El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera jornada se celebró en la residencia de la Embajada, en Belgravia, un barrio de Londres donde la diplomacia habita entre el mármol, los jardines y el silencio. Allí, mientras el otoño se filtraba por las ventanas y las conversaciones se mezclaban con viche y una muestra gastronómica de Colombia, se habló de la coca con una mezcla de respeto, urgencia y paradoja.

Era imposible ignorar el contraste: mientras en Londres se reunían académicos, activistas y diplomáticos a pensar nuevas políticas sobre la hoja, en el Caribe y el Pacífico colombianos se bombardeaban lanchas presuntamente cargadas de cocaína. En un extremo del mundo, la reflexión; en el otro, la guerra. Tal vez esa distancia, tan dolorosa como simbólica, revela la verdadera dimensión del problema.

Dije esa noche, en la Embajada, que “dos siglos después de que los voluntarios británicos lucharan por la independencia de Colombia, nuestros países vuelven a encontrarse no en un campo de batalla, sino en un espacio de reflexión compartida.”

Recordé que “la coca fue una planta sagrada miles de años antes de ser prohibida”, y que el error comenzó cuando “su alcaloide fue aislado en un laboratorio alemán, sin pedir permiso a las familias indígenas que la conocían y respetaban.”

Ese gesto científico, celebrado en su momento como un avance, fue también uno de los episodios más silenciosos y cruentos de biopiratería de la era moderna. Los europeos destilaron el alcaloide sin comprender su sentido espiritual, y así transformaron una planta de equilibrio en una sustancia de consumo.

La coca fue descubierta por los pueblos indígenas de América; la cocaína fue una invención de las élites coloniales. Y, paradójicamente, son esas mismas élites —o sus herederos— quienes hoy sostienen el mayor consumo.

Durante esas jornadas participaron también voces profundamente diversas. Anthony Henman, antropólogo británico y autor del libro Mama Coca, evocó las décadas en que la antropología intentó tender puentes entre el conocimiento científico y el indígena. Ati Villafaña, lideresa arhuaca de la Sierra Nevada, llevó la palabra ancestral: la coca como conversación con la naturaleza, no como producto. Clemmie James, activista por la justicia ambiental, habló de las cadenas globales de daño ecológico que se ocultan tras la guerra contra las drogas. Y Jenna-Rose Astwood, investigadora maorí de Nueva Zelanda, recordó cómo los pueblos originarios del Pacífico también fueron despojados de sus saberes bajo el mismo lenguaje del progreso.

Esa primera noche tuvo algo de ceremonia y de reconciliación. No se trataba solo de corregir errores, sino de “mirar a la coca de nuevo”, sin la sombra del prejuicio. En el centro de la sala, lo invisible: una hoja que ha cargado con el peso de la historia.

Al día siguiente, la conversación se trasladó a otro escenario: el Khalili Lecture Theatre de la SOAS, University of London, bajo el título “Coca Talks”. El salón estaba lleno, con académicos, diplomáticos, estudiantes y curiosos que se acercaban, algunos por primera vez, a un tema que en el norte suele ser percibido solo a través de titulares o estereotipos.
El panel reunió una constelación de voces: Diego Lugo-Vivas, campesino y activista del Cauca, fundador de la Coalición para la Defensa de la Hoja de Coca; Steve Rolles, analista británico del Transform Drug Policy Foundation, una de las organizaciones que ha marcado la discusión global sobre regulación; la Dra. Jenny Pearce, politóloga y antropóloga británica con décadas de trabajo sobre paz y conflicto en América Latina; y yo mismo, periodista y documentalista colombiano.

Cada uno, desde su propia experiencia, ofreció una pieza del rompecabezas. Lugo-Vivas habló desde la tierra, desde la resistencia cotidiana de los campesinos. Rolles desde las estructuras de política pública y la evidencia: cómo los sistemas de prohibición no han reducido el daño, sino que lo han desplazado. Pearce desde la mirada académica, con una reflexión lúcida sobre la necesidad de incluir el conocimiento local en los procesos de paz.
El diálogo, aunque diverso, compartía una certeza: más del setenta por ciento del valor económico de la cocaína no se queda en los países productores, sino que circula en los sistemas financieros de los países consumidores.
Mientras el sur carga con las muertes, el norte acumula las ganancias.

Hablar de coca en Londres es, también, hablar de imperios. En el siglo XIX, cuando los químicos alemanes aislaron el alcaloide, Europa se encontraba en plena expansión colonial. La ciencia era un instrumento de dominio y la curiosidad un acto de apropiación. Nadie pidió permiso a los pueblos que habían descubierto la planta, ni se reconoció su conocimiento ancestral. El mercado global que se abriría después —desde los tónicos victorianos hasta la cocaína farmacéutica— fue el espejo químico del colonialismo: una economía construida sobre la extracción, la desigualdad y la negación.

Dos siglos después, la historia no ha cambiado tanto. La desigualdad y el maltrato hacia las comunidades y los países productores siguen vigentes. Las lógicas del poder global continúan trazando el destino de una planta que, en su origen, representaba equilibrio y respeto. Por eso esta conversación en Londres era más que simbólica: era un intento por reparar, al menos en parte, una fractura histórica.

A lo largo de los dos días, Futuro Coca demostró el valor de su trabajo: una articulación precisa entre arte, diplomacia, ciencia y memoria. Su propuesta no consiste en romantizar la hoja ni en idealizar el pasado, sino en crear un lenguaje común donde las políticas de drogas puedan pensarse con rigor y sensibilidad.
En su planteamiento, la hoja de coca no es un delito ni un fetiche: es una oportunidad para reimaginar la relación entre humanidad y naturaleza, entre norte y sur, entre memoria y futuro.

En los debates también surgió la comparación inevitable con la marihuana, cuyo tránsito en algunos estados de Estados Unidos y en Canadá desde la prohibición hacia la regulación ha abierto un precedente importante. Sin embargo, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué ocurriría si la legalización de la coca —o de sus derivados— terminara beneficiando de nuevo a las grandes industrias del norte, mientras las comunidades productoras permanecen excluidas? Legalizar sin justicia sería, simplemente, una forma moderna de repetición.

Pero si algo quedó claro en ambas jornadas es que el problema de la coca es polimorfo, cambiante, y no puede enfrentarse con una sola fórmula. En Colombia, los últimos treinta años han estado marcados por una sucesión de políticas públicas que, aunque bien intencionadas, han oscilado entre la erradicación forzada, la sustitución voluntaria, la militarización y los intentos de desarrollo alternativo. Ninguna ha sido suficiente por sí sola.
Sin embargo, en ese largo trayecto se han acumulado aprendizajes. En Arauca, por ejemplo, los procesos de sustitución y diálogo comunitario lograron que cientos de familias encontraran medios de vida legales, siempre que el Estado mantuviera su presencia y los acuerdos fueran respetados. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos arhuacos, koguis y wiwas han demostrado que la convivencia entre la hoja sagrada y las economías legales es posible, siempre que se reconozca su significado cultural.
No se trata de desechar las experiencias pasadas, sino de construir sobre ellas —sobre los aciertos y también sobre los errores—, reconociendo que cada región, cada cultura y cada territorio necesita su propio ritmo.

