Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sentí otra vez que estaba vivo.

Y pensé que quizás un terremoto, además de mover la tierra, puede mover algunas preguntas que solemos mantener quietas, preguntas que dejamos para después, para cuando tengamos tiempo, para cuando hayamos terminado de trabajar, para cuando hayamos resuelto esto o aquello, para cuando finalmente llegue ese momento en el que supuestamente empezará la vida que queremos vivir.

¿Para qué vale la pena vivir una vida?

¿Para qué vale la pena vivir la mía?

Pensé que, si la tierra se mueve, quizá también nosotros deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos.

Yo pensé en escribir.

En las historias que todavía faltan por contar, en las conversaciones que todavía no hemos tenido, en las personas que todavía necesitamos escuchar, en la posibilidad de hacer algo que tenga sentido más allá de uno mismo.

Hace unos años comenzó a circular una frase atribuida a la antropóloga Margaret Mead que siempre me ha impresionado: el primer signo de civilización sería un fémur roto que logró sanar. La idea es sencilla y poderosa, un hueso roto que ha tenido tiempo de soldarse significa que alguien se quedó al lado del herido, alguien lo alimentó, alguien lo protegió, alguien decidió que aquella vida importaba y que valía la pena esperar.

Quizás ahí comienza la civilización, no en las grandes construcciones, ni en los monumentos, ni siquiera en las instituciones, sino en el momento en que dejamos de abandonar al que está caído.

En medio del miedo, alguien piensa en cómo comunicarnos.

Y eso también es civilización.

Porque cuando ocurre una tragedia, cuando se cae una torre, cuando una familia queda atrapada, cuando una ciudad necesita ayuda, la primera pregunta no debería ser de qué lado está quien necesita ser auxiliado, sino qué podemos hacer.

Pienso en Cali.

Quizás ninguna ciudad colombiana haya ocupado un lugar tan particular en nuestra historia reciente. Cali ha sido, durante estos años, escenario de algunas de las grandes preguntas de Colombia.

Allí estuvo el mundo durante la COP, llegaron científicos, diplomáticos, ambientalistas, indígenas, jóvenes, expertos y ciudadanos de muchos países para hablar de biodiversidad, de la crisis climática, del planeta que estamos dejando, y durante unos días Cali dejó de ser solamente una ciudad colombiana para convertirse en una ciudad del mundo.

Pero también estuvo allí el estallido social.

Las calles llenas, la gente corriendo, los gases, los enfrentamientos, los jóvenes, las barricadas, el miedo, la rabia, la muerte, una ciudad partida que parecía decirnos que debajo de la superficie existían heridas mucho más profundas de las que habíamos querido reconocer.

Cali fue, de alguna manera, otro terremoto.

Solo que aquel no movió edificios, movió a la sociedad.

Y ahora la tierra vuelve a recordarnos algo que solemos olvidar, que el piso sobre el que construimos nuestras certezas no es necesariamente permanente.

También pienso en Manizales, en la imagen de la Catedral y su torre derecha afectada, una estructura que durante tanto tiempo había parecido inmóvil, segura, parte del paisaje y de la memoria de una ciudad, hasta que un movimiento de la tierra fue suficiente para recordarnos que incluso aquello que parece más firme puede tambalear.

Y esta vez no estamos hablando solamente de una sensación, ni de una mañana extraña en la que todos salimos de nuestras casas, estamos hablando de una tragedia humana de una escala que todavía estamos empezando a comprender, al cierre de esta columna los reportes hablan ya de más de doscientas personas muertas y de miles de desaparecidos, mientras los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros, una cifra que, como ocurre siempre en las primeras horas de una catástrofe, todavía puede crecer, y detrás de cada número hay una historia, una familia, una silla vacía en una mesa, alguien que esta noche no regresará a casa.

Colombia sabe de esto.

El terremoto de Armenia de 1999, de magnitud 6,1, dejó 921 muertos solamente en Armenia, más de 5.300 heridos y más de 21.000 viviendas averiadas o destruidas, una tragedia que todavía forma parte de la memoria del país y que cambió para siempre la manera en que pensamos la vulnerabilidad de nuestras ciudades.

Pero Colombia está además sentada en una región sísmica extraordinaria, una de las geografías más inquietas del planeta, donde las placas tectónicas chocan, se hunden, se deslizan y acumulan durante décadas una energía que puede liberarse en cuestión de segundos. No estamos ante una rareza de la naturaleza, vivimos en una región donde la tierra tiene memoria y donde la historia de América Latina está escrita también por grandes terremotos.

En 1970, en Perú, un terremoto de magnitud cercana a 7,9 desencadenó un gigantesco alud que sepultó Yungay y dejó más de 66.000 muertos. En 1939, Chile sufrió uno de los terremotos más mortales de su historia, con más de 24.000 víctimas. En 1976, Guatemala vivió un terremoto que dejó alrededor de 23.000 muertos. En 1972, Managua fue destruida y Nicaragua perdió unas 11.000 vidas. En 1985, México sufrió el terremoto que convirtió al 19 de septiembre en una fecha grabada en la memoria latinoamericana.

Y luego está Haití.

El terremoto de 2010, de magnitud 7,0, dejó una cifra estimada de más de 300.000 muertos y se convirtió en una de las mayores tragedias sísmicas de la historia moderna, no solamente por la fuerza de la naturaleza sino por la pobreza, la precariedad de las construcciones, la concentración de población y la fragilidad institucional que hicieron que el desastre fuera infinitamente más mortal.

Es una diferencia que deberíamos recordar.

Un terremoto tiene una magnitud, pero una tragedia tiene muchas otras variables.

Importa dónde ocurre, a qué hora, cuánta gente vive allí, cómo están construidos los edificios, qué tan preparadas están las instituciones, si existen comunicaciones, si funcionan los hospitales, si llegan las ambulancias, si hay agua, si alguien puede entrar a una zona destruida y, sobre todo, si una sociedad sabe responder cuando todo lo demás deja de funcionar.

Chile puede ser una de las mejores lecciones de América Latina. En 1960 sufrió el terremoto más potente registrado instrumentalmente, de magnitud 9,5, y sin embargo los grandes terremotos posteriores han producido cifras de muertos muchísimo menores que las de otros países de la región, en buena medida porque décadas de experiencia, normas de construcción, ingeniería y preparación han aprendido a convivir con una tierra que inevitablemente volverá a moverse.

Eso también es civilización.

No podemos impedir que la tierra tiemble.

Pero sí podemos decidir cuánto daño estamos dispuestos a permitir que haga.

Tal vez esa sea una de las grandes preguntas que deja este terremoto, no solamente cómo reconstruir lo que cayó, sino qué país queremos construir para cuando vuelva a ocurrir, porque volverá a ocurrir, en Colombia, en México, en Chile, en Perú, en cualquier lugar de esta enorme y maravillosa América Latina que habitamos, una región atravesada por volcanes, fallas, montañas, océanos y una geología que nos recuerda permanentemente que la naturaleza no está bajo nuestro control.

Tal vez Colombia debería aprender a vivir con esa conciencia, no con miedo, sino con preparación.

Porque la escala de este terremoto también nos obliga a pensar en la escala de nuestra respuesta.

Y ahí volvemos a lo mismo, a la necesidad de encontrarnos.

Tal vez Colombia lleva demasiado tiempo viviendo así, sobre un suelo que se mueve.

Se mueve la política, se mueve la economía, se mueve la confianza, se mueven las instituciones, se mueve nuestra conversación pública, se mueven las certezas, y nosotros seguimos muchas veces empeñados en hacer exactamente lo contrario de lo que una sociedad debería hacer cuando siente que el piso tiembla, en lugar de acercarnos, nos alejamos, en lugar de escucharnos, gritamos, en lugar de preguntarnos qué podemos construir juntos, dedicamos buena parte de nuestra energía a demostrar que el otro es culpable.

Pero un terremoto no pregunta quién votó por Petro.

No pregunta quién votó por la oposición.

No pregunta quién es rico o pobre, quién vive en el norte o en el sur, quién es de Cali, de Bogotá, de Manizales o de cualquier otro lugar.

Cuando el piso se mueve, somos simplemente seres humanos tratando de encontrar a los nuestros.

Quizás por eso deberíamos aprovechar este momento para pensar colectivamente.

No solamente en cómo responder a este terremoto, no solamente en cómo reconstruir aquello que haya resultado afectado, no solamente en cómo garantizar que quienes necesiten ayuda la reciban, sino en algo más profundo, en cómo queremos acompañarnos como sociedad.

