No otra cosa que reflejo del resultado de esa guerra es la configuración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con cinco miembros inamovibles, ganadores de la guerra, capaces de vetar lo que sea según sus intereses. Grupo arbitrario, aunque explicable, de privilegiados por derecho, que sobrepasa con exceso los poderes de la Asamblea General, relegada a un papel secundario, así en ella tengan asiento todos los 193 miembros de la Organización. De manera que los acuerdos y el derecho vinieron a reflejar realidades derivadas de la fuerza y no de la voluntad “democrática” de las naciones del mundo en condiciones de verdadera igualdad. 

Desde la fundación de la ONU, y a pesar de la proclamación de fidelidad a los compromisos adquiridos en el seno de la organización, las grandes potencias han ignorado olímpica e impunemente, cuando les conviene, el mismo orden que esperan que los demás sí cumplan. Tal sucede por ejemplo con la sujeción a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, al punto que muchos otros países imitan ese comportamiento y se salen de dicha jurisdicción a su conveniencia. Lo cual es inevitable, precisamente porque los hechos terminan por imponerse sobre compromisos que de pronto quedan apenas escritos como catálogo de buenas intenciones. 

Lo anterior no implica menosprecio por todos los convenios que, en Europa y otros continentes, a lo largo de milenios, introdujeron treguas en medio del desorden de las guerras. Por el contrario, resalta la importancia de que, luego de cada movimiento telúrico en las relaciones internacionales, aparezca por algún lado no solamente una tregua, sino que surjan compromisos en favor de la paz y la estabilidad, sin que sea posible proscribir para siempre el surgimiento de nuevas ambiciones y nuevas acciones depredadoras. Algo inevitable en razón de la “condición humana”, que recuerda la fábula del escorpión que, después de rogarle a un conejo que lo llevara en su mullido lomo al otro lado de una súbita corriente le clavó el aguijón, para justificar luego su horrible acción con la disculpa de que lo había hecho porque eso era inherente a su naturaleza. 

El estremecimiento que vive el mundo al comenzar el año 2026 es apenas la última versión de una serie reiterada de cambios derivados de la irrupción de actores que se salen de tradiciones y compromisos, bien o mal concebidos, cumplidos a medias, y que plantean de manera escueta a los ojos de los demás problemas inusitados que existen pero nadie se atreve a mencionar, o adelantan acciones audaces que pertenecían al mundo de la fantasía, noble o perversa, con lo cual ponen al mundo en ascuas. Léase lo que se vivió en la primera parte del Siglo XX con las dos guerras mundiales, frente a las cuales lo de ahora, por complejo y aburrido que sea, es hasta ahora un intento menor de ajuste de cuentas y de buscar provecho por parte de los poderosos, como siempre.  

El celebrado discurso del primer ministro canadiense Mark Carney en Davos parece ser una buena síntesis de la situación del momento, leída en los grandes términos de la crisis de las relaciones internacionales de nuestra época. Crisis por supuesto animada por el retorno a la Casa Blanca de un personaje que entiende el ejercicio del poder político desde el punto de vista de empresario que ha venido a ajustar cuentas con amigos que sacaban gratuitamente provecho de la protección de los Estados Unidos, así como con enemigos efectivos o potenciales a los que aspira a poner en su sitio.  

La presencia de ese personaje, con sus peculiares argumentos, sintetizados en el lema de hacer a su país “grande otra vez”, se ha hecho notar a través de reclamos lícitos como el de pedir a sus socios de la OTAN que cumplan con sus obligaciones con la organización, extravagancias como la de agredir la soberanía canadiense y amenazar la existencia misma del Canadá como Estado, o la pretensión de conquistar Groenlandia a costa de un país europeo que ha apoyado a los Estados Unidos y es miembro de la OTAN. 

Si bien el proyecto aparentemente improvisado y dependiente de la pretendida genialidad de realizador de acuerdos de un presidente no ha podido producir, como lo había prometido, detener la guerra en Ucrania, propiciada por su émulo ruso también como partícipe del remezón de la vida internacional, ha logrado producir cambios interesantes en un mundo que se asfixiaba en su propia complejidad. 

Los europeos se han dado cuenta de que, como lo advirtió De Gaulle, la alianza con los Estados Unidos no sería para siempre, pues podría llegar un presidente que tuviera de Europa una idea menos idílica y cultural y estratégicamente más autónoma. Por lo cual han buscado ponerse al día con la OTAN y emprender otra vez un rearme que por supuesto trae malos recuerdos, pero les da un poco de seguridad auto proveída, mientras no se dividan.

Poco a poco se produce un realineamiento en materia de intercambio comercial, con todos sus efectos económicos y políticos, que implica alianzas europeas con Canadá, América Latina, el Pacífico y sobre todo China.  Fenómeno que marcha siempre en doble sentido, aunque en muchos casos logra mantener a China a prudente distancia respecto de sus ambiciones universales de llenar los vacíos que le vayan dejando los propios Estados Unidos. 

Se producen y se esperan cambios dramáticos respecto de situaciones que parecían sin salida, como la de Venezuela y la de Cuba, que podrían continuar indefinidas si no hubiera aparecido una fuerza que, así fuese animada por el poco noble pero explicable propósito de hacerse al control del petróleo, hubiese intervenido para romper con el orden establecido, que a su vez había roto con un orden anterior por la vía de la fuerza. Situación que reclama agilidad e inteligencia para evitar un orden neocolonial impuesto y perdurable, pero que significa una oportunidad de recuperación democrática deseable. 

Se agita, así sea peligrosamente, una posible nueva versión del Oriente Medio, que representa al mismo tiempo oportunidad de arreglos en busca de algo de estabilidad durable, como alternativa ante la amenaza misma de una nueva catástrofe. 

Se anima una nueva discusión sobre la importancia del Ártico, cada vez más descongelado, que exige definiciones propias de una época de descubrimientos por realizar y de rutas por establecer, que tendrán importancia creciente a lo largo del Siglo XXI. 

Se desconfigura de hecho el sistema de Naciones Unidas, con el retiro de numerosas agencias de un actor importante, como los Estados Unidos, de manera que se hace cada vez más urgente la anhelada reforma de la Organización, para que refleje ese mundo que poco a poco se irá cuajando en medio del desorden y la angustia de tantos que piensan que vivimos el fin del mundo. 

Aunque muchos de estos procesos, y la manera de tramitarlos, traigan como resultado un aislamiento y de pronto una pérdida de peso momentánea o prolongada de poder de los Estados Unidos, que pueden terminar aislados o uniendo a muchos países en su contra, lo cierto es que el gobierno de la Unión, que cumple un año en el poder, se ha convertido en el agitador del cierre de una época. 

Así sea complejo el personaje que ha impulsado todo esto, y tenga menos conciencia que la de sus detractores respecto de las consecuencias de su ejercicio del poder, el mundo se ve conminado a salir de la modorra del orden de la posguerra mundial y de la post Guerra Fría. Es el cierre ineluctable de una época, como se han dado tantos otros cierres y se seguirán dando a lo largo de la historia, lentamente con el motor de pactos e instituciones, o de manera acelerada por la irrupción de actores y circunstancias que, por molestos que parezcan, también son motores de la historia. 

Entonces, lejos de asustarse por la complejidad de los hechos, hay que mirar la situación como una era de cambios que ya era hora que se dieran, en lugar de seguir en medio de una tibieza tormentosa de nunca acabar. Es lo que hay y es lo que tenemos.

El problema de verdad, y el reto, para el mundo, y en nuestro caso en la conducción de nuestra política exterior, es el de tener la lucidez suficiente para ver cómo jugamos en ese escenario, sin salir a cazar mariposas amarillas ni a decir tonterías que no solamente nos desprestigian, sino que nos relegan a un lugar que no nos merecemos. Mientras observamos cómo termina en estos días en Washington lo del paso de la corriente súbita de un alacrán en el hombro de un conejo. 

Como dato curioso adicional, Jesús Zárate Moreno ganó en 1972 el premio Planeta, pero no pudo celebrarlo porque había fallecido en 1967. Ahora bien, resulta tan sorprendente el descubrimiento del autor, como evidenciar la nula información sobre su vida. Afortunadamente encontré un artículo de la otrora estudiante de literatura Lunay Estela Figueroa Arias de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que viene a rescatar del olvido a Jesús Zárate Moreno. Para quien desee buscarlo se titula: Jesús Zárate Moreno, trayectoria vital: 1915 – 1967.

El autor y diplomático colombiano nació el 15 de septiembre de 1915, en Málaga (Santander, Colombia) y falleció en Bogotá en 1967, dato que me estremece, pues mientras él se iba yo nacía en la misma ciudad y el mismo año. Sus obras publicadas son las colecciones de cuentos: Un zapato en el jardín (1948), No todo es así (1948), El viento en el rostro (1953), El día de mi muerte (1955), las novelas La Cárcel (1972) y El Cartero (1973), que fueron publicadas a modo póstumo, igual que tres piezas de teatro.

La investigación de Figueroa Arias revela que el escritor privilegió su tierra santandereana como escenario y argumento de sus obras, los recuerdos de su infancia y juventud en Málaga, desde donde se traslada a Bucaramanga, la capital del Departamento, en donde cursa el bachillerato y a los 18 años se vincula al periódico Vanguardia Liberal en muestra de su genial precocidad para la escritura. Se convertiría en secretario del diplomático y político liberal Gabriel Turbay, médico de la Universidad Nacional de Colombia, Ministro de Relaciones Exteriores, candidato a la presidencia de la República y quien murió a los 46 años de una enfermedad fulminante en París.

Fruto de la relación profesional con Turbay y gozando de una merecida reputación periodística, Zárate Moreno en 1943 es nombrado Jefe de Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, ciudad en la cual se publican sus primeros cuentos. Posteriormente, Zárate es nombrado Primer Secretario en la Legación de Colombia en Madrid y Cónsul General de Colombia en Barcelona. Un zapato en el jardín(1948) es publicado en Madrid y en el mismo año en la editorial Imprenta de Bucaramanga en Colombia, su segundo libro de cuentos No todo es así. 

Jesús Zárate Moreno, regresa a Colombia en 1948 y es designado como Subdirector del Departamento Diplomático, escribiendo al mismo tiempo reportes especiales para el periódico El Tiempo. Hernando Téllez alaba los cuentos de Zárate Moreno por la temática provincial con tono universal. En 1949 es nombrado Director de Información y Prensa de la Cancillería y se vincula con el periódico El Espectador, convirtiéndose en asiduo colaborador en el Magazín Dominical donde resultó muy popular una columna suya titulada El pabellón de reposo, bajo el seudónimo Zalacaín, se trataba de historias reales pasadas por el filtro literario que fueron publicadas hasta 1954. 

