En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La expresión “cargado de tigre”, como toda metáfora, puede tener muchos significados, pero el primero que acude a la mente es el de la ferocidad felina con todos sus atributos: rugidos intimidatorios, zarpazos mortales, ataques sorpresivos con dentelladas desgarradoras y depredadoras. Por eso es pertinente preguntarse si Colombia es una nación cargada de tigre, más ahora que quien la preside y gobierna se considera un auténtico tigre y llama manada a quienes le siguen. Semejante metáfora es apropiada, sin duda, para el reino animal y salvaje, en donde lo que prevalece es la ley del más fuerte, la ley de la selva, pero no lo es para el mundo político, cuyo nacimiento histórico se explica precisamente por el tránsito del llamado “estado de naturaleza” al “estado civil”, donde la ley convenida y la civilidad sustituyen la del más fuerte, violento y salvaje. Es lo propio del Estado de Derecho moderno, alumbrado por una pléyade de pensadores contractualistas, filósofos y juristas, tan célebres y antagónicos, como Hobbes, Locke, Rousseau, Diderot y Montesquieu, a los que se sumaron en América todos los padres de las modernas Constituciones, junto a rebeldes e ilustrados libertadores como Simón Bolívar y Bernardo O´Higgins, forjadores de nuestras Naciones, liberadas del dominio imperial europeo. Por todo ello, no deja de ser preocupante que, transcurridos casi cuatro siglos de esas epopeyas políticas civilizadoras, hoy lo que predomine en el mundo sean gobernantes que apelan al salvaje oeste y a feroces animales como símbolos de su poder y gobernabilidad. Se me dirá que exagero, pues solo se trata de metáforas, pero no hay que olvidar que las “metáforas matan”, pues en política se empieza por llamar “alimaña”, “cucaracha”, “culebra” y “rata” al adversario que se quiere eliminar, neutralizar, destripar o dar de baja, deshumanizándolo totalmente.

Metáforas políticas letales

Con dichas metáforas empiezan todas las guerras. Es más, incluso la filosofía política no está a salvo, pues tiene un repertorio de sentencias, como “Homo homini lupus”, el “hombre es un lobo para el hombre”, con fundamento en la cual numerosos autócratas y dictadores justifican arbitrariedades y brutalidades para arrasar con el Estado de derecho, legitimar sus guerras contra los terroristas y hasta promover la defensa de la “libertad” y la “democracia” contra izquierdistas y comunistas, que deben ser aniquilados y destripados. Lo más grave es que se citan como artículos de fe, dogmas imposibles de cuestionar y son utilizadas para actuar con la mejor buena conciencia y convicción absoluta, porque son tomadas fuera de contexto. Es lo que acontece con esa sentencia atribuida a Hobbes, tomada de su obra “De Cive”, que precisamente es la piedra angular para salir del estado de naturaleza e ingresar al “Estado Civil”, es decir, al universo de la política y su obra más conocida: “Leviatán, o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil”. Sentencia de la que abusan los dictadores y autócratas, con el respaldo de incautos y temerosos electores, para hacer del Estado una lanza mortal, utilizada sin límite y a su discreción, en lugar de un escudo protector de los derechos fundamentales, principal responsabilidad y sentido del Estado de derecho y sus transitorios gobernantes, sometidos a la Constitución y la legalidad, que los abogados retóricamente llaman el “imperio de la ley”.

Riesgos mortales de manadas armadas

Tal es el mayor riesgo en que se incurre cuando un presidente, más aún siendo abogado, se identifica con un tigre y no como jefe de Estado, que además ruge e invoca a “Cristo Rey” para vencer a los criminales. Todavía es peor y más peligroso, cuando ese Tigre promueve que la manada pueda portar armas de fuego, pues renuncia a la regulación y control exclusivo de esa fuerza letal por parte del Estado y sus autoridades competentes. Al respecto, el Tigre debería tener en cuenta la experiencia de lo que sucede en Estados Unidos, ya que también tiene esa ciudadanía, donde “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, según lo documenta Paul Auster en su libro Un país bañado en sangre en la página 170. Con mayor razón en nuestro caso, pues Colombia “es el país con la red más densa de crimen organizado del mundo. Entre los 165 países analizados por Global Initiative against Transnational Organized Crime, GITOC (2023), es el país que tiene más mafias y más redes criminales”, de acuerdo con cita de Eduardo Lora en su libro Los Colombianos somos así, en la página 235. Ello explica porque Santa Marta, Riohacha y sus alrededores[i] estuvieron sitiados por casi tres días por la acción armada y la intimidación terrorífica de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pese al rápido y numeroso despliegue de la Fuerza Pública, bajo el mando del Tigre con pistola al cinto. Los límites de dichos operativos pueden ser analizados y comprendidos, según lo resaltan la investigadora Laura Bonilla, subdirectora de PARES y el abogado Carlos Villamizar, en magnífica entrevista de Cecilia Orozco EN LA RAYA, que pueden ver en  https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1437739161755244. De no tenerse en cuenta dichos límites, entonces es probable que prevalezca la ley de la selva en vastas regiones de Colombia, pues la legitimidad que precisa el Estado no proviene tanto de la violencia y la fuerza, sino sobre todo de la confianza y el apoyo de sus ciudadanos. Esa es la legitimidad democrática que surge del cumplimiento de esta sentencia de Séneca: “homo, sacra res homini“, que se ha traducido como «el hombre es algo sagrado para el hombre» y no de la preferida por quienes reducen la política a la fuerza y la violencia, “Homo homini lupus” y todavía creen, tanto desde la institucionalidad como de la ilegalidad, que el “poder nace de la punta del fusil” o del porte personal y legal de armas para disparar primero, sustituyendo rápidamente a la Fuerza Pública. En ese caso, Colombia no solo estaría cargada de tigre, sino llena de hienas que se disputan salvajemente el control del territorio, sus riquezas y la vida de sus moradores.

[i] https://www.elespectador.com/judicial/el-paro-armado-en-santa-marta-existe-una-especie-de-estado-en-obra-negra/?utm_source=insider&utm_medium=push&utm_campaign=judicial&utm_content=todos&webPushId=MTAyMTg=

Con su experiencia de estadista consumado, luego de nueve años de ejercicio de la presidencia de una de las potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, Emmanuel Macron se refirió de manera crítica a la situación del mundo y planteó la existencia de obligaciones ineludibles para los miembros de la ONU ante las amenazas que se pueden observar desde las cimas del poder. Amenazas que otros no advierten y que algunos, también desde las alturas, encarnan y propician.  

Luego de excusarse por la falta de originalidad que suelen tener los discursos que se pronuncian desde ese podio, Macron reconoció que la marca que lleva la palabra de los gobernantes del mundo en estos días es la de denunciar el retorno del imperialismo, la arrogancia y el uso de la fuerza como expresión del retorno de la ley de la selva.

Criticó, y se entendió a quiénes se refería, la pretensión de concentración del poder en unos pocos que piensan que pueden romper el orden internacional para agrandar sus fronteras y desconocer la soberanía de los pueblos, lo mismo que decidir sobre el porvenir del planeta en asuntos de interés general como el cambio climático y la inteligencia artificial. 

Recordó que la razón de ser de la Organización, que convoca cada año a los gobernantes del mundo a esa Asamblea, es la de procurar discusiones y decisiones resultantes de la alianza de quienes desean tomar un rumbo definido en busca del interés común, sin alienar su soberanía. Esto es entre países libres e iguales, no dispuestos a ceder a los más poderosos su capacidad de decidir sobre su destino.

