La organización habla de posibles irregularidades en contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todos estos hechos fueron puestos al conocimiento de los órganos de control para que investiguen y emitan los fallos correspondientes, en el caso de encontrar mérito, otorgando el derecho a la legítima defensa y la presunción de inocencia.

“No puede ser que en plena Ley de Garantías a menos de dos semanas de conocer quién será nuestro próximo presidente, se insista por parte de Ecopetrol en una contratación cercana a los 2.000 millones de dólares, eso no tiene presentación”, dijo Luis Miguel Marimon, presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

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Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan establecer las autoridades competentes, el caso plantea una reflexión de fondo sobre uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la prohibición de utilizar la función pública para favorecer intereses políticos o electorales.

Los servidores públicos administran recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, no a proyectos políticos particulares. Por esa razón, la Constitución y la ley imponen límites claros frente a la participación en política, especialmente cuando existe el riesgo de que se utilicen cargos, contratos, programas sociales o estructuras administrativas para influir en procesos electorales.

Las denuncias conocidas hacen referencia a presuntas presiones sobre funcionarios y contratistas para participar en actividades proselitistas, así como a la posible utilización de recursos institucionales para fines electorales. De comprobarse estos hechos, estaríamos frente a conductas que vulneran principios fundamentales de la administración pública y afectan la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto sin presiones ni condicionamientos.

Particularmente preocupante resulta cualquier señalamiento relacionado con la supuesta vinculación entre la continuidad contractual o el pago de obligaciones y la participación en actividades políticas. La libertad del sufragio es un derecho esencial en cualquier democracia y no puede verse condicionada por relaciones laborales, contractuales o de dependencia frente al Estado.

Sin embargo, es igualmente importante recordar que las denuncias constituyen apenas el punto de partida de un proceso investigativo. Corresponde ahora a la Fiscalía verificar la autenticidad de las pruebas aportadas, establecer los hechos y determinar si existieron conductas sancionables. De la misma manera, la Procuraduría deberá evaluar la eventual existencia de faltas disciplinarias, siempre garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de todas las personas involucradas.

Lo verdaderamente valioso en este momento es el mensaje institucional que deja la actuación de quienes han solicitado la investigación: las denuncias sobre posibles irregularidades electorales no deben ser ignoradas ni minimizadas. Por el contrario, deben ser examinadas con rigor, transparencia e imparcialidad para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

En una época en la que la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones públicas representa uno de los mayores desafíos para la democracia, resulta indispensable reafirmar una premisa básica: el Estado no puede estar al servicio de campañas políticas. Los funcionarios públicos están llamados a servir a los ciudadanos, no a estructuras electorales.

La transparencia no es una opción; es una obligación. La neutralidad de la función pública no es una recomendación; es un deber constitucional. Y la protección de la libertad del voto no es una formalidad jurídica; es una condición indispensable para que la democracia siga siendo legítima.

Las investigaciones determinarán si las denuncias tienen fundamento y quiénes deben responder por los hechos. Mientras tanto, el país debe insistir en un principio irrenunciable: ninguna institución pública puede convertirse en instrumento de presión política ni en plataforma electoral. La confianza ciudadana se construye con transparencia, legalidad y respeto absoluto por las reglas democráticas.

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-Alejandra Pizarnik-

Bat: El presidente Petro presentó una serie de denuncias que muestran situaciones opacas en las elecciones del 31 de mayo, pero parece como si no hubiera dicho nada.

Man: Lo que pasa es que Petro es un mal perdedor. ¡Puro pataleo de ahogado! Esas denuncias no tienen fundamento y es mejor no pararles bolas.

Bat: Por supuesto que las denuncias del presidente Petro deben ser motivo de atención y análisis. Es claro que no se está hablando de fraude masivo, pero lo que sí hay es una serie de acciones, hechos y datos opacos que merecen aclaración.

Man: Ya el MOE y la Misión Internacional certificaron que todo está bien, así es que seguir insistiendo en esa vaina son puras ganas de joder.

Bat: Hay por lo menos 12 situaciones que exigen la máxima transparencia. No es ningún capricho. En cualquier democracia decente, sí o sí esto tendría que aclararse.

Man: ¿Ah sí? ¿Y cuáles son esas supuestas situaciones?

Bat: Se lo voy a explicar sin tanto tecnicismo, para que vea que no es solo una pataleta. Pongámosle la lupa a unas cuantas cosas que no huelen bien.

Man: A ver, suéltelas.

Bat: Lo primero y más llamativo es ver cómo se concentró la ventaja de Abelardo de la Espriella. El informe muestra que una porción gigante de la diferencia con Cepeda apareció en un puñado de mesas; en concreto, las mesas que superan los 300 votos.

Man: ¿Cómo así? ¿O sea que en la mayoría de las mesas con una votación superior a 300, en general, gana Abelardo?

Bat: Exactamente. No es que eso sea imposible o que la gente no pueda votar masivamente, sino que en esas mesas puntuales se produjo una ventaja desproporcionada. La lógica democrática más básica pide que se revisen una por una.

