Ocho cuerpos aparecen sobre un escenario y se mueven como si obedecieran a una orden que nosotros no alcanzamos a escuchar. Marchan, entrenan, celebran. Se sacuden, se tensan, se disciplinan. Por momentos parecen soldados; por momentos, víctimas; por momentos, criaturas salidas de alguna pesadilla. No sabemos bien dónde termina el individuo y dónde comienza la institución.

Ese es uno de los primeros gestos de Oasis de la impunidad, la obra del director y dramaturgo chileno Marco Layera y la compañía La Re-sentida. No es una obra que pretenda llevar literalmente la calle al teatro. Nació, sí, de una calle incendiada: la revuelta social que comenzó en Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019. Pero sus creadores entendieron que reproducir sobre un escenario la violencia de aquellas jornadas sería demasiado fácil y, quizá, demasiado poco interesante. El desafío era otro: preguntarse qué ocurre con un cuerpo cuando el Estado le enseña a ejercer la violencia y qué ocurre con una sociedad cuando empieza a acostumbrarse a ella.

La pregunta parece chilena, pero no lo es.

Podría ser colombiana.

Podría ser argentina, mexicana, peruana, brasileña. Podría ser europea. En realidad, podría ser la pregunta de cualquier democracia que tenga policías, ejército, cárceles, fronteras y ciudadanos que alguna vez han salido a la calle para protestar contra el poder.

Porque el Estado democrático tiene una paradoja que preferimos no mirar demasiado de cerca: para proteger la vida necesita tener capacidad de ejercer la fuerza. Y precisamente porque posee esa fuerza necesita someterla a límites.

El problema comienza cuando olvidamos la segunda parte.

La obra de Layera coloca en el centro a quienes ejercen la violencia estatal. No solamente a sus víctimas. No solamente al manifestante golpeado, al detenido, al ciudadano que corre o al cuerpo que cae. También al hombre o la mujer que recibe una orden, se pone un uniforme y aprende que mantener el orden puede exigirle utilizar la fuerza contra otro ser humano.

La pregunta entonces deja de ser solamente quién golpeó a quién.

Se vuelve mucho más incómoda: ¿qué clase de sistema produce al individuo capaz de hacerlo?

El dossier de la obra habla de un organismo mecánico y convulso, compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. La disciplina aparece allí no como una virtud abstracta, sino como algo que se inscribe físicamente en el cuerpo. El cuerpo aprende. El cuerpo obedece. El cuerpo se acostumbra.

Y quizá esa sea una de las grandes tragedias políticas de nuestro tiempo: que la violencia termina convirtiéndose en una técnica.

Primero nos escandaliza.

Después la explicamos.

Después la justificamos.

Y finalmente aprendemos a vivir con ella.

Colombia conoce demasiado bien esa secuencia.

Durante décadas hemos hablado de la violencia como si fuera una especie de clima. Algo que está allí, inevitable, casi meteorológico. La violencia guerrillera, la paramilitar, la criminal, la estatal, la política. Cambian los nombres, cambian los uniformes, cambian las consignas, pero permanece una idea peligrosa: que hay momentos en los que la violencia simplemente se vuelve necesaria.

Y por supuesto que existen circunstancias en las que un Estado debe utilizar la fuerza. Una democracia no puede renunciar al monopolio legítimo de la violencia sin renunciar también a una parte esencial de su capacidad para proteger a sus ciudadanos. El problema no es la existencia de la fuerza. El problema es quién la controla, con qué reglas, bajo qué controles y qué sucede cuando aquellos encargados de ejercerla empiezan a creer que la institución está por encima del individuo.

Esa es justamente una de las preguntas que atraviesan Oasis de la impunidad: quién utiliza y quién controla el monopolio estatal de la violencia y cómo puede una sociedad democrática construir un consenso sobre sus usos legítimos.

No son preguntas menores.

Son preguntas sobre el tipo de Estado que queremos.

Y también sobre el tipo de ciudadano que estamos dispuestos a ser.

Hay algo particularmente poderoso en que la obra no convierta el escenario en una copia de la protesta. Layera lo dice con claridad: el teatro no pretende trasladar territorial ni simbólicamente la calle al escenario. No quiere que asistir a una función se convierta en una forma cómoda de desmovilización. El arte, en cambio, debe dejarse afectar por lo que sucede afuera y ponerse en riesgo frente a ello.

Ahí aparece una idea que me interesa mucho: el teatro no tiene que decirnos qué pensar sobre la violencia. Tiene que devolvernos la violencia convertida en pregunta.

Y quizá eso sea también lo que esperamos de una democracia.

Una democracia madura no es aquella en la que nunca hay conflicto. Es aquella capaz de procesarlo sin convertir automáticamente al adversario en un enemigo y sin convertir la fuerza en la primera respuesta disponible.

El Estado necesita autoridad, pero la autoridad necesita límites.

La policía necesita fuerza, pero la fuerza necesita legitimidad.

El ciudadano necesita poder protestar, pero la protesta también necesita reconocer que el otro ciudadano existe.

Y entre esas tensiones —ninguna de ellas sencilla— se juega buena parte de la salud de una democracia.

Por eso resulta tan sugestiva la imagen inicial de esos cuerpos que marchan juntos. Porque un Estado también es, en cierta manera, un cuerpo. Tiene brazos, tiene músculos, tiene instituciones que ejecutan órdenes. Pero un Estado democrático debería tener algo más difícil de construir que la fuerza: debería tener memoria, controles y capacidad para preguntarse por sus propios actos.

El verdadero peligro no aparece cuando un Estado tiene fuerza.

Aparece cuando deja de preguntarse para qué la tiene.

Oasis de la impunidad nació de una experiencia concreta, la explosión social chilena de 2019, y fue construida a partir de un largo proceso de investigación artística. Más de quinientas personas participaron inicialmente en la convocatoria del laboratorio escénico realizado con apoyo del Goethe-Institut; doscientas fueron invitadas a los laboratorios que sirvieron como punto de partida para la creación. La obra terminó estrenándose en Berlín, en la Schaubühne, en abril de 2022, después de pasar por espacios como las Münchner Kammerspiele y Matucana 100.

Es decir: aquella calle chilena terminó viajando.

Pero no como una postal.

Viajó como una pregunta.

Y esa pregunta llega a Colombia en un momento especialmente interesante, porque aquí seguimos discutiendo cuál debe ser la relación entre autoridad y ciudadanía, entre seguridad y libertad, entre protesta y orden público. Seguimos intentando resolver una vieja contradicción: queremos un Estado suficientemente fuerte para protegernos, pero suficientemente controlado para que su fuerza nunca termine protegiéndolo a él mismo de los ciudadanos.

Y llega, además, a un país con una tradición teatral que ha aprendido a mirar de frente la historia. El teatro colombiano no nació de espaldas a la violencia. Buena parte de su historia moderna está atravesada por la necesidad de representar aquello que durante mucho tiempo parecía imposible de decir: la guerra, el desplazamiento, la desaparición, la desigualdad, la memoria, la vida en los márgenes y las distintas formas en que el poder entra en la vida cotidiana.

Desde las experiencias del teatro universitario y el movimiento de creación colectiva hasta grupos y dramaturgos que han convertido la memoria del conflicto en materia escénica, el teatro ha sido también una forma de investigación sobre el país. En Colombia, subir una historia a un escenario muchas veces ha significado preguntarse qué puede decir el arte allí donde el discurso político se ha agotado, donde los archivos no alcanzan o donde las palabras de todos los días han terminado desgastadas por el uso.

Por eso la llegada de una compañía chilena como La Re-sentida tiene algo más que un interés de programación cultural. Es una conversación latinoamericana.

Chile viene a Colombia con una experiencia histórica distinta, pero con una pregunta que reconocemos inmediatamente. Aquí no necesitamos que nos expliquen qué significa que un Estado utilice la fuerza en nombre del orden. Lo hemos visto demasiadas veces. Tampoco necesitamos que nos expliquen la distancia que puede existir entre una institución y los cuerpos concretos que la representan. La hemos vivido en las calles, en las regiones, en las familias y en los archivos.

Lo interesante, entonces, no es preguntarnos si Chile y Colombia son iguales. No lo son. Tampoco lo son sus instituciones, sus historias recientes ni sus formas de entender la protesta. Lo fértil está precisamente en la diferencia: en descubrir cómo una experiencia chilena puede iluminar una discusión colombiana sin pretender resolverla.

