Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En el pabellón Colombia de la FILBo, donde casi todos los estands parecen competir por el brillo o por la velocidad de la atención, hay uno que eligió otra cosa: escuchar. No es una metáfora de catálogo editorial. Está escrito incluso en la entrada, como una declaración de intenciones y también como una advertencia moral: “El territorio habla, el centro escucha”. El lema del Centro Nacional de Memoria Histórica no aparece allí como un eslogan institucional sino como una suerte de respiración lenta en medio del ruido de la feria.

El estand no tiene puertas simbólicas. No obliga al visitante a entrar: lo recibe abierto, como si quisiera desmontar la vieja solemnidad estatal que tantas veces convirtió la memoria en un trámite o en un mausoleo. Uno puede atravesarlo casi sin darse cuenta, y quizás allí esté uno de sus mayores aciertos. En un país acostumbrado a que la violencia tenga oficinas, expedientes y sellos, el CNMH decidió construir un espacio sin bordes duros. Un lugar donde la conversación parece más importante que la exhibición.

Pase varios días en ese stand, algo que francamente nunca había hecho en una feria del libro. Era un ángulo curioso de esa fiesta cultural, completamente opuesto a los otros lugares donde suelo estar como moderador, entrevistador o invitado. Mientras el resto de Corferias se movía al ritmo de las filas, las cámaras, los lanzamientos y los autores de moda, allí el tiempo parecía funcionar distinto. La gente no pasaba únicamente a mirar: se quedaba.

Y eso llamaba profundamente la atención.

Personas de todo tipo preguntaban por la memoria de su propio país. Jóvenes universitarios, familias completas, adultos mayores, estudiantes de colegio, visitantes que parecían haber llegado por azar. La belleza del estand atraía precisamente por una lógica muy curiosa: en Colombia la memoria suele asociarse únicamente a lo difícil, a la guerra, a la tragedia, al expediente doloroso. Pero allí la memoria aparecía también ligada a las resistencias, a la maravilla obstinada de seguir construyendo sociedad después de tanto.

En la FILBo, donde las personas cargan bolsas llenas de novedades editoriales y buscan firmas de autores como quien colecciona pequeñas inmunidades contra la realidad, el estand del Centro opera de otra manera: no vende olvido rápido. Propone permanencia.

Lo primero que llama la atención son los colores. No hay negros dramáticos ni rojos de denuncia explícita. Tampoco el minimalismo frío que domina tantos espacios culturales contemporáneos. La diseñadora Susana Carrié eligió tonos tierra, colores orgánicos, texturas que recuerdan fibras, tintes naturales, barro húmedo, madera expuesta, telas campesinas. Hay algo deliberadamente antiurbano en la composición visual del espacio. Como si el estand quisiera traer adentro de Corferias una temperatura distinta del país.

Carrié lo explica con una precisión casi artesanal: la paleta se inspiró “en algunos colores de la tierra, de los textiles y tintes orgánicos y de la naturaleza en general”. Y eso se nota. No es una estética decorativa sino territorial. Colombia aparece allí menos como nación abstracta que como acumulación de geografías heridas.

En el centro del recorrido hay una línea de tiempo sobria, montada sobre tubos de cartón en crudo. Nada reluce demasiado. La memoria aquí no fue diseñada para el espectáculo. Quizá por eso conmueve más. Los materiales parecen querer desaparecer para dejar hablar las historias. En otro punto emergen unos rostros enfrentados, casi totémicos, donde la biodiversidad étnica y cultural del país adquiere forma visual. Son figuras que observan al visitante tanto como el visitante las observa a ellas. En una feria donde casi todo busca seducir, estas piezas parecen interrogar.

Y sin embargo, hay una ruptura deliberada en esa gama de tierras: un tapete naranja intenso que invade el ingreso y la zona de juego infantil. El color estalla como una llamarada. Carrié dice que fue pensado para atraer al público infantil, para señalar el espacio lúdico donde se desarrollan talleres y actividades. Pero el efecto es más profundo. El naranja funciona como una irrupción de futuro dentro de una narrativa marcada por el duelo. Allí los niños dibujan, juegan, construyen jardines simbólicos de memoria, participan en cartografías afectivas, exploran archivos como pequeños arqueólogos emocionales.

Hay algo profundamente político en esa escena.

Porque el CNMH entendió algo fundamental: la memoria que no logra conversar con la infancia termina convertida en archivo muerto.

Mientras camino por el estand, escucho fragmentos de conversaciones simultáneas. Una mujer explica a otra quién fue Kimy Pernía Domicó. Un estudiante hojea un informe sobre Córdoba. Una niña escribe algo en una flor de papel para el “Jardín de la memoria”. Más allá, alguien escucha un pódcast en la Sala Escucha, ese pequeño entorno inmersivo donde suenan las producciones radiales hechas directamente por comunidades de los territorios.

Hablé con muchas personas durante esos días. Algunos contaban historias de sus familias. Otros preguntaban por un dato concreto, por un nombre, por una fecha, por un informe específico. Muchos simplemente se sentaban a hojear libros durante largos ratos, como si buscaran algo difícil de nombrar. Las familias, especialmente, parecían conectarse con el espacio de una manera distinta. Había padres explicando a sus hijos episodios del país que quizás nunca habían sabido cómo contarles.

Y uno terminaba preguntándose si acaso Colombia quiere buscar su memoria, pero no en lenguajes institucionales. Quizá en lenguajes poéticos.

No en vano el libro más importante de nuestra sociedad se llama Cien años de soledad. ¿Qué otra cosa es esa novela sino una inmensa obsesión colectiva por la memoria, por lo que hemos sido, por lo que nos ha sucedido, por aquello que intentamos recordar antes de que el tiempo termine borrándolo?

