Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una especie endémica de la frontera colombo-venezolana, enfrenta una nueva amenaza. Después de que por décadas la caza por su piel se disparó ante la demanda de la industria peletera, ahora vive un riesgo diferente. El Programa Nacional para su Conservación está paralizado desde hace meses por un conflicto administrativo entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), corporaciones ambientales y el Ministerio de Ambiente, quienes históricamente trabajaron por evitar la extinción de esta especie y recuperar las poblaciones en su ambiente natural.

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De los cerca de 500 cocodrilos en cautiverio a cargo del programa, actualmente hay cerca de 200 ejemplares —con alta diversidad genética y probabilidades de reproducirse en vida silvestre— que se encuentran en hacinamiento, sin alimento en meses ni atención médica por parte de las instituciones involucradas (Ministerio de Ambiente, corporaciones ambientales y la Universidad Nacional). Además, han ocurrido al menos dos muertes de ejemplares adultos (uno de ellos debido a agresión entre ellos, de acuerdo con una necropsia) y se han dejado de recolectar cerca de 1200 huevos producidos desde 2025, denuncia de investigadores interpuesta ante la Universidad.

La falta de claridad entre las instituciones responsables y el vencimiento de convenios con parques y universidades que han recibido a los cocodrilos fueron el argumento para detener este esfuerzo de conservación.

Sin embargo, para biólogos, investigadores y veterinarios que se han involucrado durante años en este proyecto el riesgo es claro y alarmante: advierten que está por perderse la última esperanza de recuperar a una de las 14 especies de cocodrilos que hay en el planeta.

Mongabay Latam consultó a los especialistas involucrados en este proyecto así como a las instituciones y autoridades responsables del único programa que existe en Colombia para salvar al cocodrilo del Orinoco y no existen hasta ahora señales para retomarlo.

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La crisis en una población clave y estudiada de cocodrilos

Los casi 200 cocodrilos que se encuentran en riesgo crítico pertenecen a dos grupos. De acuerdo con investigadores que participaron en este programa y con los que dialogó este medio, un grupo posee alta carga genética que permitiría la reproducción y sobrevivencia en su hábitat natural, mientras que otro grupo de cocodrilos debe ser puesto en liberación, pues se trata de ejemplares nacidos en vida silvestre y que fueron incorporados al programa para fortalecer la estrategia de conservación.

Son 180 de estos ejemplares los que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure. Otros 12 están en la Universidad de los Llanos (Unillanos), ambos ubicados en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, como parte de convenios con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se comprometieron a recibir a los cocodrilos sin cobro y de forma “provisional”, ante el hacinamiento en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, que forma parte de la UNAL.

Pese a que los acuerdos establecen que la UNAL se haría responsable de la alimentación, el manejo, cuidado veterinario y recolección de huevos de los cocodrilos, diferentes documentos elaborados por la Unillanos y el Parque Merecure, y que fueron revisados por Mongabay Latam, denuncian que entre noviembre de 2025 y abril de 2026 la Universidad ha incumplido con estas funciones. Cabe precisar, que esto se debe a que vencieron los convenios, como argumenta la UNAL.

Esto ya se ha traducido en muertes de ejemplares. Una de ellas ocurrió en 2026 dentro del Parque Merecure, que solicitó la intervención de la Universidad Nacional y el retiro de los animales. Hasta ahora tampoco se tiene una necropsia que certifique la causa del deceso del cocodrilo.

Otro caso ocurrió en septiembre de 2025 dentro de la Estación Roberto Franco, donde uno de los cocodrilos fue agredido por otros ejemplares, de acuerdo con la necropsia consultada por este medio y que halló “mutilación de miembros anteriores y posteriores, además de la parte ventral del cuello” del animal.

Germán Preciado, veterinario y profesional universitario de la Estación Roberto Franco, confirma no solo las muertes, sino también las indicaciones de la Universidad de no atender la salud de los ejemplares que se encuentran fuera de la estación.

“En diciembre [de 2025] fue la última vez que nos autorizaron, desde la dirección de la estación, a ir hasta Unillanos y Merecure a hacer la revisión de los animales y la alimentación. En 2026 no hemos ido porque no hemos sido autorizados”, dice Preciado a Mongabay Latam y agrega que él mismo ha solicitado permiso para acudir a ayudar a los cocodrilos y a recolectar huevos de nidos, sin obtener autorización.

A principios de abril, comenta, se hizo un contrato de alimentación pero que aplica únicamente para los cocodrilos de la Estación Roberto Franco.

Al respecto, la UNAL niega tener responsabilidad en el programa de conservación al afirmar que su rol es de apoyo técnico y científico. Lucy Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, sostiene que son el Ministerio y las corporaciones ambientales los que deben definir el futuro de los cocodrilos.

“Nosotros somos un actor de buena fe, los tenemos cuidados esperando la indicación para entregarlos, porque en este momento no hay ninguna investigación científica desarrollándose con estos animales. Nuestra función no es alimentar caimanes, pero ahí los tenemos y éticamente tenemos que esperar hasta que la autoridad ambiental decida cuál es su destino final”, dijo la decana a Mongabay Latam.

Delgado negó las muertes de ejemplares adultos, pese a la documentación referida, y aseguró que sólo se ha registrado la muerte de un cocodrilo neonato por “una deficiencia en tiamina”.

Investigadores de la Universidad agregan que la falta de alimentación es solo un factor de la crisis, pues se han dejado de recolectar los huevos de alta diversidad genética para continuar con el programa de conservación.

“Tuve una reunión con el director y la oficina de gestión ambiental y dejé constancia de lo que está pasando en la estación, de la negligencia por la pérdida de 1260 huevos y manifesté mi preocupación por los animales sin alimento. Es un atentado contra esa especie que está en peligro crítico de extinción”, dice Willington Martínez, investigador de la Universidad Nacional a Mongabay Latam.

Este medio consultó también al Ministerio de Ambiente de Colombia, así como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para saber qué medidas se realizarán para atender a los cocodrilos y el futuro del programa de conservación, sin que hasta la publicación de esta nota exista una respuesta.

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Un programa que comenzaba a dar resultados tras décadas de estudios

Desde 1998, el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de la Universidad Nacional de Colombia, establecieron el Programa Nacional del Caimán Llanero (ProCaimán), un documento donde se reconoce que la especie es clave para la biodiversidad de la región y que se encuentra en Peligro Crítico, de acuerdo con la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En este programa se establecen objetivos y responsabilidades no solo de la Universidad y de la Estación, sino también de especialistas, del Instituto Alexander von Humboldt, corporaciones y ministerios para proteger a la especie.

También se establece que la primera fase durará 10 años como mínimo, estando sujeta “al éxito de los eventos reproductivos y la tendencia de las poblaciones en procesos de reintroducción”.

Para detener su participación en el proyecto, la Universidad argumenta que los primeros 10 años del programa finalizaron en 2012 y que nunca se hizo una evaluación para continuar con el programa. Incluso, la decana Delgado acusa que algunos de los investigadores de ProCaimán solo se dedicaron a «reproducir caimanes cada año” y los responsabilizó del hacinamiento actual.

Sin embargo, existen elementos que muestran que el programa de conservación progresaba y que permitió liberar a más de 40 cocodrilos en áreas de la Orinoquía colombiana entre 2016 y 2024.

Mario Vargas Ramírez, director de la Estación Roberto Franco entre 2019 y 2023, explica que durante su gestión se intentó responder con investigación molecular cómo los cocodrilos que ya estaban cautivos podían ayudar a la recuperación de la especie.

Antes de liberar a los cocodrilos, explica, había que saber quiénes tenían características genéticas que les permitieran sobrevivir.

“Uno tiene que realmente soltar cocodrilos que tienen un potencial evolutivo que les permita mantenerse en tiempo y suficiente diversidad genética para formar una población saludable en el tiempo. Eso se hizo y se publicó en revistas científicas”, explica el investigador.

Una de las autoras clave en este proceso fue Ana María Saldarriaga, bióloga e investigadora asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, quien se encargó de estudiar los perfiles genéticos de los ejemplares, para proponer combinaciones reproductivas y reestructurar los grupos que podrían ayudar al programa de conservación.

Los hallazgos de estos estudios se publicaron en revistas especializadas, como Nature Conservation, PLOS One y Oxford Academic con el objetivo de delinear las acciones de manejo de los cocodrilos.