Man: ¡Qué bobada! En algunos puestos siempre vota más gente.

Bat: De acuerdo. Pero ahí viene otro punto interesante: hay mesas con 400, 500 o más votos. Eso es muy difícil de creer.

Man: ¿Por qué? Ni más faltaba… Algunas mesas admiten 500, 700 o hasta más de 1.000 votantes.

Bat: Pues sí. Pero piense en esto: la jornada dura ocho horas. Eso es 480 minutos. Se estima que lo normal es que un sufragante tarde alrededor de minuto y medio votando (mientras le miran la cédula, firma, pone huella, le entregan el tarjetón, va al cubículo y vota). Eso, en condiciones normales. Así que una mesa con más de 300 votantes ya llama la atención; se necesita que no hayan parado ni un minuto las votaciones y que ningún sufragante se haya demorado más del minuto y medio. Digamos que imposible, imposible, no es, pero sí muy llamativo.

Man: No me parece…

Bat: Pero también hay otra cosa sumamente importante: ¿cuántos estaban habilitados en esa mesa? ¿Cuántos firmaron realmente? ¿Y cuántos votos aparecen en el acta? Esa comprobación no es un capricho, es el ABC de una elección limpia.

Man: No hable paja, que eso ya está muy claro.

Bat: Pues yo no le veo ninguna claridad. Y la cosa se complica más. En algunos puestos, el informe detecta que votó más gente de la que estaba habilitada. Son pocos casos, si se mira a nivel nacional, pero no debería pasar en ningún caso. Ahí la revisión es obligatoria: cruzar censo, registros y actas.

Man: Si usted misma dice que son pocos casos, qué más da…

Bat: ¿Qué más da? ¡Oigan a mi tío! Y la cosa es que no hemos terminado. También aparecieron patrones raros: en algunos departamentos, la alta participación coincide como un calco con los mejores resultados de Abelardo. O sea: donde hubo más gente votando, ahí ganó Abelardo; y donde ganó Abelardo, ahí hubo más gente votando. Volvemos al cuento: imposible no es, pero cuando ese patrón se repite en zonas muy concretas, la alerta se dispara.

Man: Usted siempre buscándole cinco patas al gato…

Bat: Al gato no, al tigre. También se debe tener en cuenta que si una mesa siempre ha tenido 200 votos y de repente aparece con 500, algo cambió. Puede ser un bum de participación, pero si no miramos el histórico, navegamos a ciegas. Lo mismo para los cambios bruscos en la preferencia política de un puesto.

Man: Hummm… A mí no me suena, como tampoco me suena eso del censo que dijo el guerrillero…

Bat: Pues precisamente ahí hay otra cosa que no se resuelve con un comunicado chimbo. El presidente dice que se añadieron más de 800.000 personas al censo, la Registraduría dice que el censo se cerró en abril y que todo se publicó. La controversia no se acaba con declaraciones escuetas ante los medios, sino verificando que los archivos entregados, los registros de cada mesa y el censo que se usó coincidan al 100%.

Man: ¡Qué suspicacia la suya! A todo le pone problema. No demora en hablar del software…

Bat: Me adivinó el pensamiento. El presidente Petro señala que hubo dos cambios en el software en la semana inmediatamente anterior a las elecciones. La Registraduría dice que el 26 de mayo no se modificó nada, que solo pusieron una carpeta para los auditores. Pero si hay dudas, no basta con explicar la fecha. Hay que mostrarle a la ciudadanía la trazabilidad técnica: quién generó los archivos, qué se movió, qué versiones había antes y después, y cuáles son los registros de auditoría.

Usted sabe que el voto se cuenta en papel, pero luego los datos corren por sistemas, preconteo, consolidación y escrutinio. Ahí entran contratistas, software privado, y eso no es cualquier cosita.

Tanto la Registraduría como la Misión de Observación Electoral de la OEA han señalado que en el proceso electoral colombiano intervienen múltiples sistemas informáticos operados por distintos contratistas privados. Eso significa que el dato que usted ve en pantalla pasó por varias manos antes de llegar ahí. La pregunta no es si el sistema funciona, sino si alguien puede garantizar que en ese tránsito no se perdió ni se ganó nada.

Man: ¿O sea que hay varios sistemas funcionando?

Bat: ¡Exacto! Y esa fragmentación exige más auditoría, no menos. Debe quedar claro qué hizo cada sistema y cómo se garantiza que los datos en papel son los mismos que terminan en la pantalla.

Y hablando de auditoría, la Registraduría dice que mostró el código fuente a CAPEL y a los partidos. Pero mostrar no es lo mismo que una auditoría forense completa, con código, versiones compiladas, bitácoras, copias espejo y verificación de que el software auditado fue el que realmente se usó. No es por ser desconfiados, pero el antecedente del MIRA está ahí para recordarnos que las dudas sobre software electoral no son un invento de ahora.

