El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

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Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Así nos lo relatan nuestros APRECIADOS..: Fabio Colagrande y Eugenio Murrali 

La misión Artemis II tuvo previsto su lanzamiento el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Esta es la segunda misión del programa lunar Artemis de la NASA y la primera con astronautas a bordo. Transporta una tripulación de cuatro cosmonautas que volarán más allá de la órbita terrestre para realizar un sobrevuelo prolongado de la Luna, sin alunizaje. Este es el paso intermedio hacia Artemis III, la misión que busca traer de vuelta a los astronautas para caminar sobre la Luna, 53 años después de la misión Apolo 17, que finalizó el 14 de diciembre de 1972. El espacio se ha convertido en un tema de debate cada vez más frecuente en las Naciones Unidas. El número de satélites en órbita ha aumentado exponencialmente en los últimos años, lo que demuestra cómo el espacio se ha convertido en un tema constante en los debates relacionados con la geopolítica, la seguridad y las relaciones internacionales.

El arzobispo Ettore Balestrero durante la presentación del VIDEO.

Para explorar el significado de las misiones espaciales, la Fundación Caritas in Veritate, presidida por el arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra , ha producido y publicado un vídeo. Este vídeo da continuidad a la publicación, el pasado mes de febrero, de « El espacio exterior y la humanidad en la encrucijada: una nueva frontera del bien común». El vídeo retoma y resume la reflexión sobre los motivos para explorar el universo —estableciendo un diálogo entre la ciencia, la teología y el derecho internacional— y sobre los principios que deben regir nuestra relación con él y entre los seres humanos ante esta obra de Dios.

Excelencia, ¿por qué es tan urgente reflexionar sobre las opciones políticas y normativas en materia de espacio?

La Misión de la Santa Sede en Ginebra y la Fundación Caritas in Veritate, que colabora con ella, se preocupan por el espacio, que es obra de Dios y obedece a sus leyes.
Para alcanzar el cielo, un concepto sobrenatural, el ser humano debe comportarse bien en el espacio, que es un concepto geográfico, un orden físico y biológico. El espacio no es tierra de nadie, no es un campo de conquista sin ley, donde impera el principio de «el primero en llegar es el primero en ser atendido». De ahí el título de la publicación, «El espacio y la humanidad en una encrucijada», y también el contenido del vídeo que hemos producido. La humanidad ya está tomando decisiones sobre el espacio, decisiones morales que tendrán un impacto a largo plazo y que, por lo tanto, pueden construir o destruir a la humanidad. Por consiguiente, la Iglesia no puede permanecer indiferente.

¿De qué manera?

Analizar el espacio desde una perspectiva ética nos invita a preguntarnos: “¿Es correcto perseguir todo lo que podemos lograr tecnológicamente? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué tipo de realidad y orden queremos construir?”. Esta perspectiva ética y multilateral es la que propone el documento y el vídeo de la Fundación Caritas in Veritate.

¿Qué acciones específicas son necesarias?

El espacio debe seguir siendo un bien común, con normas legales claras que, cuando sea necesario, se actualicen con un sentido de responsabilidad hacia toda la humanidad y las generaciones futuras. Cuando presentamos la publicación en las Naciones Unidas en Ginebra, el testimonio de un astronauta, que regresaba tras casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (Michael Scott Hopkins, ed. ), impresionó profundamente a la audiencia. Describió el llamado overview effect (efecto perspectiva).

El astronauta de la NASA Michael Scott Hopkins

¿En qué consiste?

Es el cambio de perspectiva que experimentan todos los astronautas en el espacio, porque la Tierra parece pequeña, frágil, sin fronteras ni divisiones, un símbolo de pertenencia compartida y responsabilidad colectiva. Y es una imagen que, lamentablemente, choca con la realidad de las guerras, los abusos y la violencia que afloran cuando volvemos a observar el planeta de cerca. El Papa Benedicto XVI recordó esto, con palabras que siguen siendo relevantes, cuando dialogó con los astronautas en la Estación Espacial Internacional . En un momento dado, les dijo: «Creo que les resulta evidente que todos vivimos juntos en una sola Tierra y que es absurdo luchar y matarnos unos a otros».

Entonces, el Espacio también es un hogar compartido y tiene normas que respetar. ¿Qué contribución específica puede ofrecer la doctrina social de la Iglesia para orientar el desarrollo del Espacio hacia el bien común?

El mensaje central de la Iglesia es que no debemos convertir el espacio en una jungla. Ofrece a la humanidad una segunda oportunidad, invitándonos a evitar muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra. El espacio debe explorarse con responsabilidad, solidaridad y respeto al principio de subsidiariedad, para el bien de las generaciones presentes y futuras.

¿Cómo?

Debemos evitar que se convierta en un escenario de competencia feroz y, peor aún, de conflicto. El primer paso práctico que la Santa Sede insta a dar es respetar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, firmado por aproximadamente ciento veinte Estados, incluyendo a todas las principales naciones con capacidad espacial. Este tratado lleva en vigor casi sesenta años (desde 1967) y establece claramente que la exploración y el uso del espacio deben ser en beneficio e interés de todos los países. El tratado define el espacio como un «dominio común de la humanidad». La Santa Sede insta a que se fortalezca la legislación vigente, en lugar de abandonarla, para evitar que los países se queden atrás y para preservar el cuidado de la creación, por ejemplo, mediante proyectos conjuntos para la eliminación de desechos espaciales.

La Tierra y la Luna

¿Existe también el riesgo de militarización del espacio?

Por supuesto. El derecho internacional vigente prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio. Este es el artículo 4 del Tratado de 1967. Sin embargo, no prohíbe explícitamente las armas convencionales ni, por ejemplo, los ciberataques, ni tampoco la interferencia de señales de radio, algo que, lamentablemente, ya ocurre. Es importante distinguir entre el uso del espacio para apoyar operaciones militares terrestres, por ejemplo, mediante el uso de satélites, lo cual ya es una realidad, y el despliegue físico de armas y su uso directo en el espacio.

¿Es esta última también una posibilidad real?

Algunos Estados se acercan cada vez más al lanzamiento de armas en órbita, lo que incrementa la inestabilidad internacional, debilita la confianza mutua y transforma el espacio, que según el Tratado es una “provincia de la humanidad”, en otro escenario de conflicto. Debemos comprender, sin embargo, y esto es fundamental, que si un conflicto involucrara directamente el espacio, probablemente no perdonaría a nadie en la Tierra.
Aquí en Ginebra, se afirma que una guerra en el espacio jamás podría ganarse ni debería librarse. Por ejemplo, no está claro cómo podría respetarse el principio de distinción, piedra angular del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, muchas voces, incluida la de la Santa Sede, abogan por el fortalecimiento de las normas, la transparencia e incluso la cooperación multilateral, precisamente para preservar el uso pacífico del espacio.

¿Cómo se puede transformar la competencia espacial en un mecanismo positivo para el beneficio de todos? ¿Cómo puede el espacio contribuir a la dignidad humana en la Tierra?

La competencia debe equilibrarse con la cooperación. La competencia sin cooperación conduce a la inestabilidad, enfrentamientos irracionales, violencia e incluso conflictos. La competencia, orientada hacia objetivos pacíficos y canalizada hacia formas de cooperación, estimula la investigación y, sin embargo, debe traducirse en bienes compartidos, estándares comunes e incluso alianzas internacionales.

¿Con qué efectos?

Un equilibrio entre competencia y cooperación ayuda a evitar que el uso comercial del espacio se convierta en un fin en sí mismo y exacerbe las desigualdades existentes. Un equilibrio saludable entre competencia y cooperación permite que el espacio sirva directamente a la dignidad humana y al bien común, por ejemplo, en tiempos de crisis, con comunicaciones de emergencia, datos satelitales para asistencia humanitaria o vigilancia para la protección de lugares de culto. En otras circunstancias, sin embargo, mejora la predicción meteorológica, la agricultura, la atención médica y el transporte, y llega a países y comunidades que de otro modo quedarían excluidos.

