Hace poco, el columnista Luis Carvajal Basto llamó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, “el milagro” de la educación pública colombiana. Su columna tiene razón en algo fundamental: estamos poco acostumbrados a reconocer las historias de éxito de nuestras instituciones públicas. Con frecuencia hablamos de ellas a partir de sus crisis, sus problemas financieros, sus disputas políticas o sus escándalos. Mucho menos de aquellas que han conseguido construir durante décadas, innovar y crecer. Pero hay otra manera de mirar ese milagro: no desde las cifras, sino desde el mapa.

Porque quizá la verdadera revolución de la UNAD consiste en haber conseguido que, en un país donde la geografía todavía determina buena parte de las oportunidades, la distancia deje de decidir quién puede estudiar. Colombia es un país difícil para llegar. Tres cordilleras, selvas, llanuras, ríos, carreteras interminables y comunidades separadas por enormes distancias han hecho de la geografía uno de nuestros grandes problemas históricos. Durante décadas, estudiar una carrera profesional significó para millones de jóvenes abandonar su municipio y trasladarse a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o alguna otra ciudad universitaria.

Para algunos fue una oportunidad extraordinaria. Para otros significó endeudarse, separarse de sus familias, abandonar un trabajo o aceptar que la universidad simplemente no estaba hecha para ellos. La UNAD comenzó a responder una pregunta distinta: ¿qué pasaría si fuera la universidad la que llegara hasta el estudiante? Parece una pregunta sencilla. No lo era. Mucho antes de que la pandemia obligara al sistema educativo a descubrir las posibilidades de la virtualidad, la UNAD venía construyendo un modelo basado en la educación abierta y a distancia.

No esperó a que la tecnología hiciera popular la educación remota. Entendió antes que otros que las herramientas digitales podían ser mucho más que una manera de reemplazar un salón de clases: podían cambiar la geografía de las oportunidades. Hoy la dimensión de esa apuesta es difícil de ignorar. Cerca de 390.000 estudiantes, 72 centros regionales y 121 programas de educación superior hablan de una institución que dejó de ser marginal para convertirse en una de las grandes universidades del país. Pero la cifra que más me interesa no es la de estudiantes. Son los lugares.

Porque detrás de cada estudiante hay un territorio. Hay un municipio donde alguien decidió estudiar sin abandonar su casa. Hay una mujer que pudo combinar su carrera con el trabajo y la familia. Hay un joven que no tuvo que emigrar a una gran ciudad. Hay comunidades para las que el acceso a la educación superior dejó de depender exclusivamente de la posibilidad de tomar un bus y recorrer cientos de kilómetros. Por eso la presencia territorial de la UNAD no contradice su carácter digital. Lo complementa.

Una universidad digital no tiene por qué ser una universidad deshumanizada. Puede ser, precisamente, una universidad mucho más conectada con la realidad de un país disperso. La pantalla no elimina el territorio: lo conecta. Y ahí está una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras Colombia todavía lucha por construir carreteras que conecten a sus regiones, una universidad pública ya está construyendo otra clase de infraestructura: una red educativa capaz de atravesar esas mismas distancias.

Un derrumbe puede cerrar una carretera. La educación no tiene por qué detenerse. Un río puede crecer y una montaña puede seguir siendo montaña. Una comunidad puede estar a horas de la capital más cercana, pero el conocimiento puede encontrar otra ruta. En un país donde la geografía ha sido durante siglos una barrera para acceder a las oportunidades, la tecnología puede convertirse en una herramienta para desmontar esa barrera. No para negar el territorio, sino para conectarlo de otra manera.

La UNAD tampoco nació ayer. Lo extraordinario es que hubo un proceso institucional previo, sostenido durante años, que permitió que la universidad estuviera preparada cuando el mundo entero tuvo que trasladar buena parte de la educación a las pantallas. Esa historia importa porque las grandes transformaciones públicas rara vez ocurren de un día para otro. Necesitan instituciones capaces de acumular experiencia, conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y sobrevivir a los cambios políticos.

En Colombia hablamos permanentemente de la necesidad de construir Estado en las regiones. Hablamos de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, entre el centro y las periferias, entre quienes tienen oportunidades y quienes nacen lejos de ellas. Pero pocas veces pensamos en la educación como una de las infraestructuras fundamentales para lograrlo. Tal vez deberíamos. Porque una universidad no solamente entrega títulos: construye capacidades.

Un profesional que se forma en su territorio puede transformar su municipio. Un docente puede multiplicar el conocimiento. Un administrador puede mejorar una institución local. Un ingeniero puede encontrar soluciones para problemas que alguien que vive a cientos de kilómetros jamás habría visto. La educación superior no es solamente movilidad social individual. También es infraestructura para un país. Y la UNAD ha construido una parte de esa infraestructura de una manera particularmente colombiana.

No es una copia de Silicon Valley. No es una universidad extranjera importada para resolver nuestros problemas. Es una institución pública que ha tenido que aprender a educar en las condiciones reales de este país: con distancias enormes, desigualdad territorial, conectividad imperfecta y comunidades que durante décadas estuvieron lejos de las universidades tradicionales. Es, en cierto sentido, una tecnología hecha a la medida de Colombia. Una universidad made in Colombia.

Y quizá por eso también empieza a ser relevante fuera de Colombia. El reciente reconocimiento internacional al rector Jaime Leal, con su incorporación a la Junta Directiva del Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO, muestra que aquella experiencia que durante años pudo parecer exclusivamente nacional empieza a ser observada como un modelo para otros países que enfrentan problemas similares: grandes territorios, desigualdad de acceso, poblaciones rurales y dificultades para llevar educación superior de calidad a todos los lugares.

Eso debería producirnos algo más que orgullo. Debería producirnos curiosidad. Colombia tiene una curiosa costumbre de buscar afuera las soluciones que a veces ya está construyendo adentro. Hablamos de inteligencia artificial, transformación digital, educación del futuro y nuevas formas de aprendizaje como si fueran fenómenos que necesariamente tuvieran que llegar desde los grandes centros tecnológicos del mundo. Pero una universidad pública colombiana lleva décadas haciéndose la pregunta que muchos apenas comienzan a formular: cómo utilizar la tecnología para que el lugar donde una persona nació no determine hasta dónde puede llegar.

Por supuesto, la UNAD no resuelve todos los problemas de la educación superior colombiana. Ninguna institución lo hace. La educación virtual enfrenta sus propias dificultades y exige disciplina, conectividad, acompañamiento y calidad académica. El crecimiento también trae nuevos desafíos. Pero precisamente por eso vale la pena mirar el fenómeno sin idealizaciones y reconocer lo que sí funciona. En medio de tantas discusiones sobre lo que Colombia no logra hacer, hay algo poderoso en reconocer una institución pública que durante décadas ha construido una respuesta concreta a uno de nuestros problemas más persistentes.

Porque quizás el futuro de la educación no consiste solamente en construir más edificios. Quizás consiste en construir más conexiones. En un país donde una carretera puede tardar décadas en atravesar una montaña, una universidad puede hacer algo extraordinario: atravesarla de otra manera. Y entonces la imagen cambia. Ya no es el estudiante que tiene que abandonar su territorio para llegar a la universidad. Es la universidad llegando hasta él, allí donde termina la carretera, allí donde empieza la montaña, allí donde durante mucho tiempo Colombia creyó que terminaban también las oportunidades.

1. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

1.¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

A. Principios que orientarán las relaciones internacionales de Colombia

1. Defensa del interés nacional con autonomía estratégica y relacionamiento plural
2. Respeto a la soberanía de los Estados y a la integridad territorial
3. Defensa del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos.
4. Vocación de diálogo, de concertación política y capacidad de construir consensos
5. Defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y la equidad de género.
6. Responsabilidad compartida y cooperación frente a las principales amenazas globales.
7. Sostenibilidad y protección de la biodiversidad como eje transversal de la política exterior
8. Coherencia entre la agenda externa y la política interna para el desarrollo con inclusión, la seguridad y la democracia.
9. Adecuación y modernización de las capacidades institucionales, el talento humano  y la gestión diplomática.
10. Transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos

 B. Visión y prioridades de la política Exterior

• Desafíos internos

La política exterior no puede divorciarse del ámbito interno. Colombia se caracteriza por una coexistencia estructural entre estabilidad institucional, violencia armada y economías ilícitas La superposición de orden democrático y conflictividad  genera un escenario que condiciona la gobernabilidad  y la inserción internacional del país.

En este contexto se inscriben las carencias y dificultades de la política exterior durante el actual gobierno. Varias de ellas heredadas de otras administraciones, pero otras que se han convertido en nuevos obstáculos  para su implementación. El manejo de las relaciones internacionales ha sido improvisado, mediático y centrado en la figura presidencial con un alto costo institucional. La diplomacia de redes y de micrófono deben quedar en el pasado y privilegiarse el uso de los canales diplomáticos. La Cancillería se ha debilitado, el servicio exterior ha perdido profesionalismo y la confianza con socios y aliados se ha erosionado. La ambigüedad política y la  innecesaria confrontación con  los principales actores globales y regionales también han deteriorado las relaciones estratégicas en detrimento del interés nacional.

 La experiencia técnica acumulada, la continuidad en el ejercicio de la carrera diplomática y consular, así como la gestión de funcionarios competentes, han contribuido a mitigar los impactos negativos.  Uno de los principales retos de nuestro gobierno será establecer prioridades y  trazar una hoja de ruta con visión de largo plazo, coherencia, fortalecimiento de la institucionalidad.

• Desafíos externos. El nuevo entorno global

Asistimos a una  profunda transformación del orden global . El contexto internacional en que tendrá que implementarse la política exterior del próximo cuatrenio está marcado por un desplazamiento del poder de occidente a oriente,  la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por la supremacía y el afianzamiento de sus áreas de influencia, el auge del proteccionismo y las guerras comerciales y la emergencia de un mundo multipolar con nuevos poderes y actores. Así mismo, por el aumento de las guerras interestatales y la persistencia de conflictos armados internos, el incremento de la carrera armamentista nuclear, el derrumbe de un sistema internacional fundado en reglas y el debilitamiento del multilateralismo. La  época que vivimos está atravesada, a su vez, por una triple transición: la verde o climática, la energética y la digital, como nuevos campos de tensiones y de redefinición de las fronteras tradicionales del poder.

 Ante estos desafíos, internos y externos, tenemos el reto de definir cuál es la inserción internacional que hoy requiere el país para ser un actor confiable y predecible y con capacidad de actuar con autonomía estratégica y múltiples interacciones. La inserción por la que se opte también incide en la  capacidad de preservar la democracia, dinamizar el desarrollo productivo, superar el rezago tecnológico y poder  aprovechar las fortalezas y las ventajas comparativas con las que se cuenta.  Como bien se señala  ASODIPLO, ¨la política exterior también define el país que Colombia es y el que aspira a ser¨.

• Una política exterior con visión global al servicio de los colombianos

La visión que orientará  la política exterior está dirigida a posicionar al país como un actor relevante a través de una inserción activa en las dinámicas globales, regionales y fronterizas.  Colombia debe aspirar a consolidarse como una potencia media regional –del sur global- que pueda ejercer un liderazgo responsable frente a los problemas mundiales. Y que pueda proyectar sus activos estratégicos, su compromiso democrático y su vocación de integración.

La política exterior contribuirá a fortalecer la paz y la estabilidad regional, La política exterior está concebida como una palanca fundamental del desarrollo nacional: articula  la inserción internacional del país con las prioridades económicas, sociales, de seguridad y de innovación y se convierte en  una herramienta formidable para acceder a la revolución tecnológica y digital en curso.

• Las prioridades estratégicas

La política exterior del país se implementará a partir de tres prioridades, o ejes estratégicos. Primero, consolidar un servicio exterior profesional y moderno basado en la meritocracia, la estabilidad institucional, la equidad de género y el fortalecimiento de capacidades técnicas y diplomáticas, que permitan interpretar el nuevo orden global y defender eficazmente los intereses del país.

Segundo, impulsar un relacionamiento internacional pragmático, sin alineamientos rígidos,  diversificado  y comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional, que fortalezca nuestros vínculos bilaterales y fomente la buena vecindad, el desarrollo y la seguridad fronteriza . Apostaremos por el  establecimiento de alianzas con los principales actores del  sistema internacional -gubernamentales y no gubernamentales- así como  con nuevos socios y mercados que amplíen la presencia de Colombia en Asia Pacífico, Medio Oriente, África y en regiones emergentes y otros países del sur global.

