Si bien, existen varios mecanismos alternativos sobre Solución de controversias (como el arbitraje y la conciliación), tales como la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York (1958); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1966); la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional (2002), entre otros; es una muy buena noticia, que la Convención de Singapur entre en vigor para Colombia.

La Convención fue aprobada mediante la Ley 2309 del 02 de agosto de 2023 y declarada exequible mediante la Sentencia C-418 del 3 de octubre de 2024. En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Convención, la misma entra en vigor seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, vale decir, que Colombia lo depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 12 de marzo del 2026 y, por lo tanto, hoy 12 de septiembre de 2026, entra en vigor para nuestro país, lo que nos convierte en el número 21 de los Estados Parte^[1].  

La Convención, como su nombre lo indica, promueve la Mediación como un método alternativo para la solución de las controversias (MASC), brindando carácter vinculante a acuerdos privados que alcancen las partes mediante lo que podemos llamar un pacto o transacción.^[2]

¿Cuál es entonces el valor agregado de la Convención frente a otros mecanismos existentes de solución de controversias? 

Tanto la Mediación como la Conciliación son mecanismos para la resolución de controversias que recaen sobre derechos discutibles y transigibles. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es el órgano legal principal del sistema de las Naciones Unidas en el campo del derecho comercial, ha considerado que Mediación y Conciliación son conceptos similares o intercambiables^[3]. En el ordenamiento jurídico colombiano son mecanismos que han tenido diferente desarrollo normativo. La conciliación ha sido ampliamente desarrollada desde el año 1991, y a la mediación se le han otorgado efectos jurídicos en normas como la Ley 1801 de 2016^[4] (Código Nacional de Policía); la Ley 906 de 2004^[5] (Código de Procedimiento Penal) y el Decreto 915 de 2017^[6] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).

La Convención, que según su artículo primero, es aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las Partes con el fin de resolver una controversia comercial (“transacción”) y que al momento de celebrarse sea internacional, resalta en el preámbulo que el uso de la mediación produce beneficios importantes, como disminuir los casos en que una controversia lleva a la terminación de una relación comercial, facilitar la administración de las operaciones internacionales por las partes de una relación comercial y dar lugar a economías en la administración de justicia por los Estados.

En un mundo en el cual las transacciones comerciales internacionales son diarias es de la mayor importancia reafirmar la ventaja de contar con un sistema comercial intencional basado en reglas, entre ellas, procedimientos adicionales al litigio y al arbitraje, como la mediación, que siendo ágil permite tramitar las controversias. El efecto positivo es doble, pues cuando se brinda seguridad jurídica en Estados (con sistemas económicos y ordenamientos jurídicos diferentes), se fomentan a la vez las inversiones privadas de capital y precisamente, la Convención procura la armonización legislativa de las reglas sobre comercio internacional en un aspecto definitivo como es el de la resolución pacífica de los conflictos que de allí surgen.

La Convención conlleva ventajas que desde su entrada en vigor internacional son evidentes:

• Permite que un acuerdo de conciliación internacional alcanzado por las partes comerciales pueda aplicarse o invocarse con un procedimiento simplificado y ágil. Sin ello, los acuerdos de conciliación tendrían que hacerse cumplir como contratos ordinarios a través de procesos judiciales onerosos y largos.
• Promueve el comercio internacional, ya que las partes saben que cuentan con mayor seguridad al tener la mediación como una opción adicional a la del arbitraje o el litigio, para resolver sus disputas comerciales.
• Se fortalece el acceso a la justicia y la certeza jurídica.
• La mediación no se contrapone al arbitraje, e incluso se complementan, ya que las partes pueden intentar la mediación dentro de un proceso de arbitraje, es decir, el proceso puede dar como resultado un acuerdo mediado que se ejecute bajo la Convención de Singapur o un laudo arbitral que se ejecute bajo la Convención de Nueva York.

Cuando las partes podían resolver disputas mediante la mediación, no se tenía una manera uniforme de hacer cumplir el resultado en diferentes jurisdicciones por lo que en muchas ocasiones no se optaba por la mediación para resolver disputas internacionales, con la Convención ese obstáculo se disipa y además por la Convención, los acuerdos que resulten de la mediación son ejecutables.

Así, en el mundo de las transacciones comerciales cada vez más se utilizan acuerdos de mediación independientes o se encuentra la mediación en las cláusulas de resolución de disputas, (antes de llegar al arbitraje o al litigio) y la Convención de Singapur les da a estas cláusulas un valor práctico.  La aplicación de la Convención resulta crucial en la promoción de una cultura, en el mundo del comercio y la economía internacional, que favorezca la resolución amistosa de los conflictos lo que a su vez contribuye a preservar las relaciones, los socios y los negocios internacionales, así como a fomentar la inversión extranjera.

* Margarita Eliana Manjarrez Herrera es abogada egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Funcionaria de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, ha sido directora de Asuntos Migratorios y Consulares, directora de Control Interno, jefe de Tratados, coordinadora en Derechos Humanos, cónsul en Nueva York, cónsul en Berlín, consejera en la Misión de Colombia ante la OEA, embajadora de Colombia en Israel, directora de Organismos Regionales y actualmente, es la embajadora de Colombia en la República de Singapur.

[1] Jurisdiction Profiles | Singapore Convention on Mediation

[2] Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación. Artículo 1. Ámbito de aplicación 1. La presente Convención será aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial (“acuerdo de transacción”) y que, en el momento de celebrarse, sea internacional debido a que:

a) Al menos dos de las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos en Estados diferentes; o

b) El Estado en que las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos no es:

i) El Estado en que se cumple una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción; o

ii) El Estado que está más estrechamente vinculado al objeto del acuerdo de transacción.