Man: Eso del MIRA sí fue un caso sonado…

Bat: Como para no olvidarlo. También está lo de los contratistas, los famosos hermanos Bautista. Recuerde que en Colombia la SIC los ha multado con miles de millones por amaños en licitaciones. El Tribunal Administrativo les tumbó un contrato por irregular. Y para rematar, hay conversaciones que revelan que sus abogados intentaron mover influencias en la Corte Suprema. Así que, aunque no estén presos, el olor es tan fuerte que cualquiera se tapa la nariz.

Man: ¿Y qué?… Todo eso son simples sospechas, no hay nada comprobado…

Bat: Así es. La Registraduría dice que ya revisaron las mesas sospechosas. Pero la confianza no se recupera con un “ya lo hice”. Se recupera mostrando el método, quién lo hizo, qué documentos contrastaron y qué encontraron mesa por mesa. Mientras eso no ocurra, las dudas van a seguir ahí, no por pataleta de nadie, sino porque una elección sin transparencia es un cheque sin fondos.

Man: Siga con sus dudas, que nosotros con Abelardo seguiremos ganando. ¡Firmes por la patria!

Bat: ¡Ja! Disimule por lo menos. Exigir transparencia no es un capricho, es un deber ciudadano. ¿O no es la transparencia la base de la democracia?

***

Imágenes:

El prestidigitador – El Bosco

Viaje a los tormentos – Francisco de Goya

Por lo anterior, cualquier duda o inquietud que pueda generar crisis en la empresa será motivo de cuestionamientos a sus directivas por parte de la opinión pública.

Recientemente se conoció una denuncia de La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, quien acaba de prender las alarmas por supuestos malos manejos del vicepresidente downstream de Ecopetrol, Felipe Trujillo.

La organización recopila una serie de denuncias anónimas de trabajadores, documentos entregados a la línea de ética de la empresa y movimientos sospechosos que ya habrían llegado incluso a la UIAF en las que se afirma de supuestas presiones ejercidas para firmar, en plena ley de garantías y a las puertas de un nuevo gobierno corporativo, contratos por más de dos mil millones de dólares en mantenimiento de plantas y refinerías. Todo a velocidad récord, con posibles extensiones de cinco a ocho años. Y lo más grave: se habla abiertamente de coimas del 3 %.

No quiero entrar a juzgar al doctor Trujillo, entre otras porque no lo conozco, y tampoco me corresponde lanzar juicios desde la opinión pública porque no me corresponde y tampoco es de mi interés. Pero, si quiero preguntar si esto es cierto.

Una denuncia por temas de coimas en cualquier escenario es algo supremamente delicado.  No se trata de una irregularidad menor ni de un “error administrativo”. Es un señalamiento que no solo mancha el nombre de la persona en cuestión, sino que además daña la reputación de la empresa como tal, en donde prestan sus servicios miles de colombianos, y es una empresa que valga decirlo, ha beneficiado a todas las regiones a donde ha llegado con temas de responsabilidad social.

Es poner en entredicho miles de millones de pesos que salen del bolsillo de la Nación para terminar, presuntamente. Es afirmar que en plena transición política alguien intenta apurar jugosos contratos con el riesgo evidente de que el 3 % de coima termine siendo el verdadero motor de la decisión. Eso no es un detalle: es un escándalo de proporciones nacionales.

Ecopetrol no es una cualquier empresa; es el corazón energético de Colombia. Es por esto que cada vez que salen a la luz pública este tipo de señalamientos y pedidos para que se investigue, sin importar de quien se trata, la opinión pública cumple el papel de alertar, vigilar y cuestionar si es el caso porque más allá de que esto sea cierto o no, no se puede permitir que la empresa se convierta en botín de unos pocos.

Por todo lo anterior, me uno a quienes piden se investigue este asunto, brindando todas las garantías para la legítima defensa de las personas que resulten involucradas, para que ejerzan su derecho de demostrar su inocencia como nuestra Constitución y nuestras leyes lo establecen.

La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

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Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

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Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

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Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

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Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antono Gramsci dijo: “Hay dos tipos de políticos: los que luchan por la consolidación de la distancia entre gobernantes y gobernados y los que luchan por superar esta distancia”. Cepeda, con sus más y sus menos, pertenece a la segunda clase.

Puede que no sea el candidato más carismático, pero es una persona auténtica, no un personaje prefabricado para el espectáculo electoral. Porque una elección presidencial no es el reinado de Miss Simpatía. No grita en los mítines, porque entiende que tampoco se trata de una competencia de decibeles, ni se le ve desesperado lanzando globos al aire. Es reflexivo, dicen sus detractores y yo les creo.

Necesitamos un presidente que conozca la historia de este país y que el país todo le quepa en la cabeza, no en la bragueta de Abelardo, el candidato que inauguró la sexpolítica como estrategia electoral en Colombia y a costa de humillar a las mujeres en público; no sabemos si en privado también. Si Cepeda no gana en primera vuelta y Sergio Fajardo logra una votación importante (supongamos un millón de votos o más), aun perdiendo podría inclinar la balanza en segunda vuelta a favor del candidato del Pacto Histórico, porque Fajardo ya advirtió como muchos otros que la democracia peligra si gana De La Espriella.