Hay, además, algo profundamente latinoamericano en ese intercambio. Nuestros países han producido una enorme cantidad de literatura, cine, música y teatro alrededor de la violencia, pero seguimos teniendo una deuda con la representación de quienes ejercen el poder. Hemos aprendido a narrar a las víctimas, y debemos seguir haciéndolo; pero también necesitamos comprender las estructuras que producen victimarios, funcionarios, soldados, policías, burócratas y ciudadanos capaces de obedecer órdenes que, en otro contexto, quizá jamás obedecerían.

El teatro puede entrar justamente allí, en esa zona gris que el discurso político suele simplificar.

Y quizá esa sea una de las razones por las que importa que Oasis de la impunidad esté en Bogotá. No solamente porque una obra chilena venga a presentarse en Colombia, sino porque el escenario colombiano puede devolverle otra lectura. Una obra cambia cuando cambia el público que la mira. El mismo cuerpo que en Santiago recuerda octubre de 2019 puede provocar en Bogotá asociaciones con otras calles, otras protestas, otros uniformes y otras heridas.

Ese diálogo no necesita convertir la obra en un manifiesto colombiano.

Al contrario.

Su fuerza está en que siga siendo chilena y, precisamente por eso, pueda hablarnos.

El teatro colombiano no necesita importar sus preguntas, pero sí puede encontrarse con ellas. Y quizá una de las mejores formas de fortalecer una escena nacional sea precisamente esa: permitir que dialogue con otras tradiciones, que compare sus heridas, que descubra sus diferencias y que encuentre en el arte producido en otros lugares un espejo imperfecto de sus propias preguntas.

Porque el teatro, cuando funciona, no confirma lo que ya sabemos.

Nos desacomoda.

Nos obliga a mirar desde otro lugar.

Y una obra sobre la violencia puede ser especialmente valiosa cuando consigue que salgamos del teatro sin estar completamente seguros de quién tenía la razón.

Quizá esa incomodidad sea una forma de inteligencia democrática.

La que permite comprender que una sociedad no se construye solamente con vencedores y vencidos, con buenos y malos, con policías y manifestantes, con Estado y ciudadanos, sino en ese espacio mucho más difícil donde todos deben aprender a convivir con el poder, con el conflicto y con los límites.

Quizá esa sea la frontera más delicada de todas.

La que separa la autoridad de la arbitrariedad.

Cuando el cuerpo de un policía se convierte en una extensión automática de una orden, algo se pierde. Cuando el cuerpo de un manifestante deja de ser visto como el cuerpo de un ciudadano y empieza a ser visto únicamente como una amenaza, algo también se pierde. Cuando el cuerpo de una víctima deja de producir indignación y empieza a producir solamente estadísticas, hemos perdido todavía más.

El teatro puede hacer algo que las estadísticas no consiguen: devolverle un cuerpo a la violencia.

Recordarnos que detrás de una orden hay una persona.

Que detrás de un uniforme hay un cuerpo.

Que detrás de una protesta hay otro.

Y que una democracia, en último término, consiste en impedir que alguno de esos cuerpos deje de importar.

Quizá por eso Oasis de la impunidad no sea realmente una obra sobre Chile.

Es una obra sobre nosotros.

Sobre ese lugar incómodo en el que una sociedad descubre que el problema nunca fue solamente quién tiene la fuerza, sino quién decide cuándo puede utilizarla y quién se atreve a preguntarle, después, por qué lo hizo.

Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que celebra sus libertades.

También se mide por la manera en que controla su fuerza.

Y por la capacidad que conserva para mirar a sus propios cuerpos, después de la violencia, y preguntarles qué ocurrió.

Quizá por eso valga la pena que Oasis de la impunidad llegue a Bogotá. La obra de Teatro La Re-sentida, dirigida y escrita por el dramaturgo chileno Marco Layera, podrá verse el 18 y 19 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una función de una hora y treinta minutos.

No es una visita menor.

Es el encuentro entre una experiencia teatral nacida de la revuelta social chilena de 2019 y un país cuya propia historia ha obligado al teatro a preguntarse, durante décadas, por la violencia, el poder, la memoria y los límites del Estado.

Quizá el escenario colombiano sea, por eso mismo, un lugar especialmente fértil para esta conversación.

Porque aquellos ocho cuerpos que marchan, obedecen, se tensan y se transforman sobre el escenario no son solamente cuerpos chilenos. Son cuerpos que nos permiten reconocernos en nuestras propias preguntas.

¿Hasta dónde puede llegar la autoridad?

¿Quién controla a quienes tienen el poder de ejercer la fuerza?

¿Qué ocurre cuando la obediencia comienza a reemplazar el juicio?

¿Y qué sucede con una sociedad cuando termina acostumbrándose a la violencia?

Oasis de la impunidad no parece tener respuestas definitivas para esas preguntas.

Quizá esa sea precisamente su virtud.

El teatro no siempre tiene que explicarnos el mundo. A veces basta con obligarnos a mirarlo de nuevo.

Y en un país como Colombia, donde tantas veces hemos tenido que aprender a vivir después de la violencia, quizá no haya nada más necesario que volver a mirar esos cuerpos y preguntarnos, antes de que caiga el telón, qué hacemos con la fuerza que hemos puesto en sus manos.

“¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey, y fuego!”: Corrido mexicano de Vicente Fernández

Me pregunto qué significa ser un hombre gentil en estos tiempos.

¿Se le puede llamar terroristas a unos niños que fueron sometidos por otros y desprotegidos por el Estado? ¿No son más bien víctimas de un mundo terrorífico que les niega la posibilidad de morir de viejos y de muerte natural?

“Ave, Caesar, morituri te salutant”

(Salve, César, los que van a morir te saludan)

Abe… lardo.

Los que ya murieron, también te saludan, mientras su señoría pasa por su lado.

(Qui iam obierunt, te quoque salutant, dum praeteris, en mi flojo latín)

La muerte es el fin.

El fin que justifica el espectáculo.

El muerto al hoyo y el resto al baile.

El señor presidente se pavonea entre cadáveres.

¿Hubiera querido levitar?

“Solo le faltó escupir”, dijo un presentador español, alelado y aterrado.

“Solo le faltó patear los cuerpos”, dijo Jaime Bayly.

Los conté. Conté los cadáveres.

Eran 23. Dicen que tres eran niños.

Como el Salmo 23: Recemos por sus almas, las de los niños.

Jehová es mi pastor; nada me faltará.

² En lugares de delicados pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me pastoreará.

³ Confortará mi alma;

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.

⁴ Aunque ande en valle de sombra de muerte,

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

⁵ Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

⁶ Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

Eran 23 en dos grupitos: una de doce y otro de once.

Por el callejón, complacido caminaba el presidente. ¿Hubiera querido levitar?, insisto en preguntar.

No faltará quien piense que el hombre más poderoso de Colombia también estuvo en el campo de batalla.

—“Ni siquiera prestó el servicio militar”, me dice la doña que vende aguacates en la esquina.

—¡¡¡¿Si vio, si vio?!!!, me preguntó maravillada la señora de las ensaladas, evangélica ella. 

—Si, doña, si vi la puesta en escena. Parecía el teatro de la muerte.

Un teatrón (sin h), mejor dicho.

Esos muerticos estaban como para alquilar balcón, ¿sí o qué?

¡Qué bolsas tan límpidas para ir al más allá!

Más blanco no se puede.

—Pensé que eran mulas con estupefacientes, escuché a un señor decirle a otro en el Transmilenio.

Estupefactos, todos tienen (tenemos) una opinión sobre el tema.

Porque en esta locura digital, todos queremos tener velas en el entierro.

Estaban ahí, tendidos sobre el suelo, pero no cubiertos con mantas blancas como en las películas.

Sobre esas bolsas mortuorias nadie lleva la cuenta. ¿O sí?

De pronto, el fabricante.

El trofeo de la victoria. En plural, porque eran varios los trofeos.

El presidente, a lo mejor, saboreó el triunfo con unos güisquicitos.

O un ron Defensor.

¡Viva Cristo Rey, carajo!

El mundo debe saberlo.

Las imágenes de los abatidos volaron presurosas desde Miraflores, Guaviare: la vuelta al mundo en segundos, no en 80 días.

Hombre, si hasta los muertos merecen un poco de respeto.

Una cosa es la maldad de los hombres, y otro la dignidad humana.

Aunque un juez le ordenó al presidente retirar el perturbador video de las redes sociales, las imágenes siguen rodando de manera impune.

Si hicieron fotos de sus rostros, mejor que las rompan, no sea el diablo que circulen por el inframundo virtual.

El periodista Santiago Ángel se pregunta en X si era necesario caminar entre cadáveres para anunciar las matemáticas de una operación militar.

El video de la escena fue silenciado.

Ojalá pudiéramos silenciar también los fusiles.

Ojalá.