Y tercero, promover una diplomacia orientada al desarrollo humano, en consonancia con   los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Se aprovecharan la cooperación y la financiación internacional para  fortalecer la lucha contra la criminalidad trasnacional organizada, apoyar la recuperación de la seguridad nacional y hemisférica y procurar una movilidad internacional regular y asistida, que  estreche los vínculos con  la diáspora colombiana.

• ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional, así como de las instituciones creadas para velar por la paz y la seguridad internacionales? Específicamente, ¿cuáles serán las líneas de nuestra participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Defender el multilateralismo en el tránsito hacia un orden internacional más plural, competitivo e incierto, es defender la estabilidad, la paz y los intereses de Colombia como parte del sistema internacional. Abogar por el respeto al derecho internacional es una prioridad ante el debilitamiento creciente de las reglas que han contenido los conflictos durante décadas, las acciones unilaterales y la tendencia a que prime  el uso de la fuerza sobre al diplomacia. Para un país como Colombia con economía abierta, amenazas al estado de derecho, una vecindad compleja, vulnerabilidad climática y su condición de potencia media, hacen del multilateralismo un soporte para la seguridad, la cooperación y el desarrollo interno.

A. Naciones Unidas es una institución decisiva en un momento crítico. Sin embargo, evidencian la  inoperancia  de la Organización  casos emblemáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, las acciones militares de Israel en Gaza, las intervenciones letales en Irán, Líbano y Siria; las hambrunas en África y la imposibilidad de contener la guerra interna y la barbarie en Sudán. La ONU no puede seguir paralizada por vetos, insuficiencia financiera y mandatos desactualizados. Se requieren reformas prácticas que mejoren la capacidad de prevención, agilicen la acción humanitaria y amplíen la representación de regiones sub-representadas.

 Estas reformas son necesarias para que Naciones Unidas pueda ser, efectivamente,  una plataforma para enfrentar conflictos geopolíticos, proteger derechos humanos, reducir desigualdades y buscar respuestas a la crisis climática. Por ello, ratificaremos los principios de la Carta de la ONU, la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la iniciativa ONU 80, promoviendo un sistema multilateral más participativo, eficiente y representativo del nuevo orden internacional.

La elección de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad  para el período (2026-27) abre un espacio privilegiado para recuperar presencia internacional, recomponer relaciones bilaterales deterioradas, e impulsar una agenda externa vinculada a las prioridades nacionales Mi gobierno se enfocará en contribuir a la solución de controversias y conflictos, buscando que la ONU sea más efectiva y será propositiva. Así mismo, se  aprovechará su condición en el CS para articular una agenda coherente de seguridad, paz y derechos humanos que nos aliente a construir democracia desde adentro y no solo a nivel discursivo. Acompañaremos la permanencia y fortalecimiento del  mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia parala  implementación del Acuerdo de Paz. (2016). Es una tarea de la Cancillería  poner en marcha una estrategia diplomática para recuperar el apoyo unánime del CS a la Misión de Verificación  y su mandato.  

Desde el Consejo de Derechos Humanos, donde ejercemos actualmente la membresía (2025-2027), se promoverá  la defensa de los principios democráticos y del estado de derecho, así como la protección universal de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin sesgos ideológicos y criterios selectivos.  Colombia procurará, como parte de su política de diversificación, la más amplia y activa  participación en foros, asociaciones y plataformas de integración regional. Por ello, será primordial la presencia en instancias globales especializadas y en mecanismos de articulación con organismos financieros, comerciales y ambientales, en especial en:

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: lograr el estatus de miembro pleno.

ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Reactivar las relaciones a través de la Alianza del Pacífico.

BRICS: desarrollar relaciones más estrechas con este bloque de países y mantener la membresía en el New Development Bank, o Nuevo Banco de Desarrollo, adhesión ratificada en julio de 2025

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: dinamizar el proceso de incorporación de estándares y de provisión de cooperación técnica.

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte: aprovechar la capacitación, cooperación y ventajas estratégicas que trae el estatus de  “socio global”, ratificado en 2018

RCEP, Asociación Económica Integral Regional: avanzar hacia el logro de preferencias arancelarias y representación comercial en sus 15 estados miembros.

B. Acuerdos comerciales y financieros equilibrados

Colombia apoyará, como un esfuerzo conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda, los mecanismos internacionales de financiamiento. Lo que incluye el respaldo a una nueva capitalización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propuestas sobre nuevos mecanismos de financiamiento de estas instituciones, y a cambios en su gobernabilidad, para darle una participación adecuada a los países en desarrollo. Promoveremos, así mismo, el avance de los bancos regionales y subregionales de los cuales somos miembros: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Fomentaremos la ejecución de los acuerdos de 2021 en la OCDE en materia de cooperación tributaria internacional. De otra parte, se evaluaran los acuerdos de inversión, cooperación financiera, estabilidad jurídica, los Tratados de Libre Comercio y el régimen de Zonas Francas, con el propósito de asegurar su conveniencia, equilibrio y beneficio real para los colombianos.

• ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones de creciente relevancia (África, Asia-Pacífico)?

Mantendremos un buen entendimiento, canales de comunicación y una diplomacia profesional con los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, cuidaremos las relaciones estratégicas y buscaremos ampliar el horizonte internacional de Colombia

A. Reconstruir la relación estratégica con Estados Unidos

Reparar la relación con Estados Unidos implica recuperar la confianza, retomar el diálogo político de alto nivel, restablecer la cooperación y renovar una agenda para el beneficio mutuo.  Consolidarla exige una estrategia de control de daños que va a requerir conocimiento, experticia, método y diplomacia. Va a demandar, así mismo, el concurso de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil que han jugado un papel central en el mantenimiento de la relación binacional, así como en la continuidad de los vínculos bipartidistas.

Comercio, inversión, turismo, seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado, migración irregular y desarrollo productivo, estarán en el centro de una agenda de interés común, que incluya asegurar el bienestar de los colombianos en territorio estadounidense.

Con Estados Unidos compartimos un objetivo común en la lucha contra el narcotráfico que ha cobrado miles de víctimas y afectado severamente la salud pública. La lucha contra las drogas ilícitas debe ser integral, coordinada y bajo criterios de corresponsabilidad, con el objetivo de atacar todos los eslabones de su cadena. Restablecer la cooperación financiera, militar, judicial, de inteligencia y tecnológica es prioritario.

Nos unen, además, los más de 2 millones de colombianos en Estados Unidos y cerca de 50.000 estadounidense residentes en Colombia. Otro aspecto central son las remesas que recibe el país y que son nuestra principal fuente de divisas (se estiman en $US 13.000 millones anuales), por encima de flores y petróleo; más de la mitad provienen de Estados Unidos ($US 6.300 millones en 2024).

Las relaciones comerciales son sólidas, pero hay que dinamizarlas. El crecimiento reciente de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos debe mantenerse, al tiempo que se debe diversificar la canasta exportadora, gracias al despliegue de una agenda económica que aproveche el nearshoring y posicione a Colombia como socio confiable en energía, minerales críticos y servicios de alto valor agregado. EE. UU. sigue siendo el principal destino de exportaciones de Colombia y el mayor inversionista en el país.

En el diálogo renovado  que se establezca con USA, a partir del 2026, tendrá un lugar relevante en la agenda la transición democrática y la reconstrucción económica de Venezuela. Su viabilidad y sostenibilidad comprometen  la seguridad, la estabilidad y la paz de Colombia. Propiciaremos un diálogo  encaminado a la cooperación trilateral, que debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes campos:

– inteligencia, seguridad y control fronterizo con uso de tecnología avanzada para el desmantelamiento de las redes criminales, las economías ilícitas y las cadenas logísticas de los grupos armados articulando cooperación judicial, capacidades técnicas y financieras.

-presencia integral del Estado con inversión social y productiva, fortalecimiento institucional local, conectividad e infraestructura estratégica que modernice pasos fronterizos, corredores logísticos, puertos fluviales.

-Zonas productivas binacionales, clústeres agroindustriales y de economía verde, con participación del sector privado, para generar empleo formal y comercio legal. Es necesario recuperar y actualizar los esquemas de complementación productiva que ya funcionan (automotor, siderúrgica, química) para reindustrializar el comercio binacional con valor agregado.

-La reactivación petrolera y química venezolana abre la puerta a un diálogo tripartito que posicione a Colombia como hub industrial proveedor, articulando cadenas regionales y acceso a mercados estadounidenses, especialmente donde la industria colombiana es competitiva.

-El aprovechamiento productivo del territorio abre la puerta para desarrollar un acuerdo binacional con USA en energía solar y eólica en la Guajira colombiana y venezolana, una de las mejores regiones del mundo en condiciones geo climáticas.

-Frontera y migración: manejo coordinado y conforme al derecho internacional de la migración irregular. Impulso de macroproyectos de formación y certificación de habilidades para migrantes retornados.

B. Reestructurar la relación con Venezuela

Venezuela es una de nuestras prioridades estratégicas; además , es nuestro principal vecino con el que compartimos 2.219 km de frontera, la más dinámica de Suramérica,  tenemos una interdependencia histórica  y en su territorio residen más de  dos millones de connacionales,. La seguridad nacional, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestra población se han puesto en riesgo por el accionar del  crimen transnacional  y de  los grupos armados organizados como El ELN, hoy una guerrilla binacional, que operan con la tolerancia, o  la incapacidad del régimen venezolano para combatirlos.

Nuestra política será de “cero complicidad con el régimen”. Mantendremos  abiertos los canales diplomáticos dándole prioridad a una política integral de seguridad fronteriza, a la protección consular activa , a la normalización y expansión del comercial formal y el tránsito entre los dos países. La  movilidad humana segura y la Integración productiva en las zonas binacionales pueden generar empleo y reducir incentivos a la economía ilícita.

Nuestro gobierno está decidido a acompañar una transición en Venezuela, conducida por los venezolanos, que restaure derechos y libertades y a desempeñar un rol activo en la reconstrucción económica del país, explorando oportunidades de comercio e inversión. Estará en la agenda, como se ha señalado, una  cooperación trilateral con USA, con el concurso de los países de la región.

C. Con la Unión Europea (UE) consolidaremos la  ¨Alianza Estratégica Vinculante” que tenemos desde 2023 y que eleva formalmente el nivel de la relación. Compartimos valores esenciales: un mundo sostenible, equitativo, seguro, democrático y comprometido con la paz. La Alianza con la Unión Europea adquiere un gran valor político en un momento en que la democracia liberal y sus instituciones atraviesan una crisis de legitimidad y eficacia global

Afianzar esta Alianza es fundamental porque combina acceso preferencial a mercados, cooperación político-técnica de alto nivel, financiamiento verde y social, y representa un estímulo para elevar estándares institucionales y productivos. Por ello, trabajaremos para que Colombia sea un socio relevante en la estrategia Global Gateway, la principal iniciativa europea de inversión internacional en áreas clave del desarrollo productivo y la sostenibilidad.

 Para el desarrollo de la Alianza y sus oportunidades en comercio e inversión, es necesario avanzar en la adaptación del aparato productivo exportador a los requerimientos y exigencias de la Unión Europea. Europa tiene altos estándares y exigencias en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares técnicos y requerimientos de sostenibilidad. Así mismo, es  necesario coordinar con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Ambiente el acompañamiento a las empresas exportadoras, desde la producción hasta la comercialización final, para asegurar cadenas de valor integralmente certificadas.

En materia migratoria, Europa-UE continúan siendo uno de los principales destinos para los colombianos que emigran, en particular España, por lo que se pondrá en marcha, liderado por Cancillería-Migración Colombia, el programa de Migración ordenada Segura y Asistida. Adicionalmente, a través de esta alianza se podrá potenciar el diálogo y la negociación de bloque a través de la CELAC- UE, como mecanismo de integración para aprovechar la relación birregional.

C. Colombia en el siglo asiático: del rezago a la acción estratégica

China es la mayor potencia comercial. Su economía representa alrededor del 18.6 % del PIB mundial (PPA), la participación más alta de cualquier país, superando a Estados Unidos en ese indicador. En materia militar, el presupuesto de defensa para 2025 asciende a aproximadamente US$ 245-249 mil millones, consolidándola como la segunda nación con mayor gasto militar del mundo.

China mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 185 países y  con 180  ha establecido cooperación o asociaciones diplomáticas formales. A través del Belt and Road Initiative (BRI) ha firmado acuerdos de cooperación con más de 140 países y unas 30 organizaciones internacionales. Ha promovido su “influencia blanda” mediante diplomacia cultural, educativa y cooperación internacional y firmado convenios con decenas de países, expandiendo su red de asociaciones globales.

