Blogs El Espectador Blogs gratis y diarios en El Espectador Sun, 24 May 2026 20:20:35 +0000 es-CO hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://blogsnew.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/09/11163253/cropped-favicon-96-32x32.png Todos los resultados de blogs de consejo+estrategico+de+cuenca | Blogs El Espectador 32 32 POLÍTICA EXTERIOR, ASODIPLO PREGUNTA, LOS ASPIRANTES RESPONDEN: SERGIO FAJARDO* https://blogs.elespectador.com/actualidad/ese-extrano-oficio-llamado-diplomacia/politica-exterior-asodiplo-pregunta-los-aspirantes-responden-sergio-fajardo/ Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. A continuación, las enviadas por el candidato Sergio Fajardo, por el partido Dignidad y Compromiso. 1.¿Cuáles serán […]

]]> Con el ánimo de contribuir al conocimiento ciudadano de las propuestas de los aspirantes a la Presidencia de la República, ASODIPLO publica, en el orden en que las ha recibido, las respuestas a su cuestionario sobre política exterior. A continuación, las enviadas por el candidato Sergio Fajardo, por el partido Dignidad y Compromiso.

  1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

  1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
  2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
  3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
  4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
  5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
  6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
  7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
  8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
  9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
  10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

  • Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

  • Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

  • Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

  • Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

  • ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

  • ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

  • ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

    1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

    A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

    Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

    B. La política para combatir las drogas ilícitas

     La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

    Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

    Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

    Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

    2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

    A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

     Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

    En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

    En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

    Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

     La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

     Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

    La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

    De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

    En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

    3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

    Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

    Respecto al conflicto Israel- Palestina

    Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

    La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

    Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

    ⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

    En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

    Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

    III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

    1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

    Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

    La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

    Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

    Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

    1. Propuestas específicas:
    • Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
    • Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
    • Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
    • Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
    • Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
    • El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
    • Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
    • Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

    IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

    A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

    a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

    Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

    ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

    La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

    Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

     Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

    V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

    1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

    2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

    3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

    Contexto

    Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

    Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

    1. Principales preocupaciones:
    • Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
    • Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
    • Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
    • Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.
    • Propuestas

    Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

    Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

    Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

    •  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
    • Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
    • Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
    • Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
    • Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
    • Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
    • Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
    • Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
    • Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
    • Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
    • Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

    Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

    *ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

    ]]>     Asociación Diplomática y Consular de Colombia Ese extraño oficio llamado Diplomacia https://blogs.elespectador.com/?p=129326 Thu, 21 May 2026 05:15:54 +0000 Asociación Diplomática y Consular de Colombia     Alex Pichi, @EstefanelGP y @BenildoEstupi en streaming de @elespectador con candidatos afrocolombianos al Congreso, 11feb https://blogs.elespectador.com/actualidad/republica-de-colores/alex-pichi-estefanelgp-y-benildoestupi-en-streaming-de-elespectador-con-candidatos-afrocolombianos-al-congreso-11feb/ Tercer episodio del aporte de El Espectador y la Fundación Color de Colombia, con el streaming de Revista Colombia Afro TV, al conocimiento público de compromisos, propuestas y posiciones de candidatos afrocolombianos al Congreso, en distintas circunscripciones. El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 6:00 pm a 6:30 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador. […]

    ]]>     Tercer episodio del aporte de El Espectador y la Fundación Color de Colombia, con el streaming de Revista Colombia Afro TV, al conocimiento público de compromisos, propuestas y posiciones de candidatos afrocolombianos al Congreso, en distintas circunscripciones.

    El episodio se transmitirá este miércoles 11 de febrero, de 6:00 pm a 6:30 pm, por el home y el canal de YouTube de El Espectador.

    Los candidatos invitados (por su peso específico), que serán entrevistados por Carolina Cortés, presentadora, y un periodista de la redacción Política de El Espectador, son:

    • Alex Pichi, el popular músico del folclor del Pacífico norte aspira a una curul afro en la Cámara de Representantes, avalado por el Consejo Comunitario Cuenca Río Ovejas, # 301, con el apoyo de Soy Porque Somos, el equipo de la vicepresidenta Francia Márquez.
    • Estefanel Gutiérrez, exconcejal de Barranquilla, candidato a la Cámara por el Atlántico, en la lista de Cambio Radical, # 107.
    • Benildo Estupiñan, exsecretario de Gobierno de Nariño, aspira a una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes, por el Partido Ecologista Colombiano, # 301.

    Será la emisión 166 de «Revista Colombia Afro TV», en undécima temporada (séptimo año), un programa de la Fundación Color de Colombia en alianza con El Espectador.

    El interés estratégico que motiva la serie (de cinco episodios) es si en 2026-2030 habrá el control político necesario al gobierno nacional para impulsar el progreso de subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana.

    Este enfoque territorial enfatiza la necesidad de infraestructura de conectividad, servicios públicos y desarrollo económico (oportunidades empresariales y empleo formal).

    Las 10 preguntas para los candidatos invitados

    Las preguntas buscan que los electores conozcan posiciones programáticas y políticas de los aspirantes al Congreso.

    1) Brevemente, ¿qué quiere representar en el Congreso de la República en términos de ideas de su partido, de sus valores como persona y de los intereses de poblaciones o electorados a los que está pidiendo el voto?

    2) ¿En cuál Comisión Permanente del Congreso (2026-2030) quisiera estar para ocuparse de qué temas y en particular para hacer seguimiento a qué gran proyecto de interés de su región?

    3) Cuál es su balance del actual gobierno frente a la población afrocolombiana, qué logro y qué frustración destaca?

    4) ¿Qué podría mejorar usted en el Congreso respecto de la forma cómo se ha ejercido la representación en la Cámara y el Senado?

    5) ¿En el Congreso de la República usted sería doliente, impulsor y control político de qué proyecto grande de infraestructura de conectividad en su región y de cuál inversión en servicios públicos? (en concreto)

    Preguntas de respuesta corta (sí o no, calificación numérica)

    6) Modificar la actual reglamentación de la consulta previa: ¿sí o no?

    7) Puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano: ¿sí o no?

    8) Tiene las debidas garantías de seguridad para adelantar su campaña en los territorios: ¿sí o no, y por qué?

    9) ¿Usted apoyará a un candidato a la presidencia en la primera vuelta?: ¿sí o no? (no estamos preguntando a quién).

    10) De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez?: solamente un número. 10 es igual a excelente.

    Revista Colombia Afro TV

    Este es un espacio de amplia difusión para tratar temas de interés estratégico de la población afrocolombiana, con expertos y líderes de opinión.

    La producción técnica está a cargo de AXTV Producciones, y la producción y dirección general en cabeza de Fundación Color de Colombia (mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org)

    Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Líneas estratégicas: 2) Educación de calidad y equidad; y 3) Empoderamiento económico y calidad de vida.

    ]]>     Fundación Color de Colombia República de colores https://blogs.elespectador.com/?p=125551 Sat, 07 Feb 2026 18:45:21 +0000 Fundación Color de Colombia     Gobiernos de Latinoamérica llegan a la COP30 sin compromisos ambiciosos para enfrentar la crisis climática https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/gobiernos-de-latinoamerica-llegan-a-la-cop30-sin-compromisos-ambiciosos-para-enfrentar-la-crisis-climatica/ A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta […]

    ]]>
  1. Ante la próxima cumbre climática, hay gran expectativa por la ambición de los nuevos planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que deben presentar los países que forman parte del Acuerdo de París.
  2. Especialistas consultados coinciden al señalar que la falta de metas específicas, las dudas sobre el financiamiento, el abandono de los combustibles fósiles y medidas que protejan biomas importantes como la Amazonía son los grandes desafíos en la región.
  3. A pesar del escepticismo sobre los logros que se alcancen en la reunión en Belén, Brasil, especialistas esperan que se concreten medidas a largo plazo.
  4. La agenda fundamental para las próximas décadas sigue siendo la adaptación al cambio climático y concretar esfuerzos para que la temperatura no aumente más de 1.5 °C .

    5. A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

    Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

    En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

    Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

    Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

    Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

    Extinction Rebellion en Victoria Street, Londres, jueves 26 de agosto de 2021. Cop 26 en Glasgow. Foto: Garry Knight
    Una manifestación de la organización Extinction Rebellion, en Victoria Street, Londres, durante la COP26 en Glasgow, en 2021. Foto: cortesía Garry Knight

    Leer más | De Ecuador a Brasil, flotilla de pueblos indígenas navega para hacerse escuchar ante los líderes mundiales en la COP30

    Concretar demandas en un panorama desalentador

    Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

    Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

    En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

    Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

    Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

    Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

    Inundaciones en Cusco, Perú, en 2024. Foto: Defensa Civil Perú
    Inundaciones en Cusco, Perú, en 2024. Foto: Defensa Civil Perú

    Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

    En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

    Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

    En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

    Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

    Personas protestan contra combustibles fósiles en Coca. Ecuador
    Rumbo a la COP30, activistas taparon la estatua de Francisco de Orellana, quien lideró la primera expedición colonial en el Río Amazonas en 1541. Foto: cortesía Flotilla Yaku Mama

    Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

    Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

    Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

    Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

    Los bomberos en Bolivia combaten el fuego en el parque Noel Kempff Mercado, en agosto de 2025. Foto: cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Agua

    Leer más | La misteriosa empresa que quiere extender el triángulo del litio a Paraguay

    La dependencia de los combustibles fósiles

    Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

    Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

    Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

    A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

    “No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

    En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

    Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

    Manifestación contra combustibles fósiles en Coca, Ecuador
    Un funeral a los combustibles fósiles, una de las actividades de la Flotilla Yaku Mama, rumbo a la COP30. Foto: cortesía Levi Tapuia

    Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

    Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

    Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

    Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

    Leer más | Sentencia inédita del Tribunal Agroambiental de Bolivia para la protección del jaguar

    El eterno debate del financiamiento climático

    En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

    En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

    La sociedad civil protestó en contra de los combustibles fósiles y exigió un incremento en el financiamiento climático en la COP29 de 2024. Foto: Kiara Worth / UN Climate Change

    Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

    Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

    Lee más |Expertos temen que proyecto minero de cobre en Chile amenace al gato andino, uno de los felinos más raros de América

    Voces indígenas que quieren ser escuchadas

    La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

    “En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

    V Cumbre AmazÍnica de los Pueblos Indigenas - COICA 2025. Foto: cortesía COICA.
    V Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas (COICA), en 2025. Foto: cortesía COICA

    Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

    Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

    Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

    Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

    El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

    Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

    ]]>     Mongabay Latam Mongabay Latam https://blogs.elespectador.com/?p=122161 Fri, 07 Nov 2025 21:20:22 +0000 Mongabay Latam     Derechos ambientales, gobernanza territorial y la biodiversidad https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/voces-por-el-ambiente/derechos-ambientales-gobernanza-territorial-y-la-biodiversidad/ Foto: Gabriel Castro

    ]]>     Escribir: Wilmar Niño

    La conservación de la biodiversidad ha implicado la adopción de complejos enfoques y modelos de gobernanza dentro de los territorios. En Colombia, existen alrededor de 5.5 millones de hectáreas tituladas colectivamente a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En estos territorios, con un valor cultural, espiritual y social, se superponen una serie de ecosistemas estratégicos muy importantes para la biodiversidad como son los páramos, humedales, sistemas marino-costeros, entre otros. No obstante, la gestión y administración de estas áreas, en muchos casos, están a cargo de agentes externos que no forman parte del territorio étnico. Además, estos modelos no surgen desde las comunidades. 

