Años después volví a encontrarlo en Villa de Leyva. Nos vimos en el marco del Festival de Letras, donde una selección de sus fotografías formaba parte de una exposición abierta al público. En una sala de piedra que mira las montañas que ascienden hacia el páramo, sus imágenes dialogaban con visitantes, lectores y curiosos que se detenían frente a escenas llegadas desde Etiopía, Myanmar o la Amazonía colombiana. Pero fue más tarde, lejos de la exposición y de las conversaciones propias de cualquier festival, cuando entendí mejor quién era el hombre detrás de aquellas fotografías.

Nos sentamos en su casa, también abierta hacia las montañas de Villa de Leyva. La luz de la tarde comenzaba a cambiar sobre los tejados del pueblo y la conversación regresó naturalmente a los temas de aquella travesía por el Güejar. Hablamos de viajes, de libros, de fotografía, de memoria y de las personas que uno encuentra en el camino. Mientras escuchaba sus historias y observaba algunas de sus imágenes fuera del contexto formal de la exposición, comprendí que ambas cosas —el hombre y la obra— estaban unidas por una misma búsqueda. Lo que Xavier Kara persigue con su cámara no son lugares extraordinarios. Lo que busca son momentos en los que el tiempo deja de correr y se vuelve visible.

Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Nunca antes la humanidad había producido tantas imágenes y probablemente nunca antes las había olvidado con tanta rapidez. Fotografiamos todo: lo que comemos, lo que pensamos, los lugares que visitamos, las personas con las que compartimos una tarde. Millones de imágenes nacen cada día para desaparecer pocas horas después bajo el peso de nuevas imágenes. En medio de esa avalancha visual, encontrarse con la obra de Xavier Kara resulta una experiencia extraña porque sus fotografías parecen provenir de otro ritmo. Son imágenes que no exigen ser consumidas. Exigen ser contempladas.

Quizás por eso permanecí más tiempo del habitual frente a ellas. Algo en esas fotografías obligaba a desacelerar la mirada. No había espectacularidad ni artificio. No parecían concebidas para impresionar. Parecían concebidas para observar. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Impresionar es relativamente sencillo. Basta con sorprender. Observar, en cambio, requiere paciencia. Requiere atención. Requiere una disposición que se ha vuelto cada vez más escasa en un mundo gobernado por las distracciones.

La exposición presentada durante el Festival de Letras ofrecía una magnífica puerta de entrada a ese universo. Sin embargo, las fotografías adquirían una dimensión diferente después de conversar con su autor. Lo que en las paredes parecía una colección de imágenes tomadas en distintos continentes revelaba, en la conversación, una coherencia mucho más profunda. Cada fotografía era una estación de un mismo viaje intelectual y humano. No importaba si el escenario era una iglesia excavada en la roca en Etiopía, una ciudad perdida entre la niebla de Myanmar o una montaña amazónica en Colombia. Todas parecían responder a una misma pregunta: ¿qué cosas merecen ser conservadas cuando el mundo cambia?

Más tarde, conversando con Kara, comprendí que esa impresión inicial no era accidental. Me dijo algo que terminó convirtiéndose en la clave para entender toda la exposición. “Me considero un humanista. La fotografía me da una forma de tender puentes entre culturas”. La frase podría pasar desapercibida en una conversación cualquiera, pero en realidad contiene una visión completa del mundo. Porque lo que aparece una y otra vez en sus fotografías no son las diferencias entre las personas sino aquello que comparten. No importa si la imagen fue tomada en Etiopía, Colombia o Myanmar. Lo que interesa no es el exotismo del lugar sino la humanidad de quienes lo habitan.

Eso es precisamente lo que distingue a los grandes viajeros de los simples coleccionistas de destinos. Hay quienes recorren el mundo acumulando fotografías como quien acumula estampillas. Regresan con miles de imágenes y muy pocas preguntas. Xavier Kara parece pertenecer a una tradición distinta. Después de haber viajado por cinco continentes, sus fotografías transmiten menos fascinación por la diferencia que curiosidad por los puntos de encuentro. Hay en ellas una búsqueda constante de aquello que une a los seres humanos más allá de la geografía, la religión o la historia.

Hay algo más que me llamó la atención al conversar con él. A diferencia de muchos fotógrafos contemporáneos, Xavier Kara no habla del viaje como una conquista. No hay en su discurso la épica del explorador ni la ansiedad de quien necesita coleccionar lugares para justificar una identidad. Más bien habla del viaje como una forma de aprendizaje. Como una manera de descentrarse. Como un ejercicio permanente de humildad. Tal vez por eso sus fotografías producen una sensación tan poco frecuente en nuestros días: la sensación de que quien sostiene la cámara está dispuesto a escuchar.

Escuchar es una palabra importante. Durante siglos los viajeros occidentales recorrieron el mundo convencidos de que su tarea consistía en describirlo. Eran observadores que llegaban con respuestas. Los mejores viajeros, sin embargo, han sido siempre aquellos que llegaban con preguntas. Pienso en Ibn Battuta recorriendo el mundo islámico durante casi treinta años. Pienso en Alexander von Humboldt intentando comprender las conexiones invisibles entre geografía, naturaleza y cultura. Pienso incluso en Bruce Chatwin, para quien viajar era una forma de interrogar el deseo humano de movimiento. Lo que une a esas figuras no son las distancias recorridas sino la curiosidad intelectual con la que enfrentaron el mundo.

Las fotografías de Kara parecen nacer de esa misma tradición. No intentan demostrar nada. No buscan confirmar teorías previas. Son el resultado de una atención sostenida hacia aquello que aparece delante de la cámara. Quizás por eso transmiten una serenidad poco habitual. Vivimos rodeados de imágenes que nos dicen qué debemos sentir. Imágenes que buscan indignarnos, emocionarnos o sorprendernos de manera inmediata. Las fotografías de Kara operan de otra forma. Nos ofrecen espacio para pensar. Nos permiten entrar en ellas sin imponernos una conclusión.

Mientras observaba sus retratos etíopes recordé una frase de Ryszard Kapuściński que siempre me ha acompañado. Decía que para ejercer cualquier oficio relacionado con las personas hay que ser, ante todo, buena persona. Puede sonar ingenuo en una época dominada por el cinismo, pero sigue siendo una observación extraordinariamente lúcida. Uno termina viendo el mundo según la calidad de su atención moral. Y la fotografía, como la literatura o el periodismo, termina revelando tanto sobre quien mira como sobre aquello que es mirado.

Quizás por eso la palabra humanismo aparece una y otra vez cuando uno intenta describir la obra de Xavier Kara. Un humanismo que no nace de los discursos sino de la observación. Que no consiste en proclamar principios abstractos sino en reconocer la dignidad de las personas, de las culturas y de los paisajes que aparecen frente al lente. En tiempos de polarización, de identidades enfrentadas y de relatos que insisten en subrayar aquello que nos separa, resulta refrescante encontrarse con una obra construida sobre la convicción opuesta: la idea de que el mundo es más grande que nuestras diferencias y de que todavía es posible encontrar puntos de encuentro entre seres humanos que nacieron a miles de kilómetros de distancia y bajo tradiciones completamente distintas.

Esa búsqueda aparece de manera particularmente poderosa en las imágenes tomadas en Lalibela, Etiopía. En una de ellas observamos las manos de un hombre sosteniendo un antiguo manuscrito escrito en ge’ez, la lengua sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En otra, un anciano inclina el rostro sobre aquellas páginas desgastadas por siglos de uso. Lo interesante es que las fotografías nunca caen en la tentación de convertir la escena en una curiosidad antropológica. No estamos observando una rareza cultural. Estamos observando algo mucho más universal: la relación entre una persona y aquello que considera sagrado.

Mientras contemplaba esas imágenes pensé que las civilizaciones sobreviven gracias a personas como aquellas. No necesariamente gracias a los grandes conquistadores o a los protagonistas de los libros de historia, sino gracias a quienes dedican su vida a custodiar una tradición. Un monje copiando manuscritos medievales. Un bibliotecario protegiendo documentos durante una guerra. Un abuelo transmitiendo historias familiares a sus nietos. Un sacerdote etíope leyendo palabras escritas hace siglos. La historia humana es también la historia de quienes mantienen viva una llama para que otros puedan encontrarla después.

Algo parecido ocurre con la extraordinaria fotografía de una joven sosteniendo una vela durante la celebración del Genna, la Navidad etíope. La imagen está construida alrededor de una paradoja elemental: la oscuridad domina el encuadre, pero es la pequeña llama la que termina capturando toda nuestra atención. En tiempos donde la grandilocuencia suele imponerse sobre la sutileza, la fotografía parece recordarnos una verdad antigua: muchas veces basta una pequeña luz para desafiar a toda la noche. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad han comprendido siempre esa idea. También la literatura. También la filosofía.

La misma sensibilidad aparece cuando Kara dirige la cámara hacia los Cerros de Mavecure. He visto muchas fotografías de ese lugar extraordinario en la Amazonía colombiana, pero pocas consiguen transmitir lo que realmente significa encontrarse frente a esas montañas. Sabemos que son algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Sabemos que han permanecido allí durante más de mil millones de años. Sin embargo, conocer el dato geológico no equivale a comprenderlo. La fotografía de Kara logra algo más difícil. Nos hace sentir el peso del tiempo. Nos obliga a confrontar nuestra propia escala frente a una realidad infinitamente más antigua que nosotros.

Quizás por eso una de las frases de la muestra quedó resonando en mi memoria. Refiriéndose a Mavecure, Kara escribe que la naturaleza no aparece allí como telón de fondo sino como protagonista. La observación parece sencilla, pero en realidad cuestiona una de las ideas más arraigadas de la modernidad: la noción de que el ser humano ocupa siempre el centro de la historia. Frente a esas montañas comprendemos lo contrario. Somos apenas visitantes temporales en una historia mucho más larga que la nuestra.

Esa misma reflexión atraviesa sus imágenes de Mrauk-U, la antigua ciudad de Myanmar cuyos templos emergen entre la niebla como recuerdos materializados. Hay lugares que parecen existir simultáneamente en el pasado y en el presente. Lugares donde la historia no ha desaparecido sino que continúa respirando bajo distintas formas. Las fotografías de Kara capturan precisamente esa sensación. No muestran una ciudad despertando. Muestran una ciudad soñando.

Conversando con él descubrí que buena parte de su formación ocurrió en Londres, donde fue miembro de la Ealing Photographic Society, fundada en 1890 y considerada una de las sociedades fotográficas más antiguas del mundo. Allí desarrolló muchas de sus habilidades técnicas. Sin embargo, sería un error atribuir el valor de su obra únicamente al dominio del oficio. La técnica es indispensable, pero nunca suficiente. Lo que distingue a una fotografía memorable de una fotografía correcta es la mirada que existe detrás de la cámara.

Y la mirada de Xavier Kara está profundamente influenciada por una tradición que reconoce en Sebastião Salgado, Fan Ho, Henri Cartier-Bresson, Nereo López y Jimmy Nelson algunas de sus principales referencias. Hay algo que une a todos esos nombres. Ninguno utilizó la cámara únicamente para registrar lo que veía. Todos intentaron comprender algo sobre la condición humana. Todos entendieron que una fotografía podía ser también una forma de conocimiento. Una manera de interrogar el mundo.

Antes de despedirnos, Kara mencionó una frase de Marco Aurelio que considera una guía personal: “Recibe sin gloria. Pierde sin preocupación”. Pensé entonces que existe algo profundamente estoico en su trabajo. Sus imágenes no parecen desesperadas por llamar la atención. No buscan el aplauso inmediato ni el impacto efímero. Se limitan a permanecer. Como permanecen las montañas. Como permanecen los libros antiguos. Como permanecen las ciudades que sobreviven a los imperios y las tradiciones que sobreviven a los siglos.

Salí de su casa cuando comenzaba a caer la tarde sobre Villa de Leyva. Las montañas seguían allí, inmóviles, observando desde la distancia. Recordé entonces aquella travesía por el Güejar años atrás. Después de todo, quizás nunca dejamos de cruzar ese río. Algunos lo hacen con una cámara, otros con libros, otros simplemente conversando. Lo importante no es la orilla a la que se llega. Es la forma en que se recorre el camino. Porque viajar, en el fondo, es una manera de estar en el mundo. Una forma de vivir.

UMBERTO ECO.