Lamentó, con sobrada razón, la acumulación de guerras que no ha sido posible solucionar, aunque no falte quien pretenda decir otra cosa en discursos sin fundamento, e hizo propuestas de acción frente a una serie de fenómenos de diferente índole que hacen presión sobre la comunidad internacional, ante los cuales es necesario no ceder. Y ese fue el fondo de su discurso. 

Primero que todo hizo un llamado a no sucumbir ante la idea de que vivimos una situación irreparable de fatalidad para desgracia de los pueblos del mundo. Para esos efectos advirtió que ante problemas como los del Oriente Medio, Ucrania o África, no hay que olvidar que si bien el derecho internacional, y en particular el derecho internacional humanitario -derecho de la guerra-, con su sola existencia no arregla las cosas, hay que hacerlo funcionar con voluntad política, de manera que se evite el imperio de la barbarie. 

Al resaltar el valor de la acción política en esa dirección recordó la importancia y efectividad de la “coalición de voluntarios” que Francia conformó con Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña y otros países dispuestos a trabajar por la paz en Europa, que fue donde comenzaron las dos guerras mundiales, que hay que tener presentes como tragedias que no se pueden olvidar. Y mucho menos repetir.  

Como segundo propósito a adoptar señaló la tentación a aplicar un doble rasero que divide al planeta y afecta la coherencia del orden internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. De manera que, por ejemplo, en el caso de la soberanía de los Estados, no se puede contar con ella y proclamarla y defenderla en el caso de Europa, mientras se prescinde del mismo respeto en otras partes. 

Rechazó, como tercera consideración, la división del mundo entre Norte y Sur, al tiempo que advirtió que los desafíos del planeta no se podrán afrontar si se permite que esa división eche raíces. Semejante división, lo mismo que la conformación radical de bloques, es la base indeseable de la aplicación del doble rasero en el manejo de los asuntos mundiales, cuando lo que se necesita es reconciliar a todos los países para enfrentar los problemas derivados del cambio climático, la salud y el desarrollo. Esta afirmación, lo mismo que las anteriores, las ilustró con las acciones que Francia ha desarrollado bajo su dirección en diferentes escenarios del mundo. 

Un cuarto principio invocado por Macron fue precisamente el de no ceder en los esfuerzos necesarios para el manejo adecuado de los problemas derivados del clima y para proteger la biodiversidad. Para lo cual invocó el valor del multilateralismo como forma de acción para conciliar necesidades de uso y protección de los recursos naturales y elogió los acuerdos conseguidos hasta ahora por numerosos países que se han venido sumando a la implementación de las medidas correspondientes. 

El presidente francés no podía dejar de manifestarse respecto de la inteligencia artificial, materia en la cual pidió no ceder ante la creencia de que solo los Estados Unidos y China puedan decidir, junto con unos pocos actores económicos, las innovaciones por hacer, las pausas en el desarrollo de la IA, para terminar con el poder suficiente de afectar el futuro de las demás sociedades. Ese fue el quinto punto de su mensaje.

Recordó que, en el seno del G7, Francia, junto con Canadá, lanzó la iniciativa de Asociación Global para la Inteligencia Artificial en busca de acuerdos para su regulación, de manera que hacia adelante exista una coalición de países independientes que no deseen ser vasallos de una u otra de las dos grandes potencias mundiales en la materia. Todo esto con miras a proteger a la ciudadanía y en particular a la niñez de los embates de las redes sociales y de desarrollar un modelo de frontera de código abierto que sume capacidades informáticas y de inversión de los interesados en deshacer el desequilibrio que representa la exclusividad de China y los Estados Unidos en esa materia. 

Para concluir, y con la advertencia de no pretender ser exhaustivo, invocó la necesidad de continuar con una agenda que ha de conducir a que diferentes regiones del mundo se puedan equipar de capacidades propias y modelos de Inteligencia Artificial que les permita un creciente margen de independencia, que debe ir más allá de la ciberseguridad e incluir otros elementos de preservación de la seguridad nacional mediante una vigorosa cooperación científica orientada al espacio y los nuevos requerimientos de la defensa.

Sin la sumisión o los reproches apasionados de otros, el discurso de despedida de Emmanuel Macron puso en evidencia visiones muy distintas del momento que vive el mundo y de posibles desarrollos futuros. En particular, contrastó con el pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, dedicado a exaltar el poderío de su país y los éxitos que, en su lectura del mundo, se deben reconocer a su gestión de un año a la cabeza no solo de la Unión Americana sino de muchos asuntos de la vida del planeta, según sus cuentas. 

Al menosprecio por el multilateralismo y la convicción del poder de la Casa Blanca para hacer o dejar de hacer, sin tener en cuenta regla alguna, Macron defendió el multilateralismo, en contra de la ley de la selva, precisamente sobre la base de reglas claras y voluntad de acción multilateral. A la arremetida contra las instituciones internacionales, Macron se manifestó en favor de su fortalecimiento sobre principios y compromisos universales.

Trump resaltó el uso de la fuerza, que se ufanó de haber usado, al tiempo que se autoproclamó como un pacificador jamás visto hasta ahora. Y no dejó de incurrir en el tono tercermundista de los que van a esa tarima a hablarles a los clientes de su remota vereda, con la mirada puesta en las elecciones de mitaca que en su país se avecinan y parecerían ser causa de sus desvelos. Macron exaltó el valor del derecho y el talante propio de la tradición republicana de Francia, que tiene tanto admiradores como contradictores.   

Para no salir del grupo de las potencias con asiento en el Consejo de Seguridad, se pudo apreciar el contraste entre un talante de corte imperial y otro de índole democrática. Ambos inspirados en profundas convicciones sobre la que los dos líderes consideran es misión de su país en el mundo.

De un lado un mensaje supremacista que pone el interés de su país por encima de todos los demás, con la opción de premiar fidelidades y castigar insubordinaciones, con cuidado en el tratamiento hacia contradictores que se pueden considerar de talla comparable.

Del otro, un mensaje más desprendido de alguien que está de salida y desea dejar grabada una memoria que pueda contribuir a la mejora de esa arquitectura internacional que a veces parece escuálida pero cuya existencia es fundamental para no sucumbir cuando se desata como parámetro único de la vida internacional la ley de la selva. Para lo cual, como lo advirtió el mismo presidente francés, sirve mucho obrar con el coraje del optimismo. 

“Cultura implica una configuración de prácticas de significación, que hacen inteligible al mundo y se encarnan en unas correspondientes formas de existencia, desde las cuales se naturaliza o se disputa un arbitrario y contingente orden social”. (Eduardo Restrepo, 2022, p. 172).   

Los Cultural Studies surgen en Inglaterra a mediados de los años cincuentas del siglo pasado y se institucionalizan a partir de la creación en 1964 del Center for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingam. A su nombre se asocian grandes académicos e investigadores como Richard Hoggart, Edward P. Thompson, Raymond Williams y, uno de los más importantes, Stuart Hall (1997).

Estos estudios nacen en un momento crucial en Europa, específicamente durante el autoritarismo y el intervencionismo soviético en la Europa del Este, el autoritarismo de izquierda, el descrédito del Socialismo real, el verticalismo partidista, los procesos de descolonización del Tercer mundo, y los cambios socioeconómicos que permitieron que ciertas clases ascendieran a ocupar puestos académicos en las universidades. En términos generales estos estudios surgen en un contexto de descrédito del marxismo, el surgimiento de nuevas teorías e ideologías, aspectos como el cuestionamiento del sujeto y los problemas de identidad y, ya más adelante, la rehabilitación del placer, el consumo de los medios de comunicación, el auge del neoliberalismo y la mayor circulación mundial de los bienes culturales (Urteaga, 2009).  