    El papel que tienen las comunidades negras, como administradoras y gestoras colectivas de la biodiversidad, debe ser de interés prioritario para los gobiernos. En especial, cuando las tradiciones, los sistemas de producción, los sistemas de conocimiento, usos y costumbres, así como la gobernanza territorial pueden permitir una conservación más eficaz. En ese sentido, los territorios colectivos y sus distintos instrumentos de gobierno propio pueden contribuir de mejor manera a implementar las metas del Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica. 

    Tal es el caso de la meta 3 o iniciativa 30×30, que tiene como objetivo conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas para el 2030. La participación que tienen las comunidades negras en la conservación de los ecosistemas estratégicos, representa un derecho reconocido que se tiene sobre el territorio colectivo y sus recursos naturales. 

    Colombia enfrenta desafíos significativos sobre los modelos de conservación que no se originan o tienen en cuenta a quienes habitan áreas colectivas. Estos enfoques, métodos y estrategias, han impuesto formas de gestión y administración que desconocen los saberes, conocimientos y sistemas propios de las comunidades étnicas. Actuando como cajas de resonancia, han generado o exacerbado conflictos relacionados sobre los usos y derechos dentro de los territorios colectivos. Estos modelos de conservación puede agravar la situación de estas comunidades por la violencia o la presencia de economías que no son propias de sus territorios

    Una iniciativa para la conservación de la biodiversidad es impulsar la plena garantía de los derechos ambientales de las comunidades negras, reconocidos en el marco constitucional, la Ley 70 de 1992 y el Convenio 169 de la OIT. Reconocer estos derechos es un paso crucial para asegurar que las estrategias de conservación sean más eficaces, lo cual puede comenzar con asegurar su derecho a la propiedad colectiva.

    Desde el 2002, Colombia experimenta un descenso considerable en la titulación colectiva a favor de comunidades negras. Según el mapeo realizado por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Javeriana y el Proceso de Comunidades Negras, para el 2021, más de 400 solicitudes de títulos colectivos se encuentran sin resolver. Además, la falta de respuestas de las solicitudes, que más de 300 de estas se concentran en la zona Caribe y en los valles interandinos, donde algunos casos coinciden con áreas de conservación como páramos, áreas protegidas, ampliación de Parques Nacionales Naturales, entre otros. 

    Ahora bien, la falta de reconocimiento a la titulación colectiva causa pérdidas considerables de biodiversidad, puesto que impide la realización de la función ecológica de la propiedad colectiva. La cual busca garantizar la persistencia de los recursos naturales (art. 19, Ley 70), la conservación de la vegetación protectora (art. 2, Ley 70), la persistencia de ecosistemas ambientales (art. 21, Ley 70) y el desarrollo de actividades o modelos de producción conforme a la conservación del ambiente (art. 6, Ley 70).

    Los consejos comunitarios tienen el derecho a gobernarse según su autonomía, ya que son la máxima autoridad dentro de los territorios colectivos. Esta autoridad les otorga la facultad de administrar sus territorios por medio de instrumentos de gobierno propio, lo que permite que estas comunidades ejerzan una gestión y administración de los recursos naturales de sus territorios.

    Plan de manejo ambiental

    Este plan es la principal herramienta que fomenta estrategias de protección ambiental y promueve sistemas de desarrollo local orientados al cuidado de los territorios colectivos , así como el mantenimiento de las relaciones sociales y culturales. En opinión de un líder ambiental de un consejo comunitario del Pacífico colombiano (por temas de seguridad omitimos el nombre de él y del consejo comunitario) nos señaló que:

    “El Plan de Manejo es una herramienta que aterriza el trabajo organizativo, en el sentido de que todos los programas y proyectos del Gobierno Nacional tienen que ir encaminados a ese documento. Porque, si no se tiene construido el plan de manejo, cualquier proyecto o programa no tendrá éxito.

    El apoyo del Estado no ha sido el que nosotros esperamos. El consejo comunitario tiene una estructura organizativa que tiene varias medidas que buscan cómo representar el territorio. En ese mismo orden, una de las herramientas es el plan de manejo ambiental. Nos encontramos con el Gobierno; en este caso, estamos adelantando unas conversaciones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y nos encontramos con que no tienen una estructura montada de cómo fortalecer al consejo comunitario en el tema jurídico y ambiental. Ya tienen unos programas diseñados sobre lo que quieren trabajar en el territorio, de una manera como ellos lo plantean. Pero para que eso tenga éxito, hablamos del plan de manejo y entramos en esa oferta que tiene el Gobierno.”

    La adopción de este plan permite a estas comunidades poder zonificar y delimitar los espacios y las áreas destinadas, como a la conservación y recuperación de acuerdo a sus costumbres. Asimismo, posibilita la identificación y caracterización de los factores de deterioro ambiental que afectan el territorio colectivo. Por tal motivo, tiene como finalidad que los consejos comunitarios puedan organizar el territorio titulado a partir de categorías que surgen desde la autoridad étnica.  

    “El plan de manejo nos da pie para estar en los territorios e, internamente, organizar el tema de los aprovechamientos. Pero no hemos podido definir cuáles son las áreas de trabajo, cuáles son las áreas de conservación, cuáles son las áreas de interés ambiental, y el plan de manejo nos permitiría identificar esas áreas. Eso nos daría la posibilidad de entrar en los programas de Gobierno y poder hacer un gobierno propio. Esa es la herramienta que se va a presentar a cualquier oferta nacional o internacional (programas y proyectos). Entonces, tener el plan de manejo construido, pensado y trabajado por las comunidades es una herramienta muy fundamental que hoy necesita el consejo comunitario y las comunidades.”

    Lograr el fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades negras en Colombia debe partir de la garantía constitucional de la participación y toma de decisiones sobre manejo de ecosistemas en sus territorios que opte por reconocer a las autoridades étnicas como verdaderas tomadoras de decisiones sobre lo que afecte a los espacios que habitan. 

    En todo caso, los derechos ambientales de las comunidades negras son indivisibles e interdependientes entre sí, pues el cumplimiento de uno depende del otro y estos no pueden ser fragmentados. Esto permite garantizar un avance significativo en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad basados en los derechos humanos, los cuales pueden ser liderados por consejos comunitarios a través de sistemas de conservación tradicional, instrumentos de gobierno propio y reconocimiento de áreas protegidas dentro de sus territorios que sí sean compatibles a las características socioculturales de los mismos.

    En Colombia, Rights + Resources sostuvo que los consejos comunitarios pueden ejercer una gobernanza de áreas de especial interés ambiental en Buenaventura y el norte del Cauca. En este caso, se formalizaron sistemas de conservación tradicionales y comunitarios en áreas ubicadas cerca al río Yurumanguí, las cuencas de los ríos Cauca y Calima y las microcuencas de los ríos Mazamorrero, Mayorquín, Payal, Raposo, Dagua y Teta. En total fueron cerca de 9118 hectáreas, donde las comunidades ejercen gobernanza entre la ausencia del Estado y una presencia constante de violencia. 

    De manera similar, el Consejo Comunitario del Río Naya conserva la biodiversidad de 9425 hectáreas de ecosistemas costeros y terrestres, y 15.174 hectáreas de ecosistemas marinos, a través de prácticas comunitarias sostenibles como la caza, la pesca y el ecoturismo. Este caso se dio en el área marina protegida Isla Ají, lo que ha permitido contribuir a la meta 30×30 desde la misma iniciativa de las comunidades, quienes son conocedoras de las medidas necesarias para cuidar la biodiversidad.

    Según el Informe del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de The Nature Conservancy sobre áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación por áreas presentando en el 2023, evidenció que el manejo de bosques comunitarios en 51 países permitió observar que las condiciones ambientales mejoraron un 56 % de los casos.

    Desde Ambiente y Sociedad consideramos que la gobernanza territorial requiere del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales frente a la apropiación y defensa de sus territorios. En este marco, el respeto a sus derechos permitiría integrar sus sistemas de gestión étnica como una estrategia efectiva para conservar la biodiversidad. Además, apoyaría la permanencia y recuperación de tradiciones, usos y modos de vida de estas comunidades. 

    ]]>     Ambiente y Sociedad Medio ambiente Voces por el Ambiente https://blogs.elespectador.com/?p=104762 Fri, 23 Aug 2024 17:33:46 +0000 Ambiente y Sociedad     Expertos y comunidades reciben con cautela la Estrategia Nacional del Litio en Chile https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/expertos-comunidades-reciben-cautela-la-estrategia-nacional-del-litio-chile/ La Estrategia Nacional del Litio —presentada a finales de abril por el presidente, Gabriel Boric— incluye aspectos ambientales como la creación de una red de salares protegidos, iniciativa celebrada por científicos y conservacionistas. El actual interés de la industria por explotar el salar de Tara, que es parte de una reserva nacional y sitio Ramsar, […]

    ]]>
    • La Estrategia Nacional del Litio —presentada a finales de abril por el presidente, Gabriel Boric— incluye aspectos ambientales como la creación de una red de salares protegidos, iniciativa celebrada por científicos y conservacionistas.
    • El actual interés de la industria por explotar el salar de Tara, que es parte de una reserva nacional y sitio Ramsar, pone en duda la efectiva protección que pueda proporcionar dicha red.   
    • Los antecedentes ambientales de la empresa estatal que tendrá participación en la industria del litio, la falta de recursos para la fiscalización y el que no se haya consultado a las comunidades que habitan en los territorios para la elaboración de la estrategia son temas que preocupan a expertos y líderes indígenas. 

    A fines de abril, cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, aseguró que se trata de “una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”. Es “la mejor chance”, dijo, que tiene Chile “para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla”.

    El litio es un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, aquellas diseñadas para contribuir en el proceso de la transición energética a la que los países se han comprometido para intentar mitigar el calentamiento global. Chile, al ser una de las naciones con las mayores reservas de litio del mundo, es un actor clave en esa transición.

    En el país actualmente solo se explota litio del salar de Atacama. Aun así, la producción nacional representa más del 30 % del mercado global. El objetivo es aumentar ese porcentaje para que Chile “se transforme en el principal productor de litio del mundo”, dijo el presidente.

    Para lograrlo, el gobierno busca desarrollar la Estrategia Nacional del Litio. Una política que, entre otras cosas, “será una cruzada” —dijo el presidente— para explorar los más de 60 salares que existen en el país y evaluar su potencial extractivo.

    Litio en Atacama. Foto-Guy Wenborne.

    El anuncio crea expectativas puesto que, hasta ahora, la minería del litio no ha estado exenta de conflictos ambientales. Los habitantes de las comunidades indígenas del salar de Atacama llevan años denunciando los impactos generados. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente ha abierto procesos sancionatorios en contra de SQM y Albemarle, las dos empresas que extraen el mineral de ese salar.

    “La industria del litio implica obtener el mineral de los salares y esto es un desafío para la industria, pero también es un desafío para el país y para el mundo, porque se está poniendo en riesgo ecosistemas que son únicos e irrepetibles”, dice Cristina Dorador, una de las expertas más destacadas en Chile en el estudio de salares.

