objetividad que hoy parece en peligro de extinción.

La arquitectura digital y la psique del estudiante

La escuela hoy no compite solo con otros relatos, sino con sistemas de inteligencia artificial que crean “cámaras de eco”. Según Ríos Nicoli (2023), estos entornos no solo refuerzan las creencias preexistentes, sino que amplifican los valores del grupo propio mientras deshumanizan al “otro”. Para el docente, el reto es mayúsculo: el aula ya no es el único lugar donde se adquiere conocimiento, pero debe ser el único lugar donde ese conocimiento se somete a un juicio ético y lógico.

La UNICEF (2025) señala con preocupación que el acceso a estos dispositivos comienza en la infancia tardía, una etapa donde la necesidad de pertenencia social es el motor principal de la identidad. Sin una intervención docente orientada, los jóvenes terminan asimilando discursos de odio no por convicción ideológica, sino por el deseo instintivo de conexión grupal.

Sin embargo, el obstáculo más complejo para la labor educativa es lo que la ciencia ha denominado “dopamina digital”. Medina-Martín (2025) describe con rigor cómo las notificaciones e interacciones en redes activan los circuitos cerebrales del placer inmediato, de forma análoga a las sustancias psicoactivas.

Esta gratificación instantánea genera una erosión sistemática de la paciencia cognitiva; el estudiante, acostumbrado a la velocidad del algoritmo, pierde la capacidad de detenerse a analizar la validez de una fuente.

Donde la labor docente se vuelve revolucionaria

En un mundo que exige respuestas inmediatas y viscerales, la escuela debe ser el espacio que reivindique la pausa, la duda y el análisis multiperspectivista. Es alarmante observar cómo figuras de autoridad e influencers emplean la emocionalidad para vender verdades parciales, sabiendo que la ira y el miedo inhiben el pensamiento crítico. Ante el postulado de que “si tiene seguidores, tiene la razón”, el docente debe oponer la fuerza del método científico y la hermenéutica.

Por ello, es un error estratégico que las instituciones educativas y las familias eviten los temas controversiales por temor al conflicto. El silencio pedagógico no protege al estudiante; por el contrario, lo entrega inerme a las corrientes de desinformación.

La escuela debe transformarse en un laboratorio de pensamiento donde se descompongan los discursos de odio y los radicalismos políticos. El docente, actuando como un orientador neutral pero firme en los valores democráticos, debe facilitar que el estudiante descomponga la información en sus partes mínimas, analice los intereses de los actores involucrados y aprenda a identificar las falacias lógicas que sostienen las narrativas de polarización.

Como sostiene Liang Wu (2019), la falta de una intervención oportuna permite que la desinformación genere efectos destructivos; por tanto, el aula debe ser el escenario donde se aprenda a desmontar esa mentalidad de “nosotros contra ellos” que hoy fractura nuestra cohesión social.

La Escuela de Argumentación

Frente a esta realidad, el Colegio Bilingüe José Max León ha consolidado la Escuela de Argumentación, un ecosistema donde el estudiante desarrolla habilidades de interpretación, análisis normativo y pensamiento crítico de alto nivel.

A través de ejercicios pedagógicos en el Senado, la Asamblea y el Modelo de Naciones Unidas (Max Mun), los jóvenes perfeccionan su capacidad de investigación y la defensa de ideas fundamentadas, superando la reactividad digital. En estos escenarios, el aprendizaje se traduce en la habilidad técnica para diseccionar problemáticas sociales y económicas, construyendo propuestas viables que nacen de una comprensión profunda de los marcos constitucionales y legales reales.

Esta formación práctica potencia la oratoria, la comunicación persuasiva y la seguridad al hablar en público, herramientas esenciales para un liderazgo íntegro. Al participar en debates formales, el estudiante entrena su capacidad de escucha respetuosa y deliberación democrática, aprendiendo a gestionar posturas ideológicas diversas y a tomar decisiones responsables en equipo.