Tal vez el mayor fracaso de las políticas antidrogas ha sido la uniformidad: la idea de que un solo modelo podía aplicarse en toda América Latina, sin entender los matices locales. La coca no crece igual en Putumayo que en Catatumbo, ni las comunidades tienen las mismas historias ni los mismos sueños. Cualquier reforma futura deberá ser concertada entre países productores y consumidores, sí, pero también con las comunidades que han vivido el peso del conflicto y la estigmatización. Solo entonces podrá hablarse de una política de drogas verdaderamente humana.

Cuando la jornada en SOAS llegó a su fin, el cielo londinense había oscurecido. La conversación dejaba una sensación de inicio. Nadie tenía respuestas definitivas, pero todos compartían una intuición: que la historia de la coca no puede seguir escrita por quienes no la siembran, no la tocan, no la conocen.
Dije al cerrar mi intervención: “Hacer la paz con la naturaleza también significa hacer la paz con la coca.” Y quizás, en ese gesto, esté la clave de lo que viene. Porque la paz, en este caso, no es solo el fin de una guerra: es el comienzo de una conversación honesta entre quienes producen y quienes consumen, entre los que viven del territorio y los que viven de sus consecuencias.

Como hace dos siglos, cuando británicos y colombianos compartieron la lucha por la independencia, hoy vuelve a ser necesario imaginar una nueva forma de cooperación: no la que se impone con armas, bombardeos o tratados, sino la que nace del respeto, del conocimiento y de la memoria compartida.

1. Introducción: Cuando los aranceles regresan, la historia se repite

La historia económica contemporánea está llena de momentos en los que los grandes desequilibrios de balanza de pagos y comercio internacional generaron tensiones políticas y medidas unilaterales. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo Estados Unidos, nuevamente, recurre a aranceles para defender su industria local, controlar déficits y ejercer poder geopolítico.

Pero esta no es la primera vez. Para entender lo que está en juego, debemos mirar hacia los acuerdos económicos internacionales del pasado como el Plaza Accord (1985), el Louvre Accord (1987), el G7 Communiqué de Halifax (1995), y los esfuerzos posteriores del G20 tras la crisis financiera global (2008-2009). Todos ellos nos dejan enseñanzas valiosas sobre lo que funciona —y lo que no— en materia de negociación y diplomacia económica.

2. Plaza Accord (1985): La diplomacia del dólar fuerte

En 1985, el dólar estadounidense se encontraba en niveles históricamente altos, afectando la competitividad de las exportaciones estadounidenses y generando un déficit comercial sin precedentes. Bajo el liderazgo del entonces secretario del Tesoro, James Baker, EE.UU. firmó con Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido el Plaza Accord, para depreciar el dólar frente a otras monedas clave.

Datos económicos de esa época (EE.UU.):

• Déficit en cuenta corriente: ~3.5% del PIB
• Tipo de cambio: El dólar se había apreciado más del 50% real entre 1980-1985
• Inflación: 3.6% (bajo control tras el shock Volcker)
• Desempleo: 7.2%
• PIB real: Creciendo a ~3.4%

El resultado fue efectivo: el dólar cayó más de un 40% frente al yen y el marco alemán en los dos años siguientes. Sin embargo, el exceso de liquidez en Japón tras este acuerdo fue el caldo de cultivo de una burbuja especulativa que explotó en los 90.

3. Louvre Accord (1987): Detener la caída

Dos años después, las consecuencias de una caída abrupta del dólar comenzaron a preocupar. El Louvre Accord buscó estabilizar el tipo de cambio, y esta vez, incluyó medidas de política fiscal y monetaria para coordinar la recuperación global.

Datos relevantes (1987):

• Tipo de cambio: caída del dólar estabilizada
• Desempleo: 6.6%
• Inflación: 3.7%
• Déficit fiscal: alrededor del 4% del PIB

Este acuerdo mostró la dificultad de mantener una política monetaria coordinada en ausencia de un mecanismo institucional robusto. También marcó el fin de los esfuerzos serios de coordinación cambiaria del G7 por varios años.

4. Otros acuerdos relevantes posteriores

a. Halifax Summit (1995)

Aunque no tan conocido como los anteriores, este encuentro del G7 buscó mejorar la supervisión financiera internacional tras la crisis del peso mexicano (1994). Se propusieron mecanismos de alerta temprana ante desequilibrios financieros, pero sin compromisos vinculantes.

b. G20 y la crisis global (2008-2009)

Tras la crisis de 2008, los países del G20 acordaron evitar el proteccionismo y coordinar estímulos fiscales y monetarios. Fue quizás la mayor muestra de cooperación global desde Bretton Woods. Se evitó una depresión, pero con consecuencias: expansión monetaria sin precedentes y burbujas de activos.

c. USMCA (T-MEC, 2020)

La renegociación del NAFTA bajo la administración Trump trajo reglas más estrictas de origen, mecanismos laborales vinculantes y mayor control sobre desequilibrios comerciales. Aunque no fue un “acuerdo de coordinación global”, sí marcó una nueva etapa de proteccionismo “moderno”.

5. ¿Qué está pasando hoy? La guerra de aranceles, versión siglo XXI

Desde 2018, EE.UU. ha impuesto aranceles a productos chinos, europeos y de otros países aliados. El argumento: defender empleos, frenar el déficit comercial y proteger tecnologías críticas.

Indicadores recientes (2022-2023):

• Déficit comercial: US$ 951 mil millones (récord histórico)
• Inflación: 6.5% (promedio 2022)
• Desempleo: 3.5%
• Tipo de cambio: Dólar fuerte (por tasas altas de la Fed)
• Tasa de interés de referencia: 5.25% (2023)

A pesar de los aranceles, el déficit comercial ha persistido. La industria local ha recibido cierto alivio, pero los consumidores han enfrentado mayores precios. Además, las cadenas globales de valor se han fragmentado, acelerando la tendencia de friend-shoring y near-shoring.

6. Lecciones del pasado y soluciones posibles

¿Qué aprendimos de Plaza, Louvre y Halifax?

• La coordinación multilateral es más efectiva que las medidas unilaterales.
• Los ajustes cambiarios deben ser graduales para evitar desequilibrios internos.
• Las burbujas especulativas son riesgos colaterales reales de políticas coordinadas mal ejecutadas.

¿Cómo podría EE.UU. resolver esta nueva guerra de aranceles?