    ¿Cuáles son las esperanzas y las alarmas que enciende, para estos frágiles ecosistemas, el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio?

    Lee más | Chile: recolectores de algas y científicos unen fuerzas para repoblar “los desiertos” del mar

    Los puntos claves de la estrategia

    Durante el anuncio, el presidente dio a conocer algunos elementos claves de la estrategia. El primero de ellos es que el Estado participará en todo el ciclo productivo del mineral creando para ello una empresa nacional del litio. De esa manera, el esfuerzo de exploración y explotación del mineral se hará con base en la colaboración público-privada. También anunció que se promoverá la generación de productos de litio con valor agregado que permita un desarrollo duradero, de mayor complejidad y diversidad.

    Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños
    Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños.

    Pero, además, el mandatario aseguró que “la estrategia de desarrollo tiene que construirse respondiendo a la crisis climática, garantizando el menor impacto medioambiental posible en dichos ecosistemas”. Para ello, se creará una red de salares protegidos donde no se instalarán faenas mineras, aseguró el presidente. También se avanzará en nuevas tecnologías de extracción que minimicen los impactos ambientales en aquellos salares que sí se exploten incluyendo el de Atacama.

    Para asegurar esto último, la estrategia incluye la creación del instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares. Dicho instituto también desarrollará investigación científica para saber, con mayor precisión, cómo funcionan estos ecosistemas y cómo impacta el desarrollo de la política en las comunidades.

    Lee más | Ecuador: Asamblea Nacional le exige al gobierno frenar la minería ilegal en Napo y pide modificar dos decretos

    La participación del Estado

    Durante el anuncio, Gabriel Boric precisó que para los salares que, tras ser analizados, sean considerados susceptibles de explotación, se pondrá en marcha un proceso de licitación a privados para que sean explorados. “En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa del Estado, como por ejemplo, la empresa nacional del litio”, explicó. “Esta asociación tendrá que tener una participación mayoritaria del Estado”, agregó el mandatario. “No más una minería para unos pocos. Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos”, dijo.

    Desde 1979, el litio en Chile es considerado, por ley, un recurso que no puede ser concesionado y el Estado determina qué se hace con él. Es así, que las dos empresas que actualmente extraen litio del salar de Atacama —la chilena SQM y la estadounidense Albemarle— lo hacen mediante un contrato que tienen con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la institución pública que administra las reservas de litio del país.

    Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños.

    Si bien el mandatario precisó que se respetarán los contratos que SQM y Albemarle mantienen vigentes hasta 2030 y 2043 respectivamente, también anunció que se buscarán caminos para que el Estado pueda desde ya participar de la extracción del litio en el salar de Atacama. Eso sí, precisó, la anticipada participación del Estado “será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio”.

    En esa tarea, Codelco, la empresa estatal dedicada a la explotación minera cuprífera tendrá un rol fundamental. Será ella “nuestra representante frente a las empresas que actualmente están en el salar, para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes”, dijo el presidente. De esa manera, en caso de conformarse una empresa público privada que explote el litio en el salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de Codelco”, explicó el mandatario.

    Flavia Liberona, directora de la organización ambiental, Fundación Terram, asegura que aunque Codelco ha iniciado un proceso de reducción de emisiones para llegar a la carbono neutralidad, la empresa “tiene que dar un giro en sus prácticas y mejorar sus estándares ambientales”. Para la experta, Codelco, por ser una compañía estatal, “debería ser la que tiene los mejores estándares ambientales y la que inclina la balanza generando que las otras empresas mineras eleven su nivel”.

    Sin embargo, hay antecedentes que apuntan hacia lo contrario.

    Lee más | Los bosques que perdimos: los gobiernos detrás de los picos de deforestación en Latinoamérica

    Los antecedentes de Codelco

    Actualmente, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) —el organismo en Chile encargado de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales— mantiene en curso un proceso sancionatorio en contra de Codelco. Los cargos son por haber generado en 2018 un derrame de aguas industriales en su fundición de cobre Potrerillos, tras haber dispuesto pulpa de concentrado de cobre en un sector no autorizado.

    Además, la SMA sancionó ese mismo año a Codelco por no cumplir con algunos compromisos acordados en el permiso ambiental de su embalse de relaves mineros Caren. Entre ellos está el no haber rescatado especies de flora amenazadas de extinción que, según el permiso, tendrían que haberse relocalizado; no rehabilitar con bosque las hectáreas de suelo comprometidas y realizar un camino no autorizado.

    Flamencos en vuelo en el Salar de Surire. Foto: Rodrigo Ordenes – Creative Commons.

    Por otro lado, una investigación de Mongabay Latam publicada en abril de 2022 demostró que Codelco es la empresa que más agua saca en la cuenca del Loa, el río más importante del desierto de Atacama y que fue declarado agotado por su bajo caudal. Los hallazgos dan cuenta de que la compañía está tramitando nuevos permisos para extraer más agua.

    La participación de Codelco en la industria del litio no es nueva. La empresa estatal ya desarrolla en el salar de Maricunga —uno de los salares que potencialmente serían explotados— un proyecto de exploración de litio. Allí, la comunidad indígena colla, Pai Ote, denunció a Codelco ante la SMA por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”, incumpliendo de esa manera con el permiso ambiental que tenía el proyecto.

    Fotografía utilizada por la comunidad colla de Pai Ote ante la denuncia en la SMA en contra de Codelco por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”.

    Mongabay Latam obtuvo, para una investigación que publicó sobre los intereses mineros en Maricunga, las fotografías que la comunidad Pai Ote adjuntó a la denuncia y que fueron confirmadas por un funcionario que pidió mantener su nombre bajo reserva. Este medio envió preguntas a Codelco para confirmar si el camino le pertenece, sin embargo, la empresa no entregó respuestas.

    Lee más | El Salvador: “La represión hoy es contra quienes se oponen a los proyectos de las industrias extractivas” | ENTREVISTA

    El nuevo instituto

    La Estrategia Nacional contempla la creación de un instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares. Se trata de una iniciativa en la que participan cuatro ministerios: Minería, Economía, Medio Ambiente y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La ministra de ciencias, Aisén Etcheverry, explicó a Mongabay Latam que el instituto “tendrá dos grandes áreas: una de desarrollo tecnológico y una de desarrollo de conocimiento que abarcará no sólo lo relacionado a la extracción, sino que a todas las consecuencias socioculturales y socioambientales derivadas de la implementación de la política”.

    En cuanto al área de desarrollo tecnológico, se buscará generar técnicas de extracción que minimicen los impactos ambientales y crear productos de litio con valor agregado para que la producción no se limite a la comercialización de la materia prima.

    La segunda área del instituto, aquella dedicada al desarrollo de conocimiento, permitirá “explorar los usos que puedan tener otros minerales presentes en los salares más allá del litio y el potasio, que son los que hoy se explotan”, dijo la ministra. Pero además, el instituto tendrá la misión de investigar cómo funcionan los salares y su biodiversidad, entender cuáles son los impactos ambientales que tienen las distintas tecnologías que se usan para la extracción del litio y comprender el entorno social de los salares. “Nuestras universidades ya vienen estudiando estas materias hace harto tiempo, por lo tanto no partimos de cero”, agregó Etcheverry.

    El instituto se ubicará en Antofagasta, en el norte del país. Se espera pueda ser inaugurado a partir del próximo año, porque ya cuenta con un diseño previo. Sin embargo, hace unos días se abrió una licitación para contratar un apoyo técnico que permita avanzar en las fases finales del diseño del Instituto, aseguró la ministra de ciencias. Una de esas fases es el mecanismo de financiamiento, para ello son diversas las opciones que están siendo evaluadas.

    La bióloga Cristina Dorador, quien es directora del Laboratorio de Complejidad Microbiana y Ecología Funcional de la Universidad de Antofagasta, considera que aún hay numerosos temas que necesitan ser analizados como, por ejemplo, el rol que tendrán las universidades locales. “Eso es muy importante para que realmente haya un correlato territorial y que (el instituto) no sea solamente una sede de investigadores de otros lugares”.

    Además, para la también investigadora del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) es importante que el levantamiento de información sistemático, bien comunicado y abierto inicie cuanto antes y no espere la inauguración del instituto. “Eso es súper importante y urgente para que se puedan tomar buenas decisiones”.

    Laguna Santa Rosa al sur del Salar de Maricunga. Foto: Google Earth.

    De hecho, algunas empresas ya se encuentran desarrollando tecnologías de extracción directa que, aseguran, reducirían los daños ambientales sobre los salares. Dorador, sin embargo, es enfática al afirmar que se trata de procesos que están en etapa experimental y que no está demostrado científicamente que minimicen las afectaciones. “Son tecnologías que no han sido aplicadas a la escala que está pensando la industria y tampoco se han estudiado in situ los efectos que ellas ocasionarían en el ecosistema”.

    Por otro lado, lo que sí está demostrado, dice la científica, “es que la extracción de salmuera para obtener litio genera consecuencias ambientales”. Un estudio publicado el año pasado por el ecólogo Jorge Gutiérrez, y en el que participó Dorador y otros investigadores, confirma que la disminución de las poblaciones de flamencos en el salar de Atacama se relaciona con la extracción masiva de salmuera en las últimas décadas. Ello, sumado a los efectos de la crisis climática.

    ¿Qué tan vinculante será la información generada por el Instituto? ¿Estarán las empresas obligadas a aplicar las tecnologías menos dañinas? Al respecto, la ministra Etcheverry sostuvo que el instituto tendrá la responsabilidad de proveer información al Sistema de Evaluación Ambiental, para que este pueda actualizar los estándares y tomar mejores decisiones a la hora de evaluar los proyectos mineros.

    Lee más | Islas de montaña: la recuperación de un bosque nuboso de transición en Costa Rica

    La red de salares protegidos

    La Estrategia Nacional del Litio incluye la creación de una red de salares protegidos. Esta iniciativa, dijo el presidente, va en línea con los compromisos adoptados por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, entre los cuales está proteger el 30 % de los ecosistemas terrestres.

    La ministra de ciencias, Aisén Etcheverry, precisó a Mongabay Latam que “la estrategia plantea la protección de todas las lagunas salinas que, en total, son 18, y también la conservación de al menos el 30% de los salares”. Para ello, agregó, será necesario estudiar cada uno de los otros 45 salares que, además de Atacama, existen en el país. El objetivo será “balancear y entender si es que lo estratégico es protegerlos o si tienen un potencial de explotación de litio que pueda ser relevante”.

    La creación de la red de salares protegidos fue celebrada por científicos y conservacionistas quienes advirtieron sobre la urgencia de que se concrete. “Es urgente que esta estrategia eche a andar el tema de la protección de los solares, incorporando por supuesto su estudio intensivo. Eso tiene que hacerse lo antes posible, incluso antes de que empiece a andar el instituto (tecnológico y de investigación público de litio y salares) que podría tardar mucho”, dijo Dorador.

    Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons.

    Expertos, sin embargo, son cautelosos a la hora de entusiasmarse con el anuncio de la red de salares protegidos.

