Curioso nombre para una serie sobre un compositor. Sobre uno de los más grandes compositores de la música clásica en Colombia: Luis Antonio Calvo.

El silencio.

¿Por qué el silencio?

No lo sé todavía. O sí. O medio.
Creo que uno empieza a entenderlo… apenas la serie comienza a moverse.

Esta columna, de hecho, la escribí antes de ayer. Y no la publiqué.
Algo me frenó.
Quise verla primero. El primer capítulo.
Quería entender —o intuir— por qué ese nombre.

Y empieza raro. O bonito. O impactante.

No empieza donde uno cree.

Empieza con Calvo.
Frente al piano.
Con esa manera de tocar que no pide permiso. En un auditorio que se siente contenido, casi suspendido.

Esa primera escena —la del auditorio— donde Juan Carlos Vargas, interpretando a Calvo en su edad madura, se sienta frente al piano…

y empieza.

Magistralmente, sí.

Silencio.

Y luego… un nacimiento.
Un niño que no llora.

Silencio.

Desde ahí, el título empieza a insinuarse.

Pero no quiero quedarme ahí.
No quiero hablar solo de la serie.

Quiero hablar de lo que suena.

De lo que sostiene todo eso sin que uno siempre lo vea.

La banda sonora.

La escena inicial, esa ejecución impecable al piano, no es solo un recurso dramático. Es parte de la banda sonora de la serie.

Y esa banda sonora viene de un proceso mucho más largo.

Eso que suena… tiene historia.

Tiene manos.

Tiene obsesión.

De años.

De archivo.

Esa música fue interpretada por uno de los pianistas más rigurosos y, sí, más virtuosos que tiene este país. Lezlye Berrío.
Pero decir virtuoso se queda corto.

Pianista. Investigador.
Creador de un trabajo que, con un nombre casi sencillo —Historias del Piano Colombiano—, ha venido haciendo algo que este país no hace con facilidad: escuchar su propia memoria.

La labor de Lezlye Berrío trasciende el escenario. Su trabajo no se limita a la interpretación: ha dedicado años a investigar, recuperar y grabar obras de compositores colombianos cuyos nombres y partituras habían quedado relegados al olvido.

Siglos XIX y XX.
Decenas de compositores y compositoras.
Un archivo disperso, silencioso, prácticamente inexistente para el público.

Ese trabajo —paciente, meticuloso— ha permitido que esa música vuelva a sonar. No como pieza de museo, sino como repertorio vivo, disponible, escuchable.

En el trabajo de Berrío hay años metido entre partituras olvidadas, papeles viejos, nombres que ya nadie pronunciaba. Hace 10 años comenzó Calvo a sonar para las nuevas generaciones. A sonar en las manos del maestro Berrío.

Alguien que decidió no dejar que esa música se muriera en silencio.

Que la buscó.
Que la reconstruyó.
Que la tocó.
Que la grabó.
Que la subió al mundo.

Para que existiera otra vez.

Décadas de música colombiana —siglos XIX y XX— que estaban ahí, quietas, esperando a alguien.

Compositoras.
Compositores.
Hombres.
Mujeres.

Nombres que dejaron de circular.
Todos empujados hacia un borde raro del olvido.

Berrío decidió hacer lo contrario: traerlos de vuelta.

Y todo… empezó con Calvo.

(Qué ironía, ¿no?)

Desde allí comenzó un proyecto más amplio de rescate del piano colombiano, que hoy constituye uno de los archivos más importantes del país en este campo.

Que una serie que se llama El silencio empiece justamente por alguien que se ha dedicado a que la música deje de estar en silencio.

Entonces tal vez la pregunta no es por qué el silencio.

Tal vez la pregunta es otra.

Qué cosas —en este país— solo existen cuando alguien decide escucharlas.

Y qué pasa cuando nadie lo hace.

Por eso hay una tensión interesante en el título de la serie.

Porque mientras El silencio intenta narrar una vida atravesada por ausencias, enfermedad, aislamiento y contexto histórico, la música que la acompaña proviene de un proceso que ha hecho exactamente lo contrario: romper el silencio.

Tal vez ahí está la clave.

En entender que el silencio no siempre es ausencia de sonido.
A veces es ausencia de escucha.

Y en Colombia, muchas veces, lo que no se escucha… desaparece.

Hace tiempo dejé de ver producciones colombianas.
No por desinterés. Por cansancio.

Me cansé de las historias que giran siempre alrededor de lo mismo.
Droga. Violencia.
Ese país reducido a sus peores versiones.

Como si la ficción necesitara insistir, una y otra vez, en la misma herida.

Y uno termina sabiendo qué va a pasar antes de que pase.
No por intuición… por costumbre.

Me cansé también de esos personajes que parecen diseñados, no vividos.
Cuerpos perfectos. Vidas irreales.
Como si la ficción necesitara olvidar que aquí la gente respira distinto.

También por eso dejé de verlas.
Porque dejé de reconocerme ahí.

Hace poco vi —o intenté ver— una de esas series nuevas.
Empieza con una mujer masturbándose en un yate.
Y luego lo de siempre: desapariciones, policías, tensión prefabricada… Ya sabe uno el tono, el ritmo, hasta el tipo de personaje.

Y uno siente que ya vio esa trama.
Aunque nunca la haya terminado.

Y de pronto aparece una historia que se queda en otra parte: El Silencio.

Por eso El silencio se siente distinto.

(No sé si “distinto” alcanza… pero bueno.)

Hay algo ahí que no está intentando impresionar todo el tiempo.
Que no necesita gritar para existir.

Una historia difícil.
En una vida.

Que no está construido desde el escándalo ni desde la caricatura.
Que está lleno de matices, de dolor, de belleza, de silencios, de decisiones que no se explican en una línea de esta columna.

Luis Antonio Calvo.

Y ahí pasa algo extraordinario.

Porque uno no está viendo simplemente a “un personaje importante”. Está viendo una vida que respiró distinto.

Una vida con todos sus bordes.

Con lo que duele.
Con lo que persiste.

Con un corazón que sana con música, aunque el cuerpo siga enfermo.

Y entonces la pregunta cambia.

¿Qué historia están contando?

Por qué estas vidas aparecen tan poco en las pantallas colombianas.
Por qué no circulan.
Por qué no las tenemos más cerca.

Por qué no se nombran en la pantalla.

Qué lugar ocupan —si es que ocupan alguno— en lo que decidimos recordar como país.

Qué decide este país poner en primer plano
y qué deja quieto, como si no importara.

Tal vez por eso esta serie se siente distinta.

No hace ruido para sostenerse.
Se queda.

Y en ese quedarse… algo empieza a moverse.

(Paradójico ¿No? Quedarse para hacer que todo alrededor se mueva)

La televisión en Colombia ha contado muchas veces la música.
Ha construido historias alrededor de cantantes, de géneros, de figuras que ya hacen parte de la memoria colectiva.

