En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

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Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados.

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva.

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio.

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega.

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen.

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio.

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”.

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %.

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados.

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice.

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional.

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente.

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”.

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces.

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen.

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona.

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma.

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé.

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos.

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena.

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”.

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención.

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados.

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su “ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (…) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan”. Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados.

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral.

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados.

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente.

Las promesas incumplidas

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento.

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta.

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas.

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta.

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función.

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce.

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración de portada: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

Desde temprana edad, Andrea ha dejado una huella significativa en su comunidad, poniendo su empeño en liderar labores sociales, por ello fundó el grupo juvenil: “La piedra que construye” y además lidera un proyecto social de empoderamiento a la mujer. Hoy hablamos con ella, para conocer un poco más de su trayectoria.

¿Cuál será tu rol siendo la nueva Miss Mundo Atlántico?

Andrea: Desde pequeña he sido sensible con las temáticas sociales. Actualmente trabajo con y para las mujeres, desde el empoderamiento femenino, éste será mi mayor enfoque durante el reinado. Actualmente con la “Secretaría de la Mujer” de la Gobernación del Atlántico estamos trabajando para esta población, desde el fortalecimiento de su identidad, para acompañarlas a lograr sus objetivos de vida. Esto es algo que no sólo espero llevar a cabo durante mi etapa de reinado, sino por el tiempo en la vida me lo permita.

¿Cuéntanos un poco de ti, qué te caracteriza y cómo llevas esta nueva vida de reina?

Andrea: si hay características que me destacan, son mi madurez y
dedicación. Hoy en día estudio Comunicación Social y Periodismo en la
Universidad del Norte. La verdad me encuentro muy entusiasmada con la idea de ser reina, por ello escatimo esfuerzo alguno para prepararse tanto física como intelectualmente. Tengo una agenda super cargada a diario, pero es algo que me tiene muy feliz.

¿Cómo es tu agenda diaria?

Andrea: bueno, bien apretada. Mi agenda ocupa hasta 20 horas al día tanto por mis compromisos académicos, como también en clases de glamour y etiqueta,
expresión oral. Entrenamientos en el gimnasio, pasarela, ronda de medios y atención de llamadas telefónicas que no paran durante el día.

¿Qué es lo más duro de ser reina?

Andrea: ser reina no es tan fácil, pues en muy corto tiempo uno debe aprender
a superarse a sí misma en todos los sentidos. Toca exponerse al público de una
manera diferente, y todo ello sin dejar de lado nuestras responsabilidades académicas. Pero siempre con el decidido y permanente respaldo de mis padres, hermanas y toda la familia, que se ha unido en torno a este objetivo, y quienes han conformado un equipo de trabajo incansable para apoyarme, que todo se ha tornado mucho más emocionante y lo que parece ser duro, se convierte en una oportunidad para crecer.

¿Respecto a tus estudios en comunicación social y periodismo cuéntanos un poco más?

Andrea: escogí mi carrera y disfruto mucho de ella, porque considero que tengo talento para ser ese puente, esa voz, para llevar un mensaje a las demás personas, y la comunicación me permite convertirme en esa portavoz de esperanza que quiero ser para los jóvenes y las mujeres de Colombia.

¿Cuán es tu enfoque ahora que cuentas con la banda de Miss Mundo Atlántico?

Andrea: desde que tuve mi banda, siento que ha inciado el un camino más importante hacia el Miss Mundo Colombia. Mi enfoque está dado en aprovechar la plataforma de Miss Mundo para apoyar a los jóvenes. El lema de la organización es “belleza con propósito”, y me siento muy identificada con ese objetivo”. Belleza e inteligencia, ese es mi sello.

Andrea Romero Bretón trabaja de manera incansable por ayudar a quienes lo necesiten, siendo una líder juvenil a través de sus redes sociales, donde además comparte todos sus talentos en el canto, la interpretación de instrumentos musicales y la danza folclórica, sin duda, una mujer polifacética que espera representar por lo alto a los atlanticenses en agosto, cuando se coronará a la Miss Mundo Colombia 2024, quien representará al país internacionalmente.

La agenda ambiental en México enfrenta una paradoja: el poco presupuesto que se le destina al tema muestra que no es una prioridad en las políticas públicas, pese a que se trata de un asunto vital si se desea seguir siendo una nación megadiversa, con acceso a los servicios ecosistémicos y con herramientas que permitan mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Y esto último lo saben bien aquellas personas y comunidades que persisten en la defensa del ambiente y el territorio, incluso con los riesgos que esto implica en un país con una creciente militarización y en donde la presencia de los grupos del narcotráfico es apabullante.

El sector ambiental se ha debilitado en los últimos años. Desde 2016 y hasta 2021, el presupuesto destinado a este sector se redujo año tras año, de acuerdo con un reciente análisis de la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). Aunque a partir de 2022 el presupuesto ha tenido un repunte, no ha retomado los montos registrados entre 2012 y 2016. Además, la mayor parte del presupuesto de ese año y del 2023 se destinó a la construcción de grandes obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para 2024 se prevé que el sector ambiental reciba 11.4 % menos recursos que este 2023 (70,245.5 millones de pesos, unos 4098 millones de dólares).

Especialistas en diversas áreas de la agenda ambiental coinciden en que la falta de presupuesto del sector ambiental explica su deterioro institucional, que se refleja en deficiencias para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.

De cara al último año de la administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mongabay Latam presenta un balance en cinco aspectos de la agenda ambiental durante 2023.

Lo grave: deforestación, problema crítico en la selva

La deforestación persiste y se ha acentuado en las selvas del sur y sureste del país. Tan sólo en 2021 —el año más reciente del que se tiene información oficial—, el territorio nacional perdió 118 490 hectáreas de selvas húmedas y secas; esa cifra representa el 70.6 % de la superficie total deforestada durante ese año.

La región que abarca casi la totalidad de Campeche, el norte de Chiapas, Yucatán y el sureste de Quintana Roo es una de las “zonas críticas” de deforestación que identifica la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En ese territorio se encuentran importantes ecosistemas como la selva maya, una de las reservas de bosque tropical más importantes en América Latina.

En esa zona se construye el llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido señalado por científicos, ciudadanos, comunidades y organizaciones no gubernamentales por sus riesgos e impactos ambientales y sociales, pero también porque no ha respetado el marco legal.

Un análisis de la organización CartoCrítica, dado a conocer en agosto de 2023, calculó que al menos 6 659 hectáreas de selva han sido deforestadas como consecuencia de la construcción del Tren Maya. Además, encontró que el 87 % de esa superficie no contaba con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al momento del desmonte. También mostró que, en junio de 2023, poco más 67 hectáreas fueron deforestadas a pesar de estar dentro de un área con una suspensión judicial que impedía cualquier actividad de tala o desmonte, lo que implicaría una “presunta ilegalidad y desacato”, según CartoCrítica.

La cobertura forestal del sureste del país no se ha perdido sólo por la construcción del Tren Maya. La agroindustria —con monocultivos como la soya, caña de azúcar y palma de aceite—, la ganadería industrial, los proyectos turísticos e inmobiliarios también han impulsado la deforestación.

Perder cobertura forestal implica quedarse sin servicios ambientales invaluables, como la formación y retención de suelo, la recarga de los mantos freáticos y la infiltración del agua al subsuelo. Otro problema es la degradación de los bosques, que ocurre cuando se pierde la densidad forestal y disminuyen los servicios que brindan estos ecosistemas. La degradación de la cobertura forestal no se ha dimensionado, pero podría alcanzar el mismo volumen que el de la deforestación, resalta José Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI).

Desde 2017, el presupuesto anual de la Conafor se ha reducido significativamente en comparación con los años previos. De 2010 a 2016, cada año recibió, en promedio, 6 mil 757 millones de pesos, mientras que en los siguientes seis años, ese presupuesto se redujó prácticamente a la mitad, 3 mil 296 millones de pesos anuales (191.5 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de 2023), de acuerdo con datos de la misma dependencia. Para 2023, los ingresos de Conafor se redujeron nuevamente y recibió un presupuesto de 2 mil 933 millones de pesos (170.5 millones de dólares, al tipo de cambio actual), el monto más bajo de los últimos 12 años. Para 2024, se prevé que reciba 3 mil 72 millones de pesos (176 millones de dólares, al tipo de cambio vigente).

La falta de recursos, con las consecuentes carencias institucionales, ha mermado la atención y vigilancia en otros temas que también se relacionan con la pérdida de cobertura forestal como los incendios, las plagas y las enfermedades del arbolado, señala Zúñiga.