    A días de que el presidente diera a conocer la Estrategia Nacional del Litio, la prensa chilena publicó que la empresa Sorcia Minerals invertirá 500 millones de dólares con foco en la explotación del salar de Tara. Este último es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos y sitio Ramsar, por lo que “ni siquiera debiera ser explorado”, denuncia Dorador. Esto, debido a que “la exploración implica movimiento de tierra, implica camionetas, camiones, instalaciones que, aunque sean estacionarias, causan problemas. Se puede perder una nidificación”, advierte la científica.

    Expertos, conservacionistas y comunidades se preguntan qué tan resguardados estarán los ecosistemas que hagan parte de la red de salares protegidos, si aquellos salares que ya están resguardados por ley están en la mira de la industria. “Uno se pregunta cuál va a ser el límite de exploración y de explotación de estos ecosistemas tan frágiles, si las empresas ni siquiera consideran las áreas protegidas”, dice Dorador.

    Tara, asegura la especialista, “es quizá es el Salar más sublime que existe en todo Chile y me refiero tanto a la belleza paisajística como a todo el patrimonio arqueológico y de biodiversidad que existe en él”. En este salar nidifican tres especies de flamencos: el de james (Phoenicoparrus jamesi), el andino (Phoenicoparrus andinus) y el chileno (Phoenicopterus chilensis), todos incluidos en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

    Salar de Tara. Foto: CONAF.

    En esa reserva también habitan roedores como el chululo (Ctenomys fulvus) y la chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), además de un mamífero muy difícil de avistar, el gato del desierto (Leopardus garleppi). “Por algo es Reserva Nacional, por algo es sitio Ramsar”, alega Dorador.

    El salar Tara, incluso, ha permanecido cerrado al turismo desde junio del 2018 para proteger la biodiversidad que existe en él. Según la Corporación Nacional Forestal, el organismo en Chile que junto a la comunidad indígena lickanantay de Toconao mantiene la coadministración del sitio, la medida ha permitido la recuperación no solo de las poblaciones de flamencos, sino también de otras especies como vicuñas (Vicugna vicugna), zorros culpeo (Lycalopex culpaeus) y vizcachas (Lagidium viscacia). “La protección de los salares yo la considero una muy buena noticia, pero también hay que ponerla en práctica prontamente”, concluye Dorador.

    Mongabay Latam envió preguntas al Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación de Tara, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

    Lee más | Día Internacional del Tapir: ¿qué está pasando en Latinoamérica con esta especie milenaria?

    ¿Habrá suficiente fiscalización?

    Otra de las preguntas que surge entre los conservacionistas es si habrá o no recursos para supervisar debidamente todos los salares que no sean protegidos y donde se instalen, eventualmente, faenas mineras. “Las dos compañías que operan en el Salar de Atacama han tenido problemas ambientales, por lo tanto hay que mirar cómo se va a tratar esto eventualmente si hay explotación en otros salares”, apunta Liberona.

    A la experta le preocupa el tema de la fiscalización. Sobre todo, dice, considerando que “ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Cuando uno va recorriendo el territorio y te entrevistas con los servicios públicos, te das cuenta que los recursos para fiscalización, más allá de la voluntad que tengan los trabajadores de los servicios públicos, son absolutamente insuficientes. Ahí hay un punto súper relevante que fortalecer”, explica la experta.

    Por el momento, son numerosas las interrogantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades, puesto que aún no se inician los procesos participativos. Dichas instancias, anunció el presidente Boric, comenzarán pronto con todos los actores del territorio: el Consejo de Pueblos Atacameños (la principal cultura indígena presente en el territorio), autoridades locales, académicos, científicos y expertos, empresas productivas y representantes de la sociedad civil. El objetivo, precisó el mandatario, es “determinar junto con ellos la nueva gobernanza de los depósitos de litio y salares” y garantizar “que los pueblos indígenas y quienes habitan los territorios en donde se desarrolle esta industria sean partícipes directos de los beneficios que esta reporte”.

    En opinión de Liberona, sin embargo, esta participación llega tarde. “La semana anterior al anuncio el presidente estuvimos en la Región de Antofagasta y nos entrevistamos con distintos actores, desde el gobernador, servicios públicos, académicos, el Consejo de Pueblo de Atacameños, empresarios turísticos, etcétera. Fuimos preguntando cómo se veía esta estrategia que venía y la respuesta fue una sola: ‘No hemos sido consultados’, cuenta Liberona.

    Vladimir Reyes, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, sostuvo en entrevista con el Mercurio de Antofagasta que “todo emprender con el litio primero debe ser consultado a los dueños de casa, ni la Corfo ni el Estado son los dueños de los salares, estos se ubican en territorio atacameño y deben contar con la autorización de sus habitantes”. Para Liberona, “mal se puede dar a conocer una estrategia si no has hecho los diálogos que podrían cambiar ciertos énfasis”.

    *Imagen principal: Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons

    El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

    Si quieres leer más sobre bosques en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

    ]]>     Mongabay Latam Mongabay Latam https://blogs.elespectador.com/?p=94542 Wed, 10 May 2023 17:43:14 +0000 Mongabay Latam     Salar de Maricunga en la mira de la industria del litio: “Es como saber que te van a matar y que en algún momento llegará la hora y el día” https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/salar-maricunga-la-mira-la-industria-del-litio-saber-te-van-matar-algun-momento-llegara-la-hora-dia/ El litio, considerado un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, se está convirtiendo en la gran estrella de la minería en Chile. De hecho, gracias a su alto precio, el gobierno consiguió, tras una década, volver al superávit fiscal. El salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país, pero […]

    ]]>
    • El litio, considerado un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, se está convirtiendo en la gran estrella de la minería en Chile. De hecho, gracias a su alto precio, el gobierno consiguió, tras una década, volver al superávit fiscal.
    • El salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país, pero aún virgen de explotaciones mineras— está en la mira de la industria minera. 
    • Mientras tres empresas se disputan el derecho a explotar el mineral, la comunidad indígena colla Pai Ote intenta proteger su territorio ancestral. 

    A menos de tres kilómetros de “La Puerta”, un antiguo palacio inca en ruinas ubicado en medio de la precordillera de la región de Atacama en el norte de Chile, vive Ercilia Araya, la presidenta de la comunidad indígena colla de Pai Ote que en lengua quechua significa desierto nostálgico.

    Para llegar hasta su casa se necesita tener un buen contacto local. Ni autobuses interurbanos ni colectivos recorren la única ruta que une su hogar con la carretera internacional que conecta a Chile con Argentina. El camino, con tramos de pendientes y curvas que serpentean el árido paisaje, pareciera ser visitado solo por el fuerte viento del altiplano.

    Por eso a Ercilia Araya le sorprendió cuando recibió la visita de un representante de la empresa Simco, quien les ofreció veinte millones de pesos en becas para los niños y la posibilidad de participar como choferes de los camiones de transporte que, eventualmente, acarrearían el material cuando se iniciara la explotación de litio en el salar de Maricunga.

    “Nos quieren explotar doblemente, nos dejan sin salar y buscan que seamos sus trabajadores”, dice mientras pone la tetera sobre el fuego de un horno a leña que calienta esa fría mañana de septiembre.

    Ercilia Araya. Foto: Dubi Cano

    Ercilia Araya, descendiente de colla por la línea paterna y de diaguita por su linaje materno, nació hace 56 años en Pai Ote, al igual que sus antepasados. De estatura baja, cara amable y pelo siempre amarrado en dos largas trenzas que se posan sobre su poncho, es una voz reconocida y respetada en su territorio debido a que encabeza recursos de reclamación y protección contra los tres proyectos que buscan explotar litio en el salar de Maricunga.

    Aquel lugar no solo es parte del territorio que ancestralmente ha utilizado la comunidad de Pai Ote, sino también del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

    La dirigente indígena ha logrado detener, al menos momentáneamente, dos de los tres proyectos por no realizar una consulta indígena y consiguió que el tercero sea investigado por causar daños ambientales.

    La reactivación de los proyectos, sin embargo, es inminente. La fiebre por el litio es hoy más fuerte que nunca en un contexto de cambio climático en el que los gobiernos han encontrado precisamente en este mineral la vía para transitar hacia las energías limpias. El salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país, pero aún virgen de explotaciones mineras— está en la mira de la industria.

    “Nosotros no peleamos para que las empresas nos den plata, lo hacemos porque no sabemos qué va a pasar con el ecosistema, porque recién están explotando los salares», sostiene Ercilia Araya.

    Lee más | Incendios en Chile: “La política pública no ha sido capaz de avanzar a la velocidad de los hechos” | ENTREVISTA

    La fiebre del litio

    El litio se está convirtiendo en la gran estrella de la minería en Chile. Así lo demuestran las finanzas públicas que cerraron en el año 2022 con un superávit efectivo de 1,1 % del PIB, su mayor rendimiento desde 2011. Los protagonistas de esta buena noticia son el impuesto de primera categoría y el buen precio del litio.

    Y es que este mineral es considerado un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, diseñadas para contribuir en el proceso de la transición energética a la que los países se han comprometido para intentar mitigar el calentamiento global.

    Su alto potencial electroquímico y su bajo peso lo convierten en un elemento clave en numerosas aplicaciones, “algunas de ellas de alto nivel tecnológico, como baterías, cerámicas y como generador de tritio en reactores de fusión nuclear”, dice Gonzalo Gutiérrez, doctor en física y asesor de litio y salares del Ministerio de Minería.

    Además, Gutiérrez explica que la energía eléctrica es muy difícil de almacenar y que las baterías de litio resuelven ese gran problema. “Son las que guardan más energía por unidad de peso, siendo la forma de almacenamiento más barata y eficiente que se ha visto hasta ahora”, asegura el científico.

    Por todo ello, la demanda crece de modo exponencial y Chile, considerado el país con la mayor proporción de reservas mundiales de litio, es el principal escenario de esa demanda. Además, en este país, el mineral se encuentra principalmente en las salmueras de los salares, es decir, en el agua con sal, y no en rocas sedimentarias lo que hace que su explotación sea más simple y, por ende, económicamente más viable, explica Ingrid Garcés, doctora en Ciencias y académica del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta.

    Según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en el norte de Chile existen alrededor de 60 salares y 20 de ellos poseen una cantidad suficiente de litio para ser explotado. Hasta ahora solo se explota el salar de Atacama y solo lo hacen dos empresas privadas: la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y Albermarle Chile, filial de la empresa estadounidense Albermale Corporation.

    El interés por ampliar el campo de acción de la minería del litio y comenzar a explotar la zona norte del salar de Maricunga, la segunda reserva más grande de litio en el país después del salar de Atacama, está en la mira de tres compañías: la empresa Minera Salar Blanco (MSB) que busca explotar litio con su Proyecto Blanco; Simco SpA (del Grupo Errázuriz, unos de los principales grupos empresariales del país) que busca implementar el proyecto de explotación Producción Sales de Maricunga; y la estatal Codelco, con su proyecto exploración Salar de Maricunga.

    Su entrada en acción, sin embargo, amenaza con transformar definitivamente los parajes desérticos que envuelven a los salares, ya que la extracción de salmuera para obtener el litio puede afectar los niveles freáticos de estos frágiles ecosistemas donde las lluvias no superan los 200 milímetros anuales, aseguran los expertos.

