Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En este punto vale anotar que la Inteligencia Artificial (IA) también impactó a esta industria: ya no basta con almacenar datos, ahora hay que procesarlos a velocidades y densidades que exigen instalaciones radicalmente más sofisticadas. Un data center diseñado para IA puede consumir más electricidad que una ciudad intermedia.

Ante este panorama, la inversión global en este tipo de infraestructura de datos está desatada: en 2025, según estimaciones de Gartner y TechJury, superó los 405.000 millones de dólares. Grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Google, Meta, Amazon, anunciaron inversiones que no tienen comparación histórica.

América Latina no es ajena a esta ola. Brasil y México lideran la expansión regional, pero Colombia gana terreno con rapidez. El mercado colombiano de centros de datos podría pasar de 450 millones de dólares en 2025 a casi 1.500 millones en 2031, de acuerdo con las estimaciones de Arizton.

Las inversiones ya confirmadas, refrendan esta creciente tendencia. En octubre del año pasado, ODATA anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para dos data centers en Colombia; en febrero pasado, una inversión colombiana y de los Emiratos Árabes construirán otras tres instalaciones. Las señales son claras: el país está en el radar de los grandes operadores globales.

Cali, hub de tecnología

Hay una ciudad que debería estar más presente en esa conversación: Cali. ¿Por qué? Ya mismo se los cuento.

Cuando un operador global decide dónde construir un data center, no solo busca un terreno barato: evalúa energía —disponibilidad, estabilidad y costo—, conectividad digital, agua para refrigeración, costos de construcción, régimen tributario y talento humano. En cada uno de esos criterios, Cali tiene mucho que decir y aportar. Y, en algunos, tiene ventajas que destinos como Ciudad de México, Santiago de Chile o la capital del país no pueden replicar.

La más subestimada de estas variables es el agua. Pocos saben que un data center de escala media puede consumir millones de litros de este líquido al día solo para mantener sus equipos fríos. Es un factor que los inversionistas sofisticados ya están midiendo con el mismo rigor con el que miden la energía, por ejemplo.

Según el índice WRI Aqueduct —referencia global de estrés hídrico— Colombia tiene un índice cercano a cero, mientras que México supera el nivel 4 sobre 5. Dicho de otra forma: Colombia está en el cuadrante ideal a nivel mundial (junto con Brasil y Costa Rica). México, que hoy concentra buena parte de los data centers de la región, enfrenta un riesgo hídrico que a mediano plazo será un obstáculo operativo y regulatorio real. Y al revisar las condiciones dentro de Colombia, es claro que el Valle del Cauca, bañado por varias fuentes hídricas, ofrece una ventaja comparativa con respecto a otros departamentos del país con menos acceso a fuentes de agua.

A esto se suma la energía. El Valle del Cauca generó 190 GWh de energía solar en 2025, un logro significativo si se tiene en cuenta que partió prácticamente de cero hace seis años. El departamento alberga la primera granja solar de gran escala del país y el primer sistema de almacenamiento con baterías. Además, la región tiene una red eléctrica estable con 17 subestaciones y sus costos industriales están entre los más competitivos del país. Y, como ñapa, algo que no siempre se menciona: Cali es la única gran ciudad andina con conexión directa a cables submarinos del Pacífico —MAYA, SAM, PAN-AM, entre otros— lo que le da rutas de datos internacionales que otros grandes centros urbanos del país simplemente no tienen.

El desarrollo del ecosistema tecnológico local tampoco es menor: el sector IT en Cali crece al 23% anual; cuatro de las diez principales empresas de software de Colombia tienen sede en la capital vallecaucana, y 14 de las 22 compañías líderes globales en IA ya emplean talento nativo caleño. Esto no es casualidad: es el resultado de décadas de inversión universitaria y de un ecosistema que produce ingenieros de calidad a costos que otras ciudades de la región no pueden ofrecer.

Entonces, ¿qué falta?

Para reforzar su presencia, Cali y el Valle del Cauca deben evidenciar, explícitamente, que quieren jugar en esta liga. En ese sentido, iniciativas como Cali Home4Tech —una apuesta para que la ciudad se consolide como un territorio inteligente, sostenible y global—, y la narrativa ‘Valle Verde’ —que evidencia las capacidades y facilidades que ofrece el Valle del Cauca para que las empresas alcancen sus retadoras metas de descarbonización— son decididas apuestas que demuestran la voluntad de la región por hacer parte de esta carrera por los datos y en las que convergen autoridades departamentales, locales y los demás actores del tejido empresarial de la región.