Así, la institución trasciende el currículo técnico para entregar a la sociedad ciudadanos preparados para retos nacionales e internacionales, capaces de ejercer un poder ético y de sostener una participación activa en la construcción de una democracia consciente, en una social digital llena de vacíos en su pensamiento racional.

En conclusión, la educación no es simplemente una herramienta contra la polarización, es la única defensa sólida que poseemos como sociedad. La misión de los colegios hoy trasciende el cumplimiento de un currículo técnico; su verdadera prioridad debe ser la formación ética y ciudadana en entornos digitales.

En una época donde, como señala Medina-Martín (2025), se miente sin miedo a las consecuencias, la escuela tiene la responsabilidad de formar individuos que no solo busquen la aceptación de su burbuja digital, sino que tengan la valentía de observar la realidad con autonomía, rigor y, sobre todo, humanidad.

El futuro de la democracia no se decidirá en los algoritmos de las redes sociales, sino en la capacidad de nuestros docentes para encender la chispa de la duda metódica en la mente de sus estudiantes.

Bibliografía:

• Estellés, M., & Castellví, J. (2020). The Educational Implications of Populism, Emotions and Digital Hate Speech: A Dialogue with Scholars from Canada, Chile, Spain, the UK, and the US. Sustainability, 12(15), 6034. https://doi.org/10.3390/su12156034.
• Ríos Nicoli, B. M. (2023). Radicalización digital: el efecto de las redes sociales en el extremismo político y el discurso del odio. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 10749-10755. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5247.
• Haynes, T. (1 de mayo de 2018). Dopamine, Smartphones & You: A battle for your time. SITNBoston; Harvard University, The Graduate School of Arts and Sciences
• UNICEF. (2025). Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital: Informe sobre el uso de tecnologías y riesgos en el entorno digital. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2025/111125-Informe-InfanciaDigital-Alumnado.pdf.
• Medina-Martín, Ulises-Jesús (2025). “Disinformation networks: the virality of fake news, echo chambers and algorithmic manipulation”. Infonomy, 3(6) e25039. https://doi.org/10.3145/infonomy.25.039.

Mientras en Estados Unidos, el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para que la FDA agilice la revisión de los psicodélicos como fármacos de terapia, en Colombia la psicóloga Bibi Blackburn lidera una iniciativa, junto con varios congresistas, para legislar sobre esta materia. “El país necesita un marco regulatorio para que los colombianos podamos acceder al tratamiento terapéutico con psicodélicos, como se hace en otros países”, afirma esta especialista en psicología con enfoque transpersonal.

Es una disciplina en tendencia que integra los tres planos del bienestar humano —psicológico, emocional y espiritual— permitiendo a cada individuo alcanzar un autoconocimiento profundo de su ser.  “Se trata de descubrir emociones desconocidas y creencias limitantes que condicionan nuestra historia personal. Cuerpo, mente y alma deben tratarse de manera integral para alcanzar bienestar”, afirma.

La historia de esta mujer se partió en dos como consecuencia de la enfermedad terminal de su padre en 2008 y el suicidio de su hermano en 2015. “No concebía mi vida sin mi papá. A él le dieron seis meses y vivió 12 años pero en muy malas condiciones”, relata. Esta experiencia, aunque dolorosa, le permitió descubrir unas habilidades que hasta entonces desconocía sobre lo que significa ayudar al otro, acompañarlo y sostenerlo en circunstancias difíciles. “No sabía que eso estaba en mí”, reconoce Bibi Blackburn.

En medio de este proceso, otro drama golpeo a la familia: el suicidio de su hermano de 43 años. “A pesar de lo unidos que éramos, nunca percibí que estuviera sintiéndose tan mal como para querer acabar con su vida”, confiesa con la voz quebrada.

Ese cortocircuito la llevó a poner su vida en pausa. “Pensé –dice- en las personas que están pasando por situaciones difíciles y no tienen con quien hablarlo y mucho menos a quién pedirle ayuda”.