    Lee más | Chile suma dos nuevas áreas protegidas: el Valle de Cochamó y el Mar de Pisagua

    El salar de Maricunga, bajo amenaza

    El salar de Maricunga, ubicado a 3 760 metros sobre el nivel del mar, es parte del territorio ancestral y hogar de comunidades indígenas Collas como Pai Ote, donde Ercilia Araya nació y se crió. Formada por 70 familias, esta comunidad es reconocida a nivel regional por la práctica de la trashumancia, un tipo de pastoreo de movimiento continuo entre invernadas —en la época de invierno— y veranadas –—en la época de verano—. Las distancias recorridas entre las invernadas y las veranadas, y viceversa, son extensas y abarcan un amplio territorio que incluye el salar de Maricunga.

    Tiene una superficie de 146 kilómetros cuadrados y su ancho, de diez kilómetros en el lado norte, se estrecha abruptamente hacia el sur donde se une a la laguna Santa Rosa, considerada sitio Ramsar, es decir, un humedal designado como de importancia internacional por la Convención que lleva ese mismo nombre.

    Esa unión que se genera entre el empalme de la laguna Santa Rosa con el lado sur del salar de Maricunga es parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces (PN NTC), la mayor figura de protección a nivel nacional.

    César Pizarro, jefe de la sección de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación Nacional Forestal de Atacama (Conaf A), el organismo en Chile encargado de la administración de las áreas protegidas terrestres, explica que la parte sur del salar es la única zona protegida, pero que la parte norte no está resguardada y es ahí, justamente, donde las empresas pretenden extraer litio. Además, en las inmediaciones del parque, también hay otros cinco proyectos mineros de oro.

    Según las compañías, sus proyectos “no son parte del área de influencia de las áreas protegidas y, por lo tanto, no dañan la flora y fauna del lugar”. Pero lo cierto es que, según los científicos, no es posible asegurar que los proyectos de litio presentes en Maricunga no impactarán al salar, puesto que no existe hasta ahora un conocimiento acabado de cómo funcionan estos ecosistemas. “Se sabe parcialmente”, asegura la bióloga Cristina Dorador, quien se ha especializado en estudiar la microbiología de los salares y es una de las científicas que más conoce acerca de estos ecosistemas. Incluso, en 2019, una sentencia del Primer Tribunal Ambiental reconoció justamente esta falta de información científica y la necesidad de actuar bajo el principio precautorio porque, lo que sí se sabe con certeza, es que se trata de sistemas muy frágiles, indica Dorador.

    Además, la Comisión Nacional del Litio, creada en 2014 para proponer políticas públicas en la materia, alertó sobre los impactos de esta industria en los salares al afectar el recurso hídrico de su entorno por la extracción de salmueras “lo que repercute negativamente en los grupos humanos asentados en los alrededores de los salares”, asegura Garcés.

    Ercilia Araya da un sorbo de la taza de té que, cada cierto tiempo, bebe para mantener la temperatura corporal en esa fría mañana de comienzos de primavera. Hace una pausa, respira hondo y dice que no permitirá que la industria del litio destruya el territorio tal como lo hace en el salar de Atacama. “El daño que se ve allá cala profundo, es como saber que te van a matar y que en algún momento llegará la hora y el día”.

    Lee más | La tragedia del pueblo yanomami: un panorama de emergencia en Venezuela y Brasil

    El historial de infracciones de la minería

    Los habitantes de las comunidades indígenas del salar de Atacama llevan años denunciando los impactos generados por la extracción del litio. Han visto secarse los algarrobos, los bofedales donde pastorean sus animales y también las lagunas.

    De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) —organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales— abrió en 2016 un proceso sancionatorio contra la empresa que extrae litio del salar de Atacama, SQM, luego de comprobar que había extraído más salmuera de la permitida, lo cual provocó daños en el ecosistema. Además, en marzo del año pasado, la SMA también formuló cargos en contra de la segunda minera que opera en ese salar, Minera Albemarle Ltda.

    Salar de Maricunga. Foto: Barinia Montoya

    Para Ercilia Araya, el historial de infracciones de algunas empresas que operan en las inmediaciones del salar de Maricunga son también razones suficientes para desconfiar.

    En 2009, por ejemplo, la empresa Kinross, a través de su filial, Minera Maricunga, y bajo el proyecto de extracción de oro, El Refugio, protagonizó el mayor desastre medioambiental registrado hasta ahora en la zona cuando secó la vega Pantanillo, un humedal altoandino ubicado en el corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda. Según Eric Díaz, administrador del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, fueron aproximadamente 70 hectáreas las que se secaron debido a la extracción de aguas subterráneas por parte de la minera.

    En 2014, Ercilia Araya realizó una denuncia a nombre de su comunidad por la contaminación producida por los relaves mineros de la empresa canadiense Yámana Gold. La Policía de Investigaciones visitó su residencia, pero “en lugar de investigar la denuncia por daño ambiental, la acusaron, junto con sus familiares, por poseer artefactos arqueológicos y fósiles”, sostiene el Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa, promoción y documentación de derechos humanos en Chile. “Denuncié a las mineras por contaminar el agua, y salí presa yo; se llevaron a mi hijo de 12 años detenido, y se llevaron a mi padre de 76 años detenido”, le dijo Araya a Mongabay Latam. La investigación duró hasta 2017, año en que la Fiscalía desestimó el caso.

    Por todo eso, acceder a conversar con la lideresa colla no es fácil. Cuando el equipo periodístico de Mongabay Latam se contactó por primera vez con ella, Araya respondió: “Nada de entrevistas. Ya han venido personas que dicen ser periodistas y al final no lo son”.

    Su paso por la cárcel, sin embargo, no logró acallarla. Actualmente, los proyectos de las tres empresas interesadas en explotar litio en el salar de Maricunga han sido cuestionados por la comunidad de Pai Ote. Lo que solicitan es que el Servicio de Evaluación Ambiental realice una Consulta Indígena, tal como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del cual Chile es firmante.

    Lee más | Ecuador: el proyecto que busca conservar los límites del parque Yasuní y proteger a los pobladores indígenas en aislamiento

    Sin Consulta Indígena

    El lunes 9 de julio de 2018, en la ciudad de Copiapó, funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) prepararon una sala con motivo de una Participación Ciudadana (PAC). La cita era para informar sobre el proyecto de explotación de litio en el salar de Maricunga, promovido por la empresa Simco, del grupo Errázuriz.

    A las cuatro de la tarde, Ercilia Araya viajó hasta Copiapó para ser parte de la actividad, pero no la dejaron entrar. ¿El motivo? Hasta hoy ella no tiene explicación. «Fue como un portazo en la cara. No hubo Consulta Indígena, y ni siquiera me dejaron entrar a la Participación Ciudadana”.

    Desde Simco aseguraron a este medio no estar enterados de que a Araya se le negara el ingreso a la reunión y precisaron que el SEA no les exigió la realización de una Consulta Indígena.

    La comunidad de Pai Ote decidió entonces demandar al SEA y a Simco por no haber realizado aquella consulta. En 2022, la sentencia de la Corte Suprema falló en favor de la comunidad y determinó que la empresa debía realizar ese paso. El fallo provocó un gran impacto. “El litio parecía intocable, pero demostramos lo contrario», dice Ariel León, asesor en materias mineras y ambientales de la comunidad colla de Pai Ote.

    Laguna Santa Rosa. Foto: Barinia Montoya

    Según León, actualmente se está avanzando en las conversaciones con el SEA para que se lleve a cabo finalmente la Consulta Indígena.

    El segundo proyecto de explotación, Proyecto Blanco, de la empresa Minera Salar Blanco (MSB), afronta siete recursos de reclamación en su contra, uno de ellos interpuesto por la comunidad Colla de Pai Ote por no haber realizado una Consulta Indígena.

    En enero pasado, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad resolvió la situación en favor de la empresa. Frente a esa resolución, desfavorable para la comunidad colla de Pai Ote, León aseguró a Mongabay Latam que ya trabajan en una demanda que interpondrán ante el Tribunal Ambiental puesto que “no se cumplió con el estándar ambiental que una evaluación seria debe exigir”.

    Minera Salar Blanco fue contactada para esta investigación, pero a través de un email respondió que no daba entrevistas.

    Por último, el proyecto minero de litio de la estatal Codelco, tampoco pasó por una Consulta Indígena. Y es que al contrario de las otras dos iniciativas privadas, el proyecto de Codelco, que ya finalizó, era una exploración y no una explotación minera, es decir, buscaba explorar el territorio para analizar las características de las reservas de litio para una eventual extracción del mineral, por lo que ingresó al SEA mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El problema, aseguran abogados expertos consultados para este reportaje, es que la DIA es una evaluación más laxa.

    Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco, aseguró a este medio que debido a que la compañía estatal realiza una exploración con una DIA, el SEA no le exigió realizar ni una Participación Ciudadana ni una Consulta Indígena.

    Según San Martín, en el proyecto ”no hay cargas ambientales que puedan afectar a la naturaleza ni a las comunidades”. Sin embargo, Ercilia Araya denunció a Codelco ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”, dice León, incumpliendo de esa manera con el permiso ambiental que tenía el proyecto, asegura el asesor de la comunera.

    Mongabay Latam obtuvo fotografías del camino que fueron confirmadas por un funcionario que pidió mantener su nombre bajo reserva, y utilizadas por la comunidad colla de Pai Ote ante la denuncia en la SMA.

    Fotografía utilizada por la comunidad colla de Pai Ote ante la denuncia en la SMA en contra de Codelco por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”.

    Los dardos de los comuneros apuntan contra el SEA ya que, según León, la Consulta Indígena “es la forma que tiene el Estado de dialogar con los pueblos originarios”. De hecho, Marcos Cabello, quien fue director regional del SEA en Atacama y es el actual jefe de División Fomento e Industria del Gobierno Regional de la misma región, reconoce como “deficiente” la Participación Ciudadana siendo la Consulta Indígena el camino más apropiado cuando hay comunidades indígenas involucradas, asegura.

    «El salar de Maricunga es parte de la ruta de trashumancia de Pai Ote”, repite Ercilia Araya, pero eso, dice, no es considerado cuando le otorgan permisos a las mineras.

    Un estudio realizado por Raúl Molina, geógrafo de la Universidad de Chile, da cuenta que la comunidad de Pai Ote —desde tiempos ancestrales—, realiza actividades económicas y productivas en zonas de quebradas y serranías de la precordillera de Los Andes y la Cordillera de Domeyko, lo que incluye la cuenca del salar de Maricunga.

    Para Garcés, los pueblos originarios que han habitado por milenios estos aparentemente inhóspitos paisajes, conocen la variabilidad y cambios climáticos. “Parte natural de su existencia y permanencia, supone un conocimiento e interpretación de sus territorios, los que requieren ser conocidos y comprendidos antes de ser intervenidos”.  Además, agrega, “los efectos perversos (de los proyectos mineros) pueden terminar por exterminar a las comunidades indígenas”.