Desde 1950 a 1953, Zárate fue Jefe de la Sección de Europa, África y Oriente en el Ministerio, al tiempo que Ediciones Espiral de Bogotá publicaba su libro El viento en el rostro, relatos de Zalacaín (1953), selección de las mejores crónicas escritas para el Magazín Dominical. Dejo a los amigos de El Espectador y su Magazín, la posibilidad de reeditar en papel o en la versión digital del periódico estos relatos de Zárate Moreno para que los lectores contemporáneos puedan descubrir al escritor.

En 1954, Jesús Zárate Moreno es nombrado en Cancillería como Director de Política Exterior y del Departamento Diplomático, luego como Consejero de la Embajada de Colombia en México de 1954 a 1955, publicando simultáneamente El día de mi muerte con la Editorial Iqueima de Bogotá. 

Los siguientes cargos diplomáticos de Zárate fueron Consejero de la Delegación de Colombia en la OEA, Consejero de la Delegación de Colombia ante la ONU, cuando nuestro país fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Al regresar a Bogotá, en lo que los funcionarios de Cancillería llamamos planta interna, sería Subsecretario del Servicio Exterior y Subsecretario de Asuntos Diplomáticos entre 1959 y 1960, que equivale a lo que hoy sería un Viceministro.

Zárate fue Delegado alterno de Colombia como Ministro Plenipotenciario ante la XVI Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960 a 1961. Llegaría a ser Embajador en Cuba en el momento de transición de la dictadura de Batista al gobierno revolucionario de Fidel Castro, época en la que comenzó a concebir la trama de lo que sería su novela La Cárcel, que al parecer fue pensada para ser obra de teatro con tono humorístico.

En 1962 Zárate Moreno fue nombrado Embajador de Colombia en República Dominicana, en una época turbulenta para el país caribeño, pero que le permitió escribir su gran obra que permaneció inédita durante varios años. En 1967 es designado como embajador en Suecia, pero una enfermedad avanzada le impide cumplir el encargo del gobierno colombiano y lamentablemente fallece en Bogotá el 12 de diciembre del mismo año.

Su esposa Alicia Rey y sus tres hijos (Néstor Augusto, Eduardo y Alicia Zárate Rey), luego de hacer el duelo por la muerte del jefe de hogar, rescataron entre sus documentos el manuscrito de La Cárcel y coincidió con la publicación en algún medio de la época de las bases del premio Planeta, convocado por la editorial fundada en Barcelona, percatándose que no había ninguna restricción o advertencia sobre si podían participar obras de autores fallecidos y decidieron enviar la obra, que fue la ganadora en 1972. 

Debe decirse que fue una gran sorpresa para los organizadores del premio, conocer que el escritor ganador había muerto cinco años atrás pero ante la calidad literaria de la novela concedieron el premio, aunque en convocatorias posteriores se cuidaron de advertir que sólo se admitirían obras de autores vivos en el momento de dar a conocer el fallo del jurado respectivo. La Cárcel, es una obra divertida a pesar de desarrollarse en un escenario improbable para una trama optimista.

Resulta emocionante, para quien escribe estas líneas descubrir a un colega en doble sentido, como diplomático y escritor, quien desde sus dos disciplinas le dio prestigio a nuestro país en el extranjero. Espero que este modesto texto sirva de motivación para conocer las obras de Jesús Zárate Moreno, nuestro particular Sugar Man, de la literatura y la diplomacia en Colombia.

*Dixon Moya es embajador de Carrera Diplomática y Consular, escritor por vocación, lleva un blog en el periódico colombiano El Espectador con sus apellidos literarios, en el cual escribe de todo un poco: http://blogs.elespectador.com/lineas-de-arena/. 

“Prefiero pasar tiempo con gente común que con políticos”: James Garfield, presidente de Estados Unidos. (1831-1881)

Sus detractores ya no saben qué más decir de él. Aurelio Suárez dijo que Petro “no es de izquierda”. Andrés Pastrana, sin ser psiquiatra, dice que “Petro tiene un problema de salud mental y es grave”. Alonso Lucio dijo que “Petro nunca fue una persona ni destacada ni importante en la historia del M-19”. Y así, las redes sociales se llenan de epítetos, declaraciones o acusaciones contra el primer presidente de izquierda de Colombia.

A veces dicen cosas insustanciales, por no decir insulsas. Uribe les acaba de pedir a sus precandidatos no hablar más de Petro. No terminaba de dar órdenes cuando ya su pupila, María Fernanda Cabal, estaba de cabeza en X fomentando la discordia: “No podemos dejar que Petro y su extrema izquierda sigan destruyendo el país…”, escribió en un tuit.

Petro, cual animal político, con la sartén por el mango es quien pone la agenda, así que mantenerse indiferentes tampoco les funcionará. La oposición no inteligente es otra forma de suicidio político. Lo que no entendieron en tres años, lo quieren entender en seis meses.

La prensa del mundo también está hablando de Petro. The New York Times le dedicó un extenso perfil con sus luces y sus sombras.

“… cobró prominencia por sacar a la luz los vínculos entre paramilitares y políticos, revelaciones que dieron lugar a decenas de imputados, pero que le granjearon poderosos enemigos en un país polarizado por una compleja guerra entre las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha y el Estado”.

Mientras el presidente es objeto de un análisis-escarnio exhaustivo, su imagen ha trascendido fronteras, en parte por su carácter frentero y, en parte, porque su principal némesis, el señor Donald Trump, le otorgó a Gustavo Petro un lugar en el escenario internacional, reconocimiento que rara vez alcanza un líder del mal llamado tercer mundo.  Es decir, queriéndolo invalidar terminó validándolo, para pesar de sus enemigos políticos en Colombia, donde Petro no tiene, por ahora, un némesis.

A la gente se le olvida que Petro no fue quien comenzó la pelea con Estados Unidos. Hizo lo que haría un presidente por sus connacionales: Salió en defensa de los migrantes colombianos y les reclamó a las autoridades gringas por el trato inhumano con los deportados, y ahí fue Troya.

El gigante del norte, como el Goliat matoncito, decidió castigar al David tercermundista quitándole la visa y metiéndolo sin pruebas en la misma lista con los narcos. Atrás está quedando el “tú ordenas, yo obedezco”. El David ha demostrado que se puede gobernar sin rodilleras, porque si bien Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, no el único, Petro está encarando las relaciones bajo un nuevo evangelio: “Tú ordenas, aquí miramos hasta donde obedecemos”. Mansos pero no mensos. Porque la palabra soberanía no está pintada en la Constitución.  

Visto con otra lupa, Petro es hoy, óigase bien, otra víctima de Donald Trump, y cualquier análisis que se haga de la relación Colombia-Estados Unidos debería necesariamente partir de esa premisa.

La oposición no inteligente es otra forma de suicidio político. Lo que no entendieron en tres años, lo quieren entender en seis meses.

La derecha colombiana, que no solo está del lado de Trump, sino que al mismo tiempo se codea de tú a tú con la derecha gringa, representada por el Partido Republicano, está ofendidísima con Gustavo Petro. Mientras tanto, entre que se prohibieron las encuestas y las encuestas resucitaron, la imagen favorable de Petro trepó del 30 al 44%. Creo que la derecha colombiana no lo vio venir y, con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, deben estar preguntándose cuál será el techo de la popularidad del presidente.

Pues quizás eso dependa de ellos mismos. Quizás la derecha ha hecho más por la buena imagen del presidente que lo que él ha hecho. Se entiende, entonces, que ahora Uribe los quiera calladitos, porque así se ven más bonitos. Y mientras callan, que no creo que callen, pueden mirarse el ombligo.  

No han entendido que Petro es un político que hace mucho rato rompió el molde dentro de la Casa de Nariño, llegó para desafiar al establishment colombiano y fue más allá incomodando a la elite capitalista del mundo, encarnada en la figura del todopoderoso Trump.

“Un hombre valiente es aquel que se atreve a mirar al diablo a la cara y decirle que es un diablo”: James Garfield, presidente de Estados Unidos.

A los soldados de los Estados Unidos, Petro les pidió “no apuntar contra la humanidad sus fusiles”. “Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”, recalcó en las calles de Nueva York, megáfono en mano, a tiempo que pidió la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu por el genocidio contra el pueblo palestino.

Quiéranlo o no, Petro ha sabido interpretar el momento geopolítico causando un remezón en las formas y los liderazgos, mientras sus detractores permanecen más tiesos que majos, anclados en la prehistoria de la diplomacia, con unos partidos anquilosados en sus apetitos burocráticos.  Hay un olor a política rancia, digámoslo sin pena. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, que para eso es.

El olor a rancio se combate modernizando a los partidos en función de modernizar al país. Porque una cosa es detestar a Petro y otra cosa es actuar insensibles frente a la realidad de una mayoría que pasa penurias. Solo quien vive en una burbuja puede mostrarse ciego ante la evidencia.  No es socialismo ni comunismo. Es un poco de conciencia en el corazón. Más sensibilidad social, menos socialité. Todos los partidos políticos deberían ser progresistas por naturaleza.

Aunque les produzca urticaria, songo zorongo, Petro (que a medias es profeta en su propia tierra), se ha ido posicionado como un líder global. La extensa entrevista de Al Jazeera, el canal de noticias árabe, es en sí misma un extraordinario documento periodístico por la conversación dramática que el presidente colombiano sostuvo, desde la embajada colombiana en El Cairo, con sobrevivientes, niños y adultos, de los ataques de Israel en la Franja de Gaza.

Salvo la televisión pública, los medios colombianos no le dieron a este acontecimiento la cobertura que merecía, y tampoco los columnistas de prensa se tomaron el trabajo de comentarlo, así sea para cuestionarlo.

Las víctimas agradecieron la valiosa defensa que ha hecho Gustavo Petro del pueblo palestino en escenarios como la Asamblea General de la ONU.

Debo confesar que lloré con los testimonios de este reportaje: la periodista que perdió a su esposo y sigue en pie informando al mundo mientras, sola, cría a sus hijos (minuto 24); el hombre que perdió a treinta miembros de su familia, incluyendo esposa e hijos y se hizo cargo de dos huérfanos para tener por quien vivir y le pidió al presidente traerlos a Colombia (minuto 35) o Mahmud, el niño sin brazos, que cumplió el sueño de reunirse con el mandatario colombiano. (1 hora, 28 minutos).

Le corresponderá a la historia, no a sus enemiguis, poner a Gustavo Petro donde deba estar. 

Como la decisión de las urnas no es unánime en el seno de una verdadera democracia, y en las elecciones se expresan opiniones contrarias al proyecto del ganador, éste tiene la obligación de respetar a sus oponentes y gobernar para todos. Siendo una falta grave irrespetar a la oposición, ocluir los canales de comunicación con ella o, peor aún, dedicarse a perseguir a quienes no estuvieron o no están de acuerdo con su proyecto o sus intereses. 

También puede suceder que alguien se tome el poder, o que llegado a su ejercicio por l vía de las urnas, se extravía, pierde el rumbo y comienza a hacer favores a sus amigos y perseguir a sus enemigos. Con lo cual incumple su promesa solemne de respetar las instituciones y le produce daño a su propia nación. 

Nada más equivocado que pensar que el haber ganado unas elecciones presidenciales es cartulina en blanco que el elegido puede llenar como le parezca. Mucho más equivocado todavía es creer que, ungido por una mayoría, quedan borradas sus faltas anteriores y tiene autorización para desconocer los límites de la separación y el equilibrio de los poderes públicos.

Esa idea anacrónica de que el Ejecutivo, por llevar ante el propio país y el mundo la representación nacional, puede hacer lo que le dé la gana, por encima de las otras Ramas del poder público, conduce a desencuentros y desequilibrios inaceptables en un Estado democrático. La misma idea es vehículo populista que desconfigura la armonía social, a partir de diferencias entre quienes apoyan a un gobierno y los demás, que resultan descalificados por el solo hecho de existir y se deben resignar a pasar desapercibidos en espera de que alguien reconozca su ciudadanía y sus derechos.

Lo peor se presenta cuando las otras Ramas del Poder Público resultan impotentes, por el diseño institucional, para contrarrestar la dictadura del ejecutivo, o cuando se someten a los designios de este último por conveniencia política, miedo o ineptitud. Caso en el cual se suman a la tragedia del sacrificio de la democracia. Cualquier Estado en el que la justicia termine por decir que el presidente es inmune desde antes de su elección y para siempre, consagra la impunidad y denota un defecto de diseño democrático. 

La reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por desfile de gobernantes que van allí a expresar el punto de vista de sus respectivos países respecto de la actualidad y el futuro de sus países y del planeta, se convierte en escenario privilegiado para apreciar una amplia gama de vivencias y visiones del mundo, según la procedencia cultural y política de cada quién.  Como la figura presidencial, o la jefatura del gobierno, reviste tanta importancia, el personaje que ejerza uno de esos cargos se convierte allí automáticamente en símbolo, vocero y referente de su país ante propios y extraños. 

Aunque no exista un código particular de conducta aplicable a todos los presidentes o jefes de gobierno, la índole de su oficio implica el cumplimiento de unos parámetros de comportamiento que muestren las más altas y confiables calidades éticas. Base sobre la cual, dondequiera que vayan, y cuandoquiera que expresen opiniones sobre hechos, procesos en curso o propósitos de acción hacia el futuro, han de hacerlo con serenidad y prudencia, sin dejar de ser firmes, sin faltar a la verdad ni proferir expresiones insultantes hacia otras personas o países.

Así, sin perjuicio de que el desfile de mandatarios por el podio con fondo verde de la Asamblea General de Naciones Unidas sea un muestrario de puntos de vista diferentes, desde los ángulos más variados de observación de la vida internacional, y de propósitos o llamados a actuar en ella de una u otra manera, los voceros han de inspirar confianza en cuanto a la seriedad de sus afirmaciones, además de respeto por la calidad de sus razonamientos.

A sabiendas de que muchos de ellos, la mayoría, hablan ante una sala desierta, sobre todo cuando son de antemano considerados poco poderosos, irrelevantes o llegan menospreciados por actuaciones anteriores, el desfile por ese podio muestra, de hecho, un escalafón de la estatura y prestancia de quien gobierna en uno u otro país.  Esto no quita que personajes no mundialmente reconocidos puedan hacer allí gala de sabiduría, buen criterio, respeto, capacidad propositiva y llamados de la atención mundial en forma tal que representen adecuadamente los mejores valores de su pueblo. 

Si lo anterior no es así, es decir si alguien allí falta a la verdad o insulta o descalifica a otros, y sobre todo si, inmerso en la lucha política de un país agitado, dentro de la cual obra como agitador con privilegios, la imagen de su país, y de su pueblo, resultan mancilladas. Con lo cual en países supuestamente democráticos incumple con un deber de representación decorosa que ha jurado ejercer. 

Uno de los inconvenientes más grandes y nocivos del buen flujo de las relaciones internacionales es el de la fusión, o confusión, entre los intereses de cada país, que ha adquirido con los años fisonomía identificable ante el resto del mundo, y los puntos de vista e intereses personales de quien lleva temporalmente la vocería de su pueblo ante el concierto de las naciones. 

Personalizar, banalizar, vulgarizar, degradar el nivel de la política exterior de su propio país, es una falta grave, sin perjuicio de que haya fanáticos que consideren cada salida chocante como una hazaña. La gente se va de los gobiernos, tarde o temprano, y el tiempo perdido por los impulsos transgresores e innecesarios de algún personaje, resulta después difícil de recuperar. 

Las relaciones internacionales no son eventos superfluos y pasajeros de relaciones públicas, sino nada menos que el gran juego del poder en el escenario mundial, donde ningún país puede menospreciar sus posibilidades ni abandonar oportunidades de beneficio nacional. Juego del poder al que no se pueden enviar jugadores no preparados que terminen caracterizados como perdedores. 

En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas han quedado registradas falacias, mentiras, amenazas, interpretaciones extravagantes, propósitos vengativos, autopromoción de personajes, descalificación de otros, anuncios de incumplimiento del Derecho internacional y de la propia Carta de la Organización. También anuncios importantes, críticas a la forma como funciona el Sistema de la ONU, e insinuaciones, unas más tímidas que otras, sobre su transformación.

Cada uno de los protagonistas del desfile ha regresado a su tarea cotidiana, recibido con aplausos de quienes le rodean y adulan, convencido de que sacudió al mundo. Lo cual en ningún caso es verdad. Aunque, eso sí, el recuento de lo allí dicho signifique trabajo para las Cancillerías que, después de haber tomado nota de lo expresado y evaluar la veracidad de cada cosa, los estándares morales de cada quién, el decoro en la apariencia personal, la decencia en el uso del lenguaje y el conocimiento de los asuntos internacionales más allá de lo que circula en noticieros y redes sociales. 

Como en toda feria, uno que otro aprovechó para ir a pedir favores a la Casa Blanca, hacer negocios, e inclusive a llamar a la rebelión en país ajeno. Menos mal que, sobre la base de la experiencia, y de lo insignificante del personaje para la Secretaría de Estado, las autoridades de la ciudad no contribuyeron a armar un escándalo que solamente trascendió en las oficinas del protagonista. 

En todo caso, en Nueva York se renovó el escalafón de los gobernantes del mundo que pasaron por el podio.  

Pero precisamente por esta misión formativa, el derecho a la filosofía no se puede restringir a licencia para el ocio creativo, por así decir, ni confundir con prerrogativas para los saberes humanísticos y sociales, en desmedro de otros campos de la inteligencia y el obrar humanos. Al propender por una educación filosofante, en las complementarias acepciones de una educación orientada filosóficamente y una educación con contenidos filosóficos, apelamos también a los “deberes de la filosofía”, pues sin las actitudes, aptitudes y responsabilidades emanadas de una genuina formación filosófica, la educación se reduce a mero adoctrinamiento y la vida social a puros entrenamiento y entretenimiento, como sucede hoy.

En el primer apartado, se ubica históricamente la necesidad del derecho a la filosofía en el contexto colombiano (1). A continuación, se indaga por la proyección del derecho filosófico en el deber de la filosofía (2). Por último, se postulan el cuidado, la interpelación y la duda como deberes de una educación filosófica al servicio de una sociedad democrática (3).

1. El derecho de la filosofía

Dentro del proyecto de Constitución de la naciente República de Colombia que en febrero de 1819 presentó en Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela), el Libertador propuso un poder moral, a modo de complemento ético y educativo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los órganos de este cuarto poder, incluyó la creación de un Instituto de Filosofía, que por medio de la enseñanza de textos literarios se encargase de educar a los ciudadanos de la nación recién independizada de España en las buenas costumbres y en el respeto a las leyes como garantía del orden y la libertad.

Con tácita inspiración en aquella iniciativa bolivariana, más de dos siglos después se buscó incorporar en la normatividad educativa la declaración del derecho a la filosofía, en una comprensión amplia que más allá de la hermenéutica especializada de los escritos filosóficos ilustres, se extiende al trabajo de los saberes sociales (sociología, antropología, historia, entre otros) y de los saberes humanísticos (filología, literatura, estética, etc.). El texto completo de aquel artículo, que en su momento recibió significativo apoyo de la comunidad académica nacional, reza así:

Artículo:  Formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades: se debe garantizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo colombiano el derecho de todas las personas a la formación en filosofía, ciencias sociales y humanidades, como áreas imprescindibles para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política. Los nuevos retos culturales, sociales, económicos, ambientales, científicos y tecnológicos, entre otros, exige que se cuente con una formación sólida en filosofía, ciencias sociales y humanidades, de modo que se cuente con herramientas, capacidades, conceptos, teorías y comprensiones suficientes para que el abordaje y desarrollo que implican los nuevos retos se den de modo integral.

Junto con el desarrollo y formación sólida en dichos campos, bajo la perspectiva de diálogo de saberes se buscará la articulación de los contenidos disciplinarios globales, latinoamericanos y nacionales con la memoria y las tradiciones culturales.

 A través de la garantía del derecho en estas áreas se promoverá la apropiación y desarrollo de las distintas tradiciones y enfoques disciplinares y de pensamiento, junto con el diálogo de perspectivas situadas, que permita abordar, comprender, problematizar, cuestionar e intervenir en los entornos y problemas tanto de las disciplinas mismas como de los distintos contextos.

Con dicha iniciativa, se procuraba consolidar el estatuto normativo de la enseñanza de la filosofía dentro del sistema educativo colombiano, de manera que de su presencia obligatoria pero marginal en el nivel medio se avanzase a que fuera parte estructural de la educación democrática, pluralista e incluyente buscada para el país. La integración con el campo amplio de las humanidades y los saberes sociales revela que antes que la defensa de un área disciplinaria particular se alentaba una formación comprehensiva que articulara los aprendizajes del qué y del cómo de la ciencia y la técnica con las indagaciones humanistas y sociales sobre el por qué y el para qué.

Desafortunadamente, tanto el Instituto filosófico dos siglos atrás como la promulgación del derecho a la filosofía se truncaron, ayer como hoy porque los tiempos no eran propicios. En sus consideraciones, los delegados de la Asamblea Constitucional de Angostura elogiaron el proyecto del Libertador, pero estimaron que la guerra en curso contra la metrópoli no ofrecía el momento apropiado para instaurar instituciones tan idealistas y optaron por aplazar el poder moral y su componente filosófico para cuando hubiere circunstancias más favorables. Y en el presente, la proyectada ley estatutaria se malogró a causa de la resistencia ejercida por el sindicato de educadores oficiales frente a la evaluación de los docentes públicos y a la participación del sector privado en la gobernanza educativa, con lo cual el decreto filosófico se extinguió por pura sustracción de materia normativa.

Como se sabe, desde el segundo semestre de 2024 el Ministerio de Educación renunció a proseguir en el intento de una transformación de fondo de las leyes y políticas educativas nacionales y ha optado por concentrarse en fortalecer la oferta en la educación superior pública gratuita y universal, mediante el aumento y aseguramiento de la financiación, la ampliación de la infraestructura y el incremento de los cupos estudiantiles en las instituciones oficiales de educación superior.  En contravía de las políticas neoliberales aplicadas en las administraciones anteriores, que mediante subsidios y créditos a la demanda estudiantil implicaban, según los voceros del actual régimen, una indebida transferencia de recursos públicos a las instituciones privadas de educación superior, el gobierno desea responder de modo más efectivo a las expectativas de la base estudiantil que fue crucial para su elección en 2022 y promover así la continuidad del programa progresista.

Pero aparte de tácticas electorales o disputas macroeconómicas, no debe olvidarse que la educación es un derecho público, con independencia de que esté a cargo de entidades oficiales o privadas. Por tanto, su ejercicio no puede ser conculcado por la codicia empresarial, pero tampoco anulado en la práctica a causa de la desidia, ineficacia o corrupción de los agentes estatales. Y si el objetivo último apunta a la nacionalización de la educación en Colombia, como temen unos y tal vez aspiran otros, debe asegurarse que el capital material, institucional y humano alcanzado en las mejores prácticas de la educación privada sea incorporado en la gestión pública de la educación como bien común, pues de lo contrario se profundizará la brecha que se desea cerrar entre una educación cualificada muy onerosa para unas ínfimas élites adineradas y otra educación pública gratuita pero con disímiles índices de calidad para el grueso de la población, que según investigaciones como la recogida en “La quinta puerta” es precisamente lo que sucede en la actualidad para la gran mayoría de la población. Ni en la educación ni en otros campos, los problemas sociales se resuelven por la simple sustitución de una tecnocracia liberal de derecha supuestamente técnica pero al parecer sin sensibilidad social por una tecnocracia de izquierda que se declara muy sensible a las necesidades del pueblo pero quizás no cuenta siempre con suficientes capacidades técnicas.

Para justificar su énfasis en los medios y la postergación indefinida de la reforma educativa estructural, el economista Daniel Rojas ha insistido desde su posesión al frente del Ministerio en que el amor está en el presupuesto, pues sin financiación no hay derecho efectivo, pero nos tememos que sin clarificar los principios y valores que sirven de fines a las políticas educativas, tampoco hay posibilidad efectiva de debatir sobre la orientación de los recursos físicos y pecuniarios que sirven para el cumplimiento de las metas educativas. Si el autodenominado gobierno del cambio desea dejar un legado histórico para la transformación educativa en Colombia, no puede conformarse con meros cálculos controvertibles sobre cupos y partidas en el nivel terciario, sino debe avanzar hacia una propuesta de fondo sobre el sentido de la educación en nuestro país como factor imprescindible para la transformación social, más allá del llano lema propagandístico reiterado por el funcionario en reciente entrevista de que la educación es un derecho inalienable y no un simple servicio comercializable. Así sea desde la preeminencia del sector público, el cálculo utilitarista sobre costos y beneficios universitarios no puede soslayar los factores esenciales sobre el sentido de la educación integralmente considerada. Como señalaba la también economista Mariana Mazzucato en la conferencia que en octubre de 2024 dictó en la Universidad del Valle durante la Cop 16 celebrada en Cali:

“la filosofía, ¿dónde se estudia la filosofía? … Se piensa que la escuela pública es para todos, pensamos las cosas concretas, matemáticas, ciencia, inglés, computadores, sin pensar que estas mismas personas …necesitan también capacidades críticas para exigir responsabilidad al sistema …para estar seguro de que el sistema mismo está trabajando bien para el público…. La escuela pública a nivel de Liceo debería armar a los estudiantes de ser parte activa de la sociedad y de pensar en modo crítico” (https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA)

Si hoy recordamos en América Latina a don Andrés Bello al frente de la Universidad de Chile en el siglo XIX y a inicios del siglo XX a José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación en México, no se debe a las medidas administrativas y financieras que adoptaron, sino a que trazaron un derrotero político, cultural y filosófico a la educación puesta a su cuidado, erigiéndose así en modelos para todo el continente. Sin pretender agotar la cuestión, es aquí donde deseamos recuperar la iniciativa del Libertador implícitamente asumida en el derecho a la filosofía postulado en la frustrada ley estatutaria como garantía “…para la formación ciudadana integral de las personas y la sociedad en su conjunto, en el marco del Estado social democrático de derecho definido por la Constitución Política”.

2. Hacia el deber de la filosofía

La inspiración netamente filosófica del derecho a la filosofía se remonta a “El conflicto de las facultades” de 1798, obra en la que Kant defiende los fueros de la facultad menor de filosofía frente a las facultades universitarias mayores de teología, derecho y medicina. De paso, apuntemos que, al extender la formación en filosofía a los saberes humanos y sociales, en el artículo legal pergeñado se coincide con la comprensión amplia de la filosofía en esa obra, que no se restringe a la exégesis de los textos ilustres de la tradición filosófica como suele entenderse actualmente en los departamentos de filosofía, sino abarca la amplia gama de saberes sobre la sociedad y la cultura, con extensión a lo que hoy denominamos ciencias básicas.

Más recientemente, fue Jacques Derridá en los años ochenta del siglo pasado quien llamó a reconocer el “privilegio” del derecho a la filosofía, tal como se puede consultar en la traducción de la catedrática chilena Carolina Ávalos. Con su característica minuciosidad hermenéutica, el filósofo franco-argelino interpreta los múltiples sentidos y usos de la expresión “derecho a la filosofía”. Entre las inagotables variaciones que concibe, queremos destacar el carácter eminentemente jurídico que le confiere a la noción, en el que el ámbito de significación está enmarcado en el discurso de los derechos humanos.

Pero no se trata de apelar a la formalización de un presunto derecho natural a la filosofía emanado, por ejemplo, de la “philosophia perennis” escolástica o de la “metafísica natural” inscrita por Kant en la naturaleza humana, sino de la reivindicación efectiva de una aspiración histórica que, insistamos, no se agota en la filosofía académica. Relacionando con lo desarrollado por Ángelo Papacchini en su obra de 1994 “Filosofía y derechos humanos”, se puede hablar efectiva y no sólo retóricamente de “derecho a la filosofía” si lo relacionamos con el proceso de lucha por el reconocimiento de las condiciones de una vida social digna:

“los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional” (1994, p. 22).

En esta inserción del derecho filosófico dentro del “lenguaje de los derechos”, podemos preguntarnos de qué derecho se trata. Recordando la clasificación de los derechos humanos que expone el filósofo italo-colombiano en aquel libro, ¿el derecho a la filosofía es un derecho liberal fundado en la llamada “libertad negativa” de no coacción personal, o es un derecho democrático basado en la “libertad positiva” de participación política, o es un derecho socio-económico fincado en la “igualibertad” de garantizar los bienes materiales y culturales de existencia? Que todos tengamos derecho a profesar la filosofía de nuestra preferencia sin imposiciones privadas o públicas parece alinearse con la primera categoría, mientras la capacidad filosófica para el consenso y el disenso en la asamblea pública se emparenta más con los derechos de participación, a la vez que las garantías económicas y sociales para el ejercicio profesional del filosofar y la protección de las instituciones destinados a su enseñanza se vinculan en especial con la tercera clase de derechos.

El “derecho a la filosofía” se despliega en estas y otras aplicaciones pero no se agota en ellas. Tampoco concierne primordialmente a un desarrollo del derecho social a la educación pública especificado en la enseñanza de la filosofía, sino al reconocimiento institucional del filosofar como soporte de una sociedad democrática, de la misma manera que la Declaración de los Derechos Humanos antes que formalizar los derechos que se desprenderían de la naturaleza humana, los estatuye mediante el acto de su declaración. Aplicando la conocida expresión de Hannah Arendt, estimamos que el “privilegio” que reclamaba Derridá reside en que el filosofar se constituye en condición para tener derechos. En el último apartado, indagaremos por los deberes que se derivan de este derecho a la filosofía así entendido.

3. Cuidar, interpelar, dudar: deberes de la filosofía.

Puntualizado lo anterior, desentrañaremos ahora los “deberes de la filosofía”, tanto en el sentido objetivo de la filosofía como objeto de la educación (la enseñanza de la filosofía como deber educativo) como subjetivo  de “los deberes” que le corresponde atender a la educación en filosofía (los aprendizajes filosóficos que deben enseñarse). Para comenzar por la primera variante, en ningún momento se trata de seleccionar un sistema filosófico particular para adoctrinar con este a la población según las conveniencias de un determinado régimen sociopolítico, sin que creamos que es posible ni deseable una educación doctrinariamente aséptica y filosóficamente neutra. Lejos de una determinada filosofía pero también de cualquier filosofía, se trata de establecer los aprendizajes filosóficos, o si se prefiere en términos pedagógicos, las “competencias filosóficas” más apropiadas para la formación de la ciudadanía en el seno de un “Estado social-democrático de derecho”, según el principio de la Constitución Política.

Exploraremos entonces algunos de los deberes de la filosofía que se desprenden del derecho a la filosofía, englobada con los saberes sociales y humanos. Retomando la expresión de Derridá, ¿por qué el Estado debe garantizar de manera especial la enseñanza del filosofar dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad, como quedaba consignado en el artículo sugerido en la ley estatutaria? Aunque  hace parte de lo que se busca, el asunto va más allá de que personas con vocación filosófica y humanística dispongan de las condiciones institucionales y materiales para dedicarse a las investigaciones filosóficas de su predilección, o que reciban más apoyo los centros de formación filosófica tanto en la modalidad de estudios profesionales como de docencia, o que se amplíen las oportunidades de trabajo gracias a la extensión de las clases de filosofía y temas afines en todos los pénsumes de colegios e instituciones de educación superior.