“A raíz de esto se seleccionaron 25 cocodrilos para ser liberados en medio silvestre en sitios donde las características genéticas sí corresponden a los perfiles de estos individuos. Se hizo una liberación de 14 individuos en 2023 y luego una de 11 individuos en 2024, en el río Tomo, cerca de la frontera con Venezuela en Colombia”, cuenta la especialista a Mongabay Latam.

Saldarriaga explica que en 2025 tuvo que detener el seguimiento a esta investigación ante los conflictos internos en la Universidad Nacional de Colombia, pues cuenta que ya no tuvo acceso a información o a la estación. Sin embargo, sostiene que las liberaciones, coordinadas con autoridades ambientales, son un elemento importante de que el programa de conservación funcionaba.

“Por fin se estaban viendo resultados tangibles. De 25 liberaciones 16 tenían un transmisor satelital, entonces, además de liberar individuos estábamos produciendo ciencia detrás, desde el área genética, pero también de la ecología espacial. Estábamos cubriendo un área muy grande de lo que debería ser un proyecto de conservación”, sostiene.

Aunque no existe una evaluación formal del programa, para Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, había bases científicas sólidas en el trabajo de reproducción que se realizaba en la estación.

“Es un trabajo ejemplar como programa de conservación y ya se ha logrado la liberación de varios individuos en la cuenca del Guaviare, en la cuenca del Orinoco, del Tomo. Sé que hay una situación de crisis, pero que esta situación no desdibuje el gran trabajo que se ha hecho desde el Plan de Conservación del Caimán Llanero y el gran liderazgo que ha tenido la Universidad Nacional también en todo este trabajo en más de 20 años”, dice el directivo a Mongabay Latam.

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Un desorden administrativo que está condenando a una especie

Actualmente, la Universidad Nacional tiene procesos de investigación en la Veeduría Disciplinaria, un organismo interno, contra algunos de los profesores que participaron en este programa por supuestas irregularidades en el manejo de los cocodrilos.

La decana Delgado aseguró a Mongabay Latam que estas irregularidades son por inconsistencias en el inventario de los animales, así como la falta de salvoconductos para trasladar a los animales durante las investigaciones.

“Tengo seis inventarios distintos de animales, no cuadran las fechas en que se han muerto versus las actas de defunción y las cremaciones. Se han trasladado animales sin salvoconductos a unos sitios donde la universidad hoy no tiene ningún convenio”, dijo la decana a este medio.

Los investigadores señalados sostienen que una de sus acciones fue precisamente llevar un registro y una base de datos de todos los ejemplares de cocodrilo del Orinoco que están en el programa de conservación.

Martínez y Preciado explican que todos los ejemplares que están en la Estación Roberto Franco, en el Parque Merecure y la Unillanos tienen un microchip implantado en la cola con un registro que funciona igual que una cédula, la cual puede consultar internamente la propia universidad.

“En 15 días de trabajo se podrían capturar todos los cocodrilos. Eso no es justificación para dejar aguantando hambre durante meses a los cocodrilos”, dice Carlos Moreno Torres, veterinario y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en réplica a los señalamientos.

El especialista advierte que si bien los ejemplares pueden aguantar largos periodos sin comer, el hacinamiento, el estrés y las condiciones del clima pueden incidir en mayores ataques entre las poblaciones.

“Han muerto animales por agresión. Eso nunca se veía. Pero también los hemos sometido a estrés y el año pasado no permitieron la reorganización por tamaños. Estos animales cuando se acerca la época de celo se vuelven muy agresivos”, detalla.

En julio de 2024, Moreno fue el responsable de firmar un contrato con una empresa para “desarrollar y mejorar una plataforma de software” en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), un centro de atención de la misma UNAL, que permitiera a los investigadores, biólogos y médicos veterinarios de la Estación Roberto Franco manejar bases de datos relacionadas con la fauna cautiva en las instalaciones. Un informe firmado por una consultora de la Universidad, al cual tuvo acceso Mongabay Latam, concluye que este proceso se desarrolló con éxito.

Pese a que existen resoluciones de la propia Facultad de Ciencias que permitieron el traslado de cocodrilos al Parque Merecure y a la Universidad de los Llanos, hasta ahora no hay una intención de retomar planes de liberación o estrategia de manejo por parte de la UNAL.

“Tenemos una emergencia en esta Estación donde la Universidad está sacando plata para darle de comer a unos animales, cuyo destino todavía el Ministerio no nos dice cuál es. En el momento en que se desaloje un poco, en que se entreguen los animales, se volverá a reactivar la investigación”, sostiene la decana Delgado.

En tanto, investigadores llaman a no dejar morir a los cocodrilos de Merecure y Unillanos y a trabajar en conjunto para reactivar el programa de conservación en una especie que es considerada estructural para la Orinoquía.

“Esto requiere financiación de fondo que nos facilite poder respaldar ese trabajo científico que ha tenido la Universidad Nacional y otras organizaciones. Yo invito a que hagamos un trabajo de juntarnos y buscar cómo conseguir los recursos para que este programa pueda seguir en marcha y que la Estación Roberto Franco pueda mantener esa vocación por la cual fue creada, de trabajar de una forma rigurosa que promueva la conservación del caimán Llanero en Colombia”, señala el director del Instituto Humboldt.

Vargas, con más de 30 años de investigación en este programa, considera que los cocodrilos no deben estar pagando el precio de conflictos administrativos, por lo que hace un llamado a protegerlos y a mantener esfuerzos por su conservación.

“En el futuro a nadie le va a importar el problema que está pasando ahorita. Lo que van a decir es ‘¿cómo fue posible que nadie hiciera nada para salvar esos cocodrilos?’. Será una de esas situaciones en que los humanos nos lamentamos cuando ya es demasiado tarde y hubiésemos podido hacer algo”, lamenta.

Nota del editor: (22 de mayo de 2026): Tras la publicación de este artículo y de la entrevista a la decana de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Mongabay Latam recibió un comunicado que solicita la rectificación de cinco puntos específicos del artículo. Hemos añadido los tres cambios específicos sugeridos por el medio en los párrafos 1, 2 y 8. Leer la aclaración publicada por el medio en el artículo original. Puedes revisarlo aquí.

*Imagen principal: algunos cocodrilos por su baja diversidad genética fueron enviados a centros de educación ambiental, como Nápoles. Foto: cortesía Unimedios.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam.

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En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

 Así mismo hemos visto en las redes cómo se hacen odiosas comparaciones de este carnaval con otros que hay en el departamento de Nariño, desde luego con el majestuoso Carnaval de Negros y Blancos de la hermosa ciudad de Pasto, los cuales fueron declarados en 2009 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco, comparación desde luego que es odiosa y que no viene a lugar, ya que cada comunidad tiene sus propias expresiones y obedecen a contextos particulares; inclusive no falta quien se anuncia como organizador gratuito de las fiestas del litoral, para llevar artesanos y hacer carrozas similares a las que hacen en Pasto, en Ipiales y en otros lugares de la sierra nariñense.

El carnaval de Negros y Blancos, que se juega en la sierra nariñense, inclusive en algunos poblados del Cauca y del Putumayo, tiene su origen en una cédula real del siglo XVII en donde se daba a los esclavos un día de asueto, esto luego de una rebelión donde se pedía a las autoridades un mejor trato y descanso para la población esclavizada, llegando a la gobernación de Popayán, de gran extensión por entonces, y llegando a la sierra nariñense a finales del siglo XIX, cuya tradición era poner una pintica negra en el rostro de quienes salían a la calle al divertimento, para decantar en lo que hoy conocemos como el día de negros el 5 de enero de cada año, asociado también a la fiesta de Reyes, celebrando al rey negro Baltasar, una fiesta religiosa que terminó por volverse carnaval. De tal manera que el conocido Carnaval de Negros y Blancos inicialmente no era un carnaval propiamente dicho, era una fiesta, que se transformó en juego posteriormente y que al desacralizarse sus elementos constitutivos iniciales, hoy se conoce y reconoce como todo un verdadero carnaval, en el sentido de una fiesta de coso, que no de corso, ya que coso significa el lugar de un pueblo destinado a las corridas de toros y a los bailes.

