Los delitos de cuello blanco en Colombia, no ocurren por falta de leyes. De hecho, suelen aparecer en sectores altamente regulados, donde existen manuales, auditorías y protocolos de cumplimiento.

El verdadero problema está en otro lugar: la falsa sensación de control.

Muchas organizaciones cumplen formalmente con los requisitos del regulador, pero no transforman su cultura interna de prevención de riesgos. El compliance existe en el papel, pero no en la toma real de decisiones.

Por eso, entender el derecho penal económico exige ir más allá del Código Penal. También implica analizar cómo se construyen las decisiones empresariales que terminan generando responsabilidad penal.

Caso InterBolsa

El caso de InterBolsa no fue solamente una manipulación del mercado financiero.

En esencia, fue una falla grave en la gestión del riesgo de liquidez disfrazada de sofisticación financiera.

Las operaciones repo sobre acciones de Fabricato no eran ilegales por sí mismas. El problema fue su uso repetitivo para sostener artificialmente el precio del activo y alterar el mercado.

Aquí entraron en juego delitos como:

• Manipulación fraudulenta de especies inscritas (artículo 317 del Código Penal)
• Abuso de confianza calificado (artículo 250 del Código Penal)

Sin embargo, el verdadero fallo estuvo en la gobernanza interna. Los órganos de control no detectaron a tiempo cuándo una práctica aparentemente legal estaba cruzando el límite penal.

Muchos comités de riesgo existen, pero no tienen independencia real ni capacidad efectiva de frenar decisiones peligrosas.

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Saludcoop: cuando lo legal se usa para ocultar lo irregular

Uno de los delitos de cuello blanco más sonado, fue el de Saludcoop, presentó una situación aún más compleja.

Se trató de la apropiación de recursos públicos destinados a la salud mediante estructuras empresariales que aparentaban total legalidad.

Contratos entre empresas del mismo grupo, reasignaciones presupuestales y decisiones financieras dificultaron distinguir entre una gestión administrativa legítima y un posible peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal).

El problema no fue solamente quién tomó la decisión, sino que el sistema permitió que esa apropiación pareciera una simple decisión gerencial.

Cuando no existe trazabilidad real sobre el destino de los recursos públicos, el control siempre llega tarde.

Caso Odebrecht

Reducir Odebrecht a un simple caso de cohecho sería simplificar demasiado el problema.

Sí existieron delitos como:

• Cohecho (artículos 405 y siguientes)
• Celebración indebida de contratos (artículo 410)

Pero la falla estructural estuvo antes: en la debida diligencia insuficiente tanto del sector público como del privado.

Durante años, la discusión se concentró en funcionarios públicos, pero poco se analizó el papel de intermediarios financieros, estructuradores y asesores que hicieron posible la operación.

El delito no siempre nace en la firma del contrato. Muchas veces comienza en el diseño mismo del negocio.

El verdadero riesgo penal está en las pequeñas decisiones

Nadie se levanta un día diciendo: “voy a delinquir”.

En la mayoría de los casos, el delito aparece como resultado de múltiples pequeñas decisiones toleradas, justificadas o simplemente ignoradas.

Ese es uno de los grandes retos del derecho penal económico moderno: la responsabilidad no siempre está en una sola persona, sino en estructuras completas de decisión empresarial.

Por eso, el análisis penal no puede limitarse a buscar culpables individuales. También debe revisar cómo funciona la organización.

El compliance no sirve si solo está en el manual

La principal lección es clara: el cumplimiento formal no previene delitos de cuello blanco. En muchos casos, incluso los encubre.

Tener manuales, políticas internas o protocolos no basta si no existe una verdadera cultura de prevención.

El compliance no debe ser un requisito para mostrar al regulador, sino una herramienta real para tomar mejores decisiones.

Ahí está el verdadero valor del abogado penalista económico: no solo defender cuando el problema ya explotó, sino anticipar los riesgos antes de que se conviertan en un proceso penal.

Porque cuando llega el derecho penal, normalmente ya es demasiado tarde.

¿Su empresa tiene un verdadero sistema de prevención penal o solo un manual de cumplimiento? La diferencia puede definir el futuro patrimonial y reputacional de toda la organización.

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El escritor italiano Emilio Salgari, diestro con la pluma, como sus personajes con la espada, nos dejó personajes inolvidables en novelas de aventuras, como Sandokán y el Corsario Negro, héroes anticoloniales, porque se trataba de personajes caídos en desgracia por maniobras de imperios adversos (el británico y el español, respectivamente), quienes dedicaban sus esfuerzos y recursos en defender a quienes eran víctimas de la colonización violenta.

Durante el presente año de 2026, se cumplen cincuenta años de dos producciones audiovisuales italianas, que nos marcaron a los que éramos unos niños en 1976, la miniserie Sandokán y la película Il Corsaro Nero, conocida en España como El Juramento del Corsario Negro, ambas dirigidas por Sergio Sollima y protagonizadas por el actor indio Kabir Bedi y la actriz francesa Carole André. 

Dentro del elenco de El Corsario Negro, está el mítico Mel Ferrer, a quien se le recuerda como espadachín en Scaramouche (1952), así como el cantante Tony Renis, famoso por el tema Quando, quando, quando, su personaje es un español que se enamora de una guerrera indígena, encarnada por la actriz austriaca Sonja Jeannine. Angelo Infanti interpreta al Capitán Morgan, Infanti estuvo en el elenco de El Padrino. La actriz alemana Dagmar Lassander, interpreta a la marquesa de Bermejo. También interviene la jovencita barranquillera Pierangeli Llinás, dando inicio a una interesante carrera, como actriz, productora y directora de cine.

Emilio Salgari (1862 – 1911), periodista y marinero italiano que devino en novelista de aventuras históricas, aprovechó sus conocimientos para alimentar sus obras. La vida de Salgari, osciló entre el éxito como autor de culto y la tragedia personal, marcada por una serie de suicidios en la familia, incluyendo la del mismo escritor, quien era víctima de un contrato leonino con editores que se enriquecían a su costa, mientras él acumulaba deudas y pobreza. Es impresionante la cantidad de obras de Salgari, quien escribía sin descanso para intentar llevar una vida medianamente digna, más de 80 novelas, incluyendo una de ciencia-ficción titulada Las maravillas del 2000.

La miniserie Sandokán de la RAI, fue un éxito internacional en medio mundo, una de mis favoritas durante la infancia. Aprovechando la celebridad alcanzada por sus protagonistas se produjo una película, basada en otro personaje de Salgari, una especie de alter ego suyo, Emilio de Roccanera, noble italiano, quien termina convertido en pirata del Caribe, conocido como el Corsario Negro, motivado por el deseo de justicia y venganza. Aparte de la aventura necesaria, se narra el amor imposible del personaje por Honorata, hija del flamenco Wan Guld, el hombre que asesinó a su familia.

Al igual que la serie de Sandokán, se cumplen 50 años de una película que resulta imprescindible para quienes gusten del género de piratas y que para los cinéfilos en general resulta un grato descubrimiento, por su realización cuidadosa, la fotografía, el vestuario y la producción en general. Los escenarios resultan muy fidedignos, porque la cinta fue filmada en Cartagena de Indias y en Santa Marta, dos de las perlas colombianas del Caribe. Capítulo aparte, hay que destacar la banda sonora de la película, compuesta por los hermanos Guido y Maurizio De Angelis, célebres por sus obras para cine y televisión, incluyendo el tema de Sandokán, que algunos tatareamos, de vez en cuando y de forma automática. 