Sin negar la importancia de afinar el desempeño didáctico, tampoco creemos que la solución consista en que deleguemos las responsabilidades filosóficas a las ciencias de la educación y la pedagogía, cuando en realidad estas mismas requieren de dilucidar su horizonte filosófico. Ni se trata de cohonestar con una renovada sofística como la que pulula como filosofía en las redes sociales y recibir patente para opinar sin ningún control sobre lo divino y lo humano. Como alertaba Daniel Herrera Restrepo, el discurso filosófico se reconoce porque no se pronuncia de manera aleatoria sobre cualquier tema según los humores e intereses cambiantes de quien lo enuncia, como sucede a menudo en las columnas de prensa y en los podcast, sino responde a una unidad de fondo tanto en los temas como en los enfoques, pero sobre todo en las preguntas adoptadas.

En definitiva, más allá de poder dictar más cursos sobre temas filosóficos, el derecho a la filosofía concierne a cómo el “ethos filosófico” estructura las creencias, palabras y acciones de las gentes como condición de posibilidad para la libertad de las personas, la justicia social y el cuidado de la vida. Sin negar la fecundidad de otros acercamientos filosóficos, tomaremos como guía las llamadas “reglas del sensus communis” postuladas por Kant en el § 40 de la “Crítica de la facultad de juzgar”. Reiterando lo que críticos de la Modernidad como Adorno, Foucault y entre nosotros Estanislao Zuleta señalaron en su momento, las tareas pendientes de la educación siguen siendo “pensar por cuenta propia” (educación para la libertad), “pensar en el lugar de cada otro” (educación para la justicia) y “pensar de manera consecuente” (educación para el cuidado de la vida). Y si relacionamos cada una de estas reglas con los tres conflictos intra-universitarios que reconstruye Kant en “El conflicto de las facultades”, podemos disponer de una pauta hermenéutica para relacionar los deberes asignados a la enseñanza de la filosofía con el filosofar como deber de la educación y de la sociedad en general, en el marco amplio y complejo de la educación filosófica.

El deber del cuidado

Invirtiendo el orden asignado por Kant, empezaremos por la regla del pensar consecuente, que más allá de la coherencia formal en el pensamiento, apunta a que nuestras acciones sean plenamente responsables con nuestra condición de seres sentipensantes finitos. En el “Conflicto de las facultades” esto se proyecta al capítulo final dedicado a la medicina, en el que la filosofía provee de consejos (imperativos hipotéticos de prudencia) como “respirar bien”, “dormir bien” y “comer bien” que motivan la preservación de la salud del cuerpo (salud mental incluida) y ayudan a prevenirlo de la enfermedad. Rebasando el antropocentrismo kantiano, se configura la enseñanza filosófica del cuidado, que en nuestros días se proyecta a la responsabilidad plena con la potenciación de la vida en su rica pero agotable variedad, tal como se debate en las conferencias mundiales sobre medio ambiente y biodiversidad.

Como se trata de un actuar prudencial, el pensar consecuente debe ponderar las responsabilidades a largo, mediano, corto e inmediato plazo con las exigencias de la conservación y las necesidades y urgencias de cada día, no sólo por quienes gestionan las políticas públicas a diferente escala, sino frente a las decisiones mismas de las personas y las comunidades en su transcurrir habitual. En síntesis, el deber de garantizar y orientar una genuina educación filosófica para cuidar, ser cuidados y autocuidarse se erige en responsabilidad para la conservación y promoción de la vida en el seno de la naturaleza, dentro de una amplia asunción de nuestra corporeidad. Como se señaló en México en la propuesta de la “Sociedad del cuidado” formulada durante la “XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y El Caribe” desarrollada en agosto de 2025:

“Situar el cuidado de las personas y del planeta en el centro, como propone el paradigma de la sociedad del cuidado, implica reconocerlo como un bien público, es decir, como un bien cuya provisión beneficia al conjunto de la sociedad…sosteniendo tanto la vida como el funcionamiento de la economía y garantizando así…un futuro más inclusive y sostenible” (citado por RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16)

El deber de la interpelación

Pasando ahora a la regla del pensar ampliado, estimamos que “pensar en el lugar de cada otro (y otra)” puede vincularse de manera especial con el mundo de las relaciones políticas abordado por Kant en la segunda parte de “El conflicto de las facultades” y en otros escritos como “Hacia la paz perpetua”. Tanto en la esfera nacional de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con el Estado, como en la esfera internacional de las relaciones entre los Estados y de los seres humanos entre sí como integrantes de una sociedad cosmopolita, el criterio último que posibilita la justicia política reside en el principio de publicidad, que pone la libre comunicación como principio de una república en que la voluntad del legislador emane de la voluntad general de la ciudadanía, ampliada virtualmente a la humanidad en su conjunto. Y para alcanzar esto, se defiende el derecho de los filósofos a servir de puente entre los fueros de la razón, que no son otros que los genuinos intereses del pueblo, y las decisiones del gobernante, no para sustituirlo, como vanamente aspiraba Platón con la figura del rey-filósofo, sino para garantizar la justicia de la administración pública al recoger los intereses de la comunidad.

De manera análoga a la actualización de la primera regla, aquí hay que salir de la concepción elitista de la figura del filósofo y propugnar como deber en una sociedad democrática por una educación filosófica universal que cultive el potencial de todas y cada una de las personas para interpelar a las autoridades y los sectores dominantes en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de las injusticias sociales, no negando los propios derechos pero sí descentrándose de los propios intereses para abrirse a los de los demás, en uno y otro caso siempre que sean compatibles con los derechos de la humanidad.

El deber de la duda

Y después de haber esbozado la educación del cuidado como deber filosófico para la protección de la vida y la enseñanza de la interpelación como deber filosófico para la justicia en una sociedad democrática, formularemos el deber filosófico de la pedagogía de la duda como tarea educativa de la filosofía en aras de motivar la libertad de las personas morales. Aquí opera la primera máxima del sensus communis, que recoge el llamado a pensar por cuenta propia expresado por Kant en su opúsculo de 1784 “Respuesta a la pregunta Qué es la ilustración?” Pero contra lo que podría suponerse a primera vista, en ningún momento implica una licencia a pensar de cualquier manera según el capricho del propio arbitrio. Contra el voluntarismo de cierto libertarismo tan irresponsable como superficial, las tres reglas se hallan concatenadas, de modo que pensar y actuar de manera autónoma requiere de desarrollar la capacidad para considerar las posiciones ajenas e incluso extrañas, y la voluntad para obrar en consecuencia. La duda, que en el “Conflicto de las facultades” se alza como antídoto contra el fanatismo y la superstición que Kant detectaba en la teología clerical, se aplica hoy en especial a las ideas mal fundadas y falsas verdades que circulan en la sociedad, en especial a través de los canales digitales.

Sin embargo, debe aclararse que educar para la duda no equivale a sembrar una desconfianza sistemática hacia la ciencia y las instituciones, sino al contrario, formar el criterio para discernir las condiciones de verdad de las distintas posiciones científicas, políticas o de cualquier orden. En contra de la aceptación a-crítica de cualquier dogma, una educación en filosofía y una educación con impronta filosófica deben formar en el espíritu de un sano escepticismo, que no es lo mismo que renunciar a toda creencia y optar por un eclecticismo cómodo o por un relativismo perezoso.

Como advierte Kant en “Cómo orientarse en el pensamiento” (17l86), se trata de someter toda fe (sacra o profana) al examen de la razón, entendida no como un tribunal exterior que impone su autoridad sobre las opiniones aisladas de los creyentes (función de las iglesias, academias y conciliábulos), sino como la autoridad emanado del libre juicio de cada cual en diálogo con la razón de cualquier otra persona, dentro de una honesta interacción.  Según puntualiza Damián Pachón en reciente columna:

 “la crítica … es sospecha, se basa en la duda, en el escepticismo; descree de los dogmas, de las ideas definitivas, desconfía. La crítica, pues, es el mejor antídoto contra el absolutismo y el dogmatismo; es necesaria para pensar mejor, para hacernos preguntas y plantear problemas inéditos, para pensar por «fuera de los límites y de los marcos de sentido establecidos» y para «descolonizar la mente». La crítica es necesaria para cuestionar el poder político, la normalidad patológica que nos envuelve, los medios de comunicación y la información que nos ofrecen. De esta manera, también, podemos acuciar la imaginación para mejorar el mundo en el que vivimos…” (agosto 23 de 2025).

Conclusión

Para culminar, es palpable que esta propuesta sobre los deberes con la filosofía y de la filosofía trasunta una concepción edificante sobre el filosofar, afín a la “moralidad” formal kantiana cuestionada por Hegel desde la “eticidad” histórica. Desde luego, no es el momento de entrar en esta discusión, así que sólo apuntaremos que la defensa normativa de un “derecho a la filosofía” exige que la educación filosófica asuma sus responsabilidades en la búsqueda entrelazada de una existencia humana más libre, una sociedad más justa y una vida más sustentable, de igual modo que el derecho a la paz implica el deber de preservarla. Sin perjuicio de adoptar posiciones de corte más realista o pragmático sobre uno y otro, aquí se articulan de manera estrecha el derecho-deber de la filosofía y el derecho-deber de la paz, en la medida que los deberes filosóficos de la enseñanza de la duda contra el dogmatismo y el despotismo, la enseñanza de la interpelación en nombre de las víctimas y la enseñanza del cuidado global de la vida se constituyen en condiciones para la paz con las personas, con la sociedad y con la naturaleza. En lenguaje kantiano, se trata del ejercicio del uso público de la razón, o de lo que hemos llamado “pensar en tiempo real”.

Fuentes

ÁLVAREZ GALLEGO, Alejandro “Tendencias de la educación superior en Colombia” Bogotá, conferencia en la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana, 25 de febrero de 2025, 1;45;22.

ARENDT, Hannah “The origins of totalitarianism”

 New York: Meridian Books, 1958 (1° ed. 1951), “The perplexities of Rights of Man”, 290- 302.

BOLÍVAR, Simón “Doctrina de El Libertador Simón Bolívar” Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2009, sobre el poder moral, pp. 148- 155. Edición digital.

CÁRDENAS, Stella “La ley estatutaria de la educación y la transformación educativa” Le Monde Diplomatique Colombia, julio de 2024, versión digital.

CORTÁZAR, Roberto y CUERVO, Luis Augusto (compiladores) “Actas del Congreso de Angostura 1919-1820” edición digital, tomada de la edición de la Presidencia de la República de Colombia, 1988. En especial “Acta 139 del 11 de agosto de 1819”.

DERRIDÁ, J. “Privilegio, o del derecho a la filosofía” (1990, trad. Carolina Ávalos) Universidad Austral de Chile, 2023, 136 p.

DILTHEY, John “Democracia y educación” (original inglés 1916) Madrid: Morata, 1998, 320 p.

DUZÁN, María Jimena “Con Petro la educación pública se fortaleció, pero…” Entrevista con el ministro de educación Daniel Rojas Medellín, videopodcast A fondo, emitido el miércoles 17 de septiembre de 2025, 48:05.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio; CÁRDENAS, Juan; FERGUSSON, Guillermo “La quinta puerta. De cómo la educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de remediarlas” Bogotá: Ariel, 2021, 327 p.

KANT, Immanuel “Contestación a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? (1784, trad. Roberto R. Aramayo, ISEGORÍA, Madrid, /25 (2001), pp. 287-291.

KANT, Immanuel “Cómo orientarse en el pensamiento” (1786, trad. Carlos Correas) Buenos Aires: Leviatán, 1982, 71 p.

KANT, Immanuel Crítica del discernimiento (1790, trad. Roberto Rodríguez Aramayo y Salvador Mas) Madrid: Machado Libros, 2003, pp. 197- 241.

KANT, I. “Sobre la paz perpetua” (1795, original alemán “Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf”, trad. José Luis Abellán) Madrid: Tecnos, 1998, 69 p.

KANT, I. El conflicto de las facultades (original alemán 1798, trad. Roberto R. Aramayo) Madrid: Alianza, 2003, 238 p.

KANT, E. En defensa de la Ilustración (selección de opúsculos, 1784- 1798, introducción José Luis Villacañas, traducción Javier Alcoriza y Antonio Lastra) Barcelona: Alba Editorial, 1999, 408 p.

MAZZUCATO, Maríana “Crecimiento inclusivo y sostenible”, conferencia en la Universidad del Valle, 29 de octubre de 2024, 1:59:24. Pasaje 1:51:31 a 1:53:24). https://www.youtube.com/watch?v=ZjFgZ74YAuA

NUSSBAUM, Martha “Sin fines de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades” Buenos Aires: Katz, 2010, 199 p.

PACHÓN, Damián “¿Qué es eso del pensamiento crítico?” blog “Filosofía y coyuntura” de El Espectador, edición digital, 23 de agosto de 2025.

PAPACCHINI, A. “Filosofía y derechos humanos” Cali: Universidad del Valle, 1994, 373 p.

PETRO URREGO, Gustavo “Alocución presidencial. Logros en la educación” Bogotá, martes 2 de septiembre de 2025, 1:25, 14. Youtube.

ROJAS, Daniel “Informe de datos de educación superior en Colombia”, emitido el 31 de julio de 2025, 1:18:15. YouTube.

RUÍZ NAVARRO, Catalina “La sociedad del cuidado” El Espectador, Bogotá, jueves 28 de agosto de 2025, p.16.

VARGAS, E. Juliana y PRADA. Maximiliano “Sobre el olvido del derecho a la filosofía en la ley estatutaria de educación” en el Blog “Filosofía y coyuntura”, de Damián Pachón Soto, El Espectador, Bogotá, publicado el 11 de junio de 2024.

VARGAS, E. Juliana; ÁVALOS, Carolina; PAREDES, Diana Melisa “Cuál es el balance de la acción política en torno al derecho a la filosofía y su impacto en la sociedad”, pánel emitido en “El puente” de Uniminuto Radio el miércoles 6 de noviembre de 2024, 50:14.

Una versión preliminar de este texto se expuso en el foro “¿Cuál es la educación filosófica que necesita Colombia?, realizado entre el 7 y el 8 de noviembre de 2024 por el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle en Cali.

Lo más inspirador es que esta decisión fue posible gracias a una iniciativa valiente de 27 estudiantes de derecho de las Islas del Pacífico, quienes, ante la amenaza existencial que representa la crisis climática para sus territorios, impulsaron una campaña que logró escalar hasta la Asamblea General de la ONU. En 2023, esta adoptó la resolución 77/276, solicitando oficialmente la opinión de la Corte. La voz de la juventud insular, organizada y estratégica, logró abrir una de las discusiones más trascendentales de nuestro tiempo en el escenario jurídico internacional más alto.

La respuesta no deja lugar a dudas: los Estados tienen obligaciones claras, vinculantes y multidimensionales —ambientales, de derechos humanos y de cooperación internacional— para proteger el sistema climático y evitar daños significativos a las personas y a la naturaleza.

Obligaciones que no son optativas

La Corte reconoció que los tratados climáticos (como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París) imponen obligaciones concretas, como reducir emisiones, adaptar sistemas sociales y económicos al nuevo clima, y cooperar con otras naciones, especialmente las más vulnerables. Pero fue más allá: confirmó que también existe una obligación bajo el derecho internacional consuetudinario de prevenir daños significativos al ambiente y de actuar con la diligencia debida, un estándar legal exigente.

Esta responsabilidad no se limita a los actos del Estado, sino también a su omisión o negligencia en regular actividades privadas que generan emisiones, como la producción y consumo de combustibles fósiles o los subsidios que las facilitan.

Derechos humanos y justicia intergeneracional

La CIJ fue clara al reconocer que la crisis climática pone en riesgo derechos fundamentales: la vida, la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento, y en particular, el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y sostenible. Esta interpretación robustece el litigio climático desde una perspectiva de derechos humanos, y refuerza el deber de los Estados de prevenir daños incluso cuando sus contribuciones al problema sean parciales o históricas y reafirma que los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades en condiciones de vulnerabilidad deben estar en el centro de las respuestas climáticas.

Acá recordamos el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en abril del 2024, en contra del estado suizo concediendo la razón a un grupo de mujeres suizas quienes reclamaron la vulneración de los derechos humanos de las personas mayores cuando el estado no hace lo suficiente para enfrentar el cambio climático. El asunto argüido es que el estado debía proteger eficazmente la vida y garantizar el respeto a su vida privada y familiar. Alegaron entre otros hechos, que su salud se veía afectada por el aumento de temperatura en los meses de verano, y achacaron esto a la ausencia de legislaciones adecuadas, apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. Además de no garantizar el principio de precaución e intergeneracional.

La responsabilidad existe, aunque sea compartida

Uno de los aspectos más relevantes de esta Opinión es que la Corte no excusa la responsabilidad por la naturaleza global o acumulativa del cambio climático. Señala que, si bien los daños son causados por múltiples actores y a lo largo del tiempo, es científicamente posible establecer la contribución de cada Estado a través de sus emisiones históricas y actuales. Por ello, cada país puede ser considerado responsable por no cumplir con sus obligaciones y puede ser obligado a cesar la conducta dañina, garantizar su no repetición y reparar el daño causado.

¿Qué significa esto para América Latina y Colombia?

La Opinión Consultiva respalda y fortalece el uso del litigio climático como estrategia legítima y efectiva para exigir acción estatal. En países como Colombia, donde existe una creciente jurisprudencia ambiental y una Constitución ecológica, esta decisión de la CIJ abre nuevas puertas para exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales y avanzar en la implementación efectiva de políticas climáticas, en consonancia con el Acuerdo de Escazú.

La obligación de proteger a las personas defensoras del ambiente, garantizar el acceso a la información climática, asegurar la participación y prevenir daños no es solo una aspiración ética: es una exigencia jurídica internacional.

Un llamado urgente

Desde Ambiente y Sociedad celebramos esta decisión como un avance sin precedentes para la justicia climática. No hay más excusas. Los Estados deben actuar ya, con urgencia y ambición, para cumplir sus obligaciones legales y proteger el planeta. Como señalamos recientemente en nuestro artículo de opinión en Razón Pública, es imperativo que Colombia actualice su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), como una forma concreta de demostrar el cumplimiento progresivo de sus compromisos climáticos. La Opinión Consultiva de la CIJ refuerza el deber de todos los Estados —incluido Colombia— de actuar con debida diligencia y responsabilidad climática, no solo como una obligación ética, sino como una exigencia jurídica internacional.

La CIJ nos recuerda que el derecho internacional no es ajeno a la crisis climática. Ahora nos toca a la sociedad civil, a las comunidades y a los movimientos seguir usando estas herramientas para exigir un futuro justo, habitable y digno para todas las formas de vida.

Toda la razón le asistía a Ferdinand Lasalle cuando en su conferencia sobre “¿Qué es una Constitución?”, pronunciada en Berlín en abril de 1862, ante un grupo de ciudadanos, afirmó: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder”[i]. Sentencia que hoy retoma el presidente Petro con su anuncio de una octava papeleta en las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026 para Congreso de la República con el propósito de preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Claramente ha dicho que no se trata de un trámite legal, sino de un pronunciamiento político, pues solo a través de una ley aprobada por el Congreso, según lo establecido en al artículo 376 de la Constitución Política, se puede convocar a la ciudadanía para que decida si está o no de acuerdo con dicha Asamblea. Para expedir esa ley convocatoria se requiere la “aprobación por mayoría de miembros de una y otra Cámara”, la cual fijará “la competencia, el período y la composición de la misma”. El pueblo decidirá con fuerza vinculante si “así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral” (aproximadamente 13 millones 700 mil) y no “podrá coincidir con otro acto electoral”. Es decir, requisitos imposibles de cumplir, pues ya se sabe que el Ejecutivo carece en el Congreso de esas mayorías y además la fecha que propone, 8 de marzo, coincide con la elección para miembros del Congreso.

Una Constituyente pre y postelectoral

No se trata, pues, de una iniciativa constitucional y mucho menos legal, sino de una estrategia electoral y por lo tanto eminentemente política. El mismo presidente Petro lo ha dicho: “El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él (…) ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas. Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho”. Y, más claro aún, fue el ministro del interior, Armando Benedetti: “explicó que lo planteado es un mecanismo para medir el sentir de los ciudadanos frente a la necesidad de un nuevo “tratado social” en forma de Constitución, cuyo trámite correspondería al gobierno que resulte elegido en los próximos comicios…Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente ”[ii]

El Estado Social de derecho como pulso electoral

Lo que está en juego, pues, no es la violación o el desconocimiento de la Constitución del 91, sino más bien la utilización de su máxima institución, el Estado Social de derecho (ESD), para incidir en la suerte de las próximas campañas electorales que definirán la composición del Congreso y la Presidencia de la República. Estado Social de derecho que no ha sido desarrollado durante estos 34 años, pues ya desde la primera administración presidencial, César Gaviria empezó a burlarlo y desconocerlo tanto en lo político como en lo social y económico. En lo político, al decretar la “guerra integral”[iii] contra las Farc-Ep con su primer ministro de defensa civil, Rafael Pardo Rueda, quien anunció que en 6 meses tendrían a esa guerrilla en la mesa de negociación. Ambos desconocieron así el espíritu del artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Se entiende, la paz política, no el derecho a la guerra, como en efecto sucedió con la fallida “guerra integral” y su resultado catastrófico, pues el conflicto armado se prolongó y degradó todavía más con las Farc hasta el 2016. Para colmo, creó las nefastas cooperativas de seguridad rural, CONVIVIR[iv], que sirvieron de mampara para la formación de los criminales grupos paramilitares. Cooperativas Convivir que impulsó con ahínco Fernando Botero, como ministro de defensa de Samper, y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, no por casualidad hoy procesado en un complejo juicio penal por supuesto apoyo a la creación de grupos paramilitares. En lo social y económico, Gaviria impulsó la famosa apertura económica, la globalización y los dogmas económicos del mercado neoliberal, en contra de la economía social de mercado propia de un ESD, con consecuencias que todavía padecemos. Así las cosas, no solo es falso que Gaviria haya sido el padre de la Constitución del 91, sino que más bien fue un despiadado padrastro, que casi comete un parricidio constitucional. Y, desde entonces, hasta el 2021, esa bien intencionada, progresista y democrática Constitución ha sido sometida a tal cúmulo de reformas, cerca de 56, que ya es casi irreconocible y su ESD está apenas enunciado, pues no rige en la cotidiana vida social y económica. Por eso, Armando Novoa García, de la Corporación PLURAL, decía al celebrarse los 30 años de su promulgación, que la Constitución “sigue siendo un proyecto de sociedad que está inconcluso”[v] Y si nos atenemos al espíritu del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa en 1789[vi], la conclusión sería peor: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Se entiende de una Constitución real, es decir normativa, que regula efectivamente la vida política, económica y social y no solo una Constitución nominal, que enuncia derechos y obligaciones que no se cumplen en lo fundamental, pues sus gobernantes no tienen voluntad política o capacidad para hacerlo.

De la Consulta Popular a la octava papeleta

Solo ahora con la reforma laboral aprobada por el Congreso, en gran parte por la presión y el miedo a una Consulta Popular, empezará a cumplirse el artículo 53[vii] de la misma: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Es en este contexto y en el pulso que libra el Ejecutivo con el Congreso sobre las reformas que desarrollan y dan contenido social y económico real al ESD en que se inscribe la propuesta de la octava papeleta. Como es lo propio y usual en el constitucionalismo y legalismo de la cultura política colombiana, donde lo adjetivo tiende a predominar sobre lo sustancial, ese pulso estará encubierto por una interminable polémica sobre la violación del ejecutivo de la prohibición de intervenir en política electoral. Asunto que no deja de ser paradójico y hasta irónico, pues impedir que el presidente promueva una octava papeleta que busca que el próximo gobierno cumpla el artículo 1 de la Constitución es, ni más ni menos, negar también el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Con mayor razón cuando esa octava papeleta no está promoviendo candidato alguno, sino consultando a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente, que solo podrá ser constitucionalmente convocada por el próximo gobierno cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 376 ya citado. Y eso si el próximo Gobierno Nacional y el Congreso electo deciden atender la voluntad ciudadana, eventualmente expresada por esa octava papeleta a favor de la Constituyente, como en efecto lo hizo el entonces presidente Virgilio Barco Vargas con la séptima papeleta, bajo un decreto de estado de sitio.  

Elecciones supraconstitucionales

Esa octava papeleta, como sucedió con la séptima promovida en 1989 por el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”[viii], que culminó en la Asamblea Nacional Constituyente y en la Carta actual, es entonces un hecho político supraconstitucional de carácter electoral. La octava papeleta del Ejecutivo se inscribe en las campañas electorales del 2026 para un nuevo Congreso y la renovación presidencial, con fundamento en artículos de la Constitución como el 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” y el 103: “Son mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

De la séptima a la octava papeleta

La gran diferencia con la séptima papeleta, es que entonces el descrédito del País Político y el Congreso era tan generalizado y la violencia narcoterrorista de los extraditables tan devastadora, que existía una especie de consenso nacional sobre la urgencia de una salida supraconstitucional como la Constituyente. Ahora la situación es muy diferente, pues está marcada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a reformas consubstanciales para la vigencia del ESD, de allí su dimensión histórica. Una dimensión que pretende poner a girar todas las campañas electorales en una confrontación entre el llamado País Nacional y el País Político. País Nacional que reivindica el presidente Petro en todas sus manifestaciones contra el País Político, así cuente entre sus filas con eximios representantes del País Político como Armando Benedetti y unos cuantos más. Para el Pacto Histórico y el mismo Petro es una apuesta de alto riesgo, más allá de la crispación electoral que generará, pues si los candidatos de izquierda o progresistas no obtienen una alta votación para el Congreso el 8 de marzo, difícilmente su candidato podría disputar la Presidencia de la República el 31 de mayo.

A pesar de ello, todo parece indicar que por primera vez en nuestra historia vamos a poder dirimir en las urnas, 80 años después, ese pulso entre el País Político y el País Nacional del que hablaba Gaitán en abril de 1946, sin enfrentarnos violentamente: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Ya va siendo hora de resolverlo, mediante la deliberación razonada y la decisión informada, sin descalificaciones y violencia política, como debería suceder entre ciudadanos de derecha, centro e izquierda, reacios a la manipulación maniquea que nos divide a muerte entre “gente de bien” contra terroristas, demócratas contra populistas o, lo que es peor, paracos fascistas contra resentidos mamertos. Si somos incapaces de asumir ese reto y superar esos prejuicios sectarios, propios de facciones fanáticas y no de partidos democráticos, continuaremos violando el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Pero nadie está eximido de su cumplimiento, empezando por quienes hoy nos gobiernan y mañana pretenden hacerlo del 2026 al 2030.

[i] https://www.academia.edu/27275867/Resumen_Qu%C3%A9_es_una_Constituci%C3%B3n_ferdinand_lasalle

[ii] https://www.infobae.com/colombia/2025/06/20/armando-benedetti-resolvio-dudas-sobre-la-propuesta-de-una-asamblea-nacional-constituyente-es-la-octava-papeleta/

[iii] https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/09/30-anos-de-la-operacion-casa-verde-asi-se-vivio-el-intento-fallido-del-gobierno-para-exterminar-a-los-maximos-jefes-de-las-farc-ep/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/la-constitucion-de-1991-se-le-han-hecho-56-reformas-una-y-media-por-ano-novoa

[vi] https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf

[vii] https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-53

[viii] https://hacemosmemoria.org/2016/05/02/la-papeleta-que-cambio-la-constitucion/

Se trata de una simulación de un día que sirve como preámbulo a MONUA XV. “Este espacio está diseñado para brindar a los delegados una primera experiencia en este tipo de eventos, familiarizándose con las dinámicas que encontrarán en agosto.

Asimismo, ofrece a las delegaciones de diversas universidades la oportunidad de entrenar y prepararse para el modelo principal”, anotó Eimmy Romero, secretaria general de MONUA XV.

El Monua Run Up tendrá seis comités:

• OIC: The Organization of Islamic Cooperation, presidido por Laura Ariza y Valentina Roldán, cuyo tema es el “acceso a las tecnologías para las minorías de los Estados miembro de la OIC”.
• GAFILAT:  El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, presidido por Sebastián Martínez y Gerónimo Martínez, cuyo tópico es el “desarrollo de inversiones en materia de infraestructura crítica de las Naciones”.   
• GAU (Gabinete Adjunto Unilateral): Shrek para siempre, presidido por Santiago López y Mayra Espitia, cuyo tema es “ayudar a Shrek para derrotar al villano Rumpelstiltskin y volver el reino de Muy Muy Lejano a como era antes”. 
• RunUp Diaries, presidido por Mariana Valbuena, cuyo tópico es “nuevas formas de divulgación en el ámbito periodístico”.
• Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (SOCHUM), presidido por Nicole Arango y Valeria Pedraza, cuyo tema es la “integración y protección para migrantes latinoamericanos deportados de EE. UU. en 2025”.
• Comité: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), presidido por Omar Acuña y Juan Felipe Hernández, cuyo tópico es el “derecho a la privacidad, libertad cultural y libertad de expresión en la región”.

El Run Up es gratuito. Los participantes recibirán un kit con un hablador, una escarapela, un esfero y un block de 150 post-it, y almuerzo de cortesía. Para más información, aquí en la página oficial de MONUA.

“MONUA es una conferencia que fusiona excelencia académica, bienestar integral y una visión innovadora del modelo. Aplicamos el Procedimiento Harvard para garantizar estándares internacionales”, comentó Nicole Arango, quien coordinó la cooperación social de MONUA en este primer semestre de 2025 con los Modelos de Naciones Unidas de Quibdó, Buenaventura y Tumaco realizados por los Semilleros de Becarios U, un programa de la Fundación Color de Colombia.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 2:  Educación de calidad y equidad. Programa:  Semilleros de  Becarios U, 2022-2026. 

“No sabíamos nada”, dice Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), sobre la entrega de una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza, en territorios ancestrales indígenas, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la primera licencia ambiental a favor del entonces proyecto Panantza – San Carlos, pues vulneró el derecho a la consulta de la población indígena.

Leer más: La minería acabó con una superficie de bosques amazónicos equivalente a la extensión de El Salvador en los últimos seis años

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal ordenó que el Estado ecuatoriano realice un mecanismo de consulta previa, libre e informada dirigida a la población shuar que habita en el área de influencia del proyecto y en un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia.

Dos años y medio después, Ankuash, líder histórico de la nacionalidad shuar y una de las cuatro personas que presentaron este caso ante la Corte, ni siquiera había sido informado sobre la nueva autorización entregada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

“Tenemos dudas de que se pueda sostener la constitucionalidad de esa licencia”, dice Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch Ecuador, una organización no gubernamental que acompaña la defensa de este caso.

La Corte Constitucional también ordenó que el Ministerio ofrezca disculpas públicas, en shuar y español, mediante carteles fijados en lugares visibles y en un banner web por un plazo mínimo de seis meses.

Mongabay Latam solicitó información al organismo sobre el cumplimiento de ambas disposiciones, pero no respondió hasta la publicación del artículo.

Explorcobres SA (EXSA), una empresa china a cargo de este proyecto minero de cobre, molibdeno y oro, es titular de 13 concesiones en la provincia de Morona Santiago. Cinco de ellas, llamadas Curigen 2, Curigen 3, Curigen 8, Panantza y San Carlos, conforman el proyecto Panantza – San Carlos, abarcando una superficie de 14 000 hectáreas. La nueva licencia se entregó solo a la concesión Panantza, que tiene una superficie de 1197 hectáreas.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) si la concesión se sobrepone a territorios indígenas titulados o a áreas protegidas. Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Lo que sí se conoce es que la zona es territorio ancestral shuar. Los nombres de las localidades e hitos geográficos en lengua shuar, como Panantza, dan testimonio de ello.

Una población shuar fue desplazada

Para la implantación de este proyecto, que recibió una primera licencia ambiental en 2011, la comunidad de Nankints fue desalojada. El 11 de agosto de 2016, un grupo de policías, con una orden judicial, dio a la población dos minutos para recoger sus cosas y salir, según recogió un artículo de Mongabay Latam sobre el caso. Los habitantes no tuvieron tiempo de retirar todas sus pertenencias ni sus animales de granja. Con maquinaria pesada, la fuerza pública tumbó las casas y las enterró. Los cerca de 30 habitantes de la comunidad, entre los que había niños, adultos mayores y mujeres, tuvieron que refugiarse en comunidades vecinas.

Sobre lo que un día fue Nankints se construyó el campamento minero La Esperanza. Aunque está considerado como provisional por un documento de 2024 de la empresa, sigue en funcionamiento. Allí, guardias de seguridad resguardan las instalaciones de EXSA.

Días después del desplazamiento, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunciaron el atropello en diferentes instancias, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, no hubo reparaciones.

El 20 de noviembre de 2016, varias decenas de shuar tomaron el control del campamento minero. A la madrugada siguiente, vino la arremetida de policías y militares, que retomaron el sitio. Días después, los shuar volvieron a La Esperanza, pero se encontraron con decenas de policías y militares. Se desató un enfrentamiento tras el que los shuar tuvieron que huir y un policía murió.

La Fiscalía abrió unos 30 expedientes por el caso, de acuerdo con el abogado Tarquino Cajamarca, pero con el paso del tiempo y la falta de pruebas, los procesos se extinguieron. Ankuash fue uno de los perseguidos. Algunos líderes permanecieron ocultos en la selva por años, otros fueron capturados y encarcelados, relata el abogado que defendió a los implicados.

“Ya no existe una evidente persecución como lo hubo entre 2016 y 2019”, dice, pero la persecución y encarcelamiento dejó una marca. “Si ahora vemos una cierta pasividad en algunos dirigentes, no es por falta de gallardía, hay una afectación psicológica y ese fue el logro diseñado por el Estado”, asegura el abogado.

Casi 10 años después del desplazamiento y de los enfrentamientos, la oposición a la minería ha perdido fuerza en territorio shuar. Ankuash reconoce que los gobiernos de turno y las ofertas laborales y educativas y los regalos de EXSA y otras empresas que operan en Morona Santiago han dividido a los shuar. “Estoy tratando de reorganizar la unidad”, asegura el dirigente.

La pelea legal

En junio de 2015, Ankuash y otros tres dirigentes presentaron una acción de protección -un recurso para la defensa de los derechos- porque consideraban que la entrega inconsulta de la licencia ambiental para exploración avanzada de 2011 vulneró sus derechos colectivos. La demanda y la apelación fueron rechazadas.

En agosto de 2015, los demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección que fue admitida por la Corte Constitucional en marzo de 2016. Recién en octubre de 2021, después de que los shuar enfrentaran el desplazamiento y la persecución, la jueza constitucional Carmen Corral Ponce asumió el caso. Luego de las audiencias y la recabación de pruebas, en septiembre de 2022, el tribunal declaró que hubo vulneración a la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido en el artículo 57 de la Constitución.

Este es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos a realizarse en sus territorios ancestrales o en la zona de influencia de sus territorios ancestrales. La Corte precisó que este procedimiento no se limita a la emisión de un permiso administrativo, sino que debe ser previo a la planificación, oferta u otorgamiento de áreas de interés extractivo.

Además de dejar sin efecto la licencia ambiental, ordenar que el Ministerio ofrezca disculpas públicas y que se realice un mecanismo de consulta previa, los jueces constitucionales delegaron a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

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El mecanismo está en construcción

Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, dice que el último informe que la entidad presentó a la Corte Constitucional fue en enero de 2025. Hasta esa fecha, la Defensoría recabó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía “tienen una confusión respecto de qué entidad es la que tiene que dar las disculpas públicas”. Esto a pesar de que la sentencia establece claramente que debe ser el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) el que lo haga.

El representante de la Defensoría del Pueblo dice que los ministerios de Energía, Ambiente y de la Mujer y Derechos Humanos ya han iniciado los procesos para la construcción del mecanismo, incluyendo reuniones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (la consulta previa es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT) y las comunidades en la zona de influencia del proyecto minero.

En otras sentencias, la Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa, libre e informada debe ser normada por una ley orgánica y, por lo tanto, su construcción debe estar a cargo de la Asamblea Nacional. No obstante, esta sentencia habla de un “mecanismo”, explica Varela, como una alternativa a la ausencia de una norma para aplicar el artículo 57 de la Constitución.

El informe señala que en septiembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas solicitó un monto de 800 000 dólares al Ministerio de Finanzas para el proceso. El presupuesto sería usado en logística, participación de expertos, difusión de información y participación activa de las comunidades. A la fecha de este artículo, Varela no pudo confirmar si los fondos se transfirieron.

Supuesta consulta ambiental

Los abogados Cajamarca y Yépez lograron recabar que antes de la entrega de la licencia ambiental se realizaron reuniones en localidades cercanas a la concesión minera. Para Cajamarca, se trató de reuniones entre amigos y autoridades locales que apoyan la actividad minera. “Con eso se trató de justificar la consulta previa, alzaron manos los que estaban de acuerdo y estaba de acuerdo cualquier persona menos el pueblo shuar”, dice el abogado.

“La licencia ambiental para nosotros es un cuento, es un camuflaje para seguir atentando contra los territorios de las nacionalidades indígenas”, asegura el líder Ankuash.

Mongabay Latam le consultó su posición a Explorcobres SA, pero la empresa no respondió hasta la publicación del artículo.

Yépez señala que las reuniones se habrían realizado entre agosto y septiembre de 2024 y que la posición mayoritaria habría sido en contra de la extracción minera. Aclara, además, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Constitucional señala que el objetivo de la consulta es buscar el consentimiento de los pueblos indígenas. “Pero toman los resultados como una opinión”, reclama, y no como una sentencia. El equipo de Amazon Watch está haciendo solicitudes de información a los ministerios para conocer en detalle cómo fue el proceso.

La Defensoría del Pueblo también está solicitando información al respecto para enviar un nuevo informe a la Corte Constitucional. Esa entidad, dice Varela, es la que tendrá que determinar si la sentencia se está cumpliendo o no.

Foto principal: Domingo Ankuash interviene durante el I Congreso Unidad y Defensa Territorial. Foto: cortesía FICSH Comunicación

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El mundo perdió un referente moral en tiempos inciertos. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco abordó, sin evasivas, temas clave para el siglo XXI: ecología, migración, pobreza, homosexualidad y paz. Mostró que el mensaje cristiano puede tener una dimensión profundamente humanista, incluso para quienes no comparten la fe.

Su lenguaje sencillo, sus gestos de cercanía, su rechazo a los lujos del Vaticano, invita ineludiblemente a contrastar ese modo de liderazgo con la lógica habitual del poder político. Desde su saludo inicial al mundo, mostró que no seguiría el guion tradicional: en lugar de bendecir de inmediato al pueblo, pidió primero que rezaran por él. Optó por seguir usando sus zapatos negros, ortopédicos, y una cruz de plata, en lugar de los tradicionales zapatos rojos de terciopelo y la cruz de oro que simbolizan la pompa de la cúpula papal.

Su voz se convirtió en una brújula ética en medio del ruido ideológico global. En septiembre de 2015, fue el primer pontífice en dirigirse ante el congreso de los Estados Unidos, abogando por los migrantes “que viajan al norte en búsqueda de una mejor vida”. En ese mismo sentido, fue crítico de las políticas migratorias de los países del norte. Donde de manera tácita o explicita, el estatus de ilegal de algunos migrantes se identifica con la criminalidad.

También su mensaje alcanzaba al sur global, a través de gestos que trascendían los marcos tradicionales de la diplomacia. La insistencia en el diálogo, la fraternidad y la escucha (incluso de los que piensan distinto) fue un ejemplo raro en un tiempo marcado por la confrontación. Uno de los momentos más inspiradores de su pontificado fue cuando en abril de 2019 se arrodillo para besarle los pies a los lideres en guerra de Sudán del Sur. El papa les instó a consolidar el proceso de paz en su país, que había sufrido una guerra civil desde 2013. Según Amnistía Internacional, el conflicto ha cobrado cerca de 14.000 vidas y ACNUR estima que se ha provocado el desplazamiento de más de 10,5 millones de personas.

Además, acogió a la ciencia y proyecto la preocupación e incertidumbre de la academia y lideres ambientales frente al cambio climático. En su discurso ante la 70 Asamblea General de la ONU en New York, enfatizó la importancia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la necesidad de cuidar el medio ambiente. Ya que “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos (..) El mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar”. Sin duda fue una voz clara, crítica, contundente contra la guerra y la destrucción de la naturaleza.

El mundo —católico y no católico— lamenta su partida, pero sobre todo su ejemplo de liderazgo. Ejerció el poder con humildad, valentía y claridad, siendo capaz de abordar con sensibilidad temas profundamente controversiales como el aborto, la desigualdad y la homosexualidad, aún espinosos en la sociedad actual. Sin su figura central, la Iglesia enfrenta ahora un desafío enorme. Pero el legado de Francisco trasciende lo eclesiástico: interpela directamente a quienes hoy ejercen o aspiran al poder, recordándoles que liderar es, ante todo, un acto de responsabilidad moral cargado de aspiraciones de genuino interés por el bien colectivo.

En tiempos donde el mundo vive una transición incierta y la política global parece cada vez más alejada de la ética, la muerte del Papa Francisco deja una pregunta urgente: ¿quiénes se atreverán a liderar con coraje moral en lugar de cálculo? ¿Podremos, como sociedad, estar a la altura del llamado a una justicia social que no admite más demoras?