Iván Cepeda es él y su historia personal y familiar, que se resume en los dolores de una nación atribulada: persecución, exilio y, finalmente, el asesinato infame de su padre en 1994. Iván tenía 31 años y era profesor de filosofía en la Universidad Javeriana.

Como senador, tuvo el valor civil de pararse en la raya ante un intocable como Álvaro Uribe, hasta casi ponerlo tras las rejas.

Con todo, ha demostrado que tiene las condiciones para llegar a acuerdos con el distinto ideológicamente. Así lo reconoció, por ejemplo, José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, personajes del establecimiento.

Y en eso consiste el pluralismo y las libertades: en escuchar lo que piensa el otro, en tender un mismo puente para que dos contrarios pueden atravesarlo, sin que ninguno caiga al río. Lo demás se llama autoritarismo: gobernar para unos como si los demás no existieran.

Fue lo que pasó con la izquierda durante todo el siglo anterior. La quisieron borrar del mapa; no pudieron, pero a muchos de los suyos los mataron y otros se refugiaron fuera de Colombia para salvar el pellejo.

“La historia enseña pero no tiene alumnos”: Antonio Gramsci, filósofo italiano.

Como político, su labor no se ha limitado a una silla en el Congreso. A través del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), asumió como propias las causas ajenas.

Con su posible llegada a la Casa de Nariño—en primera o segunda vuelta—, Cepeda reivindica la memoria de los que murieron en el intento. Reclamando justicia para su padre, se puso de parte de las otras víctimas tras el infame exterminio de la Unión Patriótica. Perdió amigos en ese genocidio político; entre ellos, el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa.  Aunque el país da por superado ese episodio de guerra sucia, de vez en cuando aparece alguien prometiendo destripar (otra vez) a la izquierda. Hoy se hace un matoneo digital sistemático contra el progresismo en la figura de Cepeda, incluso desde ciertos medios de comunicación afines al establishment, como El Colombiano, Semana o El Heraldo.

Durante el sepelio de Manuel Cepeda, en el Cementerio Central de Bogotá, la gente comentaba que cuatro años atrás (1990) se vio una romería semejante cuando un adolescente de dieciséis años acribilló a Bernardo Jaramillo dentro del aeropuerto El Dorado y en presencia de los 16 escoltas del DAS, que el gobierno le había asignado al candidato presidencial de la UP. Los otros dos magnicidios corresponden a Jaime Pardo Leal (1987) y Carlos Pizarro (1990). A Pardo Leal lo mataron dentro de su vehículo, cuando regresaba de su finca a Bogotá, delante de sus hijos y su esposa Gloria; cayó baleado sobre el hombro de ella. A Pizarro lo acribillaron en pleno vuelo dentro de un avión de Avianca que cumplía la ruta Bogotá-Barranquilla.

Mi voto por Cepeda es un voto por los que quisieron gobernar pero no pudieron. Y no pudieron porque los quitaron del camino a las malas. También es un voto por los sobrevivientes, como mi amiga Gladys y su hija que, 40 años después, aún siguen esperando que alguien les diga dónde está el cuerpo de su padre y abuelo, Faustino López, víctima de desaparición forzada en 1984.

Iván Cepeda creció en el conjunto residencial Banderas (localidad de Kennedy en Bogotá). Muy cerca de allí mataron a su padre, el periodista Manuel Cepeda, en agosto de 1994, un mes después de asumir como senador de la República.

Quienes critican a la izquierda porque no sabe gobernar, deben saber que nunca había gobernado en Colombia. Si gana, Cepeda tiene el reto de corregir todo lo que hizo mal Gustavo Petro y honrar lo que salió bien. Alrededor de un 30% de colombianos se declaran hoy de izquierda, progresistas o socialdemócratas. El Pacto Histórico tiene por delante el reto de aumentar el número de conversos. Dos siglos después, la izquierda ya no es la convidada de piedra.

Mi voto por Cepeda es un voto por la paz; no pensando en quienes vivimos una vida relativamente tranquila en la ciudad, sino en los millones de colombianos que en los territorios están a la buena de Dios.

Cepeda tiene el sentido común de las cosas: toca sentarse a negociar con los criminales para acallar el lenguaje de las balas o ¿hasta cuándo nos vamos a seguir matando? Lo que es un decir, porque los muertos y las lágrimas los ponen otros. Es simple: la paz se hace con los malos, no con los buenos. La paz se hace también por aquellos que no han nacido. Merecen que se les ofrezca algo mejor, o mejor no traerlos a sufrir.

Al candidato del Pacto Histórico lo critican por leer papelitos. Y cuando lee las hojitas, que son varias hojas, transmite la serenidad de quien escribe discursos religiosamente a las 4:00 de la mañana. Sí, es un bicho raro, porque ya nadie escribe discursos. Los políticos de ahora van diciendo lo primero que se les cruza por la cabeza.