Una escena puede salvar a una película, cuando queda grabada en el recuerdo y El Corsario Negro la tiene. La secuencia memorable de la cinta, es cuando la bella y desgraciada Honorata es abandonada en el mar a su suerte, cumpliendo la sentencia de muerte, por ser hija del tirano Wan Guld, ahora Gobernador de Maracaibo. La escena es preciosa, Honorata (Carole André)  permanece de pie todo el tiempo, mientras su barca se mueve a merced de las olas del mar y se va alejando, al tiempo que el impasible Emilio, llora desde la toldilla en la popa, observándola en su impotencia.

El director Sergio Sollima, fue célebre por una trilogía de spaghetti western, luego de haber sido guionista en diversos filmes, pero sobre todo se le recuerda por las realizaciones con el personaje de Sandokán y la película a la que nos referimos. 

El actor indio Kabir Bedi, es una leyenda viviente, siendo exitoso en las más importantes industrias audiovisuales del mundo. El intérprete nacido en Lahore, India, en 1946, ya tenía un bagaje en Asia, por sus trabajos en su país de origen, cuando fue descubierto en Europa y América Latina, gracias al rol de Sandokán y luego fue reconocido en Hollywood y el resto del mundo, por su papel de villano en la película Octopussy, de la saga de James Bond, durante la era de Roger Moore como el agente 007.

La autobiografía de Bedi, titulada Historias que debo contar. La vida emocional de un actor (2023), resulta una lectura grata y apasionante que recorre el devenir existencial del intérprete, con multitud de anécdotas. En este libro, Bedi recuerda con cariño la experiencia de haber filmado en Colombia y haber vivido durante varios meses en Cartagena de Indias, tiene palabras de agradecimiento para el recientemente fallecido Salvo Basile, quien fue Coordinador de producción e incluso tuvo un pequeño papel con diálogo, pero curiosamente no sale en los créditos. 

Kabir Bedi considera que El Corsario Negro, fue una de las mejores películas en las cuales intervino, porque fue una realización esmerada y en un ambiente muy agradable, lamenta que no tuviera el éxito que se merecía en su estreno en el cine, aunque como ha sucedido con otras producciones, ha tenido una segunda mejor vida en el video y las plataformas, convirtiéndose en cinta de culto y referencia, especialmente para los seguidores del género de piratas. 

El testimonio de Bedi se convierte en la mejor invitación para rescatar del fondo del mar a El Corsario Negro, el mismo pirata que hizo un pacto con el Diablo, en una tenebrosa noche de tormenta en el Caribe. La película se puede ver en diversas plataformas, no es sino buscarla. ¡Buen viento y buena mar!

Dixon Acosta Medellín

En lo que sigue llamando Twitter lo encuentran como @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno. 

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

La legendaria tradición de existencia de un “Gabinete en la Sombra” les ha permitido a los británicos pasar del gobierno de un partido al de otro sin mayores estridencias. No otra cosa puede esperarse del hecho de que quienes ocupaban carteras en la penumbra pasan a ocupar las diferentes carteras ministeriales con conocimiento previo y detallado de la situación y la trayectoria reciente y remota de cada una. Con el apoyo adicional y muy valioso de un grupo selecto y experimentado de funcionarios de carrera que conocen mejor que nadie las opciones de hacer un mejor gobierno.

No obstante, como la vida política es en todas partes agitada y protagonizada por gente con emociones, los gobiernos británicos no escapan de crisis derivadas del comportamiento anómalo de personajes que terminan por contaminar las aguas limpias de cualquier gestión iniciada con las mejores intenciones. Razón por la cual existe allí, en la cultura política, una tradición de exigencia y rigor orientada a que los transgresores no puedan salirse con la suya, y que los gobernantes respondan aún por asuntos que en otras partes serían considerados triviales.  

Sir Keir Starmer, el primer ministro, que ha dado hacia afuera muestras de carácter al resistir de manera estoica los embates de la Casa Blanca para que su país se sume a la guerra contra Irán, como si los británicos tuviesen obligación de obedecer los conocidos y cambiantes caprichos de Donald Trump, no tiene en el paisaje político de su país una imagen lo mismo de sólida. 

La permanencia misma de Starmer en el poder se ha visto amenazada por las incidencias del nombramiento y caída de Lord Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos. Todo se remonta a la designación de Mandelson en esa embajada en diciembre de 2024 y la asunción del cargo en febrero de 2025. Al parecer el gobierno tenía prisa de contar con su presencia en Washington cuando el primer ministro buscaba, como tantos otros en ese momento, ocupar un lugar importante en el “ranking” de líderes tenidos en cuenta por un presidente americano que los puso a competir por ser objeto de su aprobación. Algo que si bien ahora luce ridículo, en ese momento se veía de otra manera. 

Como el diablo está en los detalles, la premura de 10 Downing Street por tener un embajador adecuado a las nuevas circunstancias condujo a que el proceso de verificación de seguridad requerido para que alguien asuma un cargo con acceso a información reservada no se hubiera completado a tiempo. De manera que, cuando el documento estuvo listo, no mereció la atención de altos funcionarios y aparentemente no fue puesto en conocimiento de miembros del gabinete y mucho menos del primer ministro. Lo malo es que el resultado de la verificación de seguridad, UK Security Vetting, no recomendaba nombrar a Mandelson.

El flamante embajador vino a ser destituido en septiembre de 2025, cuando se hizo pública su estrecha amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein. Momento en el cual el primer ministro fue cuestionado por la idoneidad de su criterio al haber ignorado avisos sobre los peligros de designarlo para ese oficio. Apodado “El Príncipe de la Oscuridad” en el argot de la vida política británica, Mandelson era conocido no solamente por el mérito de haber sido el autor del regreso del laborismo al poder con Tony Blair, sino por haber sido destituido del gabinete ministerial en dos ocasiones por motivos de corrupción. Pese a lo cual Starmer decidió enviarlo a Washington seguramente por “entrador”, bien conectado, sibilino y multipropósito, en lugar de un frío profesional de la carrera diplomática.

Las aguas parecían haberse aquietado hasta que ahora se vino a saber del concepto negativo del “Security Vetting”, era desconocido para el primer ministro, que no había vacilado en afirmar ante el parlamento que en el caso de Mandelson se habían cumplido todos los requisitos para su nombramiento. Situación que ha dejado a Sir Keir Starmer en la difícil posición de sospecha de haber ocultado la verdad al parlamento, falta castigada según el Código Ministerial con la salida del cargo. Y si de verdad el asunto no era de su conocimiento, palo le cae por no tener control sobre la marcha de un gobierno que, bajo su responsabilidad y orientación, debe cumplir con todas las reglas. 

Toda esta secuencia ha desatado, como es natural en medio del rigor del ambiente político británico, la actuación implacable de la jefe de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien encontró motivo para fustigar al primer ministro, descalificarlo por su falta de criterio, curiosidad e instinto políticos, además de carencia de control de los mandos del gobierno, haberle mentido al parlamento, y pedir su renuncia. Solicitud a la que se unieron algunos miembros del propio Partido Laborista. 

Son tan altas las exigencias hacia los gobernantes en países como ese, que Starmer se ha visto obligado a defender su puesto dando todo tipo de explicaciones sobre la relación de su gobierno con los funcionarios profesionales del servicio civil, encargados de asuntos de los que, según dice, no le dieron cuenta. Motivo por el cual despidió de manera fulminante a Sir Olly Robbins, el más alto funcionario profesional de carrera del ministerio de exteriores, por no haber informado oportunamente del resultado de la verificación sobre Mandelson. 

Robbins, por su parte, afirma que sólo recibió displicencia de la oficina del primer ministro, empeñada en sacar adelante como fuera el nombramiento del embajador. Con lo cual se abre un capítulo aún más importante y peligroso, como es el de desavenencias públicas en las relaciones entre el gobierno y el servicio civil, que si bien no es extraño que se presenten, jamás se vinculan ni se deben vincular en público, pues buena parte de la solidez institucional de países con un verdadero servicio civil profesional y experimentado depende de la búsqueda permanente de armonía entre los actores permanentes de la administración pública, que son los funcionarios, y los pasajeros, que son los políticos.  