En términos políticos, surge, entonces, la llamada New Left (Nueva Izquierda), muchos más amplia, antidogmática, antieconomicista, crítica de las prácticas dogmáticas y verticales de los partidos comunistas tradicionales. Al respecto hay que decir que los investigadores mismos, como afirma Eduardo Restrepo (2015), fueron académicos, pero, especialmente, intelectuales, es decir, vinculados con procesos de cambio social, comprometidos políticamente, como el caso de Stuart Hall. Sin embargo, en la versión americana de los Estudios culturales, estos son sometidos a una “reinvención” donde se despolitizan y se produce una fetichización de la teoría (Jameson, 2016, p. 38; Restrepo, 2022).

En estricto sentido fue un grupo marginal a la academia inglesa, pues el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos se creó en Birmingham adscrita al Departamento de Inglés. Su apuesta fue experimental y le apostaron a la investigación de objetos de estudios poco explorados por la academia mainstream. Para esta academia institucional y acreditada, lo que estudiaban los nuevos estudios culturales era algo exótico.  Por eso, como lo muestra Fredric Jameson, los estudios culturales surgieron debido a una incomodidad con otras disciplinas: la historia, la sociología, la antropología, interesadas en el estudio de archivos, de los grandes problemas de las estructuras sociales o el estudio de culturas foráneas. Por eso, “los Estudios Culturales, en este sentido, son posdisciplinares” (Jameson, 2016, p. 9). Aquí la pauta la da el objeto mismo de investigación más allá de los métodos o los objetos de estudio determinados por cada disciplina. Por eso no se ocuparon de temas canónicos, sino de todo aquello que había sido descuidado por las disciplinas o por los nuevos fenómenos sociales emergentes. Ahora, ¿en qué consistía, entonces, su apuesta? Según Urteaga (2009):

Es cuestión de considerar la cultura en un sentido amplio y de pasar de una reflexión centrada a una visión de la cultura de los grupos sociales. Si sigue teniendo una dimensión política, la cuestión central consiste en comprender en qué media la cultura de un grupo social, y en primer lugar la de las clases populares, cuestionan el orden social o, por el contrario, adhiere a las relaciones de poder.

1. La cultura de la que se ocuparon no era las producciones excelsas de ciertos espíritus (alta cultura), ni el producto de las grandes objetivaciones del ser humano como el Estado, el arte, la ciencia, la civilización (“espíritu objetivo” en el sentido de Hegel), sino las prácticas culturales de las clases populares, los artefactos culturales, las identidades, las representaciones. Por eso se ocuparon de la etnicidad, el género, la racialización, el consumo, la identidad étnica, las generaciones y las subculturas juveniles, la vida cotidiana y las prácticas de resistencia de las clases populares; la influencia de la industria cultural, la televisión, sobre “los de abajo”; el papel de la educación, la alfabetización, los medios en el cambio social, etc. Una de sus apuestas fuertes fue: “convertir las culturas populares y los estilos de vida de las nuevas clases en objetos dignos de investigar”. Entre el conjunto de problemas de los que se ocuparon los Estudios culturales desde sus inicios, encontramos estos ejemplos:
2. De los efectos del urbanismo y de la arquitectura, el diseño de las ciudades, sobre la socialización de la clase obrera. Esa espacialización son “dispositivos organizativos de la socialidad y de la cristalización de las identidades colectivas”.
3. Las “subculturas” que crean los jóvenes de los barrios populares, así como de la “contra-cultura” (Punk, pospunk, ciberpunk, scooter, mod)
4. La gran ciudad y la dificultad del control social
5. La escolarización de los hijos de la clase obrera, pues permite desestabilizar la visión sobre la clase misma, su forma de vida, y crea expectativas y proyecciones sobre el futuro; así como estudios sobre la formación del proletariado, tal como lo hizo E.P. Thompson desde la historia social con sus dos grandes textos: “La economía moral de la multitud” y “La Formación de la clase obrera en Inglaterra”.
6.  Los productos culturales consumidos por las clases populares: cine, televisión, radio, publicidad, música
7. La teoría de la codificación y descodificación de Stuart Hall
8. El problema de género donde se analizan los patrones de consumo de hombres y mujeres, especialmente, en los medios televisivos (hombres que ven películas de acción o fútbol y mujeres que ven otro tipo de entretenimiento).
9. La relación de las migraciones con el racismo o el control policial.

Este grupo usó frecuentemente la etnografía y trasladaron las técnicas de análisis literario al de los discursos, los productos culturales de la sociedad de masas, entre otros aspectos. Empero,

“En todos los casos se trata de estudiar lo social desde abajo y de observar la vida cotidiana de las clases populares. Los Cultural Studies nacen de un rechazo del legitimismo y de las jerarquías académicas. Se fijan en la banalidad aparente de la publicidad, de los programas de distracción y de las modas en el vestir. El estudio del mundo popular se centra menos en las figuras heroicas de los dirigentes como en la sociabilidad cotidiana de los grupos, el detalle de los decorados, de las prácticas y las costumbres. Esta apuesta implica privilegiar unos métodos de investigación capaces de dar cuenta, de la manera más precisa, de las vidas ordinarias: etnografía, historia oral, búsqueda de escritos que dejan vislumbrar lo popular (archivos judiciales, parroquiales, industriales) y no solamente la gesta de los poderosos”.

Ahora, ese interés busca determinar las funciones que esos grupos y sus culturas y prácticas asumen al interior de la dominación social, cómo se dotan de sentido, cómo construyen sus identidades colectivas, qué posibilidades hay de emancipación, de resistencias, cuáles son sus sistemas de ideas.

Dentro de las apuestas epistemológicas importantes de los Estudios culturales está:

1. La adopción de ciertos postulados marxistas, antieconomicistas, ciencia comprometida, aplicados a una teoría materialista de la cultura (Hall); al igual que la influencia de pensadores como Gramsci y Althusser. En Jameson es importante la crítica de las industrias culturales realizadas por la Escuela de Frankfurt (Jameson, 2010)
2. La crítica a la gran teoría como una construcción meramente intelectual.
3. La posdisciplinariedad
4.  El eclecticismo metodológico dependiendo del objeto
5.   La importancia del concepto de Ideología como sistema de ideas y valores de un grupo, no como falsa conciencia. 
6. El valor dado al concepto de hegemonía, entendido como “una construcción del poder para el asentimiento de los dominados a los valores del orden social y la producción de una voluntad general consensual”, aspecto en el cual Gramsci es fundamental.
7. El papel dado al concepto de resistencia y la crítica de la presunta pasividad o adormecimiento crítico de las subculturas.
8. Relevancia de la articulación de las diferencias en la producción de lo común (Jameson, 2016)
9. La problemática de la identidad y sus modos de construcción.
10. Las apuestas en el caso de Stuart Hall, por un contextualismo radical, y su confluencia con algunas de las ideas de los estudios poscoloniales, subalternos, de género. Pero es ese contextualismo radical lo que marca la especificidad de este tipo de estudios (Restrepo, 2015).
11. La problematización de la cultura en general, la cual es vista en intersección con el poder y lo político. Ella es entendida como un campo de batalla por los significados (Restrepo, 2015; Restrepo, 2022). La disolución entre la alta cultura y la cultura de masas, donde esta última siempre da cuenta de algún aspecto de la totalidad social, lo expresa, visibiliza, y donde en medio de las contradicciones culturales del capitalismo es posible ir más allá del imperativo mimético y saltar a uno constructivista.  (Jameson, 2010)

Ahora, para el caso de América Latina estos estudios se encuentran presentes en la obra de Néstor García Canclini (Culturas híbridas) y Jesús Martín Barbero (De los medios a las mediaciones), y sus estudios sobre la modernidad, los medios de comunicación, el consumo y el problema de la identidad nacional (Castro-Gómez, 2010). Por ejemplo, para Canclini la modernidad ha ingresado a América Latina de manera mediada: no es solo una imposición, tampoco implica que haya que negarla. En realidad, se da una mezcla, una hibridación de formas, contenidos. Eso ya ocurría en el arte mexicano muralista. Había una mezcla de las vanguardias con la cultura popular. Se dio una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. También los indígenas se han vinculado al mercado con sus artesanías con lo cual se da una “desterritorialización de la cultura popular”. Ocurre, también, en las fusiones musicales. 