La relación con China desde la apertura de relaciones diplomáticas en 1980 ha estado marcada por la cordialidad, pero ha sido poco profunda, con improvisación, asimetrías comerciales y una institucionalidad insuficiente. China es el principal origen de las importaciones de Colombia (27,4% en 2025), con un crecimiento del 14% interanual – aunque la  balanza comercial siempre ha sido deficitaria- y uno de los actores más relevantes en construcción de infraestructura vial. La adhesión de Colombia en mayo de 2025 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y su membresía en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS abren oportunidades, pero exigen conocimiento, capacidad negociadora y transparencia para que se traduzcan en beneficios mutuos.

Colombia debe construir una política exterior que equilibre sus relaciones externas y se inserte en un sistema internacional multipolar. Una diversificación inteligente no implica el deterioro de los vínculos con un socio y aliado fundamental, como Estados Unidos, ni con otros socios regionales.

Por ello,  uno de los objetivos de la política exterior es transformar la relación con China como uno de los instrumentos clave para el  del desarrollo interno. Una relación de largo plazo exige capacidades estatales estables, profesionales y técnicas. En este marco, se desarrollará la institucionalidad necesaria para garantizar un manejo diplomático adecuado, la coordinación, gestión y seguimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales con este país.

Como un apoyo a la diversificación, la inserción en Asia y el fortalecimiento de la relación con China desarrollaremos la relación diplomática y comercial con miembros del bloque BRICS, tanto plenos como asociados, dando prioridad a Brasil, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Etiopía, Nigeria y Turquía. Así mismo, se debe Utilizar la Alianza del Pacífico, la CELAC y otros mecanismos regionales para promover sinergias de cooperación, promover integración productiva, cadenas de valor y coordinación política.

D. Ampliación del horizonte internacional del país: nuevos socios, aliados y mercados

Ampliar el horizonte internacional y diversificar las relaciones exteriores más allá de los países vecinos, Europa, Estados Unidos y China contribuye a interpretar mejor el nuevo orden global y las tensiones geopolíticas, sin alineamientos rígidos, así como  a ampliar la capacidad de negociación del país.

Esta proyección, particularmente hacia Asia, el Indo-Pacífico, potencias emergentes, Emiratos Árabes Unidos, otros países del Sur Global y África, robustecen al país como potencia regional media. La diversificación no es solo expansión internacional, es una política de protección, estabilidad e influencia.

Nuestro comercio exterior, flujo de inversiones extranjeras y de ingresos por cooperación, se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Un nuevo orden económico marcado por el desacoplamiento de los mercados y el neoproteccionismo limita el acceso de nuestros bienes en Europa y Estados Unidos, a lo que se suma nuestra baja diversificación de la oferta exportadora y de la producción. Por ello, debemos acelerar nuestra relación con la totalidad de Asia y sus países emergentes:  India, Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Bangladesh, principalmente:

-Acelerar la revisión de los acuerdos de protección de inversiones con Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos.

-Establecer condiciones para asegurar que los flujos de inversión asiáticos permitan la transferencia de tecnología y conocimiento entre las empresas de producción nacional en asocio con el ecosistema académico.

-Las inversiones en Colombia desde Asia deben focalizarse en infraestructura; minerales, desarrollos farmacéuticos (vacunas) y agroindustriales, generando empleo y transferencia de conocimiento.

-Las exportaciones, teniendo en cuenta nuestro tejido productivo y capacidades, puede promoverse en insumos y excipientes para diversos sectores demandados por los países asiáticos.

Requerimos una política para la integración estratégica con Asia que trascienda los gobiernos, como el centro gravitacional de la nueva geografía económica global; por tanto, una política de Estado  que supere la fragmentación institucional y la toma de decisiones fragmentada -como ocurrió con el Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta- y que defina con claridad para qué, cómo y con quién integrarse.

La apertura de nuevos mercados será un objetivo central fruto de un esfuerzo conjunto entre los actores privados y el sector público. Es necesario que se complementen los esfuerzos diplomáticos con gestiones comerciales y compromisos sectoriales que permitan asegurar la calidad de los productos exportados, el cumplimiento de las condiciones pactadas y el acatamiento de las condiciones sanitarias, fitosanitarias, de etiquetado y sostenibilidad..

Para lograr una inserción inteligente en Asia, el país debe cumplir seis condiciones estratégicas: (1) construir una estrategia nacional consensuada; (2) asegurar convergencia institucional real; (3) formar capacidades para administrar ecosistemas de inversión y tecnologías asiáticas; (4) adoptar una política multidireccional con tratamientos diferenciados por país; (5) reforzar la estructura de promoción comercial y de inversiones, especialmente ProColombia y las agencias regionales; y (6) profesionalizar a funcionarios, empresarios y academia en temas asiáticos.

Es necesario crear un Grupo Articulador de Política para Asia, de alto nivel, que integre al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil y sirva como órgano consultivo del Ejecutivo, que garantice coherencia estratégica y continuidad de la política de inserción.

E. Ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales con África: una apuesta

 Esta apuesta le ofrece a Colombia una oportunidad estratégica para diversificar mucho más su política exterior. África es hoy un escenario clave de competencia global, con economías dinámicas, transición demográfica acelerada y un creciente peso diplomático en foros multilaterales.

En el plano económico, África representa un mercado emergente con alto potencial para exportaciones colombianas en agroindustria, servicios, logística, energías renovables y economía digital, además de oportunidades de cooperación en seguridad alimentaria y cadenas de valor resilientes.

A nivel multilateral, una alianza más profunda con África fortalecería la capacidad de Colombia para incidir en debates sobre reforma de la gobernanza global, financiamiento climático, equidad en el comercio internacional y desarrollo  humano. Colombia mantendrá el estatus de observador en la Unión Africana que tiene desde 2008, permanecerá su embajada en Etiopía y evaluará el desempeño de sus cinco representaciones diplomáticas en el continente.

F. Canadá en camino de convertirse en socio estratégico

Según la última publicación de la Cámara Canadiense para las Américas: “Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe,” la relación entre Canadá y la región ya no debe operar como una  transacción comercial, o únicamente extractiva. Colombia y Canadá mantienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, sustentadas en consultas políticas permanentes, cooperación para la paz y marcos institucionales sólidos. Ha apoyado a Colombia en justicia transicional, protección de comunidades, desminado, asistencia humanitaria y desarrollo rural, así como en cooperación ambiental bajo el Canadá-Colombia Agreement on the Environment, complementada por gobernanza climática, transición energética y producción sostenible.

Con aportes concretos en proyectos sociales, ambientales y de movilidad técnica, Canadá y Colombia pueden coordinar esfuerzos a lo largo de la región, generar transferencia de conocimiento y apoyar políticas estratégicas que promuevan seguridad-paz, desarrollo inclusivo y resiliencia frente a desafíos económicos, sociales y climáticos.

• ¿Cuál será́ su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

A.  La buena Vecindad. Mi gobierno asumirá como uno de los ejes centrales de la política exterior reconstruir las relaciones con los países vecinos mediante una diplomacia  pragmática, desideologizada y orientada a intereses comunes. Se reestablecerán canales políticos de alto nivel, mecanismos técnicos permanentes y una agenda centrada en seguridad, integración y desarrollo fronterizo . Con Ecuador se deben privilegiar los canales diplomáticos para superar la innecesaria confrontación ideológica entre presidentes y la tensión comercial y coordinar acciones contra grupos armados ilegales, economías ilícitas y narcotráfico en la frontera. Con Perú se  recuperarán las relaciones diplomáticas plenas y se tramitará el diferendo por la isla de Santa Rosa, mediante el diálogo y la normatividad vigente para ambos países, priorizando la navegabilidad, conectividad y  protección de la Amazonía. 

Con Brasil, nos proponemos transformar una relación distante en una alianza  estratégica en diversos campos clave para ambas naciones: cooperación militar, policial y judicial para combatir el crimen transnacional, impulso al comercio y diversificación de exportaciones, conectividad física y digital,  transferencia de tecnología,  intercambio educativo y cultural, así como acciones conjuntas para fortalecer el OCTA y la conservación del bioma amazónico.

 Con Panamá,  se avanzará para construir una política integral que enfrente  las redes criminales que operan en el Darién y que utilizan la migración irregular para el contrabando, el reclutamiento de menores, la trata de personas y explotación sexual. Estrechar los vínculos comerciales, financieros y de inversión estarán también en la agenda. Colombia tiene con todos sus vecinos un amplio potencial de entendimiento. Integración y cooperación regional. Es necesario para avanzar en esta dirección relanzar los gabinetes binacionales, las comisiones de vecindad, las visitas empresariales y académicas y todos los mecanismos bilaterales que se puedan implementar para fortalecer la institucionalidad fronteriza y sub regional.

Política integral de fronteras y presencia marítima. Garantizaremos nuestra soberanía e integridad territorial fortaleciendo la presencia del Estado en las fronteras terrestres y marítimas ,especialmente en el Caribe y el Pacífico, mediante el relanzamiento de gabinetes binacionales y comisiones de frontera que coordinen políticas de seguridad, comercio, migración y desarrollo territorial. Las fronteras dejarán de ser zonas de abandono para convertirse en espacios de integración económica y cooperación regional.

B. Integración regional y concertación política

Seremos promotores de una decidida  y efectiva integración con Latinoamérica y el Caribe. Colombia está avocada  a  impulsar una agenda regional pragmática y  a liderar propuestas de convergencia, ajenas a la afinidad ideológica, que ha obstaculizado por años los procesos de integración en el hemisferio. Infraestructura, conectividad, innovación, ciencia y tecnología, adaptación al cambio climático,  reducción de la deforestación, salud, educación y movilidad académica, son campos no contenciosos que facilitan coincidencias y  acuerdos viables de intercambio y cooperación. Una agenda regional pragmática implica, así mismo, convergencia regulatoria y cadenas de valor latinoamericanas, que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización productiva y fortalecer su competitividad.

La coordinación diplomática latinoamericana también eleva la incidencia de Colombia y de la región en debates globales sobre clima, comercio, financiamiento para el desarrollo y reforma del multilateralismo. América Latina tiene la oportunidad de construir un agenda propia y abanderar temas, que han abandonado, o ignorado las grandes potencias, para proteger la democracia y avanzar hacia una región más justa, inclusiva, participativa y paritaria.

En este contexto, la integración económica, la cooperación financiera y la concertación política son fundamentales. El país ha presidido a lo largo de este gobierno cinco grupos de integración y concertación: la Comunidad Andina, CAN; la Alianza del Pacifico, AP; la Asociación de Estados el Caribe; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el Consenso de Brasilia. Escenarios propicios para ejercer un liderazgo regional y para fomentar acciones coordinadas en temas más críticos y objeto de disensos, pero cruciales, como  lucha contra el crimen organizado  en todas sus modalidades y la  seguridad de la región. Por ello las agendas de largo plazo con los distintos mecanismos de integración regional tendrán en cuenta la capacidad  y potencial de casa uno de ellos, así como su incidencia en el escenario hemisférico y global. Se fortalecerán las relaciones bilaterales y de cooperación entre los países miembros de la AP como una forma de  revitalizar la principal plataforma de inserción hacia el Asia- Pacífico, eje del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI. La CAN, hoy debilitada, es un mecanismo subregional que hay que preservar pues favorece la integración económica, normativa y la libre circulación y movilidad entre los países.

Respaldaremos las reformas que contribuyan a un agestión más moderna  y eficiente. La participación en la  CELAC debe mantenerse y procurar un mayor dinamismo y eficacia ya que agrupa a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y  por su rol como puente hacia otras regiones del mundo. El país ejercerá con compromiso y competencia las secretarias y presidencias pro tempore que le correspondan.

 Con el Tratado de Cooperación Amazónica OCTA se pondrá en marcha una agenda ambiciosa, concertada con los países miembros, especialmente con Brasil, para definir mecanismos concretos de cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y explotación sexual, contrabando, expansión ganadera y minería ilegal. También se promoverá la cooperación en seguridad alimentaria, desarrollo socio-económico de los espacios amazónicos y acuerdos sobre infraestructura de trasporte y navegación comercial en los ríos para propiciar la integración sostenible de estos territorios. La lucha contra la deforestación y la protección de la diversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos más vulnerables del planeta, reclaman una estrategia robusta para proteger este bien público global de la mano de la cooperación y la financiación climática internacional.

Colombia es una potencia hídrica con cerca de diez ríos internacionales que definen límites establecidos en tratados, e integran a las comunidades de frontera. Los ríos fronterizos son ejes de integración. La política fronteriza, además de proveer seguridad, se orientará a la formalización económica mediante incentivos tributarios, censos industriales y comerciales, así como al desarrollo de la infraestructura de intercambio.