Los estándares de la ética y la moral en la vida política de ciertos países no permiten que un gobernante mienta, o que alguien sea nombrado y mucho menos se sostenga en un puesto sin reunir los requisitos, y que todo siga igual. Estándares muy diferentes de los de países donde el gobernante puede seguir tan campante diciendo lo que se le venga en gana, nombrando y desnombrando amigos o pagando deudas con puestos o contratos a militantes sin tener en cuenta reglas y exigencias elementales, violando las leyes que juró cumplir, sembrando la discordia y dividiendo cínicamente a su nación, mientras castiga como puede a sus enemigos. 

Una de las garantías de que el engranaje entre lo político y lo institucional funcione de manera adecuada radica en la existencia de un servicio civil preparado, entrenado, profesional, imparcial y al tiempo responsable no solo en su apoyo imparcial al gobierno de turno sino al sostenimiento de la armazón del Estado y el funcionamiento adecuado de la acción administrativa al servicio del desarrollo del proyecto político que haya recibido el mandato popular para gobernar. 

De ahí que la gravedad de la crisis actual del gobierno británico vaya más allá del asunto Mandelson y del destino de un primer ministro que en el ámbito interno trata de cumplir sus promesas y en el exterior participa en la definición de un nuevo esquema de defensa de Europa, ante el aislamiento y las paradójicas exigencias de sumisión al ritmo errático y desordenado de la Casa Blanca. 

La forma como evolucione en la Gran Bretaña la relación entre gobierno y servicio civil está bajo la mirada de todos los interesados en la profesionalización razonable de la función pública. Por ahora, la salida súbita de Sir Olly Robbins ha desatado una preocupante ola de desánimo y desconfianza de parte de los servidores profesionales del Estado, que han sido por décadas garantía de la búsqueda permanente de un buen gobierno, a pesar de los altibajos y desatinos de la clase política. De la idoneidad de los ajustes que hagan para sanear las relaciones de los gobiernos con el funcionariado profesional depende, en gran medida, el futuro de un sistema de administración de lo público que a cada rato tiene oportunidad de refrendar sus credenciales al servicio de la democracia.  

Tras haber reflexionado sobre las lágrimas en el arte y sobre el llanto, recordé una imagen pictórica que siempre me ha impresionado: una gran pintura sobre pergamino que retrata el tema de las plañideras. Aunque nunca he presenciado el espectáculo de quienes lloran “por contrato”, la idea me resulta poco decorosa.

Plañideros

Ante la tragedia suelen adoptarse dos posiciones: el autocontrol o la libre expresión de los sentimientos. En la literatura inglesa victoriana se ensalzaba el control de las emociones. Ser muy “inglés”, todavía, es precisamente mostrar cierta inmutabilidad o indolencia ante las malas circunstancias. En un funeral, lo opuesto a ser muy inglés sería llorar a los gritos, arañarse el rostro y rasgarse las vestiduras.[i] Hoy en nuestra cultura, en Colombia, no solo en la costa, se evitan las muestras exageradas de duelo.

Representar funerales pictóricamente supone un reto complejo: la aglomeración de figuras en un mismo plano visual genera oclusiones que dificultan la composición. Por otro lado, una perspectiva aérea resultaría poco expresiva, pues solo mostraría la redondez de las cabezas, y ocultaría la gestualidad de los rostros.

Quien ha pintado sabe que al representar un árbol no se pinta cada hoja de forma individual; se busca transmitir la impresión general del follaje y solo se detallan algunas hojas en los extremos o en puntos estratégicos para permitir su identificación. Del mismo modo, para pintar un funeral es necesario recurrir a recursos compositivos que sugieran la multitud: se detallan algunos rostros en el primer plano y se extrapola esa información hacia el resto de las figuras, que se resuelven como manchas u “óvalos”.

En este ensayo corto, además de mostrar la obra Plañideros (curiosamente eran hombres), voy a mostrar otras representaciones artísticas de funerales.

La obra Plañideros, de artista anónimo, es uno los proyectos funerarios más interesantes del primer gótico castellano, promovido a finales del siglo 13 por el caballero Sancho Sánchez Carrillo en el pequeño pueblo de Mahamud, en Burgos.[ii]

Cito lo que dice la ficha que cuelga en el museo de Barcelona: “En la obra Plañideros, un grupo de hombres vestidos de luto lloran amargamente la muerte del matrimonio Sánchez Carrillo. Los personajes, con la cabeza descubierta y largas cabelleras de color rubio y castaño, demuestran públicamente su dolor de forma ostentosa estirándose el pelo y arañándose la cara. De hecho, todas las figuras han sido representadas con heridas en el rostro fruto de estas muestras de luto extremo. El grupo de hombres va vestido con una ropa de luto muy habitual en toda la Europa medieval que consistía en una túnica larga y ancha con un vistoso estampado de rayas donde el negro se combinaba con otras tonalidades. Aquí la mayoría los lleva con colores ocres o azulados. Por último, casi todos tienen los hombros y las espaldas cubiertas con mantos negros, el color tradicional del duelo.”

La imagen nos atrapa con una vigencia asombrosa, casi como si fuera la obra de un diseñador gráfico contemporáneo. Aquí, los cuerpos se despojan de volumen para convertirse en abstracciones puras: planos esquemáticos donde los estampados a rayas, con su sofisticada paleta cromática, inyectan una energía vibrante a la escena. Es la línea la que gobierna el espacio. No busca imitar la realidad, sino crearla: delimita los contornos con trazos gruesos y define cabellos o barbas mediante calibres variables que fluyen, sugiriendo ondulación y puro movimiento.

Entre el juego de túnicas y mantos, los brazos que se lanzan hacia adelante y la inclinación de los torsos, la composición estalla en un ritmo coreográfico. Las cabezas, de rostros diminutos, se agitan en una danza visual que rompe con cualquier asomo de monotonía. Aquí no hay trucos de perspectiva para simular una multitud; los “llorones” se despliegan en una hilera impecable, cada uno perfectamente delimitado y visible, reivindicando su presencia individual en este lamento colectivo.

Durante la Baja Edad Media, el concepto de decoro —tal como lo entendemos hoy— no regía las ceremonias fúnebres. En los sepelios de la nobleza, los plañideros exhibían el duelo mediante expresiones de dolor exacerbadas; de hecho, la relevancia del difunto se medía por la magnitud de su séquito. Esta lógica persiste hoy bajo formas distintas: la importancia de quien fallece suele pescarse en la cantidad de asistentes o en la proliferación de obituarios en la prensa.

Un ejemplo emblemático de este despliegue es el funeral de Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico (Leopoldo Primo il Grande), celebrado en Viena el 9 de mayo de 1705. Tras su deceso, se realizó una procesión solemne documentada en la crónica Esatta relazione del dolorosissimo funerale…, la cual describe un desfile de más de mil personas. Aquel evento no fue solo un rito religioso, sino una fastuosa puesta en escena del poder y la piedad barrocos.

Visualmente, la representación de este funeral destaca por su ingenio compositivo. Para transmitir la sensación de una multitud de mil personas sin recurrir a la perspectiva tradicional, el artista trazó una línea serpenteante que se desvanece hacia el fondo. Al aumentar la densidad de las figuras y reducir progresivamente su tamaño, logró comunicar la magnitud del cortejo que escoltaba al féretro. Según registros consultados mediante inteligencia artificial, se atribuye esta serie de grabados al artista Luigi Neri, aunque la información sobre su vida y obra sigue siendo esquiva.