En el caso de Martín Barbero, él ha estudiado fenómenos de las Telenovelas y la radio, el Cine, y la manera como han contribuido a la vertebración de lo popular, lo nacional. Ha mostrado que la identidad nacional es una construcción discursiva. Los símbolos, eslóganes, escudos, mitos fundacionales, etc., son difundidos por la radio y luego por la televisión (también el museo que opera como altar de la nación) construyendo así esos imaginarios nacionales (Castro-Gómez, 2011).

Los estudios culturales, como puede verse, son un campo en disputa, un campo indeterminado, sin garantías, que no se casa a priori con teorías, métodos, pero que sí gozan de una especificidad. Según Restrepo (2015):

“La intervención es el rasgo distintivo más importante de los estudios culturales. No pueden existir estudios culturales sin intervención, ya que es en ésta que se materializa su voluntad política. […] Intervención la entiendo como praxis, esto es, una práctica orientada teóricamente hacia la transformación. Esta transformación, sin embargo, no es la de la Revolución (con mayúscula inicial), no es la de una teorización totalitaria del lugar de la vanguardia o del profeta. Es la intervención que puede operar en tres planos, y a veces en varios de ellos al tiempo. [a] En el plano de la interrupción de ciertos amarres concretos del sentido común y de los imaginarios colectivos referidos a la intercepción entre las prácticas significativas y las relaciones de poder. Interrumpir, entonces, las articulaciones de la explotación, dominación y sujeción que se naturalizan y que operan en tanto no pensables, pero desde donde se piensa. [b]Un segundo plano son las intervenciones como acciones derivadas de investigaciones concretas sobre las relaciones de poder localizadas que lo involucran a uno mismo como sujeto, pero que no se limitan a la subjetividad individual ni se quedan necesariamente en lo local. En este plano no es una intervención a nombre de otros irreductibles y distantes (marginalizados, subalternizados), sino desde las molestias existenciales del sí en relación con otros significativos. Finalmente, [c] intervención en el sentido de propiciar los insumos teóricos contextualmente basados para las transformaciones estructurales y las luchas anticapitalistas”.

Referencias

Castro-Gómez, S. (2011). 2ª ed. Crítica de la razón latinoamericana, Bogotá, Universidad Javeriana. 

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications.

Jameson, F. (2010). Reflexiones sobre la posmodernidad. Madrid, Abada Editores.

Jameson, F. (2016). Los estudios culturales, Buenos Aires: Egodot.

Restrepo, Eduardo. (2015). “Estudios culturales: avatares y posiciones”. https://www.redalyc.org/journal/396/39640443017/html/

Restrepo, E. (2022). Forcejeando con ángeles. Introducción interesada a Stuat Hall. Lima: La Siniestra Ensayos.

Urteaga, E. (2009). “Orígenes e inicios de los estudios culturales”. En Gaceta de antropología, 25 (1).

La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El argumento, en principio, parece razonable. Todo gobierno necesita tiempo para ejecutar sus políticas, poner en marcha sus programas y demostrar resultados. Pero hay una pequeña contradicción que no debería pasar inadvertida: ¿no dizque Abelardo De La Espriella era el milagroso?

Porque si durante la campaña se vendió la idea de que él tenía soluciones extraordinarias para los problemas del país, entonces resulta inevitable preguntar dónde están los milagros. No se puede pedir paciencia para medir los resultados y, al mismo tiempo, reclamar aplausos anticipados por un gobierno que apenas comienza. Si 30 días son insuficientes para determinar si gobierna mal, también deberían ser insuficientes para decretar que gobierna bien.

No se puede jugar con las dos barajas.

Cuando conviene, se dice que hay que esperar para juzgar. Cuando conviene, se celebra cada declaración, cada gesto y cada decisión como si estuviéramos asistiendo al nacimiento de una nueva era. Eso no es evaluación: es indulgencia selectiva.

Y conviene decirlo con toda claridad: gritar frente a un micrófono, manotear, cerrar el puño, elevar la voz o adoptar una postura desafiante no constituye una política pública. Mucho menos demuestra capacidad de gobierno. El volumen de la voz no guarda relación alguna con la calidad de las decisiones.

Iván Duque también sabía utilizar el micrófono, levantar la voz y construir discursos de firmeza. Eso, sin embargo, no impidió que su gobierno terminara siendo objeto de fuertes cuestionamientos y que su legado político quedara sometido a una evaluación mucho más compleja que la que ofrecían sus intervenciones públicas.

El problema, entonces, no es que De La Espriella lleve apenas 30 días. El problema sería creer que durante esos 30 días el país debe suspender su capacidad crítica porque el nuevo presidente necesita tiempo para demostrar lo que prometió. Una cosa es darle tiempo y otra concederle inmunidad política.

En lo que he visto hasta ahora aparece un presidente que parece especialmente empeñado en demostrar quién manda. Y ahí es donde comienzan las preguntas incómodas. Porque la autoridad presidencial no se demuestra intimidando, gritando o imponiendo. Se demuestra gobernando dentro de las reglas, respetando las instituciones y entendiendo que el poder tiene límites.

También preocupa la impresión de que el Presidente prefiera tener cerca a quienes lo aplauden antes que a quienes puedan decirle que está equivocado. Un gobernante rodeado de aduladores puede sentirse muy poderoso, pero está extraordinariamente mal acompañado.

La historia está llena de gobiernos que terminaron creyéndose sus propios aplausos.

El caso del DANE merece especial atención. Si la salida de Ricardo Valencia estuvo relacionada con discrepancias frente al manejo o la interpretación de las cifras, como se ha planteado públicamente, entonces el asunto no debería despacharse como una simple disputa burocrática. Las estadísticas oficiales no pueden convertirse en instrumentos al servicio de la narrativa de un gobierno. Si una cifra incomoda, se debate. Si una metodología tiene problemas, se corrige. Si existe una irregularidad, se investiga. Pero la solución no puede ser que las instituciones produzcan únicamente los datos que resulten políticamente convenientes.

Y aquí aparece otro asunto de fondo: la obsesión con el gobierno de Gustavo Petro.

Nadie está diciendo que Petro haya sido un ángel. Su administración tuvo errores, escándalos y decisiones profundamente controvertidas. Todo aquello que deba investigarse debe investigarse. Si hubo corrupción, quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia.

Pero una cosa es investigar posibles delitos y otra convertir la administración pública en una gigantesca operación de revancha política.

No todos los funcionarios que trabajaron durante el gobierno anterior son delincuentes. No todos los programas anteriores fueron un desastre. No todas las cifras negativas son falsas y no todas las positivas son sospechosas. Gobernar consiste precisamente en tener la capacidad de distinguir.