Datos de Conafor muestran que de enero al 23 de noviembre de 2023 ocurrieron 7,477 incendios forestales, más que en cualquier otro año del último lustro. Además, también ha sido el año con la mayor superficie afectada por estos incidentes desde 1998: 1 millón 13 mil 244 hectáreas.

La superficie forestal afectada por las plagas también ha aumentado respecto a los dos años previos, al alcanzar 24 453 hectáreas entre enero y junio de 2023. En el año 2021, fueron 18 767 y en 2022, 19 421 hectáreas, de acuerdo con datos de la propia Conafor.

“Son dos factores que no hay que dejar de lado, que son importantes porque además están creciendo y es totalmente previsible que van a seguir creciendo conforme el clima siga cambiando”, dice Zúñiga.

Lo preocupante: violencia en contra de personas defensoras

A pocos días de iniciar el 2023, la desaparición del líder comunitario y defensor ambiental Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Lagunes Gasca fue la confirmación de que la violencia contra las personas defensoras del ambiente y el territorio no se detiene en México. Todo lo contrario.

Desde el 15 de enero de 2023, día en que el vehículo en el que Díaz y Lagunes viajaban fue atacado con arma de fuego en los límites de Michoacán y Colima, se desconoce su paradero. Ellos son parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta agosto de este año, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2023, ubica a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio. La desaparición y asesinato del defensor indígena de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, el 25 de noviembre de 2023, confirma esta tendencia.

Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), advierte de un recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, así como nuevas situaciones que también son de alarma. Una de ellas es la creciente presencia militar en las regiones donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura, especialmente en la Península de Yucatán, que ha tenido un efecto de inhibición de actividades como la protesta social.

“Hay un temor muy fuerte de generar actos de protesta social y la sola presencia [de los militares] ya ha generado impactos que merman la defensa misma de las personas defensoras”, dice Carreón.

Otra situación que se ha acentuado es la criminalización de las personas defensoras, en donde el poder judicial juega un papel clave, aunque no se le suele identificar entre los perpetradores de agresiones contra personas defensoras.

Otra tendencia que Carreón señala como de alarma es la estigmatización de las personas defensoras y organizaciones que les acompañan, que también tiene efectos inhibidores en la defensa.

México es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a las personas defensoras del ambiente y les garanticen un entorno seguro. Sin embargo, en el país su implementación sigue pendiente.

Carreón considera que una adecuada implementación del Acuerdo debería implicar no sólo modificaciones de las leyes, sino también acciones de política pública que involucren a las autoridades ambientales y no únicamente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo gubernamental creado para proteger a quienes sufren agresiones por razón de su labor.

También considera que “las autoridades tendrían que hacer un diagnóstico amplio de cuáles son las necesidades de las personas defensoras, para que haya una real escucha”.

Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, advierte que los megaproyectos han agudizado la violencia contra personas defensoras en ciertas zonas del país.

Un foco rojo es el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que consiste en un proyecto ferroviario que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México y que, además, incluye infraestructura como carreteras, puertos, abasto de energía eléctrica y una decena de “polos de desarrollo”, cuya función es atraer inversiones.

En julio de este año, una Misión Civil de Observación —integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales— documentó las agresiones contra personas y comunidades defensoras del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico. Los incidentes que registraron abarcan tres homicidios, ocurridos entre octubre de 2022 y julio de 2023, y 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras, además de casos de intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica, desalojos forzosos y difamación.

Patargo destaca la criminalización de varios integrantes de dos organizaciones de Oaxaca con mucha fuerza e historia en la resistencia, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que busca inhibir que otras personas sigan resistiendo de una manera tan fuerte”, considera.

Dichas organizaciones también han sido estigmatizadas por autoridades de distintos niveles de gobierno, dice Patargo. “Esto obviamente tiene un impacto en cómo se va legitimando la violencia dentro de los mismos territorios y se va criminalizando, o es más fácil la criminalización posterior”, considera.

Otro indicador del nivel de violencia, dice la defensora, es que los actos de intimidación han alcanzado a organizaciones nacionales e internacionales, y que han ocurrido agresiones incluso en contextos de la presencia de observadores, como ocurrió durante la Misión.

Lo crítico: sin acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático

El 24 de octubre de este año, la veloz transformación de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, en menos de 12 horas, mostró la vulnerabilidad de México ante los fenómenos meteorológicos extremos. Organizaciones ambientales señalaron la relación de ese desastre con la crisis climática por la alteración de la temperatura del océano.

México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Un reciente informe de la UNAM, que compila diversos estudios, advierte que la continuidad de las altas emisiones aumentará considerablemente la frecuencia y magnitud de eventos extremos y sus daños asociados.

Otros efectos de la crisis climática en el país ya son una realidad. Las precipitaciones han crecido y se ha modificado su distribución en las estaciones del año, los periodos de sequía se han prolongado y los eventos extremos de lluvia aumentaron, refiere el informe. También el nivel medio del mar ha subido, sobre todo en el sur y noroeste del Golfo de México.

El gobierno actual ha relegado el tema y no está destinando recursos para la adaptación al cambio climático, considera Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En 2023, el presupuesto asignado para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático fue de 187 mil 968 millones de pesos (10 mil 924 millones de dólares), 52 % de esos recursos se invirtieron en el Tren Maya, de acuerdo con un análisis de Fundar. Un problema que señala la organización es que las dependencias gubernamentales no están obligadas a justificar si su presupuesto realmente se vincula con el combate al cambio climático.

Además de la falta de presupuesto para acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático, los recursos para atender los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos se redujeron este año. De acuerdo con Fundar, al programa Fondo de Desastres Naturales se le habían asignado 17 mil 156 millones de pesos (997 millones de dólares), pero posteriormente ese presupuesto se redujo a 13 mil 224 millones de pesos (768.5 millones de dólares).

Por otro lado, aunque México ocupa el lugar 13 de entre los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, el gobierno federal sigue priorizando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestra la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el impulso al gas fósil, dice Campuzano, del Cemda.

A comienzos de julio de este año, un derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció los riesgos de seguir apostando por combustibles fósiles. El derrame, que comenzó el 4 de julio en la plataforma Ek Balam Tapo Alpha, propiedad de Petróleos Mexicanos, se extendió sin control por varios días.

Los cálculos que entonces hicieron los científicos y organizaciones que alertaron del derrame indicaban que la mancha del hidrocarburo alcanzaba hasta 400 kilómetros. “Son situaciones que se han anunciado, se han alertado que van a ocurrir si le seguimos apostando a la exploración y la extracción de combustibles en el mar”, dice Campuzano.

Lo malo: protección y conservación sólo en el papel

Este año se decretaron 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo que se alcanzaron 203 espacios de protección en una superficie total de 91 millones 608 mil 327 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Los decretos no han estado acompañados de mayores asignaciones presupuestales, indispensable para asegurar la operatividad de la protección, señala Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, miembro de la coalición Nossa. De hecho, el presupuesto de la Conanp se ha reducido significativamente desde el año 2017, de acuerdo con el análisis de Nossa.

Los dos últimos años, la Conanp ha recibido los menores presupuestos desde hace más de una década, según el análisis de Nossa. El próximo año no será distinto, a pesar de que tendrá un aumento marginal en su presupuesto de apenas 0.9 %.

Para dimensionar la importancia del presupuesto, Nossa calcula que con el monto presupuestado apenas se destinarían 10.7 pesos (0.62 dólares) por hectárea protegida. En 2016, el año con el mayor presupuesto de Conanp, se podían gastar 26.5 pesos (1.54 dólares, al tipo de cambio actual) por hectárea protegida. Esta falta de recursos hará que muchas de las nuevas ANP queden como decretos “de papel”, considera Castillo.

La investigadora María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, coincide en que más allá de los decretos, para hacer funcionales a las ANP es indispensable brindarles recursos presupuestales y humanos.

“¿Qué pasa cuando no tienes personal operativo en el área? No hay un cumplimiento de la ley, no hay información, no hay supervisión de las actividades”, ejemplifica. “Por otro lado, Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] está muy adelgazada y no hay seguimiento a los procesos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente no se cumple la ley y en los ecosistemas se ve reflejado en un impacto importante”, dice García.

Castillo advierte que la falta de operatividad de las áreas bajo protección incluso podría representar responsabilidades para servidores públicos, ya que al decretarse una ANP se debe cumplir con un plan de trabajo en un plazo determinado, lo que requiere contar con un equipo de trabajo o encargado de área. Todo eso sólo es posible con los recursos suficientes.