El gran Francisco de Goya pintó El entierro de la sardina entre 1814 y 1816. A pesar de ser una obra de pequeño formato —apenas 82 x 60 centímetros—, posee una fuerza visual sobrecogedora. Aunque la escena retrata un carnaval (aquella tradición popular del Miércoles de Ceniza que simboliza el fin del desenfreno para dar paso a la abstinencia), me interesa invitar al lector a observar un detalle técnico específico: la ingeniosa maestría con la que Goya logra evocar una muchedumbre abrumadora en un espacio tan reducido. Analicemos el siguiente fragmento.

El entierro de la sardina, Goya

La fotografía de Enrique Segarra, Luz en las tinieblas, de 1950, es en mi opinión otra gran obra maestra. Voy a citar sus palabras. Las tomé de una revista de fotografía mexicana, y luego daré mi explicación de la obra. Dice Segarra: “Iba en el carro por la carretera, saliendo de Tecolutla, Veracruz, cuando vi que venía una especie de procesión caminando en sentido contrario. Los vi de frente y no me llamaron tanto la atención, cubiertos de la cabeza pues llovía. Los dejé pasar, pero cuando me subí al coche, vi el ataúd del niño y la luz en el horizonte. Tomé esa foto desde dentro del coche, hasta el negativo me salió inclinado.”

Luz en las tinieblas, Segarra.

En la imagen fotográfica se ven unos sombreros de paja, halos de un blanco espectral que se alejan dándonos la espalda. Los tres caminantes que van adelante sostienen tres mastiles: dos coronados con dos velas que no arden y el tercero con una cruz, apenas adornada con flores que parecen diluirse bajo la lluvia. Entre ellos camina una mujer descalza (los otros usan alpargatas) cargando flores en una canasta. En el centro de este desfile fantasmal flota un pequeño ataúd. Corresponde a un infante, se sabe por el tamaño. Dos hombres lo cargan en una camilla. La familia humilde lleva su muerto a cuestas. El ataúd está envuelto en una tela blanca, tan resplandeciente como los sombreros y como la luz que explota en el horizonte. Es tarde, la oscuridad lo invade todo y llueve o acaba de llover. El suelo está inundado y el agua atrapa los últimos destellos de luz. No se puede ver esa fotografía sin que el alma se oprima, sin sentir que ese cielo negro se ha desplomado sobre nuestras cabezas, y sin entender la fugacidad de la luz, la de ese instante y la de la vida misma. El espacio indiferente e inmenso soporta el duelo. No hay soledad más profunda ni dolor más agónico que el despojo de un hijo. Muere el día y muere la esperanza.

[i] Significado de Duelo (Kria): Los familiares directos rasgaban su ropa en el entierro para manifestar dolor. Ejemplos incluyen a Jacob al creer muerto a su hijo José.

[ii] En 1295 este noble y su mujer obtuvieron el permiso para ser enterrados en la modesta iglesia de San Andrés, un templo de una sola nave con un ábside cuadrado que convirtieron en su capilla funeraria. Aquí Sancho Sánchez hizo erigir dos sepulcros rectangulares exentos para él y su esposa que fueron recubiertos con una bella decoración policromada. Sobre las tapas sepulcrales se dispondrán las estatuas yacentes en madera pintada de cada miembro de la pareja a enterrar, mientras que los lados laterales del sarcófago fueron recubiertos de paneles como el que presentamos. Para completar el proyecto, los muros del ábside donde se encontraban las tumbas fueron recubiertos por una decoración pictórica con los escudos de Castilla y León y distintas cenefas y motivos decorativos.

Cuatro Oscuro. Revista de fotógrafos. Año IV, numero 20. Septiembre-octubre de 1996.

“El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión”: Nathalia Barón, economista colombiana.

“El dinero sin un propósito se convierte en avaricia”, dice Nathalia Barón, una economista colombiana especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Desde el coaching, se dedica a transformar la mentalidad y el comportamiento financiero de las personas. Está convencida de que existen las herramientas para romper lo que ella llama “patrones de escasez, culpa o miedo económico”.

De acuerdo con la experta, existen cuatro tipos de personas según su comportamiento frente al dinero: Los gastadores (compran sin límite, en su mayoría cosas que no necesitan). Los ahorradores (guardan el dinero motivados por el miedo a perderlo y esto los aleja del disfrute del mismo). Los indiferentes (dejan el manejo del dinero en manos de terceros, lo cual los hace vulnerables a decisiones ajenas que no siempre son las correctas). Y los temerosos (asocian el dinero con algo malo).

Bajo su propia marca, Dinero Consciente, esta bogotana creó una metodología que integra economía conductual, neurofinanzas y PNL aplicada. “Utilizamos técnicas de PNL, modelos de coaching y principios de neuroeconomía para reentrenar la mente en la toma de decisiones financieras conscientes”, afirma.

Según ella, es posible construir una cultura económica saludable “donde el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta de bienestar y libertad”.

¿Qué significa el término “dinero consciente”?

Significa comprender que el dinero es una consecuencia, no una causa. Refleja nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestros hábitos. El 70% de las decisiones económicas son emocionales; por eso, sin inteligencia emocional no existe inteligencia financiera. Y a un cambio emocional lo precede un cambio mental, entonces allí comienza todo.

En la práctica, ¿Cómo podemos reprogramar nuestros pensamientos en torno al dinero?

La ciencia ha demostrado cómo funciona el cerebro y cómo influye nuestro lenguaje en el proceso de programación mental. Alguien que hackea su mente con un nuevo sistema de creencias sobre el dinero y la prosperidad con certeza puede esperar un resultado diferente en su realidad económica personal. Por ejemplo: “el dinero fluye a mí”, “soy muy bueno manejando mi dinero”, “el dinero siempre me alcanza”, “el dinero se multiplica en mis manos”, etcétera. Son algunos ejemplos de una programación para la prosperidad. 

¿Usted cree en el concepto de igualdad social?

Creo en la igualdad de oportunidades mentales y estructurales. La verdadera equidad no se logra solo con redistribución económica, sino con educación de calidad y transformación estructural del sistema de creencias. Sin un cambio mental, cualquier ayuda externa se diluye en el tiempo y se vuelve una interferencia para quien la recibe.

¿Qué opina de la frase “Los pobres son pobres porque quieren”?

Es una afirmación falsa y simplista. La pobreza no es una elección consciente; es una consecuencia de carencias estructurales y emocionales, motivadas por el sistema y por la historia familiar.

En nuestras mediciones, el 78% de las personas que pasan por procesos de reeducación financiera y mental reportan mejoras sostenidas en ingresos y hábitos económicos en los primeros seis meses.
La pobreza no se combate con subsidios, sino con herramientas que le devuelvan a la persona su autonomía a la hora de crear dinero y le enseñen a manejarlo de manera consciente.

¿Generar riqueza o redistribuir la que ya existe?

Ambas son necesarias, pero ninguna funciona sin educación económica y bienestar emocional. Generar sin consciencia produce desigualdad; redistribuir sin criterio genera dependencia. El punto medio es una sociedad mentalmente preparada para prosperar.

El otro día le escuché la expresión “trauma colectivo”. ¿A qué se refiere?

Es el conjunto de creencias culturales que asocian el dinero con abuso, culpa o peligro. Durante generaciones se enseñó que el dinero corrompía. Ese trauma social condiciona las decisiones financieras y frena el desarrollo. Sanar la relación emocional con el dinero restituye la confianza. Sin confianza, ninguna economía puede crecer.

¿Colombia puede reducir la desigualdad generando riqueza?

Sí, si genera también nuevos marcos mentales. No se trata solo de productividad, sino de estructura de pensamiento. La evidencia muestra que cuando las personas aprenden a tomar decisiones desde la expansión y no desde el miedo, aumentan su estabilidad económica más rápido.

¿Cómo pedirle a una persona que nació pobre pensar en prosperidad?