¿Cómo pueden la ciencia y la fe ir de la mano en este campo de la investigación espacial?

La ciencia y la fe pueden ir de la mano y fortalecerse mutuamente, pues la ciencia busca la verdad científica y la fe la verdad sobrenatural, la verdad sobre Dios y de Dios, que ilumina el camino de la humanidad. La fe y la ciencia no se confunden ni se contradicen. La ciencia explica el cómo, la fe ilumina y guía el porqué último de la acción humana, y en el ámbito espacial esto significa utilizar la experiencia técnica y científica para el bien común, evitando que el progreso se convierta en dominación o destrucción.

¿Qué papel puede desempeñar la Santa Sede?

La Santa Sede puede y debe desempeñar un papel en los debates actuales sobre el espacio, principalmente los intergubernamentales. Debe iluminar conciencias y, por supuesto, dirigirse al mundo entero, incluyendo el mundo comercial e industrial. A nivel internacional, con la misión en Ginebra y otras en Nueva York y Viena, proponemos un marco ético centrado en la dignidad humana y colaboramos en el diálogo multilateral y la paz, haciendo un llamado a un sentido de responsabilidad compartida centrado en el espacio como bien común. Además, la Fundación Caritas in Veritate, en colaboración con la Misión en Ginebra, organiza eventos en Ginebra, Bruselas, Viena y Nueva York, y produce publicaciones y videos como los que hemos difundido recientemente. No debemos olvidar que la Santa Sede posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen, el Observatorio Vaticano, establecido en su forma actual por el Papa León XIII, en 1891, lo que confirma que la Iglesia, como se afirma en el motu proprio que estableció el Observatorio, no se opone a la ciencia verdadera y sólida, sino que, de hecho, la alienta y promueve con todo el compromiso posible.”

Mientras tanto en el ESPACIO… ARTEMIS II sigue con su REALITY SHOW avanzando al lado OSCURO de la LUNA… y UD lo puede seguir en su MINUTO a MINUTO…

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Es increíble cómo esas historias infantiles se graban en nuestros recuerdos. Cada vez que voy a apagar una vela, sus palabras y la historia que me contaba me vienen a la mente. Jamás apago la llama soplando, aunque sé perfectamente que hacerlo no provocará ningún naufragio.

Ayer cumplí años y al soplar la vela para pedir mi deseo, recordé a mi papá y la historia completa que me contaba sobre las velas y los naufragios. Una historia que un día escribimos juntos en uno de mis cuadernos. Mi padre, fue un navegante que surcó los océanos en un submarino, creo que él fue inventando la historia a medida que la escribíamos. Yo agregaba las cosas que me imaginaba mientras él narraba. La contaba con tanta convicción que durante toda mi niñez la creí verdadera.

Hoy les regalo este cuento de mi padre y mío. Desempolvé uno de mis cuadernos y lo comparto con ustedes:

“La maldición de las velas apagadas:

En las mágicas costas de la antigua y desaparecida Celtia, donde las ondinas danzaban en olas y el viento susurraba historias de tiempos olvidados, vivían dos poderosos dioses: Caer Arianrhod, la diosa de la luna, de la luz plateada, las estrellas y la fertilidad, y el dios del mar, Manannán mac Lir, cuyo nombre se fue olvidando y él se perdió en las olas del tiempo, pero cuyo poder sobre las olas era tan tremendo que era capaz de desatar las tempestades más devastadoras que ha conocido la humanidad.

Caer Arianrhod, de una belleza celestial, de ojos tristes y mirada penetrante, era venerada por los todos marineros celtas que surcaban los mares. Ella guiaba con su luz sagrada y plateada a los navegantes en la oscuridad de las noches y hacía que el viento susurrara canciones de esperanza para que el silencio de la noche no los asustara; ella con su triste mirada era capaz de apaciguar las tormentas más destructivas.

Manannán mac Lir, era un dios misterioso y sombrío, no le gustaba la humanidad y los marineros lo temían tanto como lo amaban. Su poder sobre las olas y el clima era tan grande que con un solo movimiento de su mano podía hacer que una ola gigante cayera con tal fuerza que hundía hasta los barcos más grandes. Manannán despreciaba a los marineros codiciosos y tenía por afición hacerlos naufragar.

Un nefasto día un grupo de marineros de corazón negro, cegados por la codicia, querían robar los tesoros de Caer Arianrhod, que se encontraban en su santuario, a medianoche, cuando Caer Arianrhod estaba durmiendo después de mostrar el camino a muchos barcos perdidos, estos hombres entraron a su santuario y apagaron las sagradas velas que lo iluminaban para en la oscuridad robar los tesoros de la diosa. Cuando Caer Arianrhod despertó, encontró su templo en la oscuridad y se dio cuenta que la habían robado, una furia jamás sentida se apoderó de ella.

Mientras tanto, Manannán mac Lir, sintió desde las aguas más profundas y oscuras, la ira y tristeza de Caer Arianrhod, la furia de la deidad resonaba en las olas como un grito ahogado.

La ira de Caer Arianrhod se apoderó de Manannán mac Lir y las dos deidades, unidas en su furia, decidieron maldecir a todos los marineros codiciosos, pero al lanzar la maldición quedo sellada en el destino de los tiempos, no sólo para los marineros sino para todo navegante que surcara los mares.

Con mucho rencor, Caer Arianrhod lazó la siguiente maldición a los navegantes: cada vez que alguien apagara una vela soplándola, un barco con su toda tripulación se hundiría en el océano, sus almas se arrastrarían a las profundidades más tenebrosas de los océanos, jamás saldrían de allí y vivirían por siempre dentro de una oscuridad perpetua.

Manannán mac Lir repitió la maldición, agregándole que cada vez que alguien apagara de un soplo una vela se desataría una tempestad devastadora en algún lugar del mundo, una tempestad que ningún barco la soportaría. Y aunque los navegantes desesperados eleven súplicas de misericordia, su alma no tendrá salvación al menos de que aquel que  apagó la vela de un soplo la vuelva a encenderla inmediatamente.

Caer Arianrhod tuvo un poco de misericordia y sembró una excepción a la maldición, solo podían apagarse de un soplo las llamas que se enciendan para celebrar la vida y elevar un deseo o petición.

A partir de ahí, la maldición del soplo de las velas no sólo se propagó por toda Celtia sino por todo el mundo, a través de todos los tiempos y por la eternidad.

Y cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, sopla una vela para apagarla, la maldición de Caer Arianrhod y Manannán mac Lir despierta y un barco naufraga en algún rincón del mundo.

Manannán mac Lir se apodera de las almas de los navegantes, condenándolos a vivir en las oscuridades de los profundos océanos, allí donde no llega ni existe la luz”.

¿Alguna vez se han preguntado por qué en nuestro cumpleaños soplamos la llama de una vela y pedimos un deseo? Yo sí, y más de una vez. Es que no puedo evitarlo: me intriga conocer el origen de esas costumbres casi universales, esas cosas curiosas como soplar una vela y pedir un deseo.

Parece que todo comenzó en Grecia. Los antiguos griegos ofrecían pasteles redondos rodeados de velas a la diosa Artemisa. Al rezarle, soplaban las velas para alejar los espíritus malignos y para que quien realizaba la ofrenda tuviera salud, abundancia y vida plena. ¡Era como pedir un deseo y, de paso, espantar fantasmas!

Los romanos adoptaron la tradición, pero venerando a la diosa Diana, equivalente romana de Artemisa.

Para los celtas, que tenían un todo-en-uno místico, encender velas en el día del nacimiento era una forma de honrar a los espíritus ancestrales y pedir su protección y guía durante la vida.

En algunas culturas de Oriente Medio, colocaban velas en panes el día del nacimiento como símbolo de la luz divina y la abundancia. Soplarlas representaba dispersar esa luz y atraer bendiciones para el recién nacido.

Dentro de algunas culturas nórdicas europeas, se creía que el aliento poseía poderes mágicos. Soplar las velas transfería energía vital al pastel y, por lo tanto, se podían pedir deseos relacionados con la salud, la abundancia y la fertilidad.

En la Alemania del siglo XVIII se celebraba el “Kinderfest”, una fiesta para niños donde se colocaban y encendían dos velas en un dulce. Las velas representaban la luz que guiaría sus años venideros. Al final del festejo, se apagaban las velas y se creía que el humo elevaba al cielo los buenos deseos para los niños. Era como enviar una carta humeante a lo dioses.

Lo cierto es que todas estas tradiciones sobre la vela, apagar la llama y pedir un deseo, tienen un núcleo común: celebrar la vida, agradecer el milagro de existir, la esperanza de tener un mejor porvenir, el deseo de alcanzar sueños y anhelos, y tener un momento de unión con las personas amadas.

Aunque sé que un deseo no se cumplirá por soplar una vela el día que celebro mi existencia, es una tradición que deseo conservar en mi vida.

Pienso que las tradiciones son importantes en la vida de una persona. Pero no esas impuestas socialmente, sino aquellas que cada quien decide incluir en su vida porque tienen un verdadero significado personal, porque evocan recuerdos o permiten construir nuevos recuerdos con los seres queridos. Cada quien puede crear sus propias tradiciones.

Ya saben, Un barco podría naufragar si soplan la llama de una vela… al menos en la historia que me contaba mi papá.

Para Javier*, la crisis de la compra de la coca en Putumayo representa un respiro pese al impacto económico negativo que ha traído a la región. Sentado en el suelo y con su bastón de guardia indígena en el regazo, cuenta que la fiebre de la coca de los últimos años ha bajado y este año ha dado un pequeño respiro a la selva que rodea su territorio y hace parte del parque nacional natural La Paya.

Un respiro reciente y que no sabe cuánto durará, pues hasta el año pasado la coca azotó como nunca La Paya y los resguardos indígenas a su alrededor. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), este parque natural llegó a 1.840 hectáreas de cultivos en 2022, una cifra récord y más del doble que la de 2021.

Por cada hectárea de coca hay una menos de selva. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier.

Este poblador indígena flaco y de bigote hirsuto no se siente seguro de hablar en su hogar. Tuvo que salir de su territorio para reunirse con esta alianza periodística, la cual visitó durante siete días la cuenca del río Putumayo que traslapa con La Paya, para narrar el asedio al que está sometido este parque nacional.

El Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo, es una selva que emerge del agua. Los ríos Caquetá en el norte y el Putumayo en el sur enmarcan las 422 mil hectáreas de árboles y palmas amazónicas que lo integran. Sus bosques están atravesados por caños y lagunas desde las que se asoman las copas de los árboles y las palmeras durante todo el año.

En las zonas contiguas que se mantienen secas, incluso en temporada de lluvias, viven las comunidades indígenas de los pueblos murui, kichwa y siona, para quienes las selvas de La Paya son su territorio ancestral. Allí están sus sitios sagrados, donde habitan los animales, donde crían sus peces, donde crecen sus plantas ceremoniales. Varios resguardos como el de Javier se superponen en parte con el parque nacional.

El parque La Paya es un gigante frágil y vulnerable. Las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han prohibido la entrada de los guardaparques a La Paya y se enfrentan a muerte dentro de su territorio para controlar el narcotráfico y los cultivos de coca que lo alimentan.

Así los encargados de conservar la inmensa diversidad de La Paya no pueden hacer su labor ni controlar la deforestación que amenaza la selva. Dentro de las 14 áreas protegidas de la Amazonía, La Paya ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de área deforestada desde 2015: un total de 6.893 hectáreas de bosque arrasadas, solo superadas por los parques de la Sierra de la Macarena, Chiribiquete y Tinigua, según información obtenida por derecho de petición al Ideam.

Es una realidad que los funcionarios de la dirección de Parques Nacionales conocen bien, pues han indicado que la mayor amenaza que enfrenta en este momento La Paya es “la deforestación asociada con la presencia de cultivos de uso ilícitos, la ganadería y la expansión de la frontera agropecuaria”, según le dijeron a esta alianza periodística.

Pero desde comienzos de este año esto ha empezado a cambiar.

Durante el 2022, según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este parque nacional tuvo una pérdida de 551 hectáreas de selva, que aunque es muy alta, es la cifra más baja de deforestación que ha tenido durante los últimos nueve años.

Expertos señalan que no es clara la razón de la disminución de la tala en el parque natural. Pero las fuentes en territorio consultadas por esta alianza periodística coinciden en que la crisis de la compra de la coca que vive la región puede ayudar a que la pérdida de bosque no siga creciendo y facilitar las alianzas de conservación con las comunidades indígenas que habitan el territorio.

Con ese panorama, el gobierno tiene una pequeña ventana de oportunidad para aterrizar su programa de sustitución anunciado en unas comunidades que lo reclaman, en una zona que lo necesita y en un escenario favorable por la crisis de la coca. Pero es una ventana de oportunidad que podría cerrarse pronto, pues las disidencias y el narcotráfico siguen azotando el territorio.

La coca y la tala

Según el último informe de la UNODC sobre los cultivos de coca en Colombia, Putumayo tiene un total de 48.034 hectáreas de coca, un aumento del 70 por ciento frente a 2021 y que de lejos lo ubica como el departamento amazónico con mayor cantidad de cultivos ilícitos.

Aunque el Putumayo ha tenido coca durante décadas, entre 2020 y 2022 vivió una bonanza cocalera tras el incumplimiento del gobierno de Iván Duque a los acuerdos de sustitución pactados en La Habana.

La mayoría de las hectáreas de estos cultivos ilícitos se concentran en la frontera con Ecuador y Perú, en los márgenes de los ríos San Miguel y Putumayo. Este paso fronterizo es una ruta estratégica para el narcotráfico porque la cercanía con Ecuador provee facilidades para ingresar insumos agrícolas, así como gasolina para fabricar pasta base de coca.

El coronel retirado de la Policía, Miguel Tunjano, consultor en temas de narcotráfico para el Ministerio de Justicia, explica que en los últimos años se ha endurecido el control estatal de las rutas por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Pero que han emergido otras.

En particular se ha fortalecido la ruta desde el Putumayo y el Caquetá, bajando hasta desembocar en el río Amazonas, pasando por las fronteras con Ecuador y Perú con destino a Brasil. Desde las costas brasileñas salen varias rutas hacia el África y posteriormente al mar mediterráneo, que es la entrada a Europa. Así lo reseña el último informe de la UNODC para Colombia, que muestra el crecimiento del negocio en la frontera con Perú.

Por eso, los resguardos indígenas como en el que vive Javier y que traslapan con el parque se volvieron atractivos para los colonos, que llegaron desde 2019 a tumbar selva y cultivar la coca porque están ubicados justo en una zona fronteriza y de poco acceso para las autoridades por ser una selva amazónica protegida.

“Los campesinos empezaron a entrar al territorio de nosotros, a las zonas de amortiguación del parque. No son muchos, pero sí nos afectan talando el territorio para sembrar coca”, dice Javier. Como guardia indígena una de sus labores es saber el estado de las más de 4 mil hectáreas que tiene el resguardo El Tablero, de las cuales algunas están dentro del parque.

