Confieso que este tema no me atraía hasta que hace un mes debí hospitalizarme en un centro de salud mental. Desde que ingresé entendí que era un privilegio: mi seguro cubría todo, y en la primera clínica que consulté. 

El 25 de octubre no fue un buen día para mí ni para las 20 personas que ingresamos a la clínica Montserrat. Sin embargo, fuimos más las que tuvimos una mejor estadía: entramos al pabellón B y logramos, esa misma noche, tener un cuarto en el lugar más adecuado para cada una, según el diagnóstico inicial.

Unas cinco personas de las que estaban conmigo en el pabellón B entraron en la penumbra de la remisión: buscar una clínica que cubriera su seguro. A una de ellas la llamaré Ana*. Ana lloró muchísimo porque le indicaron que iba a la Clínica la Paz; según ella, “la peor clínica psiquiátrica en Bogotá”. Sin saber mucho del tema pero tan inquieta como siempre, salí 20 días después a investigar sobre clínicas y aún sigo sin saber nada de la “aterradora” Clínica la Paz que le robó la calma a Ana. Su página web no funciona, y en estos tiempos digitales todos sabemos que eso no es una buena señal. 

Regresemos en el tiempo, ya que las palabras siempre lo permiten. El día de mi hospitalización entré a las 12 del mediodía. A las 10 pm ya tenía un cuarto, una psiquiatra asignada y enfermeros que estaban a mi disposición. Sinceramente, aún estando en un psiquiátrico pensaba que soy una privilegiada y lo sigo confirmando al ver las cifras. Es 2022 y en Colombia solo hay un psiquiatra por cada 38.000 habitantes. Me detengo de nuevo ante esa cifra absurda, y agradezco que uno de ellos me atendió cuando lo necesité. 

Mi diagnóstico es trastorno mixto de ansiedad y depresión. Aunque cuesta hablar de salud mental, hoy sé que no soy la única a la que esas dos palabras acompañan: a nivel mundial, el 5% de adultos padecemos depresión. Estuve a punto de hacerme daño y no poder escribir esta columna. No sabía qué estaba pasando. Por eso estuve durante 20 días, sin interrupción, en un tratamiento en la Clínica Montserrat. 

Incluir ese detalle -sin interrupción- no es un adorno ni un capricho; es un dato relevante en un país como el mío. De mis compañeras de hospitalización, al menos tres fueron remitidas cada día hacia otro centro. Su seguro no les cubría más la clínica. 

¿Qué significa esto? Retraso en el tratamiento, tener que adaptarse a otro sitio, a un psiquiatra nuevo y, en ocasiones, hasta a una marca diferente de medicamentos. Esos cambios entorpecen el tratamiento y alejan cada vez más la tan anhelada recuperación. Además, son situaciones que contradicen lo que estipula la ley 1616 de 2013, que contiene disposiciones para garantizar el derecho a la salud mental, la prevención y atención integral en consonancia con el artículo 49 de la Constitución Política.

Muchos dirán “esto es Colombia” y seguirán con sus vidas, pero quienes recibimos un diagnóstico que compromete nuestra salud mental respondemos “eso no es vida”. En Colombia no contamos con una política pública seria que se encargue de la prevención y atención en salud mental. 

Según la OMS, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Mientras escribo este párrafo, pienso en las personas que no reciben atención, que no tienen el privilegio de que alguien les dé la mano que necesitan y que tantas veces no encuentran. Pienso en los que mueren por esta causa en el mundo porque en Colombia tampoco tenemos cifras claras y actualizadas. 

El 10 de octubre, único día del año en que se habla del asunto, el Ministerio de Salud dijo que el 44,7% de los niños tienen indicios de algún problema de salud mental. Lo aterrador no es solo la cifra, sino que no existe un plan de  prevención en nuestro país. O si existe, fallan las comunicaciones y fallan las instituciones porque no encuentro información. Seguramente, tampoco la encuentran las familias y cuidadores de esos niños. Si alguien sabe, por favor, cuénteme.

Ya estoy fuera del psiquiátrico y en tratamiento, y sigo insistiendo en que soy una privilegiada y que esto no debería ser así. TODOS TENEMOS DERECHO A ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. Cuidar la salud es costoso, todos lo sabemos. Para poder tener un buen seguimiento a mi salud mental estoy pagando los medicamentos y las citas de psiquiatría y psicología particular, porque por el seguro se demora una eternidad y necesito mi atención de forma permanente y continúa. Cada mes invierto la mitad de mi salario en estos gastos. Para lo demás, me ayudan mis papás. Pero, ¿y los demás?

Qué es de mis compañeros del psiquiátrico que ya completaban un recorrido por tres clínicas seguidas. Qué ha sido de ellos y los paseos obligados porque el seguro es un asunto de trámites sin fin. Cómo siguen, cómo pueden seguir, cuando tienen que esperar hasta dos meses para una cita con su psiquiatra y otro más para ver a su psicóloga. 

O, para pensar ahora en los más cercanos, qué será de mis amigos del pueblo que aún no saben que tienen un problema de salud mental y simplemente emborrachan la situación. Porque en este país sigue siendo bien visto ser alcohólico, pero es cuestionable buscar ayuda mental. No solo falta política pública en atención sino también en prevención: el desconocimiento puede llevarnos a la muerte.

Las cifras son altas y preocupantes. ¿Cuántos 10 de octubre deben pasar, cuántos suicidios hay que sumar para que esta realidad llame la atención de quienes deberían estar involucrados activamente? Quiero ser optimista, pero no creo que tengamos calendarios suficientes para seguir siendo indiferentes. 

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Como vivimos en “modo electoral y mundial”, va este paralelo entre la política nacional e internacional con el mundial de fútbol. Para ganar en ambos campos, todo dependerá del número de votos obtenidos, de las bajas causadas al equipo y Estado contrario y de los goles anotados. Por eso las candidaturas presidenciales harán hasta lo imposible en busca de más votos y los jugadores de cada selección en el mundial por anotar más goles. Poco les importará los medios que utilicen para ello. Al final, lo que cuenta es la victoria, ya sea en el estadio o el campo de batalla. Vale denigrar al contrario y llamarlo terrorista o fascista, “guerrillo” o “para”, también las jugaditas sucias para lesionarlo y sacarlo del campo. Lo crucial es contar con una hinchada de fanáticos incondicionales, de barras bravas leales dispuestas al combate, incorruptibles y que vayan a las urnas y la guerra sin dudarlo. Claro que lo más importantes es contar con financiadores generosos, poco importa el origen de sus recursos y los compromisos que se adquieran con ellos tras bambalinas, asegurándoles futuras contrataciones públicas, nombramientos, decisiones y políticas sociales contra el resto de los adversarios y sus mayorías en las tribunas y fuera del estadio. De nada sirve jugar bien, lucirse y respetar todas las reglas si al final se pierde. Hay que contar con el mayor número de aliados e incluso aparecer como un outsider independiente, arrepentido de su pasado pecaminoso por no ser creyente y así cautivar a los miles devotos de iglesias cristianas que obedecen ciegamente a sus pastores, como lo hace Abelardo, el converso[i].