Si el nuevo Gobierno pretende corregir lo que estuvo mal, adelante. Para eso recibió el poder. Pero si su principal argumento para justificar cada problema consiste en señalar a Petro, entonces la pregunta inevitable será cuándo empezará realmente a gobernar De La Espriella.

Porque resulta muy cómodo gobernar culpando al antecesor. Lo difícil es hacerse responsable de lo que ocurre durante el propio mandato.

Y aquí De La Espriella debería tener cuidado con algo que parece olvidar: el cielo también tiene memoria.

Está escupiendo demasiado hacia arriba.

Ningún gobierno está vacunado contra los escándalos. Ningún presidente está por encima de los errores. Ninguna administración puede garantizar que entre sus funcionarios no aparecerá un caso de corrupción. Quien construye su autoridad política sobre la supuesta superioridad moral frente a sus adversarios debería recordar que el poder tiene una costumbre particularmente incómoda: tarde o temprano, examina a todos con la misma lupa.

Por eso sería saludable que el Presidente dejara de comportarse como si cada crítica fuera una conspiración y entendiera que la prensa no está para aplaudirlo.

Porque respetar la libertad de prensa no significa permitir que los periodistas hagan preguntas mientras sean cómodas. La libertad de prensa se pone a prueba precisamente cuando aparece la pregunta que incomoda, la repregunta que molesta y el periodista que no acepta la respuesta prefabricada.

Un presidente democrático no necesita periodistas arrodillados ante el poder. Necesita periodistas que pregunten. Que contradigan. Que investiguen. Que insistan. Que incomoden.

Y también necesita funcionarios capaces de decirle que no.

El verdadero peligro para un presidente no es tener críticos. El verdadero peligro es quedarse sin ellos.

Después de 30 días no es serio declarar que el gobierno fracasó. Pero tampoco es serio proclamar que ya demostró ser exitoso. El mismo criterio debe aplicarse en ambas direcciones. Si todavía es temprano para exigir resultados definitivos, también es temprano para repartir certificados de excelencia.

Así que paciencia, sí. Pero paciencia no significa silencio.

Tiempo, sí. Pero tiempo no significa impunidad política.

Respeto institucional, sí. Pero respeto institucional también significa permitir que las instituciones hagan su trabajo aunque sus decisiones incomoden al Gobierno.

Y milagros, si fueron prometidos, que aparezcan donde realmente importan: en el empleo, la seguridad, la economía, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y la calidad de vida de los colombianos.

Porque un país no se gobierna a gritos.

Tampoco a punta de aplausos.

Y mucho menos a punta de milagros prometidos.

Al final, De La Espriella tendrá que demostrar algo mucho más difícil que su capacidad para llenar plazas, levantar el puño o pronunciar discursos incendiarios: tendrá que demostrar que puede ejercer el poder sin convertirlo en una extensión de su personalidad, gobernar sin confundir autoridad con autoritarismo, escuchar sin sentirse derrotado y aceptar la crítica sin tratar al crítico como enemigo.

Los colombianos no necesitan un presidente que les diga constantemente quién manda. Ya sabemos quién manda: temporalmente, el presidente. Pero el poder no le pertenece. Es prestado. Y precisamente por eso, cuando terminen los aplausos, cuando se apaguen los micrófonos y cuando desaparezcan las cámaras, quedará la única pregunta que realmente importa: ¿qué hizo con ese poder?

Ahí, y no en el volumen de sus discursos, comenzará la verdadera evaluación.

Durante años, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, han construido un sistema de control que combina armas, extorsión, economías ilegales y regulación de la vida cotidiana. No estamos hablando simplemente de una banda que cobra extorsiones de manera ocasional. Estamos hablando de una organización armada que, según investigaciones recientes, ha conseguido imponer mecanismos de control sobre una parte importante de la economía y del territorio de Santa Marta y de su corredor turístico.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que cerca del 95 % de los prestadores de servicios del corredor turístico entre Santa Marta y Palomino estarían sometidos a extorsiones y calculó esas rentas entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. El dato debería obligarnos a mirar el problema de otra manera: cuando una organización armada obtiene miles de millones de pesos de una economía legal mediante amenazas, ya no estamos únicamente frente a un problema de seguridad. Estamos frente a una disputa por el control económico de una región.

Y hay una contradicción particularmente dolorosa.

Santa Marta es uno de los lugares más extraordinarios de Colombia. Pocas ciudades tienen una geografía semejante: el Caribe frente a la ciudad, la Sierra Nevada elevándose detrás de ella y, en esa Sierra, una de las mayores riquezas culturales del país, representada por los pueblos indígenas que han habitado ese territorio durante siglos y que han construido alrededor de él una relación espiritual y cultural profundamente distinta de nuestra concepción convencional del territorio.

Los pueblos indígenas de la Sierra la llaman el corazón del mundo.

Resulta difícil pensar en una contradicción mayor: uno de los lugares más bellos y culturalmente ricos de Colombia sometido a una realidad en la que organizaciones armadas pretenden imponer reglas, cobrar tributos y disputar al Estado el control efectivo del territorio.

Los Pachenca no son una autoridad. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra no son una autoridad. No son los dueños de la Sierra Nevada ni de Santa Marta. El nombre que una organización armada se dé a sí misma no transforma su naturaleza ni le concede legitimidad.

No hay conquista legítima cuando el control se sostiene mediante armas, amenazas y extorsiones.

Por eso lo que está ocurriendo en Santa Marta puede convertirse en la batalla más importante que está dando en este momento el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

No necesariamente por el tamaño de la ciudad ni por el número de habitantes. La importancia está en otra parte. Santa Marta representa una prueba concreta de la capacidad del Estado para recuperar una función elemental de cualquier República: que ninguna organización armada pueda convertirse en autoridad paralela y decidir quién trabaja, quién paga, quién circula y quién puede desarrollar una actividad económica.

Ese es el verdadero problema político.

Un comerciante que paga una extorsión no está haciendo una transacción comercial. Está reconociendo, bajo amenaza, una autoridad distinta a la del Estado. Un empresario turístico que tiene que pagar para poder operar no está simplemente asumiendo un costo ilegal. Está siendo sometido a un sistema de poder que pretende reemplazar la autoridad pública.

Y allí está la dimensión más importante de esta crisis.

Santa Marta es hoy una batalla por la legitimidad del Estado.

La respuesta, por eso, no puede consistir únicamente en enviar más uniformados durante una coyuntura de violencia. El Estado tiene que recuperar el control territorial, pero también debe desmontar el poder económico que permite a estas organizaciones sobrevivir. Tiene que perseguir las estructuras de extorsión, seguir las rutas del dinero, proteger a los comerciantes que denuncien, intervenir las redes asociadas al narcotráfico y evitar que las cárceles se conviertan en centros de coordinación criminal.

Tiene que conseguir algo mucho más sencillo de decir que de lograr: que un ciudadano pueda abrir un negocio sin pedirle permiso a un grupo armado.

Y aquí aparece el turismo.

El turista llega a Santa Marta para conocer una ciudad, descansar, comer, contratar una excursión, visitar la Sierra o recorrer el Caribe. No llega pensando que una parte de la economía en la que está participando puede encontrarse sometida a una estructura de extorsión.

Por eso resulta inaceptable que el turismo, que debería ser una de las grandes fuentes de empleo, inversión y desarrollo de Santa Marta, pueda convertirse en una de las fuentes de financiación de quienes pretenden controlar la ciudad.