[3] ‘Mediación’ es un término que se utiliza ampliamente para hacer referencia a un proceso en que las partes solicitan a un tercero o terceros que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. En los textos ya aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendido de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al preparar el texto modificado de la Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación” para tratar de adaptarse al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias de fondo ni conceptuales”. https://undocs.org/sp/A/CN.9/WG.II/WP.205.

[4] “ARTÍCULO 231. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA. Los desacuerdos y los conflictos relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia”.

[5] “ARTÍCULO 523. CONCEPTO. Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón”.

[6] “ARTÍCULO 1 numeral (xii) Participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional”.

Cuando la tierra paró de temblar, según caminaba colina abajo, comprendí la magnitud de los daños. No había palabras para expresar aquel horror. El polvo y el humo de los incencios me rodeaban y apenas podía respirar. Me envolvía la oscuridad y me encontré inmerso en una ciudad que se derrumbaba, con multitudes de personas gritando y clamando piedad. ¡Está ciudad nunca podrá recuperarse¡

Un comerciante alemán residente en Lisboa

En esta crónica de sustrato filosófico recupero lo planteado por algunos pensadores respecto al  terremoto que asoló la ciudad de Lisboa en 1755. A partir de ese acontecimiento  propongo  una reflexión preliminar acerca de lo que vivimos en varias regiones de Colombia  el pasado 10 de agosto de 2026. Se trata de una invitación a pensar en la fragilidad humana ante la naturaleza, para desde ahí invocar el papel de la filosofía ante temas como son el desastre y el riesgo, así como las consecuencias que esté evento tendrá en la vida social, cultural, política de los espacios afectados.

El terremoto acontecido en Lisboa propició entre filósofos como Leibniz, Voltaire, Rousseau,  Kant, Benjamin una serie de inquietudes. Una de ellas tuvo que ver con la siguiente cuestión: si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? Este fue un problema central de la teodicea, concepto asociado a Gottfried Wilhelm Leibniz. El filósofo había defendido que Dios, siendo perfecto y omnisciente, podía crear el mejor de todos los mundos posibles. (Leibniz, 2014, p. 125)  Esto no significaba que el mundo careciera de sufrimiento, sino que incluso aquello que nos parece malo podía formar parte de un orden universal que, considerado en su totalidad, era el mejor posible.

El terremoto de Lisboa cuestionó esa argumentación e introdujo otras preguntas más concretas: ¿puede decirse que este es el mejor de los mundos cuando miles de personas mueren bajo los escombros sin que exista una relación evidente entre su sufrimiento y sus acciones?

A partir del terremoto comenzó a producirse un desplazamiento: de atribuir los desastres a la voluntad divina se formularon interrogantes acerca de lo que podía ocurrir en el interior de la tierra para que se produjeran los sismos. La tragedia de Lisboa ocurrió durante una festividad católica, precisamente en un momento en que muchos habitantes de la ciudad se encontraban en las iglesias. Varios templos fueron destruidos y numerosas personas que habían acudido a ellos perdieron la vida. Esto favoreció la interpretación de la catástrofe como un “castigo divino” motivado por los pecados humanos.

Durante siglos, la filosofía occidental recurrió a la imagen del fundamento, del suelo firme, de aquello sobre lo cual podemos construir el conocimiento. Descartes perseguía un fundamento sólido para el conocimiento; los pensadores buscaban principios, bases y cimientos. Sin embargo, el terremoto fractura la experiencia de estabilidad y aquello que considerábamos más firme —la tierra bajo nuestros pies— puede convertirse súbitamente en aquello que más nos amenaza.

Bajo el impacto de las noticias del terremoto de Lisboa, Voltaire escribió:

¡Mortales desdichados! ¡Tierra oscura y de luto!
¡Asombrada reunión de humanidad! ¡Eterna persistencia de dolor inútil!
Venid, filósofos, que clamáis: “todo está bien”,
y contempláis esta ruina de un mundo.
Contemplad estos jirones y cenizas de vuestra raza,
este niño y esta madre amontonados en la ruina común,
estos miembros dispersos bajo las columnas de mármol… (Voltaire, 1912,p.255)

Por su parte, Rousseau (2007) no acepta la conclusión de Voltaire de que el desastre refuta la providencia divina. El autor de El contrato social se pregunta cuánto del sufrimiento producido por el terremoto fue realmente “natural” y cuánto había sido agravado por la propia organización humana. Rousseau sugiere, en esencia, una pregunta decisiva: la tierra tiembla, pero ¿quién construyó la ciudad? La naturaleza produce el terremoto, pero los seres humanos construyen edificios, concentran poblaciones, levantan ciudades densamente habitadas y crean condiciones que pueden multiplicar las consecuencias de un fenómeno natural. Lo anterior lleva a Rousseau a otra pregunta: ¿por qué los seres humanos organizamos nuestra existencia de una manera que nos hace tan vulnerables ante la naturaleza?