Ya en otra columna hablamos del origen del Carnaval del Fuego, después del incendio de 1947, que arrasó con Tumaco, en 1950 un grupo de personas buscaron crear el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, aunque no tuvo el apoyo esperado por parte del gobierno central y departamental. Ese año se organizó un concurso para recolectar fondos para el cuerpo de bomberos, para ello se nombraron candidatas en los diferentes barrios u organizaciones, la que más recogiera fondos se llevaría el título de “Reina del Carnaval del Fuego”, siendo elegida en ese año Gloria Benítez del Hierro. El 29 de septiembre de 1955 se presenta otro voraz incendio en la ciudad, destruyendo nuevamente lo poco que había quedado y algo de lo que se había iniciado a reconstruir. Es así como un grupo de ciudadanos crea nuevamente el Cuerpo de Bomberos del puerto. Sin embargo, no contaban con carros extintores de incendios, por ello idearon crear un Carnaval del Fuego, con el fin de recolectar fondos y comprar un carro extintor. El origen del Carnaval del Fuego oficialmente se remonta al año 1959, durante la alcaldía militar del capitán Pizza Benítez, buscando dotar a los bomberos de una máquina extintora, este año es elegida Ligia Rosasco Llorente como la primera Reina oficial del Fuego.

Es así como el origen de este carnaval obedece a unas causas muy particulares que hay que resaltar, y es el sentido de solidaridad de los habitantes del Pacífico, el afán de buscar de manera colectiva solución a sus problemas, esta es la esencia que no debe perderse y que debe remarcarse cada año. Es por ello por lo que creemos pertinente que las administraciones distritales, en cabeza de la Alcaldía, creen y mantengan un plan especial de salvaguarda del Carnaval del Fuego, no es necesario que una entidad oficial o privada declare patrimonio cultural una vivencia, un espacio o una manifestación, ya que patrimonio es aquello que remarca la vida cultural de los pueblos, tal y como lo es este carnaval.

Hemos enviado unas propuestas a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Tumaco desde el año pasado, sin embargo no hemos obtenido respuesta alguna. Estas se enmarcan en lo que creemos pertinente para que el Carnaval del Fuego tenga su propia esencia, sin necesidad de copiar o rememorar otros carnavales y fiestas, integrando a niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, artistas y artesanos, en fin, a todo el ecosistema del carnaval para fomentar una cultura carnavalesca, para mantener viva su historia.

La propuesta se llama Identidad y cultura en el Carnaval del Fuego de Tumaco, cuyo objetivo principal es realizar talleres sobre el carnaval con el fin de explorar su identidad e historia y lograr la apropiación de una fiesta que permite recuperar el tejido social de la comunidad. Los objetivos específicos son: recuperar la historia del Carnaval del Fuego de Tumaco mediante la exploración de la memoria colectiva que existe en el territorio; identificar los rasgos más característicos del Carnaval del Fuego como elemento integrador de la comunidad tumaqueña; y proponer aspectos de recuperación y mejora del Carnaval del Fuego, buscando con ello la apropiación e identificación del carnaval por parte de sus habitantes.

La justificación es la siguiente: los carnavales permiten el encuentro en medio del desencuentro, el barullo que rompe la cotidianidad del silencio, permitiendo aflorar la palabra estancada para expresar todo lo contenido en un año. Las plazas, los parques, las calles, se convierten en escenario donde la paz se permite entre todos los participantes, superando diferencias sociales, políticas y hasta culturales. En el plano de la igualdad que permite el juego, se manifiesta abiertamente la concordia y la amistad. El carnaval es un escenario donde se dan las condiciones propicias para la paz, elementos que pueden ser replicados para generalizarla y vivenciarla en cualquier época del año.   

El carnaval revierte el orden establecido, pero no por ello deja de reconocer que se gesta en medio del conflicto, no es curioso entonces que en Colombia haya más de trecientos cincuenta fiestas y carnavales al año, los carnavales se constituyen en escenarios de paz, precisamente porque permiten subvertir las lógicas establecidas, hay un compromiso, que a veces se quiere institucionalizar, para que la fiesta sea un éxito, pero realmente la institucionalización oficial no es necesaria, no hay Carnaval por decretos, lo hay porque el colectivo tiene un motivo y un pretexto para hacerlo, porque hay una tradición y una memoria que recoger, es en este sentido que aparece el compromiso ciudadano, el cual, como es obvio, no puede desprenderse del entramado institucional, ya que requiere un orden, un presupuesto, en este sentido aparece el compromiso institucional.

Esperamos que nuestra propuesta tenga eco, tanto en la sociedad civil como en la Administración Distrital, el interés es que este espacio siga siendo un lugar que remarque el aspecto solidario de los tumaqueños y habitantes del litoral, que desde ahí se pueda seguir construyendo la paz tan anhelada para todos, y no un mero espectáculo donde lo importante es el artista invitado, que cuesta millones de pesos, en detrimento de las propias capacidades locales instaladas.

El Carnaval del Fuego de Tumaco recoge la tradición solidaria de sus habitantes.

Siempre estuvo vinculado a la Universidad Nacional aunque fue profesor invitado y conferencista en prácticamente todas las universidades colombianas. Sus libros de texto tuvieron tal influencia, que podría afirmar, sin temor a equivocarme, que Takeuchi fue profesor o influyó, durante cinco décadas, en todos los docentes universitarios de matemáticas del país. En 2008, al celebrarse 100 años de relaciones entre Colombia y Japón, fue destacado como el japonés que mayor influencia había tenido en nuestro país.

Dueño de una habilidad e intuición matemática envidiables, manejaba como pocos algunas áreas de difícil dominio, tales como las Sucesiones y Series o el Análisis Matemático y la Variable Compleja. Escribió cerca de 40 libros de matemáticas que él mismo digitó (usando solo sus dos dedos índices) en una vieja máquina de escribir a la que había que cambiarle los tambores metálicos con las letras para estampar algunos símbolos matemáticos. Las gráficas y demás símbolos los hacía a mano en los espacios que reservaba para llenar luego.

En una época en la que los textos de matemáticas universitarias eran importados y por lo tanto muy costosos y de difícil acceso, sus publicaciones, de excelente calidad, estaban al alcance de los estudiantes gracias al bajo costo que tenían, con el que escasamente cubría su edición. En un taller instalado en el garaje de su casa, producía todo ese arsenal matemático con la ayuda de sus hijos, quienes eran sus principales ayudantes a la hora de compaginar, empastar y pegar folletos y libros. 

Pero el profesor Takeuchi no solo se limitó a hacer aportes a las matemáticas, era un excelente observador de nuestra realidad e idiosincracia y hacía críticas tan acertadas, que sociólogos como Alfredo Molano, afirmaba que el mejor sociólogo colombiano no era sociólogo ni era colombiano: era el profesor Takeuchi. Cuando le preguntaron a Takeuchi cuáles eran las diferencias entre los colombianos y los japoneses, lo sintetizó magistralmente: “un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos”.

Una buena descripción de su aguda mirada es la que él mismo expresó cuando dijo: “Mi forma de actuar se debe a que combino la cultura oriental con la malicia indígena, al fin y al cabo yo aprendí esas dos culturas”.

La celebración de la Navidad y Año Nuevo me trae gratos recuerdos del profeosr Takeuchi porque al finalizar el año tenía por costumbre realizar reuniones en su casa para despedir el año; reuniones en las que él mismo preparaba una exquisita cena para unas 20 o 30 personas entre estudiantes de posgrado y profesores de matemáticas, con platos que los asistentes probábamos por primera vez tales como el Sushi, que hace 40 años aún no era ofrecido en Colombia. Era un gran cocinero y alguna vez me confesó que había logrado preparar los platos típicos colombianos más conocidos, menos uno: la lechona. Al preguntarle si había podido preparar tamales, me dijo:

—Sí, los tolimenses y los santandereanos.

Tuve la fortuna de ser su alumno o más bien su discípulo, fue mi profesor en varias asignaturas y mi director de tesis de maestría en matemáticas. Escribió una carta de recomendación para mi admisión al doctorado en Alemania. Su generosidad era amplia, no solo compartiendo sus conocimientos sino en todos los órdenes, especialmente cuando había que apoyar a algún estudiante necesitado.

Yo solía hablar mucho con el profesor Takeuchi y siempre acudía a él cuando tenía dificultades con algún problema de matemáticas. Era su costumbre desprender una hoja de alguna cartelera y escribir sobre ella, sin importar si tenía o no espacio en blanco.

Su oficina era un caos; un desorden de libros, papeles, cajas de tizas, lápices y esferos; y una torre de libros a punto de caer; sin embargo sabía perfectamente dónde estaba cada cosa que necesitaba.