 Las victorias son irreversibles, no las derrotas.

Todos los candidatos y jugadores saben que una vez culmina el escrutinio electoral y suena el pitazo final, ya no hay vuelta atrás. La victoria será inobjetable y nadie creerá en las denuncias de los derrotados, que serán consideradas falsas y solo calumnias de la oposición. Así sucedió con el robo de las elecciones a la ANAPO en 1970[ii], que irónicamente dio origen al M-19 y llevaría al actual presidente Petro a la Casa de Nariño después de 52 años, pero esta vez con el pueblo y sus votos en las urnas, no con las armas, como pretendieron sus fundadores en respuesta al fraude electoral. Se repetiría la historia en 1994, pero al revés, pues los votos llevaron a Samper a la presidencia, gracias al generoso auxilio del narcotráfico en la segunda vuelta, ya que nadie creyó en las denuncias tardías de Andrés Pastrana. Tanto la victoria electoral de un candidato como el triunfo de un equipo de fútbol, una vez terminados los escrutinios y sonado el silbato del árbitro, son hechos irreversibles y concluyentes. De nada valen los cuestionamientos y las airadas protestas de los hinchas. Solo con el paso de los años nos enteraremos que algunas victorias no fueron legales y justas, pero ya de nada sirve. Basta recordar la “mano de dios” de Maradona y el triunfo espurio de Maduro en las últimas elecciones, que hoy tiene gobernando a Delcy Rodríguez en Venezuela y a su equipo de cacócratas auspiciados por MAGA. Todo parece indicar que hoy el juego sucio y el crimen si pagan, pero habrá lugar a revanchas históricas y electorales, como la reciente derrota del iliberal Orban en Hungría, primera baja en el equipo de Trump.

Falta el VAR en la política

Claro que en el mundial con el VAR los recursos y reclamos son más oportunos y eficaces que aquellos legales con los que cuentan los candidatos durante el escrutinio y sus posteriores litigios ante las instancias electorales. Bien lo sabe María Corina Machado, que ni siquiera regalándole a Trump su medalla del nobel de Paz le sirvió de algo. Por el contrario, en el mundial el VAR actuará de inmediato y anulará el gol fuera de lugar, resolverá una falta o decidirá la pena máxima. De haber existido el VAR en el mundial de 1986, la “mano de dios” de Maradona contra Inglaterra no hubiese anotado ese gol celestial que eliminó a los ingleses. Así Argentina cobró revancha de su derrota militar en las Malvinas en 1982. Pero las diferencias entre el juego del poder de la política en las elecciones y de la copa mundial en los estadios son sustanciales. Aunque ambos certámenes comprometen y afectan la vida de todos, desde las alegrías hasta las desdichas y definen la mayor o menor autoestima nacional, solo la política pone en juego de manera masiva e irreversible la vida o muerte de miles y millones de personas. Es verdad que algunos resultados de partidos de fútbol cobran con frecuencia víctimas mortales entre fanáticos. Pero nunca alcanzan la innumerable mortandad de las guerras internacionales y de algunos conflictos armados internos como el nuestro, que desconocen todas las reglas para la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario. Hoy se impone en el campo internacional el juego sucio y sangriento de la guerra, cuyos resultados en ocasiones son más inciertos que los del fútbol. Lo estamos viendo en la brutal asimetría militar de Trump y Netanyahu contra la resistencia sostenida de Irán, Palestina y Beirut, que no se doblegan. De hecho, tanto Estados Unidos como Israel ya perdieron política y legalmente ante la comunidad internacional y la conciencia moral universal, así se impongan militarmente, pues esa victoria los condena a la ignominia histórica en los anaqueles de los totalitarismos nazi, fascista y estalinista.

La política, un juego letal

Ello se debe, me dirán, a que en el fútbol no está en juego el poder geopolítico, cuya esencia es disponer de nuestras vidas, con o sin nuestro consentimiento, desde la cuna hasta la tumba. Que es una frivolidad y ligereza inadmisible cualquier comparación con el fútbol, que nunca pone en riesgo la vida de sus jugadores, ya que es una disputa agonal y sus reglas protegen la integridad y vida de todos en la cancha y hasta fuera de ella. Además, si bien es cierto que la FIFA hace parte del orden internacional y está afectada por el juego sucio del dinero en sus instancias directivas, al menos garantiza el juego limpio en la cancha de fútbol. Todo lo contrario de lo que suelen hacer muchos Estados en sus disputas internacionales. Pero resulta que este mundial enfrenta precisamente ese como su mayor desafío. Para Trump las únicas reglas válidas son las letales que está utilizando en su guerra contra Irán y ya desprecia incluso las del campo de fútbol, la organización del mundial y la competencia supraestatal de la FIFA. Sus reglas preferidas son las impuestas por las amenazas, los aranceles, los bombardeos y sus colosales mentiras, que están a punto de anotarle un autogol en el terreno y arco de su amada MAGA. Así lo indica su naufragio bélico en el estrecho de Ormuz[iii] y la opinión cada vez mayor de estadounidenses contra esa guerra, cuyo costo están pagando con el precio de la gasolina al alza y el aumento de la inflación. Todo parece indicar que las sombras de la guerra se proyectan cada día más sobre los campos de fútbol del mundial.

¿Se jugará el mundial de fútbol?