La Sala Escucha probablemente sea uno de los lugares más silenciosamente radicales del estand.

En un país que lleva décadas produciendo discursos sobre las víctimas, el CNMH parece intentar algo más difícil: permitir que hablen sin traducción intermediaria. Las voces que salen de los audífonos no tienen la dicción homogénea de los estudios de radio bogotanos. Hay acentos atravesados por río, montaña, costa, selva. La escucha se vuelve un acto físico. Uno entiende rápidamente que la memoria sonora tiene una capacidad distinta para perforar defensas. La voz humana conserva algo que la escritura pierde: respiración, miedo, pausa, temblor.

Pamuk escribió alguna vez que los museos verdaderos no organizan objetos sino emociones del tiempo. Este espacio parece construido bajo esa intuición.

No organiza únicamente documentos del conflicto armado colombiano. Organiza maneras de aproximarse al dolor sin convertirlo en mercancía emocional.

Eso se percibe también en la programación. No hay aquí una obsesión por cubrirlo todo ni por representar todas las tragedias nacionales en formato de agenda cultural. La selección fue producto —según explican desde el Centro— de una concertación entre distintas direcciones misionales de la entidad. No se trata de una línea única de relato sino de múltiples entradas a la memoria reciente del país.

Por eso conviven talleres infantiles con conversatorios sobre desaparición forzada, lanzamientos editoriales con ejercicios de cartografía comunitaria, archivos orales con teatro, pedagogía con justicia restaurativa.

La memoria aparece entonces no como una pieza fija sino como un organismo vivo.

Algunas actividades resumen especialmente bien el espíritu del espacio. “La palabra que repara”, por ejemplo, reúne experiencias de justicia restaurativa impulsadas junto a la JEP. No se trata simplemente de hablar sobre víctimas y victimarios sino de explorar cómo la palabra puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En otro conversatorio, dedicado a los diez años de la Cátedra de Paz, la pregunta central parece atravesar todo el proyecto del estand: ¿cómo enseñar el conflicto armado sin normalizarlo?

Hay también una insistencia notable en los archivos.

En tiempos donde la información circula a velocidades digitales y donde la verdad parece fragmentarse en versiones instantáneas, el CNMH insiste en el valor material de conservar. Talleres sobre archivos personales, documentos desclasificados, archivos orales, acervos comunitarios: todo apunta a la misma idea. Un país sin archivos termina condenado a depender de la versión del más fuerte.

Quizá por eso uno de los espacios más conmovedores de la programación sea el dedicado a “Archivos en resistencia”, donde se dialoga sobre desaparición forzada a partir del Colectivo 82 colombiano y el caso Ayotzinapa en México. Allí la memoria deja de ser únicamente conmemoración y se vuelve también investigación criminal, búsqueda obstinada, prueba contra el olvido.

Pero el estand no se instala únicamente en el pasado. Hay una voluntad permanente de discutir el presente colombiano. Conversatorios sobre violencia contra movimientos políticos, transformaciones del conflicto después de los acuerdos de paz, memoria ambiental, territorios y Paz Total muestran que el Centro intenta escapar de la tentación museográfica de congelar la violencia como si perteneciera únicamente a otra época.

En realidad, lo que el estand pone en escena es algo más incómodo: que el conflicto colombiano no ha terminado de convertirse en pasado.

Quizá por eso Córdoba ocupa un lugar especial dentro de la programación. El homenaje al departamento funciona casi como un eje narrativo subterráneo del estand. Informes sobre el Bloque Córdoba, discusiones sobre Santa Fe de Ralito, memorias ambientales, archivos territoriales: todo compone una especie de radiografía fragmentada de una región donde la violencia paramilitar dejó marcas profundas y todavía insuficientemente narradas.

Ahí está quizá la verdadera apuesta del espacio.

No se trata únicamente de recordar lo ocurrido. Se trata de preguntarse qué hacemos con eso mientras seguimos viviendo.

En algún momento de la tarde me detengo frente a uno de los micrófonos abiertos donde víctimas y funcionarios leen textos relacionados con memoria histórica y derechos humanos. La escena tiene algo frágil. En una feria dominada por la velocidad del consumo cultural, alguien decide leer en voz alta un fragmento sobre desaparición, desplazamiento o resistencia campesina. Y algunas personas se detienen. Otras siguen caminando. Algunas escuchan apenas unos segundos antes de irse.

Pero incluso esa fragilidad parece importante.

Porque el estand no intenta producir unanimidad emocional. No busca obligar al visitante a conmoverse. Más bien abre la posibilidad de una conversación pública donde la memoria no aparezca como imposición moral sino como experiencia compartida.

Tal vez por eso el diseño abierto resulta tan coherente con el concepto institucional. El territorio habla, el centro escucha. La frase adquiere sentido espacial. El visitante no atraviesa puertas ceremoniales ni corredores oscuros preparados para una experiencia inmersiva controlada. Aquí uno entra como entra a una plaza o a una conversación.

Y quizá esa sea la gran diferencia.

Muchos espacios sobre memoria en el mundo terminan convirtiendo el dolor en escenografía. Este estand parece intentar lo contrario: devolverle humanidad cotidiana.

Incluso en los detalles más pequeños aparece esa búsqueda. Los juegos colaborativos como Cosechas de memoria y verdad, las coplas campesinas, los jardines simbólicos, las conversaciones sobre naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Todo insiste en una memoria menos monumental y más comunitaria.

No una memoria vertical sino horizontal.

