La magistral VELADA producida por MAURICIO; DIRECTOR de CINE devenido a DJ empedernido que nos brinda una NOCHE de PELIS…

De la que rescatamos este CUARTETO para RESUMIR las DOS HORAS de frenética. PLAY LIST..:

EASY RIDER..:

PULP FICTION..:

GOLDMEMBER..:

BOND JAMES BOND 007..:

NO se PIERDA… los PRÓXIMOS CAPÍTULOS que prometen ser verdaderas SAGAS de ANTOLOGIAS de CULTO…s & NEOFITOS.

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

“TODO PINTA BIEN… by R.S.J.M

“Mi entrada al mundo del dibujo va desde muy temprana edad… siempre me gustó ver videos y
repetirlosven la hoja de PAPEL, mientras hacia blocks de hojas con cuadernos reciclados, pero no sabia en ese entonces aquello que despertaban en mi…
Como refiero esto era un juego o algo que me daba un cierto brillo…por que el esfero que conocíamos fue con el que retomé pero ya en grado once en el colegio Altamira; pues eran evaluaciones y que cosa para generarte estres y aburrirte, pues se decoraban con tinta… De este mero giro a la evaluación nos dimos cuenta los cuatro que teniamos que hacer algo con esto “que amamos, pues conocimos el mundo del vinilo adhesivo y por este medio traer al fisico mas vivo aquello que estabamos realizando y hablo de las 4 cacatuas o CKTK o mas bien Caketukez, somos 4 en el grupo cada uno entrega un poco de lo suyo a CKTK de Cache, Kevs ,Tusz y Keroz 4 realizando diseños haciendo calcas y vendiendo lo producido en el colegio…

Luego venia mi proceso con la tinta en piel pues en mi camino me encontré con Yefree Martinez o Freettoo como le digo a mi profesor…mi master como le diga no importa esta persona me dio un valor que no otras lo habian logrado…

Pues me enseño no solo todos los principios del tatuaje, tambien me enseño lo empatico y personal que puede ser un humano, pues el me acogio como un hermano sin interes material mas que ver como yo seguia avanzando en mi proceso y lo que me gustaba como por medio de esto podria generar mis ingresos para vivir mucho mejor de lo que me daba la vida… me permite conocer a donde puedo llegar. Basicamente me abrió el mundo del tattoo…

Mis metas son seguir tatuando y realizar una historia y entregarla por medio de comic manga en esfero pues el bolígrafo o tinta esfero bic es el que me avivó a realizar demasiados dibujos a lápiz grafito y que se “compren ” o se encuentren pues mi arte va muy de la mano con la conexión de la persona, a la que le realice algo, llamará eso por mi lado personal…
Algo más para el mundo es socializar el arte con mucha gente pars ayudar a entender y entenderse por medio del arte.

Mi nombre: Robert Sebastián Jimenez Marín…
A lo largo de este proceso he tenido varios alteregos pues me parece que a veces que el “anonimato” te deja abrir un poco más; de verdad; eso que llevas por dentro y no te quedas en tanta superficialidad… el primero fue Tusz; que se traduce del polaco, a tinta o polluelo las dos me describen un poco pues para ese momento era más un polluelo jaja..; la tinta que me acompaña, ya pasó a ser Tusz el que tatua. Lo El otro ROBERTO o TROBT se apegan un poco más a mi sentir…aquello que de una u otra forma observo, vivo y al final pues se pueden unir (Robt + Tusz) siguen siendo el mismo YO…”

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Uno cree que los únicos demagogos son los políticos; a veces, los columnistas de prensa también caen en eso, sobre todo aquellos que han tenido la fortuna de pasar por uno que otro gobierno y luego se convierten en analistas de la cosa política, tal es el caso, por ejemplo, de Luis Guillermo Vélez, Felipe Zuleta Lleras, Néstor Humberto Martínez o Mauricio Vargas.

La demagogia es una estrategia usada para conseguir respaldo popular apelando a las emociones, los miedos o los prejuicios. Al leer la columna del ex funcionario Luis Guillermo Vélez, en La Silla Vacía, encuentro un poco de esos tres ingredientes. Dicho sea de paso, ese mismo sesgo ideológico, una especie de ceguera conveniente, le resta brillo a ciertos capítulos del podcast Déja Vu que hace a dos voces con Alejandro Lloreda para el mismo portal.

Empiezo por decir quién es Luis Guillermo Vélez, antes de desmontar algunas falacias que trae su columna “Por qué Cepeda perderá las elecciones”.

Según Wikipedia, el doctor Vélez es abogado de la Universidad de los Andes; entre otros cargos, ha sido Viceministro de Defensa Nacional y Cónsul General de Colombia en México D.F (durante el gobierno de Ernesto Samper); cabildero de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y Superintendente de Sociedades entre 2010-2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos), y en su segundo gobierno secretario general de la Presidencia de la República.

