Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

Intento hacer con esta pequeña columna un listado de lo que pienso y siento por Cepeda. Lo hago sin ninguna pretensión académica; no estamos para esas letras en estos momentos. Más bien escribo para mi familia extensa, amigos y amigas, vecinos y vecinas, estudiantes que, al parecer, ven en Cepeda un rotundo peligro y, en el otro señor, la “salvación” de Colombia. No conocen al Cepeda que conozco y, si bien sé que poco puedo hacer por cambiar ese voto, al menos les dejo sentadas mis razones y motivos.

1. No es mesiánico, caudillista ni tiene delirios de salvador. No posee ese halo egocéntrico que cunde entre presidentes de derecha e izquierda y que afecta de forma ostensible el Estado de Derecho o lo que llamamos el equilibrio de poderes.

2. No es un macho alfa y, aunque aún conserva rasgos patriarcales —porque difícilmente los hombres superan esos males de la noche a la mañana, y la izquierda no es la excepción—, ha trabajado con las mujeres, las sobrevivientes de la guerra, las víctimas y la “memoria”, que también es mujer, sin avasallar y con máximo respeto. Con alguien así se podría discutir la agenda feminista y de mujeres que no da espera.

Como no es un macho alfa, siempre se pronunció contra los abusos y las crueldades de los machos de la izquierda. Valoro inmensamente cada uno de esos momentos.

3. Su línea feminista y de teoría crítica le permitirá desarrollar y proteger todo el sistema nacional, regional y local del cuidado, así como los derechos logrados desde 1991 para las mujeres, las diversidades, las disidencias sexuales, los niños y niñas, los y las jóvenes, las personas mayores y muchos otros grupos. La sensibilidad es lo suyo, no el mercado ni los negocios privados.

4. No es guerrerista. Nunca fue guerrillero; eso sí, fue una víctima de la guerra. Se vistió de historia, filosofía, sociología y derecho para caminar junto a las víctimas. Gracias a él, a ella y a otros políticos, políticas y activistas decentes, este país reconoció el conflicto, empujó el proceso de paz con las extintas FARC y firmó el Acuerdo de Paz de 2016, tan enredado por los amigos de la confrontación. Queda todo, o casi todo, por hacer.

5. Es austero. Cero ostentación, clubes, aviones privados, ropa de marca, grandes relojes o consumos excesivos. Ese señor sabrá manejar la economía de Colombia como un tesoro. Escucha a expertos y expertas y conoce las grandes soluciones y la necesidad de un pacto fiscal en el que todos debemos aportar para sacar adelante este país y superar el déficit fiscal que viene desde hace varios años.

6. No es corrupto. Es un hombre ético y sano. Tiene serios compromisos frente a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de fiscalías especiales anticorrupción. Ni siquiera los políticos y políticas de izquierda se salvarán de su contundente mirada.

7. Ama a los pobres, pero no la pobreza. Seguirá por la agenda social abierta y correcta del primer gobierno de izquierda en Colombia.

8. Cree en la igualdad y en las reformas sociales. Sabe que la salud amerita atención urgente, acciones inmediatas y una reforma concertada, sin despreciar el papel del sector privado. Pero también sabe que algo está mal cuando la tutela ha sido la reina de ese escenario y del estado de cosas inconstitucional del que no hemos podido levantarnos.

9. No es neoliberal, lo que no significa que odie al empresariado. Sabe que debe trabajar con los pequeños y medianos empresarios, y que los grandes empresarios e industriales deberán hacer más por la equidad.

10. Tiene el Estado social de Derecho en la cabeza. Está atento a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la reforma laboral y pensional, grandes avances sociales del primer gobierno de izquierda; a la protección del salario mínimo vital y del mundo sindical, sin abandonar, insisto, al sector empresarial ni al sector privado.

11. Como exprofesor, conoce la importancia de las universidades privadas, especialmente de aquellas que hacen bien la tarea y no abusan de la autonomía universitaria. Pero también reconoce que en la universidad pública está el proyecto de vida de millones de colombianos y colombianas sin recursos para asumir los altos costos de la educación privada. Esa gran tarea apenas está en construcción. Más educación y protección de toda la institucionalidad en clave de Estado social de Derecho.

12. No es militar, pero sabe que la seguridad integral, el orden público, la tranquilidad, la soberanía y la paz completa e integral se construyen con nuestra Fuerza Pública. Buen trato, carrera por mérito, derechos humanos, formación y más formación. Toda una geografía por proteger. Todo un Estado social de Derecho para construir en los territorios.

13. Es animalista. Andrea Padilla, Jessica Melo y otras lideresas y líderes animalistas lo han reconocido. Sabe que en materia animal debe fortalecerse la institucionalidad para la protección, el bienestar y la “dignidad” de nuestros hermanos menores, así como la puesta en práctica de toda la legislación aprobada en los últimos años y de la nueva por construir.

14. Protector de la Madre Tierra, tiene el cambio climático en la cabeza. Seguirá con la agenda ambiental, pero escuchando a los y las expertos y expertas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de estas necesarias posiciones. Las y los liderazgos ambientales seguirán acompañando esta nueva fase del constitucionalismo de la naturaleza.

15. No tiene nacionalidad norteamericana ni ha jurado lealtad a los Estados Unidos, lo que le permitirá proteger nuestra soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional. La unidad de la nación será plenamente garantizada.

16. Escogió una fórmula vicepresidencial mujer e indígena. Eso habla de su respeto por las mujeres, el pluralismo y la diversidad étnica del pueblo colombiano. Tiene un enfoque descolonial poco común en la política colombiana. Sabrá defender los avances logrados durante el primer gobierno de izquierda y continuar con la agenda de los pueblos indígenas.

17. Es descentralista, pero con enfoque de equidad territorial. Sabe que el centralismo es una de las perversiones históricas del Estado colombiano y que la autonomía territorial solo ha sido posible para unos pocos territorios ricos y llenos de oportunidades. La solidaridad y la inclusión hacen parte de sus apuestas.

18. Tiene un profundo respeto por el poder judicial. Es más abogado que muchos abogados. Aprendió a utilizar el derecho para la búsqueda de la verdad y la justicia social. Ningún fallo adverso le ha generado actitudes agresivas. Esto garantiza autonomía e independencia de la Rama Judicial.

19. No es un estatizador. Conoce el modelo de economía social de mercado que prescribe la Constitución Política y sabrá moverse dentro de esas limitaciones para fortalecer lo social y lo ambiental frente a un capitalismo al que la vida y la Casa Grande muchas veces parecen importarle poco.

20. Es un buscador incansable de la paz o de las paces en Colombia. Conoce los errores de los distintos modelos y la necesidad de replantear estrategias para la reconciliación nacional.

21. Escucha y escucha. Sabrá dialogar con las diversas corrientes del feminismo en Colombia, con las diversidades, los pueblos, las colectivas y los colectivos. Un hombre con los derechos humanos en la cabeza tendrá respeto por las diferencias y buscará soluciones y consensos.

22. Ah, y conoce nuestro bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia, así como, la importancia de pertenecer a sistemas regionales y mundiales de protección de derechos. Sabe que nuestra justicia interna prima, pero que, una vez agotadas las instancias nacionales y ante la ausencia de justicia, estos mecanismos supranacionales pueden marcar la diferencia. Eso sí, no se saltaría por nada a la justicia interna colombiana hasta no agotarla, porque sabe que nuestra soberanía está estrechamente ligada a ese diseño de 1991.

23. Finalmente, cree en el Acuerdo Nacional o pacto social. Sabe que hacer efectiva la Constitución Política de 1991, más allá de las élites que nos han dejado como uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, exige esfuerzos de concertación y la construcción de grandes consensos (empresarios, industriales, sindicatos, mujeres, diversidades y más). Entiende que los grandes problemas de Colombia no se resuelven desde la imposición ni desde la exclusión, sino mediante el diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos.

24. Y, quizás lo más importante, es un hombre decente. En fin, no es el monstruo que les vendieron en la radio, los noticieros y las redes sociales. Este es el Iván que conozco. Con sus virtudes y limitaciones, pero también con una trayectoria pública que me permite confiar en que defenderá la Constitución de 1991, la democracia, la paz y los derechos conquistados.

Estas y muchas razones más me llevan a votar por Iván Cepeda y Aída Quilcué para el período 2026-2030.

Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

El Banco Mundial financió en 2025 más de 118 mil millones de dólares en proyectos alrededor del mundo. Solo para América Latina y el Caribe, el monto alcanzó los 25 mil millones. Detrás de esas cifras hay represas, carreteras, programas sociales y concesiones que transforman territorios enteros y que, cuando se diseñan o ejecutan sin respetar estándares ambientales y sociales, pueden causar daños irreversibles a comunidades que nadie consultó. Lo que pocas personas saben es que existe un mecanismo para que esas comunidades puedan reclamar.

Un derecho que existe, pero que no siempre llega

Desde 1993 el Banco Mundial cuenta con el Panel de Inspección, el primer mecanismo independiente de rendición de cuentas establecido por una institución financiera internacional. Su propósito: permitir que comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco presenten una queja formal para que un órgano independiente investigue si la institución cumplió con sus propias políticas ambientales y sociales. El Panel determina la elegibilidad de las quejas y conduce investigaciones de cumplimiento sobre si el Banco aplicó correctamente sus políticas y procedimientos en el diseño, evaluación e implementación de un proyecto. 

En 2020, el Banco Mundial reformó su sistema de rendición de cuentas con la creación del Mecanismo de Rendición de Cuentas (Accountability Mechanism – AM), que entró en funcionamiento hasta el 2021. Esta reforma incorporó el Servicio de Resolución de Disputas (DRS), una instancia paralela al Panel de Inspección que ofrece a las partes la posibilidad de participar en procesos voluntarios e independientes de diálogo y mediación para buscar soluciones a las preocupaciones planteadas. l,. Tanto el Panel de Inspección como el Servicio de Resolución de Disputas son mecanismos que cubren exclusivamente proyectos de financiamiento público y reportan de forma independiente a los Directores Ejecutivos. 

Para los proyectos del sector privado financiados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), existe un mecanismo distinto: el CAO (Compliance Advisor Ombudsman), establecido en 1999 y que reporta directamente a los Directorios de ambas instituciones. Su mandato es atender, de manera justa, objetiva y constructiva, las quejas de personas afectadas, así como contribuir a mejorar el desempeño social y ambiental de los proyectos. 

Que estos mecanismos existan es resultado de décadas de presión de la sociedad civil. Pero para que generen cambios transformadores en los territorios depende, en gran medida, que los mecanismos de rendición de cuentas sean conocidos. Por ello, es fundamental fortalecer la difusión de estas herramientas y garantizar que tanto las comunidades como las organizaciones que las acompañan cuenten con la información necesaria para utilizarlas de manera efectiva.  

Ganar la queja no es el final: el seguimiento importa tanto como la denuncia

El caso de la Chiquitanía en Bolivia evidencia con precisión tanto el potencial como los límites de estos mecanismos. Los pueblos indígenas de la región lograron que sus preocupaciones fueran examinadas por el Panel de Inspección y discutidas en el Directorio del Banco Mundial. La investigación derivó en un Plan de Acción.

Pero ese Plan de Acción nunca fue socializado adecuadamente con las comunidades afectadas. ¿Qué significa ganar si nadie te dice qué comprometió el Banco? ¿Qué implica un acuerdo que las personas directamente afectadas no conocen, no entienden y no pueden exigir?

Ahí reside uno de los desafíos más urgentes que señalaron las organizaciones participantes en el taller de Panamá: la rendición de cuentas no termina con la queja ni con el informe. Termina cuando los compromisos se cumplen y las comunidades lo verifican.

Estos mecanismos no son solo una herramienta legal, son un reconocimiento político: las comunidades no son beneficiarias pasivas del desarrollo, sino actores con derechos propios. Cuando una comunidad logra que el Banco Mundial responda por sus actos, sienta un precedente que puede transformar la forma en que se diseñan proyectos futuros.

Ese efecto preventivo es tan valioso como el correctivo. Un banco que sabe que sus proyectos pueden ser investigados por un órgano independiente tiene incentivos para cumplir sus propias políticas desde el inicio, como condición real de operación.

Sin embargo, para que este mecanismo genere un impacto real, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil cuenten con las capacidades necesarias para utilizarlo de manera efectiva. Esto implica conocer cuándo y cómo presentar una solicitud, comprender las particularidades de los distintos procedimientos y poder acompañar a las comunidades a lo largo de procesos que, en muchos casos, pueden extenderse durante varios años. 

También, resulta clave que estas organizaciones puedan identificar y gestionar los riesgos asociados, brindando apoyo para la protección de quienes presentan reclamaciones frente a posibles represalias. Más allá de la presentación de una queja, su papel es esencial para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados, facilitar el acceso a la información y garantizar la participación de las comunidades en los espacios donde se toman decisiones que afectan directamente sus territorios y medios de vida. 

Lo que reveló el taller de Panamá

El encuentro realizado los días 28 y 29 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá reunió a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en rendición de cuentas en América Latina. El objetivo no era solo informar: era construir capacidad colectiva para interactuar con mecanismos que siguen siendo poco conocidos y difíciles de acceder para muchas comunidades.

Las discusiones evidenciaron que las barreras no son solo de información. Son barreras de lenguaje institucional, de recursos para sostener procesos largos, de distancia geográfica y cultural entre las comunidades afectadas y las instancias donde se toman decisiones. Son barreras que la sociedad civil puede ayudar a reducir si tiene las herramientas para hacerlo. Este taller fue también un espacio de intercambio de experiencias entre organizaciones que han acompañado casos concretos. 

El encuentro también puso sobre la mesa los riesgos que pueden enfrentar las personas defensoras del ambiente, líderes comunitarios y comunidades afectadas al participar en procesos de rendición de cuentas. Las y los participantes destacaron que el acceso a estos mecanismos requiere garantías para que quienes presentan información, denuncian impactos o impulsan reclamaciones puedan hacerlo sin temor a amenazas, intimidaciones o represalias. En este contexto, se recordó que el Banco Mundial mantiene una política de tolerancia cero frente a las represalias, reconociendo que la protección de quienes participan en estos procesos es una condición esencial para una rendición de cuentas efectiva.

I. POLÍTICA EXTERIOR: VISIÓN Y PRIORIDADES

Pregunta 1. ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política exterior y qué principios orientarán las relaciones internacionales de Colombia durante su gobierno?

La política exterior del gobierno Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo cumplirá con tres objetivos: hacer de Colombia una nación más segura, próspera y confiable, con fundamento en los siguientes principios:

1. El interés nacional

2. La democracia como sistema de gobierno y la democracia liberal como modelo de desarrollo.

3. La institucionalidad

Para el logro de los objetivos enunciados:

Seguridad nacional y seguridad pública — la política exterior estará al servicio de la contención de las amenazas a la integridad territorial y a la institucionalidad democrática, provenientes de todas las formas de criminalidad organizada transnacional.

Prosperidad — la política exterior contribuirá al desarrollo y el progreso social soportados en la generación de empleo formal, a través de la atracción de inversión y la ampliación y apertura de mercados. 

Confiabilidad  y credibilidad— la política exterior se diseñará y ejecutará con base en los más altos estándares de profesionalismo e integridad, desde la institucionalidad, la transparencia, el cumplimiento de la normatividad y la rendición de cuentas.

📌 Fuente: Plan RI, sección Visión y Propuestas 2.4.1 / 111 Puntos, propuestas 43–47

Pregunta 2. ¿Qué papel considera que debe desempeñar la política exterior colombiana frente a la crisis del orden mundial, del multilateralismo y del derecho internacional? ¿Cuáles serán las líneas de participación en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

En un entorno volátil e incierto, resulta más necesario que nunca establecer con claridad las prioridades de la política exterior, fundamentadas en el interés nacional, e identificar los vehículos por medio de los cuales se alcanzarán los objetivos trazados. En este propósito, Colombia fundamentará su acción exterior en la institucionalidad, afianzando mecanismos bilaterales y multilaterales de diálogo y cooperación y priorizando la participación del país en los organismos internacionales con criterios de efectividad, transparencia y exigencia de resultados. 

Las tensiones y cuestionamientos que se plantean en torno a la vigencia del multilateralismo, el derecho internacional y el orden basado en reglas ciertamente plantean desafíos, pero no invalidan la existencia de una arquitectura que se ha construido a lo largo de cerca de un siglo y cuya adaptación a los nuevos desafíos depende, justamente, de la voluntad y capacidad de los Estados.

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional entrante atenderá inicialmente la agenda derivada de la Misión Especial de Verificación para el seguimiento a los aspectos pertinentes del Acuerdo firmado con las FARC en 2016, a fin de evaluar sus resultados a la luz del mandato que sustenta su operación. Adicionalmente, impulsará la discusión sobre los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional a la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe, así como las amenazas que imponen los regímenes autoritarios a la convivencia y el progreso en la región.

En el Consejo de Derechos Humanos, el país velará por la integridad de este órgano, cuya membresía debe reflejar un compromiso efectivo con los lineamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y señalará los dobles estándares que debilitan y restan credibilidad a la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos convencionales y extra convencionales que soportan el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.1 y 2.4.7 / 111 Puntos, propuesta 47

Pregunta 3. ¿Cómo concibe la relación de Colombia con sus socios estratégicos tradicionales (EE. UU., UE, Canadá) y cómo plantea diversificar los vínculos con potencias emergentes (China, India, países del Golfo) y otras regiones (África, Asia-Pacífico)?

La relación con los socios estratégicos tradicionales de Colombia, incluyendo, entre otros, a EEUU, Reino Unido, los países que integran la Unión Europea y Canadá, es esencial y prioritaria, como parte de una política exterior orientada a lograr que el país alcance mayores niveles de seguridad y progreso. No obstante, lo anterior, para avanzar en estos propósitos, resulta indispensable afianzar vínculos y consolidar mecanismos de cooperación efectiva con los países latinoamericanos y del Caribe – especialmente aquéllos con los que se comparten fronteras terrestres y marítimas – así como con aliados extra regionales cuya contribución, en términos de capacidades y experticia debe ser asegurada. En este sentido, se avanzará en la implementación de agendas estratégicas con compromisos verificables en materia de seguridad nacional y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, acceso a mercados y atracción de inversión con Israel, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Se verificará, igualmente, el nivel de avance en el relacionamiento con los países de Medio Oriente, especialmente con Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y los países africanos, en particular aquéllos en los que se han establecido misiones diplomáticas en los años recientes. Finalmente, se fortalecerá la interlocución de Colombia en espacios extra regionales de integración y diálogo político, como la Unión Africana y la Liga Árabe, entre otros. 

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 46

Pregunta 4. ¿Cuál será su política frente a los países vecinos y qué prioridad otorgará a la integración regional a través de mecanismos como la CELAC, la Alianza del Pacífico, la OEA y la Comunidad Andina?

La consolidación de la política de fronteras será prioritaria y para ello, se dará prioridad a la operación de los mecanismos de trabajo y seguimiento binacionales como los Gabinetes Binacionales, las Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) y los diálogos 2+3 (ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa) para asegurar la cooperación y el desarrollo de una agenda que atienda los intereses y desafíos de las partes.

De otra parte, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo se emplearán a fondo para asegurar la operación y profundización de la arquitectura y normatividad de la Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, como plataformas de impulso al crecimiento del comercio, la atracción de inversión, la seguridad jurídica y la movilidad de personas y recursos. Se procurará restablecer la iniciativa de integrar nuevos miembros y aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico. 

Colombia reafirmará su compromiso histórico con el Sistema Interamericano y  la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como espacio hemisférico de defensa de la Democracia y exigirá el cumplimento de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática, así como una rendición de cuentas permanente por parte de las respectivas Secretarías. En cuanto a CELAC, como mecanismo de diálogo, el nivel de participación del país estará vinculado con la compatibilidad de su agenda con los objetivos prioritarios de la política exterior y la oportunidad que dicho espacio ofrezca para la atención del interés nacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.4 / 111 Puntos, propuestas 44, 47

II. AGENDA INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS

Pregunta 5. ¿Cuál será la estrategia de Colombia para enfrentar las crisis migratorias y el problema mundial de las drogas?

El ministerio de Relaciones Exteriores gestionará, ante los países y organizaciones cuyo concurso sea requerido, los acuerdos y compromisos que viabilicen los planes y estrategias del Gobierno Nacional para combatir y contener las amenazas derivadas de la criminalidad organizada internacional que se lucra de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de armas y de personas, el contrabando, el lavado de activos y el delito cibernético. Dichos compromisos y acuerdos incluirán elementos de cooperación judicial e intercambio de información, fortalecimiento de capacidades operativas y entrenamiento, así como inteligencia e investigación, acceso a equipos y desarrollo de operaciones conjuntas. 

La política migratoria, de una parte, estará enfocada en garantizar una atención cercana, efectiva, permanente y confiable a los connacionales en el exterior, con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los equipos consulares para dar respuesta a los casos de privación de la libertad, expulsión o deportación. 

El ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, avanzará en la adopción de tecnología y medidas regulatorias que garanticen la máxima transparencia en el trámite de visados para extranjeros que deseen ingresar al país, evitando la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de toma de decisión. La política migratoria estará enfocada en la atracción de talento e inversión, y se asegurará que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado opere, así mismo, con la mayor diligencia, eficiencia y transparencia. 

Una eventual crisis migratoria, como la evidenciada entre 2017 y 2019, producto de las condiciones humanitarias que obligaron a más de ocho millones de ciudadanos venezolanos a abandonar su país, será atendida de manera fraterna y solidaria, profundizando, renovando y perfeccionando los mecanