James Robinson lleva décadas estudiando una pregunta que parece perseguir a las sociedades modernas: ¿por qué algunos países logran construir prosperidad, instituciones sólidas y estabilidad política, mientras otros permanecen atrapados en ciclos de violencia, desigualdad y frustración? Su trabajo, desarrollado junto con Daron Acemoglu y reconocido con el Premio Nobel de Economía, ha influido en presidentes, académicos y líderes de todo el mundo.

Pero más allá de las teorías sobre instituciones inclusivas y extractivas, Robinson se ha convertido en un observador privilegiado de América Latina y, particularmente, de Colombia. Ha recorrido el país durante años, ha estudiado sus regiones y ha seguido de cerca sus transformaciones políticas. Desde esa perspectiva ofrece una mirada incómoda: considera que buena parte de los problemas colombianos siguen sin comprenderse adecuadamente, que ni la derecha ni la izquierda han logrado construir una estrategia duradera para transformar el país y que el acuerdo de paz, aunque histórico, fue tratado como si fuera el final de una historia cuando apenas representaba el comienzo.

En esta conversación habla sobre Colombia, la crisis de la democracia liberal, el ascenso de liderazgos autoritarios, la influencia de la cultura política en el desarrollo y los riesgos que plantea la inteligencia artificial. También reflexiona sobre la pregunta que hoy más le interesa: por qué las sociedades persisten en determinados equilibrios institucionales incluso cuando esos equilibrios parecen perjudicar a la mayoría de sus ciudadanos.

“Las élites cambian; las instituciones son las que permanecen”

Diego Aretz: Gran parte de su trabajo ha explorado por qué algunas sociedades construyen instituciones inclusivas mientras otras permanecen atrapadas en sistemas extractivos. Después de décadas estudiando estos procesos, ¿qué es lo más difícil de cambiar: las instituciones, las élites o la imaginación colectiva?

James Robinson: Los datos sugieren que lo más difícil de transformar son las instituciones. Si observamos América Latina vemos que las élites sí cambian. Los grandes grupos económicos de hoy no son necesariamente los mismos de hace siglos. Hay rotación de élites, aparecen nuevas familias empresariales, inmigrantes que ascienden económicamente y nuevos actores con poder.

Sin embargo, las instituciones permanecen. Las reglas fundamentales del juego, las formas de organización del Estado y las relaciones entre poder político y poder económico suelen ser mucho más resistentes al cambio. Por eso las sociedades pueden experimentar transformaciones importantes en sus élites sin modificar realmente los resultados que producen sus instituciones.

Sobre la imaginación colectiva soy más cauteloso. No estoy seguro de tener una respuesta clara sobre ese tema.

“Colombia ha vuelto al punto donde estaba hace 25 años”

Diego Aretz: Colombia acaba de atravesar una transición política significativa. Pasó de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de su historia reciente, a un liderazgo que reivindica más el orden, la seguridad y la autoridad. ¿Qué nos dice este cambio sobre la democracia colombiana?

James Robinson: No estoy seguro de que sea un cambio tan dramático como suele presentarse. Veo más continuidades que rupturas.

Si pensamos en Álvaro Uribe, gran parte de su proyecto político estaba centrado en el orden, la seguridad y la disciplina. Hay diferencias evidentes entre los distintos liderazgos, pero también existen similitudes importantes que a veces se ignoran.

Los colombianos llevan décadas buscando una salida a problemas estructurales muy profundos. El problema es que ninguna de las alternativas ofrecidas ha logrado consolidarse plenamente. Uribe tuvo una característica particular: hizo buena parte de lo que prometió. Eso generó resultados concretos y abrió la posibilidad de que la sociedad explorara otros caminos.

Después vino la expectativa de transformaciones profundas con Petro. Sin embargo, muchas de las promesas que hizo no se tradujeron en resultados. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía suele volver a buscar respuestas en proyectos políticos anteriores o en propuestas que le resultan familiares.

Pero el asunto central es otro. Lo que se logró mediante la estrategia militar fue transitorio. Lo que se logró mediante el acuerdo de paz también fue transitorio. Ninguna de las dos experiencias se convirtió en un proyecto social de largo plazo. Y por eso tengo la impresión de que Colombia ha terminado regresando al punto donde estaba hace 25 años.

“Las FARC nunca fueron el problema central”

Diego Aretz: Usted ha estudiado Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué determina que el uso de la fuerza por parte del Estado construya capacidades institucionales y no simplemente produzca otro ciclo de violencia?

James Robinson: Colombia sigue enfrentando un problema fundamental: amplias zonas del territorio continúan sin estar gobernadas efectivamente por el Estado.

Durante años se pensó que el problema central eran las FARC. Yo nunca compartí esa visión. Las FARC eran un síntoma de problemas más profundos. Por supuesto que su desmovilización fue positiva. Fue un logro político enorme y muy importante para el país. Pero representaba apenas el comienzo de una solución, no el final.

La idea de que bastaba con negociar con las FARC para resolver los problemas históricos de Colombia me parecía equivocada. Los problemas estructurales estaban allí antes de las FARC y continúan después de ellas.

El acuerdo de paz incluía algunos elementos muy importantes relacionados con la transformación territorial y la presencia estatal. Pero esas dimensiones nunca fueron implementadas de manera suficiente. Y sin esa transformación institucional más profunda, los problemas tienden a reproducirse.

Por eso seguimos viendo ciclos de violencia. Cambian los actores, cambian los nombres de los grupos armados, pero persisten las condiciones que permiten su aparición.

“Ni la izquierda ni la derecha entienden completamente el problema”

Diego Aretz: Usted parece sugerir que distintos gobiernos terminan repitiendo errores similares.

James Robinson: Sí, creo que existe un patrón recurrente.

No creo que los distintos gobiernos hayan comprendido plenamente la naturaleza del problema colombiano. Se concentran en síntomas específicos y no en las estructuras que producen esos síntomas.

En algunos casos se piensa que el problema es exclusivamente militar. En otros, que puede resolverse mediante una reforma específica o una negociación determinada. Pero los problemas colombianos tienen raíces mucho más profundas.

Además, existe una tendencia hacia las grandes promesas y las soluciones grandilocuentes. Hay un componente teatral en la política colombiana. Se anuncian transformaciones enormes, pero luego resulta muy difícil construir las capacidades estatales necesarias para implementarlas.

Eso no significa que las personas carezcan de buenas intenciones. Al contrario. Muchas veces hay líderes sinceramente comprometidos con el cambio. El problema es que las instituciones necesarias para materializar esas transformaciones no existen o son demasiado débiles.

Por eso no veo actualmente una estrategia clara para sacar a Colombia del equilibrio en el que se encuentra.

“Hay personas que se benefician del equilibrio actual”

Diego Aretz: ¿Qué ha aprendido sobre la naturaleza humana estudiando el ascenso y la caída de las naciones?

James Robinson: No creo que las diferencias fundamentales entre sociedades se expliquen por una naturaleza humana distinta.

No pienso que los seres humanos en América Latina sean esencialmente diferentes de los estadounidenses o los europeos. Lo que cambia son las instituciones, las relaciones de poder y las trayectorias históricas.

En Colombia, por ejemplo, algunas personas obtienen enormes beneficios del equilibrio existente. Hay sectores que pueden protegerse de muchos de los problemas que afectan al resto de la población. Pueden acceder a seguridad privada, mejores sistemas educativos, mejores servicios de salud y múltiples mecanismos de protección.

Cuando eso ocurre, la presión para transformar el sistema disminuye. Quienes se benefician del equilibrio existente tienen pocos incentivos para modificarlo.

Esa dimensión del poder es fundamental para comprender por qué ciertas instituciones persisten incluso cuando generan resultados insatisfactorios para la mayoría.

La crisis de la democracia liberal

Diego Aretz: Hoy muchas personas sienten que las instituciones democráticas continúan funcionando formalmente, pero ya no las representan. ¿Puede sobrevivir una democracia cuando sus ciudadanos pierden la confianza en ella?

James Robinson: Estamos viviendo precisamente ese fenómeno.

Samuel Huntington hablaba de olas de democratización y de olas inversas. Durante las décadas de 1980 y 1990 vimos una gran expansión democrática en América Latina, África y otras regiones.

La democracia prometía transformar la vida de las personas. Pero cuando opera en contextos donde existen instituciones débiles, clientelismo y baja capacidad estatal, sus resultados suelen ser más limitados de lo que la ciudadanía espera.

Entonces aparece la decepción.

Las personas comienzan a buscar alternativas porque sienten que las instituciones democráticas no resolvieron sus problemas. Eso es visible en muchos países.

En Estados Unidos, por ejemplo, la prosperidad dejó de distribuirse de manera amplia. Aunque la economía siguió creciendo, los beneficios se concentraron cada vez más en sectores específicos. Muchas personas sienten que trabajaron durante décadas sin experimentar mejoras significativas en sus condiciones de vida.

Esa frustración acumulada erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

“La gente está buscando algo que funcione”

Diego Aretz: ¿Por eso vemos el auge de liderazgos fuertes o autoritarios?

James Robinson: Exactamente.

Si observamos casos como El Salvador, encontramos ciudadanos que experimentaron durante años niveles extremos de inseguridad. En ese contexto, muchos terminan apoyando soluciones que les ofrecen resultados inmediatos.

La gente está buscando algo que funcione.

Eso no significa necesariamente que esas soluciones vayan a resolver los problemas de fondo. Pero sí explica por qué resultan políticamente atractivas.

Cuando las instituciones tradicionales dejan de generar confianza, aumenta la disposición de los ciudadanos a experimentar con alternativas que anteriormente habrían considerado inaceptables.

“No creo que estos modelos tengan soluciones duraderas”

Diego Aretz: ¿Este ciclo puede revertirse?

James Robinson: Claro que puede. La historia muestra que estos procesos suelen desarrollarse en oleadas.

Sin embargo, no creo que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas para los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas.

Pueden producir resultados temporales. Pueden generar estabilidad durante ciertos períodos. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que ocurre hoy es que muchas personas están desencantadas con aspectos importantes del modelo liberal. Cuestionan la meritocracia, cuestionan el funcionamiento del Estado y cuestionan los beneficios distribuidos por la globalización.

Estamos viviendo un período de búsqueda. Todavía no está claro qué tipo de equilibrio político surgirá de esta etapa.

América Latina y la obsesión con las utopías

Diego Aretz: ¿Qué contradicción explica que América Latina siga siendo una región de enorme potencial y frustración permanente?

James Robinson: Cada vez me interesa más explorar una explicación cultural.

Existe una tendencia persistente al idealismo y al utopismo. Con frecuencia aparecen propuestas extraordinariamente ambiciosas para resolver problemas complejos, pero esas propuestas suelen estar desconectadas de las capacidades reales de implementación.

Hay una tensión permanente entre lo ideal y lo posible.

El intelectual uruguayo Ángel Rama reflexionó sobre esta distancia entre la ciudad ideal y la ciudad real. Creo que esa tensión sigue presente en buena parte de América Latina.

Existe una confianza recurrente en soluciones grandiosas y una menor valoración del pragmatismo institucional.

Un ejemplo evidente es la tendencia a reescribir constituciones. A menudo se actúa como si una nueva constitución pudiera resolver problemas históricos profundamente arraigados, a pesar de que la evidencia acumulada durante dos siglos sugiere que las transformaciones son mucho más complejas.