No se le pide: se le enseña. El cambio empieza en el lenguaje, luego en los hábitos. En comunidades rurales que hemos acompañado, un 60% de las mujeres logró iniciar un negocio en menos de un año después de reprogramar su mentalidad de supervivencia hacia una de progreso. Yo misma soy resultado del proceso que ahora promuevo, pues mi realidad económica en la infancia fue de dificultad y lucha.

¿Prosperidad significa lo mismo para todos los estratos?

Sí. Prosperar no es tener más, sino vivir sin miedo, tener lo suficiente y aprender a crear dinero siendo contribución para el otro, es decir, desde el propósito. He visto el mismo miedo frente al dinero en diferentes estratos sociales y niveles educativos, por eso sé que el aprendizaje con el dinero es el mismo para todos, solo que en proporciones numéricas diferentes. La prosperidad real se construye desde un nuevo nivel de consciencia que empieza en lo individual antes que en lo colectivo.

¿Qué opina de la justicia redistributiva y la evasión fiscal?

La redistribución es necesaria, pero no desde el dar dinero a otros, sino desde crear el entorno para que lo aprenda a generar. Esto requiere confianza institucional. La evasión no es solo corrupción: es una respuesta cultural a la desconfianza. El ciudadano promedio no evade por codicia, sino por desilusión. Necesitamos un nuevo contrato social basado en transparencia, educación y ética pública.

¿Dinero y felicidad van de la mano?

El dinero da libertad, pero no propósito. Sin propósito, se convierte en avaricia. En contraste, el dinero con propósito se vuelve una herramienta de progreso consistente.

“La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano”: Nathalia Barón.

¿Deberían los políticos hablar más de generación de riqueza?

Sí, pero acompañada de consciencia y crecimiento personal para sostenerla. La política económica debe incluir educación emocional, alfabetización financiera y desarrollo humano. Lo que hoy se entiende sobre educación financiera está muy lejos de ser suficiente para el propósito para el que se está usando. No hay reforma fiscal que compense una cultura que desconfía del progreso y una sociedad que siga habitando en la mentalidad del asistencialismo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia para cambiar esa mentalidad?

Un liderazgo ético, emocionalmente maduro y basado en evidencia. Dirigir no es solo administrar recursos: es gestionar mentalidades. Un país prospera cuando sus líderes entienden que la economía no se sostiene con leyes, sino con un nuevo nivel de consciencia colectiva. El trabajo conjunto entre educación económica, cambio mental y sanación emocional tiene un impacto real y medible sobre el bienestar y la productividad.

Soy de los que cree que el país debería conversar más sobre riqueza. ¿Por qué no lo estamos haciendo?

Porque aún cargamos la herencia cultural de ver la riqueza como algo moralmente sospechoso. Pero hablar de dinero es hablar de desarrollo, dignidad y libertad. La conversación pendiente no es económica: es educativa. Cuando las personas sanan emocionalmente su relación con el dinero, su entorno prospera con ellas siempre.

Ese cuento de que toca conquistar al centro puede ser un sofisma: la falacia de distracción.

El otro día la portera me dijo: —“Usted es de los poquitos en este edificio que habla bien de Petro”. La frase me dio mucho qué pensar, porque sé cómo piensan esos otros residentes y cuáles son sus preocupaciones reales.

Más de 17 millones de colombianos pertenecen a eso que llaman la clase media, aquella franja de la población ubicada por lo general en los estratos 3 y 4: Hogares que sumando el ingreso per cápita (por persona), ganan hasta $4.835.315 al mes, según el Dane.

Quienes devengan más de $5 millones de pesos mensuales pueden considerarse clase alta. Por debajo están la clase baja (con ingresos inferiores a $420.676) y la clase vulnerable (con ingresos por debajo de $781.000), de acuerdo con la clasificación que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Según Portafolio, “en 2024, el 34,4% de la población en Colombia se ubicó en la clase media, lo que corresponde a cerca de 17,7 millones de personas en un país con una población aproximada de 51,5 millones”.  Diecisiete millones de almas representan un caudal atractivo para ganar una elección presidencial, sí, pero el asunto es cómo seducir a una población que anhela continuar en ascenso.

Con el 35% de intención de voto que le otorgan las encuestas a Iván Cepeda —una cifra bastante alejada de la mitad más uno para ganar en primera vuelta—, esa clase media puede ser hoy el mayor obstáculo para la izquierda o, al mismo tiempo, representar una oportunidad para buscar dentro de ella los votos que le faltan al Pacto Histórico para siquiera soñar con renovar por otros cuatro años su contrato con la Casa de Nariño.

La clase media son una especie de Ninis: Ni pobres, ni ricos, pero con la ambición lícita de saltar hacia el siguiente estrato (no descender en todo caso). En ese orden de ideas, de manera consciente o inconsciente, podría estar evaluando cuál es ese candidato o programa de gobierno que no se interpone en su lógica aspiracional. Porque la clase media quiere algo más que el pan que reclaman los pobres. 

Quienes se mueven en esa franja, no piensan en términos de derecha, izquierda o centro. Una encuesta callejera sería suficiente para determinar que el ciudadano común no comprende el significado de esas palabras desde una perspectiva ideológica, como no sea asociándolas a un rostro. El colombiano corriente entiende la política en términos de amores y odios, porque eso han implantado en su mente los propios políticos. Por eso, ningún argumento por fuera de esos dos sentimientos convencerá a un convencido de lo contrario.

La clase media piensa en términos monetarios; es decir, en quién sería la persona que mejor les cuide el bolsillo o, dicho de otra forma, quién tiene el remedio menos perjudicial para los privilegios conquistados. Así es como la gente —más pragmática que los políticos— entiende una campaña presidencial. ¿¡Para qué buscarle la quinta pata al gato!?

Es decir, las personas clase media piensan en asegurar su discreto tren de vida —los ingresos suficientes para cubrir ciertas comodidades, léase calidad de vida—: propiedades, colegio medianamente bueno para los hijos, recreación y una vida social activa, viajes y, muy importante, contar con empleada doméstica del estrato 1 y 2 (o al menos con la señora de por días, así las llaman), que en eso la clase media se parece a la clase alta, con marcadas diferencias, claro está.

La clase media colombiana goza de ciertos privilegios pero desea más, y en virtud de ello son personas con una conciencia social más teórica que auténtica. “No tiene conciencia de clase, tiene conciencia de estatus”, dice el filósofo español Antonio Gómez Villar. A mi modo de ver, les puede sonar muy bonito el discurso sobre la justicia social, pero a la hora aplicarlo se muestran reticentes a meterse la mano al dril, precisamente por su condición de Ninis.

Primero está su confort, ganado a pulso, con sacrificio y deudas en los bancos -nadie dice lo contrario-, que las necesidades ajenas. Al fin de cuentas, el capitalismo y el poder adquisitivo se rigen bajó la misma lógica: la del sálvese quien pueda. Es una mirada bastante egoísta en un mundo cercado por la miseria, pero es lo que hay. Por supuesto, los Ninis no tienen la culpa de los millones de desarrapados que pueblan la Tierra.  

Estrato versus sensibilidad social

Mientras la clase alta se protege en su hermética burbuja, viviendo a sus anchas y sin afugias, la clase media considera la paz como algo importante más no urgente, porque la guerra no está en sus narices, ni la pobreza respirándoles en la nuca. Lo que ocurre en los territorios apenas les alcanza para santiguarse a la hora del noticiero, porque luego viene la telenovela y el reality show qué son los más efectivos anestésicos contra la realidad nacional, tan cruda y dura pero siempre ajena, distante.  