Por su parte, el joven Kant  (Hernández Marcos, 2005), a sus veinticuatro años, recopiló información sobre el terremoto e intentó construir una explicación geológica basada en procesos físicos subterráneos. Su teoría se orientaba a explicar el fenómeno desde la propia naturaleza, sin recurrir necesariamente a una intervención sobrenatural. El terremoto comenzaba así a convertirse en un objeto de investigación y no únicamente en un acontecimiento susceptible de una interpretación religiosa. Entre los textos escritos por Kant a propósito del acontecimiento se encuentra Sobre las causas de los terremotos, con ocasión de la calamidad que padecieron los países occidentales de Europa a finales del último año. En este desplazamiento desde la explicación providencial hacia la investigación de las causas naturales aparece uno de los cambios fundamentales que el terremoto de Lisboa produjo en la conciencia europea.

A su vez, Walter Benjamin (2014) escribió acerca del terremoto de Lisboa un guion radiofónico destinado a una audiencia infantil (Das Erdbeben von Lissabon), correspondiente a una emisión del 31 de octubre de 1931. En él, Benjamin utiliza el terremoto de 1755 para narrar no solamente la catástrofe, sino también la manera en que un acontecimiento natural pudo incidir en la transformación de la conciencia histórica, científica y filosófica de una época.

Benjamin no se concentra exclusivamente en la destrucción de Lisboa. Le interesa, particularmente, la circulación de la noticia del desastre por Europa. Señala que el terremoto tuvo una repercusión extraordinaria porque coincidió con un momento de expansión de la prensa y de las posibilidades de comunicación. El acontecimiento pudo ser conocido, narrado y representado rápidamente en distintos lugares del continente.

Asimismo, el autor berlinés recupera la figura de Immanuel Kant quien, siendo muy joven, escribió sobre el terremoto. Benjamin hace una afirmación particularmente significativa: considera que la reacción de Kant ante Lisboa se encuentra asociada al surgimiento de la geografía científica en Alemania y al comienzo de la sismología. Es decir, Benjamin recupera el terremoto como un momento en que una catástrofe que tradicionalmente podía interpretarse como un castigo divino empieza a convertirse en objeto de investigación científica.

Finalmente, a partir de lo vivido en ciertas regiones de Colombia el 10 de agosto del 2026 me atrevo a considerar la posibilidad de una dialéctica en la que, en un primer momento, el sujeto pleno de dominio fue la naturaleza, la physis: esa fuerza originaria que domina, envuelve e invade el ser del mundo. De su seno emergieron innumerables entes y, entre ellos, aquel que un día se irguió sobre sus extremidades inferiores y comenzó a caminar sobre la tierra. Con él se abrió un segundo momento de antítesis, que consistió en la aparición del titán humano y, con él, del reino de la historia.

La llegada de los titanes implicó una distancia respecto de la naturaleza, bajo la rúbrica del lenguaje. Ese titán se acerca al mundo que lo precede con una mezcla de asombro y espanto. Frente a las fuerzas que lo desbordan, intenta comprenderlas y conjurarlas. Por medio de imágenes, símbolos y sonidos, deja plasmado su temor ante la inmensidad de la physis, pero también su reverencia ante aquello que no puede dominar.

Así comienza la larga tensión entre naturaleza y ser humano, civilización y naturaleza. La naturaleza que se expresó en el terremoto parece indicar, a través de sus magmas más recónditos, la capacidad devastadora de remover los proyectos de progreso que albergamos los seres humanos. El suelo sobre el que construimos nuestras ciudades,  certezas e ideales  de futuro, puede en un instante, dejar de ser fundamento para convertirse en amenaza. Y es quizá allí, en esa fractura amenazante, donde el terremoto deja de ser un fenómeno geológico para convertirse también en un acontecimiento para pensar en términos filosóficos lo que obliga a considerar una síntesis, donde physis y titanes puedan convivir sobre la tierra.

Tras del terremoto quedan las secuelas fenoménicas que en los más diversos grupos sociales develan la condición humana en toda su intensidad: miedo, egoísmo, sacrificio; emociones que ponen a prueba a  quienes habitamos los entornos afectados por el desastre. Por lo tanto más allá de una filosofía del consuelo se necesita una filosofía de la esperanza, que estimule pensar en tiempos de peligro y de riesgo, por encima de los muros caídos y los poblados fracturados.

Referencias.

Benjamin. El terremoto de Lisboa en: Walter Benjamin Radio Benjmin. Edición Lecia Rosenthal. Akal. 2014

Benjamin, W. (2014). El terremoto de Lisboa. En L. Rosenthal (Ed.), Radio Benjamin (pp. xx-xx). Akal.

Voltaire. (1912). Toleration and other essays (J. McCabe, Trans.).  G. P. Putnam’s Sons.

Leibniz, G. W. (2014). Teodicea: Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal (J. Muñoz, Ed. e introd.). Biblioteca Nueva

Rousseau, J.-J. (2007). Carta a Voltaire sobre la Providencia. En Profesión de fe del vicario saboyano y otros escritos complementarios (A. Pintor-Ramos, Trad.). Trotta.

Hernández Marcos, M. (2005). Un texto de Immanuel Kant sobre las causas de los terremotos (1756). Cuadernos Dieciochistas, 6, 215–224.

En ese sentido, considero que tienen toda la razón los proveedores y contratistas del colegio Gimnasio Santana del Norte que han hablado conmigo para manifestar su profundo malestar por los constantes incumplimientos en el pago de las obligaciones adquiridas y formalmente pactadas por el centro educativo. No se trata, por tanto, de simples inconformidades aisladas ni de reclamos carentes de fundamento, sino de situaciones que, según relatan quienes las padecen directamente, vienen afectando de manera seria el normal desarrollo de sus actividades económicas.

Es perfectamente entendible que estos proveedores y contratistas estén molestos. Muchos de ellos dependen de los pagos que reciben del colegio para cumplir con la nómina de sus trabajadores, atender compromisos con sus propios proveedores, cubrir obligaciones tributarias y mantener en funcionamiento los servicios que prestan. Cuando una institución contrata un servicio, recibe el beneficio de este y establece unas condiciones de pago, lo mínimo que puede esperarse es que honre oportunamente lo pactado. Cumplir un contrato no debería presentarse como un favor, sino como una obligación elemental derivada de la palabra empeñada y de la responsabilidad empresarial.

No creo que sea necesario recordar al colegio ni a su propietaria, la señora Jackeline Santana, que detrás de cada factura pendiente, de cada cuenta sin pagar y de cada obligación incumplida hay personas, familias, trabajadores y pequeñas empresas que también tienen compromisos que atender. Mucho menos debería ser necesario recordar que una institución educativa, por la naturaleza de su actividad y por el ejemplo que pretende transmitir a sus estudiantes, debería distinguirse precisamente por el respeto, la responsabilidad y la ética en sus relaciones con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.

Lo que resulta aún más preocupante, según manifiestan las personas que han hablado conmigo y cuyos nombres no voy a mencionar para protegerlas, es la presunta falta de canales efectivos de comunicación para atender estos reclamos. Afirman que en repetidas ocasiones no reciben respuesta a sus llamadas telefónicas ni a sus correos electrónicos y que, incluso cuando acuden personalmente en busca de una explicación, no encuentran una atención adecuada. Si esto ocurre de manera sistemática, estaríamos frente a una situación mucho más grave que un simple retraso en un pago: estaríamos hablando de una preocupante ausencia de responsabilidad y de respeto frente a quienes legítimamente exigen el cumplimiento de lo que se les debe.

Una institución puede atravesar dificultades financieras, administrativas o de cualquier otra naturaleza. Lo que no resulta aceptable es convertir esas dificultades en una carga que deban soportar unilateralmente quienes prestaron un servicio de buena fe. Si existen problemas para cumplir con los compromisos adquiridos, lo correcto es dar la cara, explicar la situación, establecer acuerdos serios y cumplirlos. El silencio, la evasión y la indiferencia no solucionan las obligaciones pendientes; por el contrario, profundizan la desconfianza y deterioran relaciones comerciales construidas durante años.

Tener una posición dominante o contar con mayor capacidad económica, contractual o institucional no otorga licencia para desconocer los derechos del otro, ignorar sus reclamos o tratarlo con desprecio. Mucho menos cuando se trata de personas y empresas que prestan servicios vitales para la operación de un colegio. Ningún proveedor debería sentirse obligado a rogar por un pago que le corresponde, perseguir indefinidamente a quien tiene la obligación de pagarle o soportar malos tratos simplemente porque se encuentra en una posición contractual más débil.

El respeto hacia los proveedores también hace parte de la responsabilidad social y de la cultura institucional de cualquier organización. Un colegio no solo educa dentro de sus aulas; también educa con sus decisiones, con la manera como trata a sus trabajadores, con la forma en que responde ante sus obligaciones y con el comportamiento que adopta frente a quienes dependen de su actividad. Por eso, resulta particularmente contradictorio que una institución dedicada a la formación de niños y jóvenes pueda transmitir, por acción u omisión, la idea de que las obligaciones pueden incumplirse y que quienes reclaman legítimamente pueden ser ignorados.

Por ello, sería deseable que el Gimnasio Santana del Norte y su administración asuman con seriedad los reclamos que vienen haciendo sus proveedores y contratistas, revisen las obligaciones pendientes y establezcan mecanismos claros, transparentes y verificables para ponerse al día. La solución no pasa por guardar silencio ni por cerrar las puertas a quienes reclaman; pasa por responder, reconocer las obligaciones y cumplirlas. Al final, la verdadera medida de una institución no está únicamente en lo que ofrece a quienes pagan por sus servicios, sino también en la manera como responde frente a quienes, desde otras posiciones, hacen posible que esos servicios puedan prestarse.

La educación exige coherencia. No se puede hablar de valores, responsabilidad, respeto y principios mientras, al mismo tiempo, quienes hacen parte de la cadena que sostiene la actividad educativa deben enfrentar incertidumbre, silencio o incumplimientos para recibir aquello que legítimamente se les adeuda. Los proveedores también merecen respeto, respuestas oportunas y, sobre todo, que se honre la palabra empeñada. Esa debería ser una obligación básica de cualquier institución, pero mucho más de una que tiene como propósito formar a las nuevas generaciones.

Nota recomendada: El adoctrinamiento de Viviane Morales

En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

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Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

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“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

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La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y  ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam. 

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

*Imagen principal: el gobierno de Rodrigo Paz inició la cumbre la minera sin la presencia de pueblos indígenas, quienes reclaman por ser los principales afectados por el uso del mercurio en la minería de oro en la Amazonía. Foto: cortesía ABI

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Actualmente, no solo se habla de un supuesto hackeo a los sistemas de información de su Junta Directiva, hecho que, según informó Caracol Radio, habría permitido a los atacantes obtener cerca de un terabyte de información, equivalente a 327.095 archivos, de los cuales 11 fueron clasificados como críticos y tres como de alto riesgo.

En este asunto, Luis Felipe Henao, el mismo que hace unos meses me negó tener algún interés en llegar a un cargo de gran relevancia en la empresa y que, por cosas de la política, hoy ocupa nada menos que la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, deberá implementar mayores y mejores controles en los sistemas para evitar cualquier fuga de información que pueda generar riesgos, bien sea por un ataque informático o porque alguno de sus miembros decida filtrar información.