Bajo el arbitrio criminal de gánsteres como Trump, Netanyahu y Putin, la política internacional se ha convertido en un juego mortal cuyas reglas decisorias las dicta el poder de fuego de sus misiles y el uso intensivo de la IA como táctica militar en manos de sicarios informáticos[iv]. Sicarios que no distinguen entre población civil y combatientes, de una parte, y objetivos militares y civiles de la otra. Un poder militar genocida que desconoce de tajo el Derecho Internacional Humanitario y ha convertido a la ONU en un anfiteatro donde se lee e invoca, con la voz meliflua de su Secretario General, tratados y resoluciones que ofician la ceremonia fúnebre e inhumación del actual orden internacional en los escombros de Gaza, Líbano, Cisjordania, Irán y Ucrania. Y de ese orden y caos internacional hace parte la FIFA, también sometida a la férula belicista de Trump, pues ya incluso amenazó con no garantizar la seguridad de la selección de fútbol de Irán, como lo escribió en su Truth Social: “La selección de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad“. Con semejante bienvenida lo que pone en juego es el propio mundial, ya que como anfitrión no se compromete con la seguridad de uno de sus clasificados, Irán, cuya población hoy está siendo bombardeada e incluso amenazó con destruir en una noche. De allí la pertinencia de la pregunta sobre si se realizará con seguridad y normalidad el próximo mundial de fútbol. Sus estadios, canchas de fútbol, centros comerciales y lugares públicos de sus ciudades pueden convertirse en objetivos militares semejantes a lo que hacen el mismo Trump y Netanyahu en el Medio Oriente contra civiles, solo que en el mundial sería con armas propias de un terror anónimo, ubicuo y personal, no por menor menos letal. Ese terrorismo que Trump denomina doméstico, consecuencia de su terrorismo internacional.

Todos contra MAGA

Lo anterior puede parecer una exageración casi apocalíptica, pero no está muy lejana de una aspiración deportiva cercana a la animadversión mundial que acompañará a la selección de fútbol estadounidense en sus encuentros. Todos los seleccionados jugarán contra MAGA y buscarán su rápida eliminación, sin provocar una lesión mortal en la cancha contra algún jugador estadounidense. Sin producirse ni una baja grave por causa deportiva, si acaso alguna expulsión por juego sucio. No me cabe la menor duda que la selección de las barras y las estrellas solo contará con el apoyo de su afición local, excluyendo obviamente la de millones de migrantes que han sido humillados y menospreciados en campos y ciudades y no la acompañarán, pues MAGA les niega sus derechos para jugar en esa cancha xenófoba e imperial. Es probable, entonces, que asistamos a un acto de justicia futbolística mundial y MAGA sea eliminada en la primera ronda en su propia casa. Entre tanto, esperemos que en noviembre la mayoría de su ciudadanía cobre revancha y dejé en minoría en el Congreso el partido republicano y castigue con una merecida tarjeta amarilla a su presidente, Trump, ese jugador sucio, grotesco y totalmente desleal con las reglas del juego democrático.

Tarjetas rojas para Trump y Netanyahu

Un jugador gansteril que ya tiene tarjeta roja, junto a su cómplice Netanyahu, en el campo del Derecho Internacional y la conciencia de toda la humanidad por las innumerables víctimas mortales de su criminalidad compartida, consecuencia de una codicia imperial sin límite, un fanatismo religioso genocida y una fanfarronería y falsedad que todos los días exhiben ambos en sus jugadas letales. Para muchos, ese desenlace solo sucede en películas dirigidas por Martin Scorsese[v] y está muy lejano del Hollywood imperial, donde casi siempre ganan los buenos del norte con sus legiones de sheriffs inmortales y héroes impunes en nombre del “bien, la libertad y la democracia de America First”. Esa MAGA triunfal que combate a muerte los bárbaros orientales y ahora con su “Escudo de las Américas” defenderá a sus indefensos hijos de las hordas invasoras de migrantes del sur y sus supuestas capilares redes delincuenciales. Pero estoy seguro que ese libreto no será el del mundial y la final se disputará entre una selección del Sur global contra otra de la Europa latina, la cual contará en sus filas con más de un jugador hijo de migrantes africanos, como las selecciones de España y Francia. Siempre y cuando lo permitan el delirio nuclear de Trump azuzado por la criminalidad de Netanyahu y los desvaríos de sionistas cristianos como Pete Hegseth con la legión de fanáticos que los respaldan en su patio e internacionalmente.

[i] https://elpais.com/america-colombia/elecciones-presidenciales/2026-04-12/abelardo-de-la-espriella-capitaliza-su-discurso-como-ateo-arrepentido-para-conquistar-el-voto-evangelico.html

[ii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[iii] https://elpais.com/internacional/2026-04-13/ultima-hora-de-la-guerra-de-estados-unidos-e-israel-contra-iran-en-directo.html

[iv] https://elpais.com/tecnologia/2026-04-13/destacamento-201-la-unidad-del-ejercito-de-ee-uu-dirigida-por-ejecutivos-tecnologicos.html

[v] https://www.imdb.com/es-es/list/ls566600255/

“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”. 

En este punto vale anotar que la Inteligencia Artificial (IA) también impactó a esta industria: ya no basta con almacenar datos, ahora hay que procesarlos a velocidades y densidades que exigen instalaciones radicalmente más sofisticadas. Un data center diseñado para IA puede consumir más electricidad que una ciudad intermedia.

Ante este panorama, la inversión global en este tipo de infraestructura de datos está desatada: en 2025, según estimaciones de Gartner y TechJury, superó los 405.000 millones de dólares. Grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta, Amazon, anunciaron inversiones que no tienen comparación histórica.

América Latina no es ajena a esta ola. Brasil y México lideran la expansión regional, pero Colombia gana terreno con rapidez. El mercado colombiano de centros de datos podría pasar de 450 millones de dólares en 2025 a casi 1.500 millones en 2031, de acuerdo con las estimaciones de Arizton.

Las inversiones ya confirmadas, refrendan esta creciente tendencia. En octubre del año pasado, ODATA anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para dos data centers en Colombia; en febrero pasado, una inversión colombiana y de los Emiratos Árabes construirán otras tres instalaciones. Las señales son claras: el país está en el radar de los grandes operadores globales.

Cali, hub de tecnología

Hay una ciudad que debería estar más presente en esa conversación: Cali. ¿Por qué? Ya mismo se los cuento.

Cuando un operador global decide dónde construir un data center, no solo busca un terreno barato: evalúa energía —disponibilidad, estabilidad y costo—, conectividad digital, agua para refrigeración, costos de construcción, régimen tributario y talento humano. En cada uno de esos criterios, Cali tiene mucho que decir y aportar. Y, en algunos, tiene ventajas que destinos como Ciudad de México, Santiago de Chile o la capital del país no pueden replicar.

La más subestimada de estas variables es el agua. Pocos saben que un data center de escala media puede consumir millones de litros de este líquido al día solo para mantener sus equipos fríos. Es un factor que los inversionistas sofisticados ya están midiendo con el mismo rigor con el que miden la energía, por ejemplo.