1. Negociar un nuevo acuerdo multilateral tipo Plaza con China, la UE, Japón e India, ajustando tipo de cambio y barreras no arancelarias.
2. Reforzar los foros multilaterales existentes (G20, FMI, OMC) para supervisar desequilibrios de cuenta corriente con reglas y sanciones claras.
3. Promover reformas estructurales internas, enfocadas en productividad, innovación, educación técnica y transición energética.
4. Incentivar acuerdos regionales estratégicos, con América Latina, el Sudeste Asiático y África para ampliar mercados sin generar tensiones geopolíticas.

7. Conclusión: el péndulo del proteccionismo no debe volver al pasado

El unilateralismo arancelario ofrece una respuesta rápida, pero rara vez sostenible. Si el mundo aprendió algo de los acuerdos económicos de los años 80, es que la solución a los desequilibrios globales exige diplomacia, visión a largo plazo y compromiso multilateral. De lo contrario, el costo lo pagarán no solo los países en disputa, sino toda la economía global.

Por Dr. Felipe Janica Vanegas
CEO & Founder – JNC Professional Services Firm
PhD, DBA, MBA, CPA, MIL, Mphil, MS FinanceEconomics & Strategy | Transforming organizations and society with faith-based leadership

 MÁS ACÁ Y MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES

Hernando Llano Ángel

Cali no es una Ciudad, como tampoco Colombia es una Nación, políticamente hablando. En ambos casos, todavía no hemos podido conformar una comunidad política democrática en todo el territorio nacional. Una comunidad en la que todos nos reconozcamos y tratemos como ciudadanos y no como dos bandos irreconciliables: los llamados “ciudadanos de bien” contra los “otros”, los vagos y vándalos, esa masa informe que algunos llaman pueblo y en momentos de crisis se convierte en canalla, como en el “estallido social” del 2021. Los “Patricios”, con apellidos de abolengo y ancestros empresariales contra los “plebeyos” y empresarios del rebusque y el azar. Lo más grave es que ese maniqueísmo social y político nos fragmenta y divide entre derecha e izquierda. Nos encasilla en un antagonismo que reduce la complejidad de los conflictos y la riqueza de la pluralidad social a una insuperable disputa moral y mortal entre  partidarios de correctos y “buenos” políticos contra otros seguidores de torcidos  y “malos” políticos, unos a la diestra y otros a la siniestra del establishment. Así se forman unos estereotipos inmodificables que, en últimas, tienen su matriz y origen en certezas irrefutables, como aquella de que lo público y lo estatal es el reino de la corrupción, la trampa y la incompetencia, mientras lo privado y empresarial es el universo de lo incorruptible, la transparencia y la competencia. Rápidamente ello deriva en la apología de los empresarios como trabajadores virtuosos, incansables y sacrificados, asediados por impuestos y cargas de gobiernos populistas, que reparten generosos subsidios a pobres perezosos y atenidos, convertidos en un lastre para el crecimiento de la economía y en rehenes del gobierno de turno. Pero ese imaginario suele también proyectarse a la inversa, cuando desde la otra orilla se atribuye al Estado y lo público la encarnación de la justicia y el bien común, y al sector privado la personificación de la codicia siempre en beneficio de privilegios y la defensa a ultranza del statu quo.

Más allá del maniqueísmo reduccionista

Sin embargo, basta apreciar la realidad sin estos prejuicios y lentes ideológicos deformadores para concluir que el asunto es mucho más complejo, pues siempre lo público estatal y lo privado están entreverados, no son compartimentos estancos. De su interacción más o menos ilegal surge una inconmensurable y densa zona gris que se llama corrupción, esa apropiación de intereses generales en beneficio de ganancias particulares. Algunas veces son intereses empresariales, otras de organizaciones políticas y clanes familiares que convierten los Departamentos en sus feudos electorales, como los Char en el Atlántico y Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, pero en ocasiones también son intereses de gremios empresariales, ANDI, FENALCO, FEDEGAN, de sindicatos poderosos USO, FECODE y hasta de iglesias celosas de sus diezmos y privilegios. Todos lo anteriores tienen en común su inmensa capacidad para proyectar sus propios intereses como si fuesen generales y colectivos. Nos convencen de que su actividad se desarrolla en función del bien común, cuando en la realidad solo redunda en su propio beneficio. Son unos taumaturgos que se apropian de los intereses generales y públicos para su exclusivo provecho.  Esa destreza la despliegan todos por igual, pero se diferencia en los medios que utilizan. Las empresas recurren a la publicidad y el cabildeo; las iglesias a las creencias y la esperanza; los políticos a la demagogia y el clientelismo. Y todos se aprovechan de nuestros deseos, miedos y necesidades. De manera que nosotros mismos somos responsables, pues directa o indirectamente contribuimos a su existencia y prosperidad. Todos, de alguna forma, somos rehenes del mercado, por lo general deseamos tener siempre el mejor y último modelo en venta y nos convertimos en consumidores compulsivos. También ansiamos el consuelo, la paz emocional y la felicidad personal, asistiendo a cultos, conferencias, escuchando sacerdotes, siguiendo a gurús, pagando psicoanalistas o teniendo una fe inconmovible en creencias salvíficas, hasta el extremo de institucionalizar lo espiritual en Iglesias y jerarquías que niegan la humanidad y dignidad de los no creyentes o, lo que es peor, exigen su sacrificio por ser paganos e idolatrar otras deidades. Y ni hablar de lo que sucede en el mundo político, pues muchos tienen la absoluta convicción de pertenecer al partido de los justos, los incorruptibles y los únicos que pueden salvar a la ciudad, el departamento y la nación porque sus candidatos y candidatas son los más competentes, sabios y virtuosos. Por eso todos los candidatos hoy nos prometen seguridad, pero solo si votamos por uno de ellos podremos salvarnos y conservar nuestras vidas y bienes, porque los otros no tienen capacidad para hacerlo. Son profesionales en manipular el miedo, agitan la bandera de la seguridad como enseña del triunfo, pero desde el gobierno la convierten en arma mortífera. Llegamos así a uno de los fanatismos más peligrosos y letales, el sectarismo partidista, que se apropia la representación de la Nación y del pueblo, descalifica y hasta estigmatiza a sus adversarios y competidores por ser la expresión de lo contrario. Sus competidores, los otros, son la negación de la Patria y la democracia. Los tildan de enemigos y los condenan al ostracismo, deben ser expulsados de la Ciudad. Entonces surgen consignas como “Patria libre o morir” o se “está con Petro o con la Patria”, “con la democracia o los terroristas”, Israel o Palestina. Pero también en estereotipos locales, como se vota por “patricios” o “plebeyos”, “empresarios” o “chanceros”, “tecnócratas” o “clientelistas”. Y en medio de ese barullo publicitario de prejuicios sectarios, lo que se pierde es la misma noción de Ciudad, del Departamento, de la Nación, de lo público como búsqueda de un bienestar general que permita convivir más allá del miedo y de la fragmentación de nuestras ciudades, convertidas en guetos y apartheid sociales.