Son los pobres (los estratos 1 y 2 o clase obrera que llaman), los que ponen sus esperanzas en el progresismo, en que un día alguien los sacará de pobres como prometía la propaganda de cierta lotería. Los ricos, pero sobre todo los superricos colombianos —aquellos a los que Petro quiere imponerles más impuestos sin conseguirlo— tienen dinero de sobra y saben que necesitan muchas vidas para gastarlo, y aun así no están dispuestos a compartir sus tesoros con nadie. Hay pruebas de ello.

El discurso sobre la redistribución de la riqueza es ese vals que nadie quiere que le toquen. Prefieren poner a salvo su capital en paraísos fiscales, donde cada centavo esté a salvo de gravámenes o cargas impositivas onerosas.  Según el diario El País, el 40% de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza de Colombia, admitió que evadió impuestos. No entiendo por qué nadie se ha escandalizado.

En una sociedad tan desigual como la colombiana, la falta de sensibilidad social debe verse como un problema grave que profundiza las injusticias. Veámoslo a la luz de las estadísticas reales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujeto de atención y reparación.

Si Colombia fuera un país con conciencia social sobre su tragedia histórica, diez millones de personas y sus familias serían suficientes para elegir a un candidato que ponga la paz como eje central de su plan de gobierno. Pero insisto: la paz no hace parte de la canasta familiar de los colombianos y por eso estamos condenados a la sinrazón de los conflictos no resueltos que continuarán sin nosotros cuando hayamos desalojado este mundo, porque tristemente llegamos a un nivel de polarización tal, que estar a favor de la paz da votos, lo mismo que oponerse a ella.

¿La prueba?  Llevamos diez años y tres gobiernos sin que se implemente debidamente lo acordado con las FARC en 2016. Y peor que eso: si la derecha y la extrema derecha ganan la presidencia, (en cabeza de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella), figuras como el tribunal de la JEP, creado para buscar verdad, justicia y reparación, podrían desaparecer, y podrían truncarse otros avances significativos.

A tal nivel de inconciencia colectiva hemos llegado, que los propios congresistas que aprobaron la Ley de Víctimas y Restitución de tierras dejaron plantadas a las víctimas el 9 de abril, día escogido para honrar cada año su memoria. Cuando un país pierde el rubor y la vergüenza, ¡qué importa lo demás! A veces pienso que si esta nación se mueve es por osmosis, por una fuerza superior distinta a la humana, porque hace rato se perdió toda voluntad política que permita enderezar nuestro destino común. Y no habrá redención, sin una clase política dispuesta a construir un legado que perdure en el tiempo. Que distinto sería si en 50 años alguien pudiera hablar algo bueno, aunque sea una sola cosa, de alguno de los políticos de hoy. Es pedir demasiado.

Iván Cepeda, doblemente víctima del conflicto colombiano —luego de que asesinaron a su padre en 1994, él huyó por su vida a otro continente— tiene la conciencia social del país perseguido y despojado, pero esa no es una carta suficiente en una nación donde el dinero se ha impuesto sobre la sangre derramada.

Por encima de la paz, e incluso de la seguridad, el colombiano promedio vota con la mano puesta en el bolsillo, no en el corazón. Y la clase media tiene claro que los empresarios (clase alta) generan el empleo que da estabilidad a sus familias, pero no ha entendido que hay una población trabajadora —clase baja y clase media— que está ayudando a generar esa riqueza, que está bien pero mal distribuida. Porque de la clase media hacia abajo todos son clase trabajadora o asalariada, sin importar qué tantos ingresos tengan unos y otros según las odiosas etiquetas de la estratificación socioeconómica. 

El candidato que sea capaz de seducir a esa clase media con un discurso que reconcilie lo económico con lo social —es decir, que tenga la virtud de reconciliar a pobres y ricos, a empresarios y clase trabajadora—, podría inclinar la balanza a su favor de aquí a las elecciones del 31 de mayo.

Me gustaría tener la certeza de que un político y filósofo como Iván Cepeda puede ser esa persona. Pero veo a la izquierda muy triunfalista, alérgica a la autocrítica y demasiado confiada en su liderazgo en las encuestas. En la siguiente columna me referiré a los pecados que podrían arruinar a fiesta. 

¿Cuánto tiempo debe permanecer un hombre en un cargo antes de que el poder se le suba a la cabeza o, peor, se le baje a la bragueta?

¿Será cierto aquello de que la suerte de la fea, la bonita la desea?

¿Es el acosador una persona enferma? Si un amigo es acusado de acoso sexual, ¿le debo retirar mi amistad?

—Ese medio se presta para esas vainas —me dice un amigo en el gimnasio, refiriéndose al escándalo del momento: periodistas de televisión acusados -no condenados- de acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo.

Cualquier análisis que se haga sobre el acoso sexual debe partir de una realidad inocultable: el machismo que atraviesa a la sociedad colombiana desde siempre. La cosa es peor si el dominio lo ejerce un hombre con poder, con mucho o poco poder. La mujer lleva las de perder cuando la testosterona ejerce su dictadura y los machos en celo se pavonean por la oficina. Es el reino de los manilargos y los ojilargos que desvisten gente con la mirada.

Tal vez mi amigo tenga razón. La televisión no es un espacio laboral más. Hay algo particular que lo hace especialmente vulnerable a las conductas inapropiadas. En los estudios de televisión, la imagen -prefabricada, edulcorada, artificial- es la medida de todo o de casi todo, y por tanto la belleza se ha convertido en estándar del éxito.

Sin embargo, hubo un tiempo en que mujeres comunes y corrientes, y no necesariamente jóvenes —talentosas, eso sí—, presentaban noticias por televisión en Colombia. Belleza más talento no era entonces regla obligada. Era suficiente con tener lo segundo.

De un día para otro las cosas cambiaron: los rostros bellos empezaron a inundar sets y pantallas, alentado por una cultura patriarcal que puso a los hombres como los mandamases del negocio de la televisión. Fíjese usted que hoy es bastante infrecuente encontrar mujeres dirigiendo telenoticieros y más raro aún verlas presidiendo un canal de televisión.

A las mujeres se les exige gracia física y talento para ponerse frente a una cámara. A los hombres no necesariamente se les hace esa doble exigencia. De hecho, a ellas se les suele reemplazar más fácilmente que a ellos. Dicho de otra forma, en televisión el ciclo vital de las mujeres es más corto que el de los hombres, y eso puede tener una única explicación: el poder real —la posición de superioridad— se concentra en hombres que, al final del día, son quienes deciden el ciclo activo de unos y otros en la pantalla.   

Con la aparición de los canales privados, Caracol y RCN, a partir de 1998 se creó una competencia feroz por el rating: la rentabilidad del negocio se impuso sobre el servicio, lo que explica, entre otros fenómenos, el exceso de realitys shows que buscan seducir audiencias mezclando cuerpos, belleza y talento para disparar los índices de sintonía. Los televidente quedamos sometidos a una televisión aburridamente uniforme.

Y aquí estamos, viendo a los que dan las noticias convertidos en la noticia misma. Las denuncias por acoso sexual contra tres varones del periodismo —hasta ahora son tres con nombre propio— amenazan con causar daño reputacional a marcas emblemáticas.

No es fácil escribir sobre los posibles pecados de otros colegas, pero callarnos es la peor opción posible. Los hombres deberíamos ser los primeros en repudiar toda conducta masculina depredadora.

Estar investido de fama o autoridad no otorga licencia para degradar o someter a nadie. El pudor ajeno es un bien que se respeta. Desestimar la voz de una mujer que denuncia abusos contra su integridad, es ponerse del lado del victimario.

Por cada mujer que denuncia a su acosador, un lobo feroz desaparece de la oficina. 

No somos jueces para dictar sentencia —prevalece la presunción de inocencia hasta que un juez diga lo contrario—, pero podemos abogar para que la justicia opere, caiga quien caiga. El periodismo no puede quedar en entredicho; ya suficientes males se ciernen sobre este oficio.