Como es apenas natural, son muchas las anécdotas que podría compartir sobre el profesor Takeuchi, pero me limitaré a compartir solo un par de ellas. La primera es una historia de hace unos 30 años, que muestra su talante maestro: le comenté que necesitaba comprar un carro, pero agregué que no tenía los recursos y que los préstamos bancarios eran impagables o muy ventajosos para los bancos y que además el vehículo quedaba pignorado hasta el pago total de la deuda. Inmediatamente me dijo que él podría hacerme un préstamo. Escribió sobre un papel la fórmula que aún conservo:

Como la suma prestada es P, entonces valor inicial S(0) = P.

—Muy bien  —dijo el profesor Takeuchi—. Ahora debe decidir cuánto necesita; es decir elegir S(0) y jugar con los tres parámetros: cuota fija Q, y duración del préstamo, determinando el n tal que S(n) = 0. El interés r  es 1 % mensual (r = 0,01 en la fórmula), en una época en la que para este tipo de préstamos el interés se acercaba al doble.

Fue así como recibí un cheque de diez millones de pesos sin firmar ningún papel que garantizara mi cumplimiento y una valiosa fórmula para calcular las cuotas fijas mensuales que pagué rigurosamente durante 24 meses, período en el que el saldo S(24) fue cero. 

Una anécdota que me gusta contar es la que tiene que ver con el análisis que me hizo sobre el dominio matemático de su pequeña nieta cuando la niña apenas empezaba a hablar. 

—Mi nieta sólo sabe tres palabras y con ellas ya domina conceptos matemáticos —me dijo un día en la sala de profesores del edificio 404, mientras se tomaba un café.

—¿Cuáles son esa tres palabras, profesor? —pregunté intrigado.

—Mi nieta dice “MÍO” y eso es porque tiene claro el concepto de pertenencia —sonrió. Y continuó—: mi nieta dice “NO”, lo que indica que maneja la negación lógica y la niña también sabe pedir “MÁS”, o sea que conoce ya la adición. Con tres palabras: MÍO, NO y MÁS se defiende divinamente.

En el año 2010, siendo yo decano de la Facultad de Ciencias tuve el privilegio y la satisfacción de acompañarle, junto con el rector Moisés Wassermann, a la Casa de Nariño a recibir su nacionalidad colombiana. Ese día fue muy especial para el profesor Takeuchi, estaba feliz y se vistió de corbata, única vez que lo vi así vestido. Al terminar la ceremonia le ofrecimos una copa de vino en el Claustro de San Agustín en compañía de su familia y de un nutrido grupo de matemáticos. Sus palabras fueron breves pero aún recuerdo que terminó preguntando: “… ¿Y dónde me entregan cédula de ciudadano colombiano?”

Tras su muerte en diciembre de 2014, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional aprobó (unánimemente) llamar con su nombre al edificio en el que el profesor Takeuchi siempre tuvo su oficina.

Recientemente un amplio grupo conformado principalmente por sus exalumnos, en cabeza del colega Iván Castro Chadid, hemos creado un “colectivo” con su nombre para intercambiar noticias, curiosidades y problemas de matemáticas, así como para realizar encuentros y mantener una permanente comunicación compartiendo mensajes que nos mantengan unidos disfrutando de una gran amistad y tratando de continuar la tarea de divulgación de las matemáticas que tanto le importaba a Takeuchi. 

Actualmente, a través de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la familia Takeuchi entrega anualmente el Premio Yu Takeuchi a la mejor tesis colombiana de doctorado en matemáticas, física o estadística y a la mejor tesis de maestría en alguna de estas mismas áreas, con montos de más de 10 millones de pesos para doctorado y la mitad para maestría.

El legado de Takeuchi es de un enorme valor, su riqueza intelectual, su prodigiosa intuición matemática y su ejemplar vida austera, debe inspirarnos a todos los colombianos.

¡Gracias Maestro!

@MantillaIgnacio

Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba al norte de Brasil, al verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó a último minuto, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por un valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Méndez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro en los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023, también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño que fue apresado cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red criminal de comercio ilegal y lavado de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron apresados. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. En efecto, el flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras de oro que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, actualizadas en mayo de 2025.

La más reciente evidencia de este flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro valorados en unos 111,7 millones de dólares que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro vía terrestre.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. La también llamada Villa del Yocoima es considerada como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un largo letrero con su nombre, escrito con letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa la fachada de una edificación de dos plantas sobre la esquina donde se cruzan las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte, en Upata.

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia (que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta aún más la movilización para los mineros). Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no queda solo en una condición meteorológica o en un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos en el sector, sin trayectoria ni aparente experiencia en lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad. Se nota además que sus firmas aparecen escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres los que figuran en registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, aspirando a un mejor monitoreo de la cadena de comercialización.

Una de las principales banderas de su administración es la de “acabar con la minería ilegal”. En la línea de combate contra el crimen organizado, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar con eficacia la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando captando a venezolanos que se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará —considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña—, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que se exhiben en Upata no muestran, sin embargo, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no está registrado en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela).

Además, sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, se ve en letra pequeña otro nombre: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poco alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil.

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la red hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río del mismo nombre, vecina al llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Composición fotográfica. Crédito: Mongabay Latam.

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Barranquilla, 20 de marzo de 2025

Doctor:

JANNY GUILLOTH POLO JUEZA

JUZGADO VEINTICUATRO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS

MÚLTIPLES DE BARRANQUILLA

E.    S.   D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO – DEMANDA     RECONVENCIONAL ARTICULO 371 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

RADICACIÓN: 0800-141-89021-2024-01234-00

DEMANDANTE: MABEL EUGENIA CASTILLO VALENCIA

DEMANDADO: CARDENIO BENJAMIN BUSTILLO ANGULO

Respetada Señora Jueza:

Yo, Cardenio Benjamín Bustillo Angulo, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.451.194 domiciliado y residente en la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de DEMANDADO con un proceso fraudulento contemplado y definido claramente en el artículo 453 del Código Penal, procedo dentro del término otorgado por su despacho, a contestar y demandar reconvencionalmente el proceso ejecutivo, al que fui vinculado en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD DE LA CONTESTACIÓN – DEMANDA RECONVENCIONAL.

Yo, Cardenio Benjamín Bustillo Angulo, CC 7.451.194 de Barranquilla, interpongo conjuntamente con la contestación al proceso ejecutivo mi DEMANDA RECONVENCIONAL contra la demandante Mabel Eugenia Castillo Valencia.

Presentación personal en soporte de representación propia:

Mi nombre es Cardenio Benjamín Bustillo Angulo, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 7,451,194 de Barranquilla. Mis estudios en el Estado de California, Estados Unidos, incluye un Diploma AA en Artes Liberales con un Certificado como Paralegal (Asistente de Abogado) obtenidos simultáneamente en Los Angeles City College en el 2016.

Además, una Maestría en Business Administration con énfasis en Justicia Criminal en el 2019, obtenido en Northcentral University, (se llama ahora National University).

Desde el año 1978 me he representado personalmente en el área de Los Ángeles en cortes estatales y federales bajo el código civil 28 U.S.C. § 1654 – U.S. Code, sin ser abogado.

Regresando a Colombia y por la necesidad de enfrentar varias situaciones jurídicas civiles, decidí hacer la investigación de como representarme por mí mismo, al encontrar una corrupción absurda en el manejo y representación ante cortes y entidades civiles y criminales.  He aquí la información que me permite representarme:

Artículo 86 de la Constitución Política

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

DECRETO 196 DE 1971 (Febrero 12)

CAPITULO 2 EXCEPCIONES

ARTÍCULO 28. Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: 

1. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes. 

PRECEPTO 10 DEL DECRETO 2591

Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma.

“el referido canon superior consigna -sin restricción- que reclamos iusfundamental como el actual pueden ser invocados por toda persona, “por sí misma o por quien actúa a su nombre”.

STC9520-2021

HECHOS ACUSADORES Y ARGUMENTOS DE DEFENSA:

 En primer lugar, es importante señalar lo siguiente:

1. Este Despacho, después de inadmitir la demanda le otorgó (5) cinco días hábiles para su corrección el 19 de noviembre del 2024.
2. La demandante por medio de su apoderada ÉLIDA ESTELA ACOSTA ACOSTA incumple este dictamen, dejando este proceso culminado como inadmisible.
3. Sin embargo, este despacho emite en OTRA DECISIÓN violando el debido proceso VULNERANDO MIS DERECHOS fechado enero 22 de 2025, (60) sesenta días después. (Sentencia No. T-572/92)
4. Cabe anotar que NUNCA FUI NOTIFICADO DE ESAS DECISIONES.
5. Además, notifico a este juzgado y su personal, que la demandante dice ser abogada. Busqué en la Judicatura y su nombre no aparece. Sin embargo encontré su tesis y dice ser graduada en la Corporación Universitaria de la Costa como abogada. (A lo mejor es uno de los títulos que se compran a menudo en Colombia).
6. La abogada de la demandante, ÉLIDA ESTELA ACOSTA ACOSTA se refiere en el juramento como “la Señora” en vez de su título de Doctora que se adhiere a los profesionales graduados en Abogacía. Su fin de hacerlo es, que si en verdad la demandante continúa siendo abogada (es posibles que se le haya revocado su título), CONTINUAR CON EL FRAUDE PROCESAL OMITIENDO HECHOS REFERENTES A SUS ACTUACIONES COMO PROFESIONAL DE LA MATERIA, al Juzgado.
7. Añado, que tengo dos nacionalidades, colombiana y estadounidense y tengo varios títulos profesionales que pueden ser vistos en el Blog de El Espectador, donde suelo escribir a menudo: https://blogs.elespectador.com/author/ben-bustillo/

FRAUDE PROCESAL Y FALSO JURAMENTO

Este proceso está basado en varios hechos ACEPTADOS por este JUZGADO Y SECRETARIA, y escojo decir en este momento que a lo mejor inadvertidamente, pero que muy fácil puede caer bajo la definición de complicidad judicial, uno de los cánceres de la sociedad colombiana. Anexo documentos adicionales para que complementen las pruebas cometidas por la demandante y su abogada, y ya sea por inadvertencia por este mismo juzgado.

Comencemos con los defectos jurídicos y legales, reincorporando los hechos narrados en los puntos del 1 al 7 en el párrafo inicial titulado oportunidad de la contestación, que incluye los que siguen a continuación:

1. En la demanda bajo el subtítulo Hechos (copia pegada a este documento como parte de mi contestación y presentada por la demandante y su abogada como prueba titulada contrato de arriendo) en el numeral 3 dice que debo desde ABRIL 5 DE 2025. Todavía estamos en marzo.

• Continúa con la falsedad de documentación ante el juzgado actuando claramente bajo la definición del artículo 453 del Código Penal.
• Siguiendo con los errores de la tutela, bajo el título de CUANTÍA, se lee que debo 3 meses y la cantidad es de Seis Millones Seiscientos mil pesos. La renta se suponía que es de Un Millón cien Mil pesos mensuales y de pronto ¿se convierte bajo el arte de fraude procesal en el doble? (Mire screenshot a continuación):
• Dentro del proceso cuando se dicta primeramente la inadmisibilidad, uno de los requisitos que se pide es que si el abogado de la demandante sabe sobre mis posibles defensas. Reitero que la demandante es aparentemente abogada, y DECLARO BAJO JURAMENTO QUE ES UNA MENTIRA TOTAL. AQUÍ LA DEMANDANTE Y SU APODERADA JURAN EN FALSO. El artículo 442 de la Ley 890 de 2004 establece que quien falte a la verdad o la calle total o parcialmente en una actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, incurrirá en prisión de seis a doce años. 

• En su respuesta dice lo siguiente:

“bajo la gravedad del juramento manifiesto al despacho que mi poderdante y la suscrita desconocemos sobre la existencia de pruebas en poder de la parte demandada las cuales pudiera hacer valer en su defensa dentro del presente proceso”. Primer falso juramento como se evidencia por las pruebas presentadas por mí.

• El segundo falso juramento lo hace en la misma respuesta cuando se refiere al contrato, que primero es nulo e inválido y ambas, la demandante y su apoderada, lo sabían. Mucho peor, no menciona el otro sí: “Bajo la gravedad del juramento manifiesto al despacho que el titulo ejecutivo (contrato de arrendamiento) materia de recaudo del presente proceso se encuentra en poder de la parte demandante y será exhibido cuando su señoría así lo requiera”.
• Primero, la demandante me ha puesto a pagar en las facturaciones de los servicios públicos costos que pertenecen a la propietaria por cuatro (4) años, continúa haciéndolo (no ha permitido que cambien la facturación a mi nombre) y en ese tiempo yo he mantenido COMPLETAMENTE AL DÍA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, con la excepción de Air e, un par de veces porque después de todo estos cuatro años la factura electrónica que me mandan es la del apartamento anterior donde viví.
• Además, a Air e y a Gases del Caribe los denuncié ante la fiscalía incluyendo a la demandante Mabel Eugenia Castillo Valencia. No incluyo copia porque estoy ampliando las denuncias.
• Aún así con los antecedentes narrados en todos los párrafos anteriores que reincorporo en esta contestación y demanda reconvencional, hay algo mucho más grave y su descripción continúa en el siguiente párrafo.

MANIFESTACIONES FRENTE A LOS HECHOS NARRADOS POR EL ACCIONANTE.

En cuanto al hecho primero de que en principio existió un contrato, es cierto. La accionante y yo elaboramos un contrato de renta. Pero este contrato es NULO Y SIN VALIDEZ JURÍDICA. Narro razonamiento legal:

1. El segundo párrafo del contrato PRESENTADO Y ACEPTADO COMO EVIDENCIA ANTE ESTE JUZGADO indica el número de cuenta donde debía depositar las mensualidades, señalando el número 77711183895 de Bancolombia.
2. Esta cuenta no le pertenecía a la demandante MABEL EUGENIA CASTILLO VALENCIA. Le pertenecía o y no sé si todavía le pertenece a ADRIANA MARIA CORRALES FLOREZ con cédula de ciudadanía 32.732.734 de Barranquilla.
3. Desde el primer momento que me tocó depositar la primera renta, lo noté (hago todos mis pagos vía Internet).
4. Hablé con ella, y firmamos un otrosí, QUE ALEVOSAMENTE, CRIMINALMENTE, AMPLIANDO SU ACTUACIÓN FRAUDULENTA PROCESAL LA DEMANDANTE Y SU ABOGADA NO LO APORTARON AL JUZGADO. La anexo como evidencia (Anexo # 1). NOTEN QUE EL OTROSÍ ESPECÍFICAMENTE TENÍA VALIDEZ DE UN AÑO SOLAMENTE.
5. Cuando descubrí que la demandante me estaba haciendo pagar costos que le pertenecían a ella con la compañías de servicios hace aproximadamente un año, paré los pagos, porque descubrí que, primero, había sobre pagado mi obligación que no tenía ya validez contractual, y lo más importante, QUE EL CONTRATO ERA NULO, INVÁLIDO Y QUE NO ME OBLIGABA A CUMPLIRLO.
6. El art. 1255 de Código Civil define la formación de un contrato: “forma que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” Cuando el contrato tiene una causa ilícita, en base al art. 1275 de Código Civil, los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Se considera ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
7. El 21 de agosto de 2024, notifiqué a la demandante de que no continuaría pagando, y le pedí que me devolviera todo lo que le había mandado. (Anexos 2 y 3 copia de la notificación con prueba del envío vía Gmail).
8. Además de todo eso, hace como cuatro meses se mudó en el piso de abajo un o una fumadora, que me enfermó y ando con una bronquitis que no me deja respirar bien y duermo mal. Le mandé como 500 correos notificándole de su responsabilidad de proveer el cuidado que se requiere, especialmente a un adulto mayor Y DESCAPACITADO, tengo 75 años. Tengo copia de esos correos que haré disponible al juzgado cuando guste.
9. Se asoció a la administración y al concejo del conjunto residencial Alondra donde se encuentra ubicado el apartamento donde resido para violar mis derechos contemplados en los siguientes artículos de la ley 820 de 2003:
10. Artículo 7. Solidaridad
11. Artículo 8, Numeral 4 – Entrega de las normas de convivencia en el complejos, que ni con derechos de petición me fueron entregadas ni por la demandante, ni por el Concejo ni la Administración. Las penalidades por esta violación están contempladas en la Ley 675 de 2001. Este incumplimiento genera sanciones como lo dice el último parágrafo: “El incumplimiento del numeral tercero del presente artículo será sancionado, a petición de parte, por la autoridad competente, con multas equivalentes a tres (3) mensualidades de arrendamiento”.
12. Violación del: “Artículo 11. Comprobación del pago. El arrendador o la persona autorizada para recibir el pago del arrendamiento estará obligado a expedir comprobante escrito en el que conste la fecha, la cuantía y el período al cual corresponde el pago. En caso de renuencia a expedir la constancia, el arrendatario podrá solicitar la intervención de la autoridad competente.
13. Tania Lafont, hija de la demandante Mabel Eugenia Castillo Valencia elaboró recibos fraudulentos escondiendo el nombre de su madre para evitar los delitos ya sea, de fraude por uso del subsidio de vivienda arrendando la propiedad muy pocos meses después de su entrega (uno o dos), y el delito de evasión de impuestos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Improcedencia de la Acción.