Se entiende entonces que el doctor Vélez tenga razones para desear de todo corazón que gane la derecha de sus afectos y, de todo corazón también, desear que pierda la izquierda de sus desafectos. Su apuesta es la candidata uribista Paloma Valencia.

De entrada quiero referirme al título de la columna, porque, usando el mismo símil del fútbol que utiliza él, un partido tiene un tiempo reglamentario (primera vuelta, el 31 de mayo) y un tiempo suplementario en caso de empate o de que ninguno meta los goles suficientes en las urnas (segunda vuelta, en junio).

Si Cepeda ya perdió, pues cancelemos las elecciones, ahorrémonos ese dinerito y vayamos de juerga la noche anterior. El titular que anticipa la derrota de Cepeda me recordó la famosa frase del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, puesta en portada de Semana (entonces bajo la dirección de Vicky Dávila), y que con el tiempo tuvo que tragarse enterita: “Petro nunca será presidente”. El guión va tomando la misma forma, pero con otro nombre: el del candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Lo chistoso es que aquella frase se volvió estribillo en boca de personajes como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo o la hoy candidata presidencial Paloma Valencia.

“Usted nunca va a ser presidente de Colombia”, le dijo Valencia a Gustavo Petro.

Pero volvamos al doctor Vélez y su columna. Aquí esta rápida autopsia a sus afirmaciones.  

“Actualmente las probabilidades en el mercado de apuestas en plataformas como Polymarket están iguales entre los dos. Es decir, la definición del presidente de Colombia está sujeta al lanzamiento de una moneda. Fifty, fifty”.

¿En serio, doctor Vélez? ¿Usted, con un Master in Business Administration, cree que el destino de un país está en manos de una casa de apuestas? En ese caso, démosle también crédito al astrólogo Daniel Daza, quien leyó en las estrellas que Iván Cepeda será el siguiente presidente de Colombia. Ambas cosas constituyen una mirada respetable pero poco seria de la política.

Si Cepeda no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se unirán la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Suponiendo inclusive que todos los votos verdes, indígenas y progres –que llegan a un poco más de 2 millones– su sumen, la cifra total llega a los 6 o 7 millones de votos, que son los que Cepeda y la izquierda tienen en el bolsillo. Los cuales, valga decir, son el mismo 34% que las encuestas más serias dicen que tiene. Pero no tiene más. Los que piensan que Cepeda puede ganar en primera vuelta se engañan”.

Hacer cuentas alegres es deporte nacional en época electoral. Sin embargo, considero que, sí o sí, Cepeda debe ganar en primera vuelta, porque en junio llegarán ferozmente unidas y con el ánimo de arrasar en las urnas la derecha uribista (representada por Paloma Valencia) y la ultraderecha uribista (representada por Abelardo de la Espriella).

“Faltan los partidos tradicionales y clientelistas, como el Liberal y el Conservador. (…) Los veremos subiéndose a la Palometa en los próximos días, cuando las encuestas reflejen el crecimiento de la candidatura. Si esto se materializa Paloma llegará muy fortalecida a la primera vuelta”.

Esta oración deja claro que si gana Paloma Valencia volveremos al gobierno de la mermelada clientelista para pagar los favores de las maquinarías que mueven el ya no tan glorioso Partido Liberal y el aún menos glorioso Partido Conservador.

“¿Por qué pierde Cepeda? Porque se quedará, por designio, aislado en la izquierda. Algo parecido a lo que le ocurrió a Petro en el 2018. Su estrategia de caminar agarrado de las enaguas del presidente es un error”.

Es exactamente lo mismo que dicen de Paloma Valencia, aunque no me consta que Álvaro Uribe use enaguas. La diferencia está en que Petro es el presidente en funciones, y Uribe un hombre apocado y opacado en el ocaso de su vida política y con líos judiciales aún por resolver. Con todo, quizás quien deba independizarse de su líder supremo sea Paloma Valencia.

“Ninguna encuesta muestra a Petro con una favorabilidad superior al 50%”. 

Otra pequeña mentira, mi doctor. Las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría lo sitúan con una imagen positiva del 54,5% y 50,9%, respectivamente. Hablando de la mitad más uno para ganar elecciones, la pregunta del millón es: ¿Qué hacer para que los buenos números de Petro se traduzcan en votos?   

“Cepeda quiere reforzarla. Por eso escoge a una vicepresidente que no le suma un voto adicional”. 

Empecemos por decir que la fórmula de Cepeda es la senadora y ex gobernadora indígena Aida Quilcué, representante de los territorios. La fórmula Paloma-Oviedo la conforman un bogotano y una mujer payanesa criada en Bogotá. No se entiende esta unión en un país con 32 departamentos y con las profundas grietas ideológicas que separan a Paloma y Oviedo en materia de paz y libertades individuales.