En la noche del pasado 31 de mayo Iván Cepeda, el candidato progresista a la presidencia de Colombia, al referirse a Abelardo de la Espriella, usó la expresión “Fascismo criollo mafioso”. Más allá del adjetivo “criollo”, que se usa para calificar, denigrar o despreciar “lo tropical”, lo que surge desde América Latina, y que por eso mismo no me gusta, es válido preguntarse si la expresión “fascismo mafioso” tiene pleno sentido, y si configura un riesgo para la sociedad colombiana, pues implicaría el peligro de que se instaure un régimen político y social autoritario, dictatorial, excluyente, violento y violador de los derechos humanos. Es urgente preguntarse si Abelardo de la Espriella representa ese peligro y si encarna la posibilidad de que ese fascismo se instaure en el pais. Pero ¿qué es el fascismo, por qué es peligroso? ¿Puede decirse que de la Espriella lo representa?  

Cuando hablamos del “fascismo histórico”, el que se materializó en Alemania con Hitler, pensamos en una ideología totalitaria, como lo vio Hannah Arendt, una ideología que pretende tener una explicación única, verdadera y omnicomprensiva de la realidad social, de la historia, y que a través de la propaganda moviliza a las masas. El fascismo toma fuerza en momentos de crisis y aparece como una solución a los problemas de la sociedad, ya sea la crisis económica, la descomposición social, el hambre, el desempleo, la falta de perspectivas de futuro, y por eso logra la adhesión de la gente. Lo movilizan las clases altas en el poder, y se encarna en las clases medias y populares. Por eso, el fascismo es mesiánico y se muestra como salvador. El fascismo tiene la pretensión de resolver los problemas que enfrenta una sociedad en un momento determinado y por eso aparece con la pretensión salvacionista.

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo. Todos estos son “afectos inmunitarios” para decirlo con la filósofa Laura Quintana, que legitiman la expulsión, el encerramiento y la eliminación del Otro, el cual es visto como un virus, una enfermedad oun peligro para el cuerpo social.

El fascismo actúa con una lógica defensiva y agresiva contra ese otro, el enemigo en la lógica de Carl Schmitt, busca controlarlo o extirparlo. Para ello crea una narrativa de la nación, la patria o el pueblo, los cuales, según la ideología fascista, es corrompido, degenerado, dañado  o imposibilitado por el Otro, por el enemigo, el comunista, el judío, el guerrillero. El fascismo imagina una Edad Dorada de un tiempo pasado que fue mejor, al que hay que volver; imagina una sociedad pura, virginal, adánica o edénica, que ha sido corrompida por el Otro, por eso imaginan un paraíso al cual se desea volver o el cual se desea restaurar en el futuro. De ahí que el fascismo suele tener tintes conservadores. Ahora, esas ideas con las cuales se construye la imagen idealizada de la patria, la nación, el pueblo, suelen ser simplísimas, básicas, de poca profundidad tal como la “superioridad de la raza aria”. Esto es así porque ante todo tienen que poder ser traducidas en frases cortas o eslóganes efectistas, que puedan ser hábilmente difundidas por el aparato mediático de propaganda (sean estatales o privados). El fascismo busca una comunicación efectiva que movilice los afectos de odio y de miedo hacia el Otro; es, también, profundamente dogmático y cerrado, lo cual también se expresa cuando expele el fondo bestial de su entusiasmo que actúa como combustible en su operación inmunológica frente al “enemigo”.

Pero una vez en el poder, una vez ha logrado la legitimación social o una vez ha logrado la hegemonía en la sociedad, el fascismo se vuelve más peligroso porque se institucionaliza. Crea una vigilancia generalizada hacia la sociedad; crea cierto aparato burocrático y fuerzas policiales (estatales o paramilitares) para el control de los disidentes, de los críticos, de la oposición; busca criminalizar la protesta social o eliminar la oposición política. Es ahí donde aparecen los señalamientos, las estigmatizaciones, las desapariciones, los encarcelamientos, los internamientos, las cárceles, las deportaciones o la tortura; surge la violación de las libertades de expresión, pensamiento, movimiento, etc., en fin, de los derechos humanos. Emerge una dictadura fascista que se impone sobre el cuerpo social, y que actúa con una complicidad de parte de la sociedad, tal como ocurrió en Alemania, donde muchos ciudadanos sabían y otros se hicieron los ciegos frente al exterminio judío.

En otro escrito he sostenido que en la actualidad Estados Unidos camina hacia un fascismo, debido a que en el gobierno de Donald Trump se ha dado una

“vuelta a un nacionalismo chovinista, las políticas xenofóbicas, la caza de migrantes, la destrucción de la división de poderes y las instituciones intra e interestatales, la censura de la prensa, la censura de libros, el ataque a la autonomía universitaria, los ataques a la libertad de expresión y de reunión, el anti-intelectualismo, el rechazo de la ciencia en los movimientos antivacunas, la defensa a ultranza de los valores familiares tradicionales, el negacionismo climático, la movilización del miedo y del odio como afectos inmunitarios contra el diferente, el otro, el extranjero, el pobre; la persecución de los opositores o de los disidentes, la misoginia, la proscripción de los discursos de género y la negación de los derechos para las minorías, el supremacismo blanco racista; el aumento del securitismo y el militarismo, el culto a la personalidad de sus seguidores”.

Creo que estos mismos peligros corre la sociedad colombiana con el “tipo de ideas” que encarna Abelardo de la Espriella. Esta clase de ideas son claramente de tipo fascista. De la Espriella [a] ha creado la narrativa de un “país milagro”, escatológica, al que [b] hay que salvar. [c]Rellena esa narrativa con frases simples o eslóganes como “Firmes por la patria” y [d] promueve las banderas de la defensa de la propiedad (de los más ricos) y de la seguridad. También crea [d] una narrativa del enemigo, del chivo expiatorio culpable de todos los males del país, en este caso, la izquierda comunista y guerrillera. Esa izquierda es el “gran Otro” del que hablamos atrás. Esa izquierda es el virus al que hay que eliminar para mantener sano ese “cuerpo social” que es la patria. La patria aparece como un significante afectivo, romántico, efectista, que promueve [e] la militarización de la sociedad en su conjunto y la proliferación de miles de cárceles. A esto se suma [f] la promoción de la virilidad tóxica patriarcal del fuerte, de la fortaleza. El “tigre” es ese símbolo de fortaleza pero que también tiene un componente violento: es el que destroza a los enemigos de Colombia, a los enemigos de la “gente de bien” que la derecha que encarna defiende. Esto es así porque, entre otras cosas, [g] este neofascismo es profundamente clasista y elitista. Estas dos características las epidermiza y encuerpa el propio candidato (en realidad un “rastacuero recienvenido”) con su estética personal y sus actitudes (esos “desprecios que matan”). A esto se suma la [h] vieja defensa de los sagrados valores familiares por medio de una religión. Y cuando la religión aparece mezclada con la política, el cóctel es peligroso, ya lo sabemos por múltiples experiencias históricas.

El fascismo que encarna Abelardo de la Espriella es manifiesto en el [i] ataque continuo a la prensa y la persecución de periodistas, [j] la animadversión que ha mostrado frente a la educación pública, crítica y secular; sus [k] ataques a la diversidad, su misoginia, su homofobia, su sexismo y su machismo explícitos. Este último aspecto lo convierten en un candidato anti-derechos, algo tan propio de los neofacismos que buscan conculcar los logros históricos de las luchas de las mujeres y los movimientos LGTBIQ+.

Abelardo de la Espriella no solo encarna elementos del “fascismo histórico”, sino que adopta elementos más recientes [l] como la lucha contra lo que llaman “ideología woke”, que en sus comienzos fue progresista y que, posteriormente, devino en fundamentalismo identitario. Pero el problema es que dentro de lo “woke”, que ellos asimilan a “progresismo”, el fascismo actual incluye todo aquello que es de su desagrado o que defiende demandas y valores emancipatorios que el fascismo detesta. Esto es parte de la batalla cultural que el fascismo actual o sus manifestaciones (Con Trump, Milei, Vox o Bukele) asumen como tarea en los medios y en el proselitismo político diseñado para confundir y movilizar a las masas, asimilados más a creyentes. Asimismo, [m] parte de los nuevos dispositivos que incorpora este neofascismo es la pornopolítica, en la cual la política misma se vacía de contenido y se convierte en espectáculo, en show, en escena, dejando de lado los debates esenciales para la sociedad como la salud, la naturaleza, la justicia social, la equidad, el arte, la educación y la cultura. Esto es así porque el fascismo se basa en un régimen de simplificación que minimiza lo complejo, ensalza exageradamente ciertos valores y contenidos y rehúye la complejidad y la heterogeneidad de lo real, entonces, resulta más simple hablar de patria, emprendimiento o seguridad.   

El “fascismo criollo mafioso” como lo llamó Cepeda es, en verdad, el que [n] representa un peligro para la institucionalidad, la constitución y la democracia real. Ya se anunció un gobierno como el de Trump en el cual se gobierna por medio de una avalancha de decretos presidenciales, soslayando el debate en el congreso, en el legislativo, y presionando a las Cortes para su aprobación. Con métodos de captura y amenaza constante de la institucionalidad fue que Bukele logró cambiar la constitución para instaurar la reelección indefinida en el Salvador. Así podrá perpetuarse en el poder por los próximos años. Y todo eso se fundamenta y legitima en el dogma del securitismo y en su papel de salvador de la patria. De este modo, la alternación democrática es la primera damnificada, al igual que la participación del ciudadano en los asuntos que le conciernen.  

En 1995 Umberto Eco dictó su célebre conferencia “Il fascismo eterno” traducida al español como “Contra el fascismo” en el cual señala varias características “esenciales”, “eternas del fascismo” que permiten reconocerlo, entre ellas: el culto a la tradición, al pasado, el irracionalismo, el culto a “la acción por la acción” pues “la vida es para la lucha”, la sospecha hacia el  mundo intelectual o el anti-intelectualismo (pues los intelectuales críticos siempre son una molestia o un peligro), el rechazo al desacuerdo o a la disidencia argumentada, pues “el desacuerdo es traición”; el miedo a la diferencia y la búsqueda de un consenso homologante impuesto en la sociedad; su apoyo en las clases medias, el culto a la identidad nacional; el “elitismo popular”, pues los ciudadanos defensores de sus ideas son “los mejores” ciudadanos; el heroísmo, el “culto a la muerte” y la lógica del sacrificio (hacerse matar por la patria) y, por su puesto, comenta Umberto Eco, el machismo y el culto a las armas. Quien lea bien el texto de Eco podrá hacer una tabla comparativa y comprobar si el abogado, “estafador de estafadores” como lo llamó Cepeda, encarna muchas de esas características.

Finalmente, el fascismo “mafioso” se representa en que el candidato ha sido un comprobado defensor jurídico de la mafia, en lo cual no ha mostrado escrúpulos pues al fin y al cabo la “ética nada tiene que ver con el derecho”, según dice, sino además porque los regímenes que se están configurando en la región, como el de Ecuador con Noboa, han mostrado un entronque entre el narcotráfico y todo tipo de economías ilícitas con sectores políticos y con el aparato estatal. De configurarse el fascismo mafioso en Colombia, las expresiones “enriquecimiento sin causa” o “enriquecimiento ilícito” serían moneda de cada día. Este es el molotov que se avecina para Colombia si los ciudadanos deciden elegir el pasado securitista, excluyente y oligárquico por sobre un modelo de sociedad más justo y equitativo.

Referencias bibliográficas claves

Arendt, Hannah. (1951). The origins of totalitarism. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Eco, Umberto. (2025). Contra el fascismo. Barcelona: Lumen.   

Cruz, Edwin. (2025). Pornopolítica. Bogotá: Desde abajo.

Pachón, Damián. (2026). “El fascismo americano y las ultraderechas autoritarias”. En: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/el-fascismo-americano-y-las-ultraderechas-autoritarias/

Quintana, Laura. (2021). Rabia. Afectos, violencia, inmunidad. Barcelona: Herder.

Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

Leer más | Elecciones en Perú: las propuestas sobre minería ilegal en los planes de gobierno son pobres y sin estrategias claras, plantean expertos

“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

Leer más | Guardianes de la Trocha: la banda que se disputa el oro y siembra el terror en La Pampa peruana

Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

Leer más| Viaje al corazón del crimen en Perú: la destrucción que dejan mafias de oro y madera en comunidades del río Santiago

Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

Leer más | Perú: así funciona el sistema de extorsiones, amenazas y asesinatos que devasta los bosques en La Pampa

Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Cuando abrí mi Facebook a finales de enero, en mi feed estaba la avalancha de videos de soldados regulares festejando porque su bonificación mensual les llegó por un salario mínimo. Estaban emocionados. ¡Felices! Celebrando el valor de su bonificación. Antes nadie les había pagado de forma digna. En los videos bailan, tienen sonrisas que parecen soles. Verlos me provocó una pequeña inundación lagrimal.