Por supuesto, no se puede olvidar que se debe buscar la manera de reactivar o suscribir nuevos contratos de exploración, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking bien hechos, que no generen problemas ambientales y que, al mismo tiempo, garanticen unas finanzas sanas y sostenibles en el tiempo. Esto resulta fundamental para evitar una eventual reducción en la calificación de las agencias internacionales, situación que podría generar riesgos para la empresa en la bolsa.

También se ha advertido en los últimos días, por parte de una organización conocida como Veeduría por la Verdad y la Justicia, sobre la gestión adelantada en los últimos meses por el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado.

Esta organización asegura tener en su poder información que pondría en duda su paso por la presidencia y habla, además, de la existencia de un supuesto «cartel de los catalanes», razón por la cual solicita a la Fiscalía y a los organismos de control investigar y establecer si estas denuncias tienen fundamento.

En opiniones anteriores he hablado sobre la importancia que el país entero le otorga a una empresa como Ecopetrol, por lo que resulta prioritario cuidarla y protegerla. Por eso, se hace un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para que, en coordinación con la Junta Directiva, nombre a una presidenta o un presidente con las calidades y el conocimiento necesarios para asumir esta responsabilidad y trabajar decididamente en el fortalecimiento de sus diferentes áreas, de manera que la labor que desarrolla en la economía nacional contribuya a un mayor y mejor crecimiento del país.

A sabiendas que AEROLINEAS ARGENTINA la compañía firmó en la Feria Internacional de Farnborough acuerdos con lessors y avanza en un plan de renovación del 25% de su flota total y del 60% de su flota de largo alcance.23 de julio de 2026 Aerolíneas Argentinas anuncia la incorporación de 20 nuevos aviones como parte de su plan de flota 2027-2031, financiado íntegramente con recursos propios, orientado a fortalecer la operación doméstica, regional e internacional y a modernizar el producto de cabina ofrecido a sus pasajeros. Esta iniciativa representa la renovación del 25% de la flota de la compañía y del 60% de sus aeronaves de largo alcance, constituyendo un paso decisivo en la transformación de Aerolíneas Argentinas hacia una empresa más eficiente, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mercado.

El anuncio fue realizado en el marco de la Feria Internacional de Farnborough, uno de los eventos más importantes de la industria a nivel global, y materializa el plan de inversión presentado en noviembre pasado, en un nuevo paso para consolidar una estrategia de crecimiento con foco en la eficiencia y la rentabilidad.El programa contempla la incorporación de 20 aeronaves.

En Farnborough quedaron formalizados los contratos por 14 de ellas: seis Airbus A330neo y ocho Boeing 737 MAX 10, todos con cronograma de entrega definido. El plan se completa con seis Boeing 737 MAX 8, dos de ellos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso de incorporación. Las primerasaeronaves comenzarán a sumarse a la flota de Aerolíneas a partir del primer trimestre de 2027,con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8.

En la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028. Estas primeras aeronaves tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto. También es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir…

Cuando las AEROLÍNEAS reinvierten en post de la CALIDAD de TRASLADOS de sus PASAJEROS hacen que sus FIDELIDADES se aumenten CONSTRUYENDO las MARCAS & SERVICIOS tan diferenciadores en COSTOS & COMODIDADES buscados casi como un EJERCICIO funcional en todos los oredenes del BUEN VIVIR… nos vamos cantando bajito el…

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CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

A partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

Nos acercamos peligrosamente a un gobierno de botas y camándula. Por un lado, aparece este titular de prensa: “Abelardo de la Espriella sigue en peregrinación por Colombia. Se arrodilló en emblemático santuario colombiano”. Y enseguida aparece en la pantalla este otro: “El presidente electo confirmó su intención de jurar como nuevo jefe de Estado en una guarnición militar”. 

Nada más hipócrita que hacerle morcillas al diablo, para decirlo en el lenguaje de mi abuela: o sea, invocar a Dios con propósitos sacrílegos.

Colombia asiste a una reedición de su propio destino circular. A las puertas de que el gobierno de “Los Nunca” asuma el poder con los de siempre, el país parece atrapado en un vórtice temporal donde cincuenta millones de habitantes están a punto de experimentar un doloroso retroceso de ciento cuarenta años, regresando ideológicamente a los laberintos de 1886, una época en la que el territorio albergaba apenas a cuatro millones de almas.

A ese tiempo pertenece la Constitución de 1886, cuyo padre es Rafael Núñez, la cual concedió amplísimas facultades al presidente: su periodo era de seis años (con reelección inmediata e indefinida) y tenía la potestad para nombrar gobernadores, jueces y magistrados. Recuerden que Núñez fue cuatro veces presidente, aunque murió en 1894, a la mitad de su último periodo. Usó el poder hasta para inmortalizar su rostro barbudo en los billetes del Banco Nacional y el de su esposa, doña Soledad Román, en las monedas de la época.

La gravedad de nuestra crisis contemporánea se disfraza con la teatralidad de las élites, confirmando que, hoy como ayer, “primero hubo que pasar por un episodio de ñoñería mezclada de frivolidad, que en Colombia suele manifestarse en los momentos de mayor gravedad histórica”, como señaló Antonio Caballero en su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías”.