Más acá y más allá de las urnas

Por eso hay que situarse más acá y más allá de las elecciones y las urnas. Más acá de las urnas y antes de votar De-Liberar con otros, los contrarios para liberarnos del espejismo de que, si delegamos nuestra responsabilidad en un partido, en un candidato o candidata, todo se resolverá. Que solo así viviremos seguros, libres y felices.  Y también situarnos más allá de las urnas, reducidas a una caja de Pandora en donde se refunden nuestras esperanzas y volvemos a depositarlas cada cuatro años sin que nada cambie sustancialmente. Asumir que la democracia es un asunto de la ciudadanía, no solo de políticos y representantes, cuya mayoría se dedica a traficar con necesidades, coyunturalmente solucionadas con subsidios y prebendas gubernamentales, sin transformar las causas estructurales de la exclusión social y la concentración desmedida de la riqueza. Mucho menos que la democracia se limita a ser una plataforma mercantil desde el Estado para favorecer intereses corporativos, empresariales y financieros, mediante la contratación pública a favor de Odebrecht y Corficolombiana o de políticas públicas con incentivos sectoriales como Agro Ingreso Seguro y muchos otro programas y planes de desarrollo de anteriores gobiernos.

¿Elecciones territoriales y colapso de la gobernabilidad nacional?

Pero también considerar que los resultados de las elecciones regionales de mañana 29 de octubre de 2023 pueden significar el colapso de la gobernabilidad nacional al ser convertidas en un plebiscito contra el presidente Petro. Sin duda, la derrota de los candidatos del Pacto Histórico en los principales departamentos y sus respectivas capitales va a profundizar las tensiones con gobernadores y alcaldes opositores, que probablemente desafiaran la implementación de la Política de Paz Total y serán reacios a reconocer que son subordinados del Ejecutivo en el manejo del orden público nacional, lo que podría desembocar en una crisis de ingobernabilidad con consecuencias impredecibles ya que el presidente podría incluso destituirlos. ¿Será que Fico Gutiérrez desde Medellín reemplazará al saliente fiscal Francisco Barbosa como opositor furibundo? ¿Se conformará un gran bloque opositor de los clanes, enclaves familiares territoriales, intocables figuras patriarcales y mayorías en el Congreso contra el Ejecutivo para bloquear sus iniciativas reformistas y colapsar su gobernabilidad territorial? ¿Fracasará la Paz Total en un limbo territorial, sin poder implementarse? ¿Iremos hacia una especie de “secionismos” políticos regionales y locales que terminaran por despedazar la ilusoria unidad nacional consagrada en la Constitución?  Y, para concluir, un par de preguntas parroquiales, ¿Será que en Cali tendremos por fin  el  chance de una gobernabilidad ciudadana y pública más allá de esa falsa disputa entre “patricios” y “plebeyos”, que está por convertir a Cali en la sucursal del infierno? Y el departamento del Valle del Cauca ¿Continuará siendo un feudo electoral más en beneficio de clanes políticos con antecendentes judiciales, consolidados a punta de clientelismo y asistencialismo? Cualquiera que sea mañana el resultado en las urnas, estoy seguro que las respuestas a estas preguntas están mucho más allá de ellas y de solo votar. Las respuestas para superar escenarios tan decadentes y poco democráticos dependerá de nuestra mayor capacidad como ciudadanía para asumir responsabilidades públicas, más allá de nuestros legítimos intereses y desvelos personales, familiares o empresariales, convirtiéndonos en protagonistas de la democracia y dejando de ser rehenes electorales de ese entramado de intereses corruptos. Pero ello demanda fortalecer el tejido organizativo y social a favor de intereses colectivos y generales, De-Liberar para redescubrir el sentido de lo público y concertar socialmente entre diversos, teniendo como horizonte la Ciudad en su conjunto, no solo nuestra comuna; la prosperidad y equidad del suroccidente y el pacífico no solo del Valle del Cauca y promover la convivencia nacional en lugar de hegemonismos regionales y delirios  federalistas, que seguramente resurgirán con su triunfo en las urnas. Este escenario democrático y ciudadano fue proyectado como “La unión hace la fuerza”, en Destino Colombia, una expresión de De-liberación y concertación ciudadana realizada hace 26 años, en octubre de 1997. Un escenario que todavía nos falta realizar local, regional y nacionalmente, por eso vale la pena ver dicho documental y protagonizarlo, antes de que sea demasiado tarde y volvamos a escenarios como “Amanecerá y Veremos”, “Más vale pájaro en mano que ciento volando” y el temible “Todos a marchar” del minuto 15.18, que muchos añoran repetir. Si ello sucede, las urnas presagiaran más tumbas, como lo registran las cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición que sucedió entre 1995 y 2004, la década con más víctimas, el 45%, cerca de 202.293, durante las presidencias de Ernesto Samper (1994-98), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006).

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En Nicaragua, la Reserva Biológica Indio Maíz es destruida al rugir de motosierras y fuego. Con total impunidad, ganaderos ilegales arrasan uno de los últimos remanentes de bosque tropical en Centroamérica. Lo mismo ocurre con los mineros ilegales, que ingresan al bosque para buscar oro, dejando numerosas fuentes de agua contaminadas con mercurio.

El pueblo indígena Rama y el pueblo afrodescendiente Kriol están en medio de las amenazas. Aun con sus vidas en peligro, han formado una alianza y se han organizado para defender su territorio y al bosque. Esta es la historia que narra Patrullaje, un documental de Camilo de Castro Belli, periodista, cineasta y activista nicaragüense.

De Castro Belli fue expulsado de su país por el gobierno de Daniel Ortega, debido a su trabajo y activismo documentando la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua. Su madre, la poeta y novelista Gioconda Belli enfrenta la misma situación. Ambos viven en el exilio.

“En este momento, no podemos hacer mucho en Nicaragua porque hay un contexto de represión extremo. Nos toca hacer incidencia afuera, en donde podamos”, afirma el documentalista.

Mongabay Latam conversó con Camilo de Castro Belli sobre su documental y la actual crisis política que enfrenta Nicaragua. 

—Durante mucho tiempo, en Nicaragua usted fue periodista televisivo, con enfoque ambiental. ¿Cómo comenzó a contar la historia del saqueo a los pueblos indígenas?

—Al final de la administración de Enrique Bolaños hice una investigación de casi 12 meses sobre la tala ilegal de bosques en Nicaragua. Elaboramos una base de datos con más de 10 000 permisos forestales y viajamos por el Caribe y el norte del país, para documentar el saqueo de los bosques con caoba, cedro y pino. Logramos demostrar que las empresas madereras estaban operando fuera de la ley y que, detrás de estas empresas, había personas vinculadas a los principales partidos políticos y a empresas extranjeras reconocidas por cometer delitos ambientales.