El gobierno federal tiene previsto decretar al menos otras 22 ANP antes de que termine el sexenio y el presidente ha expresado su intención de romper el récord de decretos de ANP. Pero si la protección de esas áreas naturales no se ve reflejada en el presupuesto y en programas de manejo, “van a ser solamente un mero trámite, no van a estar cumpliendo con los objetivos de conservación”, opina Castillo.

En materia de protección de especies, el año termina con varios pendientes, entre ellos la actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 para especies en riesgo y de la Carta Nacional Pesquera, que indica las estrategias y acciones para regular la pesca, señala Alejandro Olivera, representante de México del Centro para la Diversidad Biológica. También indica que no se aplica la ley ni se monitorea para evitar acciones ilegales que ponen en riesgo a especies que ya están en alguna categoría de riesgo, como las tortugas marinas y tres especies de pepino de mar: café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridiana), en la Península de Yucatán, y el pepino café (Isostichopus fuscus) en el Golfo de California.

Si hay una especie que demuestra esa falta de acciones efectivas por la conservación es la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan apenas entre 10 y 13 ejemplares. Olivera recuerda que en esta administración se quitaron todos los apoyos y programas para su protección, además de que el establecimiento de nuevas reglas de pesca demoró dos años, y hasta la fecha no se han podido cumplir.

Una de las medidas implementadas por el gobierno federal fue la colocación, por parte de la Marina, de 193 bloques de concreto en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de contener las redes de pesca ilegal en donde las vaquitas quedan atoradas. La medida ha funcionado, pero no es una solución duradera.

El investigador critica que las acciones que se reportan como logros para la protección de este mamífero son cifras de tareas tan fútiles como la cantidad de recorridos de inspección, de los talleres impartidos o hasta de los panfletos que distribuyen. “Eso no representa ningún resultado”, considera.

Lo bueno: prohibición de la minería submarina​

El 8 de mayo de este año se publicaron las reformas a la Ley Minera, que modificaron la legislación vigente desde 1992 y que diversas organizaciones, comunidades y colectivos consideraban “lesiva para las comunidades y el ambiente”.

“Es importante reconocer que México cierra este año con una nueva ley en vigor […] que es mucho mejor que la que teníamos vigente antes”, dice Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos y comunidades afectadas por la minería, organizaciones civiles y academia que buscan reformas a la ley minera.

La reformada ley, llamada ahora Ley de Minería, incluye el retirar el carácter preferente de la minería sobre otras actividades en los territorios y establece la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento antes de otorgar una concesión.

También prohíbe la minería submarina y que esta actividad se realice en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y en áreas donde se ponga en riesgo a la población. Además, obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre de las minas.

Pero su operatividad aún enfrenta desafíos. El 7 de junio de este año, diputados de los tres principales partidos de oposición al partido gobernante presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley, argumentando que no se había cumplido el proceso legislativo para su aprobación. Hasta noviembre de 2023 el asunto seguía en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La industria minera también ha intentado evitar los efectos de la reforma. Para principios de octubre, las empresas mineras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, habían interpuesto más de 500 amparos a la nueva ley, según informó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Otro frente que preocupa a la Colectiva Cambiémosla Ya es el reglamento de la nueva ley, en el cual se establecen las directrices para su implementación. Su elaboración está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, pero no escapa al riesgo de intromisiones de la industria minera, dice Navarro.

Uno de los aspectos que quedaron fuera de la nueva Ley de Minería fue establecer causas de nulidad de las concesiones, agrega Navarro, por lo que las empresas mineras pueden seguir manteniendo sus concesiones aún si, por ejemplo, causan desastres ambientales. Tal y como sucedió en el Río Sonora, afluente que el 6 de agosto de 2014 fue afectado por un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Se trata del mayor desastre minero registrado en el país. Y aunque la Semarnat estableció la responsabilidad de la empresa, la minera no perdió su concesión.

Otro tema en el que hay expectativa es el referente a la sustitución gradual del glifosato y la prohibición de la importación de maíz transgénico. El 13 de febrero de este año, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto que abrogó el publicado en diciembre de 2020, que planteaba la sustitución gradual del plaguicida para enero de 2024. En el nuevo decreto se estipuló como fecha límite el mes de marzo del próximo año. Respecto al maíz transgénico, el nuevo decreto establece que ya no se permitirá su importación para consumo humano, pero se mantiene para forraje y uso industrial.

Una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento del decreto es que las instancias judiciales avalen los amparos que la agroindustria ha interpuesto para evitar su aplicación, señala Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Desde la publicación del decreto de 2020 se han interpuesto 37 amparos, de los cuales 20 continúan en disputa.

Otro riesgo es el panel de solución de controversias que Estados Unidos solicitó por las restricciones a la importación de maíz transgénico, agrega Bejarano, pues si México pierde podría alentar las expectativas de la industria de que es posible considerar una revisión también en el tema del glifosato.

Aunque Bejarano ve con optimismo que el próximo año se cumpla el plazo para la sustitución gradual del glifosato, subraya que no es suficiente porque no es el único plaguicida altamente peligroso que se usa en México. Hay por lo menos 183 ingredientes activos que entran dentro de esa categoría, señala.

Prohibir el glifosato es apenas “la punta del iceberg”.

* Imagen principal: Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de ambiente y territorio desaparecidos a principios del 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El artículo original fue publicado por Mayela Sánchez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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José sostiene el micrófono con firmeza cuando lanza su mensaje por la radio comunitaria: “En este país cada vez va en aumento la situación de desapariciones. Todos debemos de ser conscientes de lo que pasa. El día de ayer fue lamentable ver que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que luego vemos pegadas, hayan sido tapadas o arrancadas”.

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José, cuyo nombre real no es publicado por cuestiones de seguridad, pide a la gente que respete los carteles con los rostros de los desaparecidos, porque pueden ayudar a encontrar a alguien, porque son una forma de recordar que una persona está desaparecida.

En las fichas de búsqueda colocadas en paredes y postes de esta comunidad de montañas y ríos ubicada en el estado de Puebla, al sur de México, se ven caras de mujeres y hombres jóvenes, pero no aparece el rostro de Sergio Rivera Hernández. Seguramente, la ficha de búsqueda con su nombre también fue arrancada.

Todavía en febrero de 2022, en la comunidad de Ventanillas, en un poste junto al arco de entrada que anuncia la llegada al municipio de Zoquitlán, había una ficha de búsqueda con la fotografía del indígena de 33 años: mirada seria, ceño fruncido, cabello negro y corto; el brazo derecho levantado a un lado de su rostro.

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José recuerda que el 23 de agosto de 2018 desaparecieron a Sergio Rivera Hernández, su amigo y compañero en la defensa de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, región cafetalera ubicada en el centro-sur de México, en la zona limítrofe con Oaxaca y Veracruz.

Sergio Rivera Hernández encabezó en Coyolapa, su comunidad natal en el municipio de Zoquitlán, la formación de los comités de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, del Grupo Ferrominero al cual pertenece la Minera Autlán, que pretende usar las aguas de los ríos Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl en la generación de energía eléctrica. Este proyecto afectaría un territorio que abarca los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec y Coyomeapan; una región en donde habitan casi 90 000 personas.

Cuando lo desaparecieron, Rivera vivía con su esposa y sus cinco hijos y se dedicaba a la mecánica. En cuanto se enteró de la existencia del proyecto hidroeléctrico y las afectaciones al territorio, fue una de las principales figuras de referencia en la organización comunitaria. Quienes participaron en el movimiento en contra de la hidroeléctrica lo describen como muy reservado, pero también recuerdan que su personalidad era magnética: su voz y su presencia invitaban a escuchar sobre la lucha, a sumarse, a informarse.

La voz de Rivera se escuchó en algunas de las transmisiones de las radios comunitarias que se fundaron en el marco de la oposición al proyecto hidroeléctrico. En 2016, Radio Tlacuache (zarigüeya), comenzó a sonar en el municipio de San Pablo Zoquitlán. Pocos meses después, en el municipio vecino de Tlacotepec de Díaz, Radio Tlayoli (maíz, en la variante del náhuatl que se habla en la zona) seguiría los mismos pasos.

Ambas radios comunitarias nacieron como herramientas sonoras para la defensa del territorio: desde ahí se transmitían noticias sobre el avance del proyecto, se convocaba a asambleas, se informaba sobre los impactos de la hidroeléctrica y se invitaba a informarse para defender el territorio, combatiendo la desinformación de la empresa y del gobierno.

Enterarse por el periódico

Sentada afuera de su casa en la comunidad indígena de Pozotitla, en el municipio de Zoquitlán, Flor recuerda cómo comenzó la defensa de los ríos en este rincón de la Sierra Negra de Puebla. Sus palabras, que por seguridad pide que sean citadas bajo un nombre ficticio, son acompañadas por el sonido de las aves y del viento que anuncian la lluvia.