Es sereno hasta cuando lo insultan tratándolo de guerrillero, sin serlo, ni hoy ni ayer. Alguien a cuyo padre mataron a plena luz del día y que perdió a su madre, Yira Castro, (ella tenía 39 años, Iván 18), a causa de un tumor inoperable, sabe que en la vida hay cosas peores que un insulto. Ambos eran periodistas.

Cepeda mide sus palabras. No sufre de incontinencia verbal como otros candidatos. Luce tranquilo en la tarima, alejado de vanidades y banalidades; en medio de tanto show mediático, esa es su virtud. En su discurso prima el rigor sobre la emoción, sin pecar de superioridad intelectual.

Es verdad que ninguno de los tres candidatos punteros tiene experiencia gobernando antes, pero también es verdad que Cepeda representa mejor que nadie a esa Colombia excluida. Creció en barrios populares, allá donde se crían los que han pasado necesidades, el país de los que malviven.

Cepeda se comporta como ese profesor que escucha y deja hablar a los demás; con esa genuina sensibilidad, podría llevar a Colombia hacia un nuevo contrato social entre ricos y pobres como primer remedio contra la desigualdad.

Cepeda es filósofo como Paloma, pero a él se le nota más. De hecho, siendo empático, tiene más de filósofo que de político. Pero somos un país demasiado superficial para tomarnos en serio a los filósofos. Su revolución ética, con la verdad y los pobres como su centro de gravedad, nos habla de la conversación pendiente en el país de la trampa y el cómo voy yo ahí.

Cuando hablan de Cepeda como el heredero del continuismo, significa que es el único que puede continuar las reformas sociales que emprendió Petro con relativo éxito, sin riesgo a que la clase trabajadora pierda los beneficios que les entregó este gobierno, como un aumento generoso del salario mínimo y la restitución de derechos laborales.  

En un perfil sobre Cepeda, Juanita León, directora de La Silla Vacía usó la frase de una fuente para describir al candidato: “Su cuerpo amenaza ruina”, pero luego la eliminaron del texto, quizás porque, tarde, cayeron en la cuenta de su carácter odiosamente ofensivo. Y así, muchas cosas se dicen sobre él para descalificarlo.

Lo llaman comunista sin ser comunista. No reniega de su pasado como militante de las juventudes comunistas y ya aclaró porqué dejó de serlo. A quién no conozca la biografía de Iván Cepeda, le recomiendo este perfil del portal Casa Macondo.

“…dejó atrás el socialismo —y mucho más lejos al comunismo— para pasar a un progresismo democrático en el que lo público debía conversar con lo privado. En la intimidad de su familia, aquel cambio de arquetipo fue una rebelión frente al padre, una época de separación silenciosa en el plano de las ideas, pero que jamás derivó en un distanciamiento físico”, escribe Pacho Escobar.

El domingo votaré por él y por Aída Quilcué, una viuda de la guerra como tantas, la mujer que nos recuerda que indios somos todos, porque está en nuestra sangre, así esté mezclada.

El domingo votaré por defender derechos, no privilegios. 

No conozco a Iván Cepeda, pero estoy seguro de que nunca —ni de niño, ni de joven, ni ahora de adulto—, soñó con ser presidente. De ser él el escogido este domingo o después, podrá decirse que no buscó el poder, pero el poder terminó encontrándolo.  

En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Podían aislarlo. Podían señalarlo. Pero no iban a verlo rogando.

Con Gustavo Petro ocurrió exactamente lo contrario.

Durante meses, buena parte de los movimientos políticos y diplomáticos del presidente parecían atravesados por una obsesión silenciosa: evitar terminar —o salir cuanto antes— de la llamada Lista Clinton. Y no era paranoia. Cualquiera que entienda lo que significa entrar allí comprende por qué un mandatario, un empresario o una figura pública harían prácticamente cualquier cosa por impedirlo.

Porque la Lista Clinton —las sanciones OFAC administradas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— no es simplemente una lista negra. Es una muerte financiera internacional. Quien entra allí queda prácticamente expulsado del sistema económico occidental: bancos que cierran cuentas, empresas que rompen relaciones, activos congelados, restricciones para mover dinero y un efecto devastador sobre familiares, socios y entorno político. No hace falta una condena penal. Basta la decisión política de Washington.

Y entonces ocurrió lo que durante meses parecía imposible para un presidente colombiano en ejercicio.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

El mensaje fue demoledor.

Porque Washington no sancionó solamente al jefe de Estado colombiano. Sancionó a su círculo más íntimo. A su familia. A su entorno político más cercano. Y con ello convirtió el problema en algo mucho más profundo que una disputa diplomática.

Ya no se trataba solamente de restricciones financieras.

Se trataba de destruir legitimidad.

Porque las sanciones OFAC tienen precisamente esa característica: contaminan todo alrededor. Nadie quiere hacer negocios con alguien incluido allí. Bancos internacionales bloquean operaciones. Empresas evitan relaciones. Gobiernos toman distancia. El sistema entero actúa como si la persona estuviera marcada.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurrió alrededor de Petro durante los meses posteriores.