En el centro de esta tramoya se erige la figura de Abelardo de la Espriella. Criado en las sabanas del departamento de Córdoba, bien puede ser la reencarnación contemporánea, refinada y estridente de Rafael Núñez. Comparte con el cartagenero no solo el origen caribeño y el gusto por la tribuna pública, sino esa doble condición de hombre que oscila entre la vida sibarita y el severo moralismo institucional. A su lado, operando como la conciencia jurídica e ideológica del proyecto, se sitúa el vallecaucano Carlos Alonso Lucio, quien asume el ropaje dogmático de Miguel Antonio Caro. Lucio, al igual que el Caro original, se proyecta no como un simple político tradicional, sino como un guardián inflexible de esencias doctrinales y de un orden cuasiteocrático. Aquí cabe evocar: Dios los crió y ellos solitos se juntaron; aunque les quedo debiendo el dato de dónde y cómo fue que se conocieron.  

El argumento central del nuevo “Regenerador” destila un autoritarismo pragmático: “Una república debe ser autoritaria para evitar el desorden”, pensaba Núñez. Para justificar el desmonte de las libertades modernas, De la Espriella y Lucio pretenden situar la religión católica y a Dios en el centro de todo, devolviendo la enseñanza cristiana como eje transversal de la educación pública y situando a Colombia en el medioevo. De ser el coordinador programático de Abelardo, Lucio podría convertirse en el ideólogo problemático del gobierno por entrar; problemático para nuestras libertades individuales, quiero decir.

Ya lo dijo la esposa de Lucio, Vivian Morales, la futura ministra de Educación: “Sacar a Marx y meter a Dios”. ¿Qué quiso decir con eso: que cambiarán profesores por curas y monjas? Por lo pronto, tengan presente que en países como Irán mandan locos y fanáticos religiosos.

El abogado cordobés, a pesar de sus excentricidades mundanas, recurre a la vieja fórmula de control social que unió a Bolívar y a Núñez:

“Se había convencido —como en su tiempo lo había hecho el Libertador Simón Bolívar, librepensador como él— de que la religión católica era un poderoso elemento de estabilidad y de cohesión en el país, y en consecuencia era necesario no solo transigir con ella, sino incluirla en el corazón de las instituciones”: Antonio Caballero en “Historian de Colombia y sus oligarquías”.

Como dijo el escritor Óscar Alarcón Núñez, en una columna de El Espectador (2025) hablando del natalicio de Núñez, “Después, en su gobierno de la Regeneración, fue más clero que el agua”.

¿Se avecina una espiral de violencia?

La idea un tanto absurda de usar una guarnición militar para la toma de juramento (algo más propio de un dictador, como lo señaló el expresidente Ernesto Samper), puede leerse como una actitud abiertamente desafiante con las leyes y el orden constitucional, pero también como su manera de congraciarse con la cúpula militar, como lo hizo, por ejemplo, un Hugo Chávez en Venezuela, aunque aquél si fue militar. ¿Acaso ahora sí es cierto que podríamos convertirnos en otra Venezuela? La Silla Vacía anticipó que ya hay ponencia favorable para otorgarle personería jurídica a “Defensores de la Patria”, el partido político de Abelardo.

Un viraje hacia el fundamentalismo político y religioso entrañaría peligros latentes para la frágil democracia colombiana. Bajo el régimen autoritario que se perfila (y con un nieto de Laureano Gómez —Enrique Gómez— hablándole al oído a Abelardo), la prensa libre y los sectores de oposición —particularmente aquellos identificados con la izquierda y el progresismo— se convertirán en los enemigos declarados del Estado.

Durante “La Regeneración” se promulgó la llamada “Ley de los Caballos” (Ley 61 de 1888), un instrumento de persecución política que facultaba al presidente para castigar cualquier acto que, según el gobierno, alterara el orden público, sin orden judicial o juicio previo; dicen que dicha ley fue en realidad el primer Estatuto de Seguridad. La bautizó “Ley de los Caballos” el periodista Fidel Cano Gutiérrez (fundador de El Espectador y opositor al régimen), quien sugirió que otorgar poderes dictatoriales equivalía a gobernar “como se gobierna a los caballos”: con látigo, espuelas y freno.

Si De la Espriella concibe el debate público no como un ejercicio democrático, sino como una amenaza para la estabilidad del régimen, estaría emulando la máxima de la Regeneración original: “La prensa no es elemento de paz sino de guerra”.  

Dejó constancia Antonio Caballero: “La prensa —le escribía a uno de sus ministros el presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos— no es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad (es decir, enemigo del género humano) Y así, tanto el propio Núñez como sus sucesores o más bien sustitutos en la presidencia, Holguín y Caro, tan periodistas como él, previnieron y reprimieron los que consideraron excesos de la prensa de oposición con la cárcel y el destierro de sus redactores y directores durante los quince años siguientes”.

Las herramientas para contener el disenso estarían listas para ser desempolvadas: el uso de la censura bajo el pretexto de reprimir los abusos de la opinión libre, el arrinconamiento o acoso judicial (De la Espriella anunció la creación de un grupo de abogados dedicado a denunciar irregularidades del Gobierno de Petro) y el destierro mediático de los directores y redactores incómodos hasta la exclusión de la oposición de las esferas del poder por considerarla, desde el púlpito oficial, como una fuerza que milita en el error doctrinal.  

Advierte el profesor Rodrigo Uprimmy en El Espectador: “La decisión de ADLE de suspender el empalme y las declaraciones de sus cercanos como Lucio de amenzar con juicios o extradiciones a Petro, como si ellos fueran autoridades judiciales, envenenan aún más el ambiente”.