Vallenato.
Salsa.
Música popular.

Hemos visto esas vidas narradas una y otra vez.
Hemos aprendido a reconocerlas.

Pero esta historia se detiene en otro lugar.

En una tradición que también existe.
Que fue escrita aquí. Que forma parte de lo que somos.

La música clásica hecha en Colombia.

Compositores que trabajaron desde el rigor, desde la escritura y una relación profunda con el sonido.
Y, sin embargo, esa parte ha tenido nula presencia en lo que vemos.

Hay algo importante en que esa historia aparezca. En que alguien pueda verse ahí.

Un niño que estudia piano.
Una niña que se sienta horas frente a un instrumento.
Alguien que escucha, que insiste, que duda.

Y que, de pronto, encuentra una vida que dialoga con la suya.
No lejana.
No importada.

De aquí.

El Silencio cambia la idea de lo que entendemos por música colombiana.

Porque durante mucho tiempo esa idea ha venido con formas muy precisas.
Con ritmos que reconocemos de inmediato.
Con territorios claros.

Durante años, cuando se habla de música clásica, la referencia viaja lejos.
Europa.
Nombres que todos reconocen.
Beethoven, por ejemplo.
Ese tipo de grandeza que parece tener un lugar fijo en la memoria. Pero muy lejos de este territorio tricolor.

Aquí también se escribió música con esa misma vocación de permanencia.
También hubo quienes pensaron el sonido con disciplina, profundidad y una relación íntima con el tiempo.

Compositores que no necesitan comparación para sostenerse.
Que construyeron obra. Dejaron lenguaje.

Colombia suena de muchas formas.

Suena a tambor, a viento, a fiesta abierta.
Suena a calle, a Caribe, a montaña.

Y también suena a piano.

A vals.
A pasillo.
A formas que fueron escritas, trabajadas, pensadas desde el instrumento.

Todo eso también es Colombia.

Esperando, quizá, a que alguien vuelva a escucharlo. Y a escribirlo para televisión.

Ver una serie que se detiene en esa historia —y que la deja sonar— mueve algo.

Amplía el mapa.

Hace visible una zona que siempre estuvo ahí, pero que no siempre tuvo lugar.

También está el territorio. Santander y Cundinamarca.

Una sensibilidad que nace en un lugar específico, que recoge una manera de estar en el mundo.
Que lleva consigo una historia, una cultura, una forma de habitar el tiempo.

Y en medio de todo eso, hay una continuidad que no empezó ahora.

Durante años, Lezlye Berrío ha estado haciendo ese trabajo silencioso:
volver a tocar, grabar y poner a circular la obra de Luis Antonio Calvo.

Llevarla a las plataformas.
Dejarla disponible.
Abrirla.

Un archivo que existía… pero en silencio.

Y alguien decidió que no.

Que eso tenía que volver a sonar.

Que esa música no podía quedarse ahí, como si nunca hubiera importado. Ese alguien fue el maestro Berrío.

Y ahora, esa misma música entra en otro espacio.

La imagen.
La narración.
La serie.

Y algo se conecta.

Como si lo que llevaba tiempo sonando por un lado…
encontrara otra forma de existir, ahora en televisión.

Posdata:

Todos a verla: sábados y domingos a las 8:30 de la noche por CanalTRO.

Ahhh… Por ahí en redes sociales ya circulan los comentarios de los musicólogos y los investigadores musicales eruditos… que no sonaba Beethoven en esa época, que Calvo no usaba bastón… Vayan al Museo Calvo, salgan de los libros, que su erudición no se vuelva en una toxica criticadera para destruir. Por cierto, ahí les dejo la fótico… Calvo si usó bastón.

“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”. 

Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una tropa de monos al amanecer. Su líder ve un árbol cargado de fruta al otro lado de la calle, pero el bosque está desconectado y la única forma de cruzar es usando el cableado eléctrico. Varios de ellos no murieron por el ataque de un depredador sino electrocutados: el líder de la tropa y la madre de una cría. Esta es una escena que se repite cada día en Costa Rica.

En las zonas costeras costarricenses, los monos llevan años enfrentándose a lesiones graves o incluso a la muerte al utilizar los cables del tendido eléctrico para cruzar de un lado de la calle al otro.

De acuerdo con el biólogo Ronald Sánchez, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y quien continúa trabajando con primates, cada año mueren cerca de 1000 monos de cuatro especies distintas, debido a la electrocución en el cableado. Esta situación surge del aumento del desarrollo urbanístico en las costas, donde además se concentra una gran parte de las poblaciones de primates del país.

“Cuando el turismo empieza a construir hoteles, restaurantes y casas, se pierde hábitat. Entonces se cortan las rutas alimentarias establecidas de los monos y tienen que buscar otras alternativas. Ahí es donde empiezan a decidir si caminan, si se van por los cables o por los techos. De esa forma comenzaron los problemas”, señala Sánchez.

Diversas ONG han trabajado en la búsqueda de soluciones. Por el momento, una de las principales ha sido la instalación de pasos de fauna aéreos: pequeños puentes diseñados específicamente para brindar una alternativa más segura a los primates y que han demostrado ser altamente eficientes.

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De acuerdo con un estudio realizado por las investigadoras Inés Azofeifa y Tremaine Gregory, luego de haber colocado 111 pasos elevados entre 2015 y 2021, junto con cableado aislado, la población de monos congos (Alouatta palliata) en Playa Hermosa de Guanacaste, en la costa del Pacífico de Costa Rica, aumentó de 59 a 99 individuos, mientras que las muertes anuales bajaron de cinco a una.

Un desarrollo urbano que empuja a los monos al peligro

Los primates de Costa Rica han visto su hábitat reducirse cada vez más durante las últimas décadas. Esto implica que deben cruzar calles y exponerse al riesgo de ser electrocutados en cables de alta tensión para buscar comida para sí mismos o para sus crías.

Además, en el territorio costarricense existen cuatro especies de monos y todas se encuentran en peligro de extinción local: el mono congo (Alouatta palliata), el mono carablanca (Cebus capucinus), el mono tití (Saimiri oerstedii) y el mono araña (Ateles geoffroyi).

De hecho, del mono araña, que podía verse en todo Costa Rica, hoy solo quedan pocos grupos en la zona norte del país, comenta Sánchez.

De acuerdo con datos de la ONG Salve Monos, la electrocución lidera la mayor causa de muerte en monos en los reportes que reciben anualmente. En 2023 y 2024, más del 60 % de los accidentes denunciados ocurrieron por esta causa, muy lejos de los accidentes por atropellos que corresponde al segundo lugar, con un 19.5 %.

“Las cuatro especies de monos que tenemos en Costa Rica están en peligro de extinción. Tenemos dos en estado crítico: el mono araña, que ya prácticamente no se encuentra en algunas costas, y los monos tití, que son una subespecie endémica de Costa Rica”, indica Shirley Ramírez, asesora en Conservación y Manejo de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Los investigadores aseguran que la raíz de este problema es el aumento acelerado de la urbanización sin planificación adecuada. Esto ha limitado las zonas en las que los animales pueden vivir y ha provocado la fragmentación del bosque, poniendo en riesgo sus vidas.

“El problema de fondo es un cambio en la habitabilidad de las especies. Nuestra forma de habitar, como seres humanos, está modificando la de otras especies y poniendo en riesgo su supervivencia. Sustituimos la matriz boscosa por suelo cultivable, carreteras y edificaciones. Ese es el principal problema que enfrentamos, no solo como país, sino como planeta”, señala Inés Azofeifa, bióloga de Salve Monos.

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Vecinos de comunidades del distrito de Cóbano, en la provincia de Guanacaste, se han organizado para reportar cuando observan a un mono lesionado o fallecido. Según Daniel Gutiérrez, presidente de la ONG Somos Congos, quienes se dedican a hacer de este distrito un lugar más seguro para los monos congos, han creado un chat con cerca de 200 personas para facilitar estos reportes.

Marianne Fischel pertenece a la comunidad de Santa Teresa y afirma que presenciar electrocuciones de monos es una experiencia traumática que ha observado durante varios años. De hecho, en la zona ya no se observa al mono cara blanca. Por ello, la comunidad coordinó junto a Somos Congos y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la forma de aislar los transformadores y ayudar a los primates.

“Los vecinos de calle Jaguar, pudimos recolectar la plata para poder pagar por la instalación del aislamiento del transformador y desde la comunidad lo vemos como algo súper positivo”, señala Fischel.

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Reconectando lo que el desarrollo separó

Para evitar que los monos sufran electrocuciones, biólogos y comunidades han impulsado la instalación de pasos de fauna aéreos. Estas estructuras permiten que los primates se desplacen entre árboles de forma más segura.

“Los pasos elevados sí contribuyen a la conectividad y, por ende, al bienestar de las tropas de monos. Al evitar la electrocución, las poblaciones retoman su ritmo reproductivo y aumentan nuevamente, con un promedio de dos a tres crías por año, lo que puede representar un incremento cercano al 30 % anual”, explica Sánchez.

Debido a que el desarrollo de estos puentes requiere de materiales específicos, asegurar la tensión correcta y una construcción segura para los primates, Ronald Sánchez publicó una guía para el desarrollo de los puentes aéreos que puede ser consultada por quienes deseen implementar este tipo de soluciones y proteger a los monos.

De acuerdo con Sánchez, a la hora de elegir los materiales, la clave está en la durabilidad y la seguridad. Deben resistir el sol, la humedad y el uso constante, sin soltar residuos o calentarse al punto de lastimar las extremidades de los animales. Además, requieren mantenimiento constante para garantizar su funcionamiento.

El anclaje debe hacerse desde la base de los árboles, no solo en las ramas o la copa. El diseño también incluye una cuerda superior donde los monos apoyan su cola prensil para mayor estabilidad: a este modelo se le conoce como “escalera vertical”.

Tanto Sánchez como Azofeifa, quienes han construido puentes durante décadas, aseguran que, una vez instalados, los monos suelen preferir los pasos de fauna por encima de los cables eléctricos. Según su experiencia, incluso si el puente se instala en la mañana, ya en la tarde los animales pueden estar utilizándolo.

“Los pasos de fauna no son soluciones temporales, sino herramientas que buscan compensar el impacto de la infraestructura humana. A través de estructuras artificiales o semiartificiales se restablece la conectividad del dosel y se permite que los mamíferos arbóreos continúen desplazándose con menor riesgo”, indica Azofeifa.

Vecinos y biólogos se han unido a través de distintas iniciativas ciudadanas, como ONG o colaboraciones con el ICE. Gracias a este trabajo conjunto han logrado instalar puentes en sus comunidades para proteger a los monos. Como resultado, ya se han colocado cientos de pasos de fauna aéreos en distintas zonas del país, principalmente en las provincias que poseen costas en el Pacífico, como Guanacaste y Puntarenas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos puentes no pueden instalarse de cualquier manera. Aunque no existe una “receta” universal y perfecta, es necesario realizar estudios de comportamiento en la forma en que se mueven las tropas de monos para colocarlos en los lugares por los que ellos transitan.

“Independientemente del diseño del paso aéreo que se instale, para que funcione es indispensable contar con estudios previos realizados por especialistas. Si no se determina con precisión la ruta que utilizan los monos y otros vertebrados arbóreos para desplazarse, cualquier paso de fauna se convertirá en simple contaminación visual”, señala el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Óscar Chaves.

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Los pasos de fauna dentro de una estrategia integral

A pesar del aporte de los puentes elevados, los especialistas coinciden en que no pueden ser la única respuesta ante el problema de la electrocución. Una de las medidas complementarias más importantes ha sido la instalación de cables y transformadores con materiales aislantes para reducir el riesgo.

Víctor Castro, coordinador de Gestión Socioambiental del ICE, explica que los cables que están utilizando cuentan con un recubrimiento de tres capas de polietileno que aísla el elemento conductor y evita que se genere un arco eléctrico cuando entra en contacto con los animales.

Marianne Fischel, por ejemplo, asegura que en la comunidad de Santa Teresa se aislaron los transformadores en enero de 2026, en coordinación con el ICE, y no han vuelto a observar monos electrocutados en la comunidad.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que la solución definitiva para terminar con las electrocuciones es el cableado subterráneo. El abogado ambiental Walter Brenes señala que esta es la única medida que eliminaría completamente los incidentes.

“La única forma de eliminar el problema de raíz es que las empresas electrificadoras instalen el tendido eléctrico bajo tierra. No existe otra solución que garantice la eliminación total de los incidentes por electrocución”, asegura el abogado.

Ronald Sánchez coincide en que el cableado subterráneo en zonas costeras es una necesidad y no un lujo, ya que su objetivo no es mejorar la estética del paisaje, sino proteger la vida de la fauna silvestre.

“Los pasos son una alternativa ante la falta de conectividad del bosque. Sin embargo, debemos aprender que los árboles pueden ser manejados adecuadamente para devolver la verdadera conectividad. El uso de puentes no debe interpretarse como un permiso para seguir deteriorando las rutas de muchos animales arbóreos”, asegura Sánchez.

Azofeifa insiste en que lo más importante es reconectar el bosque, ya que si se decide únicamente instalar el cableado de forma subterránea, pueden surgir otros problemas para la vida silvestre, como el atropello de animales o ataques de perros. Según explica, lo que los animales realmente necesitan es una cobertura boscosa segura donde puedan habitar.

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Un desarrollo costero que piense en quienes ya viven ahí

Los primates cumplen un papel clave dentro del ecosistema, ya que su capacidad para dispersar semillas los convierte en actores fundamentales para la regeneración del bosque.

“En conjunto con los murciélagos y algunas aves de gran tamaño, los primates son de los principales ‘jardineros’ del bosque. Entre ellos, los monos congo destacan por ser los frugívoros más abundantes en la mayoría de los bosques, incluso en fragmentos pequeños. Su alta presencia y biomasa les otorgan un papel aún más relevante en la dispersión de semillas”, explica Oscar Chaves.

Es por eso que las acciones para protegerlos no sólo responden a una responsabilidad humana frente a la fauna silvestre, sino también a la necesidad de mantener ecosistemas saludables.

Esto plantea la necesidad de un desarrollo urbano en las costas que piense en los animales que habitan en estas zonas. Garantizar la conectividad entre los fragmentos de bosque es clave para que los animales puedan desplazarse de forma segura.

“Los bosques deben mantenerse continuos para garantizar la supervivencia de muchas especies. No solo permiten una distribución adecuada de las poblaciones, sino que también favorecen el intercambio genético y reducen el riesgo de procesos endogámicos [reproducción entre individuos estrechamente emparentados] que pueden debilitar a las especies a largo plazo”, señala Sánchez.

De hecho, especialistas como Azofeifa consideran necesario fortalecer la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica para garantizar medidas que protejan la conectividad de los bosques y a la fauna que vive en ellos.

“Con una modificación a la Ley de Vida Silvestre se buscaría que los pasos de fauna sean obligatorios tanto en la infraestructura ya existente como en los futuros desarrollos. De poco sirve enterrar el cableado o mejorar la planificación si se mantiene la cobertura boscosa, pero sin conectividad entre los fragmentos”, enfatiza.

Mientras se discuten transformaciones más profundas en la forma en que se desarrolla la infraestructura en las zonas costeras, iniciativas como los pasos de fauna, el aislamiento del cableado y los reportes comunitarios buscan que los monos sufran menos electrocuciones y puedan moverse con mayor seguridad por los bosques que aún quedan en Costa Rica.

*Imagen principal: los pasos de fauna aéreos representan una herramienta para ofrecerle a los monos una ruta segura, lejos del tendido eléctrico que cada año cobra la vida de decenas de individuos. Foto: cortesía Salve Monos.

El artículo original fue publicado por Mario Fernández Calderón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las huestes del Imperio Romano habían abandonado hacía poco Britannia, y el espacio estaba abierto para que los nuevos reinos anglosajones que se repartían el poder tomaran el camino de retorno al paganismo. Circunstancia que entendió Berta y lo mismo el Papa Gregorio I, llamado “el grande”, como oportunidad para acometer una tarea evangelizadora que el pontífice encomendó a Agustín, abad de un monasterio benedictino en Roma. Ese es el origen de “la silla de San Agustín” que después de 1400 años ha venido a ocupar una mujer, la arzobispa Sarah Mullally. 

Agustín, que según la estrategia del papa debía ir a Londres, prefirió quedarse en Kent, donde Berta y su esposo le ofrecieron tierra. Llegó con cuarenta monjes, construyó una abadía y desarrolló una admirable campaña de conversiones, hasta que fue designado por el Papa como Arzobispo de Canterbury en 597, con lo cual se abrió el camino a la tradición del cristianismo británico que llegó a ser tan importante como para convertirse desde entonces en aliado fundamental del poder político, particularmente a partir de la fundación de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, a instancias de Enrique VIII. 

Si bien hubo cristianos en las islas británicas desde el Siglo I, y sus creencias figuraban como una de las muchas que pululaban en comunidades todavía primitivas, la conversión de Æthelberht, a instancias de su mujer, fue un punto culminante en el rumbo que tomarían las cosas, pues ese primer rey convertido a la fe cristiana poco a poco se convirtió en ejemplo y referente para otros. El “secreto”, aunque parezca pagano y pragmático decirlo, es que la adopción del cristianismo llevaba la ventaja de imitar al emperador oriental Constantino, descubridor del poder de la integración de iglesia y Estado. 

A partir de entonces, la importancia de Canterbury fue definitiva en la evolución de la vida británica, y ello se manifestó en el desarrollo mismo de la lengua inglesa, lo mismo que en eventos y avances democráticos que vinieron a tener eco que todavía resuena en los más variados escenarios del mundo. Todo esto además de mantener una vigencia fundamental en el desarrollo de una organización religiosa que incluyó nada menos que la fundación de una iglesia propia, la anglicana.

El 29 de diciembre de 1170 Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, fue brutalmente asesinado por cuatro caballeros al servicio del Rey Enrique II en el interior de la catedral, después de haber reñido con el monarca, anteriormente su amigo, en cuanto a la supremacía de la autoridad real sobre la de la iglesia. Como suele suceder, quedó la duda de si los asesinos recibieron la orden de matar a Becket, o si le quitaron la vida como gesto exagerado de busca de privilegios del monarca. Lo cierto es que, desde entonces, Becket se convirtió en santo y el sitio de su asesinato en lugar de peregrinación con profundo sentimiento popular. 

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury en 1215, jugó un papel importante en las negociaciones entre el Rey Juan y los barones, al punto que se dice ayudó a redactar nada menos que la Carta Magna, que vino a establecer el principio de que nadie está por encima de la ley, incluido el monarca. Fundamento de la futura democracia inglesa, anterior a las demás de occidente y sobreviviente a todas las vicisitudes de la historia interna e internacional, que no han sido pocas.  

Geoffrey Chaucer se instaló allí entre 1387 y 1400 para escribir sus 24 célebres Cuentos de Canterbury, que representaron la “liberación” de la lengua inglesa al adquirir su propia identidad literaria, separada del francés anglo-normando y del latín, de los cuáles conservó elementos embellecedores. Con ello contribuyó a que la lengua inglesa, con base en el londinense vernáculo, se popularizara ,y pudiera ser vehículo de comunicación de sutilezas, complejidades y expresiones poéticas.    

La ruptura con la Curia Romana, y con la autoridad de los papas en el Siglo XVI ha sido tal vez el hito más importante de la relevancia del arzobispado de Canterbury. Declarada la independencia de la Iglesia de Inglaterra, luego de los conocidos enfrentamientos del rey Enrique VIII con el papado de Roma, Thomas Cranmer se convirtió en el primer arzobispo de la nueva iglesia protestante, y en consecuencia tuvo a su cargo el diseño de The Book of Commmon Prayer, que marca la identidad del cristianismo anglicano.

Cuando la reina Mary I, católica, llamada por los británicos “Bloody Mary”, llegó al trono en 1553, se puso por oficio vengar a los autores y cómplices del divorcio de su padre Enrique VII con Catalina de Aragón, su madre, y de la apertura forzada a la reforma protestante en Inglaterra, según la conveniencia del monarca. Cranmer fue acusado de traición y herejía, pero fundamentalmente de la anulación del matrimonio de Enrique y Catalina, así como de la degradación de ésta última. Por lo cual terminó quemado vivo, a pesar de haber renegado varias veces por escrito de su fe protestante. Gesto del cual se arrepintió a la hora de morir, por lo cual puso su mano derecha a quemar primero que todo por haber firmado semejantes documentos. 

A partir de Cranmer se ha mantenido, con sede en Canterbury, una “sucesión apostólica” que otorga a quien ocupe la silla de San Agustín la calidad de “primus inter pares” en el mundo entero de la denominación anglicana, que se extiende a más de 160 países. Y desde el año 973 existe la tradición según la cual al arzobispo corresponde la coronación de los monarcas británicos. 

Esta es, con la mención de unos pocos hechos, la tradición que hereda y representa Dame Sarah Elisabeth Mullally, originalmente enfermera, casada con Eamonn, de quien tomó su apellido, madre de dos hijos, miembro de la Cámara de los Lores, anterior obispa de Londres, ahora arzobispa de Canterbury y por lo tanto suprema referente de la Iglesia Anglicana para el mundo entero. Desde ahora, eso sí, bajo el patronazgo del Rey Carlos III, estandarte y protector de la Iglesia Anglicana. 

La selección de Sarah se desarrolló a lo largo de un proceso complejo, que tomó más de un año a partir de la renuncia del arzobispo Justin Welby, quien dejó el cargo en noviembre de 2024 por no haber actuado con suficiente diligencia frente al abuso de niños por parte de un amigo suyo. Así quiso evitar que se mancharan el prestigio y la autoridad que deben caracterizar a quien ostente el arzobispado. Renuncia sin precedentes en 1427 años, que demuestra encomiable celo por la preservación de la rectitud en el ejercicio de funciones de alta responsabilidad pública. Nada de “aquí me quedo”.

Antes de convertirse en la persona que ostenta, por centésima sexta vez el arzobispado, y hasta su ascenso en Canterbury, Sarah Mullally continuó ejerciendo como obispa de Londres. La escogencia estuvo a cargo de un comité de 17 personas, presidido por Lord Evans de Weardale, antiguo jefe del espionaje, cinco miembros no ingleses, entre ellos un arzobispo palestino, un ingeniero argentino y un profesor ghanés, seis representantes del Sínodo General de la Iglesia, tres de la Diócesis de Canterbury y dos del obispado de Norwich. Asistieron además dos miembros sin voto.

La comisión abandonó la tradición de que los candidatos fuesen blancos, graduados de Oxford o Cambridge, del género masculino, y procedentes del sureste de Inglaterra. La escogida, que por primera vez no estudió ni en Oxford ni en Cambridge sino en una universidad discreta del sur de Londres, fue puesta a consideración del primer ministro, quien recomendó al rey su nombramiento. Luego de lo cual vino la ceremonia de confirmación de la elección en reunión secreta en Canterbury, la confirmación pública de la elección en la Catedral de San Pablo de Londres y finalmente la entronización en la catedral de su ejercicio como arzobispa de ahora en adelante.

La ascensión de la arzobispa no estuvo libre de controversias y dificultades, y existen todavía elementos que ponen a prueba la aceptación profunda de su presencia y su condición de primus inter pares en el variado mundo de una iglesia que no limita su presencia a las islas británicas. Su condición de mujer, aceptada con entusiasmo por algunos sectores, no es vista con los mismos ojos en otros, y su talante liberal y abierto a una interpretación no restringida de la fe cristiana y más bien inclusiva y permisiva respecto de asuntos como las uniones homosexuales, estarán en adelante a prueba frente a las vicisitudes de su ejercicio.

Por ahora, no deja de ser un acontecimiento loable el relevo en el cumplimiento de funciones tan importantes reservadas hasta aquí a los hombres, que han producido suficientes altibajos como para que sea sano dejar instituciones de alta trascendencia en manos de mujeres virtuosas. En eso va la tradición instalada hace 1429 años por Berta, pionera del cristianismo británico. 

“De su mano asistimos en platea al más violento maremoto que se haya registrado en el mar Pacífico colombiano —hecho que desencadena la historia—, y en su prosa deslumbrante cabalgamos hacia el exilio y el redescubrimiento
de un mundo nuevo, donde la poesía triunfa sobre la adversidad y el aislamiento.

Mulatos cuenta la historia de Isaura y Gabriela, de sus voces, de los secretos del agua que todo lo circunda. Explora los mitos de una de las regiones más desconocidas e inexploradas del mundo y desvela los enigmas de una familia de sobrevivientes gobernada por mujeres”.

“Este libro es el producto de una memoria y es un homenaje a una comunidad del Pacífico surcolombiano, de una comunidad que llaman los mulateños o culimochos, donde yo viví, y este libro es un poco como una acción de gracias a ellos y a ese mundo que conocí de primera mano”:

José Zuleta Ortiz, en Librería María, Casa Obeso Mejía del oeste de Cali.

Para la crítica literaria Lina Escribe, “en Mulatos tenemos una historia de la lucha de dos mujeres por encontrar su identidad, defender lo que son y ocupar un lugar en el mundo.

A través de sus vivencias conocemos un Pacífico azotado por la violencia y el abandono estatal, a la vez que sus personajes van encontrando su destino gracias al amor por su tierra y las palabras.

La construcción de los personajes me parece completa y compleja, pero en definitiva lo que más me atrapo fue el juego intertextual de la historia, mostrando que la novela no es un formato rígido y que puede tocarse con otros géneros”.

• José Zuleta Ortiz nació en Bogotá en 1960 y vive en Cali desde 1969. Ha publicado cuatro libros de poesía, seis colecciones de cuentos, un libro de retratos y dos novelas.

La novela Lo que no fue dicho, 2021, ganó el Premio Nacional a Novela Publicada del Ministerio de Cultura. En 2024 publicó la novela Una versión de los hechos y en 2025 la antología de cuentos Sol bajo la lluvia.

En 2009 el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, con el libro de cuentos Ladrón de olvidos. En 2003 ganó el Premio Nacional de Poesía Descanse en Paz la Guerra de la Casa de Poesía Silva de Bogotá con la obra Música para desplazados y en 2002, con Las alas del súbdito, ganó el Premio Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejos. Mulatos es su tercera novela.

Justamente en los quince años recientes, el Valle del Cauca ha logrado potenciar su atractivo ante los ojos de los inversionistas, para que encuentren en esta región del país el lugar estratégico para instalar sus empresas, crecer sus negocios e insertarse a un tejido empresarial sólido y diverso.

En Invest Pacific hemos sido compañeros de este viaje y aquí les comparto algunos de los frutos de este camino:

En 2010 el número de empresas de capital extranjero instaladas en el Valle era de 85, hoy son 261; la inversión extranjera llega hoy a 31 municipios -incluyendo 5 del norte del Cauca-, mientras que quince años atrás era de 15; el número de países de origen de esas inversiones pasó, en ese mismo lapso, de 26 a 47; y las exportaciones desde el departamento de empresas de capital extranjero pasaron de 585 millones a 960 millones de dólares.

No cabe duda de que la inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

Además, durante estos últimos años, Invest Pacific ha acompañado 240 proyectos de inversión extranjera en la región, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos formales.

Hemos hecho un trabajo detallado por evidenciar las ventajas comparativas del departamento para que más empresas extranjeras se instalen en la región y, las ya presentes, continúen con sus planes de crecimiento. De igual manera, hemos aportado a la definición de las narrativas que han permitido elevar el posicionamiento del territorio ante actores de alto nivel internacional.

Hoy, por ejemplo, seguimos posicionando ‘Valle Verde’, una narrativa con la que demostramos las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización; así como también ‘Cali Home4Tech’, una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global, impulsando más inversiones enfocadas en tecnología para diversas industrias.

Todos estos resultados son producto de la sinergia de Invest Pacific con sus fundadores y aportantes: la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, ProPacífico, así como otras alcaldías y cámaras de comercio municipales y más de 60 organizaciones del ecosistema productivo e institucional de la región. De igual manera ha sido clave el apoyo de los miembros del Consejo Directivo de Invest Pacific, ProColombia y demás aliados estratégicos.

Seguiremos trabajando por quince años más de inspiración, conectando al mundo con oportunidades en nuestro territorio, así como cuidando y respaldando todo ese aporte de las empresas de capital extranjero hacia nuestra región.

Por: Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

La expansión de los delitos ambientales en territorios indígenas está favorecida por distintos marcos normativos nacionales e internacionales mientras muchos líderes padecen las llamadas “muertes silenciosas”. Ellos viven sometidos a altos niveles de tensión, debido a las amenazas que acarrea la defensa de sus territorios.

Bajo el principio de autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas impulsan cada vez más iniciativas de autoprotección. Estas son algunas de las conclusiones que dejó el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), realizado en Lima entre el 18 y 20 de marzo.

Durante tres días, líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Panamá discutieron sobre los contextos de criminalidad dentro de sus pueblos y la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, ambientales y de territorios comunales. Según consideraron los participantes del encuentro, estos entornos implican incrementos de economías ilícitas y una continua criminalización de las acciones que ejercen para la defensa de sus derechos territoriales.

Uno de los temas de mayor preocupación abordados en esta tercera Aladti fue la convergencia y, como consecuencia, la voracidad que encarnan las economías criminales dentro de los espacios de frontera. Los representantes de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador hicieron hincapié en que el precario control de las autoridades ha convertido las zonas limítrofes en escenario propicio para que actividades como la minería ilegal y el narcotráfico confluyan. Una sinergia de delitos que, en su incontrolable expansión, afecta a comunidades, bosques y la seguridad de quienes los habitan.

El abogado Carlos Quispe, de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en defensa colectiva de derechos en contextos afectados por economías ilícitas y extractivas, señaló que los problemas de los que derivan las amenazas contra defensores y los pueblos indígenas no están circunscritos a un solo país.

Quispe precisó que, en el caso de Perú, la ruta de la minería ilegal no solo incluye a este país como posible abastecedor de oro o de la materia prima para las operaciones de extracción, sino también a otros de donde sale el metal o por donde también ingresan insumos como el mercurio.

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“Las economías ilícitas ganan terreno, pero también hay marcos normativos que las favorecen. En Perú están las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. En Brasil está la Ley del Marco Temporal [que restringe la delimitación de territorios indígenas]”, sostuvo Quispe en diálogo con Mongabay Latam.

Quispe comentó que uno de los mensajes claves que han dejado las organizaciones integrantes de la Aladti es que “no están sentadas esperando a que los Estados hagan todo”. El abogado afirmó que los sistemas de autocuidado emprendidos por pueblos en riesgo apuntan a contribuir, más no reemplazar, las labores de vigilancia que le corresponden a los Estados. La realidad, ciertamente, es crítica.

De acuerdo con el último informe de Global Witness, 117 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante 2024. Se trata del 82 % de los casos a nivel mundial. El país con la mayor cantidad de asesinatos contra defensores fue Colombia: 48. Luego está Guatemala, que registró 20. En México hubo 19 y en Brasil, al menos 12.

La organización DAR ha documentado en el estudio Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana (2025) que las amenazas en comunidades nativas están asociadas con la tala ilegal (33 %), tráfico de tierras (23 %), narcotráfico (22 %) y minería ilegal (19 %).

El informe sostiene que las regiones con mayor perjuicio son Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. El documento indica también que desde 2020, más de 20 defensores ambientales han sido asesinados en Perú. Nueve de estas muertes se produjeron en 2024.

DAR recogió para su análisis cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dan cuenta de la cantidad de personas en situaciones de riesgo: 705 defensores y 61 familiares, entre 2019 y julio de 2025. El 84 % de los casos corresponde a defensores ambientales e indígenas.

Panorama latinoamericano

Dina Juc, de Guatemala, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), refirió que esta organización protege el 24 % de la biodiversidad de Mesoamérica (que comprende territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Esta labor les ha generado criminalización, asesinatos y exilio forzado de sus líderes, aseguró.

En la conferencia de prensa que cerró el evento, Juc comunicó incluso otras cifras de defensores afectados por la violencia: “De 2012 a 2024, 562 personas defensoras fueron asesinados en nuestra región. Estamos aquí para hacer visible lo que sucede (…) también para insistir en las normativas, políticas públicas con que se debe sancionar este tipo de delitos”.

La lideresa destacó que en los sectores indígenas de la región mesoamericana donde los Estados no están, sus gobernantes o sistemas de justicia indígenas han resuelto más conflictos de alto impacto que la justicia ordinaria.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), fue enfático en indicar que los sistemas de autogobiernos territoriales indígenas y sus acciones de protección se originan debido a que los Estados no tienen la capacidad de brindar garantías jurídicas en estos espacios. “Queremos seguir garantizando la vida de nuestros hermanos en un territorio limpio, que nos dé soberanía, donde apostamos por el buen vivir de nuestra gente”, subrayó Manihuari.

Una paradoja que muestra el alarmante nivel de inseguridad para los pueblos indígenas de Latinoamérica fue expuesta por Tatiana Martínez, de Costa Rica, representante de la Red Indígena Bribri y Cábecar (Ribca). Ella remarcó que, pese a que su país cuenta con muchos derechos, los casos de líderes asesinados continúan impunes.

Parte del evento incluyó el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la Aladti con voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de Perú y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Diego Reátegui, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh, detalló la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que articula a nueve entidades e instituciones del Gobierno peruano con el fin de reconocer y garantizar a sus beneficiarios el acceso a la justicia.

Reátegui señaló que el Minjusdh ha elaborado una base de datos que entre sus principales registros muestra que desde 2019 hay 564 situaciones de riesgo reportadas. Aproximadamente el 76 % de estos casos, pormenorizó, está vinculada con algún tipo de actividad ilícita.

“Es la típica respuesta frustrante, pero es lo que esperamos siempre escuchar cuando hablamos con el Estado. Funcionarios públicos que nos traen datos: tantos se están muriendo y, de esos, tantos son indígenas, tantos son campesinos, tantos son defensores de derechos humanos», fue la reacción de Dina Juc, de Guatemala, tras analizar la participación del representante del Minjusdh. «La respuesta que esperamos es que instituciones y ministerios han dado el mandato para que se cumplan [las garantías] y que están vigilantes a través de una comisión para saber si se ha disminuido la tasa de asesinatos y criminalización. Pero no, son bases de datos”, agregó.

En el informe de DAR, la organización subraya que el mecanismo intersectorial presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia. Entre otros puntos está su falta de rango legal: al estar sustentado como decreto supremo carece de fuerza vinculante en relación con otras entidades que no pertenecen al Ejecutivo.

DAR también afirma que varios de los nueve sectores del Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del mecanismo no participan activamente. Otro factor de debilidad, de acuerdo con el estudio, es la falta de un monitoreo sistemático de los casos, lo cual impide cotejar la eficacia de la herramienta. Además, plantea que uno de los vacíos más significativos del mecanismo es su omisión con respecto a la criminalización de la protesta social.

Acuerdo de Escazú y tareas pendientes

Uno de los aportes que dejó la tercera Aladti fue la construcción de tres propuestas para impulsar una participación de los pueblos indígenas plena y efectiva en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 21 al 24 de abril en Bahamas.

El abogado Carlos Quispe declaró a Mongabay Latam que Escazú es un acuerdo ambientalista, pero no necesariamente tiene una mirada indígena. En ese sentido, un primer planteamiento de la alianza es la creación de un grupo de trabajo sobre Cuestiones Indígenas en Asuntos Ambientales y Territoriales.

La segunda iniciativa está enfocada en que los pueblos indígenas tengan un asiento entre los representantes electos por el público en el marco del Acuerdo de Escazú. Y, finalmente, la formalización de la participación indígena en la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo.

La representación de los pueblos indígenas buscará tener reuniones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), secretaría técnica del Acuerdo de Escazú, antes, durante la COP4 y posteriormente para el abordaje de los temas concluyentes de la tercera Aladti.

*Imagen principal: la Aladti es un articulador regional y en este reunión en Lima ha recogido las principales demandas y propuestas de los líderes indígenas de ocho países. Foto: cortesía Aladti /DAR.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Uno cree que los únicos demagogos son los políticos; a veces, los columnistas de prensa también caen en eso, sobre todo aquellos que han tenido la fortuna de pasar por uno que otro gobierno y luego se convierten en analistas de la cosa política, tal es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Vélez, Felipe Zuleta Lleras, Néstor Humberto Martínez o Mauricio Vargas.

La demagogia es una estrategia usada para conseguir respaldo popular apelando a las emociones, los miedos o los prejuicios. Al leer la columna del ex funcionario Luis Guillermo Vélez, en La Silla Vacía, encuentro un poco de esos tres ingredientes. Dicho sea de paso, ese mismo sesgo ideológico, una especie de ceguera conveniente, le resta brillo a ciertos capítulos del podcast Déja Vu que hace a dos voces con Alejandro Lloreda para el mismo portal.

Empiezo por decir quién es Luis Guillermo Vélez, antes de desmontar algunas falacias que trae su columna “Por qué Cepeda perderá las elecciones”.

Según Wikipedia, el doctor Vélez es abogado de la Universidad de los Andes; entre otros cargos, ha sido Viceministro de Defensa Nacional y Cónsul General de Colombia en México D.F (durante el gobierno de Ernesto Samper); cabildero de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Superintendente de Sociedades entre 2010-2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), y en su segundo gobierno secretario general de la Presidencia de la República.

Se entiende entonces que el doctor Vélez tenga razones para desear de todo corazón que gane la derecha de sus afectos y, de todo corazón también, desear que pierda la izquierda de sus desafectos. Su apuesta es la candidata uribista Paloma Valencia.

De entrada quiero referirme al título de la columna, porque, usando el mismo símil del fútbol que utiliza él, un partido tiene un tiempo reglamentario (primera vuelta, el 31 de mayo) y un tiempo suplementario en caso de empate o de que ninguno meta los goles suficientes en las urnas (segunda vuelta, en junio).

Si Cepeda ya perdió, pues cancelemos las elecciones, ahorrémonos ese dinerito y vayamos de juerga la noche anterior. El titular que anticipa la derrota de Cepeda me recordó la famosa frase del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, puesta en portada de Semana (entonces bajo la dirección de Vicky Dávila), y que con el tiempo tuvo que tragarse enterita: “Petro nunca será presidente”. El guión va tomando la misma forma, pero con otro nombre: el del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Lo chistoso es que aquella frase se volvió estribillo en boca de personajes como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o la hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”, le dijo Valencia a Gustavo Petro.

Pero volvamos al doctor Vélez y su columna. Aquí esta rápida autopsia a sus afirmaciones.  

“Actualmente las probabilidades en el mercado de apuestas en plataformas como Polymarket están iguales entre los dos. Es decir, la definición del presidente de Colombia está sujeta al lanzamiento de una moneda. Fifty, fifty”.

¿En serio, doctor Vélez? ¿Usted, con un Master in Business Administration, cree que el destino de un país está en manos de una casa de apuestas? En ese caso, démosle también crédito al astrólogo Daniel Daza, quien leyó en las estrellas que Iván Cepeda será el siguiente presidente de Colombia. Ambas cosas constituyen una mirada respetable pero poco seria de la política.

Si Cepeda no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se unirán la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Suponiendo inclusive que todos los votos verdes, indígenas y progres –que llegan a un poco más de 2 millones– su sumen, la cifra total llega a los 6 o 7 millones de votos, que son los que Cepeda y la izquierda tienen en el bolsillo. Los cuales, valga decir, son el mismo 34% que las encuestas más serias dicen que tiene. Pero no tiene más. Los que piensan que Cepeda puede ganar en primera vuelta se engañan”.

Hacer cuentas alegres es deporte nacional en época electoral. Sin embargo, considero que, sí o sí, Cepeda debe ganar en primera vuelta, porque en junio llegarán ferozmente unidas y con el ánimo de arrasar en las urnas la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Faltan los partidos tradicionales y clientelistas, como el Liberal y el Conservador. (…) Los veremos subiéndose a la Palometa en los próximos días, cuando las encuestas reflejen el crecimiento de la candidatura. Si esto se materializa Paloma llegará muy fortalecida a la primera vuelta”.

Esta oración deja claro que si gana Paloma Valencia volveremos al gobierno de la mermelada clientelista para pagar los favores de las maquinarías que mueven el ya no tan glorioso Partido Liberal y el aún menos glorioso Partido Conservador.

“¿Por qué pierde Cepeda? Porque se quedará, por designio, aislado en la izquierda. Algo parecido a lo que le ocurrió a Petro en el 2018. Su estrategia de caminar agarrado de las enaguas del presidente es un error”.

Es exactamente lo mismo que dicen de Paloma Valencia, aunque no me consta que Álvaro Uribe use enaguas. La diferencia está en que Petro es el presidente en funciones, y Uribe un hombre apocado y opacado en el ocaso de su vida política y con líos judiciales aún por resolver. Con todo, quizás quien deba independizarse de su líder supremo sea Paloma Valencia.

“Ninguna encuesta muestra a Petro con una favorabilidad superior al 50%”. 

Otra pequeña mentira, mi doctor. Las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría lo sitúan con una imagen positiva del 54,5% y 50,9%, respectivamente. Hablando de la mitad más uno para ganar elecciones, la pregunta del millón es: ¿Qué hacer para que los buenos números de Petro se traduzcan en votos?   

“Cepeda quiere reforzarla. Por eso escoge a una vicepresidente que no le suma un voto adicional”. 

Empecemos por decir que la fórmula de Cepeda es la senadora y ex gobernadora indígena Aida Quilcué, representante de los territorios. La fórmula Paloma-Oviedo la conforman un bogotano y una mujer payanesa criada en Bogotá. No se entiende esta unión en un país con 32 departamentos y con las profundas grietas ideológicas que separan a Paloma y Oviedo en materia de paz y libertades individuales.

Cepeda escogió a una persona que representa al país de los excluidos, tan excluidos que la propia senadora Valencia, propuso en 2015 separar ese departamento en dos: un territorio para indígenas y otro para mestizos. Ese es resultado de criarse en Bogotá, en medio de privilegios, desconociendo que somos una nación multiétnica y pluricultural.

No se trata, pues, de escoger a quien dé más votos, sino a quien permita sumar sensibilidad social para avizorar un país donde quepamos todos.

“Aida Quilcué les parecerá un sortilegio semiótico a los camaradas del Parkway, pero el mensaje no se le transmite a la ama de casa en Mazurén que está preocupada por la inflación. A punta de resentimiento, lucha de clases y retórica ancestral no logran las mayorías”.

Tremenda lección de clasismo. Creo doctor que en estas líneas se le salió el estrato: el de cierta clase de bogotanos que creen que Colombia empieza y termina de la calle 72 hacia el norte. No señor. Hay otro país real, aunque no tenga apellido ilustre, ni abolengo. Y seamos honestos: el tema de la inflación no es asunto de las señoras (ni las de que viven en Rosales, ni de las sobreviven con lo que pueden en Ciudad Bolívar); ni siquiera es un asunto de los señores, pero ya que toca el tema, es un dato comprobable que Petro recibió la inflación en 10.21%, y hoy la mantiene alrededor del 5%.   

“Decíamos que Cepeda debía conseguir 4 o 5 millones de votos adicionales para ganar (en segunda vuelta necesita inclusive un poco más). No se ven por ningún lado. Y no se tiene ni la capacidad ni la voluntad para conseguirlos. En Chile pasó algo parecido. La candidata comunista –que era la del gobierno– se embolsilló el primer tiquete a la segunda vuelta y su contrincante, que para Chile es un derechista moderado, empujó más a la derecha a Kaiser, su rival ideológico, mientras se tiró a recoger los votos del centro espantados con la posibilidad de que un soviet se instalara en el Palacio de la Moneda”.

Doctor Vélez, ¿por qué no mejor ponemos como ejemplo a México, país mucho más parecido a Colombia que tuvo un primer gobierno de izquierda exitoso con Andrés Manuel López Obrador, quien dio paso a la progresista Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no dejar a un lado la retahíla comunista que usted usó en la entrevista que le concedió a María Jimena Duzán? Tres veces tildó de comunista a Iván Cepeda y las tres veces ella lo corrigió. La misma respuesta aplica para Felipe Zuleta Lleras y su columna “Solo unidos derrotaremos al comunismo”, en El Espectador.

Consulté directamente con la fuente. Resulta que el senador Cepeda sí militó en la Juventud Comunista (Juco) y en el Partido Comunista Colombiano durante su adolescencia y juventud. De allí se retiró en búsqueda de otros credos ideológicos: Alianza Democrática M19, Polo Democrático y, finalmente, Pacto Histórico. Si algún apelativo le cabe a Iván Cepeda es el de hombre socialdemócrata.

“Así fue como José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile y será la forma como Paloma la ganará en Colombia”.

El optimismo es bueno para la salud. Con su frase final podríamos dar inicio a otra columna interesante sobre eso que en las redes sociales la gente llama ahora, en tono jocoso, Pa´lomismo.

Su candidata ha dicho que con ella se acaba la Paz Total y llega la Seguridad Total, lo que trae a mi mente, indefectiblemente, la Colombia triste de los falsos positivos en la era Uribe y me lleva a preguntar qué vara de premios habrá esta vez para alentar a los militares a dar resultados en materia de orden público. La señora Valencia dijo además que militarizará la vía Popayán-Cali-Pasto, al tiempo que este confidencial de Semana informa que la candidata recibió el respaldo de 32 generales (r) y cinco ministros de Defensa, entre ellos Martha Lucía Ramírez y Diego Molano.

Al unir una noticia con la otra, no es difícil pensar que la candidata, enemiga del Proceso de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, podría tumbar ese tribunal de paz que es la JEP, encargado de revisar los crímenes de exguerrilleros y militares. Lo raro, doctor Vélez, es que usted, como ex funcionario de Santos, nada diga sobre estas cuestiones, habiendo cumplido su papel en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. 

Aun así, hay quienes insisten en que ella es una política moderada de derecha, equiparándola con José Antonio Kast, el presidente de Chile, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi. Me sostengo en que mientras Uribe sea el poder detrás del trono, en un eventual gobierno de Paloma Valencia el país retrocederá las dos décadas que tanto nos ha costado superar. Perdonen que lo diga gráficamente: Colombia no puede volver como el perro al vómito.

En un momento crucial, merecemos análisis desapasionados: que los analistas hablen menos con el corazón y más con la razón. Se habla mucho de votos y de futurología, y poco sobre los programas de gobierno de catorce candidatos presidenciales, lo que es otro despropósito, pues la inmensa mayoría no tiene opción distinta que aspirar a una embajada.

A la demagogia de nuestra clase política, no podemos añadir la demagogia de los opinadores. Quizás lo que se nos pide es esforzarnos más a la hora de argumentar, menos pereza intelectual. La gente está curada de mentiras y de espantos. Y el que no, que se mire en un espejo.