La Presidencia de Colombia terminó firmando un contrato de diez mil millones de pesos para buscar una salida jurídica y política frente a las sanciones estadounidenses. Pero el escándalo no fue solamente la cifra. Fue el destinatario.

El Gobierno contrató a una microempresa británica de apenas dos empleados llamada Amadeus Consultancy. Una firma con activos cercanos a las 57 mil libras esterlinas, sin trayectoria reconocida como gran bufete internacional y operando desde una oficina prefabricada en un polígono industrial del noroeste de Inglaterra.

La empresa recibiría cerca de 2,7 millones de dólares en apenas 112 días. Treinta y cinco veces su patrimonio.

Y el detalle más impactante quizá sea otro: el contrato no incluía defender jurídicamente al Estado colombiano ni litigar formalmente ante tribunales estadounidenses. La consultora debía simplemente elaborar “recomendaciones”, análisis y conceptos técnicos sobre cómo enfrentar las sanciones internacionales.

Es decir: diez mil millones de pesos públicos para intentar recuperar legitimidad frente a Washington.

Pero además apareció un elemento todavía más delicado políticamente: distintos reportes periodísticos comenzaron a señalar vínculos y relaciones previas entre Amadeus Consultancy y el entorno de Alex Saab, el empresario colombiano recientemente extraditado y convertido en una de las figuras más sensibles del entramado financiero del chavismo.

Y ahí la situación deja de ser solamente escandalosa para convertirse en profundamente simbólica.

Porque el gobierno que durante años construyó un discurso moral contra las élites, el imperialismo y las redes tradicionales de poder internacional terminó recurriendo a una pequeña firma extranjera, ligada además a personajes del universo político venezolano, para intentar resolver su crisis frente a Washington.

Todo esto hace todavía más simbólico el origen político de la historia.

Porque meses antes, en Central Park, Nueva York, Petro apareció con un megáfono lanzando discursos incendiarios contra el poder estadounidense y contra Donald Trump. No fue en cualquier lugar. Fue en el corazón simbólico de Estados Unidos. En la ciudad que representa el mito personal de Trump. La ciudad donde construyó su fortuna, su apellido y su narrativa de poder. La ciudad donde se levanta la Trump Tower.

Hay algo que muchos todavía no terminan de comprender sobre Trump: negocia todo, pero no olvida nada.

Trump puede sentarse con sus adversarios, sonreír, conversar y tomarse fotografías. Lo ha hecho toda su vida. Una semana antes de destruir políticamente a alguien puede estar negociando con esa misma persona. Así funciona su lógica de poder.

Por eso las fotografías posteriores, los acercamientos diplomáticos y los permisos especiales nunca significaron necesariamente reconciliación.

Semanas antes de la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense —uno de los gestos más contundentes de poder militar y dominación geopolítica de la administración Trump en América Latina— existían conversaciones y contactos. Porque Trump es un negociante. Pero también es un hombre profundamente resentido.

Se resiente con periodistas que lo contradicen. Con celebridades que lo atacan. Con antiguos aliados que considera desleales. Y probablemente también con líderes extranjeros que decidieron desafiarlo públicamente en su propia ciudad.

Petro quizás confundió capacidad de negociación con ausencia de memoria.

Y ahí apareció el verdadero problema político.

A pocos meses de abandonar la Presidencia, Gustavo Petro ya no tenía margen suficiente para negociar directamente con Washington una eventual salida de la Lista Clinton. Un eventual gobierno de continuidad progresista tampoco tendría demasiado capital político para lograrlo.

Paradójicamente, quien sí podría tener capacidad real de interceder por el presidente Petro sería un gobierno de derecha.

Un gobierno alineado históricamente con Estados Unidos. Un gobierno dispuesto a reconstruir una relación clásica, disciplinada y estratégica con Washington. Un gobierno capaz de pedir “ese favor” dentro de una lógica de cooperación irrestricta.

Pero surge entonces la pregunta más incómoda de todas:

¿por qué lo harían?

¿Por qué ayudarían ellos políticamente al hombre más importante del progresismo colombiano?

Porque mantener a Petro cercado internacionalmente tendría una enorme utilidad política interna. No afectaría solamente a un expresidente. Afectaría a la principal figura simbólica de la izquierda colombiana durante años. A su familia. A su entorno. A su capacidad económica y de movimiento internacional.

Sería, además, un mensaje continental.

La izquierda latinoamericana pasó años construyendo un relato antiestadounidense mientras, al mismo tiempo, dependía profundamente de la legitimidad financiera y diplomática del propio sistema occidental.

Quizás, en tres años, un cambio de administración en Estados Unidos podría abrir una ventana distinta. Tal vez un presidente demócrata estaría dispuesto a revisar las sanciones, reconstruir canales diplomáticos o desescalar políticamente el caso Petro. Pero incluso eso es profundamente incierto. Porque las sanciones de Washington rara vez dependen solamente de afinidades ideológicas. También dependen de intereses estratégicos, de presiones internas y, sobre todo, de símbolos de poder.