Renunció a su trabajo como ejecutiva exitosa pero no propiamente feliz. “Me sentía vacía en el ámbito profesional”.

Buscando su propia salvación, por así decirlo, descubrió por recomendación de terceros el poder terapéutico de los psicodélicos y se sometió a terapia, con ilusión pero también con susto. “Tenía curiosidad y miedo a la vez porque era y sigue siendo un tema tabú. Existía muy poca información y pocos lugares para acceder a un tratamiento terapéutico seguro”.

Comprendió que para sanar y seguir adelante, “es necesario aprender a desprenderse de las personas que uno más ama; entendí que las respuestas a todo lo que nos pasa está dentro de nosotros, no en los demás”.  

En su propia búsqueda encontró más de lo que buscaba: un nuevo propósito para seguir adelante. Porque después de formarse como psicología con enfoque transpersonal, se enfocó en terapia asistida con psicodélicos.

¿Qué son los estados expandidos de conciencia?

En sus pacientes ha visto los beneficios de dos de los psicodélicos más ampliamente estudiados: la psilocibina y la MDMA. “Estas sustancias conducen a la personas a un estado expandido de conciencia. Cuando la psilocibina entra en el organismo, en el cerebro se empiezan a crear redes neuronales. Es una especie de reseteo que permite comprender que hay otras formas de actuar, pensar o sentir sobre lo que nos pasa”.

La sesión dura seis horas, en las cuales el paciente, acostado y con los ojos cerrados, permanece consciente todo el tiempo. “La experiencia se vive como si se tratara de un sueño o una película”, comenta la experta, quien guía el proceso para ayudar a la personas a entender lo que están experimentado y luego, por medio de la psicoterapia, enseñarles cómo integrar la información recibida en sus vidas.

“En un estado expandido de conciencia -explica- se viven varias realidades al tiempo, en las que aparecen situaciones del pasado, del presente o del futuro”.

La terapia asistida con psicodélicos se usa en pacientes con estrés postraumático y en trastornos como la depresión y la ansiedad, lo mismo que en traumas, adicciones (tabaco, alcohol, opioides, cocaína…) y duelos.

Relata el caso de una paciente que fue víctima durante años de un esposo maltratador, casi feminicida. Aunque salió con vida de esa relación tóxica, las marcas físicas y mentales eran evidentes: insomnio, desconfianza en los demás e incapacidad para disfrutar hasta las cosas buenas de la vida. “Ignoraba que estaba bajo estrés postraumático, sintiéndose culpable por permitir los abusos. Logró conectar con ella y darle un cierre a su historia. Entendió que ésta forma parte de su biografía pero no de su hoy”.

Bibi Blackburn creó además el libro interactivo “Caminos de transformación”, que les permite a los lectores integrar la psicología transpersonal en su vida cotidiana, pues es una herramientas compuesta por 60 cartas con respuestas o mensajes cifrados para hallar calma en las tempestades diarias.  

“Necesitamos tomar una pausa diaria para volver a conectar con nuestras intuiciones y el ser interior. Las respuestas siempre están dentro de nosotros”, concluye.

Este miércoles 29 de abril, la psicóloga Bibi Blackburn conversará sobre estos temas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Sala Jorge Isaacs, 1:00 p.m.).  

Los delitos de cuello blanco en Colombia, no ocurren por falta de leyes. De hecho, suelen aparecer en sectores altamente regulados, donde existen manuales, auditorías y protocolos de cumplimiento.

El verdadero problema está en otro lugar: la falsa sensación de control.

Muchas organizaciones cumplen formalmente con los requisitos del regulador, pero no transforman su cultura interna de prevención de riesgos. El compliance existe en el papel, pero no en la toma real de decisiones.

Por eso, entender el derecho penal económico exige ir más allá del Código Penal. También implica analizar cómo se construyen las decisiones empresariales que terminan generando responsabilidad penal.