Porque deberíamos acompañarnos también cuando no tiembla.

Cuando alguien pierde el empleo.

Cuando un joven siente que no tiene futuro.

Cuando una familia no sabe cómo pagar una factura.

Cuando una comunidad se siente abandonada.

Cuando alguien piensa distinto y, en lugar de convertirlo en enemigo, somos capaces de escucharlo.

Colombia necesita encontrarse.

No para pensar igual, porque una democracia sin diferencias sería una sociedad muerta, sino para comprender que nuestras diferencias no pueden ser más grandes que aquello que compartimos.

Hay momentos en los que la historia nos obliga a recordar que pertenecemos al mismo lugar.

Hoy fue un terremoto.

Mañana será otra cosa.

Y quizás la verdadera prueba de una sociedad no esté en cuánto puede resistir cada individuo por separado, sino en cuánto somos capaces de sostenernos unos a otros cuando las cosas se complican.

Por eso vuelvo a aquella imagen del fémur sanado.

Un hueso roto que pudo curarse porque alguien se quedó.

Alguien tuvo paciencia.

Alguien cuidó.

Alguien entendió que la vida del otro también era responsabilidad suya.

Quizás eso es lo que necesitamos recordar en Colombia.

Que solamente hay una manera de sacar este país adelante: juntos.

No juntos porque pensemos igual, sino juntos porque compartimos el mismo suelo, la misma historia, las mismas heridas y, sobre todo, la misma posibilidad de futuro.

Esta mañana, mientras bajaba las escaleras pensé que quizás todos habíamos recibido una pequeña oportunidad.

Una oportunidad para recordar que estamos vivos.

Para preguntarnos para qué queremos estarlo.

Para mirar al que tenemos al lado.

Para escribir, para cuidar, para escuchar, para construir.

Para quedarnos.

Porque al final, cuando todo tiembla, quizá lo único verdaderamente importante sea saber que no estamos solos.

Bat: Petro probablemente va a ser más recordado por haber alterado la estructura simbólica de la política colombiana y por haber incidido de una manera estratégica y profunda en la discusión de los temas mundiales, que por haber administrado mejor o peor determinados sectores del Estado.

Man:¡Ja! Todos lo recordaremos por la multitud de escándalos que hubo en el gobierno.

Bat: No lo creo. Fíjese: hay dos preguntas. Una es coyuntural: ¿qué logró efectiva y probadamente el gobierno de Petro? La otra es más profunda y real: ¿qué cambió en Colombia con el paso de Gustavo Petro por la presidencia?

Creo que en Colombia la prensa se ha empeñado en hacer énfasis en los escándalos de corrupción que hubo en su gobierno. Está bien denunciarlos, pero no convertirlos en el centro del análisis, ni reducir la eficacia de su mandato a este factor. Para efectos de comprender nuestra realidad política es mucho más valioso ir tras la pista de las transformaciones que tendrán mayor eco en el tiempo. ¿Hacemos el balance?

Man: ¡Hagámoslo! ¡Ni más faltaba!

La destrucción de mitos absurdos

Petro modificó los límites de lo que Colombia consideraba políticamente posible. Llegó al poder, lo cual es por sí solo una hazaña. La izquierda no era vista simplemente como un adversario electoral, sino como una fuerza cuya llegada al poder constituía potencialmente una amenaza al sistema.

El presidente Petro gobernó cuatro años y entregó el poder constitucionalmente a un presidente de derecha elegido en las urnas. Pese a que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente, el poder ha sido entregado a él, cumpliendo con el mandato constitucional.

Es difícil imaginar una refutación más concreta del temor de 2022 según el cual la llegada de la izquierda significaría automáticamente que Colombia se convertiría en Venezuela, que desaparecerían las elecciones o que Petro intentaría perpetuarse en la Presidencia.

A su vez, la izquierda probó que pudo organizarse, gobernar territorios, controlar espacios institucionales, derrotar proyectos de los gobiernos anteriores y ganar la Presidencia. Se gobernó con una feroz resistencia del Congreso, las Cortes, la prensa e instituciones como el Banco de la República. Es histórico que se haya logrado llegar a la presidencia y mantener al primer mandatario en el poder.

Una democracia sólida

Petro abanderó, mantuvo y profundizó la esencia de la democracia. Logró involucrar al país en la política, como nunca antes había ocurrido.

El presidente Petro convirtió en debates cotidianos varios asuntos que durante décadas habían sido discusiones de especialistas. Personas que nunca habían discutido sobre el sistema pensional empezaron a hacerlo. Lo mismo ocurrió con las EPS, los recargos laborales, la propiedad de la tierra, la transición energética, Palestina o el Banco de la República.

Eso produjo polarización, sin duda, pero también incubó una amplia participación, identificación política y discusión pública.

Las elecciones de 2026 ofrecen un dato muy importante. En la segunda vuelta votaron aproximadamente 26,3 millones de colombianos, cerca del 63,5 % del censo electoral; es la participación más alta en alrededor de siete décadas en las elecciones presidenciales.

La propia Defensoría del Pueblo interpretó esa cifra como reflejo de un “creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Quizá la mayor transformación de Petro no fue conseguir que determinados colombianos votaran por la izquierda, sino conseguir que millones de colombianos (de izquierda y de derecha) sintieran que valía la pena disputar el país en el terreno de la política legal y democrática.

La nueva agenda del debate

Durante buena parte de la historia republicana, las grandes discusiones nacionales se organizaron alrededor de asuntos como la seguridad, el orden público, el crecimiento económico, las relaciones con Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica.

Petro no eliminó esos temas, pero hizo que el centro del debate fuese también: ¿Cuánto debe ganar un trabajador? ¿Quién puede ir a la universidad? ¿Quién tiene la tierra? ¿Qué sucede con un anciano que nunca pudo pensionarse? ¿Debe la salud funcionar como negocio? ¿Quién paga impuestos? ¿Qué territorios reciben inversión? ¿Qué significa desarrollar el país sin destruir su biodiversidad?

Incluso cuando sus propuestas fueron derrotadas, modificó el terreno de la discusión.

Eso puede ser un legado más profundo que una ley determinada, porque los gobiernos siguientes pueden derogar una norma, modificar un impuesto o cancelar un programa, pero resulta mucho más difícil volver a una situación en la que esas preguntas simplemente no formen parte de la conversación nacional.

Una nueva cultura democrática

Y más sobre la profundización de la democracia. Durante el gobierno de Petro los sindicalistas, dirigentes sociales, ambientalistas, personas provenientes de comunidades afro e indígenas y representantes de sectores de diversidad sexual ocuparon posiciones relevantes. Estos sectores históricamente habían tenido una presencia mucho menor en las estructuras centrales del Estado.

En pocas palabras: cambió la idea cultural de quién podía sentarse en las mesas donde se toman las decisiones nacionales.

Un enfoque renovador frente a la protesta social

El gobierno Petro modificó profundamente la relación del Estado con la protesta social. La oposición pudo organizar algunas grandes movilizaciones contra un gobierno, sin que se reprodujera un patrón de represión letal como el vivido durante el estallido social de 2021.

Ejerció su gobierno en el marco de un escenario que para cualquier presidente resulta incómodo: gobernar siendo sometido permanentemente a contradicción pública e institucional.

Puede haber cuestionamientos sobre su retórica frente a esas instituciones, pero además de cuestionar toda esta situación a través de trinos, jamás intentó eliminar o bloquear los contrapesos que podían derrotarlo.

Contribución definitiva a la verdad histórica

La desclasificación de los archivos del DAS puede terminar siendo uno de los legados menos visibles, pero más duraderos de Petro. No produce un resultado inmediato como una reforma laboral o una carretera, pero puede transformar durante décadas lo que Colombia sabe de sí misma.

El Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025 levantó la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Sin embargo, el propio Archivo General de la Nación lo califica como un hito porque es la primera vez que Colombia pone en marcha un proceso de desclasificación de archivos clasificados del Estado.

Y la magnitud documental es enorme. El diagnóstico realizado para la JEP encontró 57.544 unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios magnéticos y digitales: servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas, entre otros. No estamos hablando de unas cuantas carpetas, sino de uno de los grandes fondos documentales secretos del Estado colombiano.