“La inteligencia artificial me parece aterradora”

Diego Aretz: Quisiera preguntarle por la inteligencia artificial.

James Robinson: Me parece profundamente preocupante.

Estamos entrando en una transformación tecnológica gigantesca sin comprender plenamente sus consecuencias.

La humanidad ya ha vivido procesos similares. Ocurrió con la agricultura, ocurrió con la Revolución Industrial y ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial.

La diferencia es que hoy sí contamos con instituciones capaces de regular estos cambios. Sin embargo, esas instituciones parecen incapaces o poco dispuestas a actuar.

Ya observamos efectos importantes en los mercados laborales. La automatización ha contribuido durante décadas al desplazamiento de trabajadores y al aumento de la desigualdad. Y ahora nos dirigimos hacia una transformación aún más profunda.

No hemos resuelto las consecuencias sociales de la revolución tecnológica anterior y ya estamos entrando en una nueva.

Eso me parece aterrador.

“La democracia decepciona cuando promete más de lo que puede cumplir”

Diego Aretz: Cuando uno escucha sus respuestas sobre Colombia, América Latina y Estados Unidos, parece haber una preocupación común: la distancia entre las expectativas que generan los sistemas políticos y los resultados que finalmente entregan. ¿Es esa una de las razones por las cuales estamos viendo tanta desconfianza hacia las instituciones?

James Robinson: Sí, creo que esa es una parte importante de la explicación. Si pensamos en las grandes olas de democratización de las décadas de 1980 y 1990, mucha gente vio la democracia como una solución transformadora. La democracia prometía cambiar la vida de las personas, prometía prosperidad, representación y mejores oportunidades.

El problema es que en sociedades donde las instituciones estatales son débiles o donde la política funciona a través de mecanismos clientelistas, la democracia tiene una capacidad limitada para producir transformaciones profundas. Entonces surge una brecha entre las expectativas y la realidad.

La gente esperaba cambios mucho más grandes de los que realmente ocurrieron. Y cuando esa decepción se acumula durante décadas, las personas empiezan a buscar alternativas.

Diego Aretz: ¿Esa decepción ayuda a explicar fenómenos tan distintos como Trump en Estados Unidos, Bukele en El Salvador o el crecimiento de movimientos antisistema en otras partes del mundo?

James Robinson: Sí, creo que existe una conexión. Las personas están buscando algo que funcione. En muchos países la sensación es que las instituciones tradicionales ya no están resolviendo los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas hubo crecimiento económico, pero los beneficios se concentraron cada vez más en los sectores más ricos. Para muchas personas la experiencia cotidiana fue completamente distinta a la narrativa del éxito económico nacional.

Si uno no tiene educación universitaria, los salarios reales son inferiores a los que existían hace varias décadas. Ese fenómeno tiene múltiples causas: cambios tecnológicos, automatización, debilitamiento de los sindicatos y transformaciones profundas en el mercado laboral.

Todo eso genera frustración y termina erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Diego Aretz: Sin embargo, tampoco parece convencido de que los modelos más autoritarios tengan respuestas duraderas.

James Robinson: No, no lo estoy. Creo que algunas de estas experiencias pueden producir resultados temporales. Pueden generar una sensación de eficacia durante un período determinado. Pero eso es diferente a construir soluciones sostenibles.

Lo que estamos viendo es una búsqueda de nuevas fórmulas políticas. Hay mucha desilusión con aspectos importantes del modelo liberal contemporáneo, pero todavía no está claro qué alternativa va a surgir.

En Estados Unidos, por ejemplo, distintos sectores políticos están tratando de reconstruir coaliciones sociales capaces de volver a conectar con amplios grupos de la población. Pero creo que todavía estamos en una etapa de experimentación.

Y en Colombia veo algo parecido. Hay muchas propuestas, pero sigo sin ver una agenda práctica y coherente capaz de construir una salida duradera para los problemas estructurales del país.

La lección de toda una vida

Diego Aretz: Si pudiera dejar una sola lección a los líderes políticos del mundo, ¿cuál sería?

James Robinson: Que comprendan la importancia de las instituciones.

Cuando viajo y hablo con personas de distintos países encuentro una fascinación enorme por los líderes individuales. Existe la idea de que los problemas pueden resolverse simplemente encontrando al dirigente adecuado.

La evidencia no apunta en esa dirección.

Las sociedades prosperan cuando construyen instituciones capaces de generar oportunidades amplias, distribuir poder y sostener reglas estables.

Las instituciones son mucho más importantes que cualquier individuo.

“Todavía no entendemos el papel de las ideas”

Diego Aretz: ¿Y cuál es la gran pregunta que todavía no sabe responder?

James Robinson: Creo que las ciencias sociales siguen siendo demasiado materialistas.

La economía, la ciencia política y muchas disciplinas han puesto un enorme énfasis en los incentivos materiales. Pero los seres humanos también se mueven por ideas, valores, creencias y aspiraciones.

Todavía comprendemos muy poco sobre los fundamentos culturales de las instituciones.

¿Por qué determinadas sociedades desarrollan ciertas formas de organización política y otras no? ¿Por qué algunas ideas persisten durante siglos? ¿Cómo influyen las creencias colectivas en la construcción institucional?

Esas son preguntas extraordinariamente difíciles.

Y sospecho que allí están algunas de las respuestas más importantes para comprender el desarrollo y la democracia.

A mi modo de ver, la mayoría de estas preocupaciones proviene de la idea de que los matemáticos dejarán de ser valiosos. Hay un aparente temor a que se pierda la utilidad de su labor, a que su capacidad para resolver problemas sea superada por la indiscutible superioridad de la IA en el procesamiento de la información.

No obstante lo anotado anteriormente, creo que ese tipo de preocupaciones ha existido siempre, y no solo entre los matemáticos. La aparición de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, suscitó numerosas inquietudes debido a la difusión masiva de textos que antes estaban reservados a unos pocos. Además, provocó la gradual desaparición de algunos oficios, como el de los amanuenses o copistas, encargados de transcribir manuscritos a mano, labor que generalmente se realizaba en monasterios y talleres.

En la evolución de las herramientas utilizadas para efectuar cálculos y resolver problemas ha habido siempre, por supuesto, un efecto sobre la manera de hacer matemáticas. Desde los ábacos utilizados por numerosas culturas se llegó a inventos de enorme importancia, como las calculadoras mecánicas: la pascalina, diseñada por Blaise Pascal en 1642, o la extraordinaria máquina de Leibniz, presentada en 1673, con la que ya podían realizarse las cuatro operaciones aritméticas básicas, incluida la división. Cada uno de estos avances generó temores y contribuyó gradualmente a la desaparición de oficios ya tradicionales que dependían de la habilidad para efectuar cálculos manuales de forma rápida y precisa, como los de los calculistas que realizaban complejos cómputos numéricos para la astronomía, la navegación, la ingeniería o la administración.

El siguiente gran salto se produjo con la aparición de las calculadoras electrónicas hacia mediados del siglo XX. Estas máquinas, inicialmente costosas y reservadas a instituciones científicas, militares y empresariales, realizaban en segundos operaciones que antes requerían largos cálculos manuales. Ya en la década de 1970 se popularizaron, y los estudiantes universitarios podían adquirirlas para reemplazar las reglas de cálculo y las tablas logarítmicas en la ejecución de sus tareas en las asignaturas de matemáticas.

Desde entonces hemos ido abandonando algoritmos y procedimientos que antes aprendíamos tras dedicarles mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el cálculo manual de una raíz cuadrada, tarea que estoy seguro de que la mayoría de los lectores no podría realizar hoy sin detenerse primero a recordar el procedimiento. Sería prácticamente imposible, por ejemplo, determinar en pocos minutos el valor de √17,3 sin la ayuda de una calculadora.

Como había ocurrido con innovaciones anteriores, la llegada de estos instrumentos de cálculo despertó inquietudes entre quienes temían que las nuevas tecnologías sustituyeran habilidades que durante siglos habían sido altamente valoradas. Sin embargo, lejos de hacer innecesarias las matemáticas, las calculadoras electrónicas permitieron abordar problemas cada vez más complejos y liberaron a los investigadores de numerosas tareas rutinarias, permitiéndoles concentrarse en los aspectos conceptuales de su trabajo. Del mismo modo, los profesores de matemáticas pudieron dedicar menos tiempo a la ejecución mecánica de los cálculos y más a la comprensión de los conceptos y a sus aplicaciones. Como era de esperar, esta transformación introdujo cambios importantes y exigió nuevas formas de adaptación.

Pero la verdadera transformación llegó con la aparición de los computadores. A diferencia de las calculadoras electrónicas, que estaban concebidas principalmente para realizar operaciones numéricas, los computadores podían ejecutar secuencias de instrucciones y resolver una gran variedad de tareas. Surgió así la programación, es decir, el arte de describir mediante algoritmos precisos los pasos necesarios para resolver un problema. Durante décadas, aprender a programar se convirtió en una habilidad fundamental para científicos, ingenieros y matemáticos, del mismo modo que antes lo había sido dominar las técnicas de cálculo manual.

Los computadores no eliminaron la necesidad de pensar; por el contrario, exigieron nuevas formas de razonamiento y obligaron a expresar con claridad procedimientos que hasta entonces muchas personas realizaban de manera intuitiva. Surgieron así nuevos problemas matemáticos y computacionales: fue necesario desarrollar algoritmos y métodos numéricos eficientes, que requirieran poca memoria, ejecutaran los cálculos en tiempos razonables y produjeran resultados fiables a pesar de los errores de redondeo propios de la aritmética de máquina. 

Y, una vez más, la historia se repitió: aparecieron nuevas profesiones y nuevas áreas de especialización, mientras algunos oficios tradicionales fueron perdiendo relevancia o desaparecieron por completo.

El desarrollo de computadores cada vez más veloces y capaces permitió, como está ocurriendo ahora, resolver problemas matemáticos que habían permanecido abiertos durante siglos. Un ejemplo particularmente interesante del impacto de los computadores en las matemáticas ocurrió en 1966, cuando L. J. Lander y T. R. Parkin utilizaron un computador CDC 6600 para encontrar un contraejemplo a la conjetura de Euler, formulada en 1769. Este computador, diseñado por Seymour Cray, pertenecía a una línea de máquinas que daría origen posteriormente a los famosos supercomputadores Cray. Considerado el computador más rápido del mundo en su época, el CDC 6600 podía ejecutar aproximadamente tres millones de operaciones de coma flotante por segundo, una cifra extraordinaria para mediados de la década de 1960. El resultado obtenido por Lander y Parkin mostró que cuatro quintas potencias pueden sumar otra quinta potencia, contradiciendo una creencia que había permanecido vigente durante casi dos siglos.

Nadie podía imaginar entonces que llegaría un momento en el que las máquinas no solo ejecutarían instrucciones escritas por los seres humanos, sino que comenzarían también a generar respuestas, textos e incluso programas a partir de simples indicaciones formuladas en lenguaje natural. Así surgió la inteligencia artificial generativa, una herramienta que, al igual que la imprenta, las calculadoras electrónicas o los computadores, ha despertado entusiasmo y preocupación a partes iguales.