El turista no puede terminar financiando, aunque sea indirectamente y sin saberlo, el poder de quienes amenazan a los comerciantes que hacen posible su experiencia.

Esto convierte el problema en un asunto nacional.

Santa Marta no es únicamente de los samarios. Es una de las principales puertas turísticas de Colombia y uno de los lugares mediante los cuales el país se presenta ante el mundo. Su bahía, su patrimonio histórico, sus playas, el Tayrona y la Sierra Nevada hacen parte de un patrimonio que trasciende a la ciudad.

Por eso este es un momento en el que el Estado debe ejercer toda la legitimidad que le corresponde.

No se trata solamente de recuperar una carretera después de un paro armado. No se trata solamente de impedir que una organización cierre los comercios durante unos días. Se trata de demostrar que en Colombia la autoridad no se negocia con grupos armados.

Que la extorsión no es un impuesto.

Que el narcotráfico no es una economía legítima.

Que una organización armada no puede convertirse en gobierno local.

Que una montaña no puede tener dueños armados.

Y que los ciudadanos no tienen por qué escoger entre pagar o arriesgar su vida.

Por eso Santa Marta merece la atención de todo el país. De los empresarios, de los trabajadores del turismo, de los comerciantes, de los samarios y, especialmente, del Gobierno nacional.

Esta puede ser una oportunidad para demostrar que la recuperación de la seguridad no consiste solamente en responder a cada episodio de violencia, sino en desmontar las estructuras que producen esa violencia y recuperar las condiciones para que la economía legal vuelva a funcionar sin intermediarios armados.

Lo que está en juego en Santa Marta es mucho más que la temporada turística.

Está en juego quién manda.

Y esa pregunta, en una República, solamente puede tener una respuesta.

Santa Marta no necesita otro dueño. Necesita que vuelva a mandar la República.

«Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos pemón, warao, jivi, yanomami, piaroa y wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales», afirma Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Lo dice luego del asesinato de Julio Rodríguez, capitán –máxima autoridad de comunidad o pueblo– del pueblo indígena jivi ekunay, quien fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después.

El hecho ocurrió en Bolívar, un estado con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco del Orinoco -una extensa área minera creada por el presidente Nicolás Maduro- y tiene fuerte presencia de grupos armados. “Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán», señala el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de amenaza para los líderes indígenas en los territorios venezolanos ocupados por actividades mineras ilegales. Según un informe de SOS Orinoco, publicado en julio de 2026, “el estado Bolívar constituye el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados”. El reporte señala que por lo menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana). Según el informe, estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios que existen en esta zona.

La investigación también sostiene que estos grupos armados actúan “como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”. En los lugares donde actúan, “predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente”.

También se menciona que la expansión criminal no se explica solo por la fortaleza de los grupos armados ante la ausencia del Estado, sino que apunta a “la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”.

“Estos grupos armados operan cobrando ‘vacunas’ –extorsión–, regulando la vida cotidiana, ‘administrando justicia’ en las minas y realizando otras tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso repartiendo alimentos y medicinas”, precisa el documento.

“Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado”, agrega Murillo.

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Pueblos indígenas dentro del Arco Minero

“Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños”, dice la lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito al iniciar su participación durante el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en agosto. Allí representantes de Venezuela expusieron los impactos de la minería y otras actividades extractivas.

Henrito habló sobre lo que ocurre con las comunidades indígenas en Bolívar por la presencia minera y la criminalidad organizada. Dijo que “la contaminación de los ríos por mercurio está afectando la salud materna de las mujeres y niños”. Además, alertó sobre “el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades”.

“Desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados”, agrega para luego describir asesinatos cometidos por jóvenes indígenas bajo los efectos de las drogas.

El panorama que describe incorpora casos de tráfico de menores y divisiones dentro de los pueblos indígenas. “Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno”, cuestiona.

“El despojo territorial es una de las mayores amenazas vigentes y graves que podemos vivir como comunidades indígenas”, dice Henrito y continúa su discurso para adentrarnos en la inseguridad y violencia impuesta por los remanentes de los grupos armados de Colombia y los sobrevivientes de las bandas criminales que “siguen generando brotes de violencia intermitente” en medio de disputas y ofrecimientos económicos a las comunidades indígenas para tomar el control de las zonas mineras.

Tampoco deja de lado al Gobierno, por entregar “zonas ricas en oro y otros minerales a grandes empresas y grupos con poder económico y político sin implementar medios de vida para la población local”.

En la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que pese a haber sido convocado, el Estado venezolano no respondió ni participó en la audiencia. No obstante, Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en ese país.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.

“Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela”, dice Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, sobre lo que se vive en los pueblos indígenas ubicados en los estados mineros.

Burelli señala que es muy difícil documentar las amenazas y asesinatos en la Amazonía venezolana por el temor que tienen las personas de contar lo que sucede, por tanto, “se quedan callados”, y solamente se conocen los crímenes “muy visibles” como el caso de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022.

Trujillo se oponía a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados que entraban a su territorio comunal en el estado de Amazonas. “Sabemos que los yanomami, los pemón, los piaroa, los yekwana están siendo amenazados”, agrega Burelli.

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Vivir en medio de disputas violentas

El estudio de SOS Orinoco identifica a los 26 grupos armados que operan en los cuatro estados del sur de Venezuela, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos derivados de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La lista también suma al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Tren de Aragua y a Tren de Guayana, entre otros.

Según esta investigación, los grupos armados con mayor presencia fueron el ELN y las disidencias de las FARC, los mismos que están presentes en 16 de los 21 municipios que hay en toda esta zona. Otras organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y varios de los ‘sindicatos mineros’ tienen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera.

“Las amenazas que rodean a las comunidades indígenas venezolanas están en manos de grupos armados ilegales, tanto extranjeros como nacionales”, comenta Murillo, de Provea. “Hay una combinación letal en el país donde grupos armados de criminalidad urbana migraron a los yacimientos mineros y ahora coexisten con grupos armados internacionales como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y la guerrilla colombiana del ELN [Ejército de Liberación nacional]”, dice Murillo sobre el panorama de violencia en las zonas mineras del sur de Venezuela.

El asesinato de Julio Rodríguez no ha sido esclarecido. “No se saben los detalles”, dice Murillo, pero explica que el año pasado hubo una ruptura de lo que era una especie de alianza de entendimiento entre las disidencias de las FARC y el ELN. “Entraron en una disputa más violenta de esos territorios y en medio están las comunidades indígenas, absolutamente vulnerables y abandonadas”.

“Allí hay muy poca presencia del Estado venezolano. El último contacto con representantes del Estado, nos dicen ellos, fue hace más de un año.”, comenta Murillo.

El antropólogo Tillett comenta también sobre otros asesinatos ocurridos en las zonas mineras. Menciona el caso de un indígena warao, en el estado de Bolívar, así como el caso de dos indígenas piaroas, en la misma zona.

Los crímenes de la población indígena en Venezuela no son esclarecidos. El informe de Provea sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2025 incluye tres casos de asesinatos que permanecen impunes. El caso de Virgilio Trujillo es uno de ellos, también está el de Joaquín Hernández, indígena ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado de Amazonas, considerado un guardián de su territorio, asesinado en septiembre de 2024 por individuos que no han sido identificados. Un tercer caso es el de Franklin Fernández, indígena yukpa, a quien mataron en la plaza central de Machiques, estado de Zulia.