También conocí a líderes indígenas y afrodescendientes que, a pesar de los riesgos, estaban luchando para defender su territorio y alzando la voz para demandar el cumplimiento de la ley.

Desde ese momento, comencé a darle seguimiento más de cerca a lo que pasaba en la Costa Caribe, sobre todo en Bosawas, y a entender mejor la magnitud de los atropellos que estaban enfrentando los pueblos originarios. Poco después, llegó al poder el gobierno de Daniel Ortega y muy rápido nos dimos cuenta de que su gobierno iba a seguir debilitando la ley de autonomía y promoviendo el crecimiento de actividades extractivistas, como la ganadería y la minería, en áreas protegidas y territorios indígenas.

—¿Qué lo movió a documentar estos casos?

—Pienso que una de las principales tareas del periodismo es denunciar los abusos de las élites económicas y políticas, y contar las historias de aquellos que están resistiendo y luchando en contra de estos abusos. En Nicaragua, como en el resto de América Latina, los pueblos indígenas tienen 500 años de estar resistiendo para mantener sus tradiciones y su forma de vida y esa lucha no forma parte de nuestro imaginario colectivo. Cuando fui a las comunidades escuché testimonios muy dolorosos y conocí otra cara de la historia de mi país que nadie jamás me había enseñado. Eso me motivó a acercarme más a las comunidades y a trabajar con ellos y ellas para contar sus historias.

—¿Qué historia cuenta el documental Patrullaje? 

—Patrullaje es un documental que cuenta la historias de las comunidades en la primera línea de un conflicto ambiental cada vez más violento en Nicaragua. De un lado, están los indígenas Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol. Del otro, está la industria de la carne, en alianza con el gobierno y las empresas extranjeras que comercializan la carne de Nicaragua en Estados Unidos y otros países.

También es la historia de hombres y mujeres que tienen que superar sus propios miedos para defender su territorio y que, en medio de situaciones muy difíciles, logran reunir las fuerzas para seguir luchando. Los comunitarios estaban organizados y haciendo patrullajes. Para el documental, seguimos a los guardabosques Rama y Kriol durante dos años.

—Un incendio en la Reserva Indio Maíz fue lo que detonó la ola de protestas en Nicaragua en el año 2018. ¿Este documental fue grabado antes o después? ¿Cómo fue grabar y/o producir un documental en un contexto de represión a los movimientos sociales?

—Terminamos de grabar el documental en marzo de 2018, casi un mes antes del incendio de Indio Maíz. Sin embargo, cuando quisimos filmar durante el incendio, los comunitarios nos advirtieron que era mejor no acercarnos a la reserva, porque el alcalde de Greytown había mencionado nuestros nombres en una reunión y nos estaba acusando de promover las protestas en Managua. Unos días después, el Ejército de Nicaragua estableció un cordón de seguridad alrededor de la reserva y prohibió que personas no autorizadas viajarán a la zona. Un cineasta italiano y una fotógrafa nicaragüense lograron llegar a Indio Maíz antes de que se estableciera el cordón de seguridad, pero fueron detenidos y todos sus equipos fueron confiscados. Por eso las imágenes que hay del incendio fueron grabadas con celulares o por equipos de filmación del gobierno.

Una de las cosas más difíciles para mí ha sido no poder regresar a Indio Maíz y tampoco poder presentar el documental en Nicaragua. Cuando comencé este proyecto en el 2016, jamás me imaginé que unos años después iba a estar viviendo en el exilio y que además iba a ser ilegal presentar una película como Patrullaje en los cines en Nicaragua. Hoy en día, lo que más me preocupa, es que pueda haber represalias en contra de las personas que aparecen en el documental. Sabemos que hay riesgos, pero los líderes en las comunidades nos han pedido que sigamos adelante, porque guardar silencio implica renunciar a la lucha por sus derechos y por el territorio.

—¿Cómo describiría a la reserva Indio Maíz?

—Indio Maíz es una de las áreas de bosque tropical húmedo más importantes de Centroamérica. Es un bosque que, a pesar de la intervención humana y el daño causado por el huracán Otto, en noviembre de 2016, alberga una flora y fauna únicas en el mundo. Es uno de los hábitats más importantes para especies vulnerables y en peligro de extinción, como el tapir centroamericano, el jaguar, el oso hormiguero gigante y la lapa verde. Hasta hace unos años, era uno de los bosques mejor conservados de Centroamérica y sigue siendo un ecosistema con una alta biodiversidad.

Me siento superafortunado de haber tenido la oportunidad de recorrer la zona núcleo de Indio Maíz y ver boas, jaguares y tapires en su hábitat. Las palabras se quedan cortas para describir los sonidos y los olores de la selva. Para alguien que creció en la ciudad, ir a Indio Maíz es como ir a otro planeta. Es un lugar mágico, que te hace reflexionar acerca de tu lugar en el universo.

—¿En qué situación se encuentra ahora la reserva? ¿Ha tenido acceso a esa información?

—La situación en la reserva se ha deteriorado bastante desde el 2018. Según los reportes de los guardabosques Rama y Kriol, los colonos están llegando en mayores números y hay más áreas despobladas en las que se está sembrando pasto para ganado. También hay más áreas carriladas y terceros asentados en la ribera del río Indio, donde viven las familias Rama. Todo está pasando a la vista y paciencia de las autoridades que, hasta el día de hoy, no han hecho nada para detener la invasión del territorio.

A finales de abril, el Gobierno Territorial Rama y Kriol emitió un comunicado en el que denunció que, de enero a abril de 2023, se detectaron 458 incendios en el territorio. Los puntos de calor están focalizados en áreas en donde se han abierto trochas para introducir ganado y en donde sabemos que hay fincas ganaderas. También se ha documentado la entrada de mineros artesanales, que están buscando oro y contaminando las fuentes de agua con mercurio.

—¿Cuál es el valor ecológico de la reserva y cuáles son los impactos directos a su bosque y biodiversidad? ¿Qué están perdiendo Nicaragua y el planeta?

—La pérdida de Indio Maíz significa la pérdida de un bosque que ha existido por millones de años y que ha sido el hábitat de incontables especies de animales y plantas. Significa la pérdida de un sistema de vida que produce oxígeno, agua y otros servicios ambientales que son vitales para la sobrevivencia de la humanidad, sobre todo, de cara al calentamiento global y el incremento de las temperaturas. Además estamos perdiendo la posibilidad de generar alternativas económicas sustentables, que contribuyan a un ambiente saludable para nuestro desarrollo y el desarrollo de nuestros hijos y nietos.

—¿Quiénes se están beneficiando de la destrucción de las reservas naturales nicaragüenses como Indio Maíz?