Sin embargo, su impacto va más allá de la automatización de tareas rutinarias. Apenas la semana pasada se anunció una posible solución a uno de los Problemas del Milenio, el relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes, obtenida con ayuda de un sistema de inteligencia artificial que coordinó miles de agentes computacionales trabajando de manera simultánea. Si este resultado resiste el escrutinio de los especialistas, podría convertirse en uno de los hitos más importantes de la historia reciente de las matemáticas y en una muestra de cómo las nuevas herramientas, lejos de eliminar la actividad matemática, están transformando profundamente la forma en que se produce el conocimiento matemático.

Pero, ante los nuevos temores sobre una eventual pérdida de relevancia de la labor matemática debido a la inteligencia artificial, merece la pena considerar la posición de Terence Tao, uno de los matemáticos más influyentes y reconocidos de nuestro tiempo. En diversas ocasiones ha defendido el uso de estas herramientas, aunque con matices: ha llegado a compararlas con un asistente de posgrado «mediocre, pero no del todo incompetente», capaz de colaborar en tareas rutinarias, pero sin la capacidad de aprender de sus errores que sí tienen los estudiantes humanos. Sin embargo, también ha señalado un posible riesgo: que la obtención demasiado rápida de la solución de un problema pueda privar a la comunidad matemática de algunos de los beneficios que tradicionalmente han surgido durante la búsqueda de esa solución. En efecto, el esfuerzo por resolver un problema no solo conduce a una respuesta, sino que suele dar origen a nuevas áreas de estudio, estructuras matemáticas, teorías, métodos y preguntas que terminan siendo tan valiosos como la solución misma.

De hecho, es importante resaltar que, de acuerdo con lo que ha expresado Tao, las tareas que realizan los matemáticos no se reducen a resolver problemas difíciles. Entre ellas se encuentran la aplicación de las teorías matemáticas a otros campos del conocimiento, la búsqueda de soluciones a problemas abiertos, tanto puros como aplicados, y la investigación que conduce al desarrollo de nuevas teorías, estructuras, métodos y técnicas. Los matemáticos también contribuyen a una mejor comprensión del mundo que nos rodea, sostienen una comunidad científica que se transmite y renueva de generación en generación, forman a nuevos investigadores y señalan posibles caminos para el desarrollo futuro de la disciplina. A ello se suman la divulgación, la docencia y la formación matemática de profesionales de muy diversos campos. En última instancia, las matemáticas son también una actividad profundamente creativa, capaz de producir construcciones intelectuales de extraordinaria belleza y de un valor cultural que trasciende su utilidad inmediata.

Vista desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no parece una amenaza para la existencia de las matemáticas, sino una nueva herramienta que, como tantas otras a lo largo de la historia, obligará a redefinir algunas destrezas, transformará ciertos oficios y abrirá oportunidades cuya magnitud todavía no alcanzamos a comprender plenamente.

Y, como cierre, quiero compartir un pronunciamiento de especial relevancia. El pasado 11 de septiembre, veinticinco ganadores de la Medalla Fields, el máximo reconocimiento en matemáticas, publicaron una declaración encabezada por Terence Tao acerca de los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el futuro de la investigación matemática. Lejos de rechazar estas nuevas herramientas, los firmantes reconocen su enorme potencial, pero advierten también sobre los riesgos que podrían derivarse de privilegiar la obtención rápida de resultados por encima de la comprensión profunda, la formación de nuevos matemáticos y el desarrollo de ideas que constituyen la esencia misma de la actividad matemática.

Una grave falta de alineación entre la IA y las matemáticas

11 de septiembre de 2026 en publicidad, opinión | Etiquetas: IA, Medallas Fields | por Terence Tao

Me enorgullece figurar entre los 25 firmantes iniciales, todos ellos galardonados con la Medalla Fields, de la declaración que aparece a continuación, surgida de las conversaciones mantenidas entre nosotros durante la última semana. También hemos publicado nuestra declaración en una página web e invitamos a nuevas adhesiones, de manera similar a la Declaración de Leiden. Es una lástima que no hayamos tenido tiempo para un proceso más participativo, como ocurrió con Leiden; sin embargo, consideramos que la situación era lo suficientemente urgente como para publicar una declaración cuanto antes.

Véase también un reciente artículo de The Economist sobre nuestra declaración.

Durante los últimos meses, las capacidades matemáticas de los grandes modelos de lenguaje (LLM) han mejorado de forma espectacular, hasta el punto de que pueden resolver importantes problemas abiertos en numerosos campos de las matemáticas. Sin embargo, el empeño de las empresas de IA por resolver problemas matemáticos como criterio de referencia resulta perjudicial para la ciencia matemática y para la comunidad matemática. Los objetivos de las empresas de IA y los objetivos de la comunidad matemática están gravemente desalineados. Consideramos que esto forma parte de problemas más amplios de alineamiento que afectan también a otras profesiones científicas y creativas, así como al conjunto de la sociedad.

La investigación matemática se ocupa de comprender las estructuras fundamentales de las formas, los números y los fenómenos naturales. A lo largo de generaciones, ha construido un vasto corpus de ideas sofisticadas, métodos, abstracciones y otras herramientas para comprender el paisaje matemático. A su vez, las tecnologías y ciencias modernas se fundamentan en herramientas matemáticas.

Los problemas famosos han servido a menudo como hitos y faros que permiten medir una comprensión más profunda de ese paisaje. Resolver uno de estos problemas ha sido siempre una señal inequívoca de nuevas intuiciones y métodos interesantes, que posteriormente eran estudiados por una comunidad de matemáticos mediante un largo y arduo proceso de conferencias, discusiones y simplificaciones. Idealmente, al final de ese proceso se obtiene una presentación de los resultados apta para un libro de texto, accesible para cualquier estudiante de máster o incluso de grado. Algunas de estas ideas matemáticas continúan su recorrido y, décadas o siglos después, llegan a convertirse en herramientas comprendidas y utilizadas por toda la población.

La comunidad matemática funciona, en muchos sentidos, como una versión en miniatura de la humanidad. Está formada por individuos que emplean una amplia variedad de enfoques distintos, unidos por valores fundamentales compartidos. Los recursos más valiosos de nuestra profesión son los estudiantes y las ideas, y los cultivamos con enorme cuidado. Nos sentimos responsables de permitirles desarrollarse hasta alcanzar todo su potencial, para que puedan llevar una vida propia dentro del mundo matemático. A los estudiantes solemos proponerles problemas con la intención principal de desarrollar capacidades que los sitúen en una buena posición para realizar avances en investigación y en otros ámbitos. Nuestras ideas las difundimos mediante conferencias, conversaciones privadas y exposiciones escritas cuidadosamente elaboradas, conectándolas con las ideas previas de otras personas. Estos procesos requieren invariablemente tiempo y se basan en la interacción humana.

En los últimos meses, el éxito de la IA al resolver importantes problemas matemáticos ha ocupado titulares incluso fuera de los círculos matemáticos. Pero resolver problemas es únicamente una herramienta y un indicador indirecto para alcanzar el objetivo principal: la comprensión conceptual y la generación de intuiciones profundas. Olvidar esto en el contexto de la IA puede convertir la herramienta en un obstáculo para ese objetivo. De hecho, la producción masiva y cada vez más acelerada de proposiciones «verdaderas o falsas» podría destruir un terreno fértil en lugar de insuflar vida a nuevas ideas.

Con frecuencia, estas soluciones se anuncian precipitadamente, sin dejar tiempo para una redacción adecuada, para identificar y aislar los nuevos métodos e ideas, ni para citar debidamente los trabajos previos relevantes de otros investigadores. Como ocurre en todas las profesiones creativas, esto plantea graves cuestiones de atribución y plagio. Además, sin los matemáticos dispuestos a encargarse de su desarrollo e integración en el canon matemático, las ideas concebidas por la IA nunca llegarían a cobrar plenamente vida y se perdería la crucial cadena humana de transmisión del conocimiento entre matemáticos.

Estamos siendo testigos de una amenaza general para el trabajo intelectual, derivada del desalineamiento entre los resultados producidos mediante el uso de la IA y los fines originales de dicho trabajo. En muchos campos y actividades, los años de formación no han servido únicamente para producir una respuesta final o un producto terminado, sino también para desarrollar comprensión y capacidad para formular nuevas preguntas e ideas. Sin embargo, apoyándose en un inmenso cuerpo de trabajo humano previo, los sistemas de IA son cada vez más capaces de producir directamente los resultados de dicho trabajo, y los objetivos dejan de coincidir. Los problemas a los que se enfrenta hoy la comunidad matemática son similares a los que ya experimentan otras profesiones científicas y creativas, y apuntan a cuestiones que podrían afectar a toda la humanidad: cómo garantizar que, a medida que la IA transforma la manera de trabajar, no perdamos de vista aquello que ese trabajo pretendía alcanzar en primer lugar.

La IA ofrece el potencial de mejorar y acelerar el estudio y la comprensión auténticamente matemáticos. Como profesión, las matemáticas deberán adaptarse a estos cambios de diversas maneras. Sin embargo, que esos cambios beneficien finalmente al campo o tengan un efecto destructivo dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los seres humanos que controlan esta nueva tecnología.

Estos problemas deben abordarse con urgencia, tanto en la comunidad matemática como por parte de las empresas que desarrollan estas tecnologías y, de forma más amplia, por una sociedad que se enfrentará a cuestiones similares en muchas otras formas de trabajo intelectual.

Firmantes iniciales

• Artur Avila (Medalla Fields 2014)
• Manjul Bhargava (Medalla Fields 2014)
• Caucher Birkar (Medalla Fields 2018)
• Pierre Deligne (Medalla Fields 1978)
• Yu Deng (Medalla Fields 2026)
• Simon Donaldson (Medalla Fields 1986)
• Hugo Duminil-Copin (Medalla Fields 2022)
• Alessio Figalli (Medalla Fields 2018)
• Martin Hairer (Medalla Fields 2014)
• June Huh (Medalla Fields 2022)
• Maxim Kontsevich (Medalla Fields 1998)
• Elon Lindenstrauss (Medalla Fields 2010)
• Pierre-Louis Lions (Medalla Fields 1994)
• James Maynard (Medalla Fields 2022)
• Curt McMullen (Medalla Fields 1998)
• Shigefumi Mori (Medalla Fields 1990)
• Ngô Bảo Châu (Medalla Fields 2010)
• Andrei Okounkov (Medalla Fields 2006)
• Peter Scholze (Medalla Fields 2018)
• Stanislav Smirnov (Medalla Fields 2010)
• Terence Tao (Medalla Fields 2006)
• Maryna Viazovska (Medalla Fields 2022)
• Cédric Villani (Medalla Fields 2010)
• Wendelin Werner (Medalla Fields 2006)
• Efim Zelmanov (Medalla Fields 1994)

Y es precisamente en medio de esa tragedia que comienza a desvanecerse de la conversación pública donde se libra otra, todavía menos visible: la de la educación superior en las regiones golpeadas por el sismo. Mientras la atención se concentró inmediatamente —con toda razón— en las viviendas destruidas, en las víctimas, en la recuperación de la infraestructura, del comercio y de la actividad económica, el daño sufrido por las universidades corre el riesgo de convertirse en una simple nota al pie. Sería un error de fondo dejar que así ocurra.