El Proceso Ejecutivo es una acción excepcional en la medida que solo procede frente a situaciones perfectamente autorizadas por la Constitución y la Ley, y está sujeta a precisas reglas de interpretación restrictiva que la toman como un mecanismo de excepción sólo procedente frente a un reducido de eventualidades.

Para comenzar el abuso de este Juzgado bajo la dirección de la Secretaria FANNY YANETH ROJAS MOLINA y la Juez JANNY GUILLOTH POLO se manifiestan ya sea por inadvertencia o simplemente como se produce con frecuencia en Colombia por abuso judicial al aceptar el cumplimiento de la orden dictaminada a la demandante y su apoderada de subsanación presentada aproximadamente sesenta días después.

Razonamiento evidenciario y jurídico

1. El documento presentado y aceptado como subsanación NO ESTÁ FECHADO. Por lo tanto, la dictaminación primera REAFIRMA que ESTÁ RECHAZADA de acuerdo con el artículo 90 del Código General del Proceso por no cumplirse dentro de los cinco días hábiles dados. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada.

1. Al recibir la subsanación SIN FECHA y proceder, la secretaria y juez actúan en conjunto con la demandante y su abogada en VIOLAR MIS DERECHOS claramente identificados en el Artículo 453 del Código Penal como fraude procesal. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada corroborados por la Señora Juez y su Secretaria.
2. Adicionalmente, la abogada y su representada BAJO JURAMENTO dicen desconocer de mis defensas. A la demandante le he mandado más de 500 correos electrónicos relacionados con todo tipo de violaciones y maltrato a un adulto mayor Y DISCAPACITADO, siendo el más RELEVANTE de este caso cuando le digo que EL CONTRATO ES NULO Y SIN VALIDEZ (copia del volante como prueba del envío vía Gmail y la notificación están adjuntas a esta contestación y demanda reconvencional como anexos 2 y 3). Nuevamente, actuando en violación de mis derechos al debido proceso identificados claramente en el Artículo 453 del Código Penal. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada.
3. Nunca fui notificado de las disposiciones dictaminadas por el juzgado. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada.
4. Este proceso continúa violando mis derechos al debido proceso al pedir un embargo y secuestro de un bien, ya que,
5. Las cuentas de ahorros son inembargables (Circular 61 de octubre 8 de 2024 Superintendencia Financiera) y,
6. Mi lote NUNCA FUE DADO COMO GARANTÍA PARA EL CONTRATO, NO EXISTE DOCUMENTACIÓN AL RESPECTO, Y EL CONTRATO ES NULO, SIN VALIDEZ. Además, tiene un valor aproximado de Diez Mil Millones de Pesos. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada.
7. La demandante, Mabel Eugenia Castillo Valencia al querer evadir el pago directo de la renta a ella, claramente se deriva de actuaciones ilegales y criminales. Tres de las posibles razones son, que obtuvo subsidio de vivienda no permitiendo rentar del apartamento porque perdería el subsidio, tiene embargos en contra de ella, y la otra que es la más evidente, evasión fiscal. En cualquiera de los casos, me está involucrando en un delito. En esta parte del proceso existe mala fe de la demandante y su abogada.

Código General del Proceso Artículo 42. Deberes del juez

Son deberes del juez:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.

3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.

5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.

6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal.

7. Motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite.

“En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se

configura cuando el funcionario judicial:

(i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde

(desvío del cauce del asunto);

(ii) pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento,

circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento del

derecho de defensa y contradicción;

(iii) incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los

procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho

sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones devienen en denegación

de justicia; CONSEJO DE ESTADO Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01806-00(AC)

Indudablemente en este caso aplican la mayoría de los párrafos marcando claramente cuál debe ser el proceder por seguir.

PRETENSIONES DE LA CONTESTACIÓN

• Con la mayor consideración, SUPLICO AL JUZGADO:

• Que teniendo por presentado este escrito, copia y documentos que se acompañan de ambas partes, se tenga por formulada DEMANDA DE RECONVENCION, ya que el asunto es de competencia del mismo juez ante el cual se ventila la demanda inicial.
• El Código General del Proceso, en su artículo 371, señala que para la procedencia de la demanda de reconvención esta no debe estar sometida a trámite especial.
• Es procedente cuando, habiéndose formulado en proceso separado, procedería la acumulación de procesos.
• Cuando se denuncia fraude procesal, el juez tiene el deber de investigar a fondo la denuncia, evaluar las pruebas presentadas y tomar las medidas necesarias para garantizar la correcta administración de justicia, INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE INICIAR UN PROCESO PENAL POR EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL si las pruebas lo justifican.
• Desestimar en su totalidad el proceso ejecutivo por ser fraude procesal, uso indebido por el juzgado ya que la subsanación fue presentada sin fecha y extemporáneamente y suspensión del proceso ejecutivo y defina la demanda de reconvención.
• Aceptar como exenciones las fallas del proceso ejecutivo por usar fechas inexistentes y contradictorias, además de las cantidades que pedía por tres meses eran exageradas y ajenas a la verdad.
• Sancionar a la demandante y su abogada a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de una pena de prisión de 6 años y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas de 5 años a cada una por el delito de fraude procesal.
• Sancionar a la demandante y su abogada cada una a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de una pena de prisión de 6 años a cada una por el delito de falso juramento.
• SI SE TIENE O ADQUIERE JURSIDICCIÓN PARA EMITIR ESTA SENTENCIA, ya que cabe la posibilidad de que el Juez y su Secretaria pueden ser parte demandada por la aceptación de documento sin fecha y utilizarlo para emitir un dictamen:
• Emitir orden de arresto inmediatamente se reciba y revise documentación anexa a esta contestación que es también demanda de reconvención contra la demandante Mabel Eugenia Castillo Valencia y su abogada ELIDA ESTELA ACOSTA ACOSTA.
• Si la Juez decide recusarse, REMITIR INMEDIATAMENTE A LA FISCALÍA, JUDICATURA Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD GUBERNAMENTAL CON JURISDICCIÓN LEGAL sobre este proceso de fraude procesal, falso juramento y mala fe, ya que cabe la posibilidad de que la Señora Juez y su Secretaria puedan ser demandadas.

PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCION

Con la mayor consideración, SUPLICO AL JUZGADO:

1. Incluir como DEMANDADA a la abogada ELIDA ESTELA ACOSTA ACOSTA C.C. No.22’529.815 expedida en Malambo (Atl.) T.P. 97.272. C.S. de la J., por FRAUDE PROCESAL, abuso a adulto mayor y discapacitado, sancionándola con 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de una pena de prisión de 6 años y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas de 5 años.
2. Incluir como DEMANDADA a ADRIANA MARÍA CORRALES FLÓREZ CC 32.732.734 de Barranquilla, por fraude recibiendo aproximadamente $40 millones de pesos míos sin ningún tipo de contrato basado en un otrosí elaborado por Mabel Eugenia Castillo Valencia que venció un año después de su elaboración, y sancionarla con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y prisión por dos años.
3. Incluir como DEMANDADA a TANIA ISABEL LAFONT CASTILLO, CC 1140830580 por fraude procesando recibos de pago sin nombre, acoso a adulto mayor, fraude en la falsificación de recibos. Una copia es adjunta como evidencia EN EL ANEXO No. 4, y sancionarla con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y prisión por dos años.
4. Ordenar a las Compañías de Servicios Públicos de transferir la facturación a mi nombre solamente, LOS SERVICIOS ÚNICAMENTE. La Ley 820 del 2003 en el artículo 15 especifica servicios. Las arandelas le corresponden al arrendador. Aunque el contrato es nulo e inválido jurídicamente, asumo el costo de LOS SERVICIOS A QUE ESTÁ SUJETO UN ADULTO MAYOR DE 75 AÑOS Y DISCAPACITADO.
5. Esta orden debe ser enviada de la siguiente forma:
6. Triple aaa Cuenta # 1000507 Calle 112 # 42-93 Torre 11 Apto 903, Cardenio Benjamín Bustillo Angulo CC 7451194. SERVICIOS ÚNICAMENTE DE ADULTO DE 75 AÑOS E INCAPACITADO.
7. Air e: Cuenta # 7943680, Calle 112 # 42-93 Torre 11 Apto 903, Cardenio Benjamín Bustillo Angulo CC 7451194. SERVICIOS ÚNICAMENTE DE ADULTO DE 75 AÑOS E INCAPACITADO.
8. Gases del Caribe Cuenta # 66732381. Calle 112 # 42-93 Torre 11 Apto 903, Cardenio Benjamín Bustillo Angulo CC 7451194. SERVICIOS ÚNICAMENTE DE ADULTO DE 75 AÑOS E INCAPACITADO.