Mientras cae la tarde sobre Corferias y la feria empieza lentamente a vaciarse, el estand mantiene una especie de temperatura humana extraña. No parece agotarse con el paso de las horas. Quizá porque allí la gente no entra solamente a consumir contenidos culturales sino a reconocerse. O a intentar hacerlo.

Pienso entonces en algo que decía Pamuk sobre los museos pequeños: que su verdadera fuerza consiste en acercar las grandes historias nacionales a la escala íntima de las personas comunes. El espacio opera exactamente así. Toma la enorme maquinaria abstracta del conflicto armado colombiano y la devuelve a la dimensión concreta de las voces, los archivos familiares, los relatos locales, las fotografías, las canciones, los dibujos infantiles.

La memoria deja de ser una categoría jurídica o académica y recupera algo esencialmente humano: la necesidad de contar lo vivido antes de que desaparezca.

En Colombia, donde tantas veces el lenguaje oficial ha intentado domesticar el horror mediante cifras, el estand del CNMH propone otra velocidad narrativa. Más lenta. Más abierta. Más vulnerable también.

Y quizás allí resida su valor más profundo.

Porque escuchar de verdad siempre implica el riesgo de transformarse.

La respuesta que hoy intenta mostrar la UNAD es sí.

La institución, especializada en educación abierta, virtual y a distancia, se convirtió además —según un reciente informe de la Contraloría General— en la única universidad pública colombiana capaz de sostener la mayor parte de su operación con recursos propios. Un contraste marcado frente a la realidad del resto del sistema universitario estatal, donde la dependencia de las transferencias nacionales sigue siendo la norma.

El anuncio llega en un momento particularmente sensible para las finanzas públicas y para el debate sobre la sostenibilidad de la educación superior. Mientras varias universidades del país advierten sobre presiones presupuestales y déficits crecientes, la UNAD exhibe un modelo que mezcla virtualidad, cobertura nacional y control del gasto como fórmula de estabilidad.

“Cuando la educación pública se gestiona con innovación, transparencia y sostenibilidad, puede alcanzar la máxima confianza financiera sin renunciar a su misión social”, aseguró el rector Jaime Leal Afanador tras conocerse la decisión de la calificadora.

Parte del reconocimiento se explica por el modelo operativo que la universidad ha consolidado durante más de una década. Según cifras divulgadas por la institución, formar a un estudiante en un esquema universitario tradicional puede costar cerca de 27,9 millones de pesos al año. En la UNAD, en cambio, el costo ronda los 3,1 millones.

La diferencia no es menor. El sistema híbrido y virtual le ha permitido ampliar cobertura, abrir nuevos centros regionales y aumentar ingresos sin replicar los costos de infraestructura y operación de una universidad presencial tradicional.

Para Leonardo Urrego, la calificación no responde a un solo indicador financiero, sino a una combinación de factores: crecimiento sostenido de ingresos, control operativo, diversificación de fuentes de financiación y capacidad institucional de adaptación.

También influyó el manejo prudente del endeudamiento y la existencia de mecanismos de gobierno corporativo y rendición de cuentas que, según BRC Ratings, fortalecen la confianza sobre la administración de los recursos públicos y propios.

La obtención de una calificación AAA suele asociarse con empresas privadas o entidades financieras. En el caso de una universidad pública, el significado es distinto: implica que el mercado considera que la institución tiene una capacidad “extremadamente fuerte” para cumplir sus obligaciones financieras y sostener su operación en el tiempo.

Pero el caso de la UNAD abre además una discusión más amplia sobre el modelo universitario estatal colombiano. Mientras históricamente el debate se ha concentrado en la insuficiencia de recursos públicos, esta experiencia pone el foco en la eficiencia administrativa, la transformación digital y la capacidad de generar ingresos propios.

Desde la universidad insisten en que el superávit reportado por la Contraloría —superior a los 35 mil millones de pesos— no debe leerse como una utilidad empresarial, sino como capacidad de reinversión en tecnología, laboratorios y permanencia estudiantil.

En otras palabras, el argumento institucional es que la sostenibilidad financiera no necesariamente contradice el carácter público de la educación.

El reconocimiento también tiene implicaciones reputacionales. En un mercado laboral cada vez más competitivo, la solidez institucional se convierte en un elemento adicional para estudiantes y egresados.

“La señal es que el título proviene de una universidad pública reconocida no solo por su cobertura y modelo educativo, sino también por su sostenibilidad y buen gobierno”, señaló Leal Afanador.

La pregunta que queda abierta es si el llamado “Modelo UNAD” puede replicarse parcialmente en otras universidades estatales o si responde a condiciones excepcionales derivadas de su naturaleza virtual y de educación a distancia.

Por ahora, la institución parece haber encontrado una fórmula que combina expansión, cobertura y sostenibilidad financiera en un sector donde esas tres variables rara vez avanzan al mismo ritmo.

Paola Sangolquí creció yendo a la playa junto a lobos marinos, iguanas y zayapas en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Habitar un sitio donde la vida silvestre no teme a los humanos y que ella llama hogar le hizo sentirse muy privilegiada. Eso la motivó a dedicar su vida a proteger la naturaleza. Años después, sus esfuerzos por salvar al petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) de la extinción la hicieron ganadora del Premio Whitley 2026, el principal galardón ambiental del mundo.

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“Es un reconocimiento al trabajo colectivo de todas las personas con las que trabajo”, dice Sangolquí, bióloga marina, desde Londres, donde recibió una estatuilla de manos de la princesa Ana del Reino Unido. La conservación en Galápagos es posible gracias a guardaparques, biólogos, científicos, agricultores, pescadores y muchos otros actores, dice.