C. La Organización de Estados Americanos, OEA,  es un compromiso con el multilateralismo interamericano. Aunque también tiene limitaciones e inoperancias acumuladas, sigue siendo el principal foro político del continente y un espacio  vital para el diálogo hemisférico..

Reformar y modernizar la OEA es una apuesta pragmática por preservar un mecanismo común que aún tiene la capacidad de propiciar la convivencia política  en una zona libre de guerras interestatales. Asegurar una presencia activa en la OEA en defensa de sus principios y mandatos, es otro lineamiento fundamental de nuestra política exterior:

Colombia respaldará los cuatro pilares fundamentales de la Organización: democracia, derechos humanos, seguridad hemisférica y desarrollo integral. Y reiterará su apoyo a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana; a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pilares del orden jurídico regional; a las Misiones de Observación electoral y a la MAPP-OEA, que ha acompañado los procesos de paz  en Colombia.

Continuaremos  impulsando el fortalecimiento y operatividad del MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) de lucha contra las drogas del hemisferio, alineado con la agenda 2030 de la ONU. Y haremos parte del grupo de países comprometidos con el apoyo a la reconstrucción de Haití bajo un enfoque solidario coordinado  que permita materializar la cooperación

II. AGENDA INTERNACIONAL. TEMAS PRIORITARIOS

1. Dos temas esenciales en la política exterior colombiana, a la vez que desafíos de la comunidad internacional, son las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas. ¿Cuál será́ la estrategia de Colombia en su gobierno para enfrentar estos asuntos?

A. Sobre las crisis migratorias se implementará una estrategia de movilidad internacional segura. Desarrollaremos una política integral de movilidad internacional que aborde sus distintas dimensiones y que promueva una migración regular, segura y ordenada; movilidad laboral y académica, protección social para migrantes y programas de retorno digno y productivo. Se agilizarán los procesos de repatriación.

Colombia puede y debe liderar una política migratoria, como política pública, que fomente la inclusión, regularización, integración laboral y social y protección de los derechos de la población migrante. Actuaremos de conformidad con los principios del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y Regular. Y, se fortalecerá la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual, con especial enfoque en mujeres, niños y poblaciones vulnerables.

B. La política para combatir las drogas ilícitas

 La cadena del narcotráfico  ha distorsionado la economía colombiana (varios estudios estiman que puede llegar a representar el 4% del PIB), ha conducido a que el país sea el primer productor de cocaína a nivel mundial, es un poderoso pero perverso factor de movilidad social, ha penetrado las estructuras del  poder nacional,  regional y local y corrompido la política, e impactado la cultura y ha transformado el conflicto armado interno convirtiéndose en un factor que perpetua la violencia.

Por ello, la estrategia que se ponga en marcha para combatir las drogas ilícitas no es solo nacional y debe ser integral. Debe estar basada en la corresponsabilidad internacional que combine seguridad, desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas, inteligencia financiera y reducción de la demanda. La cooperación hemisférica y global son fundamentales.

Trabajaremos, en esta dirección, para reestablecer una cooperación efectiva con los principales socios, especialmente con USA y países fronterizos, sobre la base de una agenda compartida y resultados verificables.

Conjuntamente, vamos a atacar las rentas criminales, impedir el lavado de activos, agilizar la extinción de dominio de bienes, congelar cuentas ligadas y desarticular las distintas estructuras criminales. Renovaremos nuestro compromiso con el multilateralismo y los organismos especializados de lucha contra las drogas, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la OEA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  (JIFE) y todos los mecanismos bilaterales y regionales de cooperación para  enfrentar esta batalla global.

2. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial en materia de cambio climático, biodiversidad y contaminación, y cómo identifica que estos instrumentos internacionales pueden potenciar su acción de gobierno en la protección del medio ambiente y en el camino hacia una reactivación económica sostenible e inclusiva, tomando en cuenta que Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático?

A. Alianza Global por un Planeta Sostenible

 Mi gobierno, reiterará nuestro compromiso con el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, de los cuales Colombia es creadora, al tratarse de un agenda universal e integral de desarrollo y sostenibilidad, de largo alcance. En este marco promoveremos la creación de una “Alianza Global por un Planeta Sostenible” que impulse amplios consensos para una acción climática asertiva, y facilite la construcción de liderazgo en asociación con América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante tener presente que Colombia, aunque abogue por su reducción, no es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo pero sí una reconocida potencia ambiental.

En consonancia con las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, que reafirman las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y su estrecha interdependencia con la protección efectiva de los derechos humanos, se buscará consolidar la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y la reducción de la deforestación como pilares de la diplomacia ambiental.

En este marco, el país impulsará el reconocimiento de los bosques tropicales, la biodiversidad y las fuentes de agua como bienes públicos globales de carácter transfronterizo, cuya conservación exige esfuerzos compartidos y un financiamiento corresponsable por parte de la comunidad internacional  Promoveremos  la creación y el fortalecimiento de instrumentos  innovadores de coinversión ambiental, como el Fondo de Cali, el Fondo Chocó Biogeográfico y el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), así como un Fondo Amazónico con gobernanza conjunta y nuevos mecanismos regionales de cofinanciación climática.

Como segundo país más biodiverso del mundo  asumiremos el compromiso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas, impulsar una restauración ecológica a gran escala y proteger los servicios ambientales estratégicos que sostienen tanto al país como a la región andina y amazónica.

 La Amazonia representa más del 42 % del territorio nacional, alberga 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados, regula más del 40 % del agua superficial del país y cumple una función crítica en la seguridad climática regional y global. Ante la acelerada degradación de la Amazonia colombiana- marcada por la deforestación, la minería ilegal, la expansión ganadera, la construcción de infraestructura informal, la criminalidad transnacional y la pérdida de gobernabilidad territorial- Colombia impulsará un Plan de Emergencia Amazónico orientado a: contener la deforestación, combatir las economías ilegales, fortalecer la institucionalidad  y promover alternativas económicas sostenibles

 Este esfuerzo responderá al llamado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha señalado la necesidad de un mecanismo político y administrativo de alto nivel para coordinar de manera integral la recuperación del bioma amazónico, superando la fragmentación sectorial del Estado.

La Amazonía, adicionalmente, en un espacio privilegiado para aprovechar la biodiversidad y  las ventajas geopolíticas de Colombia, uno de los dos países bioceánicos en el mundo. En el mediano plazo podríamos convertirnos en un punto de confluencia entre América Latina, Norteamérica y los mercados de Asia- Pacifico. igualmente, podríamos transformarnos en hub regional de energías limpias, minerales estratégicos y cadenas de valor, y en articulador de corredores logísticos, digitales y energéticos entre el Caribe, la Amazonía y la cuenca del pacífico.

De otra parte, Colombia promoverá una transición energética gradual, ordenada y equitativa territorialmente, sustentada en condiciones habilitantes como cooperación internacional diversificada, fortalecimiento de capacidades, acceso a tecnología y mecanismos innovadores de financiamiento, además de una hoja de ruta clara y lineamientos establecidos.

En los foros multilaterales impulsaremos políticas y acciones vinculantes tanto en la Convención Marco  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las instancias de la OEA y el Acuerdo de París, promoviendo coaliciones temáticas, diálogo político de alto nivel y mecanismos de cooperación técnica y financiera que aceleren la implementación de compromisos ambientales.

3. En un contexto de creciente competencia geopolítica, ¿qué postura adoptará Colombia frente a coyunturas como la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China?

Frente a la guerra Rusia- Ucrania reafirmaré, como principio fundamental de la política exterior, la defensa de la soberanía de los estados y de su integridad territorial frente a cualquier forma de agresión. Colombia  aboga por el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.  Y respaldará las iniciativas para una salida política y negociada que conduzca a un cese al fuego inmediato y a una  paz pronta y sostenible. Ningún país ni organización debe convertirse en obstáculo para un acuerdo. Colombia alienta a los países que han desplegado esfuerzos para mediar entre los dos países a continuar haciéndolo hasta lograr un acuerdo que ponga fin al sufrimiento humano que ha generado esta guerra violatoria del orden internacional y de la convivencia pacífica.

Respecto al conflicto Israel- Palestina

Se debe poner fin al doloroso conflicto que padecen los pueblos de Israel y Palestina. Condenamos el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes y los que ha perpetrado Hezbolla.

La franja de Gaza vive una tragedia humana inadmisible. Nada justifica el ataque contra civiles, ni  las acciones de los colonos que arrebatan las tierras de palestinos en Cisjordania. Colombia ha sido partidario de la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, conviviendo pacíficamente con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Las operaciones militares del gobierno de Netanyahu en Gaza han sido violatorias del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que Colombia respeta y defiende.

Es urgente e imperativo el alto el fuego inmediato en Gaza, no utilizar el hambre como arma de guerra y permitir el acceso de la población, especialmente de la infantil, a la asistencia humanitaria sin obstáculo alguno.  Una vez se lleven a cabo estas acciones se amplían los espacios para la diplomacia y en ese escenario se debe mantener el vínculo diplomático con ambos Estados, y contribuir a la solución de la crisis en curso tanto desde el ámbito bilateral como el multilateral.

⁠Colombia ha apoyado y debe continuar apoyando todas las resoluciones de Naciones Unidas en este sentido.

En cuanto a la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China se ha dado la respuesta más arriba al referirnos a los dos países. La disyuntiva no es Washington o Beijing. Es una falsa disyuntiva. Se trata de un relacionamiento equilibrado y diversificado en un mundo multipolar que amplie la presencia internacional del país. Y de una inserción inteligente, pragmática  y de largo aliento en Asia Pacífico, eje, como se ha dicho, del desarrollo económico y tecnológico del siglo XXI.

Colombia no puede permanecer a espaladas de las profundas transformaciones geopolíticas del orden global.  La política exterior y la diplomacia que desarrollemos deben interpretar esta nueva realidad y preparase en consecuencia para poder actuar con autonomía estratégica, tener incidencia y defender eficazmente los intereses nacionales.

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

1.¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico de la política exterior colombiana y de la institucionalidad del Estado, y cómo piensa aprovechar su capacitación especializada en los escenarios multilaterales y bilaterales prioritarios para el país?

Dignificar el servicio exterior será una de mis prioridades como Presidente. Esta estratégica función del Estado  ha perdido credibilidad y profesionalismo  erosionado la institucionalidad de la Cancillería y ha afectado su gestión externa. La alta rotación en cargos directivos (4 Cancilleres en tres años), cambios continuos en los viceministerios y direcciones especializadas han afectado la estabilidad y desvirtúan la experiencia, el rigor y el método que exige el ejercicio de la diplomacia.

La preponderancia de nombramientos políticos  sin observancia de los requisitos profesionales y aptitudinales se ha traducido en un déficit de representación en el escenario internacional y de  capacidades estratégicas, a lo que ha venido a sumarse la decisión presidencial de abolir el inglés y todos los requisitos básicos para nombramientos políticos en el exterior, en particular Embajadores y Cónsules. Estas mediadas hay que reversarlas.

Se propone una reconstrucción institucional del servicio exterior basada en los siguientes criterios rectores:

Si bien en términos numéricos la Carrera Diplomática y Consular (CD-C) ha seguido creciendo, su presencia en cargos de Dirección y de Jefaturas de Misión está muy por debajo de lo requerido para una Cancillería que pretende profesionalizarse y ampliar su presencia internacional. Un mejor servicio exterior, en particular una CD-C más fuerte, demanda crecimiento numérico, mejor capacitación y oportunidades de liderazgo para sus miembros, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia.