ANEXOS

1. Copia del otrosí.
2. Talón de prueba de envío correo de notificación de la invalidez del contrato.
3. Notificación sobre invalidez de contrato y devolución de dineros pagados.
4. Copia de recibo (solo adjunto uno, pero tengo en mi posesión copia de todos los meses que pagó y son similares a este, que pondré a disposición del juzgado cuando los soliciten. Estos recibos eran elaborados por Tania Lafont Castillo, hija de la demandante). Mirar copia del mensaje que recibí de la demandante vía WhatsApp: “Buenas tardes si gracias, tania me envía el recibo más luego para envuartelo a ti”. (SIC)

NOTIFICACIONES

CARDENIO BENJAMIN BUSTILLO ANGULO,

correo electrónico: ben.bustillo@gmail.com,

MABEL EUGENIA CASTILLO VALENCIA, correo electrónico: mabelcastillo2009@gmail.com

ELIDA ESTELA ACOSTA ACOSTA al correo electrónico

acostaestela556@gmail.com

Juez JANNY GUILLOTH POLO

j24peqcacmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Secretaria FANNY YANETH ROJAS MOLINA

j24peqcacmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co

ADRIANA MARÍA CORRALES FLÓREZ

ac.nana68@gmail.com

TANIA ISABEL LAFONT CASTILLO

tanialafontcastillo@gmail.com

NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIAL

Tengan en cuenta las partes originales del proceso ejecutivo, demandante y apoderada, Secretaria y Juez, partes demandadas y añadidas en la demanda reconvencional de lo siguiente:

1. Retengo el derecho de acusaciones legales contra la Secretaria y Juez y a quienes otorgo 5 días hábiles comenzando 2 días después del envío de este correo para que subsanen los defectos y abusos cometidos, informando que de no hacerlo, abriré con la JUDICATURA EL PROCESO DE VIGILANCIA JUDICIAL. A la vez, solicito a la Juez que no dictamine órdenes de arresto contra la demandante, su abogada y las dos personas añadidas en la demanda reconvencional hasta que se defina dentro de los días ofrecidos para subsanar su mala fe, fraude procesal, juramentos falsos con las propuestas que le hago en este documento a estas personas.
2. Retengo evidencia contra de la demandante y su abogada para futuros uso si fuese necesaria.
3. A la demandante y su abogada, que si no pagan $ 500.000.000,00 millones de pesos dentro de 7 días hábiles al envío de este correo, reiteraré la obligación de la Juez para que emita ordenes de arresto en contra de ambas. Si el Juzgado no lo hace, iniciaré procesos directamente con la Fiscalía enforzando el arresto en contra de todas las personas involucradas en este proceso, incluyendo la Secretaria del Despacho y la Juez.
4. A la demandante y su hija Tania Lafont, de entregar títulos de posesión COMO DUEÑO a mi nombre de los apartamentos 902 y 903 LIBRE DE DEUDAS situados en la Calle 112 # 42-93 del Conjunto Residencial Alondra dentro de 30 días hábiles al envío de este correo. Deben notificarme y al Juzgado cuando comiencen el proceso ante una notaría dentro de 5 días hábiles al envío de este correo. De no hacerlo, enforzaré ante el juzgado la orden de arresto.
5. A ADRIANA MARÍA CORRALES FLÓREZ que dentro de 5 días hábiles que comienzan a contar 2 días hábiles después del envío de este correo, me pague $40.000.000,00 millones de pesos. De no hacerlo, enforzaré ante el juzgado la orden de arresto.

Respetuosamente sometida,

El Decreto 806 de 2020 y su adopción como legislación permanente mediante la Ley 2213 de 2022, señala que: “…para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento…”

Cardenio Benjamín Bustillo Angulo

CC 7.451.194 de Barranquilla

El primero de esos “números metálicos” se ha bautizado con la letra griega φ y es conocido como el número de oro, por cuanto es una perfecta medida para muchas cosas presentes en la naturaleza y para otras que utilizamos diariamente. Este número, con infinitas cifras decimales, surge de la división de un segmento en dos partes a y b, guardando las proporciones: «longitud total del segmento (a+b) es a longitud del segmento más largo a, como longitud del segmento a es a longitud del segmento más corto b».

Esto se expresa más precisamente mediante la igualdad:

Aun cuando el número de oro φ era conocido en civilizaciones antiguas, la referencia más divulgada es la del dibujo de Leonardo Da Vinci conocido bajo el nombre de “El Hombre de Vitruvio”, que ilustra lo que es la divina proporción, un dibujo en el que las distintas partes del cuerpo guardan la proporción áurea en una figura humana perfecta.

La proporción áurea está presente en muchas medidas de objetos rectangulares que usamos a diario como por ejemplo en los tamaños de las tarjetas de crédito, la licencia de conducción, la cédula de ciudadanía, las hojas de papel tamaño oficio, tamaños de ventanas, de muebles y hasta en las cajetillas de cigarrillos. 

El número de oro se relaciona también con la famosa sucesión de números enteros no negativos que se conoce como la Sucesión de Fibonacci, en honor al matemático italiano Leonardo de Pisa (1170 – 1240), así apodado. Esta sucesión se construye iniciando con los números 0 y 1, y cada nuevo término se obtiene sumando los dos anteriores. De esta manera se logra entonces la sucesión:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,… .

Con esta sucesión Fibonacci describió la forma en que crece una población de conejos a partir de una pareja. La sucesión de Fibonacci se usa también para describir múltiples fenómenos y en algunos casos puede mostrar la armonía y la incomparable perfección que esconde la belleza de la naturaleza. Sorprendentemente el cociente entre dos números consecutivos de esta sucesión tiende a nuestro número de oro φ.

Una útil coincidencia, que permite pasar de millas a kilómetros en forma aproximada, es la que nos ofrece el hecho de saber que una milla es aproximadamente igual a φ kilómetros; así entonces, usando la sucesión de Fibonachi tenemos que:

3 mi ≃ 5 km

5 mi ≃ 8 km

8 mi ≃ 13 km

13 mi ≃ 21 km.

El número de oro ha sido ampliamente estudiado y no deja de sorprender por sus propiedades extraordinarias. Pero conozcamos otros números metálicos menos famosos. 

Puesto que el número de oro φ, como hemos visto, es la solución positiva de la ecuación cuadrática (*) cuando n = 1, vamos a reemplazar ahora el valor de n con los números 2, 3, 4, y así sucesivamente para obtener los siguientes números metálicos. 

Para cada valor de n, la solución positiva de la ecuación (*) es:

Los primeros números metálicos son entonces: 

Los números metálicos, posteriores al número de oro, fueron estudiados y divulgados por la matemática argentina Vera Marta Winitzky (1929-2017) quien los definió en el artículo el tituladoLa familia de números metálicos en Diseño en cuya introducción se puede leer que «… el hecho que los números metálicos aparezcan desde los sistemas usados en el diseño de sus construcciones por la civilización romana antigua hasta los más recientes trabajos de caracterización de caminos universales al caos los convierte en instrumentos invalorables para la búsqueda de relaciones viables cuantitativas entre la Matemática y el Arte».

Una importante propiedad matemática que Vera M. Winitzky demuestra en su artículo, además de otras propiedades útiles en diseño, arquitectura y arte, es que los números metálicos satisfacen la fracción continua:

Como se observa con la divulgación de estas curiosidades, las matemáticas pueden estar en todas partes. La autora, quien fue profesora de matemáticas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, revela cómo logró, mediante el estudio de los números metálicos, introducir contenidos matemáticos sorprendentes para los programas de los cursos de diseño y despertar así el interés matemático de sus estudiantes mostrando la interacción entre las matemáticas y el diseño.

@MantillaIgnacio

¿Quién fue el conferencista? ¿El turco ladrón Char? ¿Y sí tiene la educación este bandido? Lo conozco como ladrón político asociado a criminales que se sienten de “alta sociedad barranquillera” porque consiguen puestos políticos pagando la cuota en votos, o plata.

O ¿será el brazo criminal armado que tienen? A mí me dijeron que tuviera cuidado con los Char, porque me puedo encontrar con una bala en la mitad de mi camino. Advertencia, si me pasa algo, ya saben de donde proviene.

En todo caso, creo que gracias a mi publicación anterior el tráfico se medio compuso con la apertura de la Carrera 43 C. Pero se tardaron más de 5 años en encontrar una solución pasajera, porque con el número de edificios que están construyendo el tráfico vehicular en tres años o menos, aumentará dificultando la accesión a las vías para salir del hueco donde se encuentra Alameda del Lío (anteriormente Río). (Esperen otro artículo referente a la construcción con permisos falsos, ventas a “testaferros” inventadas, el tal auxilio de préstamos para comprar vivienda próximamente). 

Creo que la tal “charla” se debe a mi constante denuncia contra los olores de cigarrillos sintéticos que en los dos últimos meses me ha expuesto una vieja que vive en el piso bajo el mío. ¡Ojo! Tengo más de tres años de vivir en el complejo, y este problema nunca se presentó antes.

La administradora nueva y el consejo la entrevistaron y lo negó formando una reacción negativa de parte mía, no solo a la vieja maldita empedernida viciosa a quien insulto con todo tipo de vulgaridades (me hace pelar el cobre), porque no solo expela el olor hacia afuera de su ventana yéndose hacia arriba (los olores nunca se dispersan hacia abajo y nunca se diseminan hacia los lados), pero también le doy el tono vulgar al concejo y administradores.

 Cabe recordar que la Ley de Propiedad Horizontal (675 de 2001) establece en su artículo 74 la prohibición de olores, partículas u otros elementos que trascienden al exterior y que afecten los niveles tolerables para la convivencia. “Las señales visuales, de ruido, olor, partículas y cualquier otro elemento que, generados en inmuebles privados o públicos, trascienden el exterior, no podrán superar los niveles tolerables para la convivencia y la funcionalidad requerida en las Unidades Inmobiliarias Cerradas.  En este caso, el administrador está en la obligación de hacer cumplir la Ley Antitabaco en la propiedad”.

En Colombia, la regulación del consumo de tabaco en propiedad horizontal está contemplada principalmente en la Ley 1335 de 2009, conocida como la Ley Antitabaco, y la policía con el Código de Policía (Art. 33 Núm. 1 Lit. c. Ley 1801 de 2016).

Además, el fumar produce olores considerados provenientes de una actividad psicoactiva, y lo dice claramente el Art. 33 Núm 1. ¿Sabrán leer?

El Código de Policía (Art. 33 Núm. 1 Lit. c. Ley 1801 de 2016) dice también que porque este comportamiento afecta su tranquilidad, con lo cual, al perturbador le pueden imponer una multa equivalente a dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes”.

Pues a esta administración (la anterior y esta nueva) no les han importado los correos que les he mandado (como unos cien) ni la denuncia ante la policía varias veces. Mandaron un par de tombitos (jóvenes pero armados), me entrevistaron en mi apartamento, (uno haciendo el papel de “abogado” y el otro revisando con el número de mi cédula los archivos que ellos mantienen en mí) he denunciado como corruptos por lo menos a diez, se fueron y me dijeron que iban a hablar con el vecino de abajo, pero la administradora en su respuesta a uno de mis correos no lo menciona, ni la respuesta de la policía, ni la del guardia de seguridad que estuvo presente en la entrevista.

He denunciado a la vecina varias veces con la policía, y unos de ellos me ha gritado y otro cuando le traté de tomar una foto, trató de arrebatarme el teléfono empujándome. A mí no me asustan esos bandidos, se llevaron una lluvia de insultos y hasta a la madre les recordé, lo mismo que al guardia de la portería que los acompañó.

Hoy, 29 de diciembre, la vieja maldita se ha pasado fumando todo el día, cada vez que me llega el humo le envío correo (como 10 hoy) a la administración, al concejo y a la dueña, ya que violan mis derechos constitucionales, es más, a veces pienso que se trata de un acto cometido con alevosía para que me mude del complejo. Lo que no tienen en cuenta es que este conflicto comenzó hace como dos meses, que fue cuando se mudó la vecina de abajo. Yo tengo casi cuatro años rentando este apartamento.

La ley 1335 de 2009 es la norma marco, su reglamento sobre propiedad horizontal es el desarrollo para sancionar una conducta al interior de su copropiedad y debe previamente estar prevista como conducta infractora en el reglamento (art. 60 ley 675 de 2001).

Por su parte la ley 1335 de 2009 menciona:

“…Artículo 31. Sanciones Por Incumplimiento De Las Obligaciones De Los Propietarios, Empleadores, Representantes Legales Y Administradores. Además de las medidas sanitarias, preventivas, de seguridad y de control para las que están facultadas las autoridades sanitarias y de policía, la violación de las prohibiciones y obligaciones de que tratan los artículos 19 y 20 de la presente ley por parte de los propietarios, empleadores, representantes legales y administradores será sancionada por el Alcalde respectivo con alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Amonestación. 2. Multas sucesivas desde 1 s.m.m.l.v. y hasta por una suma equivalente a 100 s.m.m.l.v. 3. Suspensión temporal o definitiva de la licencia sanitaria.

2. Para la aplicación de estas sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo.”  (Mi próximo paso).

Y la responsabilidad de la dueña está contemplada en el Artículo 8, párrafo 4, de la Ley 820 de 2003, que dice: “Cuando se trate de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo.

En el caso de vivienda compartida, el arrendador tiene además, la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a los arrendatarios, y de garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda;”.

¿Será que esta visita de la Alcaldía era para ver si asisto a la charla para que me conozca personalmente la mafia de Char? Mandan ya ustedes saben qué, porque ni loco, ni idiota para meterme en la boca del lobo.

Turco Char, no te preocupes, que un día de estos te visito, pero te aviso anticipadamente. No te alarmes, que no tengo armas, no sé pelear físicamente, y si tú lo eres, lo primero que te pregunto es, para qué lado vas a correr, para yo correr hacia el lado contrario.

Mis armas son el lenguaje escrito, oral, y la capacidad de usarlos sin temores.

 Por estas razones, en Colombia, la moto más que un instrumento de diversión de jóvenes y muchos adultos, por el placer de la velocidad y del sentimiento de libertad que aporta, es un medio de transporte relativamente barato, al alcance de muchos; no es excluyente ni de élite; literalmente la entregan con la cédula y no exigen, saber usarla. El resultado, una invasión caótica de las vías, por esos aparatos, ¡incluyendo hasta las aceras!, contribuyendo a que hoy el tráfico y los desplazamientos se convirtieron en un problema crítico en muchas ciudades y en un peligro, hasta de muerte, para peatones y motociclistas.

 A esta barahúnda se integraron las bicicletas, que se reproducen como hongos, circulando por las calles sin leyes ni reglas, a contravía, orondas por las aceras que se supone son para unos peatones,  cada vez más arrinconados. Es un sistema de transporte amable con la naturaleza y sano para el ciclista, pero convertido en amenaza para el peatón, es decir, para a la mayoría de los citadinos. Ya hasta las motocicletas de la policía circulan por las aceras o avanzan en contra vía y el peatón que se quite.

Los gobiernos de las ciudades se preocupan más por construir nuevas vías que en darles sostenimiento y nada en cuanto a hacer cumplir las reglas de su uso. El cambio de semáforo parece a la largada de una carrera de motos: todas en primera fila, cambia el semáforo y arrancan a mil y en estampida. Las reglas de tránsito no existen para ellos y la ausencia de autoridad y de control se expresa, entre otros, en el número creciente de motociclistas y peatones heridos o muertos. La policía tiene absolutamente abandonado este frente clave en la vida de la ciudad, la circulación de sus habitantes, y cuando aparecen, actúan como burócratas alcabaleros, dedicados a pedir papeles para ver si el Soat está al día ¡Habrase visto, semejante distorsión de las funciones y responsabilidades de las autoridades! Y mientras tanto, impera la ley de la selva del “sálvese quien pueda” en las calles y en la circulación citadina y de la autoridad, ni la sombra. Urge que los alcaldes peguen menos cemento y hagan más ejercicio de su autoridad en el espacio público, donde el peatón es central, vuelto tierra de nadie, más peligroso que un frente guerrillero. Alcaldes, pilas con esto. Y recuerden que el compromiso fundamental es con los ciudadanos y la inmensa mayoría de éstos, son peatones.