Uno de ellos soltó con una sonrisa iluminadora: “Te amo, Petro”, de manera espontánea, sin ironía, sin malicia ni cálculo político. En ese “Te amo, Petro” solo había gratitud auténtica por lo que significa que su trabajo no sea invisible.

Por primera vez en la historia colombiana, recibían un salario mínimo legal vigente por prestar su servicio militar. En un video un soldado pregunta: ¿Cuánto es? Otro responde, con una sonrisa de oreja a oreja, los ojos aguados y tono de asombro: “1.750.905 pesos”.

Esta cifra significa para ellos mucho más, es:

Dignidad monetizada.

Dignidad reconocida.

Eso se llama dignidad social.

Los soldados regulares del Ejército y la Fuerza Aérea, infantes de marina de la Armada y auxiliares de la Policía Nacional, a partir de este año no recibirán como bonificación una limosna institucional, sino el valor de un salario digno y decente.

¿Por qué esto es histórico? La bonificación que recibían los solados, antes de 2026, era una fracción miserable del salario mínimo legal vigente —30 % hasta antes de 2024, luego 50 % en 2024 y 70 % en 2025— lejos de lo que un trabajador normal recibe. Y hoy esa barrera se rompió: con ese SMLV ($1.750.905) se reconfigura la relación entre ciudadano y Estado para miles de jóvenes (esto lo explicaré más a fondo en próximos párrafos).

Pero esto va más allá de la dignidad, toca otras esferas ciudadanas. Genera una transformación estructural en la manera como el Estado reconoce el trabajo de los jóvenes que salen del colegio sin saber qué hacer con sus vidas.

Hoy podemos afirmar que se abrió para muchos jóvenes un horizonte distinto, principalmente en zonas rurales y poblaciones con altos niveles de pobreza. Los jóvenes salen del colegio para dar un salto al vacío. Surge la pregunta aterradora: “¿y ahora qué?”, sin posibilidad de un empleo formal, con pocas oportunidades de educación superior. Muchos se quedan en el limbo de la informalidad o, peor, en el círculo de la violencia.

Esta bonificación con el valor de un salario mínimo es realmente una política pública con consecuencias profundas sobre el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.

El economista Gary S. Becker en 1968 publicó en el Journal of Political Economy el artículo académico Crime and Punishment: An Economic Approach, del que nació la moderna economía del crimen. Durante gran parte del siglo XX el crimen se explicaba desde la sociología y la psicología. El comportamiento criminal se debía a una desviación patológica, una enfermedad mental; también era producto de la alienación social o de deficiencias mentales individuales. Entonces, desde ese ángulo, el crimen es un destino escrito o una reacción irracional, no una elección.

Pero Becker plantea una idea incomoda y definitivamente revolucionaria pero útil para la política pública y para entender la génesis del crimen: que la lógica del llamado “costo de oportunidad” también funciona cuando alguien decide delinquir.

Muchas decisiones —incluidas las criminales— se toman dependiendo de qué tan grande sea el beneficio. Las personas, consciente o inconscientemente, comparan lo que pueden ganar con lo que pueden perder al cometer un delito.

Para que el crimen resulte atractivo, lo que se consiga ilegalmente debe ser más y mejor que lo que se puede obtener por la vía legal.

Entonces, el delito se convierte en una elección económica: las personas eligen delinquir cuando sienten que es la salida más rápida y sencilla para obtener eso que necesitan. Son más propensas a delinquir cuando creen que cometer el delito le dará una “ganancia” mayor que usar su tiempo y esfuerzo en actividades legales.

¿Cómo funciona eso en la ciencia económica?

La matemática del modelo de Becker está basada en la teoría de la utilidad esperada de los señores Von Neumann y Morgenstern. Ya sabemos que la teoría de Becker dice que las personas toman decisiones pensando —la mayoría de las veces de manera inconsciente e intuitiva— en lo que pueden ganar y en lo que pueden perder.

Pero esta elección delictiva se hace en medio de la incertidumbre, porque nadie sabe con seguridad si le va a salir bien la vuelta o si va a terminar descubierto y capturado.

Von Neumann y Morgenstern resumen esto en una fórmula que, aunque parece difícil y compleja, representa algo muy cotidiano:

E(Uⱼ) = pⱼ Uⱼ(Yⱼ – fⱼ) + (1 – pⱼ) Uⱼ(Yⱼ)

Se las traduzco:

E(Uⱼ) es lo que la persona espera “ganar” o sentir al final de su decisión.

pⱼ es qué tanta probabilidad cree que tiene de ser capturado y condenado.

Yⱼ es lo que gana con el delito: “el botín” y, a su vez, esa sensación de poder o de salida rápida de la pobreza.

fⱼ es lo que perdería si lo atrapan: multas, cárcel (su libertad), que se reduce a tiempo de vida perdido, vergüenza social…

Y Uⱼ representa cómo cada quien enfrenta el riesgo —hay quienes se lanzan sin paracaídas y sin miedo y quienes no—.

Esta fórmula matemática es la comparación (consciente o inconsciente) que las personas hacen: lo que quieren ganar con el delito frente a lo que ganarían quedándose en lo legal —para el caso de los jóvenes: un horizonte nublado—.

Becker no ve el crimen como una enfermedad mental o un arrebato irracional, sino como alguien que decide meterse en un negocio peligroso. Si el premio parece grande y el riesgo pequeño, la gente se arriesga. Si el castigo es alto o la probabilidad de caer es grande, la idea deja de ser atractiva.

Por eso, cuando aumenta la presencia policial (sube p) o cuando endurecen las penas (sube f), en teoría el delito se vuelve menos atractivo. Pero esto no es suficiente y debe ir acompañado de políticas públicas sociales.

Aquí entra el economista Isaac Ehrlich, que amplió y profundizó la teoría de Becker. En 1973 publicó, también en el Journal of Political Economy, el artículo investigativo Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Allí nos dice que cada persona reparte su tiempo como puede, inconscientemente arma un pequeño plan de vida con lo poco que tiene a mano.

Según su Ehrlich, cada persona divide su tiempo (t) entre tres cosas:

• El tiempo en actividades legales (tₗ): trabajo honrado, buscar empleo, estudiar, trabajo informal para sobrevivir —todo lo que da ingresos seguros o medio seguros (Wₗ).

• El tiempo en actividades ilegales (tᵢ): delincuencia, meterse en vueltas raras, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, paras —que pueden dejar plata rápida (Wᵢ), pero también cárcel y problemas (Fᵢ).

• Y el tiempo de ocio (t𝚌): en el que están sin hacer nada o sin hacer mucho, esperando que el futuro les cambie con oportunidades que surjan.

Ehrlich lo explica como si cada joven intenta “invertir” su tiempo donde cree que le va a rendir más.

Ahora traduzcamos esto a la actual realidad colombiana:

Un joven se gradúa de bachiller: no consigue trabajo, no puede ingresar a la universidad, su familia tiene necesidades, pasan hambre, pasa días enteros sin hacer nada productivo, nadie lo contrata o, cuando lo hacen, es con un pago miserable. Su ingreso legal (Wₗ) es casi cero. En ese escenario, para el joven dedicar tiempo a lo legal no parece el camino que muestre un horizonte para salir adelante.

Ahí es cuando aparecen los grupos ilegales, las bandas criminales, el narcotráfico, ofreciendo plata rápida, pertenencia a un grupo, una salida —así sea peligrosa— frente a una vida sin horizonte, sin oportunidades.

Para muchos jóvenes, no es que el crimen sea bueno. Simplemente es mejor que no tener nada.

Y por eso Ehrlich demuestra que cuando el ingreso legal es muy bajo, el costo de meterse en lo ilegal desaparece. Coloquialmente: cuando trabajar honradamente no da para vivir, delinquir empieza a verse como una alternativa.

Ahora viene lo interesante que está pasando con la bonificación de los soldados bachilleres y auxiliares de policía:

Cuando el Gobierno sube el ingreso legal —cuando convierte el valor de bonificación miserable en un SMLV para quienes prestan servicio militar— cambia completamente ese cálculo del costo de oportunidad.

Aparece entonces una opción concreta para miles de jóvenes que hoy están sin estudiar ni trabajar, sin rumbo claro: entrar al Ejército como soldado regular o bachiller o a la Policía como auxiliar.

Ya no van a arriesgar su vida, ni van a pasar trabajos por una miseria, sino para recibir un salario mínimo digno durante su tiempo de servicio; con ese ingreso van a progresar ellos y ayudar a sus familias.

Eso, en términos de Ehrlich, significa que el Wₗ —el ingreso legal— deja de ser casi cero y se vuelve una alternativa real de vida.

Y cuando eso ocurre, pasan dos cosas:

Primero: el tiempo que a los jóvenes antes se les iba a la nada o a la delincuencia empieza a moverse hacia lo legal. Trabajar para el Estado ya no parece perder el tiempo, sino un horizonte claro y una oportunidad.

Segundo: disminuye la necesidad de buscar plata rápida y peligrosa.

Ser soldado o auxiliar de policía ahora sí paga. Entonces, muchos jóvenes que hoy están sin futuro van a preferir ponerse el uniforme de nuestro Ejército y nuestra Policía antes que meterse en una banda criminal o en el narcotráfico.

Esto no solo beneficia a los jóvenes y a sus familias. Hace algo que Colombia necesita: le quita al crimen una de sus principales fuentes de reclutamiento.

El reclutamiento y uso de niños y jóvenes por grupos armados, narcotráfico y bandas criminales es un fenómeno que persiste gracias la desigualdad. Y que permite control territorial de las bandas criminales, paramilitares, narcos… además de coerción, vulnerabilidad social y ausencia estatal.

Y genera algo más: estos jóvenes que entran a prestar su servicio en el Ejército y la Policía por necesidad económica terminan encontrando un horizonte, un proyecto de vida, quedándose en las Fuerzas Públicas, que, por cierto, desde 2024 el ingreso es gratuito. Así se profesionalizan, construyendo una estabilidad y un futuro.

Becker y Ehrlich, por supuesto, no hablaban de Colombia. No hicieron estas teorías pensando en un país suramericano. Pero la teoría de cada uno explica perfectamente por qué políticas como esta —pagar dignamente el servicio militar— pueden tener efectos enormes a mediano plazo en un país como el nuestro, con la violencia y el reclutamiento juvenil tan arraigados.

Decisiones gubernamentales como esta no atacan el crimen solo con más castigo.

Lo atacan donde más duele: en la falta de oportunidades.

¿La transformación es inmediata? No. ¿Es determinista? No. ¿Funciona como una varita mágica? Tampoco. Pero produce cambios sociales positivos a mediano y largo plazo. El Estado acaba de abrir una opción legal, inmediata y pagada dignamente para jóvenes que salen del colegio sin alternativas. Es la transformación del horizonte vital de cada joven que elige servir en nuestra Fuerza Pública: dejan de deambular sin rumbo ni expectativas.

Son 18 meses con ingreso equivalente al mínimo, permitiendo que construyen un proyecto de vida y aprendiendo disciplina. Eso que llamamos “decisiones políticas” son, muchas veces, rutas disponibles. Y el gobierno de Petro acaba de abrir una ruta legal y con futuro para progresar a miles de jóvenes.

Y si tú estás leyendo esto y aún te preguntas: “¿y eso qué tiene que ver con la seguridad?” te respondo:

Primero: menos jóvenes disponibles para las economías ilegales y el reclutamiento forzoso, porque una parte de ellos verá en el Ejército y la Policía una fuente de progreso, una manera de construir su vida. Y eso, a mediano plazo, reduce el reclutamiento en los lugares de mayor pobreza.

Segundo: esta bonificación equivalente al SMLV hace más atractivo entrar y permanecer en el Ejército y la Policía. Si más jóvenes entran como bachilleres, algunos intentarán quedarse, pasar a profesionalizarse y construir carrera. Esto va a aumentar el número de miembros de las Fuerzas Públicas, lo que mejora las capacidades y aumenta la presencia en los territorios.

Y era inaceptable que se les diera una miseria de bonificación por servicio a jóvenes —casi todos pobres— sin pagarles como a cualquier persona que trabaja. La dignidad no es un discurso. También es una cifra en la cuenta bancaria.

El bienestar y la moral de nuestras Fuerzas Públicas no se suben con elogios en redes sociales, ni con eslóganes acompañados de saludos militares. Que los soldados regulares y auxiliares de policía ganen dignamente es estar verdaderamente firmes con y por la patria. Los otros usos que le dan a la expresión actualmente hacen parte del guion cómico y cínico que usa, histriónicamente, alguien que codicia la presidencia de este país.

¿Falta medir impactos? Sí. Las estadísticas juiciosas y reales no nacen en un mes. Pero lo que si puedo afirmar —con convicción— es que cuando la política está orientada a la dignidad y no al castigo, quedan positivas herencias silenciosas: un país donde algunos jóvenes no entrarán a la violencia porque, por primera vez, el Estado les ofreció una alternativa pagada y concreta. Eso es realmente construir un país sin desigualdad.

Les cuento la historia real de este aumento para que no sigan como zombis a las momias politiqueras actuales que se atribuyen logros ajenos:

 La ley 1861 de 2017 decía que todo joven que prestara el servicio militar tenía derecho a una bonificación mensual del 30% del salario mínimo.

Pero —porque en Colombia siempre hay un “pero”— el Congreso dejó una puertica medio abierta, por supuesto con su trampa: esa bonificación podía subir hasta el 50%, siempre y cuando hubiera plata.

En versión colombiana:

“Te vamos a pagar más… si sobra presupuesto”. ¿Y qué creen? Nunca hubo plata… hasta que llegó Petro.

El 30 % era un derecho automático. El 50 % era una ilusión bonita, pero falsa, amarrada a una sentencia de muerte: “sujeto a disponibilidad presupuestal”, es decir: “algún día, tal vez”.

¿Y qué pasó durante años? Entre 2017 y 2022 la bonificación nunca pasó de ese 30 %. Para 2022, un soldado y un auxiliar de policía recibían alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Con eso debían cubrir la comunicación con su familia, el transporte en los permisos, sus cosas de aseo y todos los gastos personales necesarios… y, la gran mayoría de veces, eran las familias (casi siempre de bajos ingresos) las que terminaban mandando plata, con un esfuerzo increíble, para sostener al hijo que estaba “sirviendo a la patria”.

Ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque quisieron invertir en mejorar la calidad de vida de estos jóvenes subiendo al 50 % la bonificación.

Hasta que llegó Gustavo Petro y cambió esto.

Llevó al Congreso una adición al Presupuesto General de la Nación —la Ley 2299 de 2023— donde, entre muchas cosas, aumentó el presupuesto para dignificar a la base de la Fuerza Pública, los soldados regulares, los auxiliares de policía… El Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1557 de 2023 y, aplicando la ley 1861 de 2017— que ningún presidente ni ministro quiso aplicar— subió la bonificación al 50% del salario mínimo.

Petro no estaba inventando nada nuevo. No era populismo. Estaba pensando en el bienestar de las tropas. Pensó en el futuro de todos esos jóvenes y, para ello, usó el máximo que la ley permitía… por primera vez.

Pero el 50 % no es suficiente. Si de verdad se quiere dignificar a la Fuerza Pública, esos jóvenes que trabajan para Colombia prestando su servicio militar merecen que se les pague, como bonificación, el valor de un SMLV, como a cualquier ciudadano colombiano. Pero la Ley 1861 de 2017 no lo permitía: había que cambiar la ley.

Así que en 2024 se presentó y aprobó la Ley 2384, y el aumento de la bonificación fue paulatino hasta llegar al 100 % del salario mínimo.

Gustavo Petro entró como presidente con la firme intención de mejorar la vida de todos esos jóvenes soldados y auxiliares de policía. Y no en discurso, sino en hechos.

Lo primero: hizo efectivo el aumento del 50 % que permitía la ley vigente desde 2017.

Lo segundo: presentó una nueva ley. Aprobada, subió al 70 % en 2025. Y este 2026 inició con el salario mínimo completo. Cada sonrisa, cada baile, cada festejo de nuestros jóvenes soldados y policías alegra el alma de todos aquellos que entendemos lo que esto significa para cada joven, para las familias y para la sociedad. Y como dijo un soldado: “Te amo, Petro”. Sí: yo también digo “Te amo, Petro” cuando logra cosas como estas.

El significado de esos $1.750.905 pesos es el inicio de una transformación social… es lo más lejano a una medida populista o a querer “comprar a los soldados”. Es darles el valor, la dignidad y los derechos que merecen, que les pertenecen, y que todos esos politiqueros les negaron por años.

Es importante entender la dimensión del cambio:

En 2022: unos $300.000.

En 2026: $1.750.905.

El aumento real es de más del 400%. Logrado por Gustavo Petro.

El servicio militar dejó de ser una carga económica para las familias pobres y pasó a ser, por primera vez, una fuente real de ingresos para los soldados y sus familias.

Aquí no hay un detalle menor: más del 80 % de los jóvenes que prestan servicio vienen de los estratos 1, 2 y 3. Es decir: de los hogares más vulnerables del país. Los estratos altos prácticamente no aparecen en las cifras.

Cada vez que se negaba el aumento, no se estaba “cuidando el presupuesto”: se le estaba quitando recursos directos a las familias más pobres cuyos hijos ponen el cuerpo en cuarteles, selvas y calles.

Paradójicamente —o no, en realidad no tiene nada de paradójico— es lo que podemos esperar de los políticos actuales: el principal opositor en 2017 y 2018 a cualquier aumento automático fue, adivinen, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, ¡oh sorpresa!, fue Mauricio Cárdenas Santamaría. Hoy precandidato presidencial, seguramente está muy preocupado por la justicia social, aunque, cuando pudo hacerlo, nunca le interesó el bienestar de los soldados regulares y auxiliares de policía.

Para Cárdenas, dignificar a jóvenes pobres que prestaban servicio al Estado no era una urgencia nacional. Era, más bien, un gasto incómodo.

Y ese “gasto incómodo” no solo lo evito Cárdenas.

Durante el gobierno de Iván Duque, sus “gloriosos” sucesores en Hacienda —Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo— tampoco movieron un dedo para activar el aumento del 30% al 50% que la misma ley permitía.

Ni hablar de los ministros de Defensa de turno —Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano—, ni del entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se la pasa dando discursos vacíos sobre la dignidad, la moral y el honor de la tropa… Curiosamente, nunca dijo ni hizo nada cuando se trataba de mejorarle el ingreso real a esa misma tropa que tuvo bajo su mando.

Defender la dignidad en micrófonos era fácil.

Defenderla en el presupuesto no era difícil: simplemente no fue importante para ellos.

Subir la bonificación al 50 % era un atrevimiento. Para cada uno de ellos —presidentes de turno, ministros y comandantes— esos muchachos no lo merecían.

Pensar en pagarles un salario mínimo completo era, sencillamente, ciencia ficción, comedia o terror.

Según los cálculos hipócritas de ellos, subir la bonificación al 50 % para unos 80.000 o 100.000 jóvenes representaba “cientos de miles de millones de pesos” al año, que no eran necesarios y no encajaban con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Traducido:

Había dinero para muchas cosas, menos para los soldados y policías pobres.

A esto se sumó el coro político que nunca falta.

Desde Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que sueñan con dirigir este país, y otros congresistas se dedicaron (en su momento) a deslegitimar cualquier intento de mejora salarial, tildándolo de “populismo”.  

No porque el dinero fuera innecesario — no lo decían de esa manera (es impopular y quita votos)—, sino porque, según ellos, que ocurrieran esos aumentos en esta época era una estrategia para “comprar la lealtad” de una Fuerza Pública inconforme. Omitiendo, posiblemente de manera intencional (démosles el beneficio de la duda), que ese aumento que hoy se materializó se logró desde 2024 con un incremento paulatino, para no afectar de golpe el presupuesto nacional.

Curiosa preocupación, ¿no creen? Durante años no les inquietó en lo más mínimo que esos jóvenes vivieran con una bonificación miserable; lo que sí les preocupó fue que el gobierno les pagara dignamente porque eso aumenta la popularidad del opositor. Comprobado: solo les importa el poder y la política, nunca el bienestar del pueblo.

Muchos discursos de honor. Puro bla bla bla. Les duele que el pueblo gane más para vivir mejor.

Ella era María Cenobia Varela, mi abuela, una mujer campesina, con sus décadas a cuestas, con sus múltiples experiencias, que crió y cuidó a hijos e hijas, a nietos, propios y extraños, que en la finca campesina se levantaba a las 5 a.m., o más temprano, que molía el maíz y hacía y asaba las arepas en el fogón de leña, que cocinaba el caldo con papas y el chocolate, que limpiaba la casa, cocía el almuerzo, la comida, que calentaba el café de la noche, y que se iba, al final del día, cansada, a dormir a las 9 p.m, sin antes darnos dulces o persignarnos. Mi abuela que no tenía muchos horizontes, que no se proyectaba tanto en el futuro, sino que vivía el día a día, en el tedioso presente, en sus tareas y faenas repetitivas…como el minutero del reloj. Mi abuela que se levantaba y se acostaba todos los días haciendo lo mismo, pero en función de la reproducción de la vida y la rutina de muchos otros…mi abuela que no tuvo ambiciones propias, sino que hacía todo en función de los demás, de sus hijos, hijas, esposo, nietos, trabajadores, jornaleros, animales domésticos.

 Recordé todo eso tras la lectura del bello libro “El tiempo que queda. Sobre envejecer en el fin del mundo” de la filósofa colombiana Laura Quintana. En este libro Laura trata con profundidad y aristas las vicisitudes de la vejez, sus achaques, sus soledades y desgracias, pero también sus potencias y aperturas. Porque la vejez no es solo una carga, es un tiempo compuesto, acumulado, con muchas posibilidades, relacionamientos y afectos nuevos; la vejez también puede ser la suma de una juventud acumulada, de las pérdidas y las ganancias que nos han dejado muchas lecciones y aprendizajes a través del tiempo. La vejez es la valiosa experiencia escrita en el cuerpo, en nuestros rostros, en nuestro propio tiempo… en el periplo del vivir y el existir: la vejez es el peso del tiempo en nuestra propia historia, corporal y concreta.

Las reflexiones sobre la vejez que hace Laura Quintana, pero también la filósofa francesa Simone de Beauvoir, donde hablan sobre el trato social a la vejez, el desgaste y el declive del cuerpo del anciano, del viejo, entre otros temas, me hicieron recordar una frase de mi abuela María Cenobia: “Cuando uno está viejo ya no lo emplean ni para botar mierda”. Sé, por lo que he indagado, que esta frase se usa (eso que llaman pragmática del lenguaje) en muchas regiones del país. Decidí, entonces, averiguar cómo la misma había llegado al habla de mi abuela, cómo empezó a ser parte de su experiencia, de sus dichos, de su lenguaje coloquial diario, habitual. El camino fue mi madre, Nelly, la misma que guarda en su memoria todos esos recuerdos, esos hechos y muchas anécdotas. Le pregunté: “madre, ¿sabe de donde proviene esa frase?” Su respuesta fue inmediata. Sabía exactamente cuándo y cómo la frase había sido pronunciada, cómo había llegado a los labios de mi abuela.  

La historia se remonta al 13 de noviembre de 1985. Ese año, como es bien sabido, el nevado del Ruiz explotó, creó una avalancha que arrasó con un pueblo llamado Armero, en el Tolima. Allí vivía una tía segunda mía, la tía María, otra de esas “ancestras” de las que habla Quintana en su libro. Mi tía, como muchos de los damnificados de la época, terminó en el barrio Santa librada en el sur de Bogotá. Allá fueron arrojados después que la avalancha de lodo, cenizas, piedras y escombros destruyeran al pueblo. Los ríos Lagunilla y Recio desarraigaron a muchos de los sobrevivientes, los cuales se esparcieron por muchas partes distintas del país. Mi tía, como muchos otros, terminaron en lugares extraños, alejados de su pueblo, Armero, borrado por la catástrofe natural. En el sur de esa monstruosa ciudad mi tía y muchas familias del Tolima tuvieron que iniciar sus vidas de nuevo, como si nunca hubieran pertenecido a algún lugar. Ese desarraigo aún lo cargan en sus memorias, como hemos visto en los noticieros estos días, pues fueron desanclados de su espacio vital. 

En esas peripecias, mi tía María, acosada por la ciudad, por las exigencias de supervivencia, con la necesidad inscrita en su cuerpo, instó a su marido, a Don Domingo, a conseguir trabajo. Se dirigió a una tienda, presentó a su esposo, y pidió trabajo a su nombre. Se lo pidió a un tendero que al ver a Don Domingo, un señor de sesenta años, aporreado por el tiempo, le dijo con franqueza a mi tía: “cuando uno está viejo ya no lo emplean ni para botar mierda”… “Póngalo a barrer la casa”.  No sé qué pensó mi tía María frente a la respuesta del tendero, pero es claro que entendió el mensaje: su esposo estaba muy viejo, ya no servía para nada. Pero la respuesta del tendero contiene algo más, pues pone de presente cómo en nuestras sociedades las labores domésticas, “barrer la casa”, son despreciadas y subvaloradas. Esta postura frente a las labores de la casa, del cuidado, el cual es, como dice Laura, “relacional y generativo”, no advierte que sin ellos sería imposible la reproducción de la vida y del sistema social mismo. Feministas como Silvia Federici, consciente de que las mujeres han sido fábrica de cuerpos para la explotación capitalista, han puesto de presente que el capitalismo mismo no sería posible sin el trabajo doméstico no pago de las mujeres. Los cuidados de las mujeres en las casas, material, afectivo, son el subsuelo sobre el cual existe y se reproduce el sistema social mismo.  

Mi tía María le contó la experiencia a mi abuela María Cenobia, supongo que con un poco de vergüenza; luego, la escuchó mi madre y no sé cuántos más. Así llegó hasta mí, a estas páginas. Estoy seguro que varios, entre mis ocho hermanos, también la han escuchado. La frase está ahí, como un clavo en la memoria. Hoy esa frase me hace pensar en muchas cosas que trata Laura en su libro, y que me han inquietado a mí también: ¿por qué existe esa representación meramente negativa de la vejez? ¿Por qué valoramos tan poco a nuestros mayores? ¿Por qué empiezan a ser, tras cierta edad, considerados como cargas para la familia, pero también para el Estado y sus sistemas de seguridad social, salud, pensiones, etc.? En realidad, la frase dice mucho. Pone de presente que a cierta edad dejamos de ser productivos para el sistema, que ya no aportamos y que no podemos trabajar o, de hacerlo, rendimos menos. Al interior del capitalismo todo aquello que no produce se queda al margen de la historia, es barrido por los imperativos de la rapidez, el rendimiento, la eficiencia y la ganancia. El anciano no solo queda al margen del mundo laboral, sino que, en muchos casos, queda condenado a la precariedad y hasta a la indigencia. Los ancianos habitantes de las calles, por ejemplo, parecen lanzados a sus últimas soledades en condiciones indignas…como si su vida no hubiera valido nada. Es la soledad de los moribundos de la que habló Norbert Elías. Más, aun, las transformaciones en la familia como institución y el desmonte cada vez mayor de los servicios sociales del Estado auguran un futuro no muy prometedor para la vejez al interior del capitalismo.

Ahora, la apreciación negativa de la vejez tiene su explicación en el sistema de valores actuales. Es lo que Quintana llama el “imperativo de la juventud”, propio de un mundo donde, como decía ya Eric Hobsbawn, la vida empieza en declive a partir de los treinta años. Bajo este imperativo: “hay que demostrarse joven y luchar por serlo (o parecerlo) para integrarse a la sociedad: para tener más y mejores opciones en el mercado laboral […] para estar a la vanguardia- o al menos al tanto- de las transformaciones técnicas, para ser aceptado y deseado, para disfrutar la multitud de ‘experiencias’ que se pueden consumir y postear”. Por eso se impone un “culto a lo joven de la mano con un rechazo del cuerpo viejo, asumido como feo, improductivo e incluso odiable”.

Si hoy, gracias a la sociedad velocífera del rendimiento, donde el sujeto es una especie de hámster en su jaula dando vueltas, reiniciando una y otra vez sus rutinas llenas de ansiedad, donde el individuo parece un esquizofrénico, frenético, que no puede permanecer en calma, la percepción social sobre el declive productivo se ha reducido a los cuarenta años de vida útil, en los próximos años los parias sociales, sin protección, serán multitud. El imperativo de la juventud no solo desvaloriza al viejo, sino que distorsiona la autopercepción del individuo creando auto-odio y autodesprecio. La lucha por la viralidad en las redes, la persecución de los likes, el mostrarse exitoso a toda hora y no parecer un fracasado, aumentan ese desprecio por la vejez, por el tiempo vivido y acumulado en el cuerpo. Pero despreciar nuestra edad, nuestro tiempo, es renegar de la vida, de las experiencias, de los entramados que nos constituyen, de nuestras relaciones con otros; es renegar de los fracasos y de las glorias de los que tanto hemos aprendido; es simplificar la vida, intentar matar inútilmente el pasado que nos ha traído hasta este presente. Y, ante todo, es una negación de la realidad, es un anti-realismo negacionista. “Nada de lo real debe ser humillado” decía María Zambrano, y el que niega la vejez, niega una realidad. Niega, también, la verdad de Perogrullo de que “el tiempo no deja en paz a nadie” y de que es inútil luchar contra lo inevitable, pues, como digo en otro lado, “la vejez es siempre una realidad en marcha”, por eso mismo tenemos que acoger “la vejez que seremos”. Sobre este negacionismo dice Quintana: “este rechazo muestra un odio a quien se ha sido y a quien se puede ser. Bajo su influjo, es como si desprendiéramos a la vida de la forma que ha ido adquiriendo, en medio de las alteraciones que la van configurando”. Diríamos que negar nuestra vejez es renegar de sí mismo.

No podemos asumir un optimismo idílico sobre la vejez como hace Cicerón, creyendo que nos acerca a la muerte con la cual “el alma parte a mejores destinos”, pero tampoco podemos asumir esa visión negativa y pesimista que expone Norberto Bobbio en su libro De senectute. En este texto, que tiene el mismo título que el de Cicerón, nos dice que al estar muy viejos: “Al visitar los lugares de la memoria se agolpan a tu alrededor los muertos, cuya tropa resulta más numerosa cada año”. No. Hay muchas maneras de vivir la vejez, que van desde la indiferencia, el que cuida del mundo y cuida de sí para estar lo mejor posible, el que la vive con resignación, el que vive ya como exiliado de este mundo, hasta el que la padece con desesperación debido a una enfermedad horrible, de esas que pueden llegar con la vejez.

De lo que se trata, al estar viejo, es de acoger la vejez, la experiencia, el tiempo y su realidad (aceptar la facticidad y la materialidad del tiempo, dice Quintana); se trata de vivir lo mejor posible, con los vínculos sostenedores activados, en compañías, con pequeñas alegrías y reencuentros, con ocupaciones simples al alcance de nuestro vigor y fortalezas; se trata de mantenerle o buscarle un sentido al tiempo que falta aprovechando las aperturas y nuevas posibilidades que cada relación que tejemos, que cada vinculo nuevo que creamos, que cada acción que emprendemos, genera, pues un acto despliega siempre rutas imprevistas. Se trata de que podamos seguir siendo humanos, dignos, como lo dice Simone de Beauvoir. Todo esto puede ocurrir ojalá en sociedades que cuenten con marcos robustos de protección social donde los viejos no quedan al margen de la poca historia que les queda.

Creo que mi abuela, María Cenobia, vivió feliz su larga vejez. En medio de los trabajos y los días parecía estarlo. No padeció necesidades materiales y se entretenía en sus rutinas, disfrutaba también de la visita de sus nietos y sus nietas, sus hijos, y vecinos. Pues recuerdo que años atrás, aún en vida de mi abuelo, su casa era como las de los Buendía de Cien años de soledad. No pasaban cosas fantásticas o mágicas, pero allí quien llegaba era bien recibido, era bien acogido. Había comida para todos y mi abuela nunca mostró una pizca de infelicidad. Era amable y dura con sus afectos, pero pródiga en lo importante, en todo aquello que fuera sostener y reproducir la vida de los cercanos. Murió surcando los noventa años, de un cáncer, pero se mantuvo con valentía, siendo fuerte, hasta donde pudo. Ella es, por eso, para todos nosotros, una matriarca, una “ancestra”, una que caminó primero que uno por esta vida y que nos brindó sus enseñanzas, afectos y cuidados.  

Referencias

Beauvoir, Simone. La vejez. Bogotá, Penguin Random House Grupo editorial, 2021.

Bobbio, Norberto. De senectute. Madrid, Taurus, 1997.

Cicerón, Marco Tulio. La ancianidad [De senectute]. Santiago, LOM editores, 2017.

Elías, Norbert. La soledad de los moribundos. México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Federici, Silvia. La inacabada revolución feminista. Mujeres, reproducción social y lucha por lo común. Bogotá, Desde abajo, 2014.

Pachón, Damián. La vida, la vejez y la muerte. Bogotá, Desde abajo, 2024.

Quintana, Laura. El tiempo que queda. Sobre envejecer en el fin del mundo. Bogotá, Ariel, 2025.

Zambrano, María. Claros del bosque. Barcelona, Seix Barral, 1977.

Zambrano, María. Las palabras del regreso. Madrid, Cátedra, 2019.

“La naturaleza silencia el escándalo del Palacio”

Hernando Llano Ángel.

Así comienza el magnífico documental “¡Colombia Vive!: 25 años de resistencia”[i], describiendo la avalancha del volcán nevado del Ruiz que arrasó el 13 de noviembre de 1985 a Armero. Dicha expresión hace alusión a las cenizas del volcán que sepultaron el escándalo del Palacio de Justicia. En el minuto 57:37 del documental aparece el entonces presidente, Belisario Betancur, en Armero, con su rostro amargado, pronunciando las siguientes palabras: “Estamos siendo visitados, una vez y otra vez y otra vez por la tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, vamos a salir adelante”. No deja de ser sorprendente que un hombre de su cultura, cuyo libro de cabecera era “Memorias de Adriano” de Marguerite Yourcenar, haya recurrido a la tragedia para referirse a los hechos del Palacio de Justicia y de Armero. Puesto que, en la tragedia, según las obras teatrales de la antigua Grecia, “sus protagonistas se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable, a causa de un error fatal o condición de carácter (la llamada hamartia) contra un destino fatal ‘[fatum]’, hado o sino de los dioses”[ii]. En otras palabras, sus protagonistas, ya sean víctimas o victimarios, nada pueden hacer contra ese destino fatal. Y es claro que tanto en el Palacio de Justicia, como en la catástrofe de Armero, sucedió todo lo contrario. Ambas “tragedias” podían haberse evitado e impedir su desenlace como un destino fatal para toda la sociedad colombiana, pero especialmente para sus miles de víctimas inocentes y familiares, cuyo número preciso difícilmente conoceremos en ambos casos.

No fueron Tragedias

Ambas “tragedias” fueron públicamente anunciadas y conocidas, pero los responsables de evitarlas no hicieron nada, sino que incluso las propiciaron. En el Palacio de Justicia, como lo reconoció la Comisión de la Verdad del 2005, según nos los recuerda Helena Uran en su valiente y lúcido libro “Deshacer los nudos” en la página 72, ya se tenía conocimiento del asalto al Palacio por parte del M-19. Así aparece en la página 100 del citado informe de dicha Comisión:

“El 16 de octubre de 1985, el coronel Peña Herrera, jefe de la DINTE Ejército, envió la circular CK40, en la cual reportó información procedente del Comando General de las Fuerzas Militares relacionada con la posible toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El 17 de octubre de 1985. Dicho documento fue remitido al día siguiente por el coronel Sadovnik Sánchez, comandante (e) de la Brigada XIII del Ejército, a la Policía de Bogotá y DAS”.  

No hay lugar, pues, para decir que hubo un error fatal, como en las tragedias, de parte de la inteligencia del ejército, pues ésta conoció e informó oportunamente sobre dicha acción criminal, pero no se evitó el asalto del M-19. No era, pues, un “destino fatal” dicho asalto, ya que debió ser institucionalmente evitado. De allí que aparezca demasiado extraño que se levantarán las medidas de seguridad y la vigilancia policial que entonces tenía el Palacio. Más bien se podría deducir que la “condición de carácter” del ejército, humillado por el M-19 con acciones como el robo de miles de armas del Cantón Norte y del fallido atentado contra el general Rafael Samudio el 23 de octubre de 2005[iii], facilitó esa toma para ajustar cuentas contra tan desafiante y osado enemigo. De allí la hipótesis de que se trató de una ratonera mortal contra el M-19.

¿De cuál retoma se habla?

Y por la forma como desarrolló la Fuerza Pública su contraofensiva de tierra arrasada en el operativo del Palacio, desconociendo brutalmente los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH): principio de humanidad y distinción entre combatientes y civiles; principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de precaución en el caso de los daños causados y las víctimas propiciadas, queda plenamente establecida su responsabilidad en cientos de víctimas mortales y el número indeterminado de desaparecidos, como consecuencia de su brutal accionar militar sin límite alguno, más allá del aniquilamiento del comando del M-19. Por eso no cabe hablar de retoma del Palacio, sino de su arrasadora desaparición e incineración, tampoco de “manteniendo la democracia, maestro”, según la “valiente” expresión del entonces coronel Plaza Vega, cuando la rama ejecutiva con su brazo armado cercenaba brutalmente la rama judicial y propiciaba la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por ese despliegue de fuerza letal excesiva, imprudente, desproporcionada y sin precaución.

¿Cuáles Derechos del Hombre?

Mucho menos, el operativo delirante y terrorista del M-19 al asaltar el Palacio bajo la proclama de “Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre”, puede catalogarse como una acción heroica y genial, pues también desconoció criminalmente los citados principios del DIH. Lo que nos revela esa acción y su letal desenlace, como la imposibilidad de que sus protagonistas, 40 años después, junto a todo el establecimiento político, sean incapaces de asumir sus responsabilidades históricas, es que desde entonces y mucho antes, vivimos bajo la simbiosis de la política con el crimen y la violencia contra civiles inermes, consolidada con impunidad casi total para los protagonistas institucionales y con amnistías e indultos para sus antagonistas insurgentes e ilegales. Lo anterior es incompatible con la democracia, que cínicamente todos sus beneficiarios proclaman y dicen defender, más allá de los uniformes que porten y partidos que representen, haciendo de las elecciones su coartada perfecta. Por eso resulta tan difícil rendir con la verdad un tributo a todas las víctimas inocentes y todavía hoy, entre sus victimarios, predomina en sus conciencias el deber cumplido en defensa de esa tanática “democracia” o la apología al heroísmo de quienes la impugnan, sean ellos de las filas insurgentes, ayer del M-19 y hoy de otras organizaciones armadas, en las que ya es casi imposible separar la política de la ambición y el control de economías ilícitas. De allí que, en lugar de vivir en ese Estado Social y democrático de derecho del artículo primero de nuestra nominal Constitución, nos encontremos en esta especie de neofeudalismo político que fragmenta la Nación, confina y condena a miles de sus pobladores rurales a sobrevivir bajo el dominio y hasta ponerse al servicio de organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el control de sus territorios y valiosos recursos naturales. En semejante paisaje de depredación de la naturaleza y degradación del conflicto armado interno no cabe hablar de “Paz Total” y lo que predomina es todo lo contrario, algo parecido a un caos total impuesto por poderes de facto.

Igual aconteció en Armero

Algo similar sucedió con la avalancha y la desaparición de Armero con cerca o más de 25 mil víctimas mortales, pues era una catástrofe anunciada con anterioridad por estudios y advertencias de geólogos, que las autoridades civiles nunca se tomaron en serio. Al respecto, las revelaciones del meteorólogo Max Henríquez fueron tan premonitorias como los anuncios del asalto del M-19 al Palacio de Justicia, pero tampoco fueron escuchadas por las autoridades responsables y así nos los recuerda:

“Un día recibí la visita de dos geólogos de INGEOMINAS. Ellos vinieron a mi oficina y me dijeron: ‘Hombre, Max, necesitamos que nos ayudes, porque resulta que han venido científicos volcanólogos de todas partes del mundo y ellos nos dicen que el volcán está un… Está en etapa preeruptiva’. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque Márquez, se negó a adquirir los equipos necesarios para monitorear el volcán. “Ese ministro fue uno de los responsables de todo lo que pasó”, sostuvo en su relato”[iv].

Luego seguir llamando tragedias a las desapariciones y las víctimas mortales del Palacio de Justicia y de Armero no es solo una ligereza semántica y una mediocridad de la mayoría de los medios de comunicación, que han cubierto sensacionalista y melodramáticamente lo sucedido hace 40 años. Viene siendo una forma de encubrir la identidad de los principales responsables políticos y militares de lo acontecido. Desde la cúpula del poder ejecutivo que no cumplió con su deber principal de proteger la vida, bienes y honra de cientos de rehenes, sacrificados por su desidia o el ánimo revanchista de los militares, como por los intereses estratégicos de perpetuarse en el Congreso de la mayoría de sus miembros y el falso espíritu de cuerpo de altos oficiales obsesionados en eliminar el M-19 y arrasar con los expedientes y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Magistrados que los investigaban y eventualmente los condenarían como responsables de graves violaciones a los derechos humanos en cumplimiento del nefasto Estatuto de Seguridad de Turbay, como el general Miguel Vega Uribe, entonces ministro de defensa de Belisario Betancur.

Así las cosas, el Palacio de Justicia fue un antecedente premonitorio y nefasto de posteriores políticas y estrategias que, recubiertas bajo eufemismos como la “seguridad democrática”, terminaron encubriendo el terrorismo de Estado de miles de ejecuciones extrajudiciales[v], o “falsos positivos”, al tenor del punto 33 del Manifiesto Democrático del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez que advertía: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Solo teniendo en cuenta ese hilo conductor para romperlo, podremos recobrar una memoria en defensa de la democracia, la vida y seguridad de todos y así evitar que en nuestro próximo futuromillones de colombianos terminen eligiendo a quienes más interesados están en desaparecerla, apelando de nuevo al miedo y la seguridad, utilizando mascotas como un tigre y la consigna patriotera de “Salvar a Colombia”. Parafraseando el mensaje central del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición, y modulándolo habría que decir: “Si hay verdades, habrá futuro”, en lugar de “Hay futuro si hay verdad”[vi], pues esa única verdad en singular no existe cuando lo que está en disputa es la vida misma y su irreductible pluralidad. Ambas precisan de la memoria, la verdad y la responsabilidad de todas y todos, empezando por las de los victimarios impunes, sean institucionales o insurgentes, que hasta hoy solo están interesados en negar su ominoso pasado para seguir controlando el presente y gobernando el futuro.

[i]https://cines.com/pelicula/colombia-vive-25-anos-de-resistencia-2008

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Samudio

[iv] https://www.infobae.com/colombia/2025/11/12/meteorologo-max-henriquez-alerto-sobre-riesgos-de-erupcion-y-deshielo-del-nevado-del-ruiz-antes-de-la-catastrofe-me-dijeron-que-era-alarmista-que-causaba-panico/

[v] https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/jep-emitio-su-primera-sentencia-sobre-falsos-positivos-contra-12-exmilitares-del-caribe-4227786

[vi] https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

“Son varios los armeritas que aseguran que el 13 de noviembre de 1985 se presentaba el film ´Los últimos días de Pompeya´. Charcas, un habitante de Armero, llegó consternado al café Ancla y dijo: ´Eso de Pompeya nos puede suceder a nosotros´”: Del libro “Armero, volver al mapa”.

Pompeya era una ciudad próspera; Armero también. Pompeya se ubicaba en el Imperio Romano, próxima a la actual Nápoles. Armero quedaba al norte del Tolima, a unos 84 kilómetros de Ibagué. A Pompeya se la tragó un volcán, el monte Vesubio, que la sepultó bajo una lava volcánica de 26 metros de espesor; murieron entre 16 mil y 20 mil personas. Armero también fue engullido por un volcán, el Nevado del Ruiz: murieron alrededor de 23 mil personas. Lo de Pompeya ocurrió el 24 de agosto del año 79 d.C. La tragedia de Armero comenzó a las 9:08 p.m. del 13 de noviembre de 1985.

“Se estima que el Ruiz expulsó alrededor de 65 millones de metros cúbicos de material piroclástico, una mezcla de fragmentos de roca, ceniza volcánica y gases a más de 600 grados centígrados, lanzados al aire con violencia. (…) Desde el cráter Arenas descendieron flujos y oleadas piroclásticas (…) cubrieron la parte alta del volcán, protegida por un espeso glaciar, fundiendo la nieve. El agua liberada se mezcló con las cenizas y los fragmentos volcánicos, forman un torrente viscoso y oscuro que empezó a correr por los cauces naturales de la montaña”, dice esta crónica de El Espectador.

La tragedia de Armero fue, como el holocausto del Palacio de Justicia, la crónica de una muerte anunciada. Se sabía que ocurriría –porque, entre otras cosas, ya había ocurrido en otros tiempos-, y las autoridades nada hicieron.

La revista National Geographic reprodujo la crónica sobre lo que pasó en Pompeya aquel día, contado por un testigo ocular de excepción: el historiador Plinio el Viejo, que “morirá intentando ayudar a sus compatriotas atrapados en el desastre”. También en Armero muchos ofrendaron su vida por ayudar al prójimo.

“la furia de todo ese polvo, cenizas, gases y rocas incandescentes empujaron ayer el tapón que las mantenía bajo tierra con tal fuerza, que lo desintegraron, desparramando sus entrañas ardientes sobre Herculano, Pompeya y Estabia.

La lluvia piroclástica era cada vez más intensa y hacía hervir el agua del mar, y los terremotos habían cambiado la costa de tal forma que era imposible desembarcar en ella. 

… el espectáculo que pudimos observar desde el barco en Pompeya era terrible. Centenares de personas se acumulaban en las puertas de la ciudad, cubriendo sus cabezas con sábanas para protegerse del lapilli, el polvillo candente que caía sobre todos nosotros como una fina lluvia abrasadora. Su huída era lenta y pesada. No pasaba mucho tiempo hasta que caían en lo que parecía un relajado sueño, provocado por el aire tóxico, que les proporcionaba una muerte aparentemente placentera.

Otros infelices habían sido alcanzados por rocas de grandes dimensiones, que viajaban decenas de millas desde el interior del Vesubio hacia el cielo, y después caían con gran estrépito sobre ellos, aplastando sus cabezas y sus miembros”. 

Varios cronistas colombianos han relatado el Apocalipsis que se desató sobre los armeritas. El libro “Armero, volver al mapa”, recoge siete textos acompañados con imágenes que le permiten al lector ser testigo del antes, el durante y el después de la tragedia. Es una publicación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que puede descargarse aquí.

“No pocos armeritas nos sentimos incómodos cuando nos preguntan de dónde somos. Unos titubean, ganguean; otros sudan, se ponen nervioso, tristes o melancólicos. Y la respuesta casi siempre es la misma: ´Yo era de Armero´. No respondemos: Ýo soy de Armero´, como hacen la mayoría de las personas que aún conservan su territorio”, relata Francisco González, quien nos recuerda que el poblado se llamó primero San Lorenzo.

“Nadie sabe por qué se hizo un emplazamiento en el lugar donde habían ocurrido dos avalanchas documentadas: la de 1595, por Fray Pedro Smón, y la de 1845, por viajeros del siglo XIX”.

Se convirtió en una ciudad próspera que acogió a inmigrantes de Rumania, Siria, Alemania, Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos y México. “Los pilotos alemanes llegaron a Armero pasada la Segunda Guerra Mundial”, cuenta González.

Las ruinas del hospital permanecen todavía hoy al borde de la carretera que conduce a Ibagué, Líbano, Honda y Cambao.

La tragedia de Armero fue la crónica de una muerte anunciada.

En lo que ahora es un camposanto, estaban el parque Los Fundadores, el hospital psiquiátrico, un parque infantil con zoológico propio, el Club Campestre, testigo de la bonanza del algodón, a donde llegaban las mejores orquestas de la época -como Los Hispanos-, o la iglesia de San Lorenzo, “espacio de culto ensombrecido por los hechos de sangre de 1948, cuando su párroco principal, fue asesinado el 9 de abril, tras el magnicidio del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán”.

El cementerio, el único lugar que se salvó de la avalancha, ha sido víctima del saqueo: “…ya no queda lápida de mármol ni de piedra”.

La crónica más insólita del libro la escribió un sobreviviente, el médico cirujano Juan Antonio Gaitán, quien vivía en Alemania con su esposa Marion Kemper, “una mujer de 1,85 de estatura, mona, que sólo hablaba alemán”.

Tenían pasajes para venir de visita a Colombia el 28 de noviembre, pero por esas cosas del destino adelantaron el viaje para octubre, intercambiando tiquetes con la pianista Teresita Gómez, que era entonces agregada cultural.

Los Gaitán-Kemper llegaron el 28 de octubre de 1985. La pareja deseaba que su primogénito naciera en Colombia. El 6 de noviembre, el doctor se encontraba en el Palacio de Justicia, justo en el momento del asalto guerrillero. “Como a las 11:05 estaba yo mirando el lobby y comencé a escuchar balazos”. Obedeciendo a su papá, tomaron camino hacia Armero y lo que sigue es un relato pavoroso, contado en primera persona, sobre lo que pasó con su familia, su esposa y el niño que venía en camino.  

“…uno a todo el mundo lo acompaña hasta el hueco, pero nunca se entierra con ellos”, le decía su padre a Juan Antonio Gaitán (Del libro “Armero, volver al mapa”).

En el libro “Armero, volver al mapa” están las fotos de cómo quedó la pequeña ciudad, como un lienzo gris. Los sobrevivientes emprendieron la búsqueda de los que nunca más aparecieron.

La crónica de Paola Guevara, “Azufre en la piel”, que primero se publicó en un libro de crónicas de la Cruz Roja, también produce escalofríos. “Todo yacía sepultado bajo un lodo denso, tan alto que hasta edificios de varios pisos habían sido borrados de la vista. (…) seres que ya no parecían humanos reptaban desorientados (…) sumergidos en la espesura del fin de los tiempos”. (…) Aferrado a la copa del árbol y a ciegas, en la noche más larga del mundo, Chang oyó el concierto trágico de los lamentos que se entremezclaba con el bramido de las vacas, que clamaban como no pueden clamar las vacas, y el grito ansioso y entrecortado de los cerdos se grabó en su memoria como la banda sonora del infierno”.

Niños perdidos durante la tragedia fueron robados y enviados al extranjero.

“Hablan de niños robados, de adopciones irregulares, de personas que vendieron a los huérfanos a parejas en el extranjero. En Armero no sólo se perdieron vidas y bienes. Se perdieron nombres, apellidos, linajes, raíces, nacionalidades y el derecho a ocupar un lugar en la historia. La verdad fue la primera damnificada”: Paola Guevara, en una de las crónicas del libro “Armero, volver al mapa”.

Armero quedó convertido en un enorme lienzo gris. Borrado del mapa, sobrevive en el corazón y en la memoria de quienes encontraron una segunda oportunidad sobre la tierra, lejos de la suya.

Quien no tenga nociones previas sobre la tragedia del Palacio de Justicia, difícilmente entenderá de qué va la nueva película del director colombiano Tomás Corredor. Pero vale la pena verla, porque es otro retrato de lo que somos. Verla y después venir a leer estas líneas para que conversemos, porque es un asunto que apasiona y genera rabia cuatro décadas después: la herida que no cierra.

No creo que “Noviembre” haya sido un título afortunado para la película sobre el Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido en 1985. Holocausto creo que era un nombre más apropiado para algo que en realidad no tiene nombre. “Noviembre” también se hubiera podido llamar una película sobre la tragedia de Armero que ocurrió el mismo mes del mismo año. No está de más decir que “Noviembre” también es el título de una película española.

No hay en esta cinta una historia concreta o un hilo conductor, sino un montón de personas, encerradas en un baño, sumidas en el desespero, con unos diálogos que por ratos se vuelven frases sueltas. Se entiende que esos momentos debieron causar un caos de Padre y Señor mío, pero era obligación de la película ordenar toda aquella barahúnda en un relato comprensible para el espectador, sobre todo para aquellos que nacieron después de 1985, y que seguramente llegan a la película con preguntas y salen confundidos, sin el contexto previo. Yo tenía 14 años, y sigo teniendo el mismo interés por cada cosa nueva que se diga sobre este acontecimiento, así que agradezco esta cinta.

No soy experto en el tema del Palacio de Justicia, pero películas como “La Siempreviva” me parecen el tipo de apuesta audiovisual que tocan la fibra humana desde un ángulo original, creíble, que es lo que se espera del cine basado en hechos históricos, y no opiniones encubiertas, aunque sean válidas, que lo son. Lo que quiero decir es que en “Noviembre” hay más mensaje que historia; incluso la historia de amor, que la hay, quizás merecía un mayor desarrollo.

Los diálogos de “Noviembre” son frases más afanadas por establecer una verdad que por generar un relato cinematográfico: la responsabilidad de la fuerza pública, de los militares colombianos de la época, tras la retoma del Palacio, después del asalto por parte de la guerrilla del M-19. Creo que es una verdad que muchos en este país compartimos, pero del séptimo arte se espera algo de mayor peso, y no la mera posición política de su autor o autores.

Lo que vemos en la cinta corresponde al desenlace natural de los hechos: Una guerrilla inexperta, miope, casi torpe o ingenua, que se topa con la fuerza descomunal de un ejército con la suficiente experiencia y munición para cometer la barbarie que se cometió en el Palacio de Justicia, no las bombas de fabricación casera de la guerrilla.

El gobierno de Belisario Betancur y los generales Rafael Samudio Molina y Miguel Vega Uribe –para entonces Ministro de Defensa—, se llevaron a la tumba muchas  explicaciones sobre su responsabilidad en aquel episodio, que terminó con más de cien personas inmoladas adentro (una treintena de insurgentes, entre ellos), y un número impreciso de personas que, vivas, desaparecieron afuera.

Un Belisario Betancur que quizás fue mejor poeta que presidente, y cuya gran virtud fue haberse sabido retirar a tiempo de la vida pública, ejemplo que no siguieron otros expresidentes con rabo de paja, como lo tuvo aquel.

Se le abona al director el trabajo previo de investigación, que incluyó documentales, la lectura de expedientes (leí que se leyó unos 6.000 folios, en los que encontró 53 testimonios de personas que estuvieron en el baño) y de los libros El Palacio de Justicia, una tragedia Colombiana, de Ana Carrigan y Noches de Humo, de la periodista Olga Behar. Sin duda, un material de lectura obligada para entender lo que pasó.  

También debemos aplaudir los efectos especiales, el uso de las imágenes reales del Palacio en llamas (destruido y vuelto a reconstruir), y el ambiente lúgubre que se vivía en los alrededores de la Plaza de Bolívar, dos días y una noche esperpénticos. El tanque real que derribó la puerta principal de aquel recinto sagrado es una imagen que muestra la dimensión de aquel horror, una escena que nos recuerda que la ficción se queda corta ante la realidad.

Parecíamos un país en guerra, la materialización de esa parte del himno nacional que habla de la horrible noche. Ese hubiera sido quizás otro título apropiado para esta película. El horrible anochecer que vivieron, entre el 6 y el 7 de noviembre, los que, calcinados, no pudieron ver otro amanecer por culpa de las decisiones de un gobierno sordo que actuó indolente. Ya sabemos que los gobernantes sufren problemas de oídos ante los ruegos. Recuerden que la avalancha de Armero que cobró 25 mil vidas también habría podido evitarse.

Apropiados resultan también los segmentos radiales que se desempolvaron del archivo, qué grato resulta volver a escuchar la voz de Juan Gossain de cuarenta años atrás, antes de que el gobierno tomara la radio por su cuenta para distraer la atención de la opinión pública con fútbol, generando más desazón del que ya había en ese momento en el país.

Hoy vuelvo a escuchar la voz del magistrado Alfonso Reyes Echandia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y se me parte el alma. ¿Por qué Betancur, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no ordenó el cese al fuego como lo clamó aquél pobre hombre desde el interior del Palacio? Un villano el primero, un héroe el segundo.

Comoquiera que fuese, al final como espectador me queda esa fea sensación de una película incompleta, sin ese algo que emocione a cabalidad: a la tensión le faltó atención. Entre gritos, disparos que aturden y la explosión de una bazuca, que se suceden de manera intermitente durante los 72 minutos que recrean 28 horas inenarrables, todo lo que queda son unos diálogos inconexos y un afán editorializante.

No obstante, la angustia que aquellas personas debieron sentir, en medio del humo asfixiante, es algo que uno alcanza a percibir: desde la comodidad de la silla, se siente la impotencia claustrofóbica de quien está condenado a su destino, preso en aquella fortaleza que parecía indestructible, una manzana completa con sus cuatro pisos y sus tres sótanos, como lo recuerda el podcast “Arcanos y Reyes”, que también recomiendo para mayor comprensión.

En una entrevista con el diario El País de España, Tomás Corredor, el director, confesó lo siguiente: “Diana Bustamante, la productora, me dijo ´aquí hay una película, pero toca explicar menos´. Yo tenía la necesidad de contar todo lo que pasó, y me dijo ´suéltese o se tira la película´”.

Al final, creo que ambos se equivocaron: ella por sugerir y él por obedecer. No lo digo yo. Lo dicen las caras de las personas que salieron conmigo de la sala medio vacía, algunas con muchas ganas de ahorrarse los comentarios.

Pero hay que celebrar que el cine colombiano se ocupe de las horas más oscuras de nuestra historia; así no llenen salas, esta clase de películas son más que necesarias en un país desmemoriado.

En este punto, debo decir que me gustó mucho la puesta en escena de un drama colectivo donde los colombianos podemos vernos reflejados, pues ahí se juntan la sociedad civil y los paladines de la justicia, en medio del fuego cruzado entre el poder (representado por el ejército) y la resistencia, representada por un grupo de rebeldes. Lo que somos y lo que hemos sido se resumen en esas 28 horas y las que siguieron, que no fueron menos estremecedoras, sobre todo para las familias de las víctimas.

Para tristeza mía, creo haber entendido que la identidad que nos une a los colombianos es, en el fondo, ese eterno sufrimiento compartido, que es a la vez la suma de miles, millones, de dramas personales, que se juntan para la fatalidad cuando se está en el lugar y hora equivocados.

Podríamos decir incluso que en Colombia se nace con la tragedia de ser colombiano sin saber dónde harán nido el mal presagio y la desdicha. Como nación, somos el resultado de esos dolores compartidos —de unos muertos compartidos—, y a pesar de eso todavía no hemos sido capaces de hallar el punto de encuentro como sobrevivientes de la tragedia. El día que la memoria (la del arte, el cine y la literatura) nos haga conscientes de qué nos pasó y por qué nos pasó, ese día quizás podamos empezar a hablar, también, de una identidad compartida, aquello que conjure nuestro infortunio.  

Queda la pregunta de por qué esta cinta no ha merecido el despliegue publicitario que sí recibió “Un poeta”, por ejemplo. La buena noticia es que estará disponible en la parrilla de Prime Video.   

¿La vieron? ¿Les gustó? Vayan a verla, es un acto de fe en el cine colombiano: no se guíen por la crítica ajena, ni siquiera la mía que es solo una opinión.

Víctor García-Perdomo, con un doctorado en Periodismo de la UT Austin y profesor titular en la Universidad de La Sabana, donde ejerce además como director del Centro de Investigación para la Tecnología Digital y la Sociedad, analiza los resultados del Digital News Report 2025, publicado por el Instituto Reuters.

Según el Digital News Report, el porcentaje de personas que en Colombia se informan por medios impresos cayó del 24 al 19%. ¿Eso significa que el fin de los periódicos está cerca?

Los periódicos se han mantenido relativamente estables en consumo después de la pandemia porque, y esta es una percepción mía, la mayoría de su audiencia recibe el periódico o el impreso por suscripción y reciben otros beneficios de esa tradición cultural de consumo.

Desde la difusión y consolidación de la Internet a finales de los años 90s, numerosos autores han escrito sobre el fin de los periódicos. A pesar de que muchos impresos han cerrado o limitado dramáticamente su circulación tradicional en papel por el cambio de modelo de negocio basado en la publicidad y la digitalización de la sociedad, la verdad es que las grandes marcas de periódicos locales y nacionales siguen siendo importantes en el consumo nacional y han evolucionado hacia espacios online en los que son relevantes.

El más reciente informe del Digital News Report indica que 6 de cada 10 personas tratan de evitar, a menudo y a veces, las noticias en Colombia. ¿Qué les está diciendo esto a los medios? ¿Hay forma de recuperar esas audiencias?

Notamos con preocupación un aumento en la evasión de noticias respecto al año pasado. En el contexto global las personas se sienten saturadas por el exceso de información circulante y creen que las noticias provocan una carga en su estado de ánimo y mental porque la mayoría de ellas son negativas y sienten que no pueden hacer nada frente a ellas.

En conjunto, un 60% de los encuestados menciona razones vinculadas al exceso de cobertura, y un 44% específicamente a la saturación de temas políticos y bélicos. Otras razones incluyen evitar discusiones (25%), sentir que la información no es útil (20%), no entender las noticias (7%) o no considerarlas relevantes (16%).

Para los medios, esto implica la necesidad de repensar tanto el enfoque editorial centrado en la política, el crimen y el conflicto como la forma en que se presenta la información, buscando un equilibrio entre profundidad, claridad y empatía con las audiencias.

Infografía tomada del Digital News Report 2025.

¿Más allá de la polarización y sus efectos, a los medios les cabe alguna responsabilidad en la baja confianza que sienten los ciudadanos hacia las noticias?

Creemos que uno de los aspectos para entender los niveles de desconfianza hacía las noticias está relacionado con la desinformación y la veracidad de las noticias circulantes sobre todo en las redes sociales y chats. De hecho, un 58% de los usuarios colombianos expresa preocupación por la dificultad de distinguir entre noticias reales y falsas en internet, lo que refleja un alto nivel de preocupación sobre la desinformación digital en Colombia.

Estos resultados muestran que la desinformación es percibida como un problema serio por la mayoría de los encuestados colombianos, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática, mejorar la transparencia editorial y promover herramientas de verificación accesibles.

Las redes sociales son consideradas plataformas por las que circula la mayor desinformación. Facebook (54%) y TikTok (52%) son los canales más señalados por los colombianos como potenciales distribuidores de desinformación, seguidos por WhatsApp (33%), Instagram (32%) y YouTube (29%).