—Hay muchas personas que se benefician de la destrucción de Indio Maíz. No es una pregunta fácil de contestar. En el caso de la industria cárnica, hay distintos actores en la cadena de suministros que se benefician de la destrucción de la reserva. Los ganaderos reducen sus costos de producción porque no pagan por la tierra y le trasladan el ahorro al resto de los actores en la cadena de suministros.

El acaparamiento de tierras, por su parte, genera beneficios para grandes ganaderos y traficantes de tierra, que cuentan con la protección de las autoridades porque tienen vínculos con el partido de gobierno o porque pagan por esa protección.

Al final de la cadena de suministros están los compradores internacionales. Todos dicen que pueden rastrear el origen de la carne hasta las fincas de cría, pero en Nicaragua no existe un sistema confiable para rastrear el origen de la carne. El sistema nacional de trazabilidad no es transparente y hay un esfuerzo deliberado para ocultar la información de los movimientos del hato ganadero. La falta de un sistema de trazabilidad efectivo beneficia a aquellos que están dispuestos a violar la ley y crea incentivos perversos que, a la larga, pueden afectar a toda la industria.

—¿Quiénes son los dueños de la industria cárnica en Nicaragua?

—En Nicaragua existen siete mataderos que están certificados para exportar carne. La mayoría están asociados a fuertes grupos financieros que tienen participación en distintos sectores de la economía. Uno de los principales dueños del Matadero Central S.A (MACESA) es la familia Zamora, del Grupo financiero Lafise, mientras que la Industria Comercial San Martín está vinculada al Grupo Ayucus, fundado por Eduardo Fernández Holmann, anterior director general del Grupo Financiero Uno.

Industrias Carnicas Integradas S.A (ICI-Nicaragua) está asociado al grupo Banpro y abastece a las tiendas de Walmart en Centroamérica y México, y también supermercados en El Salvador. Nuevo Carnic S.A, por su parte, es de un grupo de empresarios, algunos vinculados a la revolución sandinista de los años ochenta. Novaterra es de capital costarricense y, por último, Ganadería Integral Nicaragua S.A. pertenece a SuKarne, un gigante de la industria cárnica en México que, en el 2015, inauguró una planta de producción en Nicaragua.

Los tres principales mercados para la carne nicaragüense son Estados Unidos, México y El Salvador. Casi la mitad de la carne va a Estados Unidos, luego el 18 % a México y 17 % a El Salvador. En el 2020, el país llegó a ser el tercer proveedor más grande de carne para Estados Unidos. Mientras tanto, el país sigue perdiendo cobertura boscosa y las comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas de ataques cada vez más violentos. 

—¿Lo que sucede en esta reserva es una muestra de los daños ambientales y sociales que provoca la industria cárnica en varias regiones de América Latina?

—Sin duda hay muchas similitudes. Los ganaderos en Brasil y Nicaragua, por ejemplo, usan las mismas estrategias para lavar el ganado ilegal y sus actividades causan daños irreparables que ponen en riesgo el futuro del planeta y las comunidades locales.

—¿La llegada de colonos a esta región de Nicaragua ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas?

Desde el 2012 han sido asesinados unos 70 comunitarios, entre ellos, guardabosques Mayangnas y Miskitos. El 40 % de los asesinatos ocurrieron después del 2018. El 11 de marzo del 2023, en la comunidad de Wilu, en el territorio Mayangnas Sauni As fueron asesinados cinco comunitarios y hasta la fecha la policía no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Los comunitarios se sienten desprotegidos y corren el riesgo de ser apresados.

En el 2021, fueron asesinados nueve indígenas en un punto de minería artesanal conocido como Kiwakumbia y, al final de la investigación, la policía responsabilizó a 13 mayangnas de los asesinatos. Hoy están presos en la cárcel la Modelo, en Managua, y según sus familiares están siendo sometidos a un regimén de tortura, que incluye condiciones inhumanas de encierro, amenazas de lesiones, muertes y abuso sexual. Es una situación sumamente dramática, que pone en relieve las violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.

—¿Cómo son los pueblos Rama y Kriol? El primero está casi extinto, con muy pocos hablantes de su lengua. El segundo es afrodescendiente.

—El pueblo indígena Rama es uno de los más pequeños en América Latina, con unos 3000 pobladores en total, que viven a lo largo de la Costa Caribe sur de Nicaragua. Una parte vive en la isla de Rama Cay, cerca de Bluefields, y la otra en pequeñas comunidades en tierra firme. Su idioma pertenece a la familia de las lenguas chibchas, lo que significa que a diferencia de los demás pueblos indígenas en Nicaragua, los Ramas migraron de sur a norte. Hoy en día menos de 20 personas hablan la lengua original y los Rama poco a poco están perdiendo su cultura y sus tradiciones. Por eso es tan importante para ellos proteger lo que queda de sus bosques ancestrales y recuperar las partes de su territorio que han sido destruidos por los colonos

Los Krioles también viven a lo largo de la costa y se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia. En el 2003 el gobierno de Nicaragua reconoció el derecho de los Rama y Kriol sobre su territorio y les entregó un título de propiedad que abarca una extensión terrestre total de 4842.56 kilómetros cuadrados y marítima de 4413.08 kilómetros, de las cuales 2216.9 están dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

—¿De qué forma ha actuado el gobierno nicaragüense frente a las amenazas y abusos a los pueblos indígenas?

—Lejos de proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el gobierno de Nicaragua ha promovido una política de “convivencia” entre los indígenas y mestizos. En la práctica, ha significado el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y el despojo de sus tierras y recursos naturales. Me atrevería a decir que existe una política orientada a obligar a los pueblos indígenas a renunciar a sus derechos y sus tierras ancestrales.

—Nicaragua es firmante del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ¿qué ha hecho la comunidad internacional respecto al caso nicaragüense?

—Existen varios proyectos de la comunidad internacional para la conservación y protección de Bosawas e Indio Maíz. El proyecto de Bio-CLIMA, con apoyo del Fondo Verde, está canalizando más de 60 millones de dólares a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este fondo ha sido fuertemente criticado por las comunidades y entiendo que en este momento el proyecto está pasando por un proceso de revisión. En general, existe la percepción de que el gobierno está captando fondos sin mostrar resultados y que los procesos de consulta previa, libre e informada involucran a líderes que no siempre representan los intereses de sus comunidades.

La comunidad internacional tiene que hacer un mayor esfuerzo por escuchar a los líderes comunitarios y por garantizar que el gobierno realmente cumpla con sus compromisos a nivel internacional.

—¿Cómo podría la comunidad internacional llamar la atención sobre este tema?

—La situación en Nicaragua es muy compleja, pero creo que la comunidad internacional puede hacer mucho más para garantizar que las empresas cumplan con sus propios estándares de sostenibilidad ambiental y para evitar que materias primas que contribuyen a la deforestación, en países como Nicaragua, se infiltren en las cadenas de suministro.

En el marco de nuestra campaña nos estamos aliando con organizaciones como Re:wild y Human Rights Watch para apoyar la aprobación de leyes como el Forest Acten Estados Unidos —una ley que pretende establecer mecanismos de control más estrictos para la importación de materias primas producidas en países con tasas altas de deforestación—, y además presionar a las empresas que están comprando carne de Nicaragua. Las empresas se tienen que hacer responsables por el daño que están causando y el gobierno tiene que investigar y procesar a aquellos que están violando la ley. Para leer más al respecto, pueden entrar a nuestro sitio web: www.peliculapatrullaje.com.

—Su vida ha estado marcada por la historia y el acontecer político de Nicaragua. Primero, por quienes son sus padres y, segundo, porque creció cuando estaba la revolución sandinista, donde sus padres también fueron actores claves. ¿Cómo fueron esos años?

—Yo era un niño, pero mi mamá y mi papá fueron colaboradores de la revolución sandinista Crecí en medio del fervor de la revolución. Con el tiempo, me fui dando cuenta de todas las cosas que sucedieron en materia de violaciones de derechos humanos. Eso me ha hecho cuestionar lo que me enseñaron, cuando era pequeño, sobre esa revolución. Ahora estoy consciente de que hubo muchos abusos, de que se implementó un modelo bastante autoritario, que quería imponer una sola forma de pensar y que lesionó los derechos de campesinos, indígenas y poblaciones afrodescendientes en Nicaragua.

El mismo gobierno, el mismo partido —de una forma muy parecida a lo que hizo en los años ochenta—, ahora nos hizo víctimas de ese mismo sistema que implementó. Eso sí ha marcado mi vida, porque ahora estoy en el exilio. En febrero de este año fui desnacionalizado, mi casa en Nicaragua fue confiscada como represalia por el trabajo que hago y fui acusado de traición a la patria, junto a otras 93 personas.

La revolución sandinista fue un hito importante, porque derrocó a un dictador y a una familia dinástica que tenía más de 40 años en el poder y que, al inicio, unió a los nicaragüenses. Pero después se desvirtuó completamente ese proyecto y se convirtió en un proyecto autoritario, que quiso imponer un modelo de partido único.

El sandinismo tuvo que dejar el poder porque fue obligado por una guerra. Hubo intervención de Estados Unidos, estábamos en medio de un contexto de guerra fría y de conflicto. Al final, hubo un período de 16 años en los que hubo elecciones. Con todo y los problemas que había en esos años, por lo menos, había libertad de expresión, había la posibilidad de participar en elecciones, de elegir a quiénes nos representaban. Tanto así, que Daniel Ortega volvió al poder en el 2007. Desde entonces inició un proceso de pérdida, en el que se vinieron socavando las instituciones e implementó un modelo autoritario que, al final, nos lleva a una situación de conflicto de nuevo.

—¿Qué observa en el contexto político nicaragüense actual?

—Nicaragua está viviendo uno de los peores momentos en su historia reciente. Los ciudadanos nos enfrentamos a una dictadura brutal, que controla todos los poderes del Estado y utiliza las armas para mantenerse en el poder. Nadie está a salvo en Nicaragua. Desde el 2018 han sido cerradas 3106 organizaciones no gubernamentales, casi 4000 personas han sido apresadas y cerca de 300 000 nicaragüenses han abandonado el país. Muchos ambientalistas y defensores de derechos humanos hemos tenido que irnos para evitar ser encarcelados.

Además, Ortega ha concesionado casi 25 % del territorio nacional a empresas mineras y favorecido a grupos que operan al margen de la ley para extraer oro, exportar madera y vender carne a Estados Unidos y otros mercados. En Nicaragua tenemos una dictadura dinástica totalitaria, en la que cualquier persona que critique al gobierno será apresada o expulsada, enviada al exilio, desnacionalizada y privada de todos sus bienes.

El pueblo nicaragüense sigue resistiendo y va a seguir resistiendo. Yo, como cineasta, estoy resistiendo haciendo esta película, estoy resistiendo haciendo la campaña para visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, para demandar que se protejan los últimos remanentes de bosque que quedan en el país, para exigir a las empresas que cumplan con sus propios estándares y que sean responsables por el daño que están causando.

Es imposible saber qué va a pasar. Lo único que sabemos es que nos toca seguir resistiendo y alzando nuestra voz, desde donde estemos. Por eso estamos presentando esta película en distintos países, estamos hablando con organizaciones ambientalistas y articulando esfuerzos para presionar a las empresas que están comprando carne de Nicaragua, para que, por la vía del mercado, ejerzan presión sobre el gobierno de Nicaragua y sobre el sector privado que, hasta el momento, han demostrado que la protección de los bosques y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes no es una prioridad.

Vamos a hacer todo lo que podamos para presionar al gobierno y a las empresas, para que hagan lo correcto, para detener el ecocidio que está sucediendo en Nicaragua que, al final, va a poner en riesgo la viabilidad del país y que está poniendo en riesgo el futuro de todos los nicaragüenses.

—En el contexto de la crisis prolongada que vive Nicaragua, con tantos defensores y ambientalistas en el exilio, las organizaciones no gubernamentales cerradas, ¿qué esperanza hay para enfrentar este ataque a la reserva?

—Soy un ferviente creyente en el poder de la acción colectiva. Aunque difícilmente podemos hacer incidencia en Nicaragua, hay mucho que podemos hacer desde afuera para visibilizar las violaciones de derechos humanos y seguir presionando a los gobiernos y al sector privado para que cumplan con sus compromisos internacionales, para proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, reducir la deforestación y proteger la biodiversidad del planeta. Tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición para educar a los consumidores y detener la destrucción de los bosques en países como Nicaragua.

También para ver si se pueden establecer canales de diálogo con el sector privado, para cambiar los incentivos que están empujando a la gente a invadir las reservas. Al final, es un tema de plata. La gente está tratando de sobrevivir. Estoy muy preocupado ahora, con el fenómeno del “Súper Niño”, porque este año probablemente habrá mucha gente que va a migrar del Pacífico al Atlántico, en búsqueda de lugares donde haya agua. Eso, probablemente, hará que se incremente la presión sobre las reservas y los territorios indígenas.

Hay que hacerle ver al sector privado y al gobierno que existen alternativas económicas que pueden ser más rentables que la ganadería y que, a largo plazo, nos permiten conservar estas áreas que tienen un valor intangible para el país, por los servicios ambientales que nos proveen.

Hay una tarea en dos sentidos: uno, denunciar lo que está pasando para procurar detener el daño que se está haciendo a diario, sobre todo, con mecanismos de control. Y después, está el tema de los incentivos, de promover otras actividades, alternativas económicas que sean atractivas para la gente y que sean sostenibles a largo plazo. Creo que estamos en esa disyuntiva, de que tenemos que denunciar y, al mismo tiempo, ver cómo hacemos para promover otro tipo de actividades. Es bien difícil, porque obviamente hay una élite y un gobierno que están interesados en hacer plata rápido y fácil. La única forma en la que saben hacerlo es a través de estas actividades que han existido por siglos en Nicaragua, que requieren muy poca inversión y muy poca tecnología.