No recuerda la primera vez que vio un petrel, pero está segura de que le pasó lo que a muchos galapagueños: no sabía identificar la especie. La suelen confundir con la pardela de Galápagos (Puffinus subalaris). Aunque son similares, su padre, guía de aves, le enseñó a diferenciarlas. “Tienen una mancha en la parte frontal, son de tamaño mayor y son elegantes al volar. Entonces empecé a ver la belleza del ave”, relata.

El petrel de Galápagos, una especie que solo anida en el archipiélago, empezó a verse amenazado cuando los seres humanos llegaron a las islas. Con ellos llegaron roedores, gatos y cerdos, que crecieron de manera descontrolada y empezaron a alimentarse de huevos y crías de las especies que estuvieran a su alcance.

Como resultado, la población se desplomó de 27 000 parejas reproductoras en la década de 1970 a menos de 3500 apenas diez años después. La especie está clasificada como Críticamente amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se trata de una categoría previa a la extinción en estado silvestre.

El premio no es solo un reconocimiento, sino que entrega a los ganadores fondos para continuar con sus iniciativas de conservación. Sangolquí y el equipo de la fundación Jocotoco ampliarán un proyecto en Santa Cruz que trabaja junto a comunidades locales para proteger los sitios de anidación del petrel, investigar los movimientos de esta ave oceánica y trabajar con niños de escuelas locales para fortalecer el conocimiento y protección de la especie.

En diálogo con Mongabay Latam, la bióloga marina explica por qué conservar al petrel.

El petrel conecta el océano con los cerros

—¿Qué la impulsó a conservar el petrel de Galápagos?

—Los petreles son aves oceánicas que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar y regresan después de seis o siete años a tierra, una vez que alcanzan la madurez sexual, solo para anidar.

Anidan exclusivamente en Galápagos, sin embargo, se conoce poco sobre ellos en nuestras islas. Tendemos a confundirlos con otra ave parecida o no le damos la importancia cultural y ecológica que tiene.

Algo que me encanta es que los petreles nos recuerdan que todos los ecosistemas están conectados, que somos uno con la naturaleza. Esta ave, a diferencia de otras aves marinas u oceánicas, no anida en las costas, lo hace en la parte alta de las islas, en bosques de Scalesia y Heliconia. Es un ecosistema diferente, donde hay humedad y garúa.

—¿Cuál es la importancia ecológica del ave?

—Los petreles traen consigo nutrientes del mar a las partes altas de la isla, a través de su guano dejan minerales en la tierra. También son indicadores de la salud oceánica. Usualmente están asociados a áreas de productividad, donde se alimentan, entonces, si tenemos productividad tenemos buenas condiciones ambientales.

—¿Cuáles son las mayores amenazas del petrel?

—Las mayores amenazas en sus sitios de anidación son las especies introducidas, como roedores, gatos ferales y cerdos salvajes [porque se alimentan de huevos y polluelos]. También hay especies introducidas de plantas que amenazan al petrel, como la guayaba (Psidium guajava) o la mora (Rubus niveus). En el mar les afecta el calentamiento global porque a mayor temperatura hay menos disponibilidad de alimento. Otra amenaza es la contaminación por plástico.

—¿Cuándo iniciaron el trabajo de conservación?

—La Fundación Jocotoco llegó en 2018 a Galápagos para proteger los petreles. Cuando empecé a trabajar con ellos, hace tres años, ya teníamos la reserva Los Petreles, en [la isla] San Cristóbal, donde cuidamos nidos de petreles. Con los años expandimos los esfuerzos y ahora trabajamos también en las islas Santa Cruz y Floreana.

70 nuevos nidos protegidos en Santa Cruz

En la parte alta de Santa Cruz y fuera del Parque Nacional Galápagos, que cubre el 97 % del archipiélago, se encuentran áreas destinadas a la agricultura y ganadería, donde también anidan los petreles. Allí, los científicos identificaron una zona que no estaba siendo monitoreada, pero que era importante por concentrar gran cantidad de nidos.

Cuando dieron con el sitio, la temporada de anidación estaba por finalizar. Muchos de los pichones habían sido atacados por los animales invasores y solo dos pichones alzaron el vuelo hacia aguas oceánicas, según registró la fundación. “Cuando empezamos a hacer acciones de control de especies introducidas, logramos que 24 pichones volaran”, dice Sangolquí con emoción.

Por eso, el equipo de Sangolquí presentó a la fundación Whitley una iniciativa que busca reforzar el trabajo en colaboración con fincas privadas. El objetivo es fortalecer los vínculos con la comunidad y desarrollar estrategias que beneficien a los finqueros al ampliar el control de las especies introducidas en las áreas de anidación de petreles.

El proyecto además tiene un componente de educación y comunicación. Consiste en organizar salidas de campo con estudiantes de las escuelas locales para que aprendan en los sitios de anidación sobre el ave y las amenazas que enfrenta.

Otra línea de trabajo es la colocación de marcas de rastreo satelital a las aves, una actividad que se realiza con la autorización de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Los especialistas buscan conocer con precisión dónde se alimentan  y cuáles son sus rutas de movilidad.

—¿Cómo identificaron el área de trabajo?

—Hay muchas fincas en Santa Cruz que tienen anidación de petreles y personas y organizaciones que ya trabajan para proteger estas aves. Hay personas conscientes de que tienen nidos en sus propiedades.

Estos 70 nidos con los que estamos trabajando no estaban registrados, son nuevos. Encontramos una zona con un hábitat ideal para la anidación de petreles. Ubicamos los nidos y los georreferenciamos. Como encontramos presencia de aves y huevos, empezamos a intervenir el área.