Para denunciar todo exceso del nuevo mandatario y los suyos, se necesitará un periodismo más valiente que nunca (con “los Nunca”) para lo que se avecina: es decir, se requieren más ojos y oídos en Barranquilla, sede del nuevo gobierno, que también fue la ciudad desde donde gobernó, mediante cartas y telegramas, Rafael Núñez. “Núñez se iba y volvía, de la tierra fría a la tierra caliente; y volvía a irse y volvía a volver”, dejó dicho Caballero.

El riesgo de arrastrar a una nación de cincuenta millones de habitantes a una nueva espiral de violencia es inminente, con el agravante de que quieren legalizar el porte de armas. El lenguaje de la exclusión radical ya provocó en el siglo XIX que el inconformismo liberal estallara en las armas, derivando en la Guerra de los Mil Días, nuestra guerra civil más larga y sangrienta. Si el dogmatismo de Lucio y el personalismo de De la Espriella, con el apoyo de Enrique Gómez desde el Congreso, terminan por cerrar los canales democráticos, el país podría fragmentarse nuevamente, no ante ejércitos de estados soberanos como en 1885, sino bajo el fuego cruzado de una ciudadanía polarizada y empujada a una nueva conflagración civil.  Ojalá y no.

¿Nuevos ricos en la “Patria Milagro”?

Sin embargo, hay una mutación sustancial en este retorno al pasado. A diferencia del Núñez histórico, que se mantuvo relativamente inmune a los apetitos de la riqueza personal y gobernó desde el desapego físico en su casona de El Cabrero, cabe preguntarse si la nueva cofradía de “Los Nunca” persigue un fin abiertamente mercantil.

Le escuché a alguien la hipótesis de que el nuevo gobierno no traerá la salvación espiritual de la República, sino el enriquecimiento descarado de un pequeño círculo de aliados, concentrado de manera especial en una élite reducida de la región Caribe.  Está ocurriendo, por ejemplo, en un país que tiene menos habitantes que Bogotá: “Los nuevos oligarcas de El Salvador: la vertiginosa bonanza del círculo de Bukele”, titula el diario español El País.

En este nuevo diseño institucional, el misticismo católico de Carlos Alonso Lucio sirve apenas de mampara para la verdadera deidad de nuestro tiempo: el Dios dinero. “Casi todo es negocio, incluida la política”, escribe el abogado Guillermo Pérez Flórez, y bastante razón tiene.

Detrás de la retórica patriótica de De la Espriella se asoma la sombra de Donald Trump, quien contempla a Colombia ya no como un aliado estratégico, sino como una gigantesca mina de oro y una despensa de recursos lista para ser explotada en beneficio corporativo. Yo solo pregunto: ¿Es esta alianza entre el misticismo de fachada, el clientelismo regional y el extractivismo transnacional lo que denominan la “Patria Milagro”? Mientras escribo, la prensa informa que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, inició un periplo que lo llevará hacia la Casa Blanca junto con los designados ministros de Hacienda y Comercio. Al mismo tiempo, el diario The New York Times señala que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es quien maneja el poder y los recursos naturales en Venezuela.

Echemos mano de la crónica histórica de nuestro devenir:

“Fue por entonces cuando en este país empezó́ a usarse de manera habitual la palabra “oligarquía”, que en su original griego significa “gobierno de unos pocos”. En Colombia el término se tradujo por “gobierno de los otros”: era el que usaban los conservadores para referirse al pequeño círculo de los radicales en el poder, y el que más adelante usarían los liberales para designar al círculo aún más pequeño de los conservadores, cuando cambiaron las tornas”. (Del libro “Historia de Colombia y sus oligarquías)

Hoy las tornas han vuelto a cambiar. El “gobierno de los otros” pasa a ser el gobierno de una élite caribeña y empresarial que, aliada con el capital estadounidense, podría pretender privatizar el suelo nacional. Si Antonio Caballero viviera, diría que La “Patria Milagro” no será más que una inmensa comedia de enredo con consecuencias trágicas, un sainete político donde el crucifijo se usa para bendecir los contratos de concesión y el autoritarismo presidencial se ejerce para garantizar el libre flujo de los capitales de unos pocos.

Al cabo de este doloroso viaje de 140 años hacia el pasado, Colombia corre el riesgo de descubrir que cambió su Constitución de derechos por una carta monárquica y de mercado, donde cincuenta millones de ciudadanos quedarán excluidos de los milagros en su propia tierra.  Además, a partir del 7 de agosto podríamos sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, con un presidente mitad gringo, mitad colombiano.

No se nos olvide que el primer milagro se dio en campaña, cuando el hoy presidente electo, buscando votos, siendo ateo se volvió devoto, (ora ateo, ora creyente, como Núñez), así que tratándose de un hombre de Dios, lleno de gracia y coherencia, debería posesionarse sin vacilaciones en cualquier basílica y no en una guarnición militar.

Si ayer fue “La Regeneración”, autoritaria y problemática, desde mi agnosticismo elevo plegarias para ponernos a salvo de una era de “Degeneración”, que atente contra las libertades civiles y destripe la Constitución de 1991. Amén. 

Leer entre líneas los titulares de prensa es la mejor manera de vislumbrar a qué se enfrentará Colombia a partir del 7 de agosto, cuando asuma el poder el primer gobierno de extrema derecha del siglo y Abelardo se convierta en el segundo presidente costeño de esta era, después de Petro.