Camilo de Castro, Brad Allgood y John Mcrae en el Río Indio, en la Reserva Biológica de Indio Maíz. Foto: Patrullaje.

—¿El documental es un llamado a la comunidad internacional para que actúe y no sea una simple espectadora de lo que sucede en Nicaragua?

—El documental muestra la resistencia del pueblo Rama y Kriol, muestra cómo ellos están trabajando de la mano para proteger su territorio y su bosque, a pesar de todos los obstáculos. Muestra un pueblo con una gran dignidad, con una gran fortaleza, y creo que eso tiene un enorme valor. Si nosotros no lo hubiéramos filmado, sería una historia que quedaría desconocida, nadie se daría cuenta de lo que está pasando ahí. Para mí, poder contar la historia de los Rama y Kriol ha sido un gran privilegio.

Pudimos ver, en las primeras presentaciones de la película, que la gente se sintió muy inspirada por la fortaleza de estos pueblos, por su convicción, por su compromiso, por saber que están haciendo lo correcto y que están dándolo todo para proteger su territorio. Creo que es una fuente de inspiración para todos nosotros, que ahora estamos, de alguna manera, librando una lucha por recuperar nuestro país.

Creo que ese es un valor que tiene el documental, reconocer la resistencia de dos pueblos que han sido marginados históricamente y vernos reflejados, nosotros como nicaragüenses, en el espejo de esa lucha que ellos están librando con mucha dignidad y con mucha fortaleza.

En cuanto a la comunidad internacional, creo que en todos estos años se ha hablado mucho de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, pero se conoce poco sobre la crisis medioambiental en Nicaragua. Creo que estamos aportando a visibilizar cómo las políticas del gobierno de Daniel Ortega y (Rosario) Murillo también están provocando un ecocidio en el país. No solamente están vulnerando los derechos de los ciudadanos, sino también los derechos de la naturaleza. Están acabando con el patrimonio natural que nos pertenece a todos los nicaragüenses, están arrasando con los últimos remanentes de bosque que quedan y poniendo en riesgo el futuro del país.

Hace falta visibilizar cómo este gobierno, en materia de protección de los recursos naturales, ha sido el peor que ha tenido Nicaragua en su historia. Eso es algo que también hay que señalar y denunciar a nivel internacional. Es importante que eso se conozca afuera.

*Imagen principal: Camilo de Castro Belli, director del documental Patrullaje. Foto: Oscar Navarrete / LA PRENSA.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La enorme desigualdad y exclusión existente en el mundo, fundamento de la pobreza e injusticia reinante, se origina en mercados globalizados que desbordan sus ámbitos nacionales originales,  como consecuencia del afán de los inversionistas de los países centrales, por localizar sus capitales allí donde sean más rentables, el mayor desarrollo del entorno productivo, más estabilidad en las reglas y normas y un más fácil acceso a los recursos o factores productivos – trabajo, materias primas y energía- ,abundantes en la periferia de la economía mundial.

Capturados los mercados y economías nacionales por la globalización, las economías periféricas sufren sus efectos en términos de desempleo y aumento de la marginalidad (“el rebusque”). Este contraste entre la opulencia de unos pocos países y la miseria o ínfimo desarrollo de los más pobres, unido a las guerras y violencia que esa situación alimenta y los crecientes impactos en el cambio climático resultado principalmente del desarrollo y demandas de los centros ricos, impulsa de manera creciente la migración de los pobres hacia donde la riqueza se acumula exponencialmente. Los desplazados por la pobreza en el África negra y los países árabes, se arriesgan a la travesía azarosa del Mediterráneo para llegar a una Europa que fue potencia colonial en ese continente y donde hoy se concentran riqueza, empleo e inversiones; un mundo que es visto desde la otra orilla del mar, como el de una plenitud que no está al alcance de los millones necesitados.

Del lado americano, ya no es el océano sino un río el que separa la opulencia norteamericana de una pobreza que se extiende hacia el sur por el continente, con su añadido caribeño. El paso del Tapón del Darién, los marchantes por Centro América, el amontonamiento humano en la frontera mejicana son los escenarios dramáticos donde se hace visible esta búsqueda por salir de la pobreza, de amenazas a la vida y de exclusión.

Son personas víctimas de la desaparición de las fronteras económicas y del incremento de los intercambios comerciales y financieros entre países cuyos linderos se diluyen, integrándose sus territorios donde circulan libremente bienes y servicios, capitales y empresas, conocimiento y tecnología.  Circulación libre de todo salvo de las personas y su capacidad de trabajar, de ganarse dignamente la vida y de aportar como productores y consumidores a esa economía sin límites, de la cual está excluida. Las mueve la fuerza de la necesidad, de subsistir, de soñar en un futuro mejor o al menos diferente al que les ofrece su triste y cerrado presente. Con su aventura expresan que no renuncian a una mejor vida a la cual como personas, tienen derecho; que en sus países desapareció la posibilidad de tener ese sueño, países donde los sueños murieron.

Mientras subsista y se profundice la brecha entre el desarrollo y la opulencia de los unos y la pobreza y carencia de tantos, no habrá muros ni represión que contenga los flujos migratorios de los excluidos. Solo el desarrollo de los países expulsores de esas poblaciones, no con simples acciones humanitarias, paliativos que nada solucionan, permitirá que millones no tengan que salir de ellos huyendo de un futuro sin esperanza; desarrollo que les permita construirlo en sus países, entre los suyos y con los suyos.

Ya es hora de que los ideales que dieron origen al sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Naciones Unidas y el Banco Mundial – sí, el Banco Mundial – de impulsar el desarrollo económico de las excolonias y de América Latina y el Caribe, para evitar en ese momento que fueran atraídas a la órbita soviética, en plena “guerra fría” en un mundo bipolar entre la Rusia socialista y los Estados Unidos, el socialismo real y el mundo capitalista y liberal. Urge retomar propósitos de entonces que conservan su validez, pero ya no en el contexto de una confrontación superada por la Historia, sino en la actual, entre el mundo de la prosperidad, la riqueza y las posibilidades, y el de los millones excluidos, pobres cuando no dramáticamente hambrientos, despojados de sus posibilidades de futuro, abandonados a su suerte con la única esperanza de recibir las migajas que caen de la mesa del rico Epulón. La tarea impostergable en este mundo resquebrajado y vulnerable es nivelar la cancha para garantizar un equilibrio básico en la generación y distribución de una riqueza sin la cual ni la vida social ni la natural tienen asegurado su futuro. Es cuestión de equidad y de justicia, pero también de simple supervivencia. El tiempo se agota.