La televisión es un medio que por su propia naturaleza y la notoriedad que otorga la fama y la exposición mediática, está lleno de secretos, vergüenzas y a veces personajes oscuros. Escribo esto mientras recuerdo el caso del tristemente célebre Bill Cosby. La prensa informa que el comediante, hoy de 88 años, debe pagar 19 millones de dólares a una de sus víctimas. La mujer tenía 34 años cuando la sedó y emborrachó antes de violarla. El caso ocurrió en 1976.

¿Seres humanos u objetos del deseo?

Que los escándalos sexuales toquen a la televisión no es algo nuevo en una industria que desde sus orígenes ha convertido a mujeres y hombres en el objeto del deseo de las audiencias y que ahora —lo venimos a saber públicamente—, son también el objeto del deseo de puertas para adentro. Un enemigo interno —un mal elemento, diría yo— que muchas veces no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Pero un no es un no, y hay que repetirlo hasta el cansancio.

“…las acusaciones de acoso sexual (…) son un recordatorio de la grave interrupción que el acoso puede suponer para una carrera profesional”, comentaba Margaret Talbot, en una columna de The New Yorker (2016). Recordó el caso de la periodista Rudi Bakhtiar, que en 2007 perdió el ascenso como corresponsal en la oficina del canal Fox News en Washington “tras rechazar las insinuaciones sexuales de un colega que estaba a punto de convertirse en jefe de la oficina”.

En el caso colombiano, nuevas denuncias —que se están conociendo, sin filtro alguno, a través de las redes sociales—, muestran que estamos ante lo que podría ser una conducta habitual en ese medio. Una colega colombiana informó a través de TikTok que debió alejarse del periodismo para dedicarse a las ventas.

Cuando se habla de acoso sexual se habla de tocamientos indebidos o no deseados, propuestas indecentes, insinuaciones, regalos injustificados, besos no consentidos, cualquier forma de manoseo, frases galantes que encubren dobles intenciones, retener a alguien en su oficina contra su voluntad, llamadas o mensajes a deshoras, incluso miradas lascivas, hasta comportamientos abiertamente descarados, cargados de una tensión sexual (en modo unidireccional, claramente).

No está de más incluir aquí la figura reprochable de lo que coloquialmente la gente llama “el viejo verde”: hombres mayores y lujuriosos afanados por seducir mujeres jóvenes, queriendo revertir, a punta de labia y/o chequera, los estragos de la edad.

Los televidentes hemos visto envejecer a muchas figuras de la televisión, por no decir que hemos envejecido al mismo tiempo con ellas. Creo que existe una relación directa entre el tiempo laborado y el poder acumulado, y sobre todo la manera como algunas personas se sirven de ese poder y de los años de experiencia dentro de una empresa. ¿Qué hay del relevo generacional? ¿Acaso es la experiencia la única medida de todas las cosas para mantener a las personas en un cargo?

Recordemos el escándalo sexual que terminó con la caída del presidente de Fox News, Roger Ailes, a la edad de 76 años. El drama está contado en la película “El escándalo” (Prime Video), protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

La presentadora Gretchen Carlson (Miss América 1989), tenía 50 años cuando denunció las invitaciones sexuales de su anciano agresor. Según la BBC de Londres, Carlson precisó en la demanda que Ailes “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo”.

El caso fue documentado en el cuarto episodio de la miniserie “Dinastía: Los Murdoch” (Netflix), sobre el multimillonario Rupert Murdoch, dueño entre otros medios de la cadena Fox News.“Estábamos en un auto, y me tomó de la cabeza y del cuello, y bajó mi cara a su entrepierna”, dijo Carlson.

En el mismo documental, la expresentadora Alisyn Camerota afirmó: “Roger siempre hablaba de los cuerpos de las mujeres. (…) Siempre hizo comentarios inapropiados y sucios sobre el tema. Fui a pedirle una oportunidad. Quería ser presentadora. Y me dijo: ´bueno, no estás lista aún. Voy a trabajar contigo´. Y dijo: ´tendrá que ser los fines de semana, tal vez en un hotel´”.

El caso concluyó con el despido de Ailes en julio de 2016. El tipo recibió una indemnización de 40 millones de dólares y murió al año siguiente. El dinero también suele usarse para comprar el silencio de las víctimas.

Otra historia lamentable es la de Harvey Weinstein, el todopoderoso de la industria cinematográfica, quien cumple una doble condena de 23 y 16 años por cargos de violación y agresión sexual.

En un artículo de 2017, la revista The New Yorker escribió lo siguiente: “Su comportamiento era un secreto a voces en Hollywood y más allá, pero los intentos previos de numerosas publicaciones, incluyendo The New Yorker, por investigar y publicar la historia a lo largo de los años no cumplieron con las exigencias de la evidencia periodística. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos a permitir que un periodista usara sus nombres, y Weinstein y sus asociados recurrieron a acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas legales para silenciar sus testimonios”. 

Un hombre, el joven reportero Ronan Farrow, fue clave para destapar el caso en la revista The New Yorker. Con su investigación —que incluyó grabaciones secretas y el testimonio de actrices—. ganó un premio Pulitzer en 2018 y dio impulso al movimiento MeToo, (Yo también), que ahora tiene capítulo propio en Colombia, bajo el nombre “#MeToo yo te creo, colega”.  

Daño a la credibilidad

Todavía es muy temprano para saber si habrá daño reputacional para los canales involucrados tras las denuncias contra los implicados por acoso sexual en Colombia. Hay quienes proponen apagar la televisión como una forma de sanción social contra medios de comunicación que irrumpen a diario en millones de hogares.

Yo creo que el asunto debe conducirnos como sociedad a una reflexión más profunda en tres dimensiones: el rol que cumplen la casa y la escuela en la formación de valores sobre las conductas sexuales, el compromiso de las empresas para que esos valores se conviertan en hábito y el respeto en costumbre, y, por último, la necesidad, por qué no, de establecer códigos de conducta sexual, como apéndice de los contratos de trabajo, para proteger la integridad de cada empleado. Está demostrado que las sociedades sin policías no funcionan.

Si “el acoso sexual es espacios laborales es siempre un crimen difícil de rastrear”, como sugiere este editorial de El Espectador, parecería entonces que las mujeres no tienen más alternativa que ser sus propias detectives y recoger las pruebas que incriminen a sus acosadores.  

Por otro lado, poco se habla de los daños colaterales que trae consigo el escándalo. Muy mal que ciertos medios periodísticos hayan expuesto a las parejas o familias de los acusados al escarnio público, sin fin distinto que usar el morbo para atraer clics. Cosa distinta es la valoración que haga la opinión pública. Los famosos se exponen para lo bueno y, pues también, para lo malo. No hay escapatoria. La fama tiene un precio, y cada quien juzgue cuál es el límite de la amistad.

Con todo, ojalá la industria de las noticias siente cabeza y haga un autoexamen en medio de su mala hora. Es eso o poner en adelante suficientes duchas con agua fría en las salas de redacción.

Desde cerca, es algo más complejo: un intento de darle forma a una memoria que sigue en disputa.

Una tarde lluviosa de estos días entrevisté a su directora, Adriana María González Maxcyclack, para entender qué significa hoy la reactivación de la obra del museo.

En Colombia, la memoria no fracasa: se interrumpe. Se aplaza, se discute, se pone en duda, se vuelve sospechosa. Y, a veces, cuando intenta tomar forma concreta, cuando se vuelve edificio, presupuesto, cronograma, el país parece exigirle una pureza que no le exige a nada más.