Los resultados del informe subrayan la necesidad de intervenciones coordinadas entre plataformas, medios y usuarios para mitigar la propagación de desinformación, así como de educación crítica para navegar estos entornos con mayor reflexión.

En el panorama latinoamericano, preocupa que Colombia es el país donde los ciudadanos tienen menos confianza en las noticias que circulan en la red (apenas confía un 32%). ¿Qué puede hacer la prensa para ganar credibilidad y confianza, en medio de este ambiente hostil?

El público sigue mostrándose en su mayoría escéptico con respecto a las noticias que encuentra tanto en las redes sociales como en las plataformas de IA, en parte debido a la preocupación por el acceso a contenidos fiables.

Los influencers y los políticos online son considerados las mayores amenazas en este sentido, mientras que la mayoría espera que la IA generativa abarate la producción de noticias, pero las haga menos precisas y menos fiables. Estas preocupaciones podrían ofrecer oportunidades a los editores y medios, ya que el público afirma que sigue recurriendo a las marcas de noticias cuando busca información fiable, por delante de fuentes como los políticos, los influencers y los contactos personales de confianza. Entonces, aunque la confianza en las noticias sigue en declive, existe una oportunidad para los medios si mejoran su forma de reportear la información y utilizan mayor precisión y menos sesgo en sus reportes.

¿Qué acciones en concreto podrían funcionar para generar mayor confianza hacia los medios noticiosos?

Evitar el sesgo en la información. Aunque ningún medio puede declararse completamente objetivo o neutral debido a múltiples factores editoriales, políticos y económicos, los medios deben propender por buscar y acercarse a la verdad de los hechos por complejos y dolorosos que sean. Evitar la superficialidad y adoptar metodologías rigurosas de reportería es uno de los pasos para blindar a los medios y aumentar la confianza del público.

Priorizar la transparencia sobre los procesos y las fuentes. Los medios y periodistas deben explicar claramente cómo se informan las noticias, quiénes son las fuentes (cuando sea seguro revelarlas) y por qué se tomaron determinadas decisiones editoriales. El público confía más cuando comprende el proceso que hay detrás de las noticias.

Corregir los errores de forma rápida y visible. La transparencia sobre los errores por lo general transmite responsabilidad de los medios frente al contenido y el proceso y permite construir confianza.

Centrarse en las voces de la comunidad y en perspectivas diversas. Cuando los medios incluyen activamente a la comunidad en la cobertura informativa, la audiencia se siente representada en el contenido de forma justa y precisa y respaldada frente al poder.

Marcar claramente el contenido patrocinado y los conflictos de intereses.  Al distinguir visualmente y textualmente las noticias de opiniones, análisis y publicidad, el medio refuerza la idea de transparencia y claridad en la audiencia. Hablar claramente del conflicto de interés frente a algunas coberturas informativas le da al público la idea de responsabilidad y compromiso frente a la información.

Víctor García-Perdomo, director del Centro de Investigación para la Tecnología Digital y la Sociedad, de UniSabana.

¿Cómo explicar que al hacer el ranking de los medios que mayor confianza generan en las audiencias aparecen de primeras Noticias Uno (62%) y Señal Colombia (RTVC Noticias) con 60%, a pesar de que estos tienen menos audiencia que los medios tradicionales?

Tendría que investigar más a fondo sobre este punto para poder dar una respuesta más acertada. Pienso que hay marcas de medios que, aunque no tienen la audiencia masiva de algunas organizaciones tradicionales, están instauradas en la percepción de las personas como confiables por su trabajo investigativo, en el caso de Noticias Uno, o más diverso e incluyente como RTVC, o muy cercano a las regiones y comunidades, como en el caso de los noticieros regionales de televisión, que por lo general cubren temas y comunidades que no salen en las noticias nacionales o en los grandes medios. Como decía anteriormente, una parte fundamental en la elaboración de confianza consiste en centrarse más en la comunidad y ofrecer perspectivas diversas. Como te digo esta respuesta es solo mi opinión y debo hacer más investigaciones para corroborarla. 

En Colombia, TikTok creció en consumo de noticias cinco puntos porcentuales respecto al año pasado y está en un 27%.  Sin embargo, tiene uno la impresión de que los medios colombianos aún no han logrado cautivar a las audiencias en esa plataforma.

Los medios tradicionales, no solo en Colombia, sino globalmente reportan dificultades a la hora de integrar en sus estructuras editoriales a TikTok por varias razones:

La primera de ellas es la dificultad que tienen los medios de enlazar sus contenidos a TikTok y generar tráfico desde esa plataforma de video social hacia sus propias páginas o plataformas. La segunda, tiene que ver con el modelo de negocio en las redes sociales, que algunas plataformas de video como YouTube tienen un poco más definidas. En TikTok todavía no hay claridad sobre cómo generar un modelo de negocio que haga, aunque sea parcialmente, rentable el contenido. La tercera razón tiene que ver con la confianza. Algunos medios desconfían del algoritmo, el origen y el manejo de datos que hace la plataforma. La cuarta y última razón tiene que ver con la atención que arrastran creadores de contenidos independientes, tiktokers, influencers y celebridades en esta plataforma versus la atención que prestan a los medios informativos.

En Colombia, son los más jóvenes, entre 18 y 25 años, los que reportan un mayor consumo de información en Tik Tok. Adicionalmente, los usuarios de Facebook y X reportan que prestan mayor atención a los medios y periodistas en Colombia a través de estas plataformas, mientras que los usuarios de Tik Tok e Instagram tienden a prestar mayor atención a creadores de contenidos, influencers y celebridades.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que los usuarios de esos mercados consideran que TikTok es una de las mayores amenazas en lo que respecta a la información falsa o engañosa, junto con Facebook, que desde hace tiempo es motivo de preocupación generalizada entre el público.

El informe sobre noticias digitales del Instituto Reuters de este año documenta cómo el cambio acelerado hacia el consumo de noticias a través de las redes sociales y las plataformas de video está disminuyendo aún más la influencia de las organizaciones de noticias tradicionales y potenciando un entorno mediático alternativo fragmentado que contiene una gran variedad de youtubers, tiktokers y podcasters.

Si ya cualquier persona puede interactuar con IA, ¿Cuál es el valor agregado que ofrecen los medios al usar la inteligenciar artificial para justificar, por ejemplo, que uno pague por noticias?

La encuesta del Digital News Report preguntó por primera vez sobre el uso de chatbots con IA. El número de personas que utilizan chatbots para informarse sigue siendo relativamente pequeño en general (7% cada semana), de modo que no representa todavía una amenaza real en el consumo de noticias en Colombia, pero es mayor entre los menores de 35 años (12%). ChatGPT sigue siendo el servicio de IA más mencionado para las noticias, seguido de Gemini de Google y Meta AI.

El Digital News Report muestra que el público colombiano no confía en informaciones producidas por la IA sin supervisión humana y que les gusta más cuando es usada como herramienta o asistente de un proceso verificado por los periodistas humanos, sobre todo en noticias duras como la política, el conflicto, la salud y los problemas sociales.  Entonces, contrario a verlo como una forma de sustituir lo humano, percibo a la IA como una tecnología que podría aumentar la capacidad humana y el procesamiento.

En todos los países, los usuarios esperan que la IA abarate la producción de noticias y las haga más actuales, pero menos transparentes, menos precisas y menos fiables. Esto muestra que aunque la gente ve las ventajas de la IA para informarse también tiene muchas dudas sobre la confiabilidad de estos procesadores en comparación con la actividad de los medios.

Teniendo en cuenta este panorama tan sombrío, ¿vale la pena estudiar periodismo hoy?

Creo que contar historias relevantes y con interés humano sigue siendo vital en el contexto actual de la información y los medios en ambientes digitales. Educar a las nuevas generaciones de periodistas en la producción de contenidos en más necesaria que nunca debido a la cantidad de desinformación circulante, la búsqueda de nuevos modelos de negocio que hagan sostenible a la industria de noticias hacia el futuro y la necesidad de creación de nuevos formatos que enganchen a las audiencias y frenen la evasión de la información.

Estas tres tendencias particulares requieren de mucho estudio, innovación y experimentación que pueden ser ofrecidos desde las universidades y la academia.

Contrario a lo que se cree, la inteligencia artificial está sirviendo para mejorar los procesos de reportería, convertir a usuarios esporádicos en suscriptores y generar resúmenes o formas de lectura y vista innovadoras, que apoyan el proceso editorial, siempre con los periodistas y productores humanos en el centro de la operación.

Por último, hay quienes dicen que es mejor estudiar otra profesión y más bien optar por un curso de periodismo como complemento. ¿Está de acuerdo? 

Este debate se ha dado desde hace muchos años en Colombia y en el mundo. Nosotros como universidad creemos que la comunicación, el periodismo y la información han alcanzado unos niveles de investigación y conocimiento que nos fuerzan a tratarlos como un campo independiente que necesita profesionales especializados en estos campos. Un periodista o un comunicador deben tener la habilidad de absorber el conocimiento de otras especialidades y ciencias y saber comunicar ese conocimiento adecuadamente a una audiencia generalista. 

Aun fuera de esos ciclos, cualquier lluvia intensa entraña el riesgo de inundaciones; al mismo tiempo, cualquier jornada soleada puede traducirse en incendios forestales. Este binomio de amenazas naturales convierte al clima colombiano en un reto permanente para la gestión del riesgo y la protección de comunidades.

En los últimos quince años, las inundaciones y crecientes de ríos dejaron alrededor de 2,8 millones de personas damnificadas, cerca de 308 muertes registradas y más de 142 000 viviendas afectadas, sgún datos de la UNGRD y el DNP. Estos damnificados incluyen desplazados temporales, familias que perdieron enseres y comunidades que debieron rehacer su vida desde cero tras la pérdida de sus pertenencias y hogares.

Las regiones más golpeadas son la vertiente Pacífica (Chocó, Valle del Cauca), la cuenca del río Magdalena (Cundinamarca, Antioquia), la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar), la Orinoquía (Meta, Casanare) y sectores de la Amazonía. En cada una de estas zonas, la combinación de topografía, deforestación y urbanización desordenada intensifica la vulnerabilidad frente al desborde de ríos y quebradas.

En particular, las viviendas rurales —ranchos y fincas que albergan a campesinos y sus cultivos y animales— sufren daños estructurales severos. Para muchas familias, esas construcciones son no solo un techo, sino la base misma de su producción de alimentos y de su sustento económico. La destrucción de una finca representa, en la práctica, la pérdida de la capacidad de generar ingresos.

La cuantificación económica de estos desastres revela un fuerte impacto fiscal y privado. Entre 2005 y 2019, el gasto público destinado a atención de emergencias y reconstrucción sumó cerca de 8,9 billones de pesos. Por su parte, las pérdidas del sector privado —derivadas de la inactividad productiva y los costos colaterales— alcanzaron 5,2 billones de pesos. El gran total asciende a 14,1 billones de pesos, equivalentes a 4 800 millones de dólares.

La normativa colombiana siugiere que no deberían construirse edificaciones a menos de 30 metros de las fuentes hídricas (ríos, quebradas o zonas de posible avalancha), buscando reducir la exposición al riesgo. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta medida choca con la realidad de asentamientos informales, presiones socioeconómicas y la falta de recursos para reubicar a miles de familias.

La idea de trasladar todas las viviendas y construcciones de las riberas es loable en el papel, pero prácticamente inviable: los costos de expropiación, el arraigo cultural y la dispersión geográfica en el territorio colombiano complican cualquier plan masivo de reubicación.

Frente a esta encrucijada, se vuelve urgente la creación de un sistema nacional de medición de crecientes e identificación temprana de inundaciones. Las autoridades fluviales, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, podrían instalar boyas en los ríos de mayor caudal y proclividad al desborde de cada región.

Estas boyas, equipadas con sensores de nivel y flujo, enviarían datos en tiempo real a un centro de monitoreo. Con base en esos registros, se activarían protocolos de alerta temprana: mensajes de texto y aplicaciones móviles notificarían a las comunidades con antelación suficiente, permitiendo que las familias se trasladen a puntos seguros y protejan sus bienes. De esta forma, se reducirá la cifra de damnificados y se optimizará el uso de recursos públicos ante futuras emergencias.

Este sistema no sería solo un avance tecnológico, sino un verdadero guardián de las comunidades. Actuar con rapidez y proteger lo más valioso: su vida y su patrimonio. Esta innovación marcaría la diferencia entre un día de lluvia más y una catástrofe, garantizando respuestas ágiles que eviten consecuencias aún más graves.