Era 2016 y ella tenía 14 años. Su padre, campesino y sembrador de café como muchos de los que viven en estas tierras, trabajaba en su cafetal ubicado a un kilómetro del cauce del río Coyolapa, cuando se encontró a dos hombres foráneos. Al preguntarles para qué hacían una brecha en un terreno privado, sólo respondieron con excusas.

Días después, un periódico local publicó la noticia: Minera Autlán planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. La empresa es propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, al que pertenece la mina Buenavista de Cobre que en 2014 provocó un derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el Río Sonora, al norte de México, y considerado como uno de los mayores desastres ambientales en el país.

Hasta ese momento ninguna autoridad se había acercado a las comunidades de la Sierra Negra de Puebla para informarles de qué se trataba el proyecto de la hidroeléctrica, recuerda Flor, que hoy tiene 21 años. “La empresa, cuando llegó, no explicó las afectaciones que va a causar (la hidroeléctrica). Sólo prometió empleos y dijo cuántos, por cuánto tiempo y que iba a haber un desarrollo en la comunidad, porque consideran que esta comunidad es de máxima pobreza”.

Flor tiene muy claro por qué los habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio de Zoquitlán comenzaron a organizarse en contra del proyecto hidroeléctrico: “Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí, pues ha sido la importancia de seguir conservando todo lo que existe”.

La familia de Flor y sus vecinos en la comunidad de Pozotitla preguntaron a los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organización social que trabaja en la zona desde hace décadas, si sabían algo sobre el proyecto hidroeléctrico.

En 2016, Omar Esparza, actual dirigente de MAIZ, organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), junto con otros de sus compañeros, empezaron a investigar. Consiguieron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ese documento de 270 páginas detalla que el Proyecto Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan plantea la generación de energía, a través de dos subsistemas que afectarían a tres ríos de la Sierra Negra: Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl. Su construcción implica obras en tres municipios de Puebla: Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, la tierra de la familia de Flor.

Este proyecto contempla, además, construir una cortina de 22 metros de altura en el río Coyolapa, otra de 4.5 metros en el río Atzalan y una más de un metro en el río Huitzilatl. También incluye la construcción de varios túneles para conducir agua de los afluentes.

Todo esto en una región donde es posible encontrar bosque mesófilo de montaña, selva alta y bosque de pino y encino, de acuerdo con los datos de la MIA. En ese documento también se reconoce que hay presencia de varias especies de flora y fauna protegidas, entre ellas ocelotes y armadillos.

La organización MAIZ informó a los habitantes de comunidades vecinas, entre ellos a Sergio Rivera y la familia de Flor, lo que se planeaba hacer en su territorio. Poco tiempo después, los pobladores descubrieron que las autorizaciones para el uso de suelo y construcción de una parte del proyecto hidroeléctrico ya estaban firmadas y aprobadas por Fermín González León, en ese momento presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Zoquitlán.

Los permisos de cambio de uso de suelo y una firma avalando la MIA se dieron sin que existiera una consulta a las comunidades indígenas de la región. Esa información detonó asambleas, movilizaciones dentro y fuera de Zoquitlán, y el fortalecimiento de la resistencia en los tres municipios.

“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %. En partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que los habitantes de las comunidades dieron en la ciudad de Tehuacán, el centro urbano más grande de la región.

Hay un video realizado por Radio Zapote en donde se rescata una de esas conferencias; ahí a Sergio Rivera se le mira serio, y muy firme, convencido de la importancia de defender el territorio y de no dejar pasar el proyecto hidroeléctrico. El indígena nahua estaba convencido de la necesidad de proteger la vida.

Ríos que dan forma al territorio y a la vida

El río es esencial en la vida de los pueblos nahuas de la Sierra Negra. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, la comunidad principal y más grande está en la parte alta y todo el camino hacia abajo, hacia el río Coyolapa —también conocido como río Tonto o Paso— está salpicado de comunidades que en el área son conocidas como zona baja o tierra caliente por su clima cálido y húmedo.

La cercanía del río otorga las condiciones necesarias para que la zona sea habitada por cafetales y árboles frutales. En estas tierras en donde casi todos son campesinos, el río también es el lugar de recreación, a donde van las familias a refrescarse en los días festivos y fines de semana. El cuerpo de agua está muy cerca de donde vivía Sergio Rivera.

El antropólogo Alejandro Castaneira, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), explica que las comunidades indígenas de la región (que se ubican desde los 200 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar) tienen un sistema social que aún conserva dinámicas como el trueque y “un altísimo grado de preservación de la lengua”, una variante dialectal del náhuatl.

Castaneira explica que la cultura nahua de la Sierra Negra establece diálogos con las entidades no humanas, como los ríos. Para ello, los habitantes de la región realizan ceremonias y rituales en los manantiales. En los alrededores de Coyolapa, la comunidad donde Sergio creció, se encuentran varios de esos sitios ceremoniales.

Flor sintetiza lo que en estas tierras representa el río: “La vida de todas, de todos y de todo lo que existe en este territorio. El río es parte de nosotros, porque sin el agua no vamos a vivir y sin el agua no vive todo lo que existe”.

Por eso, cuando en Pozotitla, Coyolapa y otras comunidades se enteraron que el río iba a ser entubado y que construirían una cortina que impediría el paso libre del agua, la gente comenzó a realizar asambleas y foros para informar en qué consistía el proyecto hidroeléctrico. En todas estas movilizaciones la figura de Sergio Rivera era central: siempre alentando a que la gente escuchara.

Esparza, de MAIZ, recuerda que cuando las comunidades empezaron a organizarse y a inconformarse, la Secretaría de Energía (Sener) promovió una consulta exprés para avalar el proyecto, pero “los nacientes comités de resistencia insistieron en que primero se tenía que informar a los habitantes del territorio”. Y de esos comités, Sergio Rivera era el líder de su comunidad, Coyolapa.

En la región comenzó a darse una fuerte división entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto hidroeléctrico, entre quienes pensaban que la obra daría trabajo y aquellos que defendían a los ríos.

Flor recuerda que las autoridades municipales decían que las obras llevarían empleos y desarrollo. Esas promesas entusiasmaron a más de uno. Y es que las comunidades de la zona baja de la Sierra Negra aparecen en los mapas nacionales dentro de las áreas con alta marginación. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, 47.8 % de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

Transformarse en defensor de territorio

El ingeniero civil Víctor Rosales, colaborador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y quien acompañó a MAIZ y a las comunidades en la revisión y análisis del proyecto, recuerda que Sergio Rivera fue uno de los habitantes de la zona más activos en la resistencia al proyecto hidroeléctrico. No faltaba a las marchas en las que llegaron a participar hasta 1500 personas.

En las asambleas y en los foros, cuando Sergio Rivera hablaba, “la gente lo escuchaba… todo lo que él aprendía lo explicaba (a los demás), porque (en la región) no todo el mundo habla español”, comenta Esparza.

Sergio Rivera, indígena nahua y bilingüe, aprovechaba su tiempo libre para recorrer las comunidades de la región y hablar de la importancia de defender los ríos.

El 24 de julio de 2017, en una asamblea realizada en Coyolapa, la Secretaría de Energía realizó la consulta. El grupo que impulsaba el “sí” al proyecto hidroeléctrico era liderado por el entonces alcalde Fermín González León. Los resultados de la consulta mostraron la división que existía en la comunidad: por muy pocos votos de diferencia ganó el “no”.

En Pozotitla, la comunidad donde vive Flor, también dijo que “no”.

A partir de entonces, aumentaron las amenazas contra los defensores del territorio; se ensañaron especialmente en contra de Sergio Rivera. “Él levantó mucha conciencia no sólo en los habitantes de Coyolapa, sino que políticamente despertó a mucha gente con su palabra, con su voz”, dice uno de los fundadores de Radio Tlayoli que también sufrió de amenazas, por lo que pide que se le cite sólo como Marco.

Las voces de los defensores

José es originario de San Pablo Zoquitlán y uno de los fundadores de Radio Tlacuache, hoy Radio Altépet Zoquitlán. El comunicador de 33 años comenta que la radio nació ante la necesidad de tener un medio en donde se informara sobre lo que pasaba a nivel local, ya que todas las noticias que les llegaban eran de afuera. Él y otros amigos se juntaron, se capacitaron con MAIZ y abrieron la radio en 2016. Casi de inmediato, comenzaron a difundir en qué consistía el proyecto hidroeléctrico y sus implicaciones en el territorio.