    Laguna Santa Rosa. Foto: Barinia Montoya

    Según León, la comunidad Colla de Pai Ote ha sido muy abierta con las empresas de litio que llegan al territorio. “Les entregan información para que hagan un buen trabajo, pero a pesar de eso no realizan la Consulta Indígena”, dice. “Da rabia, impotencia y pena pues les das la mano y después te pega el bofetón”, se queja el asesor.

    Lo peor de todo, dice León, es que, de todos modos, la opinión de las comunidades consultadas no es vinculante. La Consulta Indígena “no es tomada en cuenta a la hora de permitir que proyectos mineros aterricen en la zona”. Por eso, aunque por ahora los proyectos de litio están frenados, la amenaza de que se reactiven es inminente. Prueba de ello es que las empresas libran actualmente una disputa por los derechos de explotación del salar de Maricunga que están dispuestas a llevar, incluso, a una instancia de resolución de conflictos del Banco Mundial.

    Lee más | Ecuador: científicos hallan nueva especie de rana que evoca al universo fantástico de Tolkien

    La guerra de la empresas

    El proyecto de explotación de litio, Producción Sales de Maricunga de Simco, contempla una inversión de 350 millones de dólares y una vida útil de 24 años. Francisco Javier Errázuriz Ovalle, titular del proyecto e hijo del excandidato a la presidencia de la República, Francisco Javier Errázuriz Talavera, cuenta que las pertenencias mineras en Maricunga fueron adquiridas antes de 1979 tras un remate: “Andábamos en busca de potasio y esos terrenos calificaron para ello”. Y asegura con un tono desafiante y seguro, que tienen la facultad de explotar litio pues ese mineral se encuentra en sus concesiones.

    Sin embargo, Jaime San Martín, gerente de Desarrollo de Negocios de la estatal Codelco no está de acuerdo con esa afirmación. El profesional a cargo de la exploración “Salar de Maricunga”, que contempló una inversión de 15 millones de dólares y una vida útil de diez meses, afirma que el Estado es el único dueño del litio.

    La disputa se origina debido a que el  régimen jurídico del litio es diferente al de todos los demás minerales. Esto porque en el año 1979, un decreto ley lo catalogó como “no concesible”, es decir que no puede ser concesionado y el Estado determina qué se hace con él.

    Gonzalo Gutiérrez, asesor de litio y salares del Ministerio de Minería, cuenta que, sin embargo, esa clasificación no se incluyó en la Constitución de 1980, aunque sí se consideró en el Código de Minería de 1983. Este carácter excepcional que rodea al litio es objeto de debate entre los partidarios de darle mayor libertad de explotación, que argumentan “razones económicas por sobre las estratégicas”.

    Por lo tanto, la categoría “no concesible”, más el marco jurídico “camaleónico” que regula el litio, abre diversos frentes sobre su propiedad.

    Este conflicto dio paso a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), órgano que asume la defensa de entes públicos dentro del ámbito legal, interpusiera en 2021 un recurso de casación contra Simco pues asegura que la firma ligada al Grupo Errázuriz tiene concesiones para explotar potasio y no litio.

    Simco, por su parte, alega que “Codelco actúa como el perro del hortelano”, aludiendo a la expresión popular de aquel que no disfruta de algo e impide que otros lo hagan.

    San Martín, entre tanto, reconoce que sabían que esa zona era complicada, ya que tiene muchos propietarios con pertenencias mineras, pero aclara que “la estatal podría convertirse en la única empresa con permiso para extraer litio, pues el Ministerio de Minería acogió a trámite un recurso jurídico para modificar la interpretación legal del dominio del salar de Maricunga”.

    Las reacciones de Simco no se han hecho esperar y la compañía privada no escatima en reclamar por los efectos que tendría un eventual cambio en la interpretación jurídica respecto a la propiedad minera. “La empresa confió en los actos del Estado de Chile e invirtió grandes recursos en el desarrollo de una tecnología que permitiera un uso sustentable del salar”, dicen. La firma del Grupo Errázuriz no descarta una futura presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), institución del Banco Mundial establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos e inversores o empresas.

    Para San Martín, toda esta controversia se genera por la falta de una gobernanza en los salares. “No puede ser que en Maricunga, que es un salar tan pequeño, existan tres proyectos mineros paralelos”, dice el gerente de Desarrollo de Negocios de Codelco. Eso es, en parte, lo que el Estado espera resolver con la creación de la Empresa Nacional del Litio, uno de los pilares del proyecto de gobierno de Gabriel Boric, que pretende concretarse en marzo de este 2023.

    Que la propuesta de una empresa nacional del litio asegure la conservación de los salares, está por verse. Ercilia Araya, presidenta de la comunidad de Pai Ote, desconfía. “Las autoridades dicen que quieren que todos los chilenos seamos dueños del litio, pero van a dejar la embarrada como cualquier empresa privada”, sostiene, y agrega que “aún es peor, porque las estatales son las que más han contaminado el medioambiente”.

    *Imagen principal: Salar de Marincunga. Foto: Google Earth

    El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

    Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

    ]]>     Mongabay Latam Mongabay Latam https://blogs.elespectador.com/?p=93741 Tue, 28 Feb 2023 23:17:34 +0000 Mongabay Latam     “Un pueblo flotando”: la minería ilegal crece en el río Puré y afecta a los pueblos aislados https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/pueblo-flotando-la-mineria-ilegal-crece-rio-pure-afecta-los-pueblos-aislados/ Los yurí-passé están en riesgo de entrar en contacto con mineros ilegales y narcos, violando su derecho y autodeterminación a estar aislados del mundo occidental. Un estudio señala que las comunidades del río Caquetá y sus afluentes, como lo es el río Puré, presentan un índice mucho más alto del promedio de mercurio en sangre. […]

    ]]>
    • Los yurí-passé están en riesgo de entrar en contacto con mineros ilegales y narcos, violando su derecho y autodeterminación a estar aislados del mundo occidental.
    • Un estudio señala que las comunidades del río Caquetá y sus afluentes, como lo es el río Puré, presentan un índice mucho más alto del promedio de mercurio en sangre.
    • Aunque el río Puré se encuentra en un área protegida, la minería se ha incrementado tras las amenazas a guardaparques y la quema de la cabaña de Puerto Franco de Parques Nacionales Naturales por parte de las disidencias de las Farc. Pese a los operativos militares, la actividad minera continúa y se calcula la presencia de decenas de dragas.

    *Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

    En lo que va del 2022, en Colombia se han identificado 40 dragas del lado colombiano del río Puré y 200 del brasileño, que cambia su nombre a río Pururé. Este cuerpo de agua atraviesa la frontera y con él todo tipo de actividad ilegal. La primera vez que el país puso los ojos sobre este territorio en la selva amazónica fue para escuchar quiénes habitaban esas tierras a través de la historia ‘Perdidos en el Amazonas’ de Germán Castro Caycedo. Este libro narra la desaparición y los intentos de rescate de Julián Gil, un comerciante de pieles, que decidió adentrarse en la selva entre Caquetá y Putumayo.

    Desde esa publicación no se tenían datos fidedignos sobre la existencia de estos pueblos indígenas hasta que Roberto Franco García, antropólogo y ambientalista, emprendió una investigación en el río Puré en 2010. Ahora se sabe que existen más de 200 personas de la etnia yuri y passé, que han caminado la selva amazónica entre los ríos Caquetá, Putumayo y Puré. No se tiene una cifra exacta de cuántos son porque no se ha realizado el Censo Nacional de Población respetando su derecho a permanecer en condición de aislamiento. Además que esa decisión nace para preservar su vida, sus costumbres y protegerse de la evangelización, la explotación y la presencia de grupos armados.

    De los aislados se sabe lo que pudo investigar Franco García antes de su muerte en un accidente aéreo en 2014, sobrevolando el Amazonas. Su conocimiento sobre estas comunidades quedó plasmado en su gran obra ‘Cariba Malo’, que demostró que hacia finales del siglo XIX, los pobladores indígenas migraron a la selva huyendo de los caucheros para alejarse definitivamente del mundo occidental. Sin embargo, están en riesgo por el crecimiento, tras la pandemia, de las actividades de minería ilegal y los caminos que se están abriendo en el territorio para el narcotráfico, volviendo a quedar a merced de la violencia.

    Como lo explicó Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación Dinámicas Sostenibles del Instituto Sinchi, “las comunidades no están en aislamiento voluntario por el hecho de estar aisladas, sino por las dinámicas de violencia contra estas comunidades”. Es decir, que se vieron obligados para poder preservar su vida y su cultura.

    Lee más | “Esta COP tiene que demostrar que aún cuando estamos en tiempos de crisis, el proceso sigue vivo” | ENTREVISTA a Manuel Pulgar Vidal

    La protección está en vilo 

    “Por instrucciones del Presidente Duque y después de un Consejo de Seguridad, se determinó que había amenaza contra el Parque Nacional Natural (PNN) Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”, afirmó el entonces ministro de defensa Diego Molano, en marzo del 2022. El operativo formaba parte de la estrategia militar conocida como ‘Operación Artemisa’ que buscaba frenar la deforestación y las actividades ilícitas en el Amazonas.

    Una segunda operación en octubre de 2022 dio como resultado la quema de siete dragas sobre el río Puré y el río Cotuhé, además de la destrucción de tres motobombas y siete motores. Como lo explicó el coronel coronel William Castaño, director de carabineros y protección ambiental de la Policía Nacional, “[lo que] logramos recolectar en el marco de esta operación es que estarían vertiendo alrededor de entre cinco y siete gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes”.

    El Parque Nacional Natural Río Puré está dividió en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
    El Parque Nacional Natural Río Puré está dividió en dos zonas para respetar la determinación de las comunidades indígenas a no ser contactadas. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

    Como se conoció desde el inicio de la ‘Operación Artemisa’, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ambientalistas han criticado que los operativos militares no son la única y exclusiva forma de proteger la Amazonía de las economías ilegales. En palabras de un investigador, que trabaja en la  zona y que por razones de seguridad prefiere no decir su nombre, afirma que “la Operación Artemisa no soluciona nada. Hace unos meses que sobrevolamos la zona vimos una (draga) quemada y al lado de esa ya habían dos nuevas recuperando el esquema. Entonces los operativos no son efectivos”.

    A ello se suma una de las advertencias propuesta por la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Fuerzas Militares y la protección del ambiente, en la que se afirma  que  las operaciones desplegadas han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles. “Así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales”, se lee en la publicación.

    Para una fuente que prefiere mantenerse en reserva, los problemas en el río Puré son un tema transnacional que por los retos y obstáculos debe ser tratado de tal manera que exista una articulación entre los distintos gobiernos de la región amazónica como de las organizaciones que están en territorio. “Empezar con exigir que se persigan a los dueños de la minería porque siempre que hacen estos operativos cae la señora que hace la comida o los trabajadores que, en muchos casos, también son indígenas, pero nunca se capturan a los responsables”, dijo el experto.

    Se destinaron 999 000 hectáreas, ubicadas en la zona interfluvial de los ríos Putumayo y Caquetá en la frontera con la República Federativa de Brasil, para la constitución del PNN Puré. Una de las principales razones de la creación del parque fue la protección de los Yuri-Passe, bajo la Resolución 0764 de 2002. La otra, era controlar la minería ilegal y contaminación de los cuerpos de agua.