*Imagen principal: un trabajador usa agua para comprobar cuánto oro absorbe una placa de cobre cubierta de mercurio en El Callao, estado de Bolívar. Foto: AP/Matías Delacroix.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Me aterriza en este hoy tan pausado para entender que nuestras casas no sabrán nunca que nos hemos ido.

De ese lado nos susurran los recuerdos frescos de quienes decidieron llamarse amores de la vida.

Me devuelves a los días en los que fuimos niños y entraste a ver mis medallas de natación diciendo que recorrerías el mundo de mi mano, volteando la esquina de una credencial.

No quiero que me invites a la otra orilla.

Yo sé mucho sobre los amores de la vida. En ellos, las promesas no se extinguen, porque reflejan los ojos en un espejo propio y sin tiempo, en una burbuja de protección incontenible.

Si me llevas, soportaré menos descifrar las agresiones de los insolentes que se autoproclaman perfectos.

Aquí sobrevivo con la ilusión de que un día, en esos pequeños ojos, retomaremos tiempos de vidas pasadas, sin prejuicios, en el reconteo de palabras de las canciones de siempre.

Solo repetiré emociones, sin la novedad del repentino descubrimiento.

No me invites, que no puedo ser el amor de tu vida.

En este reino soberano ya llegué a mi trono, y no quiero, ni puedo, añadir a lo temido y adorado.

Suena el pájaro que no conozco, escucho un zumbido y cae una rama en lo profundo de mis manos.

Estamos acostumbrados a hablar de la migración desde la perspectiva de quienes reciben al migrante. Las discusiones públicas suelen comenzar en las fronteras y terminar en ellas: cuántas personas llegan, cómo atraviesan los controles, qué hacen los gobiernos, qué capacidad tienen las ciudades para recibirlas, cuáles son los temores de las sociedades que las reciben. En ese recorrido, la persona concreta tiende a desaparecer. El migrante se convierte en una categoría, una cifra, una noticia o una discusión política, y detrás de cada una de esas palabras queda escondida una historia que empezó mucho antes de que apareciera en nuestra pantalla. Antonio Lozano plantea justamente la necesidad de invertir esa mirada y acercarnos a quien emprende el viaje, comprender las razones que lo llevaron a tomar una decisión que, vista desde fuera, puede parecer incomprensible, pero que adquiere otra dimensión cuando se conocen las circunstancias desde las cuales fue tomada.

La historia de Suleimán ocurre, además, dentro de un fenómeno mucho más grande que las fronteras de Europa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a mediados de 2024 había alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo. Pero el mismo informe recuerda algo que suele perderse cuando las imágenes de las fronteras ocupan nuestra atención: cruzar un país para vivir en otro sigue siendo menos frecuente que desplazarse dentro del propio país. La migración interna es mucho más común que la internacional. A finales de 2024, además, más de 83 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno en el mundo. La movilidad humana, entonces, no empieza necesariamente en un aeropuerto, en una frontera o en un barco. Muchas veces comienza mucho más cerca: en la decisión de abandonar una vereda para ir al pueblo, un municipio para llegar a una ciudad, una región para buscar trabajo o una casa para escapar de la violencia.

Migrar puede significar cosas muy distintas. Puede ser una decisión planeada durante años, una oportunidad laboral, la búsqueda de una universidad, el deseo de reunirse con la familia o la necesidad de huir. Puede implicar atravesar un continente o simplemente recorrer unos cuantos cientos de kilómetros. Puede ser voluntario, forzado o encontrarse en esa zona gris en la que una persona decide marcharse porque las posibilidades que tiene delante parecen haberse reducido hasta hacer del movimiento una forma de supervivencia. Por eso resulta tan difícil hablar de los migrantes como si fueran un grupo homogéneo. Las razones para partir son tan diversas como las personas que parten.

Suleimán no parte de Malí persiguiendo una idea abstracta de Europa. Su deseo es mucho más elemental y, precisamente por eso, mucho más difícil de juzgar desde lejos: quiere trabajar, conseguir suficiente dinero para volver y montar un negocio que le permita ayudar a su familia. El viaje, sin embargo, empieza a deformar rápidamente esa expectativa. Él y Musa atraviesan el desierto en camiones incómodos y llenos de personas que, como ellos, buscan una vida distinta; llegan hasta la frontera con Melilla y descubren que llegar hasta allí no significa haber llegado a ninguna parte. El primer intento fracasa y Suleimán decide volver a intentarlo, esta vez por mar. La distancia entre el sueño inicial y la realidad del camino es precisamente aquello que la obra consigue poner delante del espectador: detrás de la palabra migración existe un trayecto físico, pero también una sucesión de decisiones, renuncias, miedos y esperanzas que resulta mucho más difícil de resumir en una estadística.

Quizá por eso Me llamo Suleimán funciona mejor cuando uno deja de pensar en ella como una obra sobre la migración y empieza a verla como una historia sobre el futuro. Suleimán quiere algo que, en principio, no parece extraordinario: quiere que su vida sea diferente, quiere tener la posibilidad de regresar con algo que ofrecer a los suyos y quiere escapar de una pobreza que ha dejado de aceptar como destino. El dossier de la obra insiste en que no se trata de un tratado sobre inmigración ni de un estudio exhaustivo del fenómeno, sino de la historia de un joven que emprende un viaje para alcanzar sus sueños. Esa decisión narrativa es importante porque devuelve al personaje algo que las grandes discusiones sobre migración suelen quitarle: individualidad. Suleimán no representa a todos los africanos, ni a todos los migrantes, ni siquiera pretende explicar las razones de todos quienes emprenden una travesía semejante. Es un muchacho con un nombre, un amigo, una familia y una idea particular de aquello que podría ser una vida mejor.

Colombia conoce bien esa pregunta. También nosotros hemos sido un país de migrantes, aunque durante mucho tiempo hayamos hablado menos de esa experiencia porque solemos asociar la palabra con quien cruza una frontera internacional. Hoy más de 5,5 millones de colombianos viven fuera del país, según la Cancillería. Es una diáspora que se extiende por Estados Unidos, España, Venezuela y muchos otros lugares del mundo. Son millones de historias distintas: quienes se fueron buscando trabajo, quienes llegaron para estudiar, quienes se reunieron con sus familias, quienes salieron por razones económicas y quienes tuvieron que abandonar el país por la violencia.

Pero hay otra historia migratoria colombiana, quizá todavía más profunda, que ocurre sin necesidad de cruzar una frontera internacional. Durante décadas, millones de colombianos se han desplazado de un municipio a otro, del campo a las ciudades, de una región a otra. El DANE ha estudiado esta migración interna como una de las grandes fuerzas que han transformado la geografía del país. El Censo de 2018, por ejemplo, permitió caracterizar los movimientos entre municipios y departamentos y distinguir entre migración de toda la vida y migración reciente.

El dato histórico ayuda a dimensionar esa transformación. En el Censo General de 2005, el DANE encontró que cerca del 36 por ciento de las personas censadas había nacido en un municipio diferente de aquel en el que residía. Eso significa que, entre los 41,5 millones de personas consideradas en ese cálculo censal, alrededor de 15 millones vivían en un municipio distinto al de su nacimiento. No eran necesariamente refugiados ni desplazados por la violencia: eran colombianos que, por distintas razones, habían cambiado de lugar de residencia dentro del país.

Y junto a esa migración existe una experiencia todavía más dolorosa: la de quienes no decidieron marcharse. Colombia continúa teniendo una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo. Al cierre de 2025 había más de siete millones de personas desplazadas internamente por el conflicto y la violencia, según ACNUR. Es una cifra que obliga a recordar que para millones de colombianos la palabra migración no describe una aventura, una oportunidad ni la búsqueda deliberada de un futuro distinto, sino la interrupción brutal de una vida que estaba ocurriendo en otro lugar.

Hay, entonces, una línea invisible que conecta la historia de Suleimán con muchas historias colombianas, aunque las circunstancias sean radicalmente diferentes. Un campesino que abandona su vereda para llegar a Bogotá, una familia que deja una región por amenazas, un joven que viaja a España para trabajar, una mujer que se muda de un municipio a otro para estudiar, un hombre que cruza una frontera buscando una oportunidad: todos participan, de maneras distintas, de una misma condición humana, la de comprender que el lugar en el que se nació no necesariamente será el lugar en el que se vivirá para siempre.

No se trata de establecer equivalencias fáciles. La experiencia de un joven de Malí que atraviesa el Sahara no es la misma que la de un colombiano que llega a Bogotá desde el campo, ni la de quien emigra a Madrid, ni la de una familia desplazada por la guerra. Las causas, los riesgos y las circunstancias son diferentes. Pero hay algo que sí puede reconocerse entre todas esas historias: el acto de imaginar que la vida puede continuar —o comenzar de nuevo— en otro lugar.

Y es justamente esa historia la que llegará a Bogotá. Me llamo Suleimán se presentará el 2 de octubre de 2026, a las 7:30 de la noche, en la Sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, un escenario que, por unas horas, permitirá que esa travesía que comienza en Malí y atraviesa el Sahara, las fronteras y finalmente el mar encuentre otro territorio desde el cual ser contada. La llegada de la obra a Bogotá tiene algo particularmente sugestivo: una historia sobre alguien que atraviesa territorios para intentar encontrar un lugar donde construir su futuro será representada en una ciudad que también conoce, de distintas maneras, las historias de quienes han tenido que abandonar un lugar para comenzar de nuevo. Más que una coincidencia geográfica, es una oportunidad para que el teatro vuelva a hacer aquello que mejor sabe hacer: poner una vida concreta frente a otras vidas y obligarnos, durante el tiempo que dura una función, a mirar el mundo desde una perspectiva que no es la nuestra.

En una época en la que buena parte de nuestras conversaciones sobre migración se producen a partir de imágenes de multitudes, estadísticas y mapas, esa individualidad adquiere una importancia política y humana que el teatro puede expresar mejor que muchas explicaciones. Las cifras son necesarias, por supuesto, pero una cifra no permite saber qué pensaba la persona que representa. No sabemos qué dejó atrás, qué conversación tuvo antes de partir, qué le prometió a su familia o qué imaginaba encontrar al otro lado del mar. Sabemos solamente que cruzó, que intentó cruzar o que murió intentando hacerlo. La obra parte de una operación mucho más sencilla: darle voz a uno de ellos y permitir que el espectador conozca la historia antes de formular el juicio. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones han insistido en la importancia de comprender las dimensiones humanas que existen detrás de los datos sobre desplazamiento y migración. El material de la obra recoge esa idea para explicar por qué Suleimán no funciona como un símbolo abstracto, sino como un personaje capaz de despertar identificación en quien lo observa.

Existe una frase en el material de la obra que resume buena parte de esa intención. Suleimán dice que le gusta contar de qué familia y de qué país viene porque así siente que es un hombre y no una sombra perdida entre blancos. La frase resulta poderosa porque introduce una diferencia fundamental entre ser visto y ser reconocido. Una sombra puede estar delante de nosotros sin que sepamos absolutamente nada de ella; podemos verla atravesar una frontera, aparecer en una fotografía o convertirse en una noticia y, sin embargo, seguir sin conocerla. Contar una historia es una manera de romper esa distancia. Cuando sabemos que quien viaja tiene un nombre, una familia y un proyecto de vida, la palabra migrante empieza a resultar insuficiente para describirlo.

También por eso Colombia puede escuchar esta historia desde una experiencia propia. Quizá uno de los rasgos más profundos de nuestra historia reciente sea precisamente que hemos aprendido a vivir en movimiento. Familias que llegaron a las ciudades, campesinos que abandonaron sus tierras, jóvenes que viajaron a otros países, personas que regresaron después de décadas, comunidades enteras que tuvieron que reconstruir su vida lejos de donde nacieron. La historia colombiana está llena de desplazamientos, algunos buscados y otros impuestos. El país que recibe a Suleimán en el escenario es, al mismo tiempo, un país que ha enviado millones de personas al exterior y que ha visto a millones de sus propios ciudadanos cambiar de municipio, de región o de vida.

La trayectoria de la obra también dice algo sobre la capacidad del teatro para permanecer alrededor de un asunto incluso cuando cambian las noticias que lo rodean. Me llamo Suleimán nació de la novela homónima de Antonio Lozano, publicada en 2014, y fue llevada al escenario bajo la dirección de Mario Vega. En 2015 recibió reconocimientos para el espectáculo, la dirección, la autoría, la interpretación y la escenografía, además del Premio del Público. La compañía unahoramenos ha desarrollado posteriormente otros proyectos relacionados con asuntos contemporáneos, entre ellos Moria, una pieza de teatro documental surgida de una visita al campo de refugiados de Lesbos y reconocida con el Premio Max a la Mejor Labor de Producción en 2022.

Lo que queda después de conocer a Suleimán no es necesariamente una respuesta sobre qué debería hacer Europa, ni una conclusión sencilla sobre las fronteras o sobre las políticas migratorias. Queda algo más incómodo: la obligación de imaginar durante unos minutos la escena desde el otro lado. Pensar en un joven que observa su país, mira a su familia, calcula las posibilidades que tiene y termina concluyendo que un viaje incierto puede ofrecerle más futuro que permanecer en casa. Desde nuestra comodidad, esa decisión puede parecer temeraria; desde la suya, puede ser simplemente la consecuencia de haber agotado otras posibilidades. La obra no necesita resolver esa contradicción. Le basta con ponerla delante de nosotros y dejar que el espectador descubra que, antes de preguntarse quién llega, convendría preguntarse qué tuvo que ocurrir para que alguien decidiera irse.

Porque quizá esa sea una de las cosas que la migración revela con mayor claridad: que ningún lugar es completamente definitivo. Las personas se mueven. Cambian de ciudad, de región, de país. Se marchan, regresan, vuelven a marcharse. Llevan consigo fotografías, acentos, recetas, recuerdos, idiomas y una idea del lugar al que algún día quisieran regresar. Algunas migraciones son una elección; otras son una huida; muchas son una mezcla de necesidad y esperanza. Pero casi todas contienen, de una manera u otra, la misma pregunta que acompaña a Suleimán: ¿qué podría encontrar al otro lado que todavía no puedo encontrar aquí?

Suleimán emprende un viaje hacia Europa, pero el verdadero viaje de la historia ocurre en otra dirección: va desde la distancia hacia el reconocimiento. En algún momento dejamos de mirar a un grupo de personas que intenta atravesar una frontera y empezamos a mirar a un muchacho que quiere trabajar, volver a su casa y ayudar a los suyos. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente aquello que estamos viendo. Quizá el teatro tenga, entre otras, esa capacidad extraña de convertir un problema del que creemos saberlo todo en una historia que todavía necesitamos escuchar. Y quizá por eso, cuando se apagan las luces y Suleimán empieza a contar su viaje, la pregunta ya no sea solamente por qué alguien decide irse de un país, sino cuánto de nuestras propias vidas ha sido también, de una manera u otra, un viaje hacia otro lugar.