“Llevábamos como medio año al aire cuando una mañana llegan a la cabina compañeros de la parte baja, y comienzan a platicarnos que existía un conflicto (por el proyecto hidroeléctrico)… Fue entonces cuando la radio se volvió un punto de encuentro para la resistencia”, recuerda Sánchez.

Desde la parte alta de Zoquitlán, donde la lluvia y el aire son fríos y hasta hace pocos años la señal del teléfono era intermitente, los entonces “tlacuaches” comenzaron a transmitir con un micrófono y una bocina. No pasó mucho tiempo para que la radio se convirtiera en una herramienta para amplificar las voces de los defensores del territorio.

Lo mismo sucedió con Radio Tlayoli, la emisora comunitaria de Tlacotepec de Díaz. Esa radio se creó el 7 de noviembre de 2016. En asamblea, los pueblos determinaron que necesitaban un medio de comunicación para informarse y decir lo que pasaba en torno al conflicto.

Por el papel que jugaron en la defensa de los ríos, integrantes de las dos radios sufrieron intentos de asesinato, amenazas de muerte, acoso y difamación. Las primeras amenazas las sufrió Radio Tlayoli, cuando fue desmantelada. El 24 de noviembre de 2016 dos hombres armados entraron a las instalaciones, agredieron físicamente a un compañero y dispararon, hiriendo gravemente a uno con arma de fuego.

“Así fue la primera agresión. Después empezó a haber amenazas de que no podíamos subir (a la comunidad de La Cumbre), empezó a haber amenazas a los compañeros que trabajaban localmente, a los coordinadores de la organización”, relata Omar Esparza, dirigente de MAIZ.

Las radios comunitarias no sólo materializaron los sonidos de la defensa del ambiente y territorio en la Sierra Negra. Desde su creación también han sido una herramienta para retomar prácticas de organización comunitaria como “las faenas”, jornadas voluntarias en las que se realizan actividades a favor de la comunidad.

Hoy las dos radios también son las plataformas desde donde se recuerda que hace cinco años desaparecieron a Sergio Rivera, que las investigaciones no avanzan, que no hay detenidos. Desde las radios se exige a las autoridades que den con su paradero.

Amenazas que terminaron en desaparición

A finales de 2017, intentaron matar a Sergio Rivera. Caminaba rumbo a su casa cuando hombres con una escopeta en mano le cerraron el paso en una vereda. “Salieron ahí a querer asesinarlo, pero el arma no detonó, y le dio oportunidad de huir. Dispararon, pero el arma no martilló, y eso le permitió…” Omar Esparza corta la frase. Eso le permitió a su amigo vivir.

“A partir de ese primer intento de asesinato, empezamos a ver cómo visibilizar y hacer acciones más fuertes, para que se supiera lo que estaba pasando, ir al río, defender el río”, recuerda el dirigente de MAIZ.

En julio de 2018, Sergio Rivera volvió a ser víctima de una agresión. En un retén lo detuvieron a él y a las personas que lo acompañaban. Los bajaron del vehículo, los golpearon y amenazaron de muerte. El defensor del territorio y sus acompañantes presentaron la denuncia en donde señalaron con nombre y apellido a tres agresores. Esas personas fueron las mismas que meses después fueron detenidas y acusadas por la desaparición de Sergio Rivera.

El 23 de agosto de 2018, el defensor nahua viajaba en su motocicleta por los enlodados caminos de Zoquitlán, se dirigía a una comunidad vecina a sacar copias de unos documentos. De pronto una camioneta bloqueó su paso, hombres armados lo subieron a la fuerza al vehículo y se lo llevaron.

Varios testigos vieron el hecho e, incluso, identificaron a los agresores, con nombre y apellido. Esos testigos estuvieron dispuestos a testificar en el juicio por la desaparición del defensor, el cual también estuvo plagado de irregularidades, como la discriminación lingüística al no tener traductor que hablara la misma variante dialectal del náhuatl.

Esparza recuerda: “En redes sociales ya lo habían amenazado de desaparecerlo… En audios que había de su teléfono y en Facebook escribieron que iban a desaparecerlo”. En un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), pocos días después de la desaparición de Sergio Rivera, se puede escuchar la voz de un hombre amenazando al indígena nahua: “Pídele a Dios que no pierda el PRD, porque si no al rato te llueve, y de eso me encargo yo… Yo sé dónde andas…”.

En la foto que aparece en la ficha de búsqueda de Sergio Rivera, la que se ha impreso en carteles exigiendo su aparición con vida y acciones urgentes, pareciera que tiene el puño derecho en alto, como señal de lucha. En la foto original, completa, se ve que el joven nahua, siempre de rostro serio, está acariciando el hocico de un caballo. La imagen que circula en todas partes desde su desaparición es la de él alzando el brazo, como si exigiera justicia.

El 18 de septiembre de 2018, a menos de un mes de que se llevaron a Sergio Rivera, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Victorino “N”, Antonio “N” y Rogelio “N”, quienes fueron señalados como autores materiales de la “desaparición cometida por particulares” en su contra. Este delito fue reconocido en México a partir de 2018, cuando entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

El caso de Sergio Rivera fue el primero en México en llegar a juicio y en donde la víctima es considerado un defensor del territorio, de acuerdo con el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien ha llevado el caso de la desaparición desde el principio.

Para comprobar que Sergio es un defensor del territorio, el abogado presentó un análisis de contexto sobre la Sierra Negra y, además, se tuvo el testimonio de funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Pese a que se presentaron todas las pruebas científicas y los testimonios de testigos presenciales del secuestro de Rivera Hernández, el 11 de septiembre de 2020, el juez Mario Cortés Aldama dejó en libertad a los tres detenidos, considerando que no había elementos suficientes para sentenciarlos.

El abogado Peña apeló la decisión del juez. En enero de 2023, el tribunal ordenó que se reinicie todo el juicio, porque “no se garantizó que un perito o intérprete estuviera todo el tiempo y no se analizó tampoco la condición de defensor de Sergio Rivera”.

El 23 de agosto de 2023, cuando se cumplieron cinco años de la desaparición, integrantes de MAIZ viajaron a la ciudad de Tehuacán para manifestarse afuera de la Casa de Justicia. Con ellos llevaban un cartel con una fotografía del defensor y una leyenda que decía: “Sergio Rivera Hernández: presente”.

Hasta el momento no hay autores intelectuales detenidos por la desaparición del defensor nahua que, entonces, tenía 34 años. Un mes antes de que eso sucediera, Sergio Rivera había celebrado el nacimiento de su quinto hijo.

Un proyecto que aún no se cancela

Afuera de la cabina de la Radio Altépetl Zoquitlán, en el tercer inmueble que ha albergado la emisora comunitaria durante siete años, José recuerda que después de que se llevaron a Sergio Rivera comenzó a correr el rumor de que existía una lista con los nombres de los que serían los siguientes que desaparecerían.

Las amenazas no cesaron. A integrantes de Radio Altépetl Zoquitlán, antes llamada “Radio Tlacuache”, les dejaron tlacuaches (zarigüeyas) muertos afuera de sus casas. El miedo llevó a que muchos se alejaran de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico. “Una desaparición a veces tiene más violencia que un asesinato, genera más miedo”, dice José.

Quienes se mantuvieron en pie se concentraron a exigir la presentación con vida del defensor nahua. La división al interior de las comunidades también se exacerbó. A la par, en la región aumentó la presencia del crimen organizado.

La esposa de Sergio Rivera y sus cinco hijos fueron obligados a abandonar la comunidad para resguardar su seguridad. José también tuvo que salir un año del municipio, después de recibir amenazas por distintas vías. En una ocasión, sujetos armados lo interceptaron y amenazaron.

La presión social y las protestas por la desaparición de Sergio Rivera permitieron detener los intentos de construcción del proyecto hidroeléctrico, pero eso no significa que esté cancelado.

Proyectos Hidroeléctricos de Puebla es la empresa que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto en la Sierra Negra. Esta compañía, que pertenece al Grupo Ferrominero-Minera Autlán, sigue teniendo a su nombre la concesión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó en 2017 para utilizar poco más de 369 millones de metros cúbicos de agua del río Coyolapa.

De acuerdo con los datos disponibles en la página del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el agua que está concesionada a la empresa es para uso “industrial” y no para la generación de energía eléctrica.

La Ley de Aguas Nacionales señala que si durante dos años consecutivos un usuario no emplea la totalidad o parte del volumen autorizado de agua, la Conagua puede retirar o modificar la concesión. Nada de esto ha sucedido con esta concesión, la segunda con más volumen autorizado en el estado y la treceava a nivel nacional.