    El PNN Puré se divide en dos: 529 000 hectáreas que corresponde a las tierras para los pueblos indígenas en aislamiento y donde no se permite ninguna actividad, y que es denominada la zona intangible. La segunda con 470 000 hectáreas, es la zona primitiva en la cual se desarrollan actividades de investigación y monitoreo de biodiversidad. Por ejemplo, como se contó en una nota anterior de Mongabay, solo se conoce hasta el momento el 0,6 % de la fauna del Parque Nacional Río Puré. En 2019, unas 30 especies fueron captadas por cámaras trampa, en el sector de Puerto Franco, donde estaba la cabaña de guardaparques y que lleva el nombre del antropólogo Roberto Franco.

    Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó la cabaña en 2016 en un lugar estratégico para controlar el acceso a las cuencas del río Bernardo-Hilo y del río Puré y evitar el contacto con los pueblos en aislamiento. Gracias al trabajo de PNN se contuvieron los caminos del narcotráfico a la zona intangible y la presencia de grupos armados, especialmente del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, en 2020 la maloca en la que vivía el guardaparques Luis Rivas, un sabedor tradicional del pueblo cubé, fue incinerada. Los actores armados amenazaron a los 15 guardaparques de la Amazonía y tuvieron que ser desplazados de los territorios. En marzo de 2022, tras el operativo en el río se judicializaron a dueños de varias balsas y quienes estarían invadiendo el área protegida, según información suministrada por la Fiscalía. Dos años y medio después de declarada la pandemia, ninguna autoridad de PNN ha podido regresar.

    Lee más | Perú implementará sistema para vigilar la salud animal en Áreas Naturales Protegidas

    “Parece un pueblo flotando en el río Puré”

    La cuenca del río Puré ha sido históricamente usada para la extracción de minería, tanto del lado colombiano como el brasileño. Esta actividad ha causado grandes daños en los pueblos indígenas que  habitan estas tierras, no solo por los peligros a los que están expuestos por ser comunidades en aislamiento sino por la contaminación de mercurio, la degradación del medio ambiente y  la deforestación.

    Para la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro —conformada por varias organizaciones sociales tales como Amazon Conservation Team, Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), la Fundación Gaia, la WWF y Frankfurt Zoological Society—, que investiga los impactos y los efectos de la contaminación por mercurio en la zona, la minería que venía en aumento desde el 2019 se disparó tras la salida de los guardaparques en 2020 y la quema de la cabaña en 2021, eventos que coincidieron con el incremento de la presencia de dragas en el río. “Antes uno veía unas 10 y 15 balsas. En 2020 ya habían 40 dragas.  Ahora es como un pueblo flotando”, afirmó una de las fuentes que trabaja en el área.

    Como lo mostró la Alianza entre enero de 2019 a septiembre de 2022 se han afectado 620 hectáreas de bosques de la ribera del río Pururé en Brasil, según imágenes satelitales. Uno de los mayores impactos que causa la minería es la alteración de cauces y la dinámica fluvial. Esto se produce por la extracción misma del oro en el río trayendo como efectos la pérdida del cauce, desbordes e inundaciones, pérdida de hábitats acuáticos e interrupciones de procesos ecológicos, dado que se manipula el cuerpo de agua con químicos y máquinas.

    Una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza ha monitoreado cómo han cambiado las riberas del río Puré. En las imágenes satelitales se ven grandes parches de tierra cerca del agua. Se podría pensar que son playones naturales pero nacieron cuando tumbaron los árboles y erosionaron la tierra. Las mangueras de las dragas absorben la tierra y la devuelven al río destruida en montículos.  Los mineros con guadañas van tumbando y tumbando los árboles al borde del río para prevenir accidentes de sus embarcaciones.

    Algunos trabajadores pisan tierra para continuar deforestando y hacer pequeños asentamientos en los que funcionan también varios prostíbulos. En un sobrevuelo en septiembre de este año, el experto que trabaja en la zona desde hace varios años y que por seguridad no puede dar su nombre, pudo ver en una de las zonas del río Puré algo más de una hectárea y media deforestada, donde se presume que dentro de poco será un asentamiento donde lleguen las balsas a abastecerse.

    Según esta misma fuente, en lo que va del 2022 se han deforestado 200 hectáreas de ribera del río Puré en el lado brasileño. “El río Puré del lado de Brasil tiene 370 kilómetros, tenemos imágenes de 137 kilómetros donde en este momento hay, por lo menos, unas 130 dragas. En los 200 kilómetros no tenemos imágenes recientes pero calculamos aproximadamente algo menos de 200 dragas. Eso nos da a casi mil personas sobre el río”, explicó el experto. Eso se traduce en un peligro para el ecosistema del lado de Colombia, considerando que la minería que se hace dentro del PNN Puré, lo que implica que se está cometiendo un delito ambiental. A ello se suma el riesgo para los pueblos en aislamiento, en la medida que los mineros ilegales pueden entrar en contacto con ellos, lo cual vulnera su derecho a permanecer en aislamiento.

    Según la jurisprudencia colombiana se crea el Decreto 1232 de 2018 para la prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. En este se establecen los cordones de protección sanitaria, con el fin de evitar y detener la propagación de enfermedades entre las comunidades  que viven cerca y los aislados. Como lo explicó el Instituto Sinchi, “los yuri-passé no tienen el mismo sistema inmunológico que nosotros. Quienes se encontrarán con los aislados no son precisamente personas que tengan un interés con ellos, hacia las comunidades en sí, ni al mantenimiento del medio ambiente. Un hombre de la sociedad mayoritaria podría llevarles un bulto de virus y poner en riesgo a toda la comunidad hasta la muerte”.

    Lee más | Colombia: en 2021 la superficie con cultivos de coca en parques naturales superó las 8 mil hectáreas | INFORME

    “No va a poder crecer nada en el río”

    Para el río Puré la presencia de minería se traduce en la generación de sedimentos, que ocurre en dos momentos: el primero cuando se remueve el material del suelo y es arrastrado por la corriente. El segundo, cuando el material extraído es lavado en tolvas, un contenedor parecido a un embudo, y el conjunto de partículas que quedaron en el fondo del recipiente se vierte sobre el agua. Como lo explicó la Alianza, esto trae consigo varias consecuencias como lo es el incremento de la turbidez, lo que impide el paso del sol a las algas, plantas y microorganismos. Vuelve al río estéril y en el que no es posible que puedan sustentar formas de vida.

    Cada año, desde 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, publica el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota’. Este año el informe arrojó que el río Caquetá y el río Puré presentan unas de las mayores explotaciones de oro en aluvión. (ver historia). Además, el Puré está en la lista de los ríos con mayor número de alertas de minería ilegal en la Amazonía colombiana.

    “Densidad de alertas por presencia de EVOA en agua por segmentación del río”. Tomado de UNODC, 2022, pág. 71.
    “Densidad de alertas por presencia de EVOA en agua por segmentación del río”. Tomado de UNODC, 2022, pág. 71.

    Sumado a la carga de sedimentos está el mercurio, utilizado para separar el oro, contaminando el ambiente y la salud de las personas. Como lo explicó uno de los investigadores de la Alianza, que omite su nombre por razones de seguridad, “los impactos ambientales descritos afectan de manera directa al derecho a la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas siendo especialmente lesivos para pueblos indígenas en situación de aislamiento, dada su absoluta dependencia de los recursos de la naturaleza para su supervivencia”.

    Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites.

    La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha determinado que el consumo de este metal puede ser tóxico y que provoca grandes trastornos neurológicos como también causa alteraciones en fetos y en los niños. Este panorama se complejiza por dos razones, como explica Sergio Vásquez, asesor de incidencia y comunicaciones estratégicas de Gaia. La primera, para las comunidades indígenas no existe ni siquiera una palabra en su lengua que traduzca lo que está pasando por el consumo de alimentos contaminados. Lo segundo, no se tienen cifras e impactos claros sobre la población que está en aislamiento. Como lo enunciaron las distintas organizaciones de la Alianza, la contaminación puede ser mucho mayor dado que el río Puré a diferencia del Caquetá es mucho más angosto y tiene más balsas ilegales, lo que se traduce en una mayor concentración de mercurio.

    Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía, la autoridad ambiental encargada de esa zona del país, y PNN, encontraron que las comunidades indígenas del río Caquetá -el río Puré es uno de sus afluentes- tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio.
    Según un estudio realizado sobre los impactos generados por la minería, hecho por la Secretaría de Salud del departamento colombiano del Amazonas, Corpoamazonía y PNN, las comunidades indígenas del río Caquetá —el río Puré es uno de sus afluentes— tienen concentraciones mucho más altas que el promedio en mercurio. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

    “Están en constante riesgo”

    El mercurio está afectando la vida de las comunidades indígenas en el Amazonas. Gaia ha determinado impactos a las comunidades por las actividades de mercurio y unas consecuencias especiales a las mujeres, a los ancianos y a los niños indígenas. El investigador divide los impactos en varias categorías, empezando con las consecuencias de la minería en los derechos culturales y organizativos. Sin embargo, los impactos negativos en sujetos que cumplen una doble protección constitucional —como ser mujer e indígena, por ejemplo— se incrementan. En voz de Sergio Vásquez desde Gaia, la contaminación por mercurio y los cambios en el ecosistema tienen un impacto diferencial en la mujer.

    Otros de los impactos que genera la minería, como lo explicó una de las organizaciones de la Alianza es que los actores ilegales y sus dinámicas están arrinconando a los aislados y haciendo cada vez más pequeño el área intangible. Un segundo factor que está afectando la vida de los indígenas en el río Puré y en la zona protegida es la presencia del narcotráfico. Como también lo narró una fuente que trabaja en terreno, los caminos que se están abriendo para pasar mercancía ilegal en el PNN río Puré al lado de Brasil, están atravesando el territorio de los indígenas. Estos grupos armados pasan por el el río Caquetá y según investigaciones de InSight Crime provienen de las bandas de Brasil (Familia del Norte UN, Comando Rojo o Comando Vermelho – CV, Primer Comando Capital o Primeiro Comando da Capital – PCC) quienes controlan el comercio en su país y las rutas de tráfico hacia Europa. Esto trae consigo la violación al derecho de los yurí-passé a no ser contactados.

    Por otro lado, las miles de personas que trabajan en las balsas y las dragas compiten por alimentos con los indígenas en la selva amazónica. Los mineros también cazan y pescan, lo que se traduce en menor recursos para los yuri-passe, además como lo explica uno de los investigadores en terreno, “ni siquiera sabemos si los mineros están consumiendo también pescado y agua contaminada de mercurio. Seguramente sí”.