Cepeda escogió a una persona que representa al país de los excluidos, tan excluidos que la propia senadora Valencia, propuso en 2015 separar ese departamento en dos: un territorio para indígenas y otro para mestizos. Ese es resultado de criarse en Bogotá, en medio de privilegios, desconociendo que somos una nación multiétnica y pluricultural.

No se trata, pues, de escoger a quien dé más votos, sino a quien permita sumar sensibilidad social para avizorar un país donde quepamos todos.

“Aida Quilcué les parecerá un sortilegio semiótico a los camaradas del Parkway, pero el mensaje no se le transmite a la ama de casa en Mazurén que está preocupada por la inflación. A punta de resentimiento, lucha de clases y retórica ancestral no logran las mayorías”.

Tremenda lección de clasismo. Creo doctor que en estas líneas se le salió el estrato: el de cierta clase de bogotanos que creen que Colombia empieza y termina de la calle 72 hacia el norte. No señor. Hay otro país real, aunque no tenga apellido ilustre, ni abolengo. Y seamos honestos: el tema de la inflación no es asunto de las señoras (ni las de que viven en Rosales, ni de las sobreviven con lo que pueden en Ciudad Bolívar); ni siquiera es un asunto de los señores, pero ya que toca el tema, es un dato comprobable que Petro recibió la inflación en 10.21%, y hoy la mantiene alrededor del 5%.   

“Decíamos que Cepeda debía conseguir 4 o 5 millones de votos adicionales para ganar (en segunda vuelta necesita inclusive un poco más). No se ven por ningún lado. Y no se tiene ni la capacidad ni la voluntad para conseguirlos. En Chile pasó algo parecido. La candidata comunista –que era la del gobierno– se embolsilló el primer tiquete a la segunda vuelta y su contrincante, que para Chile es un derechista moderado, empujó más a la derecha a Kaiser, su rival ideológico, mientras se tiró a recoger los votos del centro espantados con la posibilidad de que un soviet se instalara en el Palacio de la Moneda”.

Doctor Vélez, ¿por qué no mejor ponemos como ejemplo a México, país mucho más parecido a Colombia que tuvo un primer gobierno de izquierda exitoso con Andrés Manuel López Obrador, quien dio paso a la progresista Claudia Sheinbaum? ¿Por qué no dejar a un lado la retahíla comunista que usted usó en la entrevista que le concedió a María Jimena Duzán? Tres veces tildó de comunista a Iván Cepeda y las tres veces ella lo corrigió. La misma respuesta aplica para Felipe Zuleta Lleras y su columna “Solo unidos derrotaremos al comunismo”, en El Espectador.

Consulté directamente con la fuente. Resulta que el senador Cepeda sí militó en la Juventud Comunista (Juco) y en el Partido Comunista Colombiano durante su adolescencia y juventud. De allí se retiró en búsqueda de otros credos ideológicos: Alianza Democrática M19, Polo Democrático y, finalmente, Pacto Histórico. Si algún apelativo le cabe a Iván Cepeda es el de hombre socialdemócrata.

“Así fue como José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile y será la forma como Paloma la ganará en Colombia”.

El optimismo es bueno para la salud. Con su frase final podríamos dar inicio a otra columna interesante sobre eso que en las redes sociales la gente llama ahora, en tono jocoso, Pa´lomismo.

Su candidata ha dicho que con ella se acaba la Paz Total y llega la Seguridad Total, lo que trae a mi mente, indefectiblemente, la Colombia triste de los falsos positivos en la era Uribe y me lleva a preguntar qué vara de premios habrá esta vez para alentar a los militares a dar resultados en materia de orden público. La señora Valencia dijo además que militarizará la vía Popayán-Cali-Pasto, al tiempo que este confidencial de Semana informa que la candidata recibió el respaldo de 32 generales (r) y cinco ministros de Defensa, entre ellos Martha Lucía Ramírez y Diego Molano.

Al unir una noticia con la otra, no es difícil pensar que la candidata, enemiga del Proceso de Paz del expresidente Juan Manuel Santos, podría tumbar ese tribunal de paz que es la JEP, encargado de revisar los crímenes de exguerrilleros y militares. Lo raro, doctor Vélez, es que usted, como ex funcionario de Santos, nada diga sobre estas cuestiones, habiendo cumplido su papel en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. 

Aun así, hay quienes insisten en que ella es una política moderada de derecha, equiparándola con José Antonio Kast, el presidente de Chile, cuyo padre fue miembro del Partido Nazi. Me sostengo en que mientras Uribe sea el poder detrás del trono, en un eventual gobierno de Paloma Valencia el país retrocederá las dos décadas que tanto nos ha costado superar. Perdonen que lo diga gráficamente: Colombia no puede volver como el perro al vómito.