Porque en departamentos como el Quindío la educación superior no es un servicio más entre muchos: es uno de los motores capaces de modificar el destino de miles de familias. Instituciones como la Universidad del Quindío abren posibilidades de movilidad social para jóvenes que difícilmente encontrarían otra vía semejante para transformar sus trayectorias de vida. En 2024, el departamento registró una tasa de cobertura bruta en educación superior del 68,72 %, frente al 57,53 % nacional. A ello se suma el efecto que ha tenido la política de gratuidad en las instituciones públicas. Son cifras que recuerdan algo esencial: nuestras universidades cumplen una función social que no cabe entera en las matrículas, los edificios o los presupuestos.

Sobre ese tejido fundamental para el desarrollo de la región cayó el terremoto. En la Universidad del Quindío, cerca del 60 % de las edificaciones presentó algún tipo de afectación, principalmente en elementos no estructurales, y las estimaciones preliminares sitúan en unos $120.000 millones los recursos que podría demandar la recuperación de la infraestructura, sin incluir todavía equipos, mobiliario y otros bienes afectados.

El daño no se detuvo en el Quindío. En la Universidad Tecnológica de Pereira, un balance técnico determinó que el 63 % del área construida del campus —65.965 metros cuadrados— quedó fuera de servicio, aunque ello no equivalía necesariamente a daño estructural. A escala regional, ASCUN ha identificado 21 instituciones con sedes afectadas y cerca de 121.500 estudiantes cuyas actividades se alteraron por cierres o migración a la virtualidad. No estamos, entonces, ante el problema particular de una o dos universidades.

Pero incluso esa medición se queda corta si entendemos la afectación apenas como suspensión de clases. Pasar de la presencialidad a la virtualidad salva parte de la actividad académica, pero la presta en otras condiciones. La universidad es también conectividad, computadores, bibliotecas, laboratorios, talleres, escenarios de práctica, espacios de estudio y redes de apoyo. Para muchos estudiantes, buena parte de esa infraestructura solo está disponible cuando llegan al campus.

La brecha digital lo hace todavía más evidente. En 2024, apenas el 41,9 % de los hogares de centros poblados y zonas rurales dispersas tenía conexión a internet. En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el sismo, la proporción era del 28,7 %; en Quindío, del 63,4 %. Y aun esas cifras incluyen conexiones mediante planes de datos móviles o recargas, que rara vez soportan varias horas diarias de clase. La continuidad formal del calendario académico, por tanto, no siempre equivale a continuidad efectiva del derecho a estudiar.

Detrás de esas cifras hay historias que rara vez caben en un balance oficial. Para una familia campesina o de un barrio popular que ha hecho de la universidad uno de los principales caminos de ascenso social, un semestre alterado es mucho más que un contratiempo administrativo. Puede significar asumir el costo de una conexión que antes no se necesitaba, conseguir un computador que no existe en casa o seguir desde un teléfono celular una clase pensada para un aula. A ello se suman un ingreso que se demora, un empleo que se posterga, una beca que entra en incertidumbre.

Para un joven cuya permanencia depende de un equilibrio económico siempre frágil, una alteración prolongada de esas condiciones puede terminar en abandono definitivo. Y cuando eso ocurre entre cientos o miles de estudiantes, lo que se interrumpe no es únicamente una trayectoria individual: se afecta la capacidad futura de una región para formar a sus propios médicos, maestros, ingenieros y servidores públicos. La reconstrucción física, por urgente que sea, no bastará si esas trayectorias no logran retomar su curso.

Ahí aparece el contraste que merece mayor atención pública. No existe todavía una política integral y financiada de recuperación de la educación superior. No ha habido anuncios de una bolsa extraordinaria de recursos destinada a reconstruir las instituciones afectadas, ni un mecanismo nacional de financiación con criterios públicos de priorización, cronograma y responsables definidos. Tampoco una estrategia para hacer seguimiento al riesgo de deserción universitaria asociado a la emergencia.

Para la educación preescolar, básica y media, en cambio, el Ministerio cuenta con recursos identificados, diagnósticos, una estructura de ejecución y fechas. Para la educación superior no hay instrumentos equivalentes. De ahí que valga la pena insistir en tres frentes.

El primero es financiero. La reconstrucción de la infraestructura universitaria no puede quedar librada a las pólizas de cada institución, a sus recursos propios o a su capacidad individual para buscar cooperación. Se necesita un mecanismo extraordinario de financiación nacional, con criterios transparentes de asignación, cronogramas verificables y rendición pública de cuentas.

El segundo es la permanencia estudiantil. Los alivios del ICETEX son importantes, pero solo alcanzan a quienes tienen obligaciones con esa entidad. Y garantizar la permanencia exige mucho más que dejar abierta una matrícula: implica asegurar condiciones reales para continuar —conectividad, equipos, apoyos económicos y psicosociales— y, cuando la naturaleza de la formación lo demanda, acceso a laboratorios, talleres y prácticas que difícilmente se sustituyen desde una pantalla. La emergencia afecta también a estudiantes cuyas familias perdieron vivienda, ingresos o estabilidad, y el acompañamiento debe sostenerse el tiempo suficiente para que una afectación temporal no se vuelva definitiva.

El tercero es el seguimiento. La educación superior necesita una hoja de ruta tan concreta como la que ya empieza a existir para las escuelas. Saber cuántos edificios resultaron afectados o cuántos estudiantes reciben alguna forma de clase es apenas el comienzo. Hay que saber en qué condiciones están estudiando, cuántos no regresaron, cuántos aplazaron su semestre, cuántos perdieron sus medios de sostenimiento y qué se está haciendo para que no desaparezcan del sistema.

Debemos evitar, además, otra forma de olvido: creer que la solidaridad inicial puede sustituir una política pública. La respuesta del propio sistema universitario ha sido extraordinaria. Universidades públicas y privadas han puesto a disposición capacidades técnicas, espacios y alternativas de continuidad académica. Pero la solidaridad entre instituciones no puede convertirse en el mecanismo permanente de financiación de una reconstrucción de la que el Estado es corresponsable, sobre todo en lo relativo a las instituciones de carácter público.

Reconstruir las universidades y el delicado tejido social que sostienen —con la misma urgencia y el mismo criterio de gestión del riesgo con que se reconstruyen las viviendas y las escuelas— es evitar que al terremoto físico del 10 de agosto se sume otro, más lento y silencioso: el de una generación de estudiantes que terminó quedándose en el olvido.

Es comprensible que la congresista se atreva a decir una mentira de semejante tamaño. Si no lo hace, quizá sus jefes políticos podrían llamarla a juicio y, muy seguramente, no saldría bien librada. Pero Colombia no está compuesta por una multitud de ingenuos dispuestos a tragarse entero cuanto les sirvan desde los balcones del poder. Y aunque es cierto que el gobierno Petro no se caracterizó precisamente por ser un ejemplo de eficiencia ni por dejar un legado extraordinario, también lo es que Abelardo De La Espriella, hasta ahora, tampoco se ha esforzado demasiado por demostrar una capacidad de gestión, una visión de Estado o una inteligencia política capaces de sacar adelante a un país agobiado por tragedias, problemas estructurales y enormes desafíos.

Hasta el momento, lo que hemos visto es a un Abelardo De La Espriella más preocupado por rodearse de una secta de aduladores que por construir hojas de ruta coherentes con las necesidades reales del país.

Lo vimos coronando la imagen de la Virgen María con la misma devoción farisea con la que puso la educación del país en manos de la Biblia cristiana de Viviane Morales. Todo muy solemne, muy piadoso y muy fotogénico, como si gobernar consistiera en producir estampitas mientras los problemas de fondo esperan turno en la sacristía.

Tenemos, además, a un Abelardo que proclama querer ejecutar un gobierno austero, pero que parece no tener la menor intención de ponerle freno a sus extravagancias y excentricidades, esas mismas que lo hacen parecer como supercorroncho con presupuesto público y afición por los reflectores.

También tenemos al Abelardo que, durante su discurso, prometió respetar las diferencias, pero que se molesta cuando descubre que alguien tuvo, así fuera de manera remota, algún vínculo con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, de repente, las capacidades profesionales, la experiencia y los méritos dejan de importar. Basta con que alguien huela ligeramente a Petro para que sea considerado sospechoso y quede con un pie fuera de la puerta. Qué manera tan peculiar de entender la pluralidad: respetar las diferencias, siempre y cuando las diferencias piensen exactamente como él.

Porque si algo parece importarle a De La Espriella es la adulación. Necesita que a su alrededor haya personas dispuestas a asentir, a aplaudir y, si es posible, a convertir cada decisión presidencial en una epopeya histórica. Contradecirlo parece ser una especie de pecado capital. Y cuando un gobernante comienza a confundir lealtad con obediencia, crítica con traición y pluralismo con sumisión, conviene empezar a preocuparse.

Me aterra pensar que De La Espriella esté configurando un autoritarismo de derecha. Ya sacó del medio a Carolina Soto de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y lo mismo ha ocurrido con otros profesionales que parecen haber cometido el imperdonable pecado de tener algún antecedente laboral o institucional relacionado con el gobierno Petro. No importa si esa vinculación obedeció al afecto político, al deber profesional o, simplemente, a que una persona capacitada aceptó trabajar para el Estado, como corresponde en cualquier democracia medianamente normal. Para el nuevo gobierno parece bastar con la sospecha ideológica para convertir la trayectoria profesional en un inconveniente.

Y si esto hace con profesionales que han demostrado capacidad y compromiso con sus labores y que no pertenecen a su círculo de confianza, no resulta descabellado imaginar que, más temprano que tarde, comiencen las presiones contra los medios y los periodistas que nos empeñamos en ejercer el oficio de informar y criticar sin pedir permiso. Porque, aparentemente, en esta nueva república de las alabanzas, el periodista ideal no es el que pregunta, investiga o contradice, sino el que hace venias con entusiasmo y convierte cada gesto presidencial en motivo de celebración. Vicky Dávila, por ejemplo, parece tener muy claro el libreto.

Lo verdaderamente preocupante no es que un presidente tenga seguidores entusiastas; todos los gobernantes los tienen. Lo preocupante es que empiece a rodearse exclusivamente de quienes lo adulan, a expulsar a quienes no le son políticamente cómodos y a interpretar cualquier cuestionamiento como una conspiración. Así empieza siempre el deterioro de las democracias: no necesariamente con tanques en las calles, sino con pequeñas purgas administrativas, silencios complacientes, medios domesticados y una corte de aduladores convencida de que el jefe nunca se equivoca. Al final, hasta los errores terminan convertidos en triunfos y las extravagancias en políticas de Estado.

Por eso conviene bajar de inmediato la música triunfalista. Un mes de gobierno no constituyen un legado, del mismo modo que dos fotografías inaugurando obras no convierten a nadie en estadista. Colombia no necesita un presidente que se pase el día demostrando que es más macho, más creyente, más austero, más patriota o más antipetrista que sus adversarios. Necesita resultados, instituciones respetadas, funcionarios escogidos por mérito, libertad de prensa y una administración capaz de entender que gobernar no es recibir aplausos. Porque si el gran logro de este gobierno termina siendo convencernos de que cualquier gesto presidencial merece una ovación, quizá no estaremos ante el milagro colombiano que sus fanáticos anuncian, sino ante algo mucho más viejo y peligroso: el culto religioso a un ídolo con pies de barro disfrazado de gobierno.