Lo curioso es que en ninguno de esos titulares resalta el nombre del mandatario electo. Parece instalarse una narrativa deliberada en torno al gobierno saliente: se le sataniza mientras se deja que otros hagan el “trabajo sucio”. Es como si a cada nuevo funcionario le hubiesen asignado un guion dentro de una trama. Ante esto, cabe preguntarse con suspicacia: ¿cuál es el verdadero poder detrás del tono? Toca desenredar los hilos. El proceso de empalme deja expuestas las costuras del nuevo gobierno, sin contar que la prensa está siendo hábilmente utilizada para replicar ciertas narrativas.

Titula Semana: “Hubo una parranda, ahora viene el guayabo”, advierte el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. De sangre laureanista, la historia ya sabe lo que esa estirpe significa.

Titula Cambio: “Gustavo Petro debe ser juzgado”, sentencia Carlos Alonso Lucio. Tan exguerrillero como Petro, con la diferencia de que Lucio fue condenado en el año 2000 por falsa denuncia cuando buscaba la Alcaldía de Bogotá.

Titula El Colombiano: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”, afirma José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Nótese la hipérbole; ni los dos terremotos en Venezuela dieron para tanta exageración.

En Barranquilla me quedo, decía el Joe

Por el correo de las brujas circula el rumor de que Abelardo despachará desde Barranquilla y no desde Bogotá. También se dice que buscan eliminar la Procuraduría y fusionar los ministerios de Cultura y Tecnología. Esto debe leerse como lo que es: un sutil menosprecio a la institucionalidad que prometieron defender.

Es inevitable preguntarse por qué elegir la capital del Atlántico como sede de gobierno. No creo que se deba al pánico que los costeños le tienen al frío bogotano. ¿Es acaso una muestra de desdén hacia la responsabilidad que exige la investidura presidencial?

Piensen en lo que habría pasado si Abelardo pierde la elección. Acostumbrado a la opulencia de la que presume en redes sociales, es casi seguro que habría rechazado su curul en el Senado, tal como lo hizo Rodolfo Hernández en 2022.

Escarbando más hondo, la elección de Barranquilla responde a la estrecha cercanía del nuevo presidente con la casa Char, el clan que impulsó su candidatura y cuyo poder político está retratado con precisión en el libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila, hoy exiliada.

No sería extraño que en la Arenosa ya se esté cocinando una futura candidatura presidencial para Álex Char, el actual alcalde. ¿Es este el principio de lo que en otro texto llamé la “costeñización del poder”? El control del Estado en manos de una élite caribeña que por décadas ansió ser ama y señora de la patria. Para ellos, la “Patria Milagro” ya comenzó.

Aquí cabe otra pregunta: ¿Serán los Char el verdadero poder detrás del trono? Que Barranquilla se convierta en la capital política del cuatrienio no es un asunto menor, dados los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmersa. Si usted le pregunta a una inteligencia artificial cuáles son las ciudades colombianas con más funcionarios vinculados a delitos contra la administración pública, la respuesta es predecible: las fiscalías de Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga lideran el volumen de procesos por celebración indebida de contratos, cohecho o peculado.

A partir del 7 de agosto, la prensa tendrá motivos de sobra para poner la lupa sobre “Curramba la bella”. Fortalecer las corresponsalías allí debe ser visto como una oportunidad imperativa para el periodismo. Se espera en todo caso una prensa más vigilante que complaciente.

Por ahora, es temprano para descifrar el papel que jugará Donald Trump en este tablero. Fiel a su estilo de ganar indulgencias con padrenuestros ajenos, el magnate ya se atribuyó la victoria del “Tigre”, asegurando que sin su apoyo habría perdido. En eso coincidimos con el gringo.

Por el bien del país, ojalá Abelardo esté a la altura de las circunstancias y no terminemos sintiendo que nos metieron gato, o sea tigre, por liebre. Es hora de que el abogado abandone su disfraz de hombre rudo y asuma su condición de estadista; los problemas del país son esencialmente humanos y ante esa realidad le quedará difícil hacerse el gringo, por más norteamericano que se crea.

Reforma política ya

Con un panorama poco claro, urge la reconstrucción de los partidos políticos. Colombia no puede darse el lujo de que figuras oportunistas irrumpan en el panorama sin más credenciales que el ruido mediático. Se requiere un mínimo de formación y experiencia en la cosa pública.

La oposición, liderada por el Pacto Histórico —que a pesar de la derrota mantiene la bancada más grande del Congreso—, debe formular una reforma política audaz. Deberían radicarla este 20 de julio, el mismo día en que se instala el legislativo.

Desde ya genera curiosidad saber quién le escribirá el discurso de posesión al nuevo presidente el 7 de agosto: ¿su vicepresidente, el nieto de Laureano Gómez, un exguerrillero, o una IA? Nunca se sabe.

Y todavía falta el elocuente titular de la ministra designada de Educación, Vivian Morales —exfiscal y exesposa de Lucio—, a quien las redes tildan de antiderechos.

En cualquier caso, de la oposición se espera, más que desobediencia civil, que proponga y actúe con firmeza cuando el régimen entrante intente amputar derechos adquiridos y protegidos. Como bien advirtió el jurista Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador: “Ningún sentido tiene para la oposición hacer invivible el país a Abelardo y su entorno, si ellos pueden solitos; para eso resucitaron el cadáver insepulto del laureanismo”.

Por primera vez, Laureano Gómez no se revuelca en su tumba: ¡Baila!