En un momento crucial, merecemos análisis desapasionados: que los analistas hablen menos con el corazón y más con la razón. Se habla mucho de votos y de futurología, y poco sobre los programas de gobierno de catorce candidatos presidenciales, lo que es otro despropósito, pues la inmensa mayoría no tiene opción distinta que aspirar a una embajada.

A la demagogia de nuestra clase política, no podemos añadir la demagogia de los opinadores. Quizás lo que se nos pide es esforzarnos más a la hora de argumentar, menos pereza intelectual. La gente está curada de mentiras y de espantos. Y el que no, que se mire en un espejo.  

La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

Leer más | Páramos, manglares, humedales, turberas y pastos marinos: los héroes invisibles contra la crisis climática

De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

Leer más | Colombia: comunidades y científicos restauran páramos fundamentales para enfrentar la crisis climática

“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Swaka es una palabra en lengua arhuaca que puede traducirse como centro para el pensamiento, un lugar donde se transforma la palabra. De la mano de la familia Durán, perteneciente al pueblo iku o arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, se convirtió en un proyecto que busca generar dinámicas para fortalecer la economía y soberanía alimentaria de su pueblo.

El proyecto inició en 2015, cuando Juan Durán era estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cada vez que volvía a su territorio, le rondaban una serie de ideas. Una de ellas fue la de llevar algunos productos de la Sierra a la ciudad para comercializarlos, sin mucha experiencia y sin un plan concreto.

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Con esa primera vivencia, Durán se dio cuenta de la necesidad de crear un enlace entre el campo y la ciudad. Sin embargo, no podía ser un proyecto productivo más, apoyado por instituciones u organizaciones, que usualmente se limitan a brindar una asistencia temporal. Este proyecto tenía que basarse en una apropiación del conocimiento por parte del pueblo arhuaco.

Swaka, a su vez, nació de la necesidad de recuperar conocimientos acerca de la memoria agrobiológica y agroalimentaria del territorio. Esta necesidad no es menor, pues actualmente gran parte de la dieta de las comunidades de la Sierra se basa en productos adquiridos desde fuera de su comunidad, como el arroz y la pasta. “La iniciativa es ver cómo poco a poco empezamos a disminuir esa dependencia porque ahí también empieza la soberanía”, comenta Juan Durán.

Es por esto que el proyecto tiene varios frentes: educación comunitaria, memoria agroalimentaria, comercialización de productos y recuperación de saberes ancestrales. “De donde yo vengo hay muchas formas de enseñar, desarrolladas a lo largo de milenios, por lo que necesitamos empezar a apropiarlas, para que no vayan a desaparecer», recalca Durán.

Para Margareth Durán Izquierdo, arhuaca, doctora en toxicología, es importante ver cómo se pueden recuperar y salvaguardar saberes para el servicio de la humanidad. No se trata solo de extraer plantas y medicinas sino de entender la dimensión espiritual y social de cada planta.

Dentro de las actividades que han realizado las mujeres y los niños se encuentra el desarrollo de semilleros de plantas medicinales y de plantas en peligro de extinción. Estos procesos se realizan de la mano con la autoridad de la comunidad, el Mamo, quien autoriza la realización de estas actividades por medio de un ritual tradicional.

“Nuestros mayores son muy celosos con el conocimiento y creo que no es por algo en contra de la ciencia, o de este saber, sino que es una respuesta a todo lo que han vivido”, cuenta Margareth Durán. Esta propuesta de Swaka, es, para ella, una invitación a revalorar cómo ha sido considerado el conocimiento tradicional a lo largo de varios siglos.

Un término del que se habla en la academia tradicional es el de la apropiación social del conocimiento. De allí surge la idea de generar nuevas metodologías que integren los conocimientos ancestrales con el trabajo que se desarrolla en las universidades. “La idea no es decir que la mía sí es la definición acertada de desarrollo, sino mirar desde el punto de vista territorial y cultural cómo hacemos para encontrar la convergencia entre estas dos definiciones”, recalca Margareth Durán.

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Un proceso que teje puentes entre la técnica y la cultura indígena

Una de las preocupaciones principales de los estudiantes indígenas en las universidades es cómo ser capaces de aportar a sus comunidades una vez finalizados sus estudios. Esta fue una obligación para Juan Durán, cuando estaba terminando sus estudios en 2016.

Junto con la profesora Adriana Patricia Ramírez, y al también arhuaco Rafael Mindiola, concibieron la idea de generar un proyecto de extensión solidaria. Este proyecto intentó generar una incidencia de la agroacuicultura en los territorios de Juan y Rafael.

Según cuenta la profesora Ramírez, “encontramos que el modelo de sistemas agro acuícolas era el modelo que técnicamente se podía ajustar a ese contexto donde ellos estaban como pequeños productores físicos y se vio que era posible formular un proyecto en la escuela indígena en Jimaín”.

Lo más importante para llegar a trabajar con ellos, según Ramírez, fue entender las dinámicas propias de la comunidad, más que velar por las metodologías de trabajo a implementar. “El escenario ideal es que los habitantes indígenas hagan sus propias investigaciones y sean protagonistas de sus propias experiencias, todos lo hacemos en conjunto para que el resultado sea para ellos y no para mí como profesora», recalca.

A la hora de entender los ritmos y los tiempos de las esferas académica y comunitaria, no siempre se cuenta con una sincronía. Por lo general, en la comunidad se aprecia más la escucha a través del círculo de la palabra (reunión circular en la que las personas se sientan a hablar y a escucharse entre sí), las recomendaciones de los y las guías espirituales, así como la reflexión constante de los procesos. Esto añade un valor a la academia, donde se suelen priorizar los recursos económicos, los calendarios y la ejecución de proyectos para una entrega de resultados.

Para la profesora Ramírez, todos los investigadores deberían hacer una pasantía en la comunidad que quieren estudiar antes de hacer cualquier investigación, pero, afirma, “muchas veces no hay forma de gestionar ni el tiempo para hacer esos círculos de la palabra”.

Una de las alternativas que se plantearon allí fue entender Swaka como un aula viva, en la que estudiantes de la Universidad Nacional, sede La Paz, en Valledupar, pudieran tener un espacio de extensión, tanto para aplicar los saberes aprendidos en la universidad, como para entender de qué manera los saberes indígenas y comunitarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de saberes múltiples.

Recorriendo Swaka y recuperando el bosque

Lo primero que hizo la familia Durán con el terreno que dispuso para este centro de pensamiento fue restaurar el ecosistema de bosque seco tropical. Para ello sembraron vara de humo (cordia alliodora), nogal criollo (juglans australis), ceibas (ceiba pentandra), guáimaros (brosimum alicastrum), palmas (lepydocarium tenue & prestoea acuminata) y frutales como mango (mangifera indica) y arazá (eugenia stipitata).

Maku Durán, uno de los guardianes del territorio de Swaka, cuenta que en el lugar hay alrededor de ocho hectáreas de bosque recuperado, mientras que en toda la comunidad de Jimaín, con unas 10 000 hectáreas, hay unas 7000 hectáreas en conservación.

Entre las iniciativas surgidas en Swaka están los proyectos de acuaponía, que es un sistema de producción sostenible que combina la crianza de peces (acuicultura) con el cultivo de plantas sin suelo (hidroponía); la Escuela de árboles que intenta recuperar el bosque seco tropical y la Escuela de Tejido y Teñido que se enfoca en la transformación del algodón criollo (gossypium). Todo el proyecto está acompañado por un grupo de científicos que buscan involucrar los conocimientos ancestrales con los académicos tradicionales.

En este espacio cuentan con 12 estanques de piscicultura que al año pueden producir hasta cinco toneladas de carne de pescado, entre cachamas, tilapias y bocachico. También tienen 26 colmenas de abejas, mientras que en la comunidad, dice Maku Durán, hay alrededor de 2000, lo que alcanza para cubrir la producción de Despensa de la Sierra, la marca que crearon para comercializar los productos en las ciudades. “Hacemos la transformación de los productos para poder generar un mayor retorno de los ingresos, antes dependíamos mucho del sector externo”, comenta Juan Durán.

“Hay muchas familias que producen y hacen trueques. De aquí se llevan el pollo, el pescado, el ayu u hoja de coca (erythroxylum coca), hay familias que ahora se dedican solo al tema de producción de miel. Se trata de dinamizar la comunidad para que pueda circular y que los recursos vuelvan a la comunidad”, secunda Maku Durán. En Swaka, no todo intercambio depende del dinero, lo que puede ayudar a fortalecer el tejido social.

Para Maku Durán, el objetivo de Swaka y Despensa de la Sierra es tener una mejor calidad de vida. Esto no implica que “se vayan a perder la cultura o las tradiciones, queremos transformar las realidades con herramientas para seguir existiendo en nuestro territorio”, recalca.

“En Colombia no somos capaces de innovar a la hora de producir comida, ésta es una de las razones por las que en Swaka se está intentando un enfoque agroalimentario circular. Por ejemplo, los alimentos que se producen allí pueden alimentar a los animales y estos a su vez dejan el excremento que será el abono de las siguientes cosechas”, y añade: “Queramos o no, mantener a la sociedad significa producir comida y alimento, pero esto implica pensar desde qué punto de vista se produce“.

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Para la familia Durán Izquierdo, así como para la comunidad Jimaín y el pueblo arhuaco, hay otros métodos para convivir, para hacer las cosas, en los que se le da privilegio a la enseñanza de otras dinámicas y no solo al dinero. Esa es la manera de ver el mundo que ellos quieren ampliar.