Y ahí es donde la comparación con Samper termina siendo demoledora.

A Samper le quitaron la visa y jamás volvió a pedirla. Transformó la sanción en una forma de dignidad política. Petro, en cambio, termina dejando la imagen opuesta: la de un hombre que pasó del discurso antiimperialista a la necesidad desesperada de recuperar legitimidad ante el mismo poder que desafió durante años.

Porque al final, la tragedia política de Gustavo Petro no fue entrar a la Lista Clinton.

Fue demostrar cuánto necesitaba nunca haber entrado allí.

“Artículo 6. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Tengo en mis manos un libro no apto para proxenetas, victimarios, puteros, compradores de sexo o personas con agenda “política”, social o económica de explotación sexual disfrazada de libertad, libre desarrollo de la personalidad o libre mercado. Este libro, cero moralista, no va contra las víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual; no señor, no se confundan. Para ellas, enfoque de derechos y protección, muy a tono con la CEDAW y nuestro bloque de constitucionalidad. Va contra un sistema que normalizó la venta y compra de cuerpos y la explotación.

Un libro, pero también esta columna, que irritará a algunos constitucionalistas o juristas en línea regulatoria. ¿Regulación de qué? ¿De la explotación y llamar a eso “trabajo sexual” o “actividades sexuales pagas”. Tremenda doctrina se echan sin haber estado en una esquina del barrio Santa Fe de Bogotá o de esos lugares, incluso virtuales, donde la criminalidad, la mafia, el microtráfico, la adicción, el sadismo, la pobreza y el sistema patriarcal muestran su peor cara.

Sin duda, “Sobreviviente” irritará o será sometido a la quema “intelectual” y física por aquellos que nos venden el mundo webcam como la panacea de la autonomía. Tampoco es un libro para quienes se lucran del estado de prostitución o esclavitud al que someten a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans, disidencias sexuales y más.

Un libro que me llevó a revisar nuevamente el Código Penal y toda la línea feminista y de protección de niños, niñas, mujeres, mujeres trans y más, que se ha consolidado, especialmente, en esta primera parte del siglo XXI. La prostitución no es un delito en Colombia y, aun si lo fuera, tampoco erradicaríamos esta crueldad de marras. Poco puede hacer un Código frente a la tremenda mafia y al capital que se mueve alrededor de estas actividades, algunas de ellas identificadas como explotación sexual en dicha normativa, que no logra aplicar de forma plena la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que entró en vigor en 1981. Instrumento plenamente integrado en nuestro bloque de constitucionalidad.

Tipos penales sobre inducir o constreñir a la prostitución. ¿Cuántos y cuántas han hecho de esto su negocio de vida: proxenetas profesionales? Trata de personas con fines de explotación sexual, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, turismo sexual y muchos tipos más relacionados con este infinito mundo de crueldad del cual no escapa el Estado patriarcal que nos cobija.

“Sobreviviente” denota la clara agenda abolicionista de su autora, Claudia Yurley Quintero Rolón. Una agenda que ha tenido mujeres valientes desde la teoría, pero también desde el activismo contra ese mundo “prostituyente”. Abolir, pero sin criminalizar a las víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, para quienes la ternura y las políticas de inclusión deben ser posibles: dignidad, trabajo, salud y acceso pleno al Estado social de derecho o de bienestar. Abolir, no regular la explotación bajo la supuesta idea de un trabajo sexual. Eso sí, criminalizar al comprador de sexo, al proxeneta y al delincuente de la trata.

“Quieren legalizar la prostitución bajo el falso argumento de proteger nuestros derechos. Pero lo que nosotras necesitamos no son derechos laborales para ser prostituidas; son derechos humanos para vivir con dignidad. (…) No queremos zonas de tolerancia, ni burdeles legales, ni empresarización del proxenetismo. No queremos que nos conviertan en cifras tributarias para enriquecer a quienes siempre nos explotaron. No queremos que el Estado nos abandone disfrazando su omisión de regulación. Queremos alternativas. Queremos oportunidades reales. Queremos que se cuestione la demanda. ¿Quiénes compran sexo? Prácticamente todos los hombres. Esa es la base del problema. Una sociedad que permite que el deseo masculino tenga más valor que la libertad femenina. Que justifica la compra de cuerpos como si fuera un derecho. Y que luego quiere maquillar esa violencia con contratos”.

Esas fueron las palabras de Claudia Yurley Quintero Rolón en una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional y que luego dio lugar a la Sentencia SU-062 de 2019, en la cual, según palabras de Claudia: “No solo negó la tutela a la propietaria de un burdel, sino que dejó claro que no existe un derecho a exigir que el Estado habilite zonas para explotar la prostitución”.