Por cierto, Debo reconocer que el único milagro que se ha dado en este primer mes, es que Abelardo De La Espriella ya se dio cuenta que el presidente no es el Estado, ni el Estado es el presidente. En pocas palabras, que el no es Luis XIV.

El renacer de Buenaventura exige pensar de manera profunda y aplicada sobre nuestras propias realidades. El terremoto no debería llevarnos simplemente a reconstruir lo que existía, sino a preguntarnos qué debemos transformar para que el territorio salga de esta crisis con mayores capacidades productivas, educativas y sociales.

Desde mi experiencia universitaria, considero necesario poner sobre la mesa una realidad que puede resultar incómoda, pero que debemos discutir con seriedad: el nivel con el que egresan muchos estudiantes de secundaria en el territorio presenta importantes deficiencias, aunque existan excepciones que, con todo mérito, reciben reconocimiento y visibilidad.

El problema es que las excepciones no pueden convertirse en la referencia para evaluar la situación general.

A esto se suma otro desafío: la educación superior colombiana no siempre está suficientemente articulada con las necesidades del aparato productivo. La universidad cumple funciones que van mucho más allá de preparar para un empleo; sin embargo, no podemos desconocer que existe una brecha entre la formación recibida y las competencias que requiere el mundo del trabajo.

En muchos casos, un joven puede tardar muchos años después de graduarse para alcanzar las capacidades, la experiencia y la productividad necesarias para acceder a un ingreso competitivo.

Por eso, el país necesita replantear su estrategia educativa. La educación secundaria debe dejar de ser concebida únicamente como una etapa preparatoria para ingresar a la universidad y convertirse también en un espacio para desarrollar capacidades técnicas, digitales, empresariales y socioemocionales que permitan a los jóvenes tener opciones reales de incorporación productiva al territorio.

En Buenaventura esto adquiere una importancia particular. La formación debe conectarse con las oportunidades y necesidades reales de la ciudad: logística y comercio exterior, construcción y reconstrucción, mantenimiento, turismo, gastronomía, pesca y transformación de productos del mar, servicios marítimos, economía digital, gestión ambiental, economía circular y servicios asociados a la actividad portuaria, entre otros.

Pero la transformación productiva no puede limitarse a quienes están ingresando al mercado laboral. También debemos mirar hacia quienes ya trabajan.

Una parte importante de la población obtiene sus ingresos en pequeñas empresas, micronegocios, actividades informales y economía popular. Por ello, la política pública debe pasar de una lógica asistencialista a una estrategia de incremento de la productividad.

El apoyo al comerciante formal e informal no puede reducirse a entregar estantes, carpas o ayudas temporales. Es necesario aportar conocimiento, tecnología, financiación, infraestructura, capacitación, asociatividad y acceso a mercados; pero, sobre todo, hay que ayudar a conectar esas actividades con las oportunidades económicas que ofrece el territorio.

La pregunta no debería ser únicamente cómo formalizar al trabajador informal, sino cómo hacer más productivo al pequeño comerciante, al pescador, al transportador, al restaurante, al artesano, al trabajador independiente o al microempresario.

Esto implica también cambiar nuestra concepción de la reconstrucción. La infraestructura educativa que se reconstruya después del terremoto no debería pensarse solamente en términos de cemento y acero. Debemos reconstruir colegios, pero también fortalecer las capacidades de los docentes, mejorar sus condiciones de trabajo y transformar los contenidos y metodologías para responder a las necesidades del territorio.

De la misma manera, cada inversión de reconstrucción debería preguntarse cuánto puede contribuir a desarrollar capacidades locales.

La construcción de viviendas, colegios, hospitales, vías y equipamientos puede convertirse también en una oportunidad para formar trabajadores, fortalecer empresas locales, desarrollar proveedores y generar empleo productivo.

Reconstruir no debería significar volver a la Buenaventura que teníamos antes del terremoto.

Debería significar utilizar esta crisis para construir una Buenaventura más productiva, más preparada y con mayores oportunidades para su gente.

El verdadero renacer de Buenaventura no estará solamente en levantar nuevamente sus edificaciones. Estará en elevar las capacidades de las personas, aumentar la productividad de sus empresas y conectar el talento y la economía local con las grandes oportunidades que genera su posición estratégica en Colombia y en el Pacífico.

Ese debería ser uno de los grandes propósitos de la reconstrucción: no reconstruir solamente los medios con los que la gente trabaja, sino aumentar la capacidad productiva de quienes trabajan.

Esa es la posición que la institucionalidad debería ponerse sobre la mesa del alto gobierno, y esa es la posición que desde el Comité Intergremial de Buenaventura planteamos abiertamente.

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“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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En esta reciente conversación Ocampo propone una mirada que se aleja tanto del pesimismo como de la celebración. Reconoce la reducción de la pobreza, la caída del desempleo y algunos avances en materia económica, pero advierte que la economía sigue creciendo por debajo de su potencial, que la inversión es insuficiente y que sectores como la minería y la construcción atraviesan dificultades. Su balance sobre el gobierno Petro es claro: hay más sombras que luces, aunque también sería injusto desconocer los avances.

Hablamos de las oportunidades que Colombia ha perdido, de lo que podría hacer el próximo gobierno para recuperar el crecimiento, de la necesidad de una política de desarrollo productivo más ambiciosa, de las regiones, de la reindustrialización y de los servicios tecnológicos. También volvemos sobre la salida de Ocampo del gobierno Petro y la ruptura alrededor de la reforma a la salud, antes de mirar hacia América Latina, su creciente polarización y la profunda crisis venezolana. Es, en últimas, una conversación sobre economía, política y sobre el país que Colombia todavía puede llegar a ser.

Diego Aretz: Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Quiero comenzar preguntándole por este nuevo escenario para el país. Estamos a pocos días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, del cual usted hizo parte durante un periodo pequeño, pero importante. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre ese gobierno y también sobre el nuevo escenario que comienza para Colombia?

José Antonio Ocampo: En el caso del gobierno del presidente Petro, participé en ese periodo inicial que Cecilia López llama en su libro El periodo socialdemócrata del gobierno. Creo que se hicieron algunas cosas positivas.

Pero hay una distancia enorme entre las promesas que hizo el presidente Petro durante la campaña y lo que se hizo durante el gobierno. El presidente nunca estuvo realmente encima de las actividades de gobierno en forma contundente.

Y además debo decir que una de las mayores sorpresas para mí fue el hecho de que prácticamente ignoró el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo era, creo, un buen plan, coordinado por el entonces director de Planeación, Iván González, y elaborado con mucho apoyo de todo el equipo de gobierno, incluido mi trabajo. Pero el presidente prácticamente nunca se refirió al Plan de Desarrollo, como si no existiera.

Por lo tanto, cuando uno pregunta cuánto de las realizaciones del gobierno está relacionado con las promesas de campaña y cuánto con el Plan de Desarrollo, la respuesta es difícil.

Diego Aretz: ¿Y cómo lee el gobierno que entra?

José Antonio Ocampo: El gobierno que entra recibe varias crisis que deja este gobierno, pero también algunas tendencias positivas. Entre estas últimas está, por ejemplo, la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo abierto, aunque en este último caso todo indica que está relacionado en parte con una cantidad exagerada de contratos públicos.

Pero, por otro lado, recibe la crisis de seguridad, la crisis del sistema de salud, una crisis fiscal de grandes proporciones y, además, yo diría que un deterioro de la administración pública nacional, asociado a la excesiva rotación de ministros, a la falta de experiencia de muchos de los que han entrado a los cargos públicos y a la renuncia de muchas de las personas que estaban en la administración pública nacional porque no consideraban favorable la situación.

Son crisis profundas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno y no solamente enfrentar, sino tratar de resolver.

Diego Aretz: ¿Conoce usted al ministro de Hacienda que entra? ¿Ha conocido su trabajo o ha compartido con él en otros espacios?

José Antonio Ocampo: No. Muy marginalmente lo conozco, pero no he tenido una relación cercana con él.

Diego Aretz: Hablemos de Colombia. Incluso me gustaría plantearlo desde 2016. ¿Qué venimos logrando? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Cuáles son los retos en los que no hemos hecho la tarea y cuáles son las oportunidades perdidas? ¿En qué debería enfocarse realmente el país durante los próximos cuatro u ocho años?

José Antonio Ocampo: Yo diría que hay dos tendencias positivas. Una ha sido la reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, que en realidad es un proceso de larga duración y que tiene además el problema complejo de la diferencia rural-urbana. La distancia entre ciudad y campo se ha acrecentado en materia de pobreza.

También ha habido una reducción de la pobreza monetaria, aunque vamos a ver si esa tendencia se materializa y se mantiene hacia adelante.

En materia de empleo hubo una reducción del desempleo abierto, pero ahí tenemos dos problemas. Uno es el que ya mencioné: la excesiva contratación de personas para cargos públicos. Y el segundo es que la informalidad laboral se ha mantenido muy alta. Sobre todo en las zonas rurales es superior al 80%, pero en las zonas urbanas también está cerca del 50%. Ese es probablemente el problema más serio que tenemos junto con esas tendencias positivas.

En materia económica hubo una reactivación. Primero tuvimos esa desaceleración fuerte de 2023, que en realidad era necesaria porque la economía estaba claramente recalentada en 2022.

En 2023 se desaceleró el crecimiento, pero también algo muy importante: se redujo el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y comenzó una reactivación de las exportaciones no tradicionales. Gracias a eso hoy dependemos menos de los ingresos petroleros y tenemos más ingresos provenientes de otros sectores, incluyendo los no tradicionales.

La reactivación se dio en 2024. Es una reactivación positiva, pero no muy fuerte. La economía ha venido creciendo alrededor de 2,5%, bastante menos de lo que debería crecer la economía colombiana.

Y hay dos elementos complejos. El más grave de todos es la baja tasa de inversión en la economía, que es una señal de que las perspectivas de crecimiento son limitadas si no hay mayor inversión. Y el segundo es que hay sectores en crisis, que se han venido contrayendo. El sector minero es uno, y el otro es el sector de la construcción, tanto la construcción de obras civiles como la construcción de vivienda. Todos han tenido problemas serios durante este gobierno.

Diego Aretz: Su visión no parece ser ni muy pesimista frente a lo que viene, pero tampoco muy optimista. En ese balance, ¿no es usted tan crítico con el final del gobierno del presidente Petro?

José Antonio Ocampo: Como digo en mis presentaciones públicas, hay luces y sombras. Yo diría que hay más sombras que luces, pero de todas maneras están los temas de pobreza y desempleo, que son positivos, así como la reactivación económica, aunque fue limitada, y la reducción del déficit de la balanza de pagos. Son temas positivos.

Ahora, también hay interrogantes muy serios. Uno de ellos es el tema de la tasa de cambio. La inflación y la tasa de cambio son dos problemas que no se habían mencionado, pero que son problemáticos.

La inflación ha venido aumentando este año y la reevaluación ha sido muy fuerte. Eso tiene un efecto muy importante tanto sobre las exportaciones no tradicionales como sobre los sectores que compiten con importaciones. Ahí tenemos un problema.

Además, como se dio un salario mínimo que aumentó muchísimo, yo he calculado que el salario mínimo en dólares ha aumentado más de 40%. Entonces, la capacidad de competir internacionalmente para varios sectores con ese elemento se hace más compleja.