Caso InterBolsa

El caso de InterBolsa no fue solamente una manipulación del mercado financiero.

En esencia, fue una falla grave en la gestión del riesgo de liquidez disfrazada de sofisticación financiera.

Las operaciones repo sobre acciones de Fabricato no eran ilegales por sí mismas. El problema fue su uso repetitivo para sostener artificialmente el precio del activo y alterar el mercado.

Aquí entraron en juego delitos como:

• Manipulación fraudulenta de especies inscritas (artículo 317 del Código Penal)
• Abuso de confianza calificado (artículo 250 del Código Penal)

Sin embargo, el verdadero fallo estuvo en la gobernanza interna. Los órganos de control no detectaron a tiempo cuándo una práctica aparentemente legal estaba cruzando el límite penal.

Muchos comités de riesgo existen, pero no tienen independencia real ni capacidad efectiva de frenar decisiones peligrosas.

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Saludcoop: cuando lo legal se usa para ocultar lo irregular

Uno de los delitos de cuello blanco más sonado, fue el de Saludcoop, presentó una situación aún más compleja.

Se trató de la apropiación de recursos públicos destinados a la salud mediante estructuras empresariales que aparentaban total legalidad.

Contratos entre empresas del mismo grupo, reasignaciones presupuestales y decisiones financieras dificultaron distinguir entre una gestión administrativa legítima y un posible peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal).

El problema no fue solamente quién tomó la decisión, sino que el sistema permitió que esa apropiación pareciera una simple decisión gerencial.

Cuando no existe trazabilidad real sobre el destino de los recursos públicos, el control siempre llega tarde.

Caso Odebrecht

Reducir Odebrecht a un simple caso de cohecho sería simplificar demasiado el problema.

Sí existieron delitos como:

• Cohecho (artículos 405 y siguientes)
• Celebración indebida de contratos (artículo 410)

Pero la falla estructural estuvo antes: en la debida diligencia insuficiente tanto del sector público como del privado.

Durante años, la discusión se concentró en funcionarios públicos, pero poco se analizó el papel de intermediarios financieros, estructuradores y asesores que hicieron posible la operación.

El delito no siempre nace en la firma del contrato. Muchas veces comienza en el diseño mismo del negocio.

El verdadero riesgo penal está en las pequeñas decisiones

Nadie se levanta un día diciendo: “voy a delinquir”.

En la mayoría de los casos, el delito aparece como resultado de múltiples pequeñas decisiones toleradas, justificadas o simplemente ignoradas.

Ese es uno de los grandes retos del derecho penal económico moderno: la responsabilidad no siempre está en una sola persona, sino en estructuras completas de decisión empresarial.

Por eso, el análisis penal no puede limitarse a buscar culpables individuales. También debe revisar cómo funciona la organización.

El compliance no sirve si solo está en el manual

La principal lección es clara: el cumplimiento formal no previene delitos de cuello blanco. En muchos casos, incluso los encubre.

Tener manuales, políticas internas o protocolos no basta si no existe una verdadera cultura de prevención.

El compliance no debe ser un requisito para mostrar al regulador, sino una herramienta real para tomar mejores decisiones.

Ahí está el verdadero valor del abogado penalista económico: no solo defender cuando el problema ya explotó, sino anticipar los riesgos antes de que se conviertan en un proceso penal.

Porque cuando llega el derecho penal, normalmente ya es demasiado tarde.

¿Su empresa tiene un verdadero sistema de prevención penal o solo un manual de cumplimiento? La diferencia puede definir el futuro patrimonial y reputacional de toda la organización.

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Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

Lee más | Los pendientes con el Acuerdo de Escazú en Colombia: protección a defensores, impunidad y acceso a la información

Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

Leer más | La Guardiana del Chiribiquete: campesinos en Colombia protegen 198 mil hectáreas de bosque en una región afectada por deforestación

Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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