Por su parte, la conclusión de Juan Durán apunta a la recuperación de saberes orales. A raíz de esto surgió el texto Recetario ancestral ilustrado Memoria Agroalimentaria Arhuaca. “Creo que de donde vengo -señala- hay muchas formas de enseñar, relacionadas con la producción sostenible, cuidados de la naturaleza, resolución de conflictos y esas formas que son desarrolladas a lo largo de milenios, necesitamos pasarlas al papel, empezarlas a apropiar para que no vayan a desaparecer”.

Imagen principal: Swaka quiere impulsar el desarrollo científico con un enfoque de respeto hacia el conocimiento tradicional. Foto: Daniel Ricardo Guerra.

El artículo original fue publicado por Daniel Guerra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¿Cuáles son los grandes temas de la actualización en curso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Turbo?: es la pregunta que abordarán académicos y expertos de cara a la opinión pública.

• César Augusto Salazar Hernández, docente-investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
• Cristian Sánchez Salazar, profesor de la UdeA y de la UNAL
• Braulio Andrés Angulo Martínez, exdirector de la Seccional Urabá de UdeA y director de Procesos Educativos de la Cámara de Comercio de Urabá
• Gerard Martin, PhD, autor y editor de libros sobre transformaciones urbanas (de Bogotá y Medellín)

La conversación con ellos cuatro y el secretario de Planeación de Turbo, Edinson Carrillo, será conducida por Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

En la primera media hora del Foro conversarán los cinco panelistas y el conductor.

En la segunda media hora, los panelistas responderán preguntas de los oyentes e internautas formuladas por FaceBook y YouTube de Puerto Stereo.

Los ciudadanos interesados o preocupados por el proceso de elaboración del POT de Turbo en esta publicación, POT de Turbo: cuál modelo de ocupación del territorio y riesgos de corrupción, podrán darse una idea sobre los siguientes puntos:

• ¿Por qué es importante el Plan de Ordenamiento Territorial?
• La primera gran decisión: el modelo de ocupación del territorio
• ¿Cuáles son las tres opciones de modelo de ocupación del territorio?
• Decisiones políticas concretas del modelo policéntrico
• Riesgos típicos de corrupción en el modelo policéntrico y cómo prevenirlos en el POT

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Esto piensan panelistas invitados al Foro

Quien fuera el director técnico de PINCEL, el Plan Integral de Desarrollo del corregimiento de Nueva Colonia, Turbo, tiene este punto de vista:

“La revisión del POT es una oportunidad para la regulación de la ocupación del litoral, considerando tanto las dinámicas portuarias-industriales, residenciales, comerciales y turísticas, así como, las acciones de adaptación al cambio climático”:

César Salazar, arquitecto, magister en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad

Uno de los líderes del Comité Universidad Empresa Estado Sociedad de Urabá (CUEES) plantea que:

“Debemos pensar y planear cada municipio y su ordenamiento con lógica de región. Desde Turbo tenemos el reto de proyectar el Distrito en articulación con Córdoba, Chocó, el Gran Urabá, Antioquia, Eje Cafetero y el Mar (Caribe)”.

Braulio Angulo, graduando de Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.

El profesor que impulsa la participación de colegas del pregrado de Desarrollo Territorial de UdeA en el proceso del POT considera que:

“En la actualización del POT, será relevante considerar la transición demográfica y económica en Turbo, pues permitiría al Distrito urbanizarse y fortalecer el tejido empresarial de manera ordenada, sin dejar de lado la necesidad de equipamientos para la educación, la salud y el bienestar social”:

Cristian Sánchez, economista, Mg. en Economía, Mg. en Ciencia Política

Investigador académico holandés, con un compromiso personal con Turbo, exdirector del Programa Colombia de la Universidad de Georgetown (Washington, DC), opina que:

‘El POT de Turbo debe ser producto de un PROCESO pausado de construcción, única manera que logra articular con las nuevas dinámicas portuarias, demográficas y territoriales en curso, incluir proyectos estratégicos concretos y respetar y fortalecer nuestro patrimonio cultural al mismo tiempo”.

Gerard Martin, autor de Medellín. Transformación de una ciudad (Alcaldía de Medellín y BID, 2009)

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Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

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Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

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Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A la radio informativa se le olvidó innovar. Anquilosada, se quedó en formatos que funcionaron en los años 90, sin caer en la cuenta de que estamos de cabeza en el siglo de la inteligencia artificial. 

Tengo la impresión de que la fusión La W Radio—Caracol Radio fue más un trasteo entre casas: los primeros pasaron a vivir en el espacio que ocupaban los segundos. Y como no había cama para tanta gente, entre una casa y la otra, algunos inquilinos tuvieron que desalojar, y a otros, los más afortunados, los cambiaron de habitación, pero les quitaron el micrófono.

A mí el trasteo entre diales no me afectó porque hace rato colgué los hábitos de radioescucha.

Carlos Ruiz, periodista. “La convergencia de Caracol y La W tiene muchas razones en mi concepto. 