El DAS no fue simplemente una oficina administrativa. Durante décadas fue también organismo de inteligencia, policía migratoria y aparato de seguridad del Estado. Sus archivos atraviesan buena parte de la historia reciente del conflicto colombiano y contienen información sobre hechos trascendentales.

La JEP ha dicho expresamente que estos documentos pueden contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y que su apertura es relevante para combatir la impunidad.

Esto conecta directamente con lo que veníamos hablando sobre el legado democrático de Petro.

Una democracia no consiste únicamente en poder elegir al presidente. También implica que el Estado pueda ser investigado por sus propios ciudadanos. La desclasificación introduce un principio diferente: el secreto de Estado no puede ser uno de los ejes del olvido histórico.

Petro lo expresó de una manera muy clara cuando anunció la medida. Dijo que su Gobierno no terminaría “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”.

Probablemente pasarán años antes de que pueda conocerse la verdadera importancia histórica del decreto. Y precisamente por eso puede ser un legado que hoy aparezca muy abajo en cualquier balance del gobierno Petro y dentro de veinte años sea considerado fundamental.

Una agenda internacional memorable

Petro convirtió la diplomacia presidencial en una herramienta activa de búsqueda de inversión, cooperación y nuevos mercados, y obtuvo resultados concretos en financiación climática, reforma agraria, infraestructura social y negocios internacionales.

Más importante aún, utilizó esa diplomacia económica para intentar reposicionar a Colombia ante el mundo no solamente como país petrolero y minero, sino como potencia potencial en biodiversidad, turismo, agricultura, energías limpias y producción. También cambió el enfoque del debate mundial en torno a algunos temas. Veamos.

Cambio climático: más que hablar del clima, cuestionó el modelo fósil

El cambio climático ya estaba en el centro de la agenda internacional mucho antes de Petro. Lo distintivo de su postura fue que ayudó a desplazar la discusión desde “cómo reducir emisiones” hacia “qué estructura económica está produciendo la crisis y quién debe pagar la transición”. Eso introdujo un matiz único.

De este modo, Colombia consiguió una voz internacional desproporcionadamente grande para su peso económico. Petro hablaba además desde una posición interesante: la de un país productor de petróleo y carbón que voluntariamente planteaba reducir su dependencia de ellos. Eso le daba una legitimidad distinta a la de los países industrializados que exigen conservación ambiental a los países tropicales mientras continúan consumiendo enormes cantidades de combustibles fósiles.

Una voz contra el genocidio

Petro jugó un papel internacional muy fuerte en la discusión sobre el genocidio en Gaza.  Fue una de las voces presidenciales tempranas y persistentes que ayudaron a trasladar el debate internacional desde la formulación “Israel tiene derecho a defenderse” hacia las preguntas sobre proporcionalidad, ocupación, responsabilidad internacional y matanza indiscriminada.

Petro fue mucho más lejos que la mayoría de los gobernantes occidentales y latinoamericanos de aquel momento. Utilizó tempranamente la palabra “genocidio”, rompió relaciones diplomáticas con Israel y convirtió esa posición en una actuación jurídica del Estado colombiano.

Colombia intervino formalmente en abril de 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica bajo la Convención sobre Genocidio. Es importante precisar jurídicamente que la Corte todavía debía resolver el fondo del caso; por tanto, hablamos de la acusación o denuncia de genocidio, no de una sentencia definitiva que ya lo hubiera declarado.

Después, otros países adoptaron posiciones semejantes. Chile también intervino ante la Corte; México, Libia y Palestina participaron igualmente en el proceso, mientras España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino.

Colombia incluso se convirtió posteriormente en sede de una conferencia internacional del Grupo de La Haya, que reunió en Bogotá a decenas de países para discutir medidas concretas respecto de Israel y Palestina.

Reenfoque en la lucha contra las drogas

Petro introdujo una diferencia importante en la discusión sobre la lucha contra las drogas.

Desde la tribuna de Naciones Unidas afirmó sin rodeos: “La guerra contra las drogas ha fracasado”. No era una declaración de un académico, de un expresidente retirado o de una ONG. Era el presidente en ejercicio del principal país productor de cocaína hablando ante la Asamblea General.

Además, planteó una crítica conceptualmente distinta: preguntó por qué la comunidad internacional perseguía violentamente al campesino que cultivaba coca mientras protegía actividades económicas (como petróleo y carbón) capaces de producir un daño planetario incomparablemente mayor. Así mismo dejó claramente establecido que los líderes del tráfico mundial viven en los grandes centros de poder y no en los países productores.

En 2023, incluso la reunión entre Petro y el secretario general de Naciones Unidas incluyó explícitamente la necesidad de explorar “nuevos enfoques” frente a las drogas ilícitas.

Y aquí está uno de los aspectos más interesantes de su gobierno: Petro cuestionó frontalmente la guerra contra las drogas, pero su administración alcanzó simultáneamente verdaderos récords de incautación y extradición. Eso le permitía argumentar que rechazar la guerra contra las drogas no equivalía a dejar de perseguir al narcotráfico, sino a cambiar el objeto de la persecución: menos campesino y más cargamento, organización criminal, lavado, capital y gran traficante. Ese enfoque será decisivo con el paso de los años.

Como conclusión del tema diplomático, podríamos decir que Petro consiguió que Colombia dejara de hablar ante el mundo casi exclusivamente de sus problemas internos y comenzara a formular respuestas colombianas a problemas universales. Esa es una ruptura considerable con la tradición diplomática del país.

Hay muchos otros aspectos como el cambio del enfoque de seguridad en las Fuerzas Armadas, su modernización y apertura de oportunidades. O el cumplimiento constitucional de facilitar las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en los casos de corrupción que tocaban con el gobierno. O los incipientes, pero profundos avances en la reindustrialización de Colombia. Pero creo que está suficientemente evidenciada la forma como el gobierno del Pacto Histórico marcó un hito definitivo en la historia de Colombia. Y por qué, yo como muchos, hablamos de “Petro el Grande”.

Pero para los que solo creen en logros materiales e inmediatos, vale la pena dejarles esta infografía.

La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Asamblea General escoge cada año cinco países “del montón” para que, por dos años, tengan asiento en el Consejo junto a los miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Una vez en esa instancia, cada país tiene un turno mensual para presidir, en orden alfabético.  

Quien preside, convoca y coordina las sesiones del Consejo, previo acuerdo sobre una agenda de temas a tratar. También ejerce la vocería de la corporación y atiende la eventualidad de crisis internacionales que ameriten la convocatoria de reuniones extraordinarias. Todo esto desde una posición de neutralidad.

Por supuesto que tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una distinción y conlleva una cuota de poder. Tener voz en esa instancia es ocasión privilegiada de poner temas de interés nacional en la agenda internacional y manifestarse sobre asuntos de importancia mundial, lo cual conlleva oportunidades de abrir espacios de amistad, reconocimiento e influencia para el país. Además, permite votar respecto de decisiones importantes, aún con la desventaja de que las decisiones del Consejo solo son válidas si llevan el acuerdo de sus cinco miembros permanentes. 

Si bien la propaganda parroquial proclamó que “Colombia hace historia en el Consejo de Seguridad de la ONU, al iniciar el primero de enero su mandato como miembro no permanente”, la verdad es que esta es la octava ocasión en la que nuestro país llega a tener un asiento en esa instancia de las Naciones Unidas. 

En la agenda de junio Colombia propuso un debate abierto de alto nivel sobre “Avance en soluciones políticas en Oriente Medio: Mediación y Diálogo para una Paz Duradera”. Para esa sesión el presidente Petro decidió asumir la representación colombiana y dirigir la mencionada discusión, que estaría precedida de una intervención del secretario general António Guterres, para introducir el tema.

Nada más oportuno que la realización de ese debate, cuando el mundo se pregunta por la utilidad de las Naciones Unidas en el propósito de la búsqueda de la paz en Oriente Medio, destrozada en los últimos tres años. Al mismo tiempo, nada más preocupante que la escasa trascendencia que las intervenciones allí realizadas tuvieron en los escenarios donde se ha negociado por ahora un memorando de entendimiento que permita abrir el Estrecho de Ormuz, obtener paz y estabilidad en el Líbano y buscar una nueva realidad en las relaciones de Irán con el resto del mundo.

El secretario general subrayó el precio que la genta paga en la región a causa de los conflictos, a pesar del cese del fuego acordado. Pidió el fin de la ocupación indebida de territorios y la urgencia de proceder a la existencia de dos Estados en la Palestina. Llamó la atención sobre los efectos mundiales del cierre del Estrecho de Ormuz. Elogió los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos, en el caso de Israel y Líbano, así como de Pakistán y otros países en las demás dimensiones del problema. Y cerró con la insistencia en el diálogo como esperanza de paz, para cuya obtención existen herramientas en la Carta de la ONU. 

El presidente de Colombia intervino antes de que los voceros de los países inscritos para participar en la discusión expusieran los puntos de vista de sus gobiernos sobre la materia. Liberia propuso la creación permanente de la ‘Secretaría de Diálogo de la ONU’. Los Estados Unidos defendieron su “diplomacia efectiva” en el Oriente Medio y el logro de “resultados reales”, así como el camino realista hacia una estabilidad duradera. Irán exigió respeto y el cese de amenazas en su contra, condenó las violaciones al alto al fuego, e insistió en que su país seguirá ejerciendo la legítima defensa de sus intereses. 

Bahréin condenó los ataques ilegales de los que ha sido objeto por parte de Irán. Arabia Saudí se sumó a la condena y afirmó que la causa palestina sigue siendo asunto central para el mundo árabe. Irlanda recalcó el sufrimiento inaceptable de los palestinos y la depredación territorial de la que son objeto. El Observador Permanente del Estado de Palestina, denunció que no ha cesado el fuego en Gaza y condenó “el apetito colonial de Israel”. Somalia cuestionó la eficacia de la mediación cuando se da en “en entornos de profunda asimetría de poder”. 

Pakistán reclamó el fin de “la ocupación ilegal de tierras árabes” y clamó por el respeto a los altos al fuego y la asistencia humanitaria. Siria trajo a cuento su experiencia y recalcó las dificultades que en estos casos se presentan para conseguir acuerdos, comenzando por el de designar mediadores honestos. Líbano exaltó la importancia de que la mediación sea prioritaria y no se utilice como último recurso, y acusó a Israel e Irán de socavar los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en el conflicto que tiene lugar en su territorio. 

Finlandia expresó su confianza en que el alto al fuego entre Líbano e Israel conduzca a que “Hezbollah detenga sus ataques e Israel respete la soberanía del Líbano”. Francia anunció la organización de una conferencia internacional en apoyo a los libaneses cuando las condiciones lo permitan. 

La Federación Rusa reprochó a quienes buscan “devolver a Irán a la edad de piedra” y destacó la idea de seguridad colectiva que su país promueve en el Golfo Pérsico. Corea advirtió que la crisis de Oriente Medio pone de presente las debilidades de las economías avanzadas, basadas en lo digital, frente a las obstrucciones del flujo del petróleo y el transporte marítimo. Y Panamá trajo a cuento los acuerdos de paz en Colombia y la recuperación plena del Canal por su país, como muestra de los efectos positivos de la combinación de mediación y voluntad política para la solución de conflictos. 

En su intervención, el presidente de Colombia se apartó de la ortodoxia diplomática y de la forma como los representantes de diferentes países suelen abordar debates como el convocado por su propio gobierno. Formuló, en cambio, una declaración que anunció como ejercicio del papel que le corresponde, “a punto de terminar”, al tiempo que anunciaba que no permanecerá en el gobierno por fuera de la constitución de Colombia, como, según él, se ha dicho. https://youtu.be/L7zauKbCIE4?si=aXzUDIJM7ogHmraI

Quien se tome el trabajo de escuchar con respeto y atención la declaración del presidente, podrá advertir cómo, conforme a su estilo personal y con explicaciones y consideraciones filosóficas y locales de ánimo ilustrativo, en lugar de tratar el tema específico del debate abordó temas que reflejan su visión del mundo. 

Criticó el oligopolio de las nuevas tecnologías de comunicación, que sirve intereses políticos y económicos excluyentes y manipula la verdad y la mentira, a través de la Inteligencia Artificial. Condenó además la desigualdad entre países en cuanto al acceso a dichas tecnologías, fenómeno que amenaza con acabar la humanidad si logra separar la realidad de la no realidad.

Trajo a cuento factores adicionales que atentan contra la existencia y supervivencia misma de la humanidad, como el cambio climático. Presentó su visión sobre el panorama del proceso histórico de las migraciones, relacionado con la crisis climática, la discriminación arbitraria y el racismo como construcción conceptual propia de países que rechazan a los migrantes.  

Hizo referencias escuetas al nazismo, como se ha vuelto costumbre ahora para descalificar, un siglo más tarde, a quien se quiera atacar, sin tener en cuenta las verdaderas proporciones y el sentido del horripilante e indeseable fenómeno original de las actuaciones del nacionalsocialismo. Y no se ahorró un reproche algo airado por la salida de la representante de los Estados Unidos, que abandonó la sala mientras él hacía referencia a esa materia.

También, por supuesto, mencionó las vicisitudes de su relación con el presidente de los Estados Unidos y condenó lo que estima apoyo indebido de este último a uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. 

Para ilustrar su discurso, además de reprochar los métodos modernos de manipulación del imaginario popular y el uso de misiles para matar bebés, trajo a cuento la linterna de Diógenes y el supuesto ánimo unificador de Alejandro Magno. Todo, muy a su estilo, aderezado con referencias a controversias internas de Colombia, y lo que considera similitudes entre nuestro país y Belfast, donde en ese momento ardían vehículos y edificios. Situaciones ambas afectadas, según él, por el poder de la Inteligencia Artificial. 

Esa es la imagen que, a manera de despedida, ha dejado en las Naciones Unidas el actual gobierno de Colombia, cuya representación permanente ante la Organización se apartó en los últimos cuatro años de la tradición de apelar, para que nos representen allí,  a personas con experiencia y supuesta versación en los múltiples asuntos internacionales que circulan en ese foro. 

Presidir por una vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es ejercer la presidencia del mundo. Ni el presidente de Colombia fue allí el 10 de junio por un llamado de la comunidad internacional que deseaba escucharlo, ni como premio a su capacidad visionaria ni a ser consagrado como líder de talla mundial. Como suele suceder, en el caso de Colombia y en el de muchos otros presidentes, la trascendencia de su original discurso tuvo eco más bien en su propio país, y particularmente entre sus seguidores. 

En todo lo anterior no hay nada de malo. Las apreciaciones de propios y extraños serán variopintas trátese de quien se trate. Lo importante es que crezca la conciencia de la relevancia que debe tener la existencia de una política exterior conocida, sólida, efectiva, útil y presentable. Porque la improvisación o el desconocimiento de los rituales de la vida internacional, por ridículos que a algunos les parezcan, resultan perjudiciales para los intereses de Colombia. Y en esa materia es indudable que hemos perdido prestigio, confianza y credibilidad, aunque en algunas materias algunos protagonistas de nuestra acción internacional han querido ser innovadores. 

Ojalá el nuevo presidente, quien quiera que sea, tenga claro todo esto y actúe de inmediato en la tarea de volver a dibujar una política exterior acorde con las realidades y retos de nuestra época, y más adelante. Para comenzar, Colombia seguirá ocupando un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el final de 2027. Oportunidad privilegiada de actuar en la promoción y defensa de nuestros intereses y de aprovechar la concurrencia de representantes de todo el mundo en los cuarteles centrales de esa organización, con lo cual se facilita el ejercicio de esa diplomacia efectiva ejercida en múltiples direcciones, que es elemento esencial para nuestro futuro. 

América Latina atraviesa un momento de inflexión. En varios países de la región, gobiernos han impulsado reformas que debilitan las instituciones ambientales, reducen las garantías para las personas defensoras y limitan el acceso a la información y la participación en decisiones que afectan territorios y comunidades. Estas tendencias, lejos de ser aisladas, configuran un patrón regional que demanda análisis colectivo y respuestas coordinadas desde la sociedad civil.

El seminario ¿Está la democracia bajo presión? se planteó como un espacio propositivo donde organizaciones con trayectoria en litigio ambiental, incidencia política y acompañamiento territorial compartieron evidencia concreta sobre los impactos de la desregulación ambiental, el retroceso de derechos y la criminalización de la protesta en sus respectivos países.

Lo que se discutió

El evento abrió con la presentación del informe Participación cercada, a cargo de Dalile Antunez, investigadora colaborativa de la Coalition for Human Rights in Development, que documenta cómo en el contexto de proyectos de desarrollo se vulnera sistemáticamente el derecho a la participación en América Latina. Antunez señaló que los compromisos de participación y transparencia de los bancos de desarrollo no son opcionales, y que muchas organizaciones están utilizando precisamente esas obligaciones para presionar a estas instituciones a pronunciarse cuando hay restricciones al espacio cívico, resaltando cómo dichas restricciones impactan el cumplimiento de sus propias salvaguardas.

En ese marco, el panel reunió a cuatro expertas y expertos de organizaciones líderes en la región, quienes desarrollaron cuatro bloques temáticos:

Desregulación ambiental y cambio climático: Las y los panelistas identificaron reformas recientes que han debilitado los marcos de protección ambiental en sus países y analizaron cómo estas medidas comprometen la capacidad de responder a la crisis climática y de cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

Rol de la sociedad civil y reducción del espacio cívico: El bloque visibilizó las restricciones que enfrentan organizaciones, personas defensoras, periodistas y movimientos sociales, e identificó patrones regionales de criminalización, limitaciones al financiamiento y reducción del acceso a información pública. Constanza Dougnac, de FIMA Chile, advirtió que dividir comunidades y organizaciones es una estrategia deliberada para impedir que puedan conformar un frente unido, e instó a utilizar todas las instancias internacionales disponibles: “Estamos en un contexto en el que pareciera que la institucionalidad internacional se está degradando, pero sigue siendo la forma que tenemos para dejar registro de lo que está pasando.”

Impactos económicos y sociales: Las y los panelistas examinaron quiénes asumen realmente los costos de estas reformas, con especial atención a los impactos sobre comunidades locales, la conflictividad socioambiental y los costos de largo plazo asociados al deterioro ambiental y climático. Fátima Contreras Téllez, de la SPDA Perú, subrayó que la crisis climática nos afecta a todos y que los espacios cívicos son fundamentales para representar al conjunto de la sociedad: “Es muy necesario poder trasladar cuáles son los esfuerzos, las necesidades y las brechas, y tomar decisiones para definir estrategias nacionales. Los impactos son globales y las respuestas también deben serlo.”

Estrategias y respuestas: El último bloque estuvo dedicado a las propuestas y aprendizajes de las organizaciones. Cristian Fernández, de FARN Argentina, destacó la importancia de ampliar las alianzas más allá del campo ambiental: “Conversar con colegios profesionales, universidades y movimientos sindicales aumenta las sinergias y amplía el frente de respuesta.” Por su parte, Edgard Vanegas, de ASDEPAZ El Salvador, llamó a no perder la fe en el litigio internacional: “Hay personas valientes que se han puesto al frente para dar la lucha. Existen mecanismos donde es importante poder visibilizar estas situaciones frente al panorama que enfrentamos.”

Este intercambio confirmó que el deterioro del espacio cívico no es un fenómeno aislado, sino una tendencia estructural que requiere respuestas igualmente estructurales. Vanessa Torres, subdirectora de AAS, cerró el encuentro destacando el valor de estos espacios de diálogo: “Salir de las burbujas de opinión es fundamental. Acceder a información de calidad y crítica es necesario. Si tenemos estos debates, podemos hacerlos con argumentos.”

Para Ambiente y Sociedad, el encuentro representó un espacio de construcción colectiva de conocimiento, en el que las comunidades y organizaciones que habitan y defienden los territorios son protagonistas del análisis y no simplemente objetos de estudio. La sociedad civil latinoamericana no se limita a denunciar el retroceso democrático;  también propone, actúa y construye alternativas para fortalecer la participación, la justicia y la defensa de los derechos humanos y ambientales.

Cada año, el 5 de junio recuerda al mundo que el ambiente no es un telón de fondo de la vida humana: es su condición de posibilidad. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que consumimos y los territorios que habitamos dependen de ecosistemas que hoy enfrentan presiones sin precedentes. En Colombia, una de las naciones más biodiversas del planeta, esa realidad es urgente y también esperanzadora, gracias al papel que pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas han desempeñado históricamente como guardianes del patrimonio natural.

Comunidades cuidadoras: guardianes invisibilizados del ambiente

Antes de que existieran las políticas de conservación, antes de que los tratados internacionales reconocieran la crisis climática, hubo comunidades que sostuvieron bosques, páramos, humedales y ríos con su trabajo cotidiano, su conocimiento ancestral y su presencia territorial. Pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y campesinos han sido —y siguen siendo— actores eficaces en la protección de la biodiversidad en Colombia.

Los datos lo confirman: los territorios con mayor presencia comunitaria muestran tasas de deforestación significativamente menores. Las reservas forestales gestionadas por comunidades, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios colectivos constituyen algunas de las áreas con mayor integridad ecológica del país. Sin embargo, estas comunidades enfrentan una paradoja: son las principales cuidadoras del ambiente y, al mismo tiempo, quienes padecen con mayor crudeza los impactos de su degradación.

“Las soluciones a la crisis ambiental no se construyen sólo desde los escritorios de las instituciones. Se construyen, sobre todo, desde los territorios, con quienes los conocen y los habitan.”

Las poblaciones rurales, las más dependientes de los ecosistemas para su sustento, son también las más expuestas a sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de fuentes de agua. En Colombia, la deforestación —que alcanzó cifras preocupantes en los últimos años, especialmente en la Amazonía—, la minería ilegal, la expansión de monocultivos y la contaminación hídrica representan amenazas directas tanto para los ecosistemas como para las comunidades que los habitan.

Con menos del uno por ciento de la superficie terrestre del planeta, Colombia alberga cerca del diez por ciento de la biodiversidad mundial. Esa riqueza extraordinaria es, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme: requiere políticas ambientales robustas, financiamiento efectivo para la conservación y, sobre todo, el reconocimiento pleno de los derechos de las comunidades que la sostienen.

Esa protección tiene un costo. En Colombia, defender el territorio y el ambiente sigue siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Líderes y lideresas ambientales son amenazados, desplazados y asesinados con una frecuencia alarmante. La justicia ambiental no puede separarse de la justicia territorial ni de la seguridad de quienes defienden la vida.

El rol de la sociedad civil organizada

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel insustituible en la protección ambiental: documentan impactos, construyen capacidades comunitarias, inciden en políticas públicas y acompañan a las comunidades en la defensa de sus derechos. 

Desde AAS trabajamos desde hace años en el acompañamiento a procesos territoriales, la incidencia en política pública y la construcción de conocimiento crítico sobre gobernanza ambiental, justicia climática y derechos de las comunidades rurales en Colombia. A través de nuestros programas, articulamos la defensa de los ecosistemas con la garantía de los derechos de quienes los cuidan.

Hoy, reafirmamos que no hay justicia climática sin justicia territorial, que no hay conservación real sin participación comunitaria y que proteger el ambiente es, en última instancia, defender los derechos de millones de personas que dependen de él para vivir.

Las metas globales de biodiversidad y los compromisos climáticos asumidos en distintos acuerdos internacionales sólo serán alcanzables si los Estados ponen en el centro de sus políticas a quienes más conocen, cuidan y dependen de los ecosistemas. Eso significa financiamiento, reconocimiento jurídico, seguridad para los defensores ambientales y  mecanismos efectivos de participación.

La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental vinculante de América Latina y el Caribe— concluyó con la aprobación de diez decisiones. Los avances son reales, pero también lo son las señales de alerta: en varios países de la región los derechos que el Acuerdo busca garantizar no sólo no avanzan, sino que retroceden. La COP4 marcó un precedente al celebrarse por primera vez en el Caribe, y no es casualidad. De los 19 Estados Parte, 10 son países caribeños, lo que hace plenamente coherente que la nueva Mesa Directiva haya quedado en cabeza de  Saint Kitts y Nevis en la Presidencia, con Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las Vicepresidencias. 

Este liderazgo caribeño es un reconocimiento a ese compromiso sostenido y una responsabilidad: se espera que la Mesa impulse con determinación una agenda ambiciosa de democracia ambiental que traduzca los compromisos del Acuerdo en garantías concretas para la región. Colombia tuvo un rol propositivo en las negociaciones, impulsando las sinergias con la agenda climática y la necesidad de retomar la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en la próxima COP. Las diez decisiones aprobadas muestran que ese camino avanza, aunque de manera desigual.

Las palabras importan: cómo los gobiernos suavizaron los compromisos

No todas las decisiones pesan igual y, todo está en los verbos: la Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género se presentó a la COP4 pero sin adoptarse como compromiso, solo se “invitó” a los países a usarla; los avances en participación ciudadana fueron “acogidos con beneplácito”, fórmula diplomática que no es lo mismo a “aprobar”; y la cooperación entre países recibió el verbo más blando de todos: “invitar”. En diplomacia, la diferencia no es semántica y puede ser la diferencia entre una obligación y una sugerencia. 

Acceso a la justicia ambiental: nuevos reconocimientos para defensores y el público

La Decisión sobre acceso a la justicia incorporó dos cambios relevantes durante las negociaciones de esta COP4. El primero es el reconocimiento explícito de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El segundo cambio es que el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia ambiental estará formalmente integrado por una de las personas representantes electas del público. Esto garantiza una voz directa dentro del propio grupo, que tiene el mandato de elaborar lineamientos y un relevamiento de buenas prácticas para la siguiente COP.

Primeros avances concretos para proteger a quienes defienden el ambiente

El Acuerdo de Escazú, ha priorizado desde su primera Conferencia de las Partes la protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El pilar de defensoras y defensores es el de mayor avance en la implementación del tratado: desde la COP1 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc para el artículo 9, y en la COP3 se aprobó un Plan de Acción específico. Por su parte, en la COP4, las Partes y el público conocieron los primeros avances concretos de ese plan, lo que marca el tránsito de la planificación a la ejecución.

Entre las actividades reportadas se destacan tres: el desarrollo del programa de implementación con su proceso de consulta; la realización del Foro Regional de Defensoras y Defensores, orientado a fortalecer las capacidades de las Partes y del público; y el inicio de la primera actividad del eje de conocimiento: la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este diagnóstico deberá documentar, como mínimo: el número de víctimas y tipos de vulneraciones registradas; los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales vinculados a la prevención, protección y sanción; y las prácticas existentes, incluyendo experiencias comunitarias y estrategias de autoprotección.

La recolección de datos se extenderá hasta agosto de 2026 a través de un mecanismo participativo La elaboración del informe está prevista entre agosto y diciembre de 2026, y su publicación y difusión se realizará en el marco del Foro Regional de 2027. Este proceso es el primer levantamiento sistemático de datos sobre vulneraciones a defensores ambientales en el marco vinculante de Escazú, y sus resultados informarán directamente las políticas y lineamientos que adopten las Partes en la COP5.

El Comité de Cumplimiento y el mecanismo de respuesta rápida

Uno de los avances es la formalización del mecanismo de respuesta rápida del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este mecanismo permite al Comité adoptar medidas urgentes, como priorizar casos, convocar sesiones extraordinarias, proteger la identidad de quienes presentan comunicaciones y recomendar al Estado interesado medidas de protección inmediata, cuando se detecten situaciones de riesgo frente a ataques, amenazas o intimidaciones a miembros del público. 

Pueblos indígenas: deuda pendiente y demandas concretas

Desde COICA, el balance es claro: persisten limitaciones estructurales que impiden una participación indígena plena y efectiva. Varias de las propuestas impulsadas por los pueblos indígenas amazónicos no fueron incorporadas en los proyectos de decisión, lo que evidencia que los mecanismos actuales de gobernanza aún resultan insuficientes para responder a sus realidades y necesidades. A ello se suman barreras concretas: la brecha digital, las limitaciones lingüísticas, el acceso desigual a información pública y la ausencia de mecanismos culturalmente adecuados para participar en igualdad de condiciones.

COICA también ha señalado la limitada incorporación de enfoques interculturales en la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras y la falta de reconocimiento de los sistemas propios de protección territorial y autoprotección indígena. Por ello,consideran prioritario que las próximas COP adopten medidas concretas: la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Cuestiones Indígenas; el reconocimiento formal de un Caucus Indígena con apoyo técnico y financiero; una Relatoría sobre Pueblos Indígenas que haga seguimiento a la situación de defensoras y defensores; y la garantía de al menos un representante indígena dentro de los mecanismos de representación del público. Los pueblos indígenas no deben ser considerados únicamente actores consultivos, sino sujetos colectivos de derechos y socios estratégicos fundamentales para la protección de la Amazonía y los derechos humanos ambientales en la región.

Colombia tomó la palabra para solicitar que la Secretaría tomara nota de la necesidad de abrir espacios de discusión sobre cuestiones indígenas y comunidades locales, a fin de hacer una revisión informada en la siguiente COP, considerando el contexto crítico que enfrentan los pueblos indígenas en la protección de sus territorios. Esta señal quedó registrada en el reporte de la COP. 

Hojas de ruta nacionales: más países, pero con retrocesos que preocupan

Nueve países han publicado planes y hojas de ruta para la implementación nacional. Valoramos que Belice se incorporó a esta lista en el texto final. No obstante, el mecanismo de seguimiento previsto se redujo de un sistema integral de verificación a un modelo de informe de alcance más limitado.

Según Cristian Fernández de FARN, el proceso de construcción de la hoja de ruta argentina fue complejo: si bien es positivo que el país haya trazado acciones concretas, la instancia de buzones electrónicos no puede suplantar instancias de diálogo presenciales. Esta lección es extrapolable a toda la región: las hojas de ruta deben construirse con participación ciudadana robusta, antes y durante el proceso.

Pero más allá de los déficits de proceso, lo que preocupa en Argentina es lo que ocurre en la práctica. Como advierte FARN, desde la COP3 los cambios han sido regresivos. El Decreto 780/2024 restringió el derecho de acceso a la información pública, ampliando de manera discrecional las facultades de los funcionarios para decidir qué se informa e invirtiendo el sistema de obligaciones establecido en la ley. El Observatorio ambiental y climático para la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina —a partir de un informe de Proyecto Meulen, iniciativa radicada en la FCJS-UNL— ha documentado regresiones que incluyen la desaparición del Ministerio de Ambiente, la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, la derogación de herramientas para energías renovables y modificaciones legales que habilitan reemplazar audiencias públicas por otros mecanismos, entre otros retrocesos. Si bien Argentina cuenta con instrumentos formales, estos retrocesos la ubican en un escenario preocupante frente a sus compromisos.

Registros de contaminantes e informes técnicos: evidencia para la acción

Se aprobó la creación de un grupo técnico de expertos para desarrollar lineamientos regionales sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC): el grupo incorporó formalmente la participación de representantes electos del público, garantizando que las comunidades tengan voz directa en la definición de estos lineamientos. Este avance, junto con la incorporación del representante del público en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia, es resultado de la incidencia sostenida del público en las negociaciones, en articulación con los representantes electos del público, la Red Regional Escazú Ahora y CANLA.

El informe técnico presentado en la COP4 revela un panorama regional heterogéneo: solo Chile y México cuentan con sistemas RETC plenamente operativos, mientras la mayoría de países se encuentra en etapas iniciales. Al mismo tiempo, los países con hojas de ruta nacionales han incorporado los RETC como acción prioritaria, lo que evidencia el efecto catalizador del Acuerdo.

Desde FIMA, Constanza Dougnac subraya su importancia estratégica: los RETC permiten a las comunidades conocer qué contaminantes se emiten en sus territorios y quiénes son los responsables, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la participación pública. En territorios altamente expuestos a contaminación o vulnerables frente a la crisis climática, esta información es fundamental. Por ello, señala FIMA, los RETC deben fortalecerse e implementarse bajo estándares de transparencia, actualización y acceso público.

Cambio climático y sinergias: una articulación urgente

Desde FIMA, Constanza Dougnac considera que los procesos climáticos como las NDC deben considerar los estándares de Escazú para asegurar transparencia, participación y rendición de cuentas. El principio de no regresión no puede quedar fuera de los compromisos climáticos. No avanzar en esta dirección implica el riesgo de impulsar acciones que profundicen desigualdades en lugar de abordarlas. La propia CIDH ha señalado que el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas que exacerba desigualdades estructurales —un riesgo especialmente crítico para América Latina y el Caribe, región altamente vulnerable pese a su baja contribución histórica a las emisiones globales.

Sin embargo, la COP4 sí aprobó dos disposiciones que avanzan en esa dirección. La Decisión IV/10 invita a las Partes a promover sinergias y alianzas entre Escazú y otros foros multilaterales sobre medio ambiente, y encomienda a la Secretaría reforzar la cooperación con organismos del sistema de Naciones Unidas. Por su parte, el Comité de Cumplimiento quedó habilitado para establecer diálogos y consultas con otros acuerdos e instituciones multilaterales. Juntas, estas dos decisiones habilitan a toda la arquitectura institucional del Acuerdo para avanzar en la articulación entre Escazú, la agenda climática y los estándares interamericanos de derechos humanos.

Hacia la COP5: tareas urgentes

Las decisiones adoptadas en la COP4 marcan la agenda hasta la COP5, la puesta en marcha del grupo de trabajo sobre acceso a la justicia, el grupo técnico sobre RETC, la elaboración de un modelo de seguimiento de las hojas de ruta que incorpore voces independientes del público, y el inicio de una conversación estructurada sobre la participación de los pueblos indígenas en la gobernanza del Acuerdo.

Valoramos además que una de las decisiones adoptadas establezca que la Mesa Directiva deberá anunciar con al menos seis meses de anticipación el país anfitrión de la siguiente COP. La participación informada y preparada no es un detalle logístico: es una condición para que la democracia ambiental que el Acuerdo promete sea real.

* Publicado originalmente para Le Monde Diplomatique

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de Gabriel García Márquez: un país donde la historia parece repetirse más que avanzar. En ese escenario, Gustavo Petro irrumpe como promesa de ruptura, pero su gobierno expone una tensión más profunda: la distancia entre la épica del cambio y la obstinada realidad del Estado.

Más allá de los nombres, este texto explora las fuerzas que realmente moldean el poder: herencias políticas que no desaparecen, instituciones que resisten y una gobernabilidad cada vez más frágil. En un país que no termina de resolverse, la pregunta no es solo quién viene después, sino si Colombia puede, por fin, dejar de repetir su propia historia.

Porque aquí no hay héroes claros ni finales escritos: hay herederos, tensiones, egos, cálculos y un Estado que a veces avanza… y a veces bosteza. Este artículo invita a entrar en ese laberinto . A medio camino entre Macondo y el Congreso—donde lo trágico y lo absurdo conviven, y donde entender el presente colombiano es, también, una forma de anticipar sus próximas sorpresas.

En las páginas de Gabriel García Márquez, los destinos no eran simplemente biografías: eran condenas envueltas en poesía. Sus personajes –melodramáticos, obsesivos, circulares– parecían atrapados en una lógica donde la historia no avanza, sino que se repite con variaciones de tragedia. El propio Gabo hablaba de “razas condenadas a cien años de soledad”, como si el tiempo en Colombia fuera una espiral y no una línea. En ese espejo, Gustavo Petroaparece también como una figura de destino: un líder que se narra a sí mismo como ruptura histórica, como punto de inflexión inevitable.

Pero la historia – y esto conviene recordarlo– no termina con Aureliano. Ni con Petro.

Después de Gabo, la literatura colombiana no se extinguió en el peso de su sombra. Al contrario: se fragmentó, se diversificó, encontró nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas obsesiones. Del mismo modo, después de Petro, Colombia no será una nota al pie de su biografía. Será otra cosa: incierta, conflictiva, pero abierta.

Hoy el país parece atrapado en una ecuación compleja, de múltiples variables y escasa solución evidente. Una ecuación donde los herederos pesan tanto como las ideas, y donde la historia familiar sigue siendo capital político.

Ahí está Paloma Valencia, heredera de una tradición política que no es solo ideológica sino genealógica. Nieta de Guillermo León Valencia, su figura condensa los ecos de un país donde las élites no desaparecen: mutan. Su discurso, firme y sin concesiones, se apoya en una memoria histórica que incluye episodios tan fundacionales como el bombardeo a Marquetalia, ese momento en que el Estado decidió responder a la insurgencia campesina con el lenguaje de la guerra total. La herencia, en Colombia, no es un dato biográfico: es una herramienta estratégica. Y Valencia parece entenderlo con precisión quirúrgica.

En la otra orilla, Iván Cepeda representa otro linaje, también marcado por la violencia. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, su trayectoria política está atravesada por la memoria del conflicto, pero también por una apuesta institucional que, hasta hace poco, parecía diluirse en el silencio. Su reciente decisión de entrar de lleno en el debate rompe una especie de mutismo prolongado de la voz más fuerte de la izquierda.

Sin embargo, ese regreso no disipa las dudas. Si algo ha quedado claro en la experiencia reciente es que un eventual gobierno de Cepeda –o de alguien en su línea– estaría marcado por una convicción férrea, casi inamovible. Virtud o defecto, según quien mire. No sería un gran negociador en un Congreso fragmentado y muchas veces hostil. Serían años de fricción constante: calles movilizadas como sustituto de mayorías legislativas, reformas empujadas más por presión que por consenso. Un escenario de tensión permanente, donde la gobernabilidad sería un ejercicio diario de resistencia.

En el centro, como siempre, un archipiélago difuso de candidaturas que intentan capitalizar el cansancio sin lograr articular una narrativa convincente. El centro colombiano, más que un proyecto, parece un síntoma: el deseo de escapar de los extremos sin saber muy bien hacia dónde.

Y todo esto ocurre sobre un terreno inestable. Colombia enfrenta un riesgo fiscal creciente, una estructura estatal atravesada por la mediocridad y la corrupción en múltiples niveles – Congreso, cortes, burocracias regionales– y una institucionalidad que, aunque funcional, dista mucho de ser eficiente. Paradójicamente, la economía muestra signos de mayor solidez relativa, como si el país real avanzara a un ritmo distinto del país político.

Pero la ecuación no es solo interna.

En el horizonte regional y global, los próximos años estarán condicionados por factores que escapan al control de Bogotá. La prolongación de la influencia de Donald Trump –directa o indirecta– redefine las relaciones hemisféricas, endurece agendas migratorias, reconfigura alianzas. América Latina, fragmentada y sin un eje claro, se mueve entre pragmatismo económico y volatilidad política. Las agendas globales –cambio climático, transición energética, tensiones geopolíticas– imponen desafíos cada vez más complejos a un país que aún lucha por resolver sus problemas más básicos.

Sin embargo, reducir el momento colombiano a una suma de nombres propios sería un error de diagnóstico. Lo que está en juego no es solo quién suceda a Petro, sino bajo qué condiciones estructurales ese sucesor – o sucesora– intentará gobernar.

Porque Colombia arrastra una paradoja persistente: es un país con vocación institucional, pero con una práctica profundamente informal del poder. Las reglas existen, pero su aplicación es selectiva; las instituciones funcionan, pero lo hacen muchas veces capturadas por intereses particulares. El Estado colombiano no es débil en el sentido clásico –no ha colapsado, no ha perdido el monopolio formal de la ley–, pero sí es desigual en su capacidad de acción. Es fuerte en algunos territorios, inexistente en otros; riguroso en ciertos ámbitos, laxo en muchos más.

Esta fragmentación se traduce en un problema central para cualquier gobierno futuro: la imposibilidad de ejecutar reformas profundas sin enfrentar resistencias múltiples y simultáneas. No se trata solo de oposición política, sino de redes clientelares, intereses económicos, inercias burocráticas y, en algunos casos, estructuras ilegales que se entrelazan con lo institucional.

En ese contexto, la promesa de cambio –sea desde la izquierda, la derecha o el centro– choca inevitablemente con los límites del aparato estatal. Petro lo ha experimentado en carne propia: una agenda ambiciosa que, al aterrizar en la realidad administrativa, encuentra cuellos de botella, demoras, reinterpretaciones, sabotajes silenciosos.

De ahí que el debate sobre el “después de Petro” no pueda limitarse a la continuidad o ruptura de sus políticas. La pregunta más incómoda es otra: ¿es gobernable Colombia bajo los parámetros actuales?

La respuesta, si se mira con frialdad, es ambigua.

Por un lado, existe una resiliencia notable. A pesar de crisis recurrentes –violencia, corrupción, desigualdad– el país no se ha desmoronado. Ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica, ha preservado elecciones competitivas, ha evitado rupturas institucionales abruptas. Pero esa misma resiliencia puede ser leída como estancamiento: una capacidad de absorber el conflicto sin resolverlo, de normalizar lo excepcional, de convertir la crisis en rutina.

Por otro lado, hay señales de fatiga. La confianza en las instituciones es baja, la polarización ha aumentado, y la idea misma de un proyecto nacional compartido parece cada vez más difusa. En ese vacío, los liderazgos tienden a personalizarse, a construir relatos épicos que sustituyen la falta de consensos estructurales.

Es aquí donde la figura de Petro –y la de sus posibles sucesores– se vuelve más compleja. No se trata solo de su programa, sino de su estilo de liderazgo. Un estilo que privilegia la confrontación, que entiende la política como un campo de disputa permanente, que apela a la movilización social como fuente de legitimidad.

Ese enfoque tiene ventajas evidentes: permite romper inercias, visibilizar conflictos, desafiar poderes establecidos. Pero también tiene costos: dificulta la construcción de acuerdos, agota a la opinión pública, y puede derivar en una gobernabilidad basada más en la presión que en la negociación.

Un eventual relevo desde la derecha, representado por figuras como Valencia, implicaría un giro en el tono, pero no necesariamente en la estructura del conflicto. La derecha colombiana, históricamente más disciplinada, enfrenta hoy su propia fragmentación interna. El legado del uribismosigue siendo un factor de cohesión, pero también de desgaste. Gobernar desde ahí implicaría no solo oponerse a Petro, sino redefinir un proyecto que vaya más allá de la reacción.

En el centro, la dificultad es distinta: construir identidad. Sin un relato claro, sin una base social movilizada, el centro corre el riesgo de convertirse en un actor de segunda línea, relevante en el discurso pero marginal en la práctica.

Hay un momento poco explorado –y sin embargo decisivo–en la trayectoria de Gustavo Petro: la construcción y posterior descomposición de su primer gabinete. Allí, más que en los discursos o en las plazas, se jugó una parte sustancial de su aspiración de convertirse en estadista y no solo en líder de ruptura.

El arranque fue, en apariencia, una señal de madurez política. La inclusión de figuras como Alejandro Gaviria , Ocampo y otros perfiles de corte liberal como Roy Barreras o técnico sugerían un intento deliberado de construir un gobierno de síntesis, capaz de tender puentes con sectores moderados y de enviar un mensaje de estabilidad a un país temeroso de los extremos. Era, si se quiere, el gesto clásico de quien entiende que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

Ese primer gabinete tenía algo de pacto tácito: la energía transformadora de Petro se equilibraría con la experiencia institucional de quienes conocían los ritmos del Estado. No era solo una coalición política, sino una alianza de temperamentos. De un lado, la voluntad de cambio acelerado; del otro, la conciencia de que el aparato público tiene inercias que no se desmontan por decreto.

Pero ese equilibrio duró poco.

Con el paso de los meses, la relación entre el Presidente y varios de sus ministros empezó a tensarse. No tanto por diferencias ideológicas de fondo, sino por algo más difícil de gestionar: la brecha entre expectativa y ejecución. Algunos de esos primeros ministros –en conversaciones privadas, casi siempre marcadas por la discreción– describían una atmósfera de creciente frustración. Hablaban, con una metáfora que no es casual en Colombia, de una suerte de desesperación a lo Aureliano: la sensación de estar librando batallas repetidas sin lograr alterar el curso de los acontecimientos.

Esa comparación con los personajes de Gabriel García Márquez no es simplemente literaria. Apunta a un rasgo más profundo del liderazgo de Petro: una relación intensa, casi visceral, con la idea de transformación histórica. El problema es que el Estado –ese entramado de normas, procedimientos, tiempos administrativos y resistencias internas– no responde a la lógica de la épica.

Ahí aparece, quizá, uno de los límites más claros de su gobierno. Petro llegó al poder con una larga trayectoria política, pero sin experiencia significativa dentro del aparato burocrático en condición de subordinado. No es un detalle menor. Quien ha sido burócrata –en el sentido más amplio del término– aprende que las decisiones no solo deben ser correctas, sino implementables. Que cada reforma atraviesa capas de validación, interpretación y, muchas veces, dilación. Que el Estado no es un instrumento dócil, sino una maquinaria compleja, a veces torpe, otras veces resistente.

Esa distancia entre el diseño y la ejecución genera una tensión constante. Desde la perspectiva del líder, los cambios parecen urgentes y moralmente inaplazables. Desde la lógica administrativa, son procesos que requieren tiempo, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cuando esas dos temporalidades chocan, lo que emerge es frustración: la sensación de que el aparato estatal traiciona el mandato político.

El relevo progresivo de ministros puede leerse, en parte, como un intento de resolver esa tensión. Sustituir perfiles más técnicos o moderados por otros más alineados con la visión presidencial buscaba reducir el ruido interno y acelerar la toma de decisiones. Pero esa estrategia tiene un costo: debilita los contrapesos dentro del propio gobierno y reduce la diversidad de criterios, justo en un entorno que exige deliberación cuidadosa.

Al final, lo que queda es una lección incómoda para cualquier proyecto de cambio en Colombia. La política, a diferencia de la literatura, rara vez ofrece momentos de catarsis. Es, en gran medida, un ejercicio de gestión paciente, de avances incrementales, de negociaciones grises que no caben en relatos heroicos. El deseo –tan potente en la narrativa– se vuelve, en la práctica, rehén de procedimientos, de presupuestos, de firmas que tardan más de lo previsto.

Hay algo casi inevitablemente anticlimático en gobernar. Y tal vez ahí radica una parte del desencuentro: en la dificultad de traducir una visión épica en una realidad que, la mayoría del tiempo, es simplemente prosaica.

A todo esto se suma un elemento que suele subestimarse: el tiempo.

Colombia entra en una fase donde las decisiones ya no pueden postergarse indefinidamente. La transición energética, por ejemplo, no es solo un debate ambiental, sino fiscal. La dependencia de los ingresos petroleros plantea un dilema inmediato: cómo financiar el Estado en un escenario de descarbonización. Las respuestas posibles –reforma tributaria, diversificación productiva, endeudamiento– son políticamente costosas.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el modelo pensional, la educación. Son reformas estructurales que requieren mayorías, tiempo y capital político. Tres recursos escasos en el contexto actual.

En paralelo, la dinámica regional introduce nuevas tensiones. La relación con Venezuela, siempre delicada, sigue siendo un factor de inestabilidad. La migración, la seguridad fronteriza, el comercio informal: temas que ningún gobierno puede ignorar.

Y en el plano global, la incertidumbre es la regla. La competencia entre potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la crisis climática, las nuevas tecnologías: todo apunta a un entorno más volátil, donde los márgenes de maniobra para países como Colombia son muylimitados.

En medio de las tensiones y los extravíos, sería injusto negar que en el gobierno de Gustavo Petro han coexistido –y aún resisten– funcionarios de una convicción honesta, casi silenciosa, que contrasta con el ruido de la coyuntura. Algunos de ellos, curiosamente, han tenido una relación más directa con la tierra que con la retórica: técnicos, gestores, reformistas discretos que entienden que la deuda agraria de Colombia no es un eslogan sino una herida abierta. En esa línea, en esa posibilidad de una reforma rural seria, paciente, anclada en lo concreto, parecía insinuarse un camino más fértil, acaso el verdadero derrotero para un Aureliano menos atrapado en la épica y más comprometido con la siembra lenta de instituciones. Pero la vanidad –esa fuerza sutil que también habita a los personajes de Gabriel García Márquez–terminó por inclinar la balanza: la aspiración a una estatura global, la seducción de los grandes escenarios internacionales, la coreografía de discursos que buscan resonancia más allá de las fronteras. En esa danza, tan visible como efímera, algo de la brújula se extravió; y mientras el mundo escuchaba, el país –más terco, más concreto– seguía esperando respuestas menos grandilocuentes y más tangibles.

Para lo que sigue, la tentación de pensar en términos de “salvadores” resulta comprensible, pero engañosa. Ni Petroes el principio absoluto, ni quien le suceda será el final de la historia.

Quizás la lección más profunda –y más incómoda– es que Colombia no necesita otro Aureliano. No necesita otro personaje destinado a encarnar todas las contradicciones del país. Necesita, más bien, una política menos épica y más prosaica. Menos centrada en figuras y más en instituciones. Menos obsesionada con el destino y más comprometida con la gestión.

Eso, por supuesto, es más difícil de narrar. No hay novelas memorables sobre burocracias eficientes. No hay mitologías sobre consensos técnicos. Pero es ahí donde se juega, en última instancia, la posibilidad de un país distinto.

Después de Petro, Colombia seguirá siendo un país en disputa. Con avances y retrocesos, con momentos de lucidez y de extravío. Un país que, como en las novelas de Gabo, parece a veces condenado a repetirse, pero que –a diferencia de Macondo– tiene la posibilidad de aprender.

La historia no se acaba con el gran Aureliano.

Se complica. Se bifurca. Y, si hay algo de esperanza, es precisamente eso: que no está escrita de una vez y para siempre.