    Imágenes MAXAR que muestran las afectaciones sobre río Puré en Brasil debido al uso de dragas y otras herramientas usadas en la minería ilegal. Comparación entre A) Sensor WV2 fecha captura 25/07/2014 y B) Sensor WV2 fecha captura 10/08/2021. Comparación entre C) Sensor WV2 fecha captura 19/09/2002 y D) Sensor WV2 fecha captura 25/08/2022. Tras las amenazas a funcionarios de PNN y la quema de la cabaña en Puerto Franco, la minería ilegal aumentó el río Puré. Crédito de imágenes: MAXAR, y la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
    Imágenes MAXAR que muestran las afectaciones sobre río Puré en Brasil debido al uso de dragas y otras herramientas usadas en la minería ilegal. Comparación entre A) Sensor WV2 fecha captura 25/07/2014 y B) Sensor WV2 fecha captura 10/08/2021. Comparación entre C) Sensor WV2 fecha captura 19/09/2002 y D) Sensor WV2 fecha captura 25/08/2022. Tras las amenazas a funcionarios de PNN y la quema de la cabaña en Puerto Franco, la minería ilegal aumentó el río Puré. Crédito de imágenes: MAXAR, y la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

    A la fecha no existe un ejercicio de prevención y control minero ambiental eficiente por parte del Estado colombiano. La entidad encargada del área, Parques Nacionales Naturales, no puede tener una presencia constante en el territorio por las amenazas y hostigamientos a sus guardaparques. De hecho, en respuesta a un derecho de petición, reconoció las constantes amenazas de grupos armados ilegales en el PNN. Dos de las organizaciones de la Alianza concuerdan que esta actividad aumentó drásticamente en 2019 y que tras la quema de la cabaña de Puerto Franco, todo empeoró.

    Las actividades ilícitas transitan el río Puré sin ningún control pasando al lado de Brasil. No existe una frontera que cambié las dinámicas del río. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, las 112 toneladas de oro producidas en Brasil en 2021, al menos 7 % eran de origen ilegal y 25 % de origen potencialmente ilícito. Las comunidades continúan en riesgo de ser contactadas por los grupos armados o los mineros, además de las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas amazónicos y su biodiversidad. No se sabe qué estarán pensando y analizando los pueblos Yuri-Passé sobre las consecuencias por la contaminación de mercurio cuando en su lengua no existen palabras para ese “veneno”.

    *Imagen principal: En 2022 se llevan registradas, por lo menos, 40 dragas sobre el río puré en el área protegida. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

    ———

    *Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes. 

    El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

    Si quieres leer más sobre bosques en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

    ]]>     Mongabay Latam Mongabay Latam https://blogs.elespectador.com/?p=93279 Thu, 19 Jan 2023 14:52:41 +0000 Mongabay Latam     Las cuentas pendientes con el Río Bogotá https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/las-cuentas-pendietes-con-el-rio-bogota/ En 2025 podría estar descontaminado Dos años después de que el Consejo de Estado emitiera el  fallo que ordenaba la recuperación del afluente, pocos han sido los avances. Por falta de coordinación y recursos, el cauce aún recibe los desechos de 8 millones de personas cada día. Por: TATIANA PARDO Periodista del blog El Río […]

    ]]>     RioBogotabANlOGO

    En 2025 podría estar descontaminado

    calle 13 Río bogotá - copia

    Dos años después de que el Consejo de Estado emitiera el  fallo que ordenaba la recuperación del afluente, pocos han sido los avances. Por falta de coordinación y recursos, el cauce aún recibe los desechos de 8 millones de personas cada día.

    Por: TATIANA PARDO
    Periodista del blog El Río y El Espectador
    * Fotografías de Cristian Galvis

    La desviación del arroyo Bruno en La Guajira, la explotación petrolera en el Área de Manejo Especial de La Macarena, la urbanización de la Reserva Thomas van der Hammen, la carretera Barranquilla-Santa Marta que tiene en jaque el complejo lagunar más grande del país y las nuevas cifras de deforestación que arrojó la semana pasada el Ideam tienen encendido el debate ambiental. Sin embargo, a esta lista hay que añadir un problema más: el incumplimiento de la sentencia que ordenó limpiar el río más contaminado del país, el Bogotá.

    En marzo de 2014, el Consejo de Estado les ordenó a cerca de 72 entidades (incluidos 46 municipios y seis ministerios) la titánica tarea de sanear y recuperar la cuenca del río Bogotá. Los desechos de casi 8 millones de habitantes que estaba recibiendo diariamente, más la contaminación de las curtiembres, fábricas y mineras de los demás municipios, tenían en vilo el principal cauce de la capital. Pero dos años después de haberse emitido el fallo la catástrofe ecológica continúa. Todo parece indicar que aún hace falta mucho tiempo, coordinación, interés y recursos económicos para empezar a cumplirlo.

    “Sin duda, esta es la sentencia más compleja que hay en materia ambiental en el país, porque involucra a varias entidades y cambia el paradigma de las decisiones judiciales, pues ahora no es la administración quien tiene que marcar el rumbo de los ecosistemas, sino los jueces. Para cumplirla, se requiere que el Estado esté preparado, pero no lo está, entre muchas razones, porque los nuevos alcaldes hasta ahora están conociendo qué es lo que tienen que hacer y cuáles fueron los avances de sus antecesores”, explica el procurador ambiental, Óscar Darío Amaya.

    Para saber en qué nivel de cumplimiento se encuentra la sentencia, la Procuraduría realizó 44 audiencias en los municipios involucrados. En ellas encontró que hay deficiencias en el manejo de las aguas residuales, en el sistema de alcantarillado y en el acueducto. Además advirtió que el Consejo Estratégico de Cuenca, entidad que tenía que dirigir, articular, gestionar y coordinar las órdenes del fallo, no ha hecho su tarea.

    En palabras del ingeniero Luis Felipe Aparicio, asesor de la Procuraduría, las alcaldías involucradas en la recuperación del río tampoco están haciendo muy bien su labor, aunque reconoce que enfrentan dificultades, principalmente ligadas a temas de presupuesto. “Tienen que actualizar, por ejemplo, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También tienen que mejorar o construir plantas de tratamiento, hacer separación de aguas lluvias y aguas negras, pero la mayoría de los plazos ya vencieron y parece no haber la suficiente coordinación y monitoreo. Las obligaciones exceden su presupuesto”, dice.

    Una buena muestra de lo que cuenta Aparicio es que, hasta el momento, hay diez municipios que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), doce están en optimización y siete sí tienen, pero no saben en qué condición. “Preocupa mucho que Villapinzón y Girardot no tengan”, afirma.

    Aunque la construcción de estas plantas estaría cofinanciada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), todavía no están claros los predios donde se harían ni los costos de operación. También tienen pendiente la construcción del parque ecoeficiente para ubicar en un solo sitio las curtiembres de Villapinzón pero las diferencias entre los empresarios han dificultando su implementación.

    “No todos los dueños de estas empresas están de acuerdo y prefieren un conector que recoja las aguas residuales y las lleve  directamente a la PTAR, cuyo costo sería de US$250 millones. El problema es que algunas cumplen con toda la normatividad y por eso no quieren ser trasladadas, mientras que hay otras 32 curtiembres que están en la ronda del río, lo contaminan y deben ser reubicadas prontamente”, dice el director de la CAR, Néstor Franco.

    Pero, pese a los desacuerdos, lo cierto es que ninguna de esas dos opciones está en marcha. A la fecha no hay pactos concretos ni se sabe con certeza cuáles serían los costos. “Ha habido poca seriedad a la hora de analizar el horizonte de inversión para la recuperación del río Bogotá. Por eso cada quien da cifras diferentes”, asegura Franco.

    Los esfuerzos para salvar el río

     

    Vacas en el río - copia

    Hasta el momento los esfuerzos de la CAR se han concentrado, principalmente, en sacar adelante el proyecto que permitiría ampliar el cauce del río. Esa adecuación hidráulica evitaría inundaciones y mejoraría la calidad del agua. Según el ingeniero Aníbal Acosta, líder del proyecto, más del 70 % del trabajo está adelantado. Para ser precisos, hacen falta 16 de los 68 kilómetros de la cuenca media, que van desde Alicachín (Soacha) hasta el puente La Virgen. En este punto el río recibe el 84 % de la contaminación, además de las aguas residuales de los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelito.

    En sus trabajos, la CAR ha retirado cerca de 6 millones de toneladas de basuras. Colchones, sillas, electrodomésticos, tapetes y cualquier cantidad de llantas y plásticos son sólo algunos de los artículos que encuentran usualmente. La corporación también ha comprado cerca de 680 hectáreas para que el río tenga zonas de inundación controladas y ha sembrado más de 250.000 especies nativas como cajeto, cedro, roble, nogal y magnolio. Además, continúa la construcción de un parque con senderos y ciclorrutas que tiene que superar una dificultad mayor: está en una zona donde el olor es nauseabundo.

    A lo anterior hay que sumar la ampliación y optimización de la PTAR El Salitre, que, según la CAR, ya fue adjudicada por una suma superior a US$430 millones, de los cuales el Banco Mundial aportará US$250 millones. Quien está al frente de la obra es el consorcio Expansión PTAR Salitre, conformado por la firma griega Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores. En palabras simples, esa obra permitiría que el agua tratada pueda ser reutilizada para fines agropecuarios sin que la salud pública esté en riesgo. En términos técnicos, ampliará la capacidad de tratamiento de las aguas de 4 metros cúbicos por segundo a 7,1.

    Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tiene a su cargo el diseño y la construcción de la PTAR Canoas, que trataría 14 metros cúbicos de aguas residuales por segundo, y los interceptores. Pero pese a que El Espectador insistió en saber cuál era su estado, al cierre de esta edición la entidad no había respondido. Suponiendo que la construcción marche de acuerdo a los planes, estas obras permitirán tener un río completamente limpio en 2025.

    CuadroRioBogotaTatiana-01

    Calificación: deficiente

    Páramo

    A los ojos de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, todos esos esfuerzos se quedan cortos al mirarlos en detalle. A inicios de este año advirtió que “no se ha avanzado en el propósito de mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación del río Bogotá” y calificó como “deficiente” la gestión de la CAR. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento de metales pesados, como mercurio, cadmio, plomo, arsénico y cromo, que son altamente nocivos para la salud y el medioambiente. Villapinzón, Chocontá y Cajicá, en la cuenca alta; Bogotá, Funza y Mosquera, en la cuenca media, y San Antonio del Tequendama, Tena y La Mesa, en la baja, son los municipios peor calificados.

    Por su parte, la Secretaría de Ambiente asegura que, pese a que se han implementado medidas que contribuyen a la descontaminación del afluente, no han sido suficientes. “El problema de la contaminación se ha generado desde hace décadas y el crecimiento de la población y la industria ha generado un aumento acelerado de los vertimientos de aguas residuales al río”.

    Estas razones le bastaron a la Procuraduría para emitir una circular en la que les da un jalón de orejas a los municipios y los invita a incluir todos los puntos relacionados con la descontaminación del río Bogotá en los Planes de Desarrollo 2016-2020 y los POT. Advierte de que lo esencial es que haya coherencia en las decisiones, y eso implica que todas estén encaminadas a salvar el río, desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena.

    MapaRBElRio

    VIDEO: RÍO BOGOTÁ DESDE EL AIRE 

    Si quiere contactarse con nosotros escríbanos a: blogelrio@gmail.com

    Twitter: @Tatipardo2    @Blogelrio

    ]]>     Blog El Río El Río http://blogs.elespectador.com/el-rio/?p=6523 Tue, 26 Apr 2016 15:58:26 +0000 Blog El Río