1. La Básica venía en decadencia. El director, sus compañeros de mesa, sus editoriales con tintes políticos, las preguntas con carga de opinión. 

2. ⁠Creatividad cero. Las innovaciones no se oían. La radio es movimiento agradable y diario para el oyente.

3. ⁠La pauta publicitaria en radio parece cada vez más esquiva. 

4. ⁠Por lo anterior, los ingresos no eran suficientes para mantener una nómina costosa y con bajo retorno de la inversión. 

5. ⁠Julio Sánchez y su equipo hacían una buena labor en su nicho y eran un desperdicio en una frecuencia que no irradiaba su éxito a la cadena. 

6. ⁠Siempre he creído que unir dos frecuencias radiales con un mismo producto es un desperdicio de una de las dos emisoras o cadenas. 

7. ⁠Además es un sacrificio laboral, social y profesional para mucha gente”.

Durante la pandemia pensé que escucharía más radio para sentirme acompañado. No fue así. Descubrí que al hacerlo, empeoraba mi ánimo en un momento en que el mundo esperaba lo peor, y todos, o casi todos, creíamos que seríamos la siguiente víctima del Covid-19 a la que cremarían, sin velatorio, sin rezos, sin marcha fúnebre hacia el cementerio, como ocurrió con un tío y el esposo de una prima. 

Decidí entonces, en medio del encierro obligado, que había llegado la hora de apagar el transistor para cumplir mis sueños: escribir una novela, hacer un blog, crear un podcast, y luego otro podcast sobre misterio y muerte, aprender a cocinar, continuar con la actividad física en casa y, lo más importante, preparar la llegada de mi primera nieta.

—Pero ¿y cómo te las arreglas para informarte si eres periodista?, me preguntaban mis amigos.

Yo, un poco displicente, respondí. ¿Acaso la radio es el único medio para enterarse de lo que pasa cuando pasa? Para eso están las redes sociales, allá desemboca todo lo que pase en este mundo bello pero a veces inmundo y cruel.  

Graciela Torres, La Negra Candela, periodista de Entretenimiento y panelista de Olímpica Stéreo: “Efectivamente, en esta fusión desaparece La W y queda Caracol.  Creo que se borra un estilo periodístico light como era La W considerado de nicho y se refuerza el masivo para todos los públicos”.

De la vieja escuela, aquellos que crecimos con la buena radio de los años 80s y 90s, muchos cerramos un ciclo como oyentes. Hablo por mi.

Me aburrí de la gritería de la mañana en algunas mesas de trabajo, de las conversaciones insulsas unas veces, de las peleas fingidas o no, y del conteo permanente de muertos, lo que dañaba mi poca paz y me mandaba a la cama intranquilo, a la espera de que en la noche saliera un monstruo del armario. Por eso lo vendí.

Sin bulla, sin el ruido mediático, respiré mejor.  Encontré paz en los libros, en los talleres de literatura y en las clases de budismo y meditación Zen que empecé a tomar por Zoom y sigo tomando.

En conclusión, en pandemia descubrí que la radio ya no me hacía falta. El radiecito Sony ahora es una reliquia, lo mismo que el equipo de sonido, lo mismo que el televisor.  

Alfonso José Luna, director Red de medios Proclama del Pacífico: “No creo que sea el principio del fin, porque hace tiempo transitamos ese camino; esta fusión es, más bien, la consolidación final de un modelo de negocio que ha desplazado al periodismo.

Hay que decirlo con claridad: esto es una movida financiera, no editorial. El Grupo Prisa, como conglomerado español, no busca ‘mejorar la información’ para los colombianos, sino optimizar sus estados financieros y centralizar el control. Al integrar a W Radio con Caracol, lo que vemos es la desaparición de la pluralidad en favor de la eficiencia corporativa. Están creando una maquinaria de ingeniería social centralizada, diseñada no para informar, sino para moldear la opinión pública y entregarla como una base de datos dócil al mejor postor político o económico.

La radio informativa ética, esa que enseñan en la academia y que se debe a la gente, fue superada en estas esferas hace años por el pragmatismo de mercado. Aunque estas cadenas cuentan con periodistas de innegable talento, el sistema los ha cooptado: los sueldos exorbitantes y la cercanía al poder generan una ‘lealtad corporativa’ que eclipsa su deber con la ciudadanía. Se convierten, tristemente, en voceros del establecimiento y no en fiscalizadores del mismo.

Por eso, tal como ocurrió con la fusión de RCN y La FM, queda demostrado que la verdadera reserva moral de la información ya no está en esos gigantes de Bogotá. La responsabilidad de la verdad recae ahora, exclusivamente, en los medios regionales e independientes que no hipotecamos nuestra línea editorial ante agendas extranjeras o grupos económicos”.