Según el índice WRI Aqueduct —referencia global de estrés hídrico— Colombia tiene un índice cercano a cero, mientras que México supera el nivel 4 sobre 5. Dicho de otra forma: Colombia está en el cuadrante ideal a nivel mundial (junto con Brasil y Costa Rica). México, que hoy concentra buena parte de los data centers de la región, enfrenta un riesgo hídrico que a mediano plazo será un obstáculo operativo y regulatorio real. Y al revisar las condiciones dentro de Colombia, es claro que el Valle del Cauca, bañado por varias fuentes hídricas, ofrece una ventaja comparativa con respecto a otros departamentos del país con menos acceso a fuentes de agua.

A esto se suma la energía. El Valle del Cauca generó 190 GWh de energía solar en 2025, un logro significativo si se tiene en cuenta que partió prácticamente de cero hace seis años. El departamento alberga la primera granja solar de gran escala del país y el primer sistema de almacenamiento con baterías. Además, la región tiene una red eléctrica estable con 17 subestaciones y sus costos industriales están entre los más competitivos del país. Y, como ñapa, algo que no siempre se menciona: Cali es la única gran ciudad andina con conexión directa a cables submarinos del Pacífico —MAYA, SAM, PAN-AM, entre otros— lo que le da rutas de datos internacionales que otros grandes centros urbanos del país simplemente no tienen.

El desarrollo del ecosistema tecnológico local tampoco es menor: el sector IT en Cali crece al 23% anual; cuatro de las diez principales empresas de software de Colombia tienen sede en la capital vallecaucana, y 14 de las 22 compañías líderes globales en IA ya emplean talento nativo caleño. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de inversión universitaria y de un ecosistema que produce ingenieros de calidad a costos que otras ciudades de la región no pueden ofrecer.

Entonces, ¿qué falta?

Para reforzar su presencia, Cali y el Valle del Cauca deben evidenciar, explícitamente, que quieren jugar en esta liga. En ese sentido, iniciativas como Cali Home4Tech —una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global—, y la narrativa ‘Valle Verde’ —que evidencia las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización— son decididas apuestas que demuestran la voluntad de la región por hacer parte de esta carrera por los datos y en las que convergen autoridades departamentales, locales y los demás actores del tejido empresarial de la región.

Por otra parte, Turner & Townsend —consultora global que publica el único índice mundial de costos de construcción de datacenters— ha identificado, una y otra vez, los obstáculos que tienen el freno de mano puesto para Colombia: la lentitud en permisos, la necesidad de expandir infraestructura eléctrica para cargas de alta densidad y la ausencia de una política pública local que articule suelo, energía y zonas francas con los requerimientos específicos de esta industria. Ninguno de estos es insuperable, por el contrario, todos son, en el fondo, decisiones políticas y de gobernanza que se pueden sacar adelante.

En definitiva, el mundo está construyendo la infraestructura que va a sostener la próxima década de economía digital. Las ciudades que ganen esa carrera no serán necesariamente las más grandes ni las más conocidas: serán las más preparadas. Cali tiene los cables, el agua, la energía limpia, el talento y los costos competitivos. Ahora, como en cualquier carrera, hay que emplearse a fondo para evidenciar estas ventajas y lograr así que Cali se sume al lote que lidera esta competencia global.

*Por: Valery Sanclemente, gerente de inversión en Invest Pacific

Crédito foto: Cotel Wave DC.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Lo primero es que debemos recordar que Colombia clasificó al mundial porque este año hay más cupos, de lo contrario no estaríamos jugando amistosos, sino el repechaje. Y, en honor a la verdad, con la forma en la que se está jugando, estaríamos sufriendo para clasificar.

Por otra parte, necesitamos dejar de creer que el triunfo individual de cada jugador no es garantía de que se tenga un buen juego en lo colectivo. Ejemplo de ello es el pobre desempeño de Luis Díaz y Luis Suárez, ambos están siendo protagonistas en sus equipos en Europa, pero en la selección poco y nada aportaron.

También en el equipo nacional urge un relevo de manera rápida. Los 180 minutos de juego demostraron que figuras como James Rodríguez ya no están para ser titular por su condición física y su aporte futbolístico. Hoy dentro de los equipos del torneo nacional hay jugadores que pueden aportar más que esos ídolos que ya empiezan a finalizar su carrera.

Finalmente, la forma en la que el equipo juega no está siendo efectiva. No creo que se necesite un fútbol muy vistoso para ganar, sino uno que garantice anotar goles y evita que sean encajados. El entrenador Néstor Lorenzo tiene en eso la mayor responsabilidad, puesto que viendo los partidos se evidencia que no hay una propuesta clara de juego, los pases no tienen una intención y a la defensa le falta idea táctica.

Colombia tiene aún unas semanas antes de que empiece el certamen mundial para mejorar, porque de lo contrario, estaremos ante un rápido regreso que iría en contravia a todos los analistas que han impulsado al país a creer que llegaremos lejos.

La expansión de los delitos ambientales en territorios indígenas está favorecida por distintos marcos normativos nacionales e internacionales mientras muchos líderes padecen las llamadas “muertes silenciosas”. Ellos viven sometidos a altos niveles de tensión, debido a las amenazas que acarrea la defensa de sus territorios.

Bajo el principio de autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas impulsan cada vez más iniciativas de autoprotección. Estas son algunas de las conclusiones que dejó el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), realizado en Lima entre el 18 y 20 de marzo.

Durante tres días, líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Panamá discutieron sobre los contextos de criminalidad dentro de sus pueblos y la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, ambientales y de territorios comunales. Según consideraron los participantes del encuentro, estos entornos implican incrementos de economías ilícitas y una continua criminalización de las acciones que ejercen para la defensa de sus derechos territoriales.

Uno de los temas de mayor preocupación abordados en esta tercera Aladti fue la convergencia y, como consecuencia, la voracidad que encarnan las economías criminales dentro de los espacios de frontera. Los representantes de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador hicieron hincapié en que el precario control de las autoridades ha convertido las zonas limítrofes en escenario propicio para que actividades como la minería ilegal y el narcotráfico confluyan. Una sinergia de delitos que, en su incontrolable expansión, afecta a comunidades, bosques y la seguridad de quienes los habitan.

El abogado Carlos Quispe, de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en defensa colectiva de derechos en contextos afectados por economías ilícitas y extractivas, señaló que los problemas de los que derivan las amenazas contra defensores y los pueblos indígenas no están circunscritos a un solo país.

Quispe precisó que, en el caso de Perú, la ruta de la minería ilegal no solo incluye a este país como posible abastecedor de oro o de la materia prima para las operaciones de extracción, sino también a otros de donde sale el metal o por donde también ingresan insumos como el mercurio.

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“Las economías ilícitas ganan terreno, pero también hay marcos normativos que las favorecen. En Perú están las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. En Brasil está la Ley del Marco Temporal [que restringe la delimitación de territorios indígenas]”, sostuvo Quispe en diálogo con Mongabay Latam.

Quispe comentó que uno de los mensajes claves que han dejado las organizaciones integrantes de la Aladti es que “no están sentadas esperando a que los Estados hagan todo”. El abogado afirmó que los sistemas de autocuidado emprendidos por pueblos en riesgo apuntan a contribuir, más no reemplazar, las labores de vigilancia que le corresponden a los Estados. La realidad, ciertamente, es crítica.

De acuerdo con el último informe de Global Witness, 117 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante 2024. Se trata del 82 % de los casos a nivel mundial. El país con la mayor cantidad de asesinatos contra defensores fue Colombia: 48. Luego está Guatemala, que registró 20. En México hubo 19 y en Brasil, al menos 12.

La organización DAR ha documentado en el estudio Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana (2025) que las amenazas en comunidades nativas están asociadas con la tala ilegal (33 %), tráfico de tierras (23 %), narcotráfico (22 %) y minería ilegal (19 %).

El informe sostiene que las regiones con mayor perjuicio son Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. El documento indica también que desde 2020, más de 20 defensores ambientales han sido asesinados en Perú. Nueve de estas muertes se produjeron en 2024.

DAR recogió para su análisis cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dan cuenta de la cantidad de personas en situaciones de riesgo: 705 defensores y 61 familiares, entre 2019 y julio de 2025. El 84 % de los casos corresponde a defensores ambientales e indígenas.

Panorama latinoamericano

Dina Juc, de Guatemala, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), refirió que esta organización protege el 24 % de la biodiversidad de Mesoamérica (que comprende territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Esta labor les ha generado criminalización, asesinatos y exilio forzado de sus líderes, aseguró.

En la conferencia de prensa que cerró el evento, Juc comunicó incluso otras cifras de defensores afectados por la violencia: “De 2012 a 2024, 562 personas defensoras fueron asesinados en nuestra región. Estamos aquí para hacer visible lo que sucede (…) también para insistir en las normativas, políticas públicas con que se debe sancionar este tipo de delitos”.

La lideresa destacó que en los sectores indígenas de la región mesoamericana donde los Estados no están, sus gobernantes o sistemas de justicia indígenas han resuelto más conflictos de alto impacto que la justicia ordinaria.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), fue enfático en indicar que los sistemas de autogobiernos territoriales indígenas y sus acciones de protección se originan debido a que los Estados no tienen la capacidad de brindar garantías jurídicas en estos espacios. “Queremos seguir garantizando la vida de nuestros hermanos en un territorio limpio, que nos dé soberanía, donde apostamos por el buen vivir de nuestra gente”, subrayó Manihuari.

Una paradoja que muestra el alarmante nivel de inseguridad para los pueblos indígenas de Latinoamérica fue expuesta por Tatiana Martínez, de Costa Rica, representante de la Red Indígena Bribri y Cábecar (Ribca). Ella remarcó que, pese a que su país cuenta con muchos derechos, los casos de líderes asesinados continúan impunes.

Parte del evento incluyó el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la Aladti con voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de Perú y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Diego Reátegui, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh, detalló la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que articula a nueve entidades e instituciones del Gobierno peruano con el fin de reconocer y garantizar a sus beneficiarios el acceso a la justicia.

Reátegui señaló que el Minjusdh ha elaborado una base de datos que entre sus principales registros muestra que desde 2019 hay 564 situaciones de riesgo reportadas. Aproximadamente el 76 % de estos casos, pormenorizó, está vinculada con algún tipo de actividad ilícita.

“Es la típica respuesta frustrante, pero es lo que esperamos siempre escuchar cuando hablamos con el Estado. Funcionarios públicos que nos traen datos: tantos se están muriendo y, de esos, tantos son indígenas, tantos son campesinos, tantos son defensores de derechos humanos», fue la reacción de Dina Juc, de Guatemala, tras analizar la participación del representante del Minjusdh. «La respuesta que esperamos es que instituciones y ministerios han dado el mandato para que se cumplan [las garantías] y que están vigilantes a través de una comisión para saber si se ha disminuido la tasa de asesinatos y criminalización. Pero no, son bases de datos”, agregó.

En el informe de DAR, la organización subraya que el mecanismo intersectorial presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia. Entre otros puntos está su falta de rango legal: al estar sustentado como decreto supremo carece de fuerza vinculante en relación con otras entidades que no pertenecen al Ejecutivo.

DAR también afirma que varios de los nueve sectores del Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del mecanismo no participan activamente. Otro factor de debilidad, de acuerdo con el estudio, es la falta de un monitoreo sistemático de los casos, lo cual impide cotejar la eficacia de la herramienta. Además, plantea que uno de los vacíos más significativos del mecanismo es su omisión con respecto a la criminalización de la protesta social.

Acuerdo de Escazú y tareas pendientes

Uno de los aportes que dejó la tercera Aladti fue la construcción de tres propuestas para impulsar una participación de los pueblos indígenas plena y efectiva en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 21 al 24 de abril en Bahamas.

El abogado Carlos Quispe declaró a Mongabay Latam que Escazú es un acuerdo ambientalista, pero no necesariamente tiene una mirada indígena. En ese sentido, un primer planteamiento de la alianza es la creación de un grupo de trabajo sobre Cuestiones Indígenas en Asuntos Ambientales y Territoriales.

La segunda iniciativa está enfocada en que los pueblos indígenas tengan un asiento entre los representantes electos por el público en el marco del Acuerdo de Escazú. Y, finalmente, la formalización de la participación indígena en la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo.

La representación de los pueblos indígenas buscará tener reuniones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), secretaría técnica del Acuerdo de Escazú, antes, durante la COP4 y posteriormente para el abordaje de los temas concluyentes de la tercera Aladti.

*Imagen principal: la Aladti es un articulador regional y en este reunión en Lima ha recogido las principales demandas y propuestas de los líderes indígenas de ocho países. Foto: cortesía Aladti /DAR.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Continuando con el análisis de las duplas presidenciales, la de Iván Cepeda y Aída Quilcué, sin duda se inscribe en el horizonte histórico de la distinción Gaitanista entre el llamado “País político” y el “País Nacional”, que describió así el líder popular en un discurso pronunciado el 20 de abril de 1946 en el Teatro Municipal de Bogotá: “En Colombia hay dos países: el país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desentendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. El próximo mes se cumplirán 80 años de haber formulado Gaitán esa dramática distinción, que advertía no era exclusiva de Colombia, “según lo demuestran las leyes de la sociología”, pero en la que todavía todos continuamos viviendo pues ese divorcio y antagonismo parece insuperable. En él está el origen y epicentro real de la narrativa actual sobre la polarización de la campaña electoral en curso. En tanto una nación no logre reconocer y reconciliar las demandas y conflictos inherentes a la vida social a través de la representación y mediación de la vida política institucional y de la acción justa del Estado, siempre existirá esa tensión y polarización inevitable. Tal situación no se puede superar solo con buena voluntad y discursos más o menos convincentes sobre la necesidad de un supuesto “centro político” que la haría desaparecer, como es la obsesión y principal bandera de más de una dupla presidencial, que busca el respaldo de las mayorías en las urnas el próximo 31 de mayo.

Más allá del “centro político”

Según dichas duplas, profundizar esa polarización entre la derecha del “país político” y la izquierda del “país nacional”, nos arrastraría todavía más al abismo insondable del odio y las justificaciones maniqueas de una “violencia buena” –la institucional— contra una “violencia mala” –la social. La de los “ciudadanos de bien” contra el vandalismo de la “chusma” y la “primera línea”, que esperan agazapadas un pretexto para un nuevo “estallido social”. En el imaginario ciudadano más estigmatizador y primario, la derecha democrática contra la izquierda comunista, según la semántica sectaria de Uribe y Gaviria, los llamados jefes naturales de los partidos políticos. En el lenguaje de las cloacas de las redes sociales, los “patriotas” contra los “mamertos”. De allí que las demás duplas, exceptuando la de Abelardo y Restrepo, se disputen con tanto ahínco ese “centro político” moderado, ajeno a tan simplista y peligrosa manipulación. Para empezar, tenemos a Sergio Fajardo, como “buen profesor de lógica matemática”, con su rostro casi suplicante y compungido, diciéndonos: “no se dejen polarizar”, acompañado por Edna Bonilla. Ambos representan bien el valor de la educación y postulan la decencia y la deliberación argumentada, no el insulto personal, como expresión de su estilo político y gestión de lo público. Continuando con Claudia López y Leonardo Huerta, expresión de carácter y coherencia en su actuación pública contra la criminalidad narco-parapolítica tan afín a Uribe y contra la corrupción administrativa propia del “país político”, que siempre cuenta con el patrocinio de esforzados y transparentes empresarios favorecidos por la contratación pública. Sin duda, estas dos duplas son las más centristas, frente a las otras siete[i] conformadas por  Luis Gilberto Murillo – Luz Zapata; Miguel Uribe – Luisa Fernanda Villegas; Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre; Clara López – María Consuelo del Río; Roy Barreras – Marta Lucía Zamora; Santiago Botero – Carlos Cuevas y Sondra MaCollins – Leonardo Karamque. Todas ellas compiten, unas con cierta credibilidad y otras con casi nada, por representar a millones de colombianos de ese  “país nacional” que repudian la corruptela clientelista y patrimonialista, quintaesencia del “país político”. Solo nos queda la dupla de Abelardo y José Manuel Restrepo, con su intimidante tigre y patético saludo militar, que reclama el discurso del orden, la seguridad y la supuesta “salvación de la Patria”. Ambos saben bien que más allá de la derecha solo tienen amigos y con entusiasmo respaldarían en segunda vuelta a Paloma. Ese alarmismo electoral oportunista se aprovecha del insondable “agujero negro” abierto entre el “país nacional” y el “país político”, que ninguna de las fórmulas presidenciales, por sí sola, podrá cerrar y menos suturar, pues es una herida histórica con secuelas profundas de sectarismo político, exclusión económica, social, étnica, cultural y regional, muy bien expuestas en la nominal Constitución de 1991. Una democrática y progresista Constitución que no rige en la vida social y mucho menos regula los poderes de facto, más allá de las sesudas jurisprudencias de los magistrados de la Corte Constitucional, frecuentemente desconocidas, como aconteció con la imploración del cese el fuego del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, el nefasto 6 de noviembre de 1985.

Metástasis del “Agujero Negro”

El “agujero negro” entre esos dos países amenaza con perpetuar esa herida abierta que nos desangra y enemista desde hace más de 80 años, ahora agravada por la metástasis cancerosa de las economías ilícitas y sus numerosas y violentas organizaciones criminales, algunas bajo la coartada de la rebelión y otras en coalición con el “país político” y sus voceros más conspicuos, catapultados al Congreso. En el pasado reciente, bajo la exitosa fórmula de la “parapolítica”, con una representación cercana del 35% en el Congreso, según Salvatore Mancuso, entonces gran elector en los territorios bajo su control que a la postre promovieron y respaldaron a Uribe en la Presidencia, por eso les pedía que votaran sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel. Una herida que, desde luego, se profundizaría mucho más si Abelardo apelará al bisturí militar y ni imaginar si la dejará en las garras depredadoras de su tigre. Una herida que, de alguna forma, hoy vuelve a estar en primer plano en las duplas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, especialmente en las figuras de Aida Quilcué y Paloma Valencia. La primera, una lideresa indígena, heredera del legado y las luchas sociales comandadas por Manuel Quintín Lame Chantre (1880-1967)[ii], de quien se considera su “nieta política”, al igual que Paloma, “hija política” de Álvaro Uribe.

Manuel Quintín Lame, en una olvidada e histórica proclama de 1927, llamaba a los pueblos indígenas, sustrato originario del “país nacional”, a decirle adiós a los partidos conservador y liberal en los siguientes términos: “Esos dos partidos, liberal y conservador, han sido los que han arruinado en todas sus partes las propiedades territoriales y de cultivo de los indígenas naturales de Colombia…Para nosotros los indígenas, tengamos delito o no lo tengamos, están las cárceles abiertas…Queridos hermanos y compañeros indígenas: despidámonos de eso dos viejos partidos, pero sin darles la mano, sin decirles adiós…Por lo tanto es nulo y de valor ninguno los repartos de tierras indígenas que han hecho en todos los departamentos”.

La Paloma “Arco Iris”

Y por el Centro Democrático tenemos a Paloma Valencia Laserna[iii], ahora candidata policroma de centro-derecha, en compañía del “distinto” Oviedo, así se autodenomina él mismo. Paloma es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y por vía materna, también de Mario Laserna Pinzón, filósofo, catedrático y fundador de la Universidad de los Andes. Sin duda, ambas lideresas tienen un acendrado abolengo con el “país nacional” y el “país político”, respectivamente. Para mayor simbolismo y relación de ellas con esa herida abierta entre los dos países, hay que recordar el protagonismo y la responsabilidad histórica de su abuelo y expresidente, Guillermo León Valencia, con la “operación Soberanía”[iv] que bombardeó a la “república independiente de Marquetalia”, llamada así por su copartidario conservador Álvaro Gómez Hurtado, y que precipitó el mito fundacional de las Farc en mayo de 1964, en ese entonces solo una autodefensa campesina bajo el influjo de los partidos comunista y liberal.

El pasado presente

El resto, hasta hoy, es historia por todos conocida, pero no necesariamente aprendida, pues el Pacto Histórico también está infiltrado por las prácticas clientelistas y corruptas del “país político”, como lo hemos visto con numerosos escándalos, siendo el de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres[v] el más conocido. Justamente en las elecciones del próximo 31 de mayo vuelve a presentarse ese pulso entre esos dos países irreconciliables, con la diferencia de que en las elecciones para Congreso del pasado 8 de marzo el “país nacional” con el Pacto Histórico obtuvo como lista  cerrada el mayor número de curules en el Senado, 25, pero de nuevo quedó en minoría frente al “país político”, si sumamos a las 17 curules del Centro Democrático las restantes obtenidas por los partidos liberal, conservador y demás microempresas electorales con sus numerosos testaferros de conglomerados empresariales y financieros, quienes ya tienen su credencial de senadores. Así las cosas, las fórmulas presidenciales del Pacto Histórico y del Centro Democrático son mucho más que una cuestión electoral, pues representan nada menos que el máximo desafió político para una nación, como es superar ese abismo existente entre una esfera política y estatal incapaz de representar los intereses de las mayorías sociales, sin cuya materialización y fusión no será posible la existencia de un auténtico Estado Social de derecho y mucho menos la plena vigencia de la Constitución del 91 y la convivencia democrática con el logro de la paz política. Tal desafío es lo que se definirá el próximo 31 de mayo o el 21 de junio, en segunda vuelta y en pleno mundial de fútbol. Y si ese desafío se asume como un partido eliminatorio del mundial y un juego de suma cero, donde el triunfador desconoce los derechos del vencido y cobrará revancha histórica implacable sobre su contrincante, entonces la gran perdedora será otra vez la democracia, ya sea bajo el nombre y con la camiseta del “País Político” o el “País Nacional”. Solo nos quedaría la esperanza de que la selección Colombia triunfe sobre Portugal en su partido del 27 de junio. Sin duda, ambos resultados son tan vitales como inciertos y nuestra influencia sobre ellos es semejante y muy limitada, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por el fanatismo del triunfalismo y el sectarismo partidista, pues en ese caso todos saldríamos perdiendo y muchos correrían el riesgo de ser expulsados del juego político y hasta ser físicamente eliminados.

[i] https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2026/candidatos-presidenciales-asi-quedo-el-tarjeton-de-la-primera-vuelta-y-estas-son-las-formulas-noticias-hoy/

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Quint%C3%ADn_Lame#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Valencia

[iv] https://www.comisiondelaverdad.co/operacion-soberania

[v] https://www.infobae.com/colombia/2026/03/19/estos-son-los-funcionarios-y-politicos-que-estan-detenidos-por-el-escandalo-de-la-ungrd-se-suman-karen-manrique-y-wadith-manzur/

Todo comenzó la noche del 16 de octubre de 2025. Pará, una jaguar o yaguareté (Panthera onca) adulta, fue hallada en un complejo habitacional militar en la zona Las 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en la región de Misiones, al noreste de Argentina. De inmediato se inició un operativo que inicialmente buscaba trasladar únicamente a la madre por el creciente conflicto con los vecinos, pero esa acción se topó con una complejidad no prevista: la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses.

Agustín Paviolo, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador de Proyecto Yaguareté -que participó de la reubicación de los tres felinos-, afirmó a medios locales que la situación de Pará se complicó en 2025, cuando la detectaron en la zona urbana de Puerto Iguazú. En esa área encontraron –dijo- trampas y cebos para matarla y que incluso los habitantes iban a tomar medidas por su cuenta. El investigador afirmó que la presencia de las crías no estaba confirmada antes del operativo, aunque era una posibilidad que barajaban.

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“Había indicios, en algún video la vimos medio panzona, pero no lo sabíamos con certeza. De cualquier forma, analizamos todos los escenarios. No hubo improvisación: fue un procedimiento planificado”, dijo Paviolo.

Los tres felinos –las crías todavía eran lactantes- fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó del lugar, según el collar de GPS que tiene instalado, mientras que los cachorros quedaron en las inmediaciones del sitio de traslado. Desde entonces, no se volvió a tener registro de las crías.

La medida despertó duras críticas a la reubicación de jaguares o yaguaretés. Está en curso una investigación federal para determinar si el procedimiento de traslocación fue el adecuado y poder ubicar a las crías o conocer su destino. Una de las hipótesis es que los cachorros fueron abandonadas y no pudieron sobrevivir solas en el lugar donde fueron relocalizadas.

Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, explicó a Mongabay Latam que tres entidades decidieron la traslocación de Pará: el Ministerio de Ecología de Misiones, el equipo del Proyecto Yaguareté del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Administración de Parques Nacionales.

“Todos intervinieron, todos decidieron, todos avalaron y todos participaron”, dijo Lodeiro Ocampo, quien aseguró que, si la Red Yaguareté participaba en ese operativo, se hubiera ejecutado dos acciones: que Pará y sus cachorros fueran llevados a un recinto seguro en la zona de Iberá para analizar los pasos a seguir o automáticamente hubieran sido liberados nuevamente en su lugar de captura. “Jamás habríamos permitido un traslado criminal a Esmeralda. Conocemos del tema, conocemos más aún la historia de traslocaciones y a todos los actores involucrados”, reprochó el experto.

La reubicación de jaguares ya ha provocado debates entre autoridades y expertos en otros países. En Colombia, como informó Mongabay Latam en noviembre pasado, la decisión de trasladar a un jaguar macho adulto no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre.

En el caso colombiano, como en el de Pará, pobladores locales habían advertido que matarían al felino, lo que motivó el traslado. Pero desde la perspectiva de los expertos críticos a la decisión, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

Lodeiro Ocampo añadió que Pará vivía en un lugar donde podía caminar y llegar tranquilamente hasta una casa habitada. Es por eso -dijo- que se exigió que se instale un alambrado perimetral como existe en muchos parques nacionales y advirtió que el problema no lograría solucionarse con el traslado de la jaguar. “Es seguro que el territorio que Pará utilizaba y defendía de otros yaguaretés ya esté ocupado por otro ejemplar al encontrarse vacío. ¿Ya se desarrollaron medidas eficaces para que esa nueva dominante no haga lo mismo que ella?”, preguntó el experto.

Parte de la investigación

La Red Yaguareté presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) un escrito de más de 30 páginas con su posición sobre el caso. El caso judicial comenzó con una denuncia anónima a la que la organización se adhirió. La red presentó ante la Fiscalía  antecedentes históricos de situaciones de conflictos del yaguareté o jaguar con poblados en Misiones, traslocaciones fallidas de yaguaretés y pumas en Misiones y opiniones técnicas de expertos nacionales e internacionales que claramente expresan su negativa a un traslado de esta naturaleza y de esta forma.

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Además, se solicitó la citación a declaración indagatoria a personal y profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones, del Proyecto Yaguareté del Conicet y funcionarios de Parques Nacionales que están involucrados en el operativo de captura y traslado.

El Ministerio de Ecología de Misiones no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay Latam, pero en un comunicado a medios locales afirmó que el operativo de reubicación de Pará y sus dos cacharros duró nueve días y en esa acción participaron varias organizaciones.

“El procedimiento [de captura] consistió en la instalación de jaulas trampa y lazos en los senderos más transitados, con monitoreo constante a través de transmisores y presencia rotativa de equipos técnicos. Una vez capturado el ejemplar, los especialistas del Imibio realizaron la toma de muestras biológicas para análisis genéticos y el resguardo del ADN en el Biobanco provincial”, expresó en un comunicado la institución provincial.

Además, el Ministerio de Ecología de Misiones aseguró que primero se capturó a Pará y luego de “varias horas” lograron capturar a sus crías. Para esta entidad, la relocalización al parque Esmeralda fue una “decisión correcta”. Sin embargo, el organismo oficial no establece dónde están los cachorros luego de la relocalización. Sobre las crías, el informe oficial reconoce: “No es posible determinar con certeza su situación actual” y admite que “las cámaras trampa no registraron el egreso de los cachorros”.

“En ese lugar se llevó adelante el proceso de ambientación y reunificación familiar bajo la supervisión de guardaparques provinciales, personal del Imibio, la Fundación Azara, el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre «Güirá Oga» y el Proyecto Yaguareté [de Conicet], que controlaron su adaptación al nuevo entorno”, continuó el comunicado.

Rafael Hoogesteijn es médico veterinario, especialista en conflictos entre jaguares y ganado vacuno y miembro de Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de los felinos salvajes. El experto, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que una traslocación en felinos es una “medida de última aplicación”, cuando ya se realizaron otras acciones que no tuvieron éxito. En el caso de Pará se aplicó como medida inmediata.

“Las traslocaciones en grandes felinos no dan resultados. ¿Por qué? Porque cuando el felino es consumidor de ganado y lo traslocan, en la nueva localidad es muy posible que lo vayan a matar, especialmente los ganaderos. El otro problema es que están trasladando parásitos y enfermedades de una región a otra, incluso introduciendo nuevos parásitos y nuevas enfermedades”, destacó Hoogesteijn.

El especialista añadió que en el caso de los jaguares estos son rechazados por los mismos jaguares que habitan en la zona elegida para la traslocación, especialmente si son machos. “Inclusive hay peleas fuertes y el jaguar traslocado es matado por los jaguares locales”, dijo Hoogesteijn, quien acotó que hay casos escasos donde una jaguar joven es aceptada por los jaguares locales con miras a la reproducción. Pero este no es el caso de Pará, que, se estima, tiene ocho años.

“En muchos otros casos los felinos caminan muchos kilómetros regresando al lugar donde fueron capturados. Entonces, las traslocaciones se ven muy bonitas en los medios de comunicación, pero es carísimo y generalmente los resultados son ineficientes”, dijo Hoogesteijn.

Reubicación cuestionada

En el caso de una traslocación de una jaguar con sus crías, Hoogesteijn afirmó que esa situación “es mucho más difícil”, ya que las hembras adultas no pueden moverse mucho para cazar y lograr alimentos para sus crías y para dar de lactar. “Cuando ellas están en un territorio que ya conocen, ellas van a buscar las presas donde ya conocen y se les hace más fácil, pero cuando son traslocadas se les hace más difícil, ya que primero tendrán el rechazo de jaguares locales y, segundo, no conocen el área para poder cazar y establecerse. Además, los cachorros traslocados pueden ser matados por los jaguares locales”, dijo.

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Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Según informó la Ufima, la investigación preliminar se encuentra en trámite, a la espera de informes técnicos de los organismos especializados.

Lodeiro Ocampo advierte que el parque Esmeralda no era el destino más adecuado y recuerda que se había propuesto trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes, como alternativa inicial. Sin embargo, desde el Ministerio de Ecología argumentaron que se priorizó “mantener al ejemplar dentro de su ecorregión de origen (Selva Paranaense)”. Sin embargo, la Red Yaguareté identificó a Esmeralda como una zona donde la caza ilegal de felinos creció en el último tiempo.

En 2023, la propia Pará fue víctima de caza ilegal. La jaguar perdió un ojo y registró marcas de perdigones en su cuerpo durante una revisión. Es por eso que le pusieron un collar satelital, que hasta ahora funciona y permite que sea monitoreada, pero según Londeiro Ocampo es “imposible” acceder a las rutas que siguió Pará en este último tiempo.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, organización que no participó del operativo, afirmó a Mongabay Latam que en hembras con crías una situación de estrés, como una traslocación, puede provocar abandono de la madre. Por eso existen –dijo- distintas modalidades de liberación: algunas con adaptación previa en corrales (suelta blanda) y otras directo en el ambiente (suelta dura).

“Con animales provenientes de cautiverio suele ser preferible una suelta blanda; si es un animal silvestre, la suelta dura puede ser una opción. Como sea, no hay que demonizar el manejo: una especie en peligro crítico de extinción requiere acciones activas para recuperarla”, afirmó Di Martino.

Pará camina sola. Está todavía en el parque Esmeralda, pero no se sabe si está a salvo. Su collar satelital y las cámaras trampa lo ratifican, pero no hay novedades sobre los cachorros. La tecnología no muestra a las crías y las críticas aumentan por la traslocación.

Imagen principal: Pará camina por el bosque del norte argentino antes de ser capturada para su traslado junto a sus crías. Foto: cortesía Red Yaguareté.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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