La defensa del territorio continúa

Los integrantes de la organización MAIZ decidieron abrir nuevos caminos para fortalecer la organización comunitaria en la región. Fue así que crearon la cooperativa de café Tepeyolo, que en náhuatl significa “corazón de la montaña”.

Marco, fundador de Radio Tlayoli y quien hoy encabeza la cooperativa, explica que uno de sus objetivos es vender a un precio justo, porque en la región abundan los “coyotes”, como se les llama a quienes compran muy barato el café —en 30 o 40 pesos (entre 1.70 y 2.20 dólares) el kilo– y después lo venden más caro a las empresas de marcas comerciales. En 2020, los integrantes de la cooperativa Tepeyolo lograron realizar su primera exportación a Suiza.

La cooperativa también ha sido un semillero para que continúe la defensa del territorio en la Sierra Negra de Puebla. Para ser parte de Tepeyolo, sus integrantes tienen que asistir a talleres en donde se habla de qué necesita la comunidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la defensa del territorio y el cuidado del medio ambiente.

A Marco no le gusta decir que hablan de recursos naturales, porque cuando le dicen “recursos” le están poniendo precio: “Cuando hacemos los talleres nos referimos a la Madre Tierra, al río, al bosque, a la vida misma”.

En Sierra Negra continúa la resistencia, advierte Flor. Ella menciona que se seguirá mientras no exista justicia para Sergio Rivera y no se cancele la concesión.

“A través de la desaparición de Sergio, nos cobraron con su vida, y pues el proyecto se detuvo. Pero no se ha cancelado. Y pues la concesión es de 30 años; nos espera otra batalla”, dice.

Mientras tanto, Radio Altépetl Zoquitlán y Radio Tlayoli no han dejado de transmitir. Los sonidos comunitarios siguen acompañando la vida cotidiana de las familias en la Sierra Negra de Puebla. Desde sus micrófonos se amplifican los mensajes sobre las faenas, las fiestas de los pueblos, la defensa de la Madre Tierra, de la vida que transcurre alrededor del río y, sobre todo, se recuerda que Sergio Rivera está desaparecido.

“Tenemos esa memoria: que el compañero está en la resistencia, sigue en la resistencia y está en la cooperativa siempre. Sergio despertó muchas conciencias en su comunidad… Cada vez que nos reunimos —dice Marco— me viene esa idea, el compañero estuvo acá, y sigue estando acá, con nosotros”.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración de portada: Tobías Arboleda.

El artículo original fue publicado por Aranzazú Ayala Martínez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por segundo año consecutivo, los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico en Colombia. Este 11 de septiembre se conoció el reporte del área sembrada de coca con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). La cifra llegó a 230 000 hectáreas, lo que significa un aumento del 13 % con respecto al 2021.

El gobierno de Iván Duque (2018-2022) dejó a Colombia con alrededor de 204 000 hectáreas sembradas y tras un año de gobierno del  presidente Gustavo Petro, los cultivos de uso ilícito siguen en aumento. Sin embargo, el ministro de justicia, Néstor Osuna aseguró que “se ha aplanado la curva, al pasar de un crecimiento del 41 % en 2021 al 13 % en 2023”.

El aumento y persistencia del cultivo de hoja de coca se concentra en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño. El 88 % de las hectáreas están en “enclaves productivos”, lugares donde han persistido los cultivos y las demás etapas de producción de cocaína por más de 10 años.

El reporte también destaca que la producción potencial de cocaína se ubicó en 1738 toneladas métricas, un 24 % más que en 2021. Además, advierte que aproximadamente la mitad de los cultivos de coca (49 %), se concentran en zonas protegidas: el 21 % en Parques Nacionales Naturales (PNN), especialmente en los parques La Paya, en Putumayo, y Paramillo, entre Antioquia y Córdoba; el 18 % en resguardos indígenas; 4 % en consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y 2 % reservas forestales de Ley 2 de 1959, terrenos baldíos que fueron creados con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de suelos, el agua y la vida silvestre.

El gran hallazgo de este informe es que el incremento de los cultivos de coca se concentró en Putumayo, mientras que en el resto del país mantuvo cierta estabilidad. El ministro Osuna también resaltó que hoy Colombia no solo exporta cocaína, sino pasta de coca.

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Un aumento del 70 % en Putumayo

El departamento de Putumayo tiene una posición estratégica por su geografía: el largo río Putumayo, que nace en los Andes colombianos, se adentra en la selva y desemboca en Brasil y hace de frontera natural de Colombia con Ecuador y Perú.

Mario Erazo, autoridad del resguardo Buenavista del pueblo siona, en Puerto Asís, Putumayo, señala que ha sido evidente el aumento de los cultivos de coca y la presencia de grupos ilegales en la zona. “Ya no nos fumigan, como lo hacía antes el gobierno y no hay tantos operativos, pero los cultivos permanecen”, comenta.

Según el informe de UNODC, este departamento pasó de tener 28 205 hectáreas en el 2021 a 48 034 en el 2022, lo que representa un incremento del 70 %. Solo el Putumayo concentró el 21 % de toda la coca sembrada a nivel nacional y es una cifra que no se registraba en el departamento desde 2001, cuando contabilizaron 41 050 hectáreas. De los 13 municipios que conforman Putumayo, nueve tienen presencia de coca y cuatro de ellos están entre los 10 municipios con mayor presencia de cultivos en todo el país. Puerto Asís tiene sembradas 11 504 hectáreas y sólo es superado por Tibú en Norte de Santander y Tumaco en Nariño.

Para Francisco Daza, coordinador de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, el aumento en este territorio tiene que ver con aspectos transfronterizos. “El narcotráfico está cambiando y estableciendo nuevas rutas y enclaves en otras zonas del continente. La posible participación de organizaciones criminales trasnacionales como el Comando Vermelho, cártel brasileño que ha establecido rutas de narcotráfico hacia Perú y Ecuador desde la Amazonía, puede haber influido en el incremento sustancial en Putumayo”, señala Daza. Además, en la zona tienen presencia disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) y los Comandos Bolivarianos de Frontera de la Segunda Marquetalia.

La oficina de la ONU advierte que una de las razones para el aumento de las hectáreas cultivadas con coca es la suma de problemas que ha tenido la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), un elemento clave dentro la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP en 2016. En ese departamento se vincularon 20 317 familias, un 21 % del total nacional. Aunque se logró la erradicación voluntaria de 9904 hectáreas, la persistencia de cultivos de coca en lotes PNIS Putumayo, al 31 de diciembre de2020, era del doble en comparación con el promedio nacional. Las familias beneficiadas aseguraban que había “demoras en la implementación de los componentes productivos del Programa’”, se lee en el reporte del 2023.

En voz de Paula Aguirre, directora para Colombia de la organización Elementa Derechos Humanos, que ha trabajado en la investigación sobre la producción de cocaína y sus efectos especialmente en México y Colombia, el PNIS lleva un retraso en los compromisos adquiridos con las familias que se suscribieron a la transformación de cultivos de uso ilícito por cultivos y proyectos productivos legales. “Es una situación que ha impactado directamente en la subsistencia económica y alimentaria de las comunidades cultivadoras”, señala la directora. Aguirre afirma que es importante pensar en otro tipo de estrategias que “permitan que las personas tengan las alternativas que se ajusten mejor a contextos, necesidades, e incluso proyectos de vida individual y en comunidad”.

Para el líder indígena Mario Erazo, el aumento de coca en su territorio ha significado una mayor presencia de los grupos armados y luchar con vecinos que cultivan al lado del resguardo Buenavista. En el 2019, los mayores o autoridades tradicionales de ese resguardo  decidieron prohibir cultivos de uso ilícito dentro de su territorio.

La Defensoría del Pueblo, dos años después, emitió una alerta temprana por el riesgo en que se encontraban varias comunidades, incluido el resguardo Buenavista, por la disputa territorial entre los dos grupos integrados por disidencias de las extintas FARC (Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez) por el control del río Putumayo y el río Caquetá. La Defensoría volvió a emitir otra alerta en junio de 2023 en la que advierte que la situación presentada se repitió. “Las disidencias han sido señaladas por las autoridades ecuatorianas de resguardarse allí  (…) tendrían una importante infraestructura de transformación de narcóticos en la zona de frontera, donde los pobladores (de ambos lados de la frontera) viven bajo constante presión y amenazas de los armados”.