1. Propuestas específicas:

• Continuar el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular, manteniendo los concursos anuales y proyectando que, en un plazo de 10 años, al menos el 80% de los cargos de naturaleza diplomática sean de carrera. Para el efecto, es importante garantizar que el tamaño del servicio exterior (cargos de naturaleza diplomática y consular) crezca de acuerdo con el crecimiento de la carrera.
• Aumentar progresivamente el número de Embajadores como Jefes de Misión, hasta llegar a un 60 % al término del gobierno. Al mismo tiempo, aumentar la participación de los funcionarios en los cargos superiores de la carrera (Ministro Plenipotenciario y Embajador, en los cargos de Dirección de la Cancillería, incluyendo al menos uno de los Viceministerios. Para seleccionar las personas a esos cargos de Dirección se convocarán concursos internos.
• Promover una discusión acerca de la actualización del régimen de CD-C, vigente desde el 2000. Para ello, es conveniente incorporar en la discusión, además  de los actores pertinentes (ejecutivo y legislativo), a la academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, organizaciones de funcionarios y otros actores vinculados al a gestión de la política exterior.
• Reformar y fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo para que, además de cumplir con la función de organizar el concurso de ingreso y las pruebas de ascenso, se  restablezca el Centro de Pensamiento Estratégico para producir análisis prospectivos, estudios de política exterior actualizados y líneas estratégicas, que alimenten tanto la formación continua de los diplomáticos como la toma de decisiones de alto nivel.
• Orientar su actividad académica a la capacitación de los funcionarios de CD-C en áreas específicas que la Cancillería determine como relevantes (geopolítica, ciencia y tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, entre otros) y no solamente como preparación para la presentación de exámenes. Profesionalización permanente de todos los funcionarios y asesores externos. La diplomacia debe operar como un cuerpo técnico especializado, con formación continua y actualización sobre asuntos globales.
• El fortalecimiento de la Academia implica, síì mismo, reforzar la capacidad de los funcionarios en habilidades necesarias para el oficio diplomático, como las lenguas extranjeras y la negociación. En ese sentido, es necesario ampliar el número de lenguas que se requieren, más allá de las tradicionales, de manera que se pueda apoyar y fortalecer la capacidad de acción del servicio exterior colombiano en nuevas áreas geográficas donde  necesita expandirse em el marco de su política de diversificación.
• Fortalecer la acción internacional del país a través de la ubicación de funcionarios de CD-C en las dependencias a cargo de asuntos internacionales en las distintas entidades del estado, en particular en  los Ministerios y entidades territoriales.
• Equidad y representatividad: reducción de brechas de género y paridad en el servicio exterior, diversidad regional y fortalecimiento del acceso de jóvenes talentos.

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

A. La institucionalidad de un servicio exterior moderno y eficiente

a arquitectura institucional que sostiene la política exterior de Colombia precisa una evaluación integral que permita modernizarla y fortalecer su capacidad de acción. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector natural del sistema, su eficacia depende de una articulación orgánica y funcional con entidades estratégicas:

Revisar si la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), hoy adscrita a la Presidencia, debe continuar operando por fuera de la institucionalidad de la Cancillería, ya que se pueden diluir prioridades, duplicar esfuerzos y limitar el impacto de la cooperación como instrumento diplomático.

ProColombia debe operar de manera más estrecha y articulada con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar que la promoción de inversión, exportaciones y turismo responda a una visión país unificada y de largo plazo. La proyección internacional de Colombia exige una gobernanza interinstitucional funcional, con enlaces permanentes, flujos de información continuos y procesos de decisión coordinados. Las embajadas y consulados, en coordinación con ProColombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) serán responsables de identificar oportunidades de mercado, contactar potenciales inversionistas y exportadores, y apoyar los intereses comerciales de Colombia en el exterior, actuando a manera de “enlace en el terreno”, ejecutando y adaptando las estrategias a las realidades locales

La rendición de cuentas sobre la gestión diplomática y el manejo eficiente de recursos, con indicadores de desempeño en todas las instituciones del servicio exterior, será la guía para evaluar la pertinencia y permanencia de Embajadas y Consulados.

Digitalización de la Cancillería y los servicios consulares: nuevas tecnologías. El impulso a la modernización del servicio exterior implica la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Se le dará un impulso y nuevas herramientas al proceso ya iniciado en Cancillería, con resultados positivos, para fortalecer la virtualidad en el nuevo contexto de la conectividad y la cooperación a nivel global. Digitalizar los servicios trae muchas ventajas tales como aumentar la eficiencia y estandarización reduciendo tiempos, costos y uniformizando procesos; aumentar la accesibilidad y cobertura para atender una diáspora dispersa y creciente; mejorar la seguridad y transparencia reduciendo los riesgos de fraude; dar mayor continuidad y capacidad operativa para contextos diversos (crisis, emergencias o restricciones de movilidad); y, finalmente, mejorar la toma de decisiones a través de la generación de datos en tiempo real.

 Se apoyará la estrategia del MinTIC para contar una Embajada Cibernética que represente los intereses de Colombia en el ciberespacio, el desarrollo de la política comercial y de inversión en lo digital, y fomente la cooperación en materia de atención de incidentes de ciberseguridad transnacionales.

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

1. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados, de forma que se garantice la adecuada atención y prestación de servicios a los colombianos en el exterior?

2.¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico al país, y proteger sus derechos en los países de residencia, particularmente en contextos de migración irregular o de vulnerabilidad?

3. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes para los millones de colombianos que viven en el exterior?

Contexto

Las y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: son sujetos de derechos, aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país. Su atención y protección  será un objetivo de primer orden. Lo mismo que una política migratoria ordenada, segura y que garantice derechos.

Pese a que  se estima que hay más de 5,5 millones de colombianos en el exterior la política pública hacia la diáspora colombiana requiere una profunda transformación. Existe una Política Integral Migratoria, un Sistema Nacional de Migración, y una reestructuración de la Cancillería. En octubre de 2025 se creó el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, un avance institucional relevante, que apunta en la dirección correcta, pero que es necesario sustentar con recursos humanos, técnicos y financieros.

1. Principales preocupaciones:

• Riesgo sobre las remesas. Las remesas enviadas por los colombianos en el exterior constituyen uno de los flujos de ingreso más estables y continuos para la economía colombiana. Para millones de hogares representa el ingreso que sostiene consumo básico, educación, salud y vivienda. La ausencia de una política clara de protección de las remesas, así como el riesgo de nuevos gravámenes, mayores costos de envío o cargas administrativas, y débil vigilancia de lavado de activos pone en peligro un ingreso esencial para la economía real del país.
• Atención estatal insuficiente y desigual. La capacidad de respuesta del Estado colombiano en el exterior sigue siendo limitada Los consulados operan con sobrecarga, con profundas diferencias de capacidad entre países y brechas persistentes entre la demanda y la oferta de servicios.
• Protección débil de derechos. Persisten riesgos elevados en materia de explotación laboral, trata de personas, detenciones sin acompañamiento consular efectivo y barreras de acceso a salud, educación y seguridad social, especialmente para mujeres y poblaciones vulnerables. Es urgente la atención consular para aquellos connacionales en centros de detención de USA, España y los otros países del mundo donde permanecen recluidos. Se estima para que para 2025  se encontraban privadas de la libertad 21.000 colombianos/as.
• Representación política insuficiente. Los 5,5 millones de connacionales en exterior en registro consular y los 1.250.846 colombianos habilitados para votar cuentan con una sola curul en la Cámara de Representantes, lo que evidencia una desproporción profunda en términos de representación política y una inequidad estructural en el ejercicio efectivo de los derechos democráticos de la ciudadanía colombiana fuera del país.

• Propuestas

Relacionamiento activo con la diáspora que fortalezca  la identidad colombiana. Los colombianos en el exterior y las personas migrantes serán  una prioridad de  la política exterior:  

Creación del Consulado digital: un espacio 24/7 operado desde Colombia, para atender con profesionales de Carrera Diplomática la línea de asistencia y de emergencia a colombianos residentes en el exterior y turistas colombianos, al igual que gran parte de los trámites de manera remota y eficiente.

Protección consular efectiva y digna: embajadas y consulados como centros de derechos y oportunidades; atención jurídica, laboral y social, con servicios digitales.  Se ampliará la cobertura de atención a refugiados y asilados.

•  Se realizará el primer Censo de Colombianos en el Exterior para validar y reconocer con precisión sus condiciones de vida y principales necesidades en los cinco continentes.
• Transformación del programa Colombia Nos Une en una plataforma digital integral de empleo, educación, emprendimiento, inversión y retorno que lleve más servicios a la diáspora colombiana
• Más redes de colombianidad. Promoveremos las redes comunitarias en el exterior para que cada territorio y nodo sectorial fortalezca sus intercambios y potencialidades y se promueva la cooperación entre la comunidad de colombianos.
• Diáspora académica y científica conectada con Colombia. Promover el estudio de jóvenes en el exterior con créditos blandos y facilidades de homologación de títulos para su retorno. Fondos de investigación orientados a conectar investigadores colombianos en Colombia y en el extranjero y fortalecer las redes de colaboración académica.
• Educación y cultura colombiana como el primer programa para connacionales de 6 a 21 años, que permita el aprendizaje de lengua, literatura, geografía e historia colombiana.
• Migración legal, segura y asistida: acuerdos bilaterales de movilidad laboral, información preventiva para reducir la migración irregular y cooperación internacional contra la trata de personas y la explotación que aseguren un apoyo integral a la migración y la calidad de vida de las personas en sus rutas migratorias.
• Movilidad laboral y protección social internacional. Derechos laborales protegidos; ampliación de acuerdos de seguridad social y tributación para garantizar estos derechos, los  pensionales y evitar la doble tributación.
• Retorno digno y productivo: ventanilla única de retorno con acceso a empleo, homologación de títulos, emprendimiento e incentivos para el regreso del talento colombiano con proceso de reincorporación a la vida financiera, académica, laboral en Colombia.
• Lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y/o sexual. Línea de atención internacional para connacionales en exterior que permita atender y procesar denuncias. Mayor énfasis en prevención, cooperación internacional judicial, acuerdos bilaterales y atención integral a las víctimas.
• Enfoque de género y protección diferencial: atención especializada a mujeres migrantes y retornadas, niñez, población LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas.
• Remesas e inversión para el desarrollo: reducción de costos de envío, inclusión financiera y creación de instrumentos de inversión productiva para colombianos en el exterior. .

Los migrantes y los colombianos en el exterior son una comunidad global estratégica: aliados para proyectar a Colombia en el mundo y, al mismo tiempo, ciudadanos que merecen una política exterior que los respalde, los proteja y convierta su talento, remesas, emprendimiento y redes internacionales en motor de desarrollo para el país.

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

En la Comuna 13, esa contradicción no se esconde, más bien convive.

Allí, donde durante años el Estado llegaba tarde o no llegaba, hoy llegan también visitantes con cámaras, grafitis convertidos en relato turístico y cafés que traducen la ciudad al inglés. Pero más allá de ese encuadre —el que circula en Instagram— hay otra historia que insiste: la de los jóvenes que siguen creciendo entre oportunidades fragmentadas.

Y en medio de esa tensión, una casa se vuelve a abrir.

La sede de la YMCA Medellín en San Javier no es solo una renovación física. Es, en el fondo, una declaración política: creer en los jóvenes en una ciudad que todavía no termina de decidir cómo hacerlo. La dirige Daniel Ledesma, 27 años, criado en ese mismo territorio, alguien que no llegó a “intervenir” la comuna, sino que creció dentro de ella.

“Hay en las comunidades mucho más que conflicto, hay posibilidades, arte y jóvenes con un potencial maravilloso”, me dice Daniel, sin romanticismo pero con convicción.

Su historia no es excepcional; es precisamente el punto. Es el tipo de liderazgo que Medellín necesita multiplicar, pero que aún no logra escalar. Porque mientras la ciudad se posiciona como hub tecnológico y destino global, la pregunta sigue siendo quiénes participan realmente de ese crecimiento.

La Comuna 13, Bello, el nororiente, los bordes invisibles de la ciudad: ahí se está jugando otra Medellín.

Una donde los jóvenes no solo enfrentan la presión de sobrevivir, sino la de encajar en una narrativa de éxito que no siempre les pertenece. Donde el turismo encarece la vida, donde el arriendo sube más rápido que las oportunidades, donde el inglés abre puertas, pero no todos tienen llave.

Y en ese contexto, hablar de juventud en Colombia ya no es solo un asunto social: es un asunto estructural.

Hoy, más de 12 millones de personas en Colombia tienen entre 14 y 28 años. Es casi una cuarta parte del país. Pero esa cifra, que debería ser una ventaja demográfica, convive con otra realidad: tasas de desempleo juvenil que históricamente duplican el promedio nacional, altos niveles de informalidad y brechas profundas entre lo urbano y lo rural. En ciudades como Medellín, esa desigualdad no desaparece; se redistribuye.

El país, además, está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído de forma sostenida en los últimos años, y eso reconfigura todo: el mercado laboral, el sistema pensional, la productividad futura. Los jóvenes de hoy no son solo una generación más; son, literalmente, la base del país que va a sostener las próximas dos décadas.

Pero hay una tensión evidente: se les exige ser el futuro, sin garantizarles el presente.

En ese vacío, también emergen fenómenos incómodos que Medellín conoce bien pero que pocas veces se integran a la conversación pública con la suficiente profundidad. El aumento del turismo internacional ha traído consigo no solo inversión, sino también dinámicas complejas como el crecimiento de economías informales asociadas al trabajo sexual, muchas veces atravesadas por desigualdad, explotación y falta de oportunidades para jóvenes —especialmente mujeres y población diversa— que encuentran en estos circuitos una salida inmediata en ausencia de alternativas estructurales.

No es una historia nueva. Es una que cambia de forma.

“Se necesita creer en los jóvenes y eso significa inversión. Necesitamos pensar en quiénes son los jóvenes de Colombia”, insiste Daniel.

La frase suena simple, pero en Medellín adquiere otra dimensión. Porque no hay un solo tipo de joven. Está el que programa desde El Poblado y trabaja remoto para una startup en California, y está el que cruza la ciudad dos horas para estudiar, o el que decide entre un ingreso inmediato o una apuesta educativa a largo plazo.

Pensar en “los jóvenes” en abstracto ya no alcanza.

Y ahí es donde el Estado —el actual y el que viene— tiene una deuda que ya no admite aplazamientos. Colombia se acerca a un nuevo ciclo político, y con él, la oportunidad (y la obligación) de redefinir su relación con esta generación. No basta con políticas juveniles nominales o programas fragmentados: se requiere una lectura profunda de quiénes son estos jóvenes, qué territorios habitan, qué economías los sostienen y qué expectativas tienen.

Porque gobernar en los próximos años será, en gran medida, gobernar para una generación que no necesariamente cree en las instituciones como lo hicieron las anteriores.

En ese mismo espacio renovado aparece otra figura que conecta la historia global con la realidad local: Sam Blyth, tataranieto de Sir George Williams, fundador de la YMCA en Londres en 1844. No es un detalle menor. Hay algo simbólico en que un descendiente directo de ese origen llegue a la Comuna 13, no como espectador, sino como aliado.

“Medellín ha tenido una historia compleja, pero es precisamente por eso por lo que queremos impulsarlo. Soy muy optimista sobre Medellín”, me dice Sam.

El optimismo, en este caso, no es ingenuo. Es una apuesta.

Porque la YMCA no está llegando a descubrir la ciudad; lleva décadas ahí. Desde 1998 en la Comuna 13, acompañando procesos que no se miden en métricas rápidas, sino en trayectorias de vida. Más de 3.000 jóvenes en los últimos años, miles de horas de voluntariado, programas que van desde formación digital hasta liderazgo comunitario.

Pero su historia es mucho más larga —y más amplia— que Medellín.

Nacida en el Londres industrial de 1844, en medio de una revolución económica que también desbordaba a los jóvenes trabajadores, la YMCA surgió como una respuesta a una pregunta que sigue vigente: ¿qué hacer con una juventud que migra, que trabaja, que cambia más rápido que las instituciones que deberían acompañarla?

Desde entonces, ha estado presente en guerras, procesos de urbanización, crisis económicas y transformaciones culturales en más de 120 países. Ha trabajado con jóvenes desplazados, con comunidades obreras, con estudiantes, con migrantes. Ha sido refugio, escuela, red, punto de encuentro. Y en todos esos contextos, hay un hilo común: juventudes atravesadas por cambios profundos, intentando encontrar un lugar en sociedades que se reconfiguran constantemente.

Lo que pasa en Medellín, en ese sentido, no es una excepción. Es parte de una historia global.

Y, sobre todo, algo más difícil de cuantificar: espacios de cuidado.

En las últimas semanas, los llamados enfrentamientos de “macheteros” volvieron a encender alertas. Videos virales, jóvenes convocados por redes sociales, violencia que parece nueva pero que tiene raíces viejas. En ese escenario, organizaciones como la YMCA vuelven a hacer lo que el algoritmo no puede: mediar, escuchar, sostener.

No se trata solo de evitar la violencia, sino de ofrecer alternativas reales.

Porque si algo queda claro al caminar Medellín hoy es que la ciudad está en disputa narrativa. Entre el orgullo legítimo de su transformación y las deudas que siguen abiertas. Entre el brillo internacional y las fracturas internas. Entre lo que se muestra y lo que se vive.

La nueva sede de la YMCA no resuelve esa tensión. Pero la reconoce.

Es un espacio con mejor luz, más accesible, más conectado tecnológicamente. Pero también es un recordatorio de algo más profundo: que el desarrollo no es solo infraestructura, es tejido social. Y que ese tejido, en Colombia, sigue dependiendo en gran medida de sus jóvenes.

Creer en ellos —como dice Daniel— no es una frase inspiracional. Es una decisión de urgencia económica, política y cultural.

Y en una ciudad como Medellín, donde todo parece avanzar rápido, la pregunta no es si va a haber futuro, sino quiénes van a poder habitarlo.

“Tal vez el infortunio de las facultades de comunicación social es que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo”: Gabriel García Márquez.

Han pasado ya casi treinta años desde que Gabo pronunció esas palabras en su discurso de 1996 ante la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Me pregunto si su reclamo tiene vigencia y si lo que se enseñan en las facultades se ajusta al frenético presente dentro y fuera de las salas de redacción.

La academia ya no tiene el monopolio del conocimiento, como señalan, en este episodio de A fondo, Raquel Bernal, rectora de los Andes, y Fabio González, profesor de la Universidad Nacional.

Dice el profe: “Hemos sido lentos en reaccionar (…) Creo que con la inteligencia artificial nos toca actuar de manera mucho más rápida. (…) Enfocarnos en formar ciudadanos (…) que puedan adaptarse a estos cambios y que puedan seguir aprendiendo a través de la vida (…) La idea de que vamos a tener a un estudiante cuatro años para enseñarle todo ya no es válida (…) Ya no tenemos el monopolio del conocimiento”.

La rectora añade: “Las universidades hemos seguido trabajando más o menos de la misma manera que hace muchos años. Somos una institución muy tradicional (…) nos ha costado renovarnos, a diferencia de los otros sectores económicos, los medios, los bancos… (…) La inteligencia artificial me parece una herramienta supremamente útil, tiene un potencial muy grande (…) Además, graduamos jóvenes que van a vivir en ese mundo (…) las universidades no podemos sacarlos ya rezagados”.

El periodismo no es ajeno a esta realidad. A los retos que impone la tecnología, hay que agregar las crisis en materia de confianza, calidad y ejercicio ético.

El 78% de los colombianos no confían en la prensa, según la encuesta bimestral de la firma Invamer Poll, revelada en 2024.  

Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, refleja un problema global, donde la política envilece el ejercicio periodístico, deformando su deber ser para satisfacer al poder, no al ciudadano. The Washington Post perdió más de trescientos mil suscriptores en lo corrido de 2025 al cambiar abruptamente su línea editorial, para complacer al dueño, Jeff Bezos, amo y señor de Amazon, quien busca congraciarse con el presidente Donald Trump.  

“Bezos nos presionó para que encontráramos más escritores del corazón del país, que pudieran entender el atractivo de Trump. Más inquietante fue su deseo expreso (…) de que la página editorial encontrara algo, cualquier cosa, positivo que decir sobre Trump. (…) El Washington Post al que me uní, el que llegué a amar, no es el Washington Post que dejé”, dice la columnista Ruth Marcus, quien trabajó por cuarenta años en el icónico diario que destapó el escándalo Watergate. Marcus contó los detalles de su renuncia en este artículo de la revista The New Yorker, que incluye la columna que le vetaron.

Mientras tanto, ¿Qué está pasando con el periodismo colombiano y especialmente con las facultades que forman periodistas? ¿Qué responsabilidad les cabe en esta crisis? Busqué respuestas.

Ser éticos desde la casa

ALEXANDRA CORREA SOLARTE, periodista y presentadora de noticias del canal alemán Deutsche Welle (DW). 

La responsabilidad es compartida, entre la familia, la universidad y toda la sociedad. No solo las facultades de comunicación social y periodismo deberían asegurarse de graduar a periodistas éticos y con alta responsabilidad; sino que desde la crianza deberíamos las familias garantizar la entrega de ciudadanos honestos y éticos, especialmente en carreras como el periodismo, clave para la democracia. Los periodistas debemos recordar que nuestra profesión está al servicio de los ciudadanos y no de los intereses económicos y particulares. Desinformar, mentir y manipular, tienen un enorme costo reputacional, que mina la credibilidad, lo más sagrado que tiene un periodista.

Autocrítica, la asignatura pendiente

ANDRÉS PÁRAMO IZQUIERDO, periodista, panelista de Presunto Podcast y analista de medios.

Los periodistas tienen que aprender desde la facultad a ser autocríticos y a entender que la única manera en la que pueden sobrevivir a una crisis de legitimidad como la que está afrontando el oficio es ejerciendo una transparencia radical. Voltear las costuras significa entrar de lleno a una nueva era en la que la objetividad se siente como un valor relativo y olvidado. Asimismo, yo le daría un consejo a los profesores: es importante estimular en los estudiantes que hagan el contenido que a ellos les gustaría ver. Una especie de capítulo nuevo (no único) en las lecciones.  Es muy importante eso, porque a veces nos olvidamos de que el periodismo es también lo que hoy llaman “contenido”. 

Descuidamos el quinto poder

WENDY PERALTA, periodista y directora de Quinto Poder.

Si bien el cuarto poder es el periodismo, el quinto poder es la voz del pueblo en los canales digitales. En este sentido, la academia tiene la gran responsabilidad de formar profesionales íntegros, con valores éticos y rigor investigativo, para contrarrestar la proliferación de noticias falsas.

Ahora, los reporteros son ellos. Muchos, sin formación ni dirección, toman un celular y ya se consideran periodistas. Enhorabuena urge que las facultades adapten sus pensum a las nuevas dinámicas del periodismo, incluyendo el digital, la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Deben promover la comunicación alternativa con responsabilidad y orientar a los estudiantes en estrategias de financiamiento como la monetización y la publicidad digital, para fortalecer su independencia y erradicar el paradigma de ‘extorsionistas’ que se ha impuesto a los periodistas.

“Las universidades gradúan muchachos como quien hace producción en serie de salchichas o chorizos”: Jacobo Solano, periodista.

Combatir las malas prácticas periodísticas desde la academia

ÓSCAR DURÁN, periodista y director del Área Académica de Comunicación Social – Periodismo, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Creo que tienen mucha responsabilidad si replican o mantienen las lógicas perversas de algunos medios de comunicación tradicionales, que hace rato disfrazaron de información lo que es a todas luces opinión y sesgo. Conozco muchos casos de programas y facultades que mantienen en sus clases una férrea ética hacia los principios periodísticos fundamentales, aquellos que establecen que la información es un servicio público y que el periodismo debe estar como contrapeso de los distintos poderes, no como altoparlantes o replicadores de la información oficial. Sé, también, que muchos programas y facultades de periodismo, cansados de ver a colegas y medios informar sin rigor, verificación o contraste, decidieron crear medios de comunicación universitarios que lleven la voz y el enfoque periodístico juvenil a esas audiencias que tanto reclaman objetividad, honestidad y equilibrio a los medios de comunicación.

En el programa tratamos de mantener ciertos criterios de selección para los medios y empresas que nos piden estudiantes en calidad de practicantes. Una de esas condiciones tiene que ver con sus buenas maneras o no en el ejercicio periodístico. En eso no podemos fallar. Además, vinculamos profesores que, al mismo tiempo, desde los espacios o medios de comunicación en los que laboran, hagan un periodismo guiados por los principios éticos del oficio, con aquellos con quienes nos sentimos identificados.

Periodistas como salchichas

JACOBO SOLANO, periodista, escritor y columnista de El Pilón y Kienyke. 

Todos tenemos parte en este caos que vive el periodismo: los medios, la academia, los periodistas… Descuidamos ese periodismo integral, donde la ética y el rigor deben ser la columna vertebral. Los periodistas no podemos entrar en el juego de la polarización porque perdemos el foco del oficio. Las facultades de comunicación social y periodismo gradúan muchachos como quien hace producción en serie de salchichas o chorizos, sin una verdadera concientización de la responsabilidad que implica ser periodista, y tampoco hemos aprendido a entender el nuevo sistema de comunicación que pasa por las redes sociales. Hace rato deberíamos estar hablando de integralidad en el periodismo.

Se deben actualizar los planes de estudio

EDUAR BARBOSA, comunicador Social y Periodista, director del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y director de URosario Radio.

Las universidades son responsables de fomentar un aprendizaje ético e integral que responda a las necesidades del entorno, por lo tanto, cuestiones como la falta de formación del criterio periodístico o la verificación correcta de los datos y la avalancha de herramientas sin un uso apropiado, entre otras, representan un reto para las instituciones. Las facultades de Periodismo y Comunicación deben formar críticamente a los profesionales que desempeñarán distintos roles en los medios informativos, pero cuando no hay una actualización decidida de los planes de estudio, no se abren los espacios de discusión apropiados o no hay una sólida fundamentación teórica, la labor de la academia puede quedar en entredicho a causa del desempeño de sus profesionales.

¿Qué responde el gremio que representa a las facultades de periodismo?

MANUEL IGNACIO GONZÁLEZ BERNAL, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (AFACOM). Decano Facultad de Comunicación Universidad de La Sabana.

La crisis del periodismo está basada en tres grandes pilares. Primero, la crisis del modelo de negocio que vino con la disrupción digital y cambió la estructura de ingresos de los medios de comunicación tradicionales.

Segundo, estamos frente a una crisis de calidad, sin generalizar, porque también hay ejemplos de periodismo hecho con vocación, talento y espíritu de servicio a la sociedad. Sin embargo, hay dificultades para financiar el periodismo de profundidad, de investigación, de largo aliento. 

El tercer elemento, consecuencia de los anteriores, es la crisis de confianza. La sociedad no confía en los medios.

Vista la crisis así, podemos analizar cuál es el rol y la responsabilidad de la academia. Entre universidad y sector productivo ha habido una brecha histórica en muchos países y en todos los campos. Dicha situación ha venido cambiando durante los últimos cinco años, entre otras cosas porque las universidades también están en proceso de disrupción, reinventándose. Esa brecha histórica se viene cerrando.

Desde el punto de vista del talento, se tacha a las universidades de tener profesores que no conocen el mundo real. Lo cierto es que hoy, en campos como la comunicación, la formación de las nuevas generaciones en buena medida está en manos de profesores de cátedra que son periodistas en ejercicio.

Por otro lado, debemos reconocer que algunos programas persisten en una formación generalista, lo que por supuesto genera brechas entre la expectativa de quien contrata y las posibilidades reales de quien llega al mercado. Los medios están contribuyendo a cerrar las brechas al permitir que los practicantes o profesionales jóvenes terminen de formarse allí. Ese proceso sucede de manera natural, pero yo creo que ahí las facultades todavía tienen una oportunidad.

A diferencia de los periodistas que se recibían en el pasado, los muchachos de ahora buscan otras cosas; la vocación de servicio a la sociedad -ese espíritu y disposición al sacrificio-, a veces es más difícil de encontrar en ellos, debido a las jornadas extenuantes y las condiciones laborales. Pero soy optimista.

Las universidades tienen la oportunidad –muchas de ellas lo hacen y muy bien- de fortalecer la formación práctica, para que se aprenda haciendo que es una forma motivante y más eficiente del aprendizaje.

Decir que la crisis del periodismo encuentra sus raíces en las universidades me parece injusto en la medida en que los pilares de la crisis están en un contexto gobernado no por los medios ni por las universidades, sino por el avance del mundo y de la tecnología, y en otros casos sí por el propio aparato productivo de cada medio de comunicación.

No es una forma de evadir responsabilidades. Las universidades son muy conscientes de autoevaluarse y de buscar procesos de mejora continua. En el QS World University Ranking de las 10 facultades de comunicación más importantes de América Latina, 3 o 4 son colombianas, lo que muestra que tenemos una capacidad importante de formación.

Buenos periodistas y buenas historias se cuentan; retos hay y los habrá más en el futuro, pero en ese propósito de hacer periodismo de calidad, de servir a la sociedad y de encontrar la sostenibilidad, debemos comprometernos todos.

El debate queda abierto a partir de hoy, Por favor, dejen sus opiniones.

“Hace tres años compré un panel solar para tener luz en casa. Antes solo nos alumbrábamos con velas. No tenemos energía, cada quien con lo que tenga a su alcance consigue su panel solar y con esto se alumbra, pero no es suficiente”, cuenta una de las habitantes de la comunidad Huarca, en Espinar, Cusco. Prefiere que no se publique su nombre porque quienes viven en el corredor minero del sur de Perú y reclaman contra las actividades mineras temen ser denunciados por las empresas que operan en estos territorios.

No todos tienen luz en Huarca —agrega la comunera— solo la mitad del pueblo cuenta con energía. A ella le costó 1500 soles el panel solar (unos 400 dólares) que compró en 2021. Señala que hasta ese momento no había luz en su casa. “Es un panel chiquito…y solo alcanza para alumbrar las dos habitaciones de la casa”.

Solo el 33.5 % de los hogares —tres de cada 10 viviendas— de las zonas rurales en la provincia de Espinar disponen de electricidad, según el último censo de población y vivienda realizado en Perú.

La paradoja es que de sus montañas se extrae cobre, un excelente conductor de electricidad —utilizado en cables eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías— cuya demanda va en aumento por tratarse de un mineral estratégico para la transición energética. Es un proceso en el que se está involucrando todo el planeta para dejar de utilizar combustibles fósiles —petróleo, carbón y gas— como generadores de energía y migrar a fuentes renovables menos contaminantes como la luz solar o el viento.

El objetivo de cambiar las fuentes de energía es reducir las emisiones de los gases contaminantes que están acelerando el calentamiento global. De esta forma se busca evitar que la temperatura del planeta supere los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Pero mientras en el mundo se habla de buscar nuevas formas de generar energía, en las casas de Espinar apenas si se pueden encender un par de focos. “A nosotros nos parece paradójico y nos muestra una transición energética injusta. Se extrae el mineral para electrificar otros lugares y no se brinda este beneficio a las familias del lugar que reciben los impactos directos de la actividad”, dice Paul Maquet, coordinador del Proyecto de Transición Energética de la organización Cooperacción.

Lo que pasa en Espinar se repite en muchos lugares del Perú. La región amazónica de Loreto es otra muestra de los problemas que existen en el país en lo que concierne al acceso a la energía, así como de los vacíos para transitar hacia fuentes menos contaminantes. Loreto no forma parte del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) —la red de electrificación que concentra todas las fuentes de energía del Perú— sino que se abastece de la energía que proviene esencialmente del petróleo.

¿Qué se está haciendo en Perú para superar esta brecha energética? ¿Se tiene un plan definido para romper la dependencia a los combustibles fósiles? ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables por las que apuesta el país?

El camino incierto de la transición energética

“Perú es uno de los países donde menos se discute el tema de la transición energética. Esa discusión no está en la opinión pública, no hablamos del rol del gas en la transición ni de los planes para avanzar con energías renovables. Tampoco se discuten las metas de electromovilidad”, cuestiona Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI). “El proceso de transición energética es una discusión global y el Perú tiene que adaptarse a esa situación”, apunta Dammert.

Desde hace varias décadas, los científicos alertan sobre las consecuencias de los gases de efecto invernadero (GEI) —dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros— y sigue sobre la mesa la urgencia de abandonar los combustibles fósiles como una de las fuentes de generación de GEI.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28 realizada a fines del 2023 en Dubai, por primera vez se incluyó en el texto una mención explícita a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. En esta cita también se propuso triplicar la capacidad global de energías renovables para el 2030, avanzar hacia la mitad del siglo con sistemas energéticos de emisiones netas cero a nivel mundial, reducir las emisiones de los distintos GEI, así como la adopción de vehículos con cero o bajas emisiones.

No se trata de una discusión reciente. A partir de los años noventa se empezó a buscar acuerdos globales para reducir los niveles de GEI que se emiten cada año. El Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de París (2015), adoptados durante las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fueron dos hitos en este camino. En esas citas globales se establecieron las bases para que todos los países se comprometieran a reducir sus emisiones.

¿Qué compromisos asumió el Perú? De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del año 2016, documento que entregan los países a las Naciones Unidas para informar sobre los avances de sus obligaciones, el Perú se comprometió a reducir en 30 % su emisiones de GEI para el año 2030.

Este porcentaje se amplió en diciembre de 2020, cuando el Perú anunció que la disminución de los gases de efecto invernadero para el final de esta década sería de 40%. Esta promesa está detallada en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la Emergencia Climática y que, además, fija como meta convertirse en un país carbono neutral en el 2050.

Desde el Ministerio de Energía y Minas son menos optimistas con relación al compromiso adoptado por Perú para la reducción de GEI. El exviceministro de Electricidad, Jaime Luyo, le dijo a Mongabay Latam que desde ese sector se ha hecho una estimación con respecto a la reducción de los GEI y el ofrecimiento del 40 % no está dentro de lo real. “Inicialmente decían que se iba a reducir 20%, después aumentó a 30% y alguien dijo 40% pero, realmente, desde nuestro punto de vista, la mejor expectativa sería cerca del 20% para el 2030”.

El Ministerio del Ambiente respondió a Mongabay Latam, mediante un comunicado, que “sí es posible cumplir estos compromisos. Esta meta es ambiciosa, pero necesaria para minimizar los efectos del cambio climático”. En el documento también dice que “desde el Ministerio del Ambiente están involucrando al Ministerio de Energía y Minas en espacios que permitan trabajar una mirada conjunta del Perú al 2050, uno de ellos orientado es la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que desarrolla un objetivo vinculado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos energéticos”.

Las contradicciones entre dos sectores clave del gobierno en el camino para la reducción de GEI, el abandono de los combustibles fósiles y el avance en el proceso de la transición energética se van haciendo evidentes.

“No hemos visto que haya una articulación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre el tema de transición energética. El Minam desde las políticas ambientales y el Minem como ente que implemente las acciones, pero no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo”, dice Denisse Linares, especialista del Programa de Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El Perú tiene identificadas las fuentes de contaminación que debe atacar. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen, en primer lugar, del cambio de uso de la tierra, es decir, de convertir bosques y pastizales en zonas de cultivos. La segunda fuente de emisiones es la generación de energía a través de centrales que funcionan con petróleo y gas, seguida de las actividades industriales como la manufactura y la construcción, así como el transporte aéreo, terrestre y marítimo, junto a otras actividades en las que se queman combustibles fósiles.

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), que corresponde al año 2019, la suma total de todas las fuentes de emisiones de CO2 en Perú bordean las 210 millones de toneladas de CO2eq, una cifra equivalente a 42 393 973 vehículos de gasolina conducidos durante todo un año. De ese total, 63 millones de toneladas, la tercera parte de las emisiones, corresponden al sector energía.

Las emisiones causadas por la quema de combustible en vehículos de transporte son una cuota importante en la generación de gases de efecto invernadero. La última medición del INGEI calcula en 12.2 % el porcentaje de emisiones proveniente de esta fuente.

La transición energética se convierte entonces en una urgencia para reducir los GEI que emite Perú, pero los expertos consultados por Mongabay Latam señalan que el país aún no ha encontrado el camino para conseguirlo.

Las fuentes de energía

“El proceso de transición energética es un proceso largo, estimamos que va a tomar por lo menos unas tres décadas. Hacia el 2050 las expectativas de producción en fuentes renovables limpias, recién va a superar a la producción de hidrocarburos”, dijo el ex viceministro Luyo.

La generación de energía renovable no convencional en Perú —eólica, solar, bagazo y biogás— se inició en el año 2010, según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), entidad privada que coordina las operaciones del SEIN. En ese momento alcanzaba apenas el 0.2 % de la energía total producida en Perú. Catorce años después, la producción de energía renovable no convencional es de 6.25 % anual, según datos del 2023.https://flo.uri.sh/visualisation/17687799/embed

El objetivo de Perú es llegar a un 20 % de producción de energía renovable no convencional para el 2030, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática. Pero a solo seis años del plazo para cumplir esa meta, no llegamos ni a la tercera parte del compromiso establecido.

El exviceministro Jaime Luyo asegura que recién para el 2050 se podrá alcanzar entre un 15 % y un 20 % de producción de energías renovables no convencionales.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, cuenta que durante la elaboración del Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, durante el gobierno de Pedro Castillo, el último punto que se logró negociar fue el incremento de energías renovables no convencionales hasta un 20% para el 2030. “Estamos entre 5% a 6%, el asunto es del 2024 al 2030 cómo llegamos al 20%. Acá hay una meta exigible política y legalmente”.

Las centrales de energías renovables en Perú, incluidas las hidroeléctricas, están instaladas en 12 departamentos del Perú. La mayoría de ellas, alrededor de ocho, operan en las regiones de la costa y el resto en los Andes. Ninguna central de energía renovable está en las regiones amazónicas, según el mapa de energías renovables del COES de diciembre del 2023.

Sin embargo, son las regiones amazónicas las que presentan los porcentajes más altos de lugares sin acceso a la energía eléctrica. Según el documento de Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector Energía y Minas 2024-2026, el porcentaje de viviendas en el sector rural a nivel nacional que no cuentan con servicio eléctrico presentan una brecha de 16.7 %, equivalente 257 144 viviendas por electrificar.