Diego Aretz: Si usted fuera nuevamente ministro de Hacienda —es una pregunta hipotética—, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría en el escenario que vive el país?

José Antonio Ocampo: La primera es realmente frenar un poco el gasto público. Es un poco lo que de hecho ha anunciado el nuevo gobierno y lo que hemos dicho en público prácticamente todos los analistas: el problema fiscal es, ante todo, un problema de crecimiento excesivo del gasto público. Ese es un primer tema que habrá que enfrentar.

En materia de reactivación, creo que lo más importante es la reactivación de la inversión y, por lo tanto, la generación de confianza de los inversionistas privados es absolutamente esencial. Curiosamente, parece que eso se está dando, por lo que uno observa en indicadores, por ejemplo, de la demanda de bonos colombianos en los mercados internacionales.

Y lo tercero es ver qué sectores se pueden reactivar. Me refiero a un conjunto amplio de sectores. El primero es el sector minero y petrolero, que lo ha mencionado el nuevo gobierno, pero también, a mi juicio, hacer una política de construcción seria, buscar mucho la reactivación de la industria manufacturera y, obviamente, el sector agropecuario, que en realidad se ha comportado relativamente bien durante el gobierno actual.

Diego Aretz: Hay una pregunta más histórica, quizá más para el ministro de Hacienda Ocampo, pero también para el profesor. Muchos economistas han señalado el bajo crecimiento de Colombia. Cuando uno mira los llamados milagros económicos de Corea del Sur o la Alemania de la posguerra, encuentra crecimientos enormes que nosotros nunca hemos tenido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, Colombia sí ha tenido una virtud histórica: aunque no crece demasiado rápido, sí ha sido históricamente relativamente estable. Hemos tenido muy pocas recesiones.

Cuando uno mira la historia, por ejemplo, en época reciente están la recesión de 1999 y la de 2020 durante el COVID. Esas son las dos únicas recesiones que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, desde los años treinta. Virtualmente, en un siglo hemos tenido apenas dos recesiones. Es un buen récord para el país.

Ahora, cuando uno habla de reactivación y de un crecimiento más rápido, creo que sí hay que tener unas políticas productivas mucho más ambiciosas. Ese es un tema que intentó introducir el Plan de Desarrollo, pero que no se ha materializado realmente en nada concreto en el país.

Hay que pensar, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es muy importante para el país, y en el sector de infraestructura. Pero también tenemos que pensar cómo reindustrializamos el país. Ese era uno de los temas esenciales del Plan de Desarrollo.

Y debemos preguntarnos cómo nos metemos más en la industria de servicios tecnológicos. En materia de servicios, nuestra exportación de turismo ha sido muy favorable, pero en servicios a las empresas y servicios tecnológicos todavía estamos en pañales.

Diego Aretz: Pareciera que una invitación que surge de estas reflexiones es volver a mirar ese Plan de Desarrollo, intentar ver qué se puede continuar y, precisamente, leer lo que no hizo el presidente Petro.

José Antonio Ocampo: Era un buen Plan de Desarrollo. Más aún, tiene un elemento que se asimila mucho al discurso del nuevo presidente: un mucho énfasis en lo regional.

No hablo solamente de descentralización, sino de desarrollo regional. Es decir, cómo impulsa uno el crecimiento de las regiones atrasadas del país. Ese era un tema muy esencial y por eso se hicieron consultas con todos los departamentos.

Por ejemplo, a nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, nos asignaron el Chocó, que es uno de los departamentos con más problemas en el país.

Todo consistía en ver cómo se deben armar programas fuertes a nivel regional y no solamente sociales, que es donde más o menos ha habido algún avance, sino también económicos. Es decir, cuál es la oportunidad económica de esas regiones atrasadas para ver cómo se impulsa.

Diego Aretz: Surge una pregunta natural y es quizás menos de economía y un poco más personal y política. ¿Qué le pasó al presidente Petro? Teniendo un gabinete como aquel primer gabinete, donde estaba usted y estaban varios de sus colegas, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se explica que un presidente no busque la construcción de política pública que ha hecho su propia gente?

José Antonio Ocampo: Esa es una buena pregunta. Yo creo que, cuando uno lo mira específicamente, la gran controversia, la gran ruptura de los que salimos del gobierno, fue en torno a la reforma de la salud.

Incluso con Alejandro Gaviria y Cecilia López presentamos unas propuestas alternativas en materia de reforma de salud que no fueron aceptadas y fueron consideradas negativas.

La verdad es que los dos ministros de salud —que es de los pocos sectores donde ha habido pocos ministros, porque en muchos sectores ha habido muchos— hicieron intervenciones que terminaron generando problemas.

Por ejemplo, está el caso de la Nueva EPS. Curiosamente, cuando llegué al Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS dependía del Ministerio de Hacienda. Yo nombraba la junta directiva y era una buena EPS.

Pero el presidente se obsesionó con el tema del hermano de Vargas Lleras, que era miembro de la junta, y con la idea de que se estaban robando plata, cosa que era falsa, a mi juicio. En todo caso, eso generó una intervención que se multiplicó y cuyo resultado ha sido desastroso.

Hoy hay un déficit enorme, unas deudas enormes y malos servicios para sus afiliados, siendo la Nueva EPS la dependencia más grande del país.

Y, en general, el sistema de salud queda en una profunda crisis, que será un tema que la nueva ministra de Salud tendrá que manejar, además con su experiencia precisamente en el sector de las EPS.

Diego Aretz: Si usted tuviera que escoger una lección que Colombia todavía no ha aprendido en el manejo de su economía, después de haber asesorado varios gobiernos, haber sido ministro de Hacienda y haber sido profesor prácticamente toda su vida, ¿cuál sería?

José Antonio Ocampo: Curiosamente, comienzo con lo positivo.

Una de las cosas positivas que tiene Colombia es la expansión del acceso de la gente pobre a muchos elementos: la educación, la salud, los servicios públicos y las mejoras de vivienda.

Es una política que se inició con la Constitución del 91, que se reflejó en el aumento del gasto social y que ha tenido resultados muy positivos. Lo que llamamos reducción de la pobreza multidimensional incluye precisamente, aparte de los ingresos, el acceso a educación, salud, servicios públicos, vivienda, etcétera.

Es uno de los grandes resultados que ha tenido el país en las últimas décadas, desde la Constitución. En poco más de tres décadas ha sido muy positivo.

En materia económica, por el contrario, creo que no ha habido una política de desarrollo productivo realmente ambiciosa. La idea era que la apertura económica iba a generar un gran dinamismo económico. Eso no se materializó.

Tenemos que pasar a una etapa en la cual pensemos qué actividades se pueden promover para que Colombia sea más dinámica económicamente, todo obviamente en asociación con el sector privado.

Diego Aretz: En Colombia a veces parece existir una tensión permanente entre Estado y sector privado. ¿Cómo debería entenderse esa relación?

José Antonio Ocampo: No debería plantearse de esa manera. El desarrollo económico exitoso suele surgir precisamente de la cooperación entre ambos. El Estado tiene responsabilidades fundamentales en regulación, infraestructura, educación y política pública. El sector privado tiene un papel central en la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Pensar que uno puede reemplazar al otro suele conducir a errores. Lo importante es construir mecanismos de colaboración que permitan aprovechar las capacidades de cada uno.

Diego Aretz: Cuando mira a Colombia hoy, ¿cuál cree que es el sector con mayor potencial para transformar el país?

José Antonio Ocampo: No creo que exista una única respuesta. El sector agropecuario tiene enormes posibilidades. Colombia dispone de recursos y condiciones excepcionales para desarrollar una agricultura mucho más productiva.

También creo que la industria manufacturera sigue siendo fundamental. Durante muchos años se instaló la idea de que la industrialización había perdido importancia. Yo no comparto esa visión.

Y además tenemos oportunidades crecientes en servicios tecnológicos, economía digital y exportación de servicios. Allí todavía estamos dando pasos iniciales, pero es un campo con gran potencial.

Diego Aretz: Quiero agradecerle esta conversación y llevarla ahora hacia América Latina. Usted nos habla desde Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Columbia y tiene una oportunidad interesante de observar la región. ¿Cómo ve América Latina en este momento, con la influencia de los BRICS por un lado, China por otro y Estados Unidos manteniendo su peso regional?

José Antonio Ocampo: Yo diría que el tema más preocupante de América Latina es la polarización, que se está generando a nivel nacional y entre países. Hay una profunda división que además tiene mucha intersección con las políticas de Estados Unidos, que casi son una política de dividir América Latina e intervenirla de distintas formas.

Pero ese me parece el elemento más problemático. En materia económica tampoco hay muchas economías de América Latina que sean realmente dinámicas.

Yo diría que hay dos pequeñas, como República Dominicana, e incluso entre las más grandes uno se sorprende con México. Está al lado de Estados Unidos y ha tenido acuerdos de libre comercio con ese país, pero su crecimiento ha sido muy lento.

No se ha desindustrializado como Sudamérica, pero tiene un crecimiento muy lento. En Brasil también hay un resultado bastante mediocre en materia de crecimiento económico, pese a sus fortalezas en varios campos.

Y hay economías que han experimentado crisis profundas y que esperamos que salgan de ellas. Me refiero particularmente a Argentina y Venezuela, economías que han tenido crisis profundas. El caso de Venezuela fue particularmente dramático en términos de la contracción que tuvo su economía.

Diego Aretz: Es muy triste lo que significa eso para las vidas de los venezolanos y cómo esa situación también llevó a una crisis política que terminó dejando al país con menos soberanía que nunca.

José Antonio Ocampo: Los resultados fueron patéticos, sobre todo curiosamente con el gobierno de Maduro, porque a Chávez le tocó un periodo positivo en materia de precios del petróleo.

Pero con Maduro vino la contracción. De hecho, la contracción de la economía venezolana a partir de 2014 es una de las contracciones más severas de la historia mundial.

Estamos hablando de una caída de casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto. Es una locura absoluta. Es un fenómeno que prácticamente no se da en ningún país del mundo.

De hecho, hace unos años, con un amigo de Zimbabwe, hablábamos de que era otra economía que estaba en una contracción muy fuerte. Apostábamos a cuál economía se iba a contraer más. Yo le dije todo el tiempo: va a ser Venezuela. Y efectivamente tuve la razón.

Venezuela fue la economía que más se contrajo, más que Zimbabwe. Hay contracciones muy fuertes durante las guerras, pero no durante periodos de paz.

Diego Aretz: En medio de esa polarización, y pensando también en Colombia, si el nuevo ministro de Hacienda, el presidente o el vicepresidente buscaran sus conceptos, su conocimiento y sus reflexiones, ¿usted aceptaría esas conversaciones?

José Antonio Ocampo: Estoy dispuesto a hablar. No estoy dispuesto a ser parte del gobierno, pero sí estoy dispuesto a hablar, a discutir y a hacer propuestas.

Diego Aretz: Y una última pregunta. Siempre me gusta que los entrevistados recomienden algún libro. Puede ser suyo o de otro autor, algo que esté leyendo hoy, ojalá en materia económica. A veces me sorprenden con libros que no tienen nada que ver con las especialidades del personaje, pero también es válido.

José Antonio Ocampo: Voy a recomendar uno mío que escribí con Jonathan Malagón, presidente de la Sociedad Bancaria, y con uno de sus jóvenes economistas. Es sobre crecimiento económico.