La zona es como una quebrada. Adentro hay varios nidos entre roquitas o directamente en el suelo, en la tierra, donde se forman pequeñas madrigueras.

Los finqueros son aliados estratégicos

—¿Por qué a los finqueros les interesa ser parte de esta iniciativa?

—Cuando controlas especies introducidas hay un beneficio para los agricultores. En Floreana, junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), estamos tratando de erradicar roedores introducidos. En 2023, provocaron la pérdida del 80 % del maíz. Después de concluir el primer intento de erradicación, los agricultores reportaron cosechar el 90 % del maíz.

Además, en Floreana se busca reintroducir especies localmente extintas, lo cual añade valor en lo turístico y ecológico.

—¿Qué estrategias de control usan?

—La magnitud o intensidad de control varía de isla a isla, pero de manera general usamos cebos que tienen atrayentes para estas especies. Hacemos anillos de estaciones cebaderas alrededor de las colonias. El primer anillo está a 20 metros y después hay otro unos metros más adelante. Los cebos se cambian cada dos semanas.

Nos apoyamos en cámaras que detectan el movimiento y envían señales en tiempo casi real en caso de reconocer algún roedor u otro mamífero introducido. Usamos una combinación entre métodos manuales convencionales y tecnología. Ahora queremos usar inteligencia artificial para mejorar el reconocimiento.

El reto: conocer mejor a los petreles

Los científicos todavía tienen importantes brechas de conocimiento sobre el petrel de Galápagos. El ave, que ronda el medio kilo en la adultez, pasa gran parte de su vida en el mar abierto, buscando alimento principalmente en el Pacífico Oriental, siguiendo rutas de hasta 2000 kilómetros.

Regresa a tierra en abril para anidar en cinco de las 18 islas principales del archipiélago. Es esquivo y anida silenciosamente en cavidades rocosas. Solo sale de noche, para evitar a otras aves que son sus depredadores naturales, para cazar en el mar abierto.

—¿Cómo es un día de trabajo?

—Un monitoreo en Santa Cruz es un día entero de trabajo, desde antes de que salga el sol hasta que oscurece. Las zonas de anidación de los petreles no son de fácil acceso, es un esfuerzo caminar y llegar a los nidos.

El área de anidación es como una grieta bastante rocosa por la que tienes que bajar. Cuando llueve se forma una especie de quebrada con mucha agua adentro. Puede ser desafiante por la cantidad de nidos.

Los petreles son aves nocturnas, por lo que para marcarlos esperamos a que lleguen. Lo sabemos porque hacen una vocalización muy linda, parecida a la de un pavo real. Llegan, aterrizan y van a su nido.

Entonces empiezas a trabajar. Es desafiante porque lo tienes que hacer en el menor tiempo posible para no perturbar a la especie. A veces llegan temprano y otras a las tres de la mañana. Hay que estar a la expectativa.

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—¿Cómo reaccionan las aves durante el marcaje?

—Marcamos 15 individuos. La Dirección del Parque Nacional Galápagos tiene guardaparques super experimentados en la manipulación del ave y nuestro equipo también tiene mucha experiencia. Si por alguna razón hay una ave nerviosa o inquieta no se lo hace, pero en términos generales, la naturaleza en Galápagos no responde de manera evasiva al ser humano.

A final del año esperamos tener un mapeo más claro de dónde se alimentan los petreles que anidan en Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal. Queremos conocer más de la ecología de la especie, que de momento no se ha descrito a totalidad. Tenemos datos preliminares que sugieren que las colonias de San Cristóbal y Floreana se alimentan en áreas diferentes.

La comunidad se involucra en la conservación

—¿Qué falta para proteger a los petreles y evitar su extinción?

—Dentro de Galápagos estamos dando los primeros pasos para estandarizar las metodologías de control de especies invasoras y de monitoreo de los petreles.

Buscamos que quien quiera monitorear el ave lo haga de tal forma que la información que se genere se entregue a la autoridad ambiental en un formato útil y con recomendaciones asociadas. El objetivo es que se sigan generando políticas de conservación, inclusive no solo dentro del área protegida, sino apuntando a formalizar algún tipo de colaboración entre la autoridad ambiental y los dueños de fincas donde sabemos que anidan las aves.

Si bien los petreles anidan dentro de Galápagos, cuando se alimentan lo hacen fuera de la Reserva Marina, [donde enfrentan riesgos como la pesca con palangre]. Además, a nivel regional hay otras especies que enfrentan amenazas similares.

Mirando a futuro, apuntamos a compartir este conocimiento y técnicas, pero también aprender de otros países y regiones va a ser clave para conocer el estado de la población del petrel y, a mediano o largo plazo, poder decir que la población se está recuperando.

—¿Qué le da esperanza para continuar con esta labor?

—Técnicamente hablando, me da esperanza ver que los números aumentan de un año a otro. Como tenemos cámaras trampa en los nidos, podemos ver el crecimiento del pichón y ver cómo entran y salen los padres para alimentarlo. Se vuelven como nuestros pequeños hijos y verlos volar es esperanzador.

Como miembro de la comunidad, ahorita hay momentum para conservación en muchas partes, no solo en Galápagos, porque vemos que la naturaleza ha respondido a las amenazas actuales con inundaciones y otros desastres naturales.

En el caso de los petreles hemos recibido muchos voluntarios locales que han ayudado en el monitoreo. Ver ese empoderamiento, ese involucramiento y poder visibilizar que la conservación en Galápagos puede ser hecha por personas de la comunidad es super esperanzador. ¿Si no protegemos nuestro hogar, quién lo va a hacer?

*Imagen principal: Paola Sangolquí es bióloga marina galapagueña y la segunda ecuatoriana en ganar el premio Whitley. Foto: cortesía Bryan Pérez Saltos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“… cuando una mujer campesina decide narrarse, no solo escribe su historia: abre un camino para que otras también lo hagan”: Ana Patricia Collazos, editora y prologuista del libro “Mi historia”, sobre la vida de Argenys Rojas Hoyos.  

En medio de las carencias en que se crío, Argenys intuyó desde pequeña que un día sería alguien importante. Mientras soñaba despierta entre cafetales, hacía las labores de cualquier jornalero en la finca de sus padres, donde vivían de coger café. La falta de energía eléctrica no era la única carencia.

Hizo el bachillerato por radio hasta el grado noveno, y décimo y once en un colegio de su natal Timaná, caminando diez kilómetros diarios, muchas veces aguantando hambre.

No se había graduado aun cuando tuvo que enfrentar la primera de dos tragedias familiares: el suicidio (por envenenamiento) de su padre, en junio de 1998, apenas una semana después de ella cumplir 17 años.  

“Los investigadores nos culpan a nosotros de la muerte de él. Imagínense, nosotros unos chinos. Nos conducen a todos a la Fiscalía para investigar el homicidio, nos preguntaron una y otra vez qué sabíamos sobre la decisión de mi papá. Nosotros no sabíamos nada, fue una decisión que él tomó, personal. Lo único que puedo decir es que siempre, desde que yo recuerdo, cuando mi abuelo se suicidó a mi papá se le metió en la cabeza esa idea también”, relata en el libro.

Los seis hermanos y la viuda debieron seguir adelante con sus vidas. Dos años después, en octubre de 2000, su hermano murió en un accidente de tránsito. “A él se le estalló el corazón, la caja torácica se le comprimió, y la masa encefálica le quedó expuesta”, me cuenta Argenys en una conversación vía WhatsApp.

Con la muerte del hermano, iniciaron el proceso de demanda contra el gerente de un banco que ocasionó el accidente por imprudencia. “El señor tenía que parar y no paró. Luego dijo: ´ante los ojos de Dios, yo maté a ese muchacho, pero que me lo prueben ante los ojos del mundo´. Y eso fue lo que no pudimos probar”.

Perdieron el proceso, pues lo declararon caso fortuito, sin posibilidad de reabrirlo. “El poder y la plata prostituyen los procesos. En el libro no están esas palabras, pero a usted se lo digo”, relata hoy, atragantada por el recuerdo.

Sobre la tumba de su hermano, Argenys juró que sería abogada “para que a la gente pobre no le pasé lo que nos pasó a nosotros”. En la casa la tildaron de loca, le decían que eso era cosa de ricos. Mientras tanto, libraba su propia batalla interior. Con dos duelos encima, sintiéndose culpable por la muerte del papá, buscó respuestas hasta en el más allá: pasó por un convento, hizo varios ´viajes´ a través del yagé y cayó en manos de espiritistas-, hasta que tuvo un accidente y, como dice, conoció de Dios.

“Crecimos con unos papás analfabetas, sin quién lo orientara a uno; cuando yo necesitaba entender la vida, la respuesta que recibía era la misma: ´yo no sé, usted verá´. Este ha sido el consejo de mi mamá: ´Si tiene con qué, cómprelo´, así que desde los 11 años tuve que encargarme de mis cosas”.

El único juguete de infancia fue una muñeca de pelo azul. En su casa nunca supieron lo que era celebrar un cumpleaños, menos una fiesta de 15.

En medio de esas circunstancias complejas, que no presagiaban un final feliz, Argenys le demostró al mundo, pero especialmente a sí misma y a los suyos, que vale la pena apostar por uno. No solo se hizo abogada de la Universidad de la Amazonia –hoy ejerce como defensora pública-, sino que se especializó en Derecho Contencioso Administrativo y obtuvo su Maestría en Derecho Público, con préstamo de los bancos y la ayuda de sus amigos.

“Yo siempre he dicho que, gracias a Dios y a los amigos, estoy donde estoy, ellos me han impulsado y me han ayudado, por ello yo creo en la amistad”, relata en el libro.

Todo empezó con 50 mil pesos que tenía en sus bolsillos. “A mí en la casa me daban la pasilla (lo que queda luego de zarandear el café) y yo la vendía. Esos cincuenta mil los convertí primero en un millón y los puse a ganar intereses (…) hasta que tuve cinco millones de pesos…”.

Y sí, póngale la firma, hoy es una persona importante, pero con su esencia de mujer campesina intacta. Me muestra una fotografía suya en medio de un paisaje cafetero vasto y bellísimo en las laderas de la vereda de Pantanos (Timaná, Huila), y me dice sin titubear: “Ahí haré un mirador para cuando esté viejita”.

Y le creo, porque después de conocer su vida, a través de las 222 páginas de “Mi historia”, que así se titula su autobiografía, publicada por la editorial Tierra de Palabras-, uno puede entender el poder de aquello que se decreta. Esas palabras que nacen del corazón y del alma, pero también desde las tripas, porque este libro se escribió primero con las entrañas y luego con tinta.

Leerlo es como estar ahí, en la sala de la casa de Argenys, escuchándola hablar, tal cual como es ella, con desparpajo, sin adornos, directa con las frases, orgullosa de la tierra que la parió el 9 de junio de 1981.

Argenys en su natal Timaná, Huila.

“Sin campo no hay ciudad, si nosotros paramos la ciudad no sobrevive”: Argenys Rojas, caficultora huilense.  

Es la doctora Argenys cuando se para en los estrados judiciales. Es la exconcejala a la que todos saludan en el pueblo. Es la caficultora que se formó de manera empírica desde niña y convirtió su pequeña herencia (menos de una hectárea de tierra), en una empresa que hoy produce un café especial premiado por su calidad y exquisitez, con ventas a Rusia, Israel y República Checa. La marca se llama Café Horo, “con H de Hoyos por mi mamá y el Rojas de nosotros”, dice.

Con la pandemia, dejó códigos y leyes a un lado y volvió a los cafetales para apoyar a su hermano; con ese lote de café ganaron la Taza de oro del Yara Champions en 2020, con una puntuación de 86,47.

La hacienda está ubicada en un lugar bendecido por las condiciones climáticas. “… en el día hace sol y en la noche cae mucho sereno lo que produce un choque térmico que hace que los azúcares se concentren mucho más en el grano de café”, relata en el libro.

Pero también es la líder cafetera, que goza de la admiración y el respeto de la Federación Nacional de Cafeteros, pues hoy ocupa dos sillas importantes: un asiento en el Comité Departamental de Cafeteros del Huila (al cual representó como productora en el III Foro Mundial de Cafeteros, en Ruanda, África) y otro asiento como delegada suplente en la junta directiva de “Juan Valdez”, reelegida el 25 de marzo para un periodo de dos años. Además, El Espectador la reconoció como Personaje del Año 2025. Actualmente cursa un doctorado en Derecho en una universidad mexicana, “para que me digan doctora de verdad”.

Le pregunto si todavía sueña despierta. Sonríe y dice que le falta aprender a bailar San Juanero y a tocar guitarra.

Este domingo 3 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá, Argenys Rojas Hoyos presentará el libro “Mi historia”: (Corferias, Carpa Cultural, 7:00 de la noche)

En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Nassau, la capital de Bahamas, fue este año la sede de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Durante cuatro días, entre el 21 y el 24 de abril, los representantes oficiales de 27 países de Latinoamérica y El Caribe —suscritos al acuerdo—  estuvieron reunidos para debatir y aprobar diez decisiones que involucran temas como acceso a la justicia, contaminación, la transversalización de género en las decisiones, defensores ambientales, entre otros.

El Acuerdo de Escazú es un  tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. De los 27 países que han firmado el acuerdo, 19 de ellos han ratificado su adhesión. El último en sumarse ha sido Trinidad y Tobago.

“En un mundo donde se cuestiona el multilateralismo, en el que la institucionalidad y los derechos son puestos en duda, con esta reunión reafirmamos nuestra voluntad de marchar unidos, de asegurar derechos y lograr que nadie quede atrás”, dijo durante la sesión de apertura Óscar Caputi, Subsecretario de Ambiente de Uruguay, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia de las Partes.

En conversación con Mongabay Latam, representantes de la sociedad civil que asistieron a la conferencia en Bahamas destacaron como los temas más importantes los debates sobre defensores ambientales y justicia ambiental, la decisión de elaborar un registro de emisiones contaminantes y la aprobación  de la metodología para la presentación de informes de los países en las conferencias de las partes.

En la reunión también se eligió a la siguiente Mesa Directiva que estará presidida por el país caribeño San Cristóbal y Nieves e integrado en las vicepresidencias por Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. La siguiente cita será en 2028.

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Los acuerdos sobre justicia ambiental

“Esta COP se da en un escenario de crisis del derecho internacional, pero también es un escenario de oportunidad. En ese contexto se está poniendo sobre la mesa la protección de las personas defensoras del ambiente, se está sacando ese elefante debajo de la mesa que no se ha resuelto en nuestra región. Este es el punto más sensible en esta COP”, señala Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.

Torres menciona que un tema que ha quedado fuera de las decisiones ha sido el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia. En ese sentido, menciona que se “vivió un momento intenso” en estas discusiones y que pese a la insistencia no se llegó a un consenso.

“Los pueblos indígenas seguimos siendo excluidos. Es un acto muy discriminatorio”, cuestiona el líder indígena peruano Jamer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio (Aladti)  ante la decisión de no aprobar el pedido para precisar de forma explícita la incorporación de pueblos indígenas y comunidades locales en el grupo ad hoc sobre acceso a la justicia

Manihuari comenta que desde la sociedad civil “se construyó una propuesta para la incorporación de los pueblos indígenas”, sin embargo, “en el debate  para alcanzar la decisión de incorporación, pocos países respaldaron la propuesta”, comenta.

“Hay una gran exclusión de los pueblos indígenas. Nosotros no podemos ser un actor más en la sociedad y en el público, porque tenemos un sistema de gobernanza propio y una forma de ver las cosas territorialmente. No están tomando en cuenta que somos los que sufrimos las amenazas de manera continua en el territorio. Entonces, ¿qué acceso a la justicia nos garantizan? Hablan de pueblos indígenas sin la participación de los pueblos indígenas”, cuestiona.

Joaquín Salinas, coordinador de documentación y acompañamiento de la Fundación Escazú Ahora en Chile, también mostró su preocupación por la falta de acuerdo ante este pedido de incorporación de los pueblos y comunidades indígenas en el grupo de acceso a la justicia. “Los estados no llegaron a un acuerdo. Es una situación preocupante. Distintos pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica han empezado a pronunciarse”.

En el documento aprobado sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales se exhorta a los países a avanzar en la implementación mediante “la adopción de medidas para reducir o eliminar barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y la atención a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. También se invita a juristas, universidades y asociaciones de abogados a unirse en esta causa, además que se definió la creación del grupo de trabajo  ad hoc sobre el tema.

Por otro lado, Salinas mencionó otros temas relevantes en los que se lograron avances, uno de ellos es la transversalización de género en las decisiones. “Es un paso relevante que se viene discutiendo desde la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Argentina, que permite transversalizar la materia de género en todos los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional y también a nivel de cada uno de los países”.

Otro tema relevante ha sido el establecimiento de los registros de emisiones y  transferencia de contaminantes. En el documento oficial se destaca la elaboración del informe Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones. También se precisa que quedó establecido  un grupo técnico de expertos que deberá elaborar una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y el fortalecimiento de los registros de emisiones y transferencia de contaminantes en los países, tomando en cuenta elementos comunes, estándares técnicos, mecanismos de asistencia técnica y criterios adaptables a diversos contextos.

“Se trata de un primer paso hacia la generación de datos que brinden mayor transparencia y permitan tomar decisiones informadas. Grupos de expertos continuarán trabajando para el alineamiento regional del registro de emisiones de cara a la COP5 a celebrarse en 2028”, señala Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. Fernández agrega que países como Argentina, Brasil, Belice, Jamaica, Uruguay, Perú y Costa Rica tienen actualmente estos registros en una fase inicial.

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El debate sobre defensores ambientales

Un tema central el último día de la conferencia fue el debate sobre defensores ambientales. Durante la sesión, Joara Marchezini, representante electa del público, señaló que se está elaborando un informe con “las voces reales” para contribuir con el diagnóstico regional sobre la situación de los defensores ambientales. “Es difícil recopilar información de algunos países de la región por seguridad, porque cuando se hacen denuncias hay represalias”, comentó.

Durante su intervención, Marchezin también mencionó que han recibido información de 15 países de Latinoamérica y el Caribe sobre la violencia física, asesinatos, criminalización, desplazamientos forzados de los que son víctimas los defensores ambientales. Además, se refirió a la estigmatización que sufren las personas defensoras y al aumento significativo de los ataques online y las agresiones en los eventos públicos.

En la cita, desde la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los problemas crecientes que enfrentan los defensores ambientales debido a las “leyes o medidas vinculadas al orden público y la seguridad” que ejercen presión sobre ellos. También se mencionó que muchos defensores se ven obligados a abandonar sus territorios y países ante las crecientes amenazas y lamentó que actualmente esté ocurriendo “una crisis de financiamiento para la sociedad civil en el tema de seguridad”.

La participación del público —que cuenta con representantes elegidos— es abierta en las conferencias de las partes del Acuerdo de Escazú, quienes pueden asistir y proponer temas de debate en las reuniones oficiales.

“Queda un arduo trabajo en el avance del Plan de implementación de defensores, que fue un tema de trabajo de esta COP desde la primera sesión”, destacó Irene Murillo, representante elegida del público para esta cuarta conferencia. En ese sentido, aseguró que la elaboración de este plan es urgente y “su ejecución es fundamental porque la violencia contra las personas defensoras no cesa”. Murillo agregó que los representantes electos del público presentarán un reporte sobre este tema a principios de 2027.

Durante la cumbre otro de los asuntos centrales fue conocer cómo los países están avanzando en la implementación de sus hojas de ruta para cumplir con el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, Vanessa Torres, de Colombia, destaca como un buen avance la aprobación de la metodología para la presentación de la hoja de ruta de los países.

Torres comentó que su país es el más peligroso para la defensa del ambiente, con innumerables conflictos socioambientales, pero destaca que “desde el gobierno actual se plantea un escenario de voluntad política que se materializó con la ratificación del Acuerdo de Escazú y con la consolidación de una hoja de ruta y un sistema de gobernanza a nivel nacional”, señala sobre la participación de Colombia.

La subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad también destacó que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de afrodescendientes, aunque menor que en versiones anteriores, ha sido muy importante y “ha fortalecido los temas técnicos respecto al Acuerdo de Escazú”. Torres resaltó que a través de la participación del público “se plantean soluciones de manera directa y rápida, porque estamos en el espacio de negociación, de esta forma se evita que sean negociaciones a puerta cerrada que nadie conoce”. También comentó que hay países que llegan con tensiones y denuncias de vulneración de derechos humanos, como ha sido este año el caso de Ecuador “con la denuncia sobre el proceso del [Parque Nacional] Yasuní y las demandas que han presentado contra el Estado”.

Cristian Fernández, de FARN , señaló que la decisión con relación a las emisiones, en el caso de Argentina, guarda una estrecha relación con la industria hidrocarburífera. “Esta recopilación constituye la línea de base para diseñar políticas públicas orientadas a la reducción de emisiones y establecer límites máximos a las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. También resulta de utilidad para monitorear la calidad del aire y del agua en zonas en las que la extracción de hidrocarburos produce altos impactos ambientales y daños en la salud de las personas”, agregó.

Fernández también dijo que “en tiempos de líderes regionales y globales que niegan el cambio climático y crisis del multilateralismo y la cooperación internacional, espacios como la COP de Escazú resultan fundamentales”.

Iris Olivera, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en Perú, destaca la participación del público en la conferencia. “Valoramos el esfuerzo de haber recibido recomendaciones del público, tanto antes como durante la COP, que llega con muchas expectativas y tiene preocupaciones respecto a los problemas ambientales y sociales que enfrentan en sus territorios”, en ese sentido, “destaca la participación de los pueblos indígenas”.

Olivera también menciona que desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de lograr una articulación del enfoque del Acuerdo de Escazú con otros acuerdos y compromisos ambientales y climáticos a nivel global.

Imagen principal: la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizó en Nassau, Bahamas.  Foto: CEPAL.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”.