La mayor deficiencia está en las regiones amazónicas de Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, en estas dos últimas apenas si supera el 50 %.

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que “el petróleo tiene fecha de término como principal fuente de suministro de la economía y el mundo muestra que el camino de la transición energética es un imperativo en estos tiempos para reducir la contaminación. En el mercado eléctrico no cabe duda que el sol y el viento son los actores protagónicos ”.

Gamio señala que si no se desarrollan energías renovables en el corto plazo, se presentarán problemas de encarecimiento de electricidad que afectarán seriamente la economía peruana. “Han avanzado tanto estas tecnologías que ahora simplemente necesitamos que se rompa la barrera que impide que la energía solar se comercialice en el mercado libre”, comenta Gamio y agrega que actualmente hay 7500 millones de dólares en proyectos que están esperando que el Perú facilite el camino para la producción de energía solar.

“Lo que sucede es que las propuestas no caminan porque hay lobbys que aprovechan la crisis de inestabilidad y falta de continuidad de los distintos actores de turno que nos gobiernan, y eso hace que el Perú no tenga metas claras y sea uno de los países que menos ha avanzado en el desarrollo de las renovables alternativas, no obstante tener un potencial extraordinario”, agrega Gamio.

Un plan nacional que no avanza

“Perú no tiene definida una política de transición energética, lo más cercano a ello ha sido el Proyecto NAMAs [Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación] que básicamente son políticas nacionales adoptadas libremente dentro de un esquema para vincularse a los objetivos de las COPs”, dice José Carlos Ugaz, investigador científico en energías renovables de la Universidad de Campinas, en Brasil, y quien ha sido también investigador en el Centro de Energías Renovables de la Universidad de Ingeniería en Perú.

Ugaz explica que el Ministerio de Energía y Minas —un sector clave en la transición energética— no tiene hasta hoy una dependencia exclusiva para cumplir este fin, y que solo existe una dirección general de eficiencia energética que “define algunos objetivos de la transición”, pero que no se ha enfocado en los temas de fondo.

Mientras tanto, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han entregado préstamos al Perú para promover la elaboración de una hoja de ruta para la transición energética. De hecho, en agosto de 2023, el BID presentó el documento Hacia una agenda de transición energética en el Perú: una propuesta. En el documento se precisa que para que esta agenda de transición sea una realidad, “es necesario llevar a cabo diversos ajustes al marco legal y regulatorio, y eventualmente contar con una Ley de Transición Energética (LTE)”. Esta, sin embargo, sigue siendo una de las deudas pendientes del país.

César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), cuestiona una norma aprobada en el año 2008 durante el gobierno de Alan García. “El decreto legislativo 1002 le creó un marco favorable para la promoción de energías renovables no convencionales, pero lo que hizo en esencia fue autorizar que estas energías entren sin competir con otras que existían en el país”. Todas las empresas que iniciaron sus operaciones bajo el amparo de este decreto legislativo, sin excepción, recibieron subsidios lo que ha significado un cargo adicional en las tarifas.

La energía solar en ese momento, el año 2010, tenía un costo de 221 dólares el megavatio hora (MWh), muy por encima de los 45 dólares MWh que costaba la energía en Perú en ese momento que dependía del gas natural, las hidroeléctricas y el petróleo.

“La diferencia le cuesta al usuario final en cuya tarifa se carga un adicional. Es un subsidio que todos pagamos para esas empresas que entraron con precios altos. Existen contratos a 20 años, hasta el 2030, con un precio garantizado. Son 1700 millones de dólares lo que estamos pagando demás todos los usuarios solo por tener renovables antes de tiempo”, dice Butrón.

Butrón asegura que recién hace dos años los precios de las energías renovables no convencionales —solar y eólica— han bajado lo suficiente como para competir con los costos de las otras fuentes de energía. “Ahora las únicas alternativas de desarrollo que tiene el Perú son renovables, eólica y solar, nada más, porque la geotérmica sigue siendo muy cara. Recién ahora varias centrales eólicas se están construyendo sin ningún subsidio con precios de 33, 35 y 38 dólares MWh”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental, señala que la política energética peruana es del año 2010 y no se ha actualizado. Se refiere a la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, un documento de seis páginas que para el viceministro “son solo lineamientos porque en realidad no es una política estrictamente hablando. Es obsoleta, incompleta e insuficiente”, comenta Castro sobre este decreto supremo. “No tiene indicadores, ni metas, ni una política pública que cumpla con los requisitos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)”.

Castro también menciona que la ruta que seguirá el Perú en el proceso de transición energética debe quedar establecida en la Política General de Gobierno, que se presenta cuando cada presidente inicia su gestión.

La última Política General de Gobierno la presentó Dina Boluarte en marzo de 2023. “No se ha priorizado ni el tema ambiental ni el energético. Realmente hay una ausencia de visión respecto al impulso de la transición energética. Lo último que se aprobó fue la Política Nacional del Ambiente, en junio de 2021, cuando iba a culminar el gobierno de Francisco Sagasti”, recuerda el ex viceministro.

Desde septiembre de 2022, está en proceso de aprobación la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que contiene los objetivos, lineamientos e indicadores sobre las políticas climáticas en Perú. “La estrategia nacional debe tener componentes vinculados a la transición energética”, señala Castro, quien actualmente es director del programa Unidos por los Bosques de FCDS Perú.

En el Congreso de la República también hay proyectos de ley para impulsar las energías renovables que no se discuten ni aprueban con la celeridad que si se da a las propuestas sobre combustibles fósiles.

Mongabay Latam revisó las actas de todas las sesiones realizadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República entre agosto de 2015 a noviembre de 2023, y constató que se prioriza la promoción de los combustibles fósiles sobre las energías renovables, prueba de ello son los 13 proyectos de ley referidos a los combustibles fósiles en comparación con los seis que mencionan las energía renovables.

“Están los que piden que el Estado participe más en la captación de la renta petrolera y los que piden promover la inversión privada porque dicen que es más eficaz. Ambas comparten la idea de que hay que seguir profundizando la actividad petrolera”, dice Vladimir Pinto, Coordinador de Amazon Watch en Perú, en uno de los reportajes de esta serie que aborda las negociaciones en el Congreso de la República alrededor de las fuentes de energía en el país.

Petróleo por energía renovables

“Tenemos energía solar y eólica; tenemos biomasa; incluso hay centrales hidroeléctricas aunque significan un impacto ambiental por la cantidad de agua que pueden represar. Bajo esa perspectiva tendríamos que definir qué hacer con estas fuentes de energía”, precisa Luis Chirinos, investigador del Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Si observamos el mapa del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN), con toda la red de electrificación que concentra las diversas fuentes de energía del Perú, se pueden distinguir centrales hidroeléctricas, solares, eólicas y termoeléctricas, estas últimas dependientes de los hidrocarburos.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, Perú tiene 46 concesiones definitivas de centrales de energía renovable —eólica, solar e hidroeléctrica— además que hay otras 23 en etapa de estudio.

Si se consideran sólo las fuentes de energía renovables no convencionales, es decir, eólica, solar y biomasa, el porcentaje alcanza el 6 % de la red interconectada. El compromiso de llegar a un 20 % de energía generada por fuentes renovables de este tipo para el año 2030 está aún lejos.

Hoy la mayor fuente de energía en Perú proviene de los hidrocarburos, principalmente del gas natural, considerado como fuente de energía de transición porque emite menos cantidad de CO2 que el petróleo y el carbón, aproximadamente la mitad de lo que produce el carbón. Sin embargo, investigaciones recientes indican que el gas natural, además del dióxido de carbono, emite otros gases de efecto invernadero como el metano, el principal componente de este combustible fósil.

Otro problema que representa el gas natural tiene que ver con la cantidad de reservas probadas en Perú. Un informe de NRGI indica que las reservas probadas actuales del gas natural en Perú tienen un horizonte aproximado de dos décadas. “Las reservas actuales de Camisea —en Cusco— si se sigue al ritmo de producción actual durarían unos 20 años. Si se quieren ampliar las reservas de gas tendría que haber explotación mayor y hay lotes que están en lugares sensibles porque están en territorios amazónicos de alta biodiversidad o se superponen con territorios indígenas. Lanzarse a la exploración de gas natural en territorios vulnerables tiene un costo alto en términos de impacto potencial ambiental y social”, señala la especialista en industrias extractivas Claudia Viale, consultora de NRGI y autora del estudio.https://flo.uri.sh/visualisation/17672982/embed

Para diciembre de 2023, el Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) reportaba que el 53 % de la energía en el Perú es generada por centrales termoeléctricas a base de hidrocarburos, un 37 % por hidroeléctricas, el 6 % es energía eólica y el 2 % solar. Un menor porcentaje corresponde a la biomasa.

“Si bien necesitamos de energía para desarrollar actividades económicas importantes, la fuente de esa energía no tiene que ser petrolera. Nosotros venimos haciendo esfuerzos para acceder a fuentes de energía renovables que se puedan usar en la Amazonía, considerando que tenemos sol todo el año y de manera continua. Es poco inteligente no aprovechar esta enorme energía”, señala José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua en Loreto.

La situación en las comunidades indígenas es aún más compleja. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que en Loreto apenas un 52 % de las viviendas rurales cuenta con energía, una cifra por debajo del promedio nacional que es de 79 %. Lo mismo ocurre en otras regiones amazónicas de Perú. En Madre De Dios la energía llega al 66 % de las viviendas, mientras que en Ucayali no supera el 51%.

La paradoja en Loreto es que de sus bosques se extrae petróleo y que esta actividad, con más de 50 años de presencia en esta región Amazónica, ha dejado una gran cantidad de pasivos ambientales. Además, el precio de este combustible en las comunidades nativas de Loreto es el más caro del país. Mientras en Lima, el precio del galón del diesel puede costar 15 soles (unos 4 dólares), en Loreto el mismo combustible puede llegar a 20 o 22 soles (entre 5 y 6 dólares).

“El Estado nunca se ha preocupado por llevar energía a las comunidades”, comenta Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). “No hay una intención legítima del Estado de querer apoyar con energía solar para mejorar la calidad de vida de la población en la zona”, precisa el líder indígena en uno de los reportajes que forman parte de este especial.

La explotación de petróleo no se ha detenido en Perú, como tampoco ha sucedido en otras partes del mundo. En 2023, el gobierno peruano presentó un paquete de 31 áreas con potencial para la explotación de hidrocarburos —petróleo y gas— en la Amazonía y la costa norte. La mayoría de las áreas de explotación petrolera en la selva se ubica en la región Loreto, mientras que el gas natural proviene principalmente de Madre de Dios. De acuerdo con el informe de NRGI, el 96 % del gas natural se extrajo de los lotes del proyecto Camisea ubicados en la selva sur de Perú.

Viale precisa que “no podemos volvernos dependientes del gas natural” porque eso significaría continuar con los combustibles fósiles. “Hay que tener una estrategia integral sobre qué fuentes y en qué territorios se deben producir”.

También es necesario sumar a la discusión un tema clave: la dependencia de algunos gobiernos regionales y locales al canon de los hidrocarburos. “En Cusco, el gobierno regional y las municipalidades ubicadas cerca de Camisea —lugar en el que se explota gas natural— dependen del canon gasífero, algunos municipios tienen hasta el 80 % de su presupuesto dependiente de este combustible. En Loreto también es un porcentaje importante del presupuesto”, indica Viale.

Por eso para la experta de NRGI, la transición energética no solo consiste en reemplazar los combustibles fósiles, sino también en saber qué pasa en esos territorios. “Una transición energética completa no es solo energía, sino que tiene que ir acompañada de una reforma fiscal que tenga que ver con descentralización fiscal y de qué ingresos disponen los gobiernos subnacionales. Además, el canon que se recibe ahora tiene que invertirse en la diversificación productiva y en desarrollo de energía renovables locales”, señala.

Mientras se discuten planes y se postergan decisiones, quienes viven en zonas rurales y comunidades indígenas sin servicio eléctrico buscan cómo llevar luz a sus casas. Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), tuvo que comprar un panel solar para tener luz en su casa en la comunidad nativa Bichain. “Puedo decir que en experiencia propia he comprado directamente un panel solar mediano para mi casa y solamente para el alumbrado y poder cargar el celular, nada más. ¿Hacer funcionar una licuadora? Eso no podemos”.

Imagen destacada: Ilustración de Tobías Arboleda.

Edición general: Alexa Vélez. Coordinación periodística: Yvette Sierra Praeli. Equipo periodístico: Geraldine Santos, Gloria Alvitres, Lupe Muñoz e Yvette Sierra Praeli. Visualización de datos: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.