Durante años, el Museo de Memoria de Colombia fue el blanco perfecto de esa impaciencia. Una estructura detenida, un esqueleto de concreto en Bogotá que permitía una conclusión fácil: aquí no pasó nada. “Elefante blanco”, repetían muchos, como si el nombre resolviera la incomodidad de fondo. Pero en Colombia, lo inconcluso rara vez es simple negligencia. A menudo es síntoma.

Porque mientras el museo parecía detenido, el conflicto no lo estaba.

“Esto sucede porque la ciudadanía aún no ve el avance que nosotros desearíamos, pero esa situación tiene una lógica y una razón de ser”, dice la directora del museo. Y en esa frase hay una defensa, pero también una constatación: el país mira rápido, juzga rápido, olvida rápido. La memoria, en cambio, funciona con otra velocidad.

El retraso, tres años acumulados desde que inició la obra en 2020, tiene explicaciones técnicas: un contratista que incumple, una Agencia Nacional Inmobiliaria que declara ese incumplimiento, un entramado de demandas que paraliza todo. Pero incluso esa explicación, precisa y necesaria, no alcanza a tocar el núcleo del problema.

Aquí la directora se detiene en lo que pocas veces se entiende afuera: “hay unos temas jurídicos asociados a esto que nos está atendiendo la Agencia Nacional Inmobiliaria. Ellos están demandando al contratista y a la interventoría, y el contratista, a su vez, está demandando al Estado. Entonces lo primero fue entender el estado real del contrato, organizar absolutamente toda la información y, a partir de ahí, saber cuánto cuesta reactivar el proyecto”.

Ese cálculo no es menor “Al cierre legal y financiero del proyecto a  2024, se requerían $101.608.985.093,83.  Dado que el proyecto contaba con recursos de $15.652.292.695,70, se solicitó en el nuevo proyecto de inversión el valor de $85.956.692.398,13. De este valor, fueron asignados $21.000 millones para la vigencia 2025 y $21.630.000.000 para la vigencia 2026, con un saldo de $43.326.692.398,13.(sin indexar)”:

Porque el museo no se retrasó solo por razones jurídicas. Se retrasó también en un país donde la memoria sigue siendo incómoda.

El reciente anuncio del reinicio de la construcción, presentado como “un hito de dignidad para las víctimas”, llega en un momento en el que hablar de memoria sigue siendo, en sí mismo, una toma de posición. No porque deba serlo, sino porque el país lo ha vuelto así.

En ese contexto, el lema que impulsa hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, “todas las memorias, todas”, suena menos a consigna y más a desafío.

¿Cómo se narra “todo” en un país donde el diálogo es frágil, donde las versiones del pasado no solo difieren sino que se excluyen mutuamente? ¿Cómo se construye un relato común en una sociedad atravesada por desconfianzas, miedos y silencios heredados?

La apuesta es, de facto, radical. Y también riesgosa.

“Había que poner la casa en orden”, dice la directora del museo sobre la llegada de la actual administración. Pero ordenar, en este caso, no fue solo resolver un litigio o conseguir recursos. Fue también hacerse una pregunta más difícil: qué memoria se está construyendo, y para quién.

Ahí aparece el nombre de María Valencia Gaitán, cuya gestión ha insistido en revisar y reactivar no solo la obra física sino el relato que la sostendrá. Porque un museo de memoria no es una colección de hechos, es una forma de organizarlos, de darles sentido, de decidir qué voces se escuchan y cómo.

“La obra es el cascarón, pero lo de adentro es lo que realmente se va a mostrar”, dice la directora del museo. Y enseguida aterriza esa idea en decisiones concretas: “hemos avanzado en las narrativas de las salas, en espacios como ‘Cacofonía’ o ‘Nuestra América, nuestra memoria’, y en todo el recorrido central. Pero eso solo es posible si la obra física avanza, porque sin ese espacio no hay dónde poner esa conversación”.

Y ese “adentro” es, quizás, el lugar más conflictivo de todos.

El museo propone tres salas iniciales: conflicto, territorios, resistencias. Una línea de tiempo que intenta explicar las causas estructurales de la guerra, desde las disputas por la tierra hasta la irrupción del narcotráfico y los distintos actores armados. Luego, una mirada a cómo esa guerra se vivió en las regiones. Y, finalmente, un espacio para las respuestas de las comunidades: sus formas de resistir, de narrar, de reconstruir.

Pero esa propuesta no nace de cero. “Esto es un trabajo que se ha venido haciendo con las organizaciones desde hace años”, explica. “El museo recoge procesos como ‘Voces para transformar Colombia’ y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que hicimos fue actualizar ese plan museológico bajo un concepto que llamamos ‘umbral’, que invita a las personas a entrar en experiencias donde van a ser parte del proceso”.

Sobre el papel, la secuencia es clara. En la práctica, no lo es tanto.

Porque contar el conflicto en Colombia implica inevitablemente tocar heridas abiertas. Implica nombrar responsabilidades en un país donde aún hay actores armados, donde las violencias mutan, donde el pasado no termina de pasar.

Dialogar, en ese contexto, no es fácil. Y quizás nunca debió serlo.

Tal vez haya algo que reconocer ahí: que la dificultad misma del diálogo es prueba de que sigue siendo necesario.

El museo insiste en que no es solo un edificio en Bogotá. Habla de una dimensión territorial, de más de 300 lugares de memoria en el país, de comunidades que deciden cómo quieren recordar. Habla de una dimensión virtual, de acceso abierto a esos relatos.

“Son espacios construidos por las comunidades para dignificar lo ocurrido”, dice la directora. “No necesariamente son lugares del horror. Pueden ser bosques, casas, senderos. Lugares donde la gente decide cómo recordar”.

Es, en teoría, un intento de descentralizar la memoria.

Pero incluso esa apuesta enfrenta un límite: el país sigue profundamente fragmentado. No todas las memorias quieren encontrarse. No todas confían en las otras. No todas creen en el Estado como mediador.

Y aun así, el museo propone reunirlas.

El 9 de abril habrá una puesta en escena: testimonios, música, una línea de tiempo, experiencias sensoriales. No será la inauguración del edificio, sino algo más provisional. Una especie de ensayo público de lo que podría ser el museo.

“Va a ser un evento muy emotivo”, explica. “Van a estar organizaciones de víctimas, cantaoras, familias buscadoras, pueblos indígenas. La idea es que la gente entienda el museo antes de que exista completamente”.

“Es conectar a la gente con algo: decirle ‘esto está vivo’”, añade.

La frase tiene algo de insistencia, casi de urgencia. Como si el mayor riesgo no fuera el retraso de la obra, sino la pérdida de sentido.

Sería fácil reducir esta historia a una narrativa de ineficiencia estatal o, en el otro extremo, a una épica institucional. Ninguna de las dos alcanza.

Lo que ha ocurrido con el Museo de Memoria es más incómodo: revela la dificultad de un país para mirarse a sí mismo sin simplificaciones.

Y, al mismo tiempo, evidencia el esfuerzo, parcial, discutible, pero real, de intentar hacerlo.

Hay que decirlo con claridad: reiniciar esta obra no era inevitable. Requería decisiones, recursos, voluntad política. Requería asumir el costo de continuar algo que muchos ya daban por perdido.

En ese sentido, la administración actual ha hecho algo que no siempre se reconoce: volver posible lo que estaba detenido.

Cualquiera que llegue después tendrá que entender ese punto de partida. Y, más aún, tendrá que decidir qué hacer con él.

En Colombia, la memoria no es un terreno estable. Es un espacio en disputa permanente.

Quizás por eso el museo, incluso antes de terminarse, ya es lo que intenta ser: un lugar incómodo.

Un lugar donde no todo encaja. Donde las versiones chocan. Donde el diálogo se hace urgente. Y donde, precisamente por eso, algo importante puede ocurrir. No porque el país haya resuelto su pasado. Sino porque, a pesar de todo, todavía insiste en no dejar de mirarlo.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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