Por otra parte, Turner & Townsend —consultora global que publica el único índice mundial de costos de construcción de datacenters— ha identificado, una y otra vez, los obstáculos que tienen el freno de mano puesto para Colombia: la lentitud en permisos, la necesidad de expandir infraestructura eléctrica para cargas de alta densidad y la ausencia de una política pública local que articule suelo, energía y zonas francas con los requerimientos específicos de esta industria. Ninguno de estos es insuperable, por el contrario, todos son, en el fondo, decisiones políticas y de gobernanza que se pueden sacar adelante.

En definitiva, el mundo está construyendo la infraestructura que va a sostener la próxima década de economía digital. Las ciudades que ganen esa carrera no serán necesariamente las más grandes ni las más conocidas: serán las más preparadas. Cali tiene los cables, el agua, la energía limpia, el talento y los costos competitivos. Ahora, como en cualquier carrera, hay que emplearse a fondo para evidenciar estas ventajas y lograr así que Cali se sume al lote que lidera esta competencia global.

*Por: Valery Sanclemente, gerente de inversión en Invest Pacific

Crédito foto: Cotel Wave DC.

Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN

Si la reina Isabel II viviera, se infartaría viendo cómo Andrés Mountbatten-Windsor, su hijo amado, hoy con 66 febreros encima, trajo la desgracia a su familia, envuelto en escándalos sexuales y acusado además de compartir posiblemente “secretos de Estado” con el tristemente célebre Jeffrey Epstein, que hoy debe estar en algún lugar del infierno, esperándolo a él y a quienes hicieron parte de sus bacanales. Es casi seguro que hay un lugar reservado también para Donald Trump, no sabemos si también para algún colombiano.

Pero ¿Qué has hecho Andresito? ¿Cómo pudiste acabar con la reputación de la Familia Real británica? ¿Hay algo más que no sepamos?

Ni siquiera su hermano, el rey Carlos III, ese que le puso los cachos a la princesa Diana, llegó tan lejos.

La que siga creyendo en príncipes azules es una tonta y media.

Los reyes, los príncipes y las princesas son seres humanos como todos. Van al baño, usan papel higiénico y expulsan gases, por la boca y por allá también. No me culpen por robarles la ilusión. Sí: están llenos de lo mismo que el resto de la humanidad: átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, pues como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. ¡De puro milagro no hemos explotado!

Y aquí estamos regodeándonos con el escándalo del siglo, viendo que esas personas que levitan, dándoselas de mucho café con leche, también hacen cosas horribles cuando nadie las observa. Si en Colombia el que tiene plata, marranea, en la Realeza pasa lo mismo. Pasa en las mejores familias y de ésta ya no podemos decir que sea la mejor de las familias, ni ejemplo de nada. Mortales e infelices como el resto.

Son personas comunes y corrientes, solo que tienen dinero y títulos honoríficos inventados por ellos mismos para guardar distancia con la chusma.

Lo de la sangre azul es un embuste con origen en un hecho real que la literatura se encargó de perpetuar. El término “príncipe de sangre azul” se originó en la Edad Media; se dice que específicamente en la Península Ibérica (España y Portugal). En aquella época, la nobleza y la realeza se consideraban de “sangre azul” porque su piel era muy pálida, lo que permitía ver las venas azules debajo de la piel. Esto se debía a que no trabajaban al sol y se vestían con ropa que les cubría la piel.

Así que ya conocen la fórmula para pasar a ser un miembro más de la Familia Real.

Ese cuento de que son la nobleza es otro embuste. El príncipe Andrés, ahora ex príncipe, pagaba por tener sexo con mujeres menores de edad y vaya usted a saber qué otras perversiones se cometieron en la isla del pedófilo Jeffrey Epstein. ¡Qué cuento de Su Majestad ni que nada!

El que ayer era Su Alteza Andrés, hoy es Su Bajeza Andrés.

La Realeza, hablo de aquella que vive en los palacios de Buckingham y Kensington, son una familia tan disfuncional como la suya o la mía, quizás más la suya, aclaremos, sin ofender.

El documental “Harry y Meghan” (Netflix 2022, que en esencia nos cuenta sobre un príncipe que conoció a través de las redes sociales a una plebeya y de ñapa negra), no cuadra con la historia de los que comieron perdices y fueron felices. Meghan no encaja, no encajó, ni encajará nunca en el molde real, pero ella y su príncipe de carne y hueso se casaron por amor y huyeron a donde nos les hicieran la vida imposible.

Despojados de sus títulos nobiliarios, ellos dejan ver lo horrible que es la Familia Real por dentro. Como lo dice la BBC de Londres, es la historia de “una pareja que se enamoró y tuvo que sacrificarlo todo al enfrentarse a sistemas, protocolos y racismo”.

El que ayer era Su Alteza Andrés, hoy es Su Bajeza Andrés. Pero a mí no vayan a meter en chismes. Los dejo porque estoy leyendo los Cuentos de los hermanos Grimm.

En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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