Diego Aretz: Profesor Ocampo, muchas gracias por esta entrevista.

José Antonio Ocampo: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.

Hace poco, el columnista Luis Carvajal Basto llamó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, “el milagro” de la educación pública colombiana. Su columna tiene razón en algo fundamental: estamos poco acostumbrados a reconocer las historias de éxito de nuestras instituciones públicas. Con frecuencia hablamos de ellas a partir de sus crisis, sus problemas financieros, sus disputas políticas o sus escándalos. Mucho menos de aquellas que han conseguido construir durante décadas, innovar y crecer. Pero hay otra manera de mirar ese milagro: no desde las cifras, sino desde el mapa.

Porque quizá la verdadera revolución de la UNAD consiste en haber conseguido que, en un país donde la geografía todavía determina buena parte de las oportunidades, la distancia deje de decidir quién puede estudiar. Colombia es un país difícil para llegar. Tres cordilleras, selvas, llanuras, ríos, carreteras interminables y comunidades separadas por enormes distancias han hecho de la geografía uno de nuestros grandes problemas históricos. Durante décadas, estudiar una carrera profesional significó para millones de jóvenes abandonar su municipio y trasladarse a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o alguna otra ciudad universitaria.

Para algunos fue una oportunidad extraordinaria. Para otros significó endeudarse, separarse de sus familias, abandonar un trabajo o aceptar que la universidad simplemente no estaba hecha para ellos. La UNAD comenzó a responder una pregunta distinta: ¿qué pasaría si fuera la universidad la que llegara hasta el estudiante? Parece una pregunta sencilla. No lo era. Mucho antes de que la pandemia obligara al sistema educativo a descubrir las posibilidades de la virtualidad, la UNAD venía construyendo un modelo basado en la educación abierta y a distancia.

No esperó a que la tecnología hiciera popular la educación remota. Entendió antes que otros que las herramientas digitales podían ser mucho más que una manera de reemplazar un salón de clases: podían cambiar la geografía de las oportunidades. Hoy la dimensión de esa apuesta es difícil de ignorar. Cerca de 390.000 estudiantes, 72 centros regionales y 121 programas de educación superior hablan de una institución que dejó de ser marginal para convertirse en una de las grandes universidades del país. Pero la cifra que más me interesa no es la de estudiantes. Son los lugares.

Porque detrás de cada estudiante hay un territorio. Hay un municipio donde alguien decidió estudiar sin abandonar su casa. Hay una mujer que pudo combinar su carrera con el trabajo y la familia. Hay un joven que no tuvo que emigrar a una gran ciudad. Hay comunidades para las que el acceso a la educación superior dejó de depender exclusivamente de la posibilidad de tomar un bus y recorrer cientos de kilómetros. Por eso la presencia territorial de la UNAD no contradice su carácter digital. Lo complementa.

Una universidad digital no tiene por qué ser una universidad deshumanizada. Puede ser, precisamente, una universidad mucho más conectada con la realidad de un país disperso. La pantalla no elimina el territorio: lo conecta. Y ahí está una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras Colombia todavía lucha por construir carreteras que conecten a sus regiones, una universidad pública ya está construyendo otra clase de infraestructura: una red educativa capaz de atravesar esas mismas distancias.

Un derrumbe puede cerrar una carretera. La educación no tiene por qué detenerse. Un río puede crecer y una montaña puede seguir siendo montaña. Una comunidad puede estar a horas de la capital más cercana, pero el conocimiento puede encontrar otra ruta. En un país donde la geografía ha sido durante siglos una barrera para acceder a las oportunidades, la tecnología puede convertirse en una herramienta para desmontar esa barrera. No para negar el territorio, sino para conectarlo de otra manera.

La UNAD tampoco nació ayer. Lo extraordinario es que hubo un proceso institucional previo, sostenido durante años, que permitió que la universidad estuviera preparada cuando el mundo entero tuvo que trasladar buena parte de la educación a las pantallas. Esa historia importa porque las grandes transformaciones públicas rara vez ocurren de un día para otro. Necesitan instituciones capaces de acumular experiencia, conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y sobrevivir a los cambios políticos.

En Colombia hablamos permanentemente de la necesidad de construir Estado en las regiones. Hablamos de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, entre el centro y las periferias, entre quienes tienen oportunidades y quienes nacen lejos de ellas. Pero pocas veces pensamos en la educación como una de las infraestructuras fundamentales para lograrlo. Tal vez deberíamos. Porque una universidad no solamente entrega títulos: construye capacidades.

Un profesional que se forma en su territorio puede transformar su municipio. Un docente puede multiplicar el conocimiento. Un administrador puede mejorar una institución local. Un ingeniero puede encontrar soluciones para problemas que alguien que vive a cientos de kilómetros jamás habría visto. La educación superior no es solamente movilidad social individual. También es infraestructura para un país. Y la UNAD ha construido una parte de esa infraestructura de una manera particularmente colombiana.

No es una copia de Silicon Valley. No es una universidad extranjera importada para resolver nuestros problemas. Es una institución pública que ha tenido que aprender a educar en las condiciones reales de este país: con distancias enormes, desigualdad territorial, conectividad imperfecta y comunidades que durante décadas estuvieron lejos de las universidades tradicionales. Es, en cierto sentido, una tecnología hecha a la medida de Colombia. Una universidad made in Colombia.

Y quizá por eso también empieza a ser relevante fuera de Colombia. El reciente reconocimiento internacional al rector Jaime Leal, con su incorporación a la Junta Directiva del Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO, muestra que aquella experiencia que durante años pudo parecer exclusivamente nacional empieza a ser observada como un modelo para otros países que enfrentan problemas similares: grandes territorios, desigualdad de acceso, poblaciones rurales y dificultades para llevar educación superior de calidad a todos los lugares.

Eso debería producirnos algo más que orgullo. Debería producirnos curiosidad. Colombia tiene una curiosa costumbre de buscar afuera las soluciones que a veces ya está construyendo adentro. Hablamos de inteligencia artificial, transformación digital, educación del futuro y nuevas formas de aprendizaje como si fueran fenómenos que necesariamente tuvieran que llegar desde los grandes centros tecnológicos del mundo. Pero una universidad pública colombiana lleva décadas haciéndose la pregunta que muchos apenas comienzan a formular: cómo utilizar la tecnología para que el lugar donde una persona nació no determine hasta dónde puede llegar.

Por supuesto, la UNAD no resuelve todos los problemas de la educación superior colombiana. Ninguna institución lo hace. La educación virtual enfrenta sus propias dificultades y exige disciplina, conectividad, acompañamiento y calidad académica. El crecimiento también trae nuevos desafíos. Pero precisamente por eso vale la pena mirar el fenómeno sin idealizaciones y reconocer lo que sí funciona. En medio de tantas discusiones sobre lo que Colombia no logra hacer, hay algo poderoso en reconocer una institución pública que durante décadas ha construido una respuesta concreta a uno de nuestros problemas más persistentes.

Porque quizás el futuro de la educación no consiste solamente en construir más edificios. Quizás consiste en construir más conexiones. En un país donde una carretera puede tardar décadas en atravesar una montaña, una universidad puede hacer algo extraordinario: atravesarla de otra manera. Y entonces la imagen cambia. Ya no es el estudiante que tiene que abandonar su territorio para llegar a la universidad. Es la universidad llegando hasta él, allí donde termina la carretera, allí donde empieza la montaña, allí donde durante mucho tiempo Colombia creyó que terminaban también las oportunidades.

Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Antes de que un recién nacido respire por primera vez, una partera indígena ya ha leído el territorio. Ha observado la luna y reconocido las plantas medicinales que aliviarán a su madre del dolor, ha preparado infusiones, encendido el fuego y convocado un conocimiento transmitido durante generaciones. En muchas comunidades indígenas, traer una vida al mundo nunca ha sido un acto exclusivamente médico: es también una forma de cuidar el bosque, el agua, las semillas, la lengua y la memoria colectiva.

Ese vínculo entre nacimiento y conocimiento ancestral es el eje del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 2026, dedicado a reconocer la partería indígena como una práctica que salvaguarda la vida y el bienestar. La fecha busca visibilizar el aporte de quienes acompañan los nacimientos, pero también los desafíos que amenazan su continuidad: la falta de reconocimiento institucional, la interrupción de su transmisión entre generaciones y los cambios que atraviesan los territorios.

Frente a estas presiones, la partería indígena continúa sosteniendo la salud de miles de familias, especialmente en lugares donde los servicios médicos son insuficientes.

“Es imprescindible que defendamos los derechos de las mujeres indígenas a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y cuidados. La sabiduría tradicional puede proteger las nuevas vidas”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en el mensaje oficial de la conmemoración.

En Mongabay Latam conversamos con tres mujeres de Panamá, Ecuador y México que trabajan por mantener viva la partería indígena desde sus territorios y muestran los retos que enfrentan quienes buscan transmitir estos saberes, ejercerlos y defender el derecho de las comunidades a decidir cómo nacer.

Panamá: la medicina del territorio

Antes del amanecer, un Inaduled —médico tradicional guna— entra al bosque. No habla en voz alta. Antes de cortar una planta medicinal, pide permiso en un susurro a Nabbguana, la Madre Tierra. En la tradición guna, el bosque no es un lugar inerte del que se extraen recursos: los animales, los peces y el agua también forman parte de esa relación y perciben las palabras con las que se acercan a ellos.

Solo entonces comienza a recoger las plantas que, después de un cuidadoso proceso de preparación, se convertirán en Muu Ina, el conjunto de medicinas que las parteras conocidas como Siggwi Gaed ofrecen a las mujeres para acompañarlas durante el embarazo, el parto y el posparto en las comunidades de Gunayala, Panamá.

El propio nombre contiene una forma de entender la vida. Muu Ina une Muu, que significa abuela, pero a la vez útero, e Ina, que hace referencia a la medicina. Para la antropóloga e investigadora guna Yadixa Del Valle-Guardia, quien documentó esta práctica en su investigación de maestría en The University of Western Ontario, traducirlo únicamente como “medicina de plantas” deja afuera parte de su significado.

“Representa un conjunto de plantas medicinales y una diversidad de momentos en que las mujeres se tratan”, explica. El Muu Ina acompaña distintas etapas del embarazo: puede aliviar malestares, preparar el cuerpo para el nacimiento o ayudar en la recuperación después del parto.

En las comunidades guna, la preparación de estas medicinas requiere conocimiento y cuidado. Las plantas se limpian y son molidas sobre una piedra conocida como Aggwa Muu, la “piedra de la abuela”, donde hojas, flores y ramas se transforman en preparados para distintos momentos.

La investigación de Del Valle-Guardia, basada en trabajo etnográfico en ocho comunidades y entrevistas con médicos tradicionales —los Inadulegan, en plural—, las parteras Siggwi Gaed y las mujeres muestra que el Muu Ina forma parte de un sistema de cuidado más amplio. Los médicos botánicos preparan las medicinas y las parteras acompañan a las mujeres durante el embarazo, reciben a los bebés y continúan el cuidado después del nacimiento.

“Además del Muu Ina, la partera utiliza también su mano y otros elementos”, explica Del Valle-Guardia. “Cuando ella necesita la medicina para la limpieza después del parto, para que limpie todos los residuos que puedan quedar, se la pide al médico botánico”.