La misma voz que habló ante la Corte Constitucional decidió, desde la pluma, relatar la cruel experiencia del desplazamiento padecido, la huida con sus hijos y sin rumbo, la llegada a las frías ciudades y sus cinturones de miseria (“Bogotá, la ciudad que me tragó”), el ingreso al mundo de la explotación sexual para sobrevivir y superar el frío y el hambre, el carcelero, el proxeneta, el violento y violador que puede dormir, incluso, en la misma cama y al lado de sus hijos, el cuerpo explotado por años y décadas en plena sobrevivencia, la destrucción física a punta de comida precaria, adicciones y sustancias para sobrellevar el dolor, la morbilidad y las enfermedades, la mutación del cuerpo y la ayuda de las mujeres que poco a poco tocaron su puerta. Incluso el aliciente de algunas instituciones y servidores públicos que hacen la tarea por las víctimas, sin las cuales hubiese sido imposible huir de tamaño vejamen de vida al que están sometidas miles de mujeres que siguen en las calles, en las esquinas, en los antros de los proxenetas, secuestradas en casas o vigiladas por las pantallas. Luego vino el regreso al nombre, a la palabra y a la dignidad; la reconstrucción, la superación del dolor con los hijos, la terapia, mil veces la terapia, la construcción de caminos, el activismo y sus innumerables complejidades, envidias y acosos ascendentes, como ella los llama, y que la judicializaron por años, el premio Mujer Cafam, la creación de fundaciones y la consolidación de una marca activista que hoy le ha merecido un lugar en Colombia y en el mundo en la lucha contra la explotación sexual.

La autora describe a la red de mujeres: las “ali Hadas”. Sin ellas no hubiese salido de ese torbellino. No todas cuentan con la misma suerte. Con la mano amiga de Luz Marina Bernal, una de las valientes Madres de Soacha, y tantas otras que aparecen en ese escrito, volvió a tener su nombre de pila, su cuerpo, sus hijos, su proyecto de vida y su historia. De Cúcuta fue vomitada hacia un territorio de esperanza y sobrevivencia como Cazucá, y allí esas “ali Hadas” llegaron a darle un vaso de agua, la mano y amor. Todo un reconocimiento para ellas en ese escrito.

En fin, una vida que tuvo sentido el día en que entendió que su cuerpo y su mente estaban en plena creación de una agenda social y política de salvación para cientos y miles, pero también de una senda no exenta de enemigos. Y no es para menos: la lucha abolicionista, la construcción de alternativas, no para criminalizar a las mujeres vandalizadas, como ella las identifica, sino a quienes siguen sosteniendo la agenda “prostituyente” o proprostitución en Colombia, es profundamente peligrosa.

Esta psicóloga, terapeuta social y activista identifica tres caminos: el prohibicionista, donde, como ella lo relata, “el Estado se lava las manos castigando a quien está más abajo de la cadena y deja intacto al que compra y al que lucra”; el de la legalización o regulación, donde “el Estado se pone traje y corbata para administrar el mismo negocio. Se reparten licencias, se permiten burdeles, se abren zonas; a veces lo llaman trabajo sexual y prometen derechos laborales”; y un tercero, el abolicionista, más moderno en su criterio, donde “el esfuerzo grande no se invierte en recoger tasas ni en redactar reglamentos para locales, sino en construir salidas reales: ingresos de transición, vivienda, cupos de estudio, empleo, salud integral, cuidado para los hijos y regularización migratoria cuando aplique”.

La diferencia, según ella, en lo profundo, es la pregunta ética que cada camino responde. El prohibicionismo pregunta: “¿Cómo saco de mi vista lo que me incomoda?” y responde con policías. La legalización pregunta: “¿Cómo ordeno un mercado que ya existe?” y responde con licencias. El abolicionismo pregunta: “¿Cómo reduzco la violencia y la desigualdad que alimentan ese mercado?” y responde con derechos, con límites a quienes compran y con alternativas para quienes han sido empujadas allí.

No es fácil. Pero esta última alternativa comienza a abrirse paso en Colombia, lentamente, en amplios sectores del feminismo contemporáneo y en las voces de quienes sobrevivieron al horror y decidieron contar lo que muchos prefieren no mirar. “Sobreviviente” no es un libro cómodo. Tal como lo señala la prologuista, Ana Cristina Restrepo Jiménez: “No es una batalla contra la sexualidad; es una conversación seria sobre el poder. La abolición mira a los hombres y les habla claro: el deseo no es derecho. Comprar acceso al cuerpo de otra persona no es libertad sexual; es dominación con recibo”.

Un libro que confrontará a hombres, pero también a mujeres que hoy soportan el trabajo sexual desde el derecho y sus diversas aristas, las políticas públicas, la legislación, la doctrina y hasta la jurisprudencia. Un debate abierto sobre la ausencia de dignidad en el mundo de la violencia y la explotación sexual y las mentiras de la supuesta libertad o elección por la crueldad.

¿Cuántos y cuántas cambiarán, a partir de su lectura, la mirada sobre la supuesta libertad, autonomía y hasta el libre mercado de la crueldad y los cuerpos? El debate está abierto.

Nota: Bella edición de este texto y gran felicitación a las ilustradoras Sara Daniela Herrera Pereira y Mariana Hernández Useche (técnica en grafito sobre papel) y a Claudia Fernández Franco por el acompañamiento editorial realizado a la autora.

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