Según los datos del último informe de la UNODC y el Ministerio de Justicia, en el 2022 se registró la mayor cifra cultivos de coca dentro de La Paya: 1840 hectáreas, más del doble que las hectáreas registradas en 2021 y que para ser sembradas arrasaron con ecosistemas completos. Además, el informe muestra al resguardo Concepción como un nuevo enclave que ha crecido en esa región entre La Paya y la frontera.

“Hay dos sitios donde se dio el crecimiento más fuerte en el Putumayo. Uno hacia El Hacha y Concepción, y el otro más arriba. Hay que revisar qué está pasando por el río Mecaya que se conecta con el río Caquetá, al norte del parque La Paya”, dice Candice Welsch representante de la región Andina de la UNODC en entrevista con Mongabay Latam. Ambos resguardos son vecinos del de Javier.

Además, en 2020, en La Paya se presentó la segunda mayor incautación de cocaína en un parque nacional amazónico en el periodo de 2011 a 2023, con 800 kilos de cocaína decomisados. Esta incautación y el pico en cultivos ilícitos muestra el crecimiento que tuvo el narcotráfico en los alrededores y dentro del parque natural hasta el 2022.

Este año las cosas han cambiado un poco. “En Putumayo no hay curí”, eso dicen los cocaleros para referirse a que no hay dinero para comprar sus cultivos. Es una frase que resume la crisis de la coca que vive la región desde noviembre del año pasado.

Como guardia indígena, el trabajo de Javier es recorrer su resguardo permanentemente y se ha dado cuenta de que la deforestación ha frenado en los últimos meses. “Ahorita se quedó así porque los grupos (armados) dijeron que no se puede talar más bosque y además, ahora todos los colonos se están saliendo por la crisis. Antes tocaba sacarlos, pero ahora ellos mismos se van”, cuenta sobre los colonos que llegaron en los últimos años.

La bonanza se acabó desde noviembre del año pasado en Putumayo, cuando la plata para comprar la producción de coca dejó de llegar a los campesinos. Se trata de una crisis de compra que sucede también en otros enclaves de producción del país y que tiene varias teorías que la explican.

En Putumayo, la que comparten la mayoría de las personas que viven en los territorios cocaleros alrededor de La Paya es que el gobierno de Gustavo Petro cambió la cúpula militar en el departamento y como los nuevos no son percibidos como corruptos entonces los grupos armados perdieron ‘la protección’ para poder mover la droga en las rutas del narcotráfico.

Para la excoordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión de la Verdad, Estefanía Ciro, no es claro que el cambio de mando realmente sea un tema que esté influyendo en el negocio en Putumayo en particular. Para ella, lo que sucede es una reconfiguración del negocio que implica una baja en la demanda del producto, así como de su precio, debido a que hay una sobreoferta de cultivos.

No significa, sin embargo, que haya parado por completo la deforestación. Este año, entre el 1 de enero y el 15 de setiembre, se registraron 36,202 alertas de deforestación, en el Parque Nacional Natural La Paya. La mayor concentración de alertas se da en el norte y en la zona sur, esta última colindante a la frontera con Perú y al río Putumayo.

Alertas de deforestación en color rosado en el parque nacional entre enero y septiembre de 2023.

“La deforestación de la Paya se está concentrando hacia la cuenca del río Caquetá. Entre los ríos Mecaya y Sencella es donde ha estado la deforestación más activa, porque es el límite justamente de lo que se viene de la frontera agropecuaria y la colonización que viene bajando por Caquetá”, explica Luz Alejandra Gómez, analista de datos geográficos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Gómez agrega que: “En Putumayo donde aumentó la deforestación fue hacia Puerto Guzmán. Pensábamos que había sido en zonas donde había presencia de cultivos de coca y no es tan así. Una hipótesis que tenemos es que puede ser un avance de la ocupación agrícola”.

Esto coincide con la tendencia de la deforestación en todo el departamento. La deforestación en La Paya disminuyó durante 2022, al igual que en el total del departamento: un 15 por ciento en comparación con 2021. Sin embargo, la pérdida de bosque sigue presionando en la zona fronteriza con el Caquetá, al norte del Putumayo.

La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que la persistencia de la deforestación en Putumayo es por “la falta de implementación de una sólida política integral destinada a las comunidades locales, así como a la ausencia de diálogos enfocados en alcanzar una paz total”. Lo dijo cuando las cifras preliminares mostraban mayor deforestación en ese departamento.

La lectura de Muhammad muestra que la política ambiental está atravesada por el conflicto armado y que en este gobierno implica encontrarle una solución negociada con los grupos armados ilegales que han desplazado la autoridad en regiones como La Paya.

La autoridad del parque desplazada por las armas

La autoridad que se encarga de cuidar y proteger La Paya es la dirección de Parques Nacionales Naturales, que en el territorio no existe hace años. Sus funcionarios tienen prohibido desde 2019 pisar las 422 mil hectáreas de este parque. La verdadera autoridad son las dos facciones de disidencias de las FARC que se odian a muerte, usan el parque como corredor y han prohibido la presencia de funcionarios.

La situación de seguridad del parque no solo se refleja en la ausencia de guardaparques sino también en la reducción del personal. Mientras que en 2019 trabajaban 36 personas entre contratistas y funcionarios de planta, en 2020 el número bajó a doce y en 2023 a nueve. Precisamente, en 2019 tres funcionarios de La Paya fueron trasladados para evitar un mayor riesgo y desde entonces un funcionario ha sido retirado cada año hasta 2022.

Además de las amenazas, si los guardaparques tuvieran seguridad para trabajar tendrían que enfrentarse a lo que implica vigilar las 422 mil hectáreas con la balsa de control inoperativa y solo cuatro vehículos disponibles: tres motocicletas y una camioneta; con ninguno se puede operar en una selva que está sumergida en el agua.

Mientras la capacidad y autoridad del Estado es nula en el parque, el dominio de los armados se ha fortalecido tras la reconfiguración de los grupos armados que se dio después del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.

Actualmente, en la cuenca del río Putumayo se han impuesto los Comandos de la Frontera, aliados a las disidencias de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”. Según una alerta de la Defensoría del Pueblo de enero de 2022, estos tienen control sobre los resguardos indígenas al sur del área protegida, incluidas las comunidades de La Paya, El Tablero, Cecilia Cocha, El Hacha y Agua Negra.

En el norte del parque y en la cuenca del río Caquetá está la retaguardia del Frente Primero “Carolina Ramírez”, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC al mando de “Iván Mordisco”: el primer comandante de un frente de esa guerrilla que abandonó el proceso de paz, en 2016. Estos tienen su mayor control en la zona del Mecaya y muchos de sus miembros provienen de la antigua columna móvil Teófilo Forero, el grupo élite de las extintas FARC, según la Defensoría del Pueblo.

En ambos casos son escenarios de riesgo que se han consumado e incluso empeorado según le respondió oficialmente la Defensoría a esta alianza periodística.

Parques Nacionales reconoce que no se puede operar en el área “por amenazas de grupos al margen de la ley”, y envió documentación a esta alianza periodística que muestra que, actualmente, solo hay tres funcionarios de origen indígena en el parque. “(En La Paya) se ingresa únicamente al sector Caquetá y Caucayá, con personal indígena vinculado”, señala la entidad protectora.

“Hay homicidios, amenazas, torturas y reclutamiento forzado. Prácticamente, el 80 por ciento de las denuncias de derechos humanos que nos han llegado en 2023 provienen de los ríos Putumayo y Caquetá, en la zona donde también está el Parque Nacional Natural La Paya”, dice Juan David Ayure Flórez, abogado de la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). Sus palabras reflejan la violencia y la zozobra desatada por las facciones disidentes enfrentadas.

En la práctica, las disidencias son determinantes en impulsar o frenar la deforestación en las zonas que dominan.

El reciente “ambientalismo” de las disidencias

Una líder social de Putumayo que promovió la sustitución de cultivos, pero que pide no ser nombrada por su seguridad en la región, dice que en 2020 grupos armados impulsaron la resiembra ante los incumplimientos del gobierno de Iván Duque y amenazaban a los líderes cocaleros que promovían proyectos de sustitución. “Ellos mismos les ponían la plata a los colonos para que talaran y montaran su finca con coca”, cuenta esta líder.

Los que más promovieron la bonanza cocalera fueron los Comandos de la Frontera, pues controlan la mayoría de enclaves cocaleros en el sur del departamento y por el río Putumayo. Estos en un principio se presentaban con otros nombres como “La Mafia” o “Los Sinaloa” y parte de sus integrantes vienen de antiguos grupos narcos en Putumayo. La líder dice que impulsaron la deforestación para hacer espacio a la coca, incluso en territorio del parque La Paya.

Cada mes llega el avión militar llamado Hércules al municipio de La Macarena, Meta, con provisiones para las personas de la zona. Esta portentosa pieza de ingeniería anuncia su llegada con antelación. Con el fuerte sonido de sus turbinas logra opacar el constante ruido de los pitidos de las motos que abundan en el lugar. La motocicleta es el medio de transporte más usado en la región porque le permite a los habitantes movilizarse con más facilidad por las vías, especialmente en la zona rural.

Uno de los caminos que más utiliza la gente de La Macarena es la llamada “Trocha ganadera”, recientemente bautizada como Sendero Ecológico por la Paz. Esta carretera de 139 kilómetros fue ampliada por las FARC en 2003 y es la opción más rápida para llegar a Vistahermosa, municipio en el que muchos acceden a servicios de salud y se abastecen de comida. Sin embargo, esta vía atraviesa también al Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de La Macarena y es uno de los principales focos de deforestación de esta área protegida.

Un equipo de Rutas del Conflicto y Mongabay Latam viajó a La Macarena para investigar la situación que se vive en el PNN. Recogió el testimonio de líderes campesinos y ambientales y recorrió un tramo de la “Trocha ganadera”. Árboles caídos y ganado, una de las principales causas de deforestación de este parque nacional, son la fotografía de un área protegida que no deja de perder su bosque. En algunas partes del trayecto la tala ha sido tan extensa que da la impresión de que ese es el estado natural del ecosistema, pero después reaparecen árboles frondosos y es justo en ese momento donde se logra dimensionar la gravedad de la situación ambiental.

La deforestación en el Parque Sierra de La Macarena se agudizó tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas FARC en 2016. En ese año se perdieron en este PNN 1499 hectáreas y al año siguiente 3576. En 2020, la deforestación en Sierra de la Macarena alcanzó su pico de los últimos años con un total de 3629 hectáreas. Sin embargo, comparando la deforestación del 2021 respecto a la del 2022, hubo una reducción del 15,02 %, pasando de 3222 hectáreas tumbadas a 2738, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29 585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre.

Alertas de deforestación en color rosado en el parque nacional entre enero y septiembre de 2023.

La expansión de la ganadería a gran escala, así como el acaparamiento de tierras asociado no da tregua a esta importante área protegida que hace parte de un corredor de biodiversidad junto a los parques Tinigua y Picachos permitiendo la conectividad andinoamazónica. Sin embargo, monitorear la situación hoy es prácticamente imposible para Parques Nacionales. Los guardaparques tienen prohibida la entrada al área protegida desde el año 2021. Además, un año más tarde la situación empeoró cuando el 15 de mayo de 2022 circuló por WhatsApp un panfleto en el que las disidencias de las FARC declaraban objetivos militares a las autoridades ambientales encargadas de las áreas protegidas.

Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de la institución.

¿Cómo proteger un parque cuando el equipo de guardaparques ha sido declarado objetivo militar por un grupo armado ilegal? ¿Qué está pasando en el territorio y qué medidas ha tomado el Estado?

El riesgo de oponerse a la destrucción ambiental

Los guardaparques y funcionarios ambientales están  bajo constante amenaza por su oposición a la deforestación y la vigilancia de estas actividades. En 2008 a José Martín Duarte, guardaparques del PNN Sierra de la Macarena, un grupo armado le disparó por la espalda y el crimen nunca se esclareció. Diez años más tarde, en mayo de 2018, personas no identificadas quemaron la cabaña del centro de visitantes en Caño Cristales, un atractivo turístico conocido como el río de los siete colores.

El 3 de diciembre de 2020 Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), fue asesinado. Parra se encontraba en el municipio de La Macarena cuando dos personas que iban en moto le dispararon y huyeron del lugar rápidamente. En julio de 2021, el expresidente Iván Duque anunció que alias ‘El Negro’ y alias ‘Milton’ fueron capturados por ser los presuntos asesinos de Parra. Según sostuvo el exmandatario, estas dos personas pertenecían a la estructura ‘Jorge Briceño’ de las disidencias de las FARC.

Todos estos hechos describen lo que significa ser un guardaparques del PNN Sierra de la Macarena y las razones por las que este grupo de funcionarios no puede poner un solo pie en ciertas zonas del área protegida. Lo trágico es que algunos de estos casos no sorprendieron a quienes los conocían. “El asesinato de ‘Pacho’ fue una tragedia anunciada. Todos en el municipio de La Macarena sabíamos que le iba a pasar algo porque se estaba oponiendo fuertemente a las disidencias (de las FARC) y aun así (el Estado) no lo protegió. Se opuso con vehemencia a lo que estaba ocurriendo en la zona desde su rol como autoridad ambiental”, comenta Fernando Sacristán, exfuncionario de Cormacarena. Sacristán cuenta que en el momento en que asesinaron a Francisco Parra las dinámicas deforestadoras en la zona estaban aumentando considerablemente y que el coordinador de Cormacarena era consciente del riesgo que corría, pero aun así decidió quedarse en la región.

La principal causa de deforestación dentro del PNN Sierra de La Macarena, según el IDEAM, es la ganadería extensiva. Y de acuerdo con los datos del Instituto Agrícola Colombiano (ICA), el aumento progresivo de la ganadería en la zona se ha dado desde el 2016. En 2016, los municipios que comprenden al PNN Sierra de La Macarena (La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia, San Juan de Arama y Vistahermosa) reportaron, en conjunto, 407 293 bovinos y en 2022 un total de 736 653, lo que significa un aumento del 80,87 % en este periodo de tiempo. Cabe precisar que no todas las reses están al interior del área protegida.

La ganadería, además, viene acompañada de un segundo problema: el acaparamiento de tierras. Carlos Rodríguez, un líder campesino y ambiental de La Macarena, cuenta que la ganadería a gran escala no es posible para los campesinos del común y que hay intereses de grandes deforestadores. “A la gente que vive dentro del parque les pagan por tumbar árboles. No sabemos quién, pero no son personas de la región. Además, al ser una zona de parque le compran el pedazo de tierra al campesino a precios bajísimos y así van acumulando el terreno sin que nadie se entere”, relata el líder social. Según la respuesta de Parques Nacionales a una solicitud de información de esta alianza, hasta el 2019 la entidad había registrado que dentro del PNN Sierra de La Macarena vivían 664 familias.

Además, de acuerdo con el IDEAM, “el acaparamiento de tierras que se realiza a través de la praderización, incluso al interior de las áreas protegidas, se encuentra dinamizado por la expansión de la infraestructura de transporte no planificada y la tala ilegal”. Parques Nacionales le dijo a esta alianza que según las bases de datos que el ICA les ha aportado, durante el segundo ciclo de la vacunación contra la Fiebre Aftosa que se realizó entre noviembre y diciembre de 2021 se registraron 88 predios pecuarios con 5506 animales inoculados dentro del PNN Sierra de La Macarena. En la resolución 3379 del presente año, el ICA estableció que los titulares de los predios que desarrollan la actividad bovina dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen hasta el 31 de marzo del 2024 para retirar a los animales de las zonas protegidas.

Una persona que ha trabajado en el área del parque nacional que prefirió no ser citada por razones de seguridad, asegura que las zonas más afectadas por la deforestación en este parque se encuentran a las orillas de los ríos, quebradas, caños y en las partes donde se han trazado carreteras. “Las vías surgen de las trochas que comunican puntos poblados, escuelas, puertos sobre los ríos”, dice y explica que “la tala ocurre en estas partes porque al margen de los afluentes se establecieron los sistemas de transporte y las fincas dentro del PNN”.

En la carretera que conecta a La Macarena con Vistahermosa las personas conducen de memoria. Todos sortean sin dificultades las complicaciones de la trocha, como por ejemplo los charcos que se generan cuando llueve. Es tanto el abandono estatal que durante el trayecto hay peajes comunitarios en el que cada motociclista paga dos mil pesos para el mejoramiento del sendero. En esta vía no hay presencia de miembros de la fuerza pública. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

De hecho, según Parques Nacionales hay “una dinámica de ocupación desde el municipio de Vistahermosa, por la ruta denominada Trocha ganadera (actualmente sendero por la Paz), hacia el municipio de La Macarena, llegando al río Guayabero aguas abajo margen izquierdo, hasta la confluencia con el río Cafre, aguas arriba margen izquierdo”. Además, la entidad manifestó que otro sector con apertura de frontera agrícola es la parte norte de la Sierra de la Macarena entre los municipios de San Juan de Arama y Mesetas.

“En este parque hay mercados de tierras, ganadería, fincas, centros poblados, tumba de selva, cultivos de coca. Esto ha sido incentivado por la colonización promovida por el Estado, la guerrilla y de manera espontánea por las bonanzas de la región”, afirma la persona que trabajó en la zona del PNN Sierra de La Macarena.

Pero la ganadería extensiva no es el único problema que enfrenta el parque. En 2017 y 2018, fue el área protegida con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito con 2832 y 1840 hectáreas de coca respectivamente y en 2019 fue la segunda con 1104. En 2021, fue el cuarto parque con más cultivos de coca con 1248 hectáreas y en 2022 fue el quinto con 1284, detrás de los parques Paramillo, La Paya, Nukak y Catatumbo, representando el 12,08 % de la totalidad de los cultivos de coca en los parques nacionales.

Todos estos problemas ponen en riesgo al parque nacional. Sin embargo, no pueden ser examinados por la entidad porque “los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que suceden las dinámicas de praderización dentro del PNN”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

Disidencias prohíben la entrada de guardaparques al área protegida

Uno de los hechos que agudizó la situación de seguridad de los guardaparques y funcionarios del PNN Sierra de la Macarena fue la Operación Artemisa, la campaña militar del presidente Iván Duque contra la deforestación que aumentó la tensión social y el rechazo a los funcionarios de Parques Nacionales. “Durante las acciones militares de Artemisa en 2021, desde el Gobierno se dijo que Parques Nacionales respaldó estos operativos, entonces después de las capturas de campesinos y la destrucción de viviendas en el PNN Sierra de La Macarena, la gente no quiso volver a saber de la entidad y las disidencias declaró a Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército”, relata la persona en terreno.

Las acciones de la Operación Artemisa, en las que se capturaron a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, llevaron a que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Está prohibido tener relación con los guardabosques, estos temen por su vida y ya no pueden ingresar a la Sierra de La Macarena. También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le especificó a esta alianza periodística que los guardaparques no tienen acceso al “sector Cabra Yarumales, sector Cafre, y sector Guayabero por amenazas por el ejercicio de la autoridad ambiental, cultivos ilícitos, presencia y accionar de grupos armados ilegales”.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Víctimas referidos por la ONG Parques Cómo Vamos, organismo que se creó en 2011 para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en los municipios que comprenden el PNN Sierra de La Macarena fueron desplazadas 122 201 personas, se realizaron 1370 actos terroristas y hubo 755 víctimas de minas antipersonas. Pero a pesar del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, la presencia de grupos armados no ha cesado en el área protegida.

Según Parques Nacionales, el Bloque Suroriental de las disidencias de las FARC es uno de los grupos armados que más presencia tiene en el PNN Sierra de La Macarena. Además, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo también hacen presencia en la zona junto a la estructura narcoparamilitar Bloque Meta. Parques Nacionales mencionó que estos grupos sucesores del paramilitarismo han hecho recorridos esporádicos por San Juan de Arama, Vistahermosa y cabeceras municipales.

Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto.

La fuente local a la que protegemos su idntidad explica que los encargados de cuidar el PNN Sierra de La Macarena solo pueden entrar a ciertas partes del área protegida, por ejemplo, El Raudal. Justamente esta es una de las principales zonas donde actualmente Parques Nacionales realiza trabajos de ecoturismo.

Hoy Parques también puede realizar monitoreo satelital de focos de calor —que podrían sugerir eventos de incendios forestales con fines de deforestación— para determinar cuántas hectáreas se están perdiendo. La fuente señala que los casos de deforestación o quemas son informados a las alcaldías, debido a que estas sí pueden ingresar a las zonas afectadas.

Trabajar en la zona, sin embargo, es extremadamente difícil debido a las condiciones de inseguridad. “En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo no se sabe si se va a poder continuar porque pueden que lo asesinen o le toque irse de la zona”, afirma la fuente en terreno. Pese a esto, los guardaparques de esta área han logrado realizar 738 recorridos de vigilancia y prevención desde 2016 a 2023.

La persona en el territorio explica que ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente.

Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023. Según un líder social de La Macarena que no es citado para preservar su seguridad, desde finales del año pasado las disidencias de las FARC ordenaron detener el ritmo de la tala de bosque que se venía presentando. “La guerrilla estableció ese mandato y la deforestación se redujo considerablemente gracias a diálogos de las comunidades que han intercedido en este proceso”, cuenta. Además, como “las disidencias son la autoridad en la región ante la ausencia estatal, nadie se atreve a llevarles la contraria”, agrega.

El líder comenta que tras la orden de las disidencias de no deforestar nadie tumba más bosque de lo permitido. “No ha habido anuncios de la guerrilla sobre las consecuencias de talar más de lo establecido, pero en la región sabemos que si no se acata la orden puede pasar algo grave, entonces nadie se arriesga a tumbar más de la cuenta”, relata el líder.

Para la fuente local consultada, la orden de las disidencias de disminuir la deforestación le permite al respirar un poco al medio ambiente. No obstante, comenta que esto es una muestra de las dificultades y barreras del estado y Parques Nacionales para ejercer su autoridad. “Ahora la situación está mucho más tranquila en términos de deforestación, pero la guerrilla puede decir que se reanuda el derribamiento de bosque en algún momento y no hay forma de controlarlo”, afirma.

Imagen principal:Cascada El Mirador en el Parque Sierra de La Macarena. Crédito: Ana Rodríguez Ortiz

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto de Colombia

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Juan Carlos Granados y Ana Rodríguez Ortiz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo, no se sabe si se va a poder continuar porque puede que lo asesinen o le toque irse de la zona”, dice una fuente local que conoce de cerca el trabajo de un área protegida amazónica, a quien por seguridad protegemos en esta publicación. Testimonios como este se repiten en muchos de los parques y reservas de la Amazonía del país donde las constantes amenazas han terminado replegando del territorio a la primera línea de defensa de la biodiversidad de Colombia.

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan.

Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de verde, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo PNN a Mongabay Latam. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”.

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en cuatro parques colombianos: Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que se encuentran en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley”.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (…) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados.

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores.

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques.

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

El procurador ambiental Guerrero añade que toda la flota de vehículos, tecnología y personal de los áreas protegidas debe ser mejorada. En especial, resalta, para las áreas protegidas de la Amazonía que “necesitan medios de transporte fluvial y son de gran extensión”.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

En Amacayacu hay más de 5000 especies de plantas, 468 de aves, 150 de mamíferos y reptiles como los caimanes, anacondas, boas y tortugas. Crédito: Juan Carlos Contreras para Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”.

Para el exministro Manuel Rodríguez, “todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales”.

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre.

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

“Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?”, comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40 000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Imagen principal: Draga en el río Purité entre Brasil y Colombia, al límite del Parque Nacional Amacayacu. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía de Colombia

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Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial:Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

Protagonizada por el legendario actor colombiano Gabriel González

Vi esta obra y solo puedo decir que como mujer, como feminista y como simple persona sensible fui conmovida. Desea ría que todas las personas que conozco se dieran la oportunidad de verla. El trabajo de voces de cada uno de los actores es impresionante y Gabriel González caracteriza a Electra de modo tal que es imposible no conectar.

Para Sófocles, los diversos protagonistas son seres dolientes que sufren por el hecho de ser humanos. De este dolor, se deriva a la soledad y esto claramente se ve en “ Electra ” cuando sufre sola esperando a su hermano Orestes. leyendo entre redes el punto de outlook aristotélico. Éste propone que el héroe trágico es aquel hombre de carácter elevado, virtuoso, que cae en desgracia como consecuencia de errores cometidos; esto puede situarse en el capítulo 13 de la poética “ es el caso del hombre que sin ser eminentemente virtuoso ni justo, viene a caer en desgracia() a los que están situados en alto grado de honra y prosperidad ”. Estos errores son llamados Hamartía, y por medio de éstos llevan como consecuencia al héroe a cometer la desmesura, la cual denomina Hybris. A su vez, Aristóteles plantea en el capítulo 14 “ los hechos de este tipo ocurren entre personajes que son comrades, enemigos, ni una cosa ni otra ” donde demuestra el tipo de relaciones que tendrá el héroe trágico con el resto de los personajes. También es importante nombrar lo que Aristóteles denomina peripecia, la cual explica en el capítulo 10 y 11 “ la peripecia es un giro de la acción en un sentido contrario al que venía siguiendo() segú

n la verosimilitud o necesidad ”, ocean cual fuese la acción cometida. Al mismo tiempo, cabe destacar lo que denomina como anagnórisis “ reconocimiento es una transición de la ignorancia al conocimiento, llevando consigo un paso del odio a la amistad y de la amistad al odio() el más bello reconocimiento es acompañado por peripecia”. Y por último, mencionaremos lo que Aristóteles plantea como el hecho patético “ es una acción que destruye o hace sufrir, por ejemplo las agonías representadas en escena ”.

Una vez establecidos los conceptos, es más fácil aplicarlos a la obra. En la tragedia “ Electra ”, puede verse que ésta es la heroína star, ya que la tragedia entera es a

lrededor de lo que ésta vive, y a su vez, es la instigadora de cometer la venganza en nombre de su padre Agamenón, para salvar el honor de éste y el de la familia. Convence desde un principio a su hermano Orestes e intenta influenciar a su hermana Crisótemis. A su vez se observa cómo ésta pasa de la tristeza a la felicidad citando como ejemplo en la tragedia, en la página 312 en la que ella solloza porque supuestamente Orestes, su salvador, ha muerto, pero al encontrarse con éste, le demuestra que está vivo, por lo que recobra alegría y vigor. Pero por otro lado, también podría decirse que Orestes es héroe, ya que es él, el que comete el matricidio. La hamartía en esta tragedia, podría decirse que puede compararse en cierto modo a la que ocurre en Ayax, la cual es el deseo de venganza y puede citarse de la obra, en lo que sería el manual episodio “ Sucumbiremos, si es preciso, vengando el honor de padre ”; luego también puede verse claramente en el segundo episodio en la página 293, en el momento en que Electra y Clitemnestra discuten con el Corifeo presente, el cual señala aún más este sentimiento de Electra “ Observo que está exhalando cólera ” Este deseo de venganza, lo tiene contra su madre y el amante de ésta, Egisto, por haber asesinado a su padre, pero a su vez, por la forma en que la tratan como una sirvienta y por haber hecho alejar a su hermano Orestes por miedo a que lo maten. En Orestes, la hamartía puede verse en el prólogo de la tragedia, en la página 275, cuando bones “ En fin() y también tú, mansión paterna, pues vengo a purificarte por medio de la justicia ”; y a su vez puede verse en la página 319 de la tragedia, luego que Electra descubre que está vivo “ En cambio lo que vendrá() pondremos fin a la risa de los enemigos ”. Con relación a la hybris, la cual es realizada por Orestes, debido a que es el que asesina a Clitemnestra antes de que Egisto regrese al palacio, esta puede ubicarse en la página 324 de la tragedia. A su vez, éste suele ser el hecho patético, puede ser discutible si sucede o no en escena, como en el caso de la tragedia de Ayax, pero a mi entender, en el momento en el que se canta mientras sucede el hecho patético, el espectador puede escuchar el canto de Clitemnestra que describe el momento previo antes de morir. Luego, una vez llegado Egisto, se puede observar recién en ese momento el cuerpo en escena, aunque esté cubierto por un velo, lo que demuestra que el hecho patético sucede en escena. Podría aclararse también que hay un momento previo a esta tragedia, por lo que, a su vez hay hamartía e hybris cometida por Egisto y Clitemnestra en el momento en que asesinaron a Agamenón. En el caso de Clitemnestra, la hamartía también sería un deseo de venganza impulsada por el odio hacia éste por haberla engañado con Casandra, haber sacrificado a su hija Ifigenia y haberla obligado a casarse con él; y por parte de Egisto, sería impulsado por el deseo de poder y resustituirlo en el mandato como rey. Con respecto a la peripecia, puede observarse como ejemplo en el segundo episodio de la página 295, en el momento en que Ayo, entra a comunicar que aparentemente Orestes había fallecido.

No sólo es peripecia por la entrada del actor, sino que, por como se venía desarrollando la escena, en la cual Electra y Clitemnestra discutían, pone fin a la discusión . La trama de la heroína cambia cuando la ira la transforma en tristeza. Otro ejemplo de un incidente se puede encontrar en la página 311 de Tragedy. En el momento en que Orestes entra en escena, está hablando con Electra, quien aún no comprende su verdadera identidad. Orestes vuelve a cambiar la trama y quiere robarle a la heroína la urna en la que se dice que se encontraron los restos de su hermano. Eventualmente conduce a la ananosis de Elektra, y Elektra se da cuenta de que este extraterrestre es en realidad su hermano. Por ejemplo, “Suelta ese frasco ahora para que pueda entenderlo todo.” “…Estoy sosteniendo el cuerpo de Orestes.” “Dime, ¿eres tú?” “Mira el sello de este padre para ver si Estoy diciendo la verdad.” Puedes ver la analogía con el momento ideal que coincide con el reconocimiento. En esta situación, no sucede al mismo tiempo, pero una lleva en consecuencia a la otra. por otra parte, este otro tema a tratar, que es el punto de vista de Nietszche en su El origen de la tragedia de los elementos apolíneos y dionisiacos, paso a desarrollar: para Nietszche, la tragedia es mucho más que una obra artística, ya que constituye la esencia de la verdadera cultura, la cual es la lucha entre la vida (la embriaguez creadora), y su negación (la norma, lo racional), y es aquí donde diferencia ambos conceptos. Él, establece que lo apolíneo y lo dionisíaco “se encuentran apareados entre sí y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte (…) de la tragedia ática”. Propone que lo dionisíaco se relaciona con “la embriaguez…naturaleza…la vida…la realidad embriagada…la música como tal, la violencia estremecedora del sonido”; y la contrapone a lo apolíneo, que es “la búsqueda de la razón…el arte del escultor…la divinidad de la luz…el mundo de imágenes del sueño…la música como oleaje de ritmo”. Esto lo establece en la tragedia para analizar los momentos en que ambos se observan y expone estos conceptos ya que estos dos dioses eran los más venerados por los griegos. En relación a Electra, al ser una obra de Sófocles, ambos pueden encontrarse en armonía. Pasando a ejemplificar un momento donde puede verse reflejado lo apolíneo, sería en el primer episodio en la página 286 de la tragedia, cuando el Corifeo relata “…porque en ambos puntos de vista hay provecho, si tú aprendieras a poner en práctica el de ésta, y ésta, a su vez, en el tuyo”. Luego continúa hablando Cristómesis “…en efecto, si no cesas en estas lamentaciones (…) por el contrario, vivas bajo techo abovedado (…) reflexiona y no me reproches nunca después…”; otro ejemplo podría ubicarse en la pong 320 de la tragedia cuando se presenta Ayo “Locos sin tasa (…) Es que ya no os interesa nada la vida (…) si no metido de lleno dentro de ellas”. En ambas citas, puede verse que el elemento apolíneo se relaciona con el uso de la razón. Otro ejemplo que alude en relación a la visión de los sueños podría ser, en la página 288 de la tragedia, cuando Cristómesis le comenta a Electra el sueño que su madre ha tenido “…ella vio por segunda vez la aparición de padre (…) Tal descripción se la oí referir a uno que estaba presente cuando Clitemnestra declaraba al Sol su sueño”.
En relación con Dioniso, el ejemplo es claramente identificable ya que el propio Sófocles personifica el coro a través de Corifeo, dándole una posición más importante (esto ya se ve tanto en Parodos como al comienzo del primer episodio). Por otro lado, en el segundo estasimo, hay otro caso de la presencia de los dionisíacos cuando Elektra canta, acompañada de un coro, y llora a su hermano fallecido. Y por último, otro ejemplo digno de mencionar es que en la página 316 de Tragedia, dos héroes trágicos se presentan ante Estasimo. El baile y el canto son característicos de los elementos de Dioniso, por lo que los ejemplos anteriores se refieren correctamente a ellos.
Se podría pensar que Electra podría asociarse con Ayax desde el punto de vista de Aristóteles, considerando que en el primer aspecto comparten la misma Hamartia, el mismo deseo de venganza. En el caso de Áyax, a Agamenón (el padre de Electra), y en el caso de Electra, a su propia madre. También comparten la arrogancia, porque aunque Ayax mató al animal en lugar de matar al rey, todavía tenía intenciones. En el caso de Electra, Orestes intentó matar a su madre, pero acabó haciéndolo. La diferencia entre ambas tragedias es que Áyax, al despertar de la locura temporal provocada por Atenea, se quita la vida en lugar de vivir en desgracia y deshonra, que es la salida más heroica a esta situación, eligiendo renunciar. En el caso de Electra y Orestes, en cambio, no les importa su destino, solo les importa vengarse porque sus vidas no pueden empeorar, y por tanto tienen el honor de Ajax. calidad de Como guerrero del Ajax. El ejemplo de Electra se describe vívidamente en una conversación con su hermana Christomesis.
Desde una analogía con respecto a la guerra de Troya, ambas tragedias se relacionan a través de la figura de Agamenón; para entenderlo, hay que retomar la historia previa al mito y a la guerra, paso a detallar: Tántalo era un rey, hijo de Zeus y de una ninfa, su propio hijo, Pélope se enamoró de Hipodamía la hija del rey de Arcadia. Tuvieron dos hijos Atreo y Tiestes, los cuales se llevaban fatal. Tras la muerte de Pélope, la asamblea de Micenas tenía que elegir entre uno de los dos para reinar. El vellón lo poseía Atreo, y Tiestes para conseguirlo, convenció a la mujer de Atreo, Aérope, para que se lo dé, entonces él se convirtió en el rey de Micenas, pero como su hermano tenía el favor de los dioses, Atreo pidió, que si al día siguiente el sol se ponía por el este, Tiestes tendría que renunciar al trono, así ocurre, por lo que Atreo se convierte en rey y destierra a su hermano. Tiestes maldice a los hijos de su hermano y dice que tendrá un hijo que lo vengará. Después de matar a Aerope, Atreo se casó con Pelopia y le dio un hijo que en realidad pertenecía a Tiestes y se llamó Egisto. Tiestes le dice que él es su verdadero padre, por lo que Egisto mata a Atreo e intenta matar a los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao, pero falla. Agamenón estaba casado con Clitemnestra, la hermana de Helena. Sin embargo, él la coaccionó y lo logró mediante el crimen.

Clitemnestra estaba casada con Tántalo y ya tenían hijos. Agamenón asesinó a padre e hijo, se reconcilió con los hermanos de Clitemnestra y les permitió casarse. Por eso, cuando es obligada, Clitemnestra comienza a odiarlo. Tuvieron hijos Ifigenia, Electra, Crisotemis y Orestes. En un momento durante la Guerra de Troya, los barcos griegos no pudieron avanzar hacia Asia Menor debido a la falta de viento, pero resultó que era Artemisa, la diosa de la caza, quien en realidad era hostil. Exigió un sacrificio humano a Agamenón por engañarlo para que cazara. Ifigenia es quien preguntó a la diosa. Agamenón está de acuerdo, pero la ira de Clitemnestra se intensifica cuando Agamenón pierde un hijo por segunda vez. Durante la estancia de Agamenón en Troya, Egisto y Clitemnestra se amaban y estaban unidos principalmente por su odio mutuo hacia Agamenón

Durante la guerra, estalló una disputa entre Aquiles y Agamenón por las cautivas Criseida y Briseida (la última concubina de Aquiles), y el rey exigió una a cambio de la otra, pero Aquiles se negó a luchar. Después de la captura de Troya, Aquiles fue asesinado por Paris, el amante de Helena, hijo de Príamo, rey de Troya. Tras su muerte, Ajax se convirtió en el primer guerrero en adquirir su armadura.
Agamenón y Menelao, que eran miembros del consejo, decidieron darle a Odiseo una cualidad de estratega que Áyax no tenía. Cuando esto sucede, Áyax quiere vengarse, pero la diosa Atenea interviene, por lo que la venganza no tiene éxito. Después de diez años en Troya, Agamenón capturó a la profetisa Casandra y tuvo dos hijos con ella.

Al regresar a Micenas, el rey victorioso fue recibido por Egisto. Egisto ya había seducido a Clitemnestra y provocado venganza durante su ausencia de diez años. Organizó un banquete de bienvenida y asesinó al rey, a Casandra y a sus hijos con la ayuda de su amante. Sin embargo, Clitemnestra tuvo un sueño en el que su pequeño hijo Orestes vengaba la muerte de su padre, y su hija Electra, temiendo que mataran a Orestes, se lo llevaba. Pero un día Orestes regresó a casa de Electra con su compañero Pidades, y cuando los hermanos finalmente se reconocieron, tramaron vengarse de su madre y de su nuevo marido Egisto.

Colofón: Recordemos que en la antigua Grecia las mujeres no podían ser actrices y esta es la razón principal por la que los hombres caracterizan a las mujeres. Para saber más sobre este tema, habla con Gabriel González. Familiarícese con el diálogo. Septiembre 7, 8, 9, 14, 16, 28, Carrera 23 No 50-66 En el Teatro Ditirambo, la trágica historia del teatro clásico griego

Para quienes amamos contemplar la existencia misma Se puede ver reflejada la humanidad moderna

En este  pueden conocer el diálogo  Link