Desde una de las cuentas oficiales del señor presidente, le responden al periodista con un escueto Sí, sin más explicaciones…

Como para que no siga preguntando.

O como para que deje de preguntar. Son cosas bien distintas. En todo caso.

No siempre sirve tener apellido angelical.

Me acordé de Azrael.

El ángel de la muerte.

Aquella figura mitológica encargada de recibir las almas.

Los muertos le hacen la calle de honor al señor presidente.  

Ellos muy tiesos.

Y él, muy majo, con cachucha en vez de sombrero, señala aquí y allá.

Sabe contar.

No sabemos lo que dice, pero podemos estar seguros de que los muertos ya no tienen oído.  

Ni oído ni odio.

Pertenecían a las disidencias de las FARC. Disidencias porque las FARC ya no existen.

Menos mal. O un mal menos, dirá el señor presidente.

En un trino para la posteridad, el mandatario advierte con valentía: “A los bandidos les queda la rendición total o la baja en combate”.

Y para cerrar su inventario, suelta un viva, como los que se escuchaban durante la dictadura española, francamente.

“¡Que viva Cristo Rey!”, escribe el señor presidente, con buena ortografía.

O escribe por él algún asistente. No sabemos.

Son las bajas de las primeras operaciones militares de un gobierno que va camino a sus primeros cien días.  

O sus primeras 100 bajas.

Y que quiere llegar a fin de año con un balance robusto.

Hay que celebrar cada batalla ganada y nada mejor que una transmisión en vivo y en directo con los muertos.

¿Acaso otro capítulo más de la sinrazón de la guerra?

¡Qué genios somos alentando la barbarie mediática, pero qué incapaces hemos sido de buscar caminos civilizatorios para detener esa barbarie!

Bendito sea el fruto de tu vientre, Colombia.

Crearon la guerra y les quedó grande disolverla.

Cada gobernante pasa a la historia perdiendo el año con la paz.

Falta poco para que perdamos el juicio.

De seguir así, llegaremos desquiciados al Juicio Final.

Eso sí, son genio y figura hasta la sepultura.

La única paz posible es la que reparte el cura los domingos y gratis.

En esos golpes a los terroristas, varios niños han perdido la vida.

Y la seguirán perdiendo gobierno tras gobierno, combate tras combate, operación tras operación, celebración tras celebración.

¿Y por qué los pequeños van a la guerra?

Ah… pues porque los niños son el futuro, ¿no?

Sin presente, les queda el futuro. Algo es algo.

Y lo seguirán siendo, incluso si se les arrebata el derecho de llegar a viejos en vez de llegar al monte.

De eso se habla muy rara vez en Colombia.

Nos tapamos ambos ojos, por Dios bendito, pero luego todo sigue como si nada. Así somos. Y el que es, no dejará de ser.

En Colombia nos volvimos expertos en cambiar el tema.

Porque el de ayer es cuento viejo y el de hoy está más bueno.

Cambiamos el tema tanto entre un minuto y el siguiente, que qué importa lo que nos horrorizó ayer, si algo nuevo nos horrorizará mañana, para variar.

En esas nos la pasamos.

A los niños quién los mandó a nacer donde hay conflicto.

Hubieran podido escoger nacer en la ciudad, ¿no?

Y no allá, en semejante lejura.

Allá y más allá donde no llega ni el Dios misericordioso, aunque últimamente le ha dado por privar al mundo de su misericordia.

Pero dejemos claro que Dios está en todas partes.

Está sí, aunque esté maniatado.

Por favor, quítenles las armas a los niños y devuélvanles los juguetes.

Primero resolvamos si al usar la expresión niños están incluidas las niñas, porque sentados podemos esperar a que lo importante se resuelva solo.

La idea de invisibilizar a las niñas fue una ocurrencia de la señora directora del ICBF. Ojalá sea la primera y la última niñada.

Para qué ilusionarse. Un día de estos sienta cátedra sobre la niñez terrorista.

Y hablando del rey de Roma, o la reina, porque la directora es mujer y no hombre, dizque a un hogar de ese Instituto enviaron el menor capturado en la operación Azarías.

Que eso dijo el señor presidente.

En adelante cada operación tendrá bautizo celestial.

¿Quién sería el genio que puso el nombre?

Bendito mi Dios, un niño menos para la guerra.

¡Y salió vivo!

¡Un milagro en la Patria Milagro!

Y volviendo al tema del ICBF, ¿alguien ya verificó la historia del niño capturado?

Volvamos al principio.

¿Qué representa un show mediático en la Colombia del siglo XXI?

“¡Viva Cristo Rey, y fuego!” es la frase con la que un hombre desafía al pelotón antes de morir.

Se hizo popular en boca del Chente Fernández en la canción El martes me fusilan.

A este hombre lo condenan a muerte por sus creencias religiosas.

A los 23 muertos colombianos los exhibieron un miércoles; es posible que alguno de ellos, si no varios, si no todos, se hayan encomendados al mismo Cristo antes del último suspiro.

Porque donde hay tropel, ahí ha estado Dios por secula seculorum.

De eso habla otro himno católico:

“Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey
El grito de guerra que enciende la tierra
Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor
Nuestro capitán y campeón
Pelear por Él es todo un honor“.

Porque si Mambrú va a la guerra, pues Dios no se iba a quedar atrás.  

El señor presidente está henchido de orgullo por la operación Azarías.  

Un nombre hebreo que se repite en las Santas Escrituras:

Significa “Yahveh ha ayudado”.

Cierto: “Ayúdate que yo te ayudaré”, dijo el Señor.

El mismo Arcángel Rafael dice ser “Azarías, hijo del gran Ananías.

“Las imágenes de la muerte están en los conflictos, en la guerra antiterrorista, en la guerra de Chechenia y en la guerra contra Sadam e Irak. La muerte filmada está en el centro de la batalla. Para suscitar el espanto o generar el odio”, escribía en 2010 Javier Callejo en su crítica al libro “La muerte como espectáculo”, de Michela Marzano.

La muerte nos convoca siempre, ahora en vivo y en directo desde nuestros móviles.

Y todavía falta el trofeo mayor: un tal Iván Mordisco.

Por ahora, lo protege Jehová, Adonaí, Yahvé… Yo qué se.

¿A dónde van los niños cuando mueren en la guerra? Al cielo, porque el infierno para ellos era este.

A las víctimas y damnificados que tardarán años en recuperarse. Ojalá tengan la fuerza para hacerlo.

A las voluntarias y voluntarios que se volcaron a las calles para socorrer y ayudar a conocidos y desconocidos.

Primer movimiento 

Aconteció el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, a nueve días de mi cumpleaños número 53. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, hablaba con mi mamá por el altavoz del teléfono mientras esperaba que estuviera el agua caliente para prepararme el primer café de la mañana. Era mi segunda semana de clases y ya tenía todo listo para salir a trabajar, incluso había alistado los pliegos de papel que mis estudiantes de didáctica de los medios llenaron ocho días atrás. 

De pronto sentí el primer envión y luego el balanceo, no le presté mucha atención al movimiento pues ocurría lo mismo cada tanto desde hacía meses, incluso desde hacía años después del terremoto de 1999. Pensé que como los sismos eran parte de la vida cotidiana de Colombia, sólo había que calmarse y esperar a que pasara. 

Sin embargo y por si acaso le dije a mi mamá: está temblando, salga de la casa ya. Ella no me entendió y siguió como si nada, pero el remezón no se detuvo como otras veces. La tierra se sacudió más fuerte, más violenta que nunca.

Al notar que el suelo se retorcía entre espasmos y convulsiones, solté el teléfono móvil. Me lancé hasta la puerta con la llave en la mano y casi que no encuentro el orificio de la cerradura, logré abrir mientras escuchaba los gritos de mi madre por el altavoz del teléfono…¡se está cayendo todo!, decía, ¡ay Dios mio socórrenos!, ¡amacita bendita!. ¡Mario!, !Mario¡…fue así que me enteré que mi hermano mayor estaba con ella, y en medio del terror sentí algo de alivió porque al menos estaban juntos.

Después supe que el terremoto alcanzó los 7.4 grados en la Escala de Richter, con 103 kilómetros de profundidad, una duración entre 90 segundos y 2 minutos y con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Siete días después el Servicio Geológico Colombiano SGC reportó 336 réplicas, 21 de ellas mayores a 3.0 grados y 2 con magnitud mayor a 4.0, con profundidades de hasta 118.4 kilómetros.

Segundo movimiento

Detrás de mí se apagó el fogón, la biblioteca vomitó los libros de educación que tenía apilados en la parte superior, estallaron los vasos y las copas en el suelo de la cocina, se dobló el armario metálico sobre mi cama, se separaron las paredes de la casa vecina, crujieron con fiereza las planchas de concreto, como los dientes afilados y apretados de una mandíbula rabiosa, y desde la puerta vi cómo se dibujaron en cuestión de segundos, dos fisuras finas e irregulares en el techo blanco de la sala. Un zigzag delgado interrumpido por la puerta de la habitación, quedó trazado desde la puerta de entrada hasta el fondo de la casa.

El tropel de vecinos y vecinas no me dejaba pensar. Con dificultad me sostenía entre el marco de la puerta mientras rogaba en voz alta que se detuviera ya. Pero el cielo azul seguía inquieto. Los pájaros no encontraban el rumbo entre las nubes de polvo gris, dorado y ámbar, que se levantó sobre las casas y los edificios, cubriéndolo todo de una niebla espesa de muerte y de ruina.

Ese lunes soleado de agosto, la tierra se sacudió como si de lo profundo emergiera un cíclope colérico, luego de una larga noche de insomnio, pesadillas y agonía.

Tercer movimiento

Cuando al fin la tierra se detuvo, se cayó la llamada, y ya no escuché más a mi mamá. Y con un nudo de saliva pasé por la garganta la mudez de los teléfonos. Entonces sobrevino un silencio trémulo y aturdido interrumpido por las alarmas de los carros. Yo seguía de pié perturbado.

Aún así, agitado, actué con tal frialdad que parecía entrenado para ese momento: cerré la llave del gas, guardé el celular en el bolsillo, me puse unos tenis, y salí corriendo en busca de mi familia. 

Más adelante, en el otro barrio, no había reglas en las calles, ni señales de tránsito, ni semáforos que funcionaran. Carros y motos se esquivaban como podían. Los cables de la luz chocaban entre sí, hacían corto, se reventaban y se caían, los techos se derrumbaban y los postes se partían en pedazos. 

Un alud de tierra taponó la vía principal del barrio, que era a la misma vez la entrada y la salida, y se escuchaban a lo lejos las primeras sirenas de las ambulancias y de los bomberos.

En mi trayecto escuché sollozos, vi caos y rostros de incertidumbre. Pero también vi como de repente se borraron las viejas rencillas entre vecinos, los odios secretos y las envidias, y a cambio de eso, surgió en la atmósfera un sentimiento de solidaridad y compasión que se desprendió espontáneo desde el árbol de la vida, e invadió los muros tarjados, las ventanas rotas, las puertas arrugadas, las casas recogidas. 

Entonces, como en una despedida, las madres bendijeron a sus hijos y las parejas se abrazaron, para agradecer que ese no fue para ellas y ellos el último día. Un joven sobre su moto, detenido en la vía, lloraba porque encontró a su abuela viva. 

Otro que vagaba por la calle solitario, cubrió con su cobija a una mujer semidesnuda aunque no la conocía. Y una joven madre solitaria en el andén, balanceaba a su bebé de meses, como si ambos flotaran en un mar a la deriva.

A mi mamá y a mi hermano Carlos Mario los encontré vivos, estaban a punto de partir en mi búsqueda, pero yo llegué antes. De Leonardo Fabio, el menor, todavía no sabíamos nada.

Cuarto movimiento

Pensé en Samara, la investigadora brasilera de posdoctorado que había llegado a mediados de julio desde Brasil, para que yo supervisara su estancia en la universidad, y me preocupé por mis estudiantes con los que seguramente, ya no me encontraría a las 10 de la mañana, pero lamentablemente no tenía cómo comunicarme con ellos, pues todos los servicios públicos estaban suspendidos. Sólo quienes tenían radio podían enterarse de lo acontecido. 

Recordé que meses antes de viajar desde Fortaleza, Samara me había preguntado si aquí temblaba mucho la tierra, y también recordé que el primer día que nos vimos en la universidad, ella se había sorprendido con la cantidad de señales de “precaución” y “puntos de encuentro” instaladas en el campus, pues pensaba que se trataba de lugares para conversar, al estilo de los círculos de cultura freireanos. Yo le aclaré que eran sitios para reunirnos en caso de evacuación por una emergencia, y le dije que aquí temblaba pero no con la magnitud de lo ocurrido en Venezuela. 

Quinto movimiento

Horas después, menos aturdido por la catástrofe, caminé en medio de la destrucción y la algarabía hasta encontrar una antena de telecomunicaciones que seguía en pié, quería escribirles a mis estudiantes y a Samara, y de paso enterarme de las noticias. Tuve sólo unos minutos de acceso a WhatsApp, y en ese instante me llegaron una cantidad de mensajes de familiares y amigos que viven dentro y fuera del país, la mayoría de Brasil. Nadie sabía de mí o de mi familia. Entonces comencé a dar respuesta a cada uno de ellos hasta que perdí la señal. No pude ingresar ni al correo ni al Classroom de mis cursos. 

Desde ese momento y durante varios días no tuvimos comunicaciones, y fue con el paso del tiempo que nos enteramos de la destrucción ocasionada en todo Colombia. Al parecer Pereira era el caso más dramático. Del campo y de los pueblos pequeños no llegaban imágenes. Tampoco las ayudas.

A mitad de la tarde vimos un globo blanco que flotaba sobre el barrio. Algunas personas dijeron que era un OVNI, otras que era parte del proyecto HAARP instalado en Alaska, y que el terremoto había sido provocado por los Estados Unidos. Luego, en los medios explicaron que era un globo estratosférico utilizado para investigación científica y meteorológica, para telecomunicaciones o incluso para la vigilancia y la seguridad nacional norteamericana.

Cuando tuve Internet consulté y la IA de Google me dijo que los globos pertenecían a la empresa estadounidense Raven Aerostar, operados en coordinación con misiones científicas de la NASA y el permiso de la Aeronáutica Civil colombiana. No quise averiguar más. 

Sexto movimiento

El mundo conoció la tragedia antes que nosotros, pues minutos después del sismo circularon las imágenes por las redes sociales y los noticieros, llegaron hasta las pantallas del metro de Barcelona, São Paulo y París. 

Seguro algunas personas que estaban en las calles, alcanzaron a subir videos a Internet antes de que se suspendiera el servicio, y sus familiares que viven en el exterior los hicieron virales junto a influencers, periodistas y medios de comunicación. 

El día después del terremoto llegaron los reporteros de la capital, de Estados Unidos y de Europa, y con su ropa límpida se pararon entre las ruinas o se hicieron a un ladito del encuadre, para mostrar en vivo y en directo la ciudad destruida, con miles de voluntarios espontáneos que estaban en las calles desde el primer día, removiendo los escombros con sus propias manos, muchos sin protección. 

Con el paso de los días, sólo quedaron los damnificados en albergues, las ollas comunitarias en los parques y en las calles, y los voluntarios que siguieron escarbando hasta que los hicieron sacar de la policía. 

Los reporteros desaparecieron y no se supo más de ellos. Pero llegaron los norteamericanos y los israelitas que dijeron hacer parte de los cuerpos de socorro. Otros grupos de rescate llegaron de El Salvador y de Ecuador, y comenzaron a llegar las ayudas humanitarias de otros países, pese a que inicialmente el gobierno nacional se opuso sin una justificación válida. 

Mientras todo eso ocurría, estuvimos aislados en los barrios casi una semana. Algunos lo estuvieron mucho más tiempo.

Séptimo movimiento

Minutos después del terremoto, Sabrina, la hermana de Samara, me escribió angustiada desde Fortaleza pero no me llegaron los mensajes porque no había Internet. Al cabo de unas horas nos escribimos. Samara había sobrevivido y no estaba herida, pese a la destrucción de edificios que hubo en el barrio los Álamos, que queda al lado de la universidad.

Días después, luego de confirmar que la pista del aeropuerto Matecaña servía, la repatriaron a ella en un vuelo humanitario junto a otros estudiantes extranjeros. La oficina de Relaciones Internacionales y los consulados se encargaron de eso. 

En un día gris de mucha lluvia nos enteramos de que mi hermano menor estaba bien, en Cartago, y con las horas nos juntamos todos en Dosquebradas. Revisamos las casas y confirmamos que no les había ocurrido mayor cosa, todo se podía recuperar, pero miles de personas corrieron con otra suerte. También verificamos la existencia de víveres para varios días, pues era seguro que todo iba a escasear, pues los supermercados y tiendas que estaban en pie habían cerrado.

Mientras tanto en los albergues no alcanzaban las carpas ni los plásticos para cubrir a tanta gente desprotegida,  muchas personas pasaron la noche con hambre y con frío, y el temor de todos era que con el agua que caía comenzaran a derrumbarse los edificios y las viviendas más deterioradas. 

…punto cuatro. El final de los movimientos.

Por las noches, un grupo de vecinas y de vecinos, alumbrados por la luz de una vela comenzaron a recordar cómo vivieron el momento del desastre. Después se contaron historias sobre sus familias, y sobre los lugares de la ciudad que habían desaparecido bajo el polvo. 

Sobre esas ruinas todos teníamos algo entrañable que evocar, algo que atesorar. En cada rincón de la urbe encontraríamos un episodio de nuestra historia de vida. 

No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando tuvimos energía eléctrica y acceso a la información, mis hermanos, mi mamá y yo vimos las imágenes en los noticieros, y recorrimos la ciudad durante varias jornadas para llevar ayudas. 

Pereira parecía una ciudad del Medio Oriente, bombardeada, con cientos de muertos, miles de heridos y refugiados en albergues rodeados de escombros e incertidumbre. 

Al cabo de cuatro semanas supimos por medios locales y fuentes oficiales, que hubo cientos de muertos y desaparecidos, cientos de casas y edificaciones que sucumbieron al instante, miles de heridos e inmuebles que serán demolidos. Miles más que aún presentan afectaciones graves, entre ellos hospitales, escuelas, colegios, universidades, supermercados, iglesias, restaurantes, centros comerciales, hoteles, apartamentos y viviendas.

Ahora además de todo lo material, teníamos que reconstruir simbólicamente nuestras memorias, y quizá, más adelante, contarles a otros cómo nos levantamos una vez más de las cenizas.

Nota: Este relato en primera persona está basado en hechos reales y es el resultado inicial del currículo situado que emergió después del terremoto, para retomar los cursos que oriento en la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. Hace parte de dos líneas de investigación del grupo Edumedia-3: Autobiografia, Medios y Educación; y (Auto)medialidad, y de un proyecto de investigación emprendido por investigadores de Colombia y Brasil. 

También puede leer este texto en www.edumedia3.co y acceder a otros contenidos y recursos.

Hay historias que llegan a Bogotá después de recorrer un camino mucho más largo. El pasado 3 de septiembre, una delegación del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, en Santander de Quilichao, Cauca, llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica con una preocupación que tiene la dimensión de una pregunta y la urgencia de una alarma: ¿qué ocurre cuando los jóvenes de una comunidad indígena vuelven a ser el objetivo de los grupos armados?

La delegación estuvo encabezada por la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, acompañada por el gobernador del cabildo, Julián Mensa; el fiscal, Mauricio Mensa; el abogado y asesor legal José Jairo Collazos; la alcaldesa, Dioselina Secué, y la integrante de la comunidad Ana Correa. Fueron recibidos por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca.

El motivo de la reunión fue exponer la situación que, según los representantes del cabildo, atraviesa actualmente la comunidad, particularmente por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas que operan en el Cauca.

La preocupación no era solamente una cifra. Perafán contó que pocos días antes la comunidad había tenido que recibir el cuerpo de un joven que murió en combate en el Guaviare y que, según su testimonio, había sido reclutado en el Cauca por una estructura disidente de las antiguas FARC.

“No son combatientes voluntarios”, afirmó la lideresa.

Según Perafán, el fenómeno afecta de manera particular a comunidades indígenas y existe un riesgo que podría alcanzar a más de 15.000 menores de los territorios que representa. Su denuncia es que algunos jóvenes son sacados de los resguardos y posteriormente terminan en diferentes estructuras armadas.

El relato de la comunidad plantea así una paradoja dolorosa: territorios en los que durante décadas se ha hablado de autonomía, identidad y protección de los pueblos indígenas siguen enfrentando la posibilidad de que sus niños y adolescentes sean incorporados a una guerra que no escogieron.

Durante la reunión apareció además otro elemento que, según los representantes del cabildo, está agravando la situación: la persecución contra indígenas cristianos y evangélicos.

Perafán aseguró que algunos miembros de estas comunidades son señalados por los grupos armados como opositores políticos y que existen amenazas de muerte y órdenes de captura en contra de líderes. Según su denuncia, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente colombiano estarían en riesgo de terminar involucrados en un conflicto ajeno a sus comunidades.

Son afirmaciones que deberán ser contrastadas y documentadas por las autoridades correspondientes, pero que para quienes llegaron a Bogotá constituyen una realidad cotidiana.

La propia Perafán manifestó además sus diferencias con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que cuestionó por considerar que se habría alejado de principios que, en su opinión, deberían estar concentrados en la resistencia, la cultura y la unidad de los pueblos indígenas.

La acusación es especialmente sensible en un departamento donde la relación entre las comunidades indígenas, el Estado y los grupos armados ha estado marcada durante décadas por la disputa territorial y política.

Durante la conversación también aparecieron historias más antiguas, que muestran que la violencia contra los dirigentes comunitarios no comenzó con las actuales estructuras armadas.

El abogado José Jairo Collazos recordó amenazas contra su vida que, según relató, se remontan a 1986. También habló de la existencia de presuntas fosas comunes en el resguardo de Vilachí.

La alcaldesa Dioselina Secué contó la historia de su hijo, cuya muerte ocurrió años después de que ella hubiera acudido a la Fiscalía para denunciar situaciones relacionadas con la violencia. Su intervención estuvo acompañada de otras preocupaciones menos visibles, pero igualmente determinantes para la vida cotidiana: las dificultades educativas y la falta de infraestructura.

Para el gobernador Julián Mensa, la discusión también pasa por la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto para los jóvenes. Defendió un plan de vida para el cabildo basado en sus principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, al tiempo que denunció la persecución contra maestros y dirigentes comunitarios.

Su compañero de delegación, el fiscal Mauricio Mensa, planteó una idea sencilla frente a un problema complejo: educación, deporte y cultura como herramientas para impedir que los grupos armados terminen convirtiendo a los jóvenes en parte de la guerra.

Ana Correa puso sobre la mesa otro problema estructural: la tierra. Según explicó, la comunidad no cuenta con suficientes tierras productivas y por eso pidió la intervención del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras.

Porque detrás del reclutamiento hay también una disputa por las posibilidades de futuro. Un adolescente que no encuentra escuela, tierra, empleo, deporte o espacios culturales tiene menos alternativas frente a quienes llegan a su territorio ofreciendo dinero, pertenencia, poder o simplemente una salida.

La reunión terminó con un compromiso institucional: documentar lo que está ocurriendo en el territorio.

D’Mar Córdoba Salamanca señaló que uno de los retos del Centro Nacional de Memoria Histórica durante esta vigencia es precisamente fortalecer el trabajo territorial y recoger las memorias de comunidades que han vivido distintas formas de violencia.

El reclutamiento forzado, las denuncias de persecución religiosa y las dificultades relacionadas con el acceso a la tierra aparecen, en ese sentido, como algunos de los asuntos que la entidad busca documentar.

Pero para una comunidad como la de Jerusalén la memoria no es solamente un asunto del pasado. El joven cuyo cuerpo regresó recientemente desde el Guaviare pertenece a una historia que todavía está ocurriendo.

Por eso la pregunta que llevaron hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica no se refiere únicamente a cómo recordar lo que sucedió durante el conflicto armado. También plantea cómo impedir que una nueva generación de niños y jóvenes termine convertida en parte de él.

En el Cauca, la memoria parece tener todavía una tarea pendiente: llegar a tiempo.

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

“Paz Total” y “Patria Milagro”, tan lejanas y cercanas.

Ese principio de realidad hobbesiano no lo tuvo en cuenta desde el comienzo de su gobierno el expresidente Gustavo Petro y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde y la “Paz Total” terminó siendo un horror fatal que dejó al menos 65 menores de edad muertos en bombardeos contra campamentos guerrilleros, según reporte de Medicina Legal[i]. Paradójicamente, esa “Paz Total” tan bien intencionada, que partía de un supuesto falso, la buena voluntad de numerosos grupos armados interesados en hacer tránsito a la vida civil y dejar la guerra, terminó engendrando su antítesis, la “Patria Milagro” y una especie de presidente teratológico-converso, que se cree un Tigre enviado por Cristo Rey para salvar a Colombia del narcoterrorismo. Por eso la “Paz total” está tan cercana de la “Patria Milagro”, pero también tan lejana. Así lo ha anunciado el Tigre desde el día de su posesión, en medio de una ceremonia que fusionó la fe con la fuerza, recordándonos esa alianza sangrienta entre la Cruz y la Espada, que se rompió transitoriamente con el nacimiento de la República, pero que luego se prolongó durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días. Solo que ahora lo hace bajo formas más discretas y complejas, pero no menos sangrientas, mezclando los intereses legales e ilegales con los valores más excelsos, como la codicia con la fe y la violencia con la seguridad.

Una santidad felina y belicosa

De la Espriella lo reafirmó con fe y fuerza ante las tropas en el campo de maniobras del Cantón Pichincha en Cali: “Quien está de rodillas ante Dios, nunca será vencido”. Pero la verdad, es que el Tigre bien sabe que con la fe no solo se gana la guerra, aunque la utilice para ello, si antes no se postra de rodillas ante Trump, como Señor supremo de la Guerra, con toda la parafernalia de su complejo industrial militar y modernas tecnologías para derrotar el narcoterrorismo. Por eso, como un César triunfante y pleno de buena conciencia, ahora recorre como un Tigre depredador los cuerpos exhibidos de bandidos dados de baja, entre los cuales ya figuran por lo menos 4 menores de edad. A ese ritmo, en pocos meses superará el número de bajas de la “paz Total”. Ese exhibicionismo tanático lo complementa con la figura paternal de un presidente que auxilia a niños enfermos y prodiga ayudas generosas a familias damnificadas del terremoto, proyectando así una síntesis perfecta de vengador y salvador. Para asegurarse esa aureola de converso y hombre piadoso, realiza actos de consagración de su gobierno a la virgen de Fátima en la plaza de Bolívar y entrega “la Nación a Cristo” [ii]. Todas estas puestas en escena, cotidiana e intensamente difundidas por los noticieros y la gran prensa, difuminan por completo su pasado de pagano y de sibarita hedonista, exhibido en forma orgullosa y ostentosa en su entrevista con María Elvira Arango en su programa “Los Informantes”, realizado hace siete años, que puede verse en el enlace[iii] que aparece al final.

Una conversión milagrosa

Para completar esa conversión milagrosa, el penalista que ayer defendía delincuentes de cuello blanco y criminales de guerra en tránsito a la vida civil a través de la Fundación Iniciativas para la Paz (FIP)[iv], cuyo bufete en Miami además está siendo investigado por presunto lavado de fortunas ilegales[v], ahora se convierte en un perseguidor implacable del crimen con la ayuda de los dos Estados más belicosos y sus respectivos gobernantes, incursos en procesos por corrupción, crímenes de guerra y genocidio, como lo son Trump y Netanyahu. Estamos, pues, a punto de un milagro extraordinario, más que fantástico, ahora los gobergánsteres que presiden Estados genocidas se embarcan en guerras hibridas contra narcoterroristas en nombre de la seguridad, la libertad, la defensa de la democracia y hasta los más sagrados valores y creencias cristianas. Desdicen de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consideran la matriz de una decadente cultura Woke que debe ser erradicada, mediante una batalla cultural implacable contra quienes reivindican fantasmagorías como el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, junto a la igual dignidad de todos los seres humanos.

El Armagedón de la “Patria Milagro”

Y en el vórtice de este Armagedón en que miden sus fuerzas Estados y gobernantes cacocráticos contra maléficos izquierdistas y terroristas, se encuentra la “Patria Milagro”, convertida en un laboratorio de guerra híbrida y de batalla cultural mediática campal, atrapada en una estrategia que combina el fanatismo religioso con el extremismo antidemocrático de una manada de fanáticos, convencidos de encarnar la batalla final donde el bien derrotará para siempre el mal. Poco importa que entonces sobrevivan solo los asesinos victoriosos y sus numerosos cómplices. Esa manada es continuamente animada por piadosos pastores y rabinos, que celebran una conversión monstruosa, la fusión de un Tigre con un profeta armado, que invoca a Cristo-Rey para ganar la “guerra contra las drogas” y el crimen. Esa guerra tras la cual está la adicción incontenible de Trump con su doctrina Donroe y su cohorte de asociados y cómplices para expoliar todas las riquezas y recursos que necesita para su amada MAGA y America First, como ya empezó a hacerlo con el petróleo de Venezuela. Por todo ello, Colombia debería situarse mucho más allá de la “Paz Total”, que ya sabemos es inalcanzable mientras persistan las economías ilegales en simbiosis con las legales, en un complejo entramado de Cambalache nacional e internacional donde “resulta que es lo mismo ser derecho que traidor¡¡ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! ¡Todo es igual!”. Basta verlo en la ejemplar sociedad de Trump con Alejandro Betancourt[vi] en Venezuela.

Más allá de la “Patria Milagro”

Pero, con mayor razón, Colombia debería estar mucho más allá de la “Patria Milagro”, que puede terminar siendo una especie de “Patria Maga”, totalmente malograda y abusada por quien solo aspira a “perforar, perforar y perforar” sus intimidades, además de fumigar, fumigar y fumigar sus bosques tropicales y sumarla a sus conquistas como depredador insaciable de sus riquezas, bellezas, población y soberanía. Así lo está haciendo con éxito en Venezuela, contando con la valiosa e incondicional colaboración de Delcy Rodríguez, su hermano y demás cómplices. Y espera continuar su saga extractivista en la “PATRIA MILAGRO”, pues cuenta con la ambición y fiereza del Tigre, otra más de sus mascotas del Sur, respaldado por un establecimiento impaciente para volver a realizar “Business as usual” con el concurso entusiasta de un contingente de “Defensores de la Patria”, cuya idea de soberanía se agota en la seguridad para sus negocios y el aumento sostenido de sus ganancias, que evoca los tres huevitos empollados por Uribe. Huevitos que podrían terminar siendo los empollados por la víbora de la guerra, como lo advierte Isaías 59.5: “Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si uno los aplasta sale una víbora”.

[i] https://caracol.com.co/2026/07/01/medlegal-revelo-que-65-menores-murieron-durante-gobierno-petro-en-bombardeos-contra-grupos-armados/

[ii] https://elpais.com/america-colombia/2026-08-29/de-la-espriella-preside-un-evento-religioso-por-las-victimas-del-terremoto-el-presidente-entrego-la-nacion-a-cristo.html

[iii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrFYCaUeJ1qNgIAakarcgx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=los+informantes+caracol&fr=mcafee#id=24&vid=ea7000da913b1c70eb4835805f59c9e2&action=view

[iv] https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/7/abelardo-gestor-de-paz-archivos-ineditos-su-papel-ralito

[v] https://eldiariony.com/2026/07/27/el-pasado-de-abelardo-de-la-espriella-de-defender-a-acusados-de-narcotrafico-en-miami-a-ser-el-presidente-electo-de-colombia/

[vi] https://www.elespectador.com/mundo/quien-es-alejandro-betancourt-el-poderoso-empresario-que-conecto-a-trump-con-delcy/

El domingo 21 de junio de 2026, en la Autopista Norte con calle 220, un tractocamión arrolló a mi amigo. El impacto le costó las piernas. Hasta ese día era un ciclista recreativo apasionado; hoy enfrenta la vida desde otra perspectiva, con la esperanza de volver a caminar gracias a unas prótesis.

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El día anterior, el sábado 20 de junio, habíamos compartido una ruta larga y exigente. Apenas nos encontramos para un café, sin imaginar que sería la última vez que lo vería sobre la bicicleta.

“Qué buena salida, como en los viejos tiempo”, dijo Julián en la despedida cálida de ese reencuentro.

Todo puede cambiar en un instante

El domingo 21 de junio, Julián, profe de violín en un colegio privado de Bogotá, transitaba por la sabana de Bogotá en bicicleta, en un muy reconocido ejercicio de ‘recuperación’. Rutina.

Julián recuerda que paró en Cajicá en su panadería favorita, donde compró pan de masa madre para llevar a la casa. Los recuerdos le alcanzan hasta el momento cuando pasó por el puente de Chía, que permite la conexión con la Autonorte.

Su memoria se vuelve a conectar dos días después, al despertar en una clínica, donde al abrir los ojos temió lo peor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?

Los médicos le contaron que una tractomula lo había embestido en la Autonorte con calle 220 y que milagrosamente habían podido salvarle la vida. Pero, ante la gravedad de sus heridas, le habían amputados sus piernas.

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Podemos acatar las normas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos, pero nada nos protege de un auto que invade el carril.

Las cifras que no podemos ignorar

Recientemente, tras la caída de Pogacar en la octava etapa de La Vuelta a España 2026, que lo obligó a abandonar la competencia, el periodista Mauricio Silva G, escribió en X: “La diferencia entre futbolistas y ciclistas es que los primeros fingen que les duele y los segundos fingen que no les duele”[1].

Parace chiste, pero el comentario apunta a la rudeza que caracteriza al ciclismo, sobre otros deportes. Si bien podemos cuidar ciertas variables que están a nuestro alcance, hay otras que no, como los atropellamientos en carretera.

De acuerdo con un documento titulado Epidemiología de lesiones y enfermedades en todas las diciplinas del ciclismo, patrocinado por la Unión Ciclística Internacional UCI y publicado en agosto de 2025, encontramos que el ciclismo de montaña y de ruta aportan el mayor número de lesionados[2].

A lo anterior, es necesario agregarle las lesiones y muertes por choques con motocicletas, autos, buses y camiones. Solamente en Bogotá, el año pasado el Observatorio de la Movilidad de la Alcaldía de Bogotá reportó 58 fallecimientos de ciclistas y más de 1700 lesionados.

Algunos casos conocidos

Egan Bernal: chocó contra un bus en la Autopista Norte, en Gachancipá, el 24 de enero de 2022. Tuvo más de 20 fracturas. No sólo se salvó de quedar parapléjico, sino que a finales de ese mismo año volvió a competir.

La fortaleza espiritual de Julián

Han pasado un poco más de dos meses de la tragedia de Julián. Familiares, amigos y conocidos hemos transitado desde la conmoción, pasando por la comprensión y la ayuda, hasta llegar a la aceptación.

Tres semanas después del accidente lo visité en la UCI del Hospital Fundación San Carlos, donde había sido remitido luego de la amputación de sus piernas en la Clínica Colina, centro asistencial al que fue trasladado esa mañana trágica del domingo 21 de junio.

En esa primera visita coincidí con su traslado de la UCI a piso. Para ese momento, Julián ya había publicado un video inverosímil en Instagram contando la historia y mostrando la amputación sufrida, como si se tratara de un raspón más.

Su actitud increíblemente esperanzadora parte de una madurez insospechada en alguien de 32 años: esa actitud deliberada de valorar lo que tenemos sobre lo que nos falta. Por duro que parezca Julián, agradece a Dios tener una segunda oportunidad. Estuvo muy cerca de morir.

La montaña más difícil de escalar

Viktor Emil Frankl en su libro El hombre en busca de sentido remarca que lo que más importa es tener un propósito para existir. En el caso de Julián ese propósito es simple: volver a recuperar la movilidad para caminar y ascender montañas, a pie y en bicicleta, como lo hizo durante muchos años antes del accidente.

Por ahora, está en una etapa de sanación, que se ha tomado más tiempo de lo esperado a causa de un par de bacterias alojadas en la herida de su pierna derecha y que combaten día y noche los especialistas de la Fundación San Ignacio, el hospital que lo recibió recientemente.

Han sido dos meses de combate permanente con el dolor, pues luego de la amputación ha tenido cerca de 10 operaciones adicionales. En este lapso, el ambiente ha sido el de hospital: jeringas, medicamentos, camillas y quirófanos.

De repente, Julián ha podido superar en gran medida el dolor neuropático, tal vez, uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un humano y que por consiguiente exige el uso de sedantes potentes.  

La etapa de la adaptación protésica (uso de prótesis) tardará un poco, pero desde ya Julián está recaudando los fondos, pues estas ayudas tecnológicas pueden costar entre 400 y 600 millones de pesos.

Vaki

Al respecto, los padres de familia del colegio donde trabaja Julián lanzaron una vaki mediante la cual recaudaron una suma importante y a través de la cual brilló una inmensa y hermosa solidaridad.

Hoy Julián necesita nuestra ayuda. Ha iniciado una nueva vaki para reunir fondos y comprar las prótesis que le devolverán movilidad y esperanza. Únete a la causa: dona y sé parte de su nueva oportunidad de vida.

Aporta a la Vaki

Nota

Este escrito hace un llamado a conciencia sobre los peligros del ciclismo. En medio de nuestra pasión deportiva se nos olvida que es un milagro regresar sanos y salvos a casa después de pedalear cientos de kilómetros. Ningún riesgo vale la pena. En medio de tanta dicha, también se nos olvida que es nuestra familia y casi nadie más, la que siempre estará para auxiliarnos. Por supuesto, esta publicación es un llamado a todos los conductores de autos, camiones y buses: ningún ciclista merece la muerte, a todos nos esperan en casa.

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[1] Publicación de Mauricio Silva G en X https://x.com/msilvaazul/status/2093766997246935227?s=20

[2] Epidemiology of injury and illness across all the competitive cycling disciplines: a systematic review and meta- analysis https://bmjopensem.bmj.com/content/bmjosem/11/3/e002364.full.pdf

[3] Observatorio de Movilidad de Bogotá https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/tableros/siniestralidad-vial

[4] «Es volver a nacer» Primeras palabras de Egan Bernal tras accidente. Noticias Ahora. 7 de febrero de 2022 https://noticias-ahora.com/egan-bernal-volvio-a-nacer-grave-accidente/

[5] La ciclista boyancese Carolina Munévar obtuvo medalla de bronce en el Mundial de Pista. Marzo de 2024 https://www.orfetv.com/2024/03/22/la-ciclista-boyancese-carolina-munevar-obtuvo-medalla-de-bronce-en-el-mundial-de-pista/

Las diferentes especies de primates de América Latina padecen una crisis ecológica alarmante y se encuentran en las categorías de mayor riesgo según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una buena parte de los primates están a un paso de la extinción en estado salvaje debido a la destrucción masiva de sus hábitats, pero también debido a la caza y el tráfico ilegal. En diferentes países existen planes para salvar a estas especies.

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Mongabay Latam contactó a expertos de Bolivia, Colombia y Perú para conocer las amenazas que sufren las 217 especies de primates que viven en América Latina.

Entre los más afectados de la región figuran el mono araña o marimono (Ateles chamek), el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps). También, el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps). Estos datos son recogidos por la UICN.

El refugio en Bolivia que rescata a primates víctimas del mascotismo

Senda Verde es uno de los refugios de animales más grandes de Bolivia. Allí habitan 350 primates de al menos nueve especies, que, explica su directora, Vicky Ossio, fueron rescatados del tráfico ilegal. Muchos de ellos fueron capturados para ser vendidos como mascotas. Ahora, este refugio también enfrenta la amenaza de la minería ilegal que avanza sobre sus límites geográficos.

“Todos los primates que están ahora en el refugio fueron víctimas de tráfico ilegal. La mayoría de las especies que están en Senda Verde son el mono araña, los monos aulladores y los capuchinos, que, solo ellos, conforman un grupo de más de 140 individuos”, detalló Ossio en contacto con Mongabay Latam.

La experta relató que los primates llegan a Senda Verde en “pésimo estado” porque al ser víctimas de tráfico o ser utilizados como mascotas las condiciones de estas especies son “deplorables” debido a la alimentación que recibieron. Por ejemplo, contó que la última primate que llegó al refugio es una cría de mono araña y que la familia que la tenía le daba pan y leche de vaca.

“Llegan mal alimentados porque la gente que compra estos primates que son víctimas de tráfico piensa que hacen bien dándoles comida de humanos. Alimentar mal a un animal constituye maltrato y es importante que la gente sepa eso. Los primates llegan [a Senda Verde] físicamente y mentalmente muy dañados. Hay que recuperar la confianza y algunos no se recuperan nunca”, relató Ossio.

La directora de Senda Verde afirmó que en Bolivia la especie de primate más afectada por el tráfico ilegal es el mono araña o marimono, el primate más grande de ese país. “Esta especie es la más vulnerable no solo por tráfico, sino también porque son alimento de pueblos indígenas”, dijo Ossio.

Esta especie enfrenta un escenario cada vez más preocupante en Bolivia. La especie fue recategorizada en 2026 de Vulnerable (VU) a En Peligro (EN) en la nueva edición del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, debido al fuerte descenso de sus poblaciones y al incremento de las amenazas que enfrenta.

La evaluación científica establece que la población del mono araña o marimono a nivel global se redujo en al menos un 50 % durante los últimos 45 años. Entre las principales causas se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat por incendios, deforestación, construcción de caminos, minería y expansión agropecuaria. A esto se suman la cacería, el tráfico ilegal y el uso de estos animales como mascotas.

Estas actividades están prohibidas por la normativa boliviana que protege a la fauna silvestre, ya sea a través de la Ley 1.333 de Medio Ambiente como del Decreto Supremo 4489, que refuerza las disposiciones relacionadas con la conservación, bienestar y preservación de la fauna silvestre, incluyendo restricciones a la caza, comercialización y tenencia ilegal.

El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia explica que el mono araña o marimono permaneció en la categoría Vulnerable durante evaluaciones anteriores y que ahora su situación exige medidas de conservación más urgentes. Según Ossio, una de las mayores dificultades para recuperar las poblaciones de mono araña está relacionada con su baja capacidad reproductiva.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los cuatro y seis años y tienen, en promedio, una sola cría cada tres o cuatro años. Esto significa –dijo Ossio- que la pérdida de individuos adultos o de crías tiene consecuencias importantes para la supervivencia de las poblaciones.

Después de períodos de cacería o extracción, la recuperación puede tomar décadas, especialmente cuando la pérdida de animales ocurre al mismo tiempo que la destrucción de los bosques donde viven.

Ossio denunció que en Senda Verde, el refugio que está en los Yungas de La Paz, la minería ilegal está destruyendo sus límites. La ambientalista informó que una cooperativa minera excavó con maquinaria pesada sobre una superficie de 100 metros cuadrados y una profundidad de hasta 30 metros. Esa acción pone en riesgo el santuario que alberga a más de 1100 animales de más de 70 diversas especies. Hubo dos aprehendidos, pero recuperaron la libertad.

Colombia: primates que pierden sus bosques

Colombia es el tercer país con mayor diversidad de primates en América Latina, pero más de la mitad de sus especies enfrenta algún grado de amenaza, según el estudio Retos de la conservación y el conocimiento de los primates en el departamento de Tolima, Colombia, publicado en la Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales.

En ese país hay 38 especies de primates, nueve de ellas endémicas. Las dos especies más afectadas son el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el mono araña café (Ateles hybridus), que en Colombia están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Andrés Link, biólogo y profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, explicó a Mongabay Latam que el mayor riesgo que enfrentan los primates en Colombia es la pérdida de hábitat en todas las regiones del país. “Se siguen perdiendo los ecosistemas naturales, los bosques, sobre todo, y eso lleva de la mano el declive de las poblaciones de los primates que dependen de estos bosques para vivir”, dijo el experto.

Link añadió que el tráfico y la cacería son las otras amenazas que enfrentan los primates en Colombia. “Este sigue siendo un problema porque los primates tienen ciclos de vida muy lentos y les cuesta recuperarse de pérdidas de individuos de sus poblaciones. Hay un tráfico de vida silvestre bastante grande en Colombia y los primates son algunas de las especies que más se trafican”, afirmó el biólogo.

El experto es fundador de la Fundación Proyecto Primates, que se dedica al estudio y a proyectos de conservación de algunas de estas especies. Link es experto en el mono araña café, que en Colombia es uno de los monos más amenazados por el tráfico y la pérdida de su hábitat.

Los primeros pasos de Link cerca del mono araña café fueronen la zona de Macarena, donde trabajó como asistente de campo del científico Pablo Stevenson. Esa labor fue hasta que el conflicto armado lo obligó a salir en 2001, pues la extinta guerrilla de las FARC tomó el control de esa área. En 2005 regresó a Colombia y desde ese año no paró en su labor de defensor e investigador de los primates.

“Diría que lo primero que se debe hacer es tratar de detener la destrucción de los hábitats que todavía existen. En muchos sitios, por ejemplo, el bosque seco tiene menos del 5 % de lo que era el bosque seco original y la Amazonía se está perdiendo rápidamente. Entonces, la primera cosa para salvarlos sería proteger todos los hábitats donde ahora viven los primates”, dijo Link.

Un segundo paso, resaltó Link, será mejorar las condiciones de los primates a través de corredores y enriquecimiento de sitios que ya están degradados. “Pero lo más importante es detener la deforestación tan fuerte que se da en Colombia y tratar de detener el tráfico, que es la otra amenaza”, dijo el biólogo.

Como una medida de conservación, la Fundación Proyecto Primates construyó viveros de especies nativas y las plantó para crear corredores entre los bosques que aún quedan de pie. Con esta iniciativa los primates pueden moverse por una extensión más larga. Según esta fundación, hasta mayo de 2025 se sembraron alrededor de 15 de estos corredores.

“El proceso de recuperación del ecosistema es lento, realizado, precisamente, con la paciencia de personas que están acostumbradas a quedarse quietas por horas observando a monos araña en temperaturas que están por encima de los 30 °C y rodeados de mosquitos”, relató Link, quien añadió que, luego de tres años de plantar los primeros ejemplares, en los corredores se empezaron a ver pasar especies terrestres, como jaguares, pumas y paujiles. Y a los cinco o seis años comenzaron a transitar especies trepadoras de árboles, como los puercoespines y los mismos monos araña.

Perú: los regeneradores del bosque en peligro

En Perú, la situación de los primates tampoco es alentadora. Una de las principales amenazas para estas especies sigue siendo la pérdida y fragmentación de sus bosques.

Fanny Cornejo, directora ejecutiva de Yunkawasi y co-vicepresidenta de países andinos del grupo de especialista de primates de la IUCN, explicó a Mongabay Latam que esta pérdida se da principalmente por el cambio de uso del suelo, la expansión de actividades productivas no sostenibles y el desarrollo de infraestructura sin una adecuada planificación territorial.

“Como resultado, las poblaciones de primates quedan aisladas en espacios cada vez más pequeños, con menos alimento y mayores dificultades para desplazarse y reproducirse”, dijo Cornejo.

En el caso del tráfico ilegal, Cornejo explicó que muchas veces se mata a la madre primate para poder capturar a la cría. “Luego estos animales son trasladados durante días, escondidos en cajas o costales, sin alimento ni cuidados adecuados. Muchos mueren en el camino y los que sobreviven suelen llegar con heridas, desnutrición y un nivel muy alto de estrés”, lamentó.

Los primates, explicó Cornejo, cumplen un papel fundamental en la regeneración de los bosques porque dispersan las semillas de los frutos que consumen. “Por eso, cuando perdemos primates, también estamos perdiendo a algunos de los principales aliados que tienen nuestros bosques para recuperarse”, dijo la bióloga.

Según Cornejo, que obtuvo datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 3500 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal. Los mamíferos fueron el tercer grupo con más registros, después de las aves y los reptiles, y dentro de los mamíferos los primates fueron los más afectados.

“Pero esas cifras son solo una parte del problema. Por cada animal que logra ser recuperado, no sabemos cuántos otros recorrieron la misma ruta sin ser detectados o murieron durante la captura y el traslado. Mientras sigan existiendo personas que quieran comprar un mono, tenerlo como mascota, exhibirlo o utilizarlo para una fotografía, seguirá habiendo alguien dispuesto a sacarlo del bosque”, resaltó Cornejo.

La bióloga explicó que los primates que aparecen con mayor frecuencia en el tráfico son principalmente especies amazónicas, que son capturadas para venderlas como mascotas y trasladadas desde la Amazonía hacia otras regiones y ciudades. Según los últimos datos que obtuvo, los monos frailes o monos ardillas fueron los más encontrados por las autoridades, junto con los machines, los pichicos y los leoncitos.

“También se registran primates más grandes, como los monos choros, los maquisapas y los monos aulladores. En estos casos, el impacto puede ser todavía mayor porque para llevarse a una cría generalmente matan a la madre y estas especies tienen una reproducción lenta. La pérdida de un solo individuo adulto puede afectar a todo su grupo”, dijo Cornejo.

Además, la experta recalcó que un primate no debe vivir como mascota, ya que son animales muy sociales y que necesitan crecer junto con otros individuos de su especie, aprender de ellos y desplazarse por grandes áreas de bosque. “Una casa, una jaula o un patio nunca podrán reemplazar todo lo que necesitan para vivir y comportarse como primates”, dijo.

Como medidas de conservación, Cornejo explicó que se necesita mayor vigilancia en los lugares donde los animales son capturados, pero también en las carreteras y terminales de buses, puertos y aeropuertos, donde pueden ser transportados, y en mercados y redes sociales, donde suelen ser  comercializados.

Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027, que reconoce que este problema debe abordarse desde distintos puntos de la cadena: la captura, el transporte, la comercialización y la demanda. El reto es que estas acciones se mantengan en el tiempo y cuenten con recursos.

“Por ejemplo, en Amazonas, desde Yunkawasi trabajamos junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en la campaña ‘Yo no soy parte de la ruta del tráfico de fauna silvestre’. Nos enfocamos en uno de esos puntos de la cadena: el transporte. Trabajamos con empresas y transportistas para que pudieran reconocer posibles casos, conocer cómo actuar y comprender que también pueden convertirse en aliados para impedir que los animales sean trasladados fuera de sus territorios”, destacó Cornejo.

Sin embargo, aclaró que el control no será suficiente si no se reduce la demanda. “Todavía hay personas que piensan que comprar una cría es rescatarla o darle una vida mejor, cuando en realidad esa compra hace que otros animales sean capturados. Necesitamos hablar de este tema en las escuelas, con las familias, con los turistas, con las empresas y en las redes sociales”, resaltó.

*Imagen principal: Mono lanudo de cola amarilla en cautiverio. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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