Tengo la impresión de que la radio informativa va perdiendo su fuerza. Si dos emisoras se fusionan para convertirse en una, después de despedir a 40 empleados –no sabemos si a más-, significa que ni las audiencias ni la pauta publicitaria son suficientes para sostener el aparataje humano y técnico que supone una estación radial —mejor dicho, dos— encendida las 24 horas del día, siete días a la semana, todo el año sin un segundo de calma, ni sosiego.  

Sé de personas que optaron por apagar la radio ante el malestar, la ansiedad y la desesperanza que generan las noticias negativas.

Además, conforme desaparece una generación –aquella que creció pegada a las ondas hertzianas- aparece una que encuentra otros medios para enterarse de la realidad: la real y la inventada. También sé de personas que optaron por apagar la radio ante el malestar, la ansiedad y la desesperanza que generan las noticias negativas, así vengan adobadas con chismes y chistes de doble sentido.

La radio envejeció y las voces también envejecieron.

Ya no tengo ni el tiempo ni la paciencia para escuchar los en vivo y en directo, y mucho menos para digerir propagandas. Si solo tengo esta vida, quiero que cada minuto valga la pena.  

La nueva era del streaming me mostró que, sin interrupciones, todo fluye mejor y los podcast me acostumbraron a escuchar lo que yo quiero y cuando yo quiero y donde yo quiero. Yo mando sobre el pódcast, no el pódcast sobre mí. Es el mejor de los inventos de este tiempo. ¡Bendito sea!

Luis Francisco Arias, ex director de La Patria Radio: “Pienso que esa fusión se veía venir, luego de lo sucedido con RCN y La FM, y tras el fracaso de Gustavo Gómez al frente del noticiero. Claramente, ya no son los tiempos de Yamit ni de Gossaín, todo eso quedó atrás, y ahora priman otros enfoques más light. Creo que el principio del fin comenzó hace rato, y ya no hay vuelta atrás, el formato informativo que conocemos ya es cosa del pasado. La realidad, además, es que cada vez se reducen más los espacios para los periodistas, y que los despidos masivos recientes sí son el principio del fin de muchos proyectos periodísticos que alguna vez fueron bandera de seriedad, independencia y ética del oficio”.

Mi viejo transistor permanece en cuarentena. De vez en cuando lo observo, porque soy sentimental. Sé que ahí, en ese cajoncito, está seguro.

Mi genio mejoró y el tiempo que dedicaba a escuchar noticias lo invierto más bien en la lectura de los clásicos literarios, de un buen ensayo o una conversación amena. Yo fumaba y lo dejé dos meses antes de la pandemia. Del mismo modo, aprendí que se puede vivir sin la adicción a la radio informativa, que no siempre es todo lo imparcial que uno desearía.

Omar Rincón, crítico de medios: “Quieren refugiarse en el modelo clásico: más información, más información y más información. Consideran que la información es la reina y la gente quiere noticias. Me parece que el casting no cambia: son los mismos con las mismas, haciendo lo mismo. Tiene a Julito, que es una marca de creatividad. Es raro lo que hicieron con Deportes, raro que mantengan La Luciérnaga en el mismo formato. SI tú ves, no hay mucho cambio que digamos. La innovación no se ve por ningún lado. Habrá que esperar”.

Una amiga, que se levantaba a las 5:00 de la mañana a escuchar noticias, tinto y cigarrillo en mano, me cuenta que en este mundo fragmentado y polarizado, se hartó de pasar de una cadena radial a la otra y de que, según ella, le metan por los ojos —mejor dicho, por los oídos—, un producto político empaquetado en forma de noticia.

—“¿Viste? Los periodistas viejos se quedan, y los jóvenes salen”, me escribió otro amigo por WhatsApp.

Toda nuestra solidaridad con los reporteros caídos en desgracia. Si cada vez más hay menos medios y, por lo tanto, menos plazas para ejercer el oficio, ¿se justifica estudiar periodismo? ¿Qué hará en adelante tanto colega desempleado? ¿Manejar taxi, meterse a las ventas por catálogo o crear un medio (llámese blog, pódcast, página web, TikTok…) y hacerlo rentable en momentos en que incluso los medios con músculo financiero hacen maromas para sostenerse? 

Son tiempos difíciles para ser periodista. El maestro Gabriel García Márquez lo llamó “el oficio más hermoso del mundo”. Hoy yo no estaría tan seguro, debido a la precarización laboral. Más no es el fin del mundo, por ahora. Cuando sobrevenga el Apocalipsis, no habrá nadie para contarlo, ni radio para dar el extra.

Respondiendo la pregunta que encabeza este artículo, diré lo que yo creo: con el tiempo Caracol Radio seguirá siendo la emblemática Caracol Radio, y La W desparecerá del letrero, que así murieron tantas otras estaciones que ya nadie recuerda. ¿A qué hora nos hicimos viejos?

Espere mañana: Matador, gordofobia, campaña presidencial, etcétera