Ese acompañamiento también puede cambiar la relación con el sistema de salud convencional. Del Valle-Guardia recuerda el caso de una mujer a quien los médicos habían advertido que su bebé estaba en una posición que podía requerir una cesárea. Ella acudió primero con una partera porque no quería una intervención quirúrgica.

“Te fuiste a ver a la abuela Claudina, ¿verdad? Mira, el bebé está bien, tiene buena posición. Ya no te vamos a practicar la cesárea”, recuerda la investigadora sobre el momento en que el médico confirmó que la operación ya no era necesaria.

Una de las escenas que más marcó a la investigadora fue precisamente con la Siggwi Gaed Claudina, quien recuperaba las placentas de mujeres que habían dado a luz en hospitales. Después de limpiarlas y bañarlas ritualmente con cacao, las enterraba bajo su casa.

“Las enterraba para que la inteligencia del bebé no se destruya”, explica la investigadora. “Me llamó la atención que a ella no le interesa si es su familiar, una comunera o una mujer de otra comunidad la que ha parido. Ella en lo que piensa es en mantener el espíritu de la madre y del bebé bien resguardados para que tengan una buena salud más adelante”.

Pero este conocimiento enfrenta un desafío: la falta de relevo generacional. Aunque existe formación para médicos botánicos, no hay una escuela de partería desde la propia visión guna. “Hay una urgente necesidad de crear una escuela de formación de parteras”, afirma Del Valle-Guardia. “Si no lo hacemos ahora, sí estamos en riesgo de que la partería guna desaparezca”.

Para la investigadora, preservar este conocimiento no significa incorporarlo como un complemento subordinado a otro sistema de salud. “No hay que capacitar a las parteras. Las parteras ya saben”, concluye. “Es al revés: vamos a capacitarnos con los conocimientos de las parteras. Uno no puede estar por encima del otro”.

Ecuador: nacer en la selva

En la Amazonía ecuatoriana, las mujeres achuar y shuar suelen decir que el bosque lo tiene todo: árboles que alimentan, plantas que curan y saberes que acompañan la llegada de una nueva vida. Allí, la partería no es solo una práctica de salud; también es una forma de cuidar el territorio, preservar la memoria de las abuelas y mantener vivo un conocimiento comunitario.

Ese vínculo dio origen hace casi dos décadas a Ikiama Nukuri, que en lengua achuar significa “mujeres protectoras de la selva”. La iniciativa nació en 2006, cuando Narcisa Mashienta, mujer shuar y fundadora del programa, conoció de cerca las dificultades que enfrentaban las mujeres achuar para acceder a atención materna.

“Había muerte materna no registrada; era súper alta. También había niños que padecían muchas enfermedades”, dice Mashienta. “Desde ahí parte esta iniciativa, del sueño de crear este programa para poder salvar vidas de niños y mujeres, pero también de empoderar a las mujeres”, recuerda.

En ese momento, muchas mujeres parían solas, lejos de los centros de salud y sin posibilidad de traslado en una emergencia. Los hospitales podían estar a horas —o días— de distancia y una avioneta era una alternativa costosa que pocas familias podían asumir.

Mashienta cuenta que la idea de fortalecer la partería tradicional tomó forma durante una ceremonia de ayahuasca junto a Margaret Love, una partera jubilada que visitaba la Amazonía. Allí recibió el llamado. Con el acompañamiento de la Fundación Pachamama, organización con la que se aliaron, Ikiama Nukuri comenzó a trabajar para fortalecer los saberes de las parteras sin reemplazarlos, articulándolos con la medicina occidental cuando fuera necesario.

Durante dos décadas, la iniciativa ha formado una red de mujeres parteras en comunidades achuar y shuar. Actualmente reúne a más de 60 parteras y ha acompañado alrededor de 3900 partos, promoviendo una atención materna más cercana a las prácticas y decisiones de cada comunidad.

Para Mashienta, la salud de las mujeres y la protección de la Amazonía son inseparables. “Las mujeres somos las que vivimos en realidad en la naturaleza; la mujer es la que sabe del territorio, sabe de la tierra, sabe de la contaminación. Mientras más salud tengamos, más vida vamos a tener para seguir cuidando el bosque”, afirma la lideresa.

Ese vínculo también está en las plantas medicinales que acompañan el embarazo, el parto y el posparto. “La selva es nuestra farmacia, siempre lo decimos. Si el bosque se contamina, se acaban nuestras plantas medicinales”, sostiene. “Las mujeres parteras usan la medicina tradicional tal como nos han enseñado nuestras abuelas, por eso hay peligro de que estos conocimientos se pierdan porque nuestras abuelas ya no se quedan muchos años. Por eso queremos que este conocimiento sea pasado a las más jóvenes”.

Mashienta explica que los saberes tradicionales conviven con la medicina occidental cuando existen complicaciones en los partos, pero insiste en que esa relación debe construirse desde el respeto y no desde la imposición.

Ese reconocimiento, sin embargo, todavía enfrenta obstáculos. Cristina Melo, abogada y coordinadora del programa de derechos de la Fundación Pachamama, explica que aunque Ecuador reconoce constitucionalmente la salud intercultural y la medicina ancestral, las parteras indígenas siguen enfrentando barreras para ejercer y articularse con el sistema público de salud.

“No hay la capacidad estatal para cubrir la salud, pero aún así se le monopoliza y se criminaliza a quienes desean organizarse autónomamente para poder acceder a ella”, advierte Melo. “Los pueblos indígenas tienen la capacidad y los conocimientos, pero se pone en segundo plano sus sistemas de salud propios”.

Mashienta señala que esa falta de reconocimiento genera temor entre las propias parteras. “En la Constitución está escrita la interculturalidad plurinacional; quiere decir que debe existir respeto y escucha, pero no los hay”, asevera. “Nosotras como parteras tenemos miedo de asistir un parto: si algún incidente nos pasa o una mujer muere, somos condenadas a estar en la cárcel”.

Para la lideresa shuar, la defensa de la partería también es una defensa del bosque. La contaminación de los ríos, la expansión de actividades extractivas y la pérdida de la selva amenazan las plantas medicinales y los conocimientos que sostienen la vida comunitaria.

“Si cambia nuestra vida, llega el extractivismo, viene la minería, nos matan nuestras plantas y nos matan a nuestros abuelos, estos conocimientos van a ir desapareciendo”, agrega Mashienta. “Ese es nuestro miedo”.

Aun así, Mashienta mira hacia el futuro con esperanza. El mayor logro de Ikiama Nukuri, dice, no es solo haber acompañado miles de nacimientos, sino haber impulsado a mujeres que hoy son parteras, lideresas y defensoras de sus comunidades.

“Queremos que la partería tradicional no se pierda, que el liderazgo femenino sea valorado y que nuestra población indígena sea escuchada y respetada”, concluye. “La naturaleza y la farmacia que nos da vida nos van a seguir sosteniendo. Cuidamos al pulmón del mundo para toda la gente que respira”.

México: la memoria de un nacimiento

Después del parto, la madre y su bebé entran al temazcal, un espacio de calor, plantas y acompañamiento familiar donde continúa el cuidado. Para Lilia Heber Pérez Díaz, originaria del pueblo ayuujk, esta práctica expresa una manera distinta de entender la vida: “La primera casa de nosotras es el vientre de la madre, luego es el temazcal, luego la casa y luego el pueblo”, sostiene.

En Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Oaxaca, el nacimiento no termina cuando llega un bebé al mundo. Para las mujeres ayuujk, nacer es entrar en relación con un territorio, una comunidad y una memoria que comienza antes del primer aliento.

Pérez Díaz es coordinadora de la Organización de Mujeres Poj Kääj —“Jaguar del viento” en lengua mixe—, que nació en 2009 como un proceso organizativo de mujeres de Santa María Tlahuitoltepec que regresaron a su comunidad después de estudiar fuera, con la intención de poner sus conocimientos al servicio del pueblo.

En 2011 realizaron un diagnóstico sobre las violencias que enfrentaban las mujeres y encontraron una preocupación común: la pérdida de autonomía para decidir cómo, dónde y con quién parir.

A partir de esas conversaciones, la organización comenzó a recuperar los testimonios de mujeres y parteras ayuujk, que más tarde se convertirían en un podcast y círculos de escucha. La iniciativa no solo documentó experiencias de parto, sino que abrió preguntas sobre lo que ocurre cuando una comunidad pierde los rituales, los saberes y los vínculos que acompañan la llegada de una nueva vida.

Uno de esos vínculos está relacionado con la placenta. En la tradición ayuujk, explica Pérez Díaz, “es un elemento fundamental para la identidad de la persona que nació y que le vincula con su espacio territorial”. Cuando el nacimiento ocurre en un hospital, muchas veces esa relación ritual se interrumpe y con ella se pierden prácticas familiares y comunitarias.

Los testimonios recogidos por Poj Kääj también revelaron experiencias de violencia obstétrica y barreras para las mujeres indígenas, especialmente cuando no pueden comunicarse plenamente en español. Pérez Díaz insiste en que la defensa de la partería no significa rechazar los servicios médicos, sino garantizar que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus partos.

“No debería ser una limitante para tomar decisiones como mujeres que nos embarazamos y que queremos parir, no únicamente en una institución u hospital porque no se tiene otra opción”, afirma.

En 2021, Poj Kääj abrió la Casa Temazcal, una construcción de adobe con un temazcal, espacios para masajes y una cocina donde se prepara medicina y alimentos. Allí trabaja Virginia Pérez, cofundadora de la organización y una de las pocas parteras que mantiene vivo este acompañamiento en la comunidad, junto con otras mujeres que comparten sus saberes.

El desafío más urgente es la continuidad. Pérez Díaz explica que muchas parteras ayuujk que conservan estos conocimientos son mujeres mayores, de 60 o 70 años, mientras que son pocas las jóvenes que están aprendiendo. Las abuelas parteras cuentan que recibieron su llamado a través de sueños, pero las nuevas generaciones enfrentan otros ritmos y otras formas de relacionarse con estos saberes.

Para Pérez Díaz, documentar estos conocimientos es importante, pero no suficiente. “No es lo mismo que esté documentado a que la gente lo siga practicando”, explica. La partería vive en las manos de quienes acompañan los nacimientos, en las plantas medicinales nombradas en ayuujk, en los rituales y en la lengua que transmite una forma propia de comprender el cuerpo y el territorio.

“Si nombramos la partería desde nuestra lengua, que es el contenedor de todos estos conocimientos que nuestras abuelas y abuelos han desarrollado, ahí radica el reconocimiento mismo del existir de los pueblos y comunidades indígenas”, dice.

En Santa María Tlahuitoltepec, Poj Kääj busca que las nuevas generaciones puedan imaginar otras formas de nacer y cuidar. Porque cada nacimiento, para las mujeres ayuujk, no solo recibe a una persona: mantiene viva una relación entre la comunidad, la tierra y la memoria.

“Es por lo que hemos apostado y ahora hay mucha gente de la comunidad que ha empezado a interesarse por el temazcal, que ha empezado a volver a su uso para sanarse y atenderse”, concluye. “Creo y siento que lo estamos logrando, pero también falta mucho por hacer”.

*Imagen principal: una partera realiza una visita de seguimiento a una mujer embarazada en la Amazonía ecuatoriana. Foto: cortesía Fundación Pachamama

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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