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La consolidación de la coca en las áreas de manejo especial

En los resguardos indígenas se registraron 23 794 hectáreas de coca, un incremento del 18 % respecto al 2021 cuando hubo 20 100 hectáreas del cultivo. El 20 % de los cultivos en estos predios se concentró en dos de los 208 resguardos que tienen coca: Inda Zabaleta y Gran Rosario, ambos ubicados en el municipio de Tumaco, Nariño, que pertenecen a comunidades indígenas awá. La Organización Nacional Indígena (ONIC) señaló hace unos meses que entre agosto de 2022 y febrero de 2023, 14 indígenas de esta etnia fueron asesinados en esa región.

En los Parques Nacionales hubo un aumento del 21,5 %, pasando de 8749 hectáreas sembradas en 2021 a 10 626 en 2022. Más de la mitad de este aumento, —el 57 % del cambio total— se concentró en el Parque Nacional La Paya, ubicado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Si bien se reportaron cultivos de coca al interior de 13 de los 59 parques que hay en el país, el 84 % de las hectáreas sembradas en estas áreas protegidas se concentró solo en cinco parques: Paramillo (2608 hectáreas), La Paya (1840 hectáreas), Nukak (1622 hectáreas), Catatumbo-Barí (1573 hectáreas) y Sierra de La Macarena (1284), tres de ellos en la Amazonía colombiana.

Para Francisco Daza, en estas “áreas de manejo especial”, como las denomina el gobierno colombiano, confluyen distintos factores que las han convertido en territorios con un alto número de cultivos de coca. “Estas zonas son de difícil acceso, por lo que les permite a las organizaciones ilegales operar con relativa impunidad. Además, los grupos armados en algunas de estas áreas pueden controlar la producción de coca para financiar sus actividades, y si a eso se le agrega que la gente recurre a los cultivos como fuente de ingresos ante la ausencia de otras alternativas, la situación se vuelve más compleja”, explica Daza. El experto considera que es importante recordar que hay parques como La Macarena donde los guardaparques tienen prohibida la entrada debido a constantes amenazas de los grupos armados.

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Los enclaves cocaleros y el papel de las fronteras

En los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo se concentró el 65 % de los cultivos de coca. El enclave con mayor área de coca sembrada es Catatumbo con 27 766 hectáreas. En el municipio de Tibú, que hace parte de la región del Catatumbo, se concentra casi el 80 % de la totalidad de cultivos de este enclave (22 081 hectáreas), siendo el municipio con mayor área sembrada en Colombia. Tumaco, en Nariño, es el segundo municipio con más cultivos de coca con 20 720 hectáreas y el tercero es Puerto Asís, Putumayo, con 11 504 hectáreas. El informe menciona que estos dos últimos municipios aumentaron su área con coca en más 6500 hectáreas en el último año.

En 2022 se consolidaron 15 enclaves productivos en los que aumentó el área con coca en un 5 % respecto al 2021. Estas zonas ocupan el 14 % del territorio con presencia de cultivos de coca y representan el 44 % de la producción potencial de hoja de coca del país. Los cinco enclaves con mayor extensión de cultivos son: Catatumbo, Norte de Santander (27 766 hectáreas); Frontera Tumaco, Nariño (14 780 hectáreas); Frontera Putumayo, Putumayo (12 112 hectáreas); El Charco-Olaya Herrera, Nariño (11 088 hectáreas) y Argelia-El Tambo, Cauca (10 099 hectáreas). Además, el año pasado se consolidó un nuevo enclave productivo, el Timba-Jamundí-Buenos Aires, ubicado entre los límites de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el cual hay 1436 hectáreas de cultivos de coca.

En la Política Nacional de Drogas, recientemente publicada por el gobierno Petro, según estimaciones del Observatorio de Drogas de Colombia, en los últimos 20 años se han invertido aproximadamente 76 billones de pesos (unos 19 billones de dólares) en la lucha contra las drogas. Sumado a esto, entre 2012 y 2022 se erradicaron forzosamente 843 905 hectáreas de coca pero el área sembrada en este periodo se incrementó más de cuatro veces, un 379 %, según indica el Observatorio.

Luis Cruz, investigador de la organización jurídica Dejusticia, explica que el informe de UNODC documenta la ineficacia que tuvo la sustitución de cultivos en transformar las economías locales. “Esta medida no solo ha generado dispersión de recursos, sino que ante la dificultad de crear posibilidades de un desarrollo alternativo se ha visto afectado tanto el cierre de la frontera agrícola como el cuidado de las áreas protegidas. La solución no puede ser la erradicación forzada porque el Gobierno está obligado a cumplir con los criterios del Acuerdo Final de Paz”, dice el investigador.

Por otra parte, Meta, Guaviare, Caquetá y Chocó son los cuatro departamentos en los que ha habido una mayor desconcentración de los cultivos de coca, es decir, un descenso en la producción, representando el 60 % de los territorios que están inscritos dentro de esta categoría.

El documento señala que los traficantes prefieren comprar en enclaves de concentración debido a la calidad y disponibilidad del producto y a la proximidad de rutas de tráfico, teniendo en cuenta que Norte de Santander, Putumayo y Nariño, los tres departamentos con más cultivos, colindan con Venezuela, Perú y Ecuador respectivamente.

Para Daza, la desconcentración en ciertos departamentos se debe también a que hay otros intereses económicos, distintos a la coca, por parte de los grupos armados. “En Chocó, por ejemplo, hay una dinámica de disputa armada entre el Clan del Golfo y el ELN que no se concentra en la cocaína, también hay dinámicas de explotación minera, tala ilegal de madera y tráfico de migrantes a través del Darién, por lo que es una muestra de que, en distintas zonas del país, la coca no es la única forma de financiación de los grupos armados ilegales”, explica el investigador.

Además, en Sudamérica los cultivos de coca van en aumento. En 2022, Perú alcanzó su máximo histórico, pasando de 40 300 hectáreas sembradas en 2015 a 95 008 en 2022, lo que representa un incremento de más del 100 %, siendo el segundo país con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito después de Colombia. Por su parte, en 2021 Bolivia llegó a 30 500 hectáreas, mientras que en 2015 registraba 20 200.

En el Informe sobre la cocaína 2023, también elaborado por la UNODC, se explica que estos tres países concentran casi la totalidad de área sembrada con coca a nivel mundial, siendo Colombia el país que mayor terreno abarca. Además, el monitoreo hecho por la ONU en Colombia revela que las incautaciones de coca hechas por Ecuador se incrementaron más del doble, pasando de 88 toneladas confiscadas en 2019 a 201 en 2022, lo que muestra la importancia de las fronteras en la consolidación de los enclaves cocaleros.

*Imagen principal: Imagen de referencia. Cultivos ilegales de coca – Unipacuyacu – Amazon Watch.

El artículo original fue publicado por Juan Carlos Granados y Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Hay muchos que no son indígenas que están entrando y están usando a algunos pobladores para penetrar la zona. Hemos pedido que respeten nuestra naturaleza y nuestro sitio sagrado. Esta minería contamina el agua, el río y destruye”, dice un líder indígena del pueblo ye’kwana que vive en el Estado de Amazonas, en Venezuela, y que prefiere hablar bajo anonimato por temas de seguridad.

El líder es testigo de cómo la minería ilegal sigue creciendo en territorio ye’kwana, un pueblo conformado por más de 5613 personas, según información oficial citada por la organización ambiental Wataniba. Tanto el líder ye’kwana como los expertos de Wataniba explican que la minería artesanal la han practicado históricamente las comunidades de la zona aunque a una escala muy pequeña, y que el cambio llegó cuando personas externas llevaron retroexcavadoras y dragas.

Las cifras respaldan su denuncia. A mayo de 2023, en el territorio compartido por el pueblo ye’kwana y sanema —una subfamilia de la comunidad yanomami con aproximadamente 1244 personas— se habían detectado 70 focos de minería ilegal que han generado una deforestación de 934 hectáreas, según información satelital generada por los expertos de Wataniba.

En algunos focos de minería ilegal de oro como el del río Cunucunuma, en el Alto Orinoco, el líder indígena del sector Cacurí —donde han resistido y logrado que no entre la minería con maquinaria— asegura que hay más de “77 máquinas y en tierra 25”. Además que las máquinas las llevan mineros ilegales colombianos y que “allí trabajan elenos y los de las FARC”. Se refiere a los miembros de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional, también conocidos como elenos, y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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¿Dónde están los focos de minería ilegal?

El territorio ye’kwana y sanema ocupa 3 450 406 hectáreas en el estado Amazonas y al menos 934 hectáreas han sido arrasadas por la minería ilegal, según el último monitoreo satelital de Wataniba. Un punto a tomar en cuenta es que toda la actividad minera está prohibida en esa zona desde 1989.

El daño ambiental está distribuido en los dos municipios que se superponen con el territorio ye’kwana y sanema: Manapiare y Alto Orinoco. En el primero, donde se detectaron 48 focos de minería ilegal, se presentaron 612 de las 934 hectáreas deforestadas por minería ilegal a mayo de 2023; mientras que Alto Orinoco, en el que se identificaron 32 puntos de minería, se ha registrado una pérdida de 322 hectáreas. Wataniba además ha recibido denuncias recientes que apuntarían a la aparición de tres nuevos focos de minería ilegal más en Manapiare y 18 en Alto Orinoco. Todas estas cifras son parte del monitoreo satelital que realiza continuamente Wataniba en la zona.

En cuanto a la pérdida histórica de bosques, de acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch (GFW) el municipio de Alto Orinoco perdió 57 500 hectáreas de bosque primario húmedo y Manapiare  31 500 hectáreas, entre el 2002 y el 2022. Pero, además, entre enero y julio de este año se registraron 109 955 alertas de deforestación en Alto Orinoco y 156 034 en Manapiare, lo que quiere decir que la amenaza persiste.

Tina Oliveira, bióloga venezolana y coordinadora de Sistemas de información Socioambiental de Wataniba ―parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG)―, comenta que la minería ilegal viene en crecimiento desde 2016, pero que en 2020 con la pandemia se intensificó. “En los territorios Ye’kwana-Sanema del estado Amazonas la minería ilegal era prácticamente inexistente antes del año 2016, fecha de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la cual también coincidió con la agudización de la crisis económica en Venezuela y los elevados precios del oro”, dice.

María Teresa Quispe, directora de Wataniba, comenta que es clave que exista una planificación binacional en territorios fronterizos cuando se trata de delitos ambientales, considerando la violencia que ha traído la desmovilización de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También señala el alza internacional del precio del oro como un factor importante, junto con la crisis económica venezolana y las sanciones internacionales contra el país, que ha incentivado el crecimiento de la minería aurífera.

Adicionalmente, las organizaciones SOS Orinoco y Wataniba junto con el antropólogo Tillett dieron detalles de cuatro de los focos de minería ilegal que están afectando a los ye’kwana. Se trata del foco de Yahanama (Yajanama o Yajanamaña) en el río Padamo, el del río Cunucunuma, el de simarowochi en el río Metacuni y por último, el del caño Iguapo todos en el municipio Alto Orinoco, del estado Amazonas.

En el sector Yahanama, en el río Padamo, hay presencia de mineros brasileños o garimpeiros expulsados de su país, probablemente, tras los operativos militares ordenados por el presidente Lula Da Silva a principios de 2023, según explica Aimé Tillett, antropólogo venezolano con experiencia de trabajo con pueblos indígenas en la Amazonía y que actualmente forma parte de la organización Wayamoutheri. “Allí han estado entrando garimpeiros a raíz de los desalojos en Brasil. De 40 a 50 garimpeiros se mudaron al Padamo, cerca a la comunidad yanomami de Yahanama y la ye’kwana de Buenavista. También en el sector Momoi, en el extremo norte de la sierra Parima en las cabeceras del río Ocamo”, explica Tillett.

El antropólogo venezolano considera que en el foco de Yahanama hay tres temas relevantes. El primero es que la presencia de garimpeiros en esta zona es nueva. Segundo, señala que esta vez, en el Yahanama en el río Padamo, los brasileños están más adentro del territorio venezolano —cuando históricamente habían estado cerca de la frontera—. Finalmente, destaca que la Policía Federal brasileña ha realizado operativos contra los garimpeiros en territorio venezolano, sin que sea claro si esas acciones han tenido permiso o colaboración de los cuerpos de seguridad venezolanos.

Oliveira agrega que “la minería está sobre el río Padamo y al oeste de la comunidad, según imágenes de satélite. Hay una pista aérea. Más al norte está la comunidad Buena Vista, que también tiene pista. Entre ambas hacen una especie de triángulo con la zona minera. Están dentro del Parque Nacional Duida-Marahuaka”.

Un segundo foco que está creciendo rápidamente es el del río Cunucunuma. El primero, según Tillett, está en el Alto Orinoco, en el río Cunucunuma, “muy cerca del cerro Huachamatare, sagrado para los ye’kwana. Son unas minas que ya tienen un tiempo. En el caño Marueta con nacientes muy cerca del Cunucunuma, por ahí suben las máquinas y lo que necesiten”, comenta.  E líder indígena ye’kwana añade que “algunas personas han sido amenazadas por oponerse, también hay divisiones y violencia entre nuestro pueblo”.

El líder indígena del pueblo baré Olnar Ortiz, conocedor de las problemáticas de los ye’kwana, comenta que la entrada de los grupos armados ilegales agrava la situación de derechos humanos de este pueblo. Señala que el gobierno también debería actuar en estos focos de minería ilegal, no solo en el Parque Nacional Yapacana donde, desde diciembre de 2022, se realizan operativos militares contra la actividad. “El gobierno no está haciendo nada en esa zona, solo actúa en Yapacana”.

Un tercer foco de minería ilegal es el de Simarowochi (Simarowoshe) en el río Metacuni, muy cerca de la frontera con Brasil. Tillett comenta que esta zona es territorio de los pueblos ye’kwana y sanema, mientras que Cristina Burelli, fundadora de la organización no gubernamental SOS Orinoco, agrega que este punto de minería no existía en septiembre de 2020, según sus sistemas de detección de imágenes satelitales. A marzo de 2023, según SOS Orinoco, este punto alcanzó las 48 hectáreas de deforestación a la altura del río Metacuni en la Reserva de la Biósfera Alto Orinoco – Casiquiare.

Burelli asegura que han recibido información sobre la presencia de más de 50 máquinas para minería en distintos sectores del territorio ye’kwana. A lo que Tina Oliveira de Wataniba añade que este foco se hizo visible en el 2022, a partir de las denuncias de líderes ye’kwana.

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Un especialista, que pidió protección de su identidad por temas de seguridad, señala que cerca de Simarowochi hay pistas aéreas informales o no autorizadas en las que llegan y salen vuelos hacia el estado Bolívar, lo que podría indicar que la minería está relacionada con actores en Venezuela, aunque haya presencia de mineros brasileños. Sobre la presencia de pistas aéreas, una segunda experta, que también pidió la protección de su identidad, agrega que estas “dan servicios a las comunidades”, pero que luego terminan usándolas externos “para ingresar insumos y sacar los productos de la minería”. El líder ye’kwana comenta que en el municipio Alto Orinoco, donde está Simarowochi, hay aviones y pistas aéreas clandestinas que usan los garimpeiros.

El cuarto foco de minería ilegal es el del caño Iguapo que nace en el cerro Marahuaca (Marahuaka), sagrado para el pueblo ye’kwana. Este foco está dentro del Parque Nacional Duida-Marahuaca. El antropólogo Tillett señala que aquí también están “metiendo más máquinas y gente”. Los ye’kwana que se oponen a la minería dicen que es importante proteger la naturaleza y sus lugares sagrados.

“El Parque Nacional Duida-Marahuaca es un sitio sagrado para nosotros. Ahí nace el oxígeno del que vivimos, donde todos los seres existen. Si no cuidamos la naturaleza, puede haber una inundación grande y enfermedades que no se pueden curar”, señala el líder ye’kwana con base en las creencias de su pueblo. Tanto él como el antropólogo Tillett denuncian que con la minería también ha llegado el consumo de droga que afecta a los jóvenes en unas comunidades que aún conservaban sus tradiciones.

Sobre la ruta de comercio y lavado del oro extraído, el líder ye’kwana comenta que este sale por Inírida y que el mercurio usado en la minería llega también desde esa ciudad colombiana y desde Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, Venezuela. Tillett señala que normalmente la ruta de la gasolina y la del mercurio van juntas, con frecuencia este último va en frascos escondidos dentro de los contenedores del combustible. Según dice, los insumos para las minas del estado Amazonas también provienen probablemente desde Inírida, ya que la ciudad colombiana “se convirtió en una gran venta de insumos mineros”.

Quispe analiza que la influencia de los presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro dan una esperanza para que el gobierno venezolano reduzca la minería, como está sucediendo en el Parque Nacional Cerro de Yapacana, donde hay operativos militares contra la actividad extractiva. Esta acción ha sido reconocida por Quispe y por el líder ye’kwana, que pide que se estas operaciones se realicen urgentemente en su territorio.

*Imagen principal: Imagen de mina de Simarowochi en territorio ye’kwana. Crédito: SOS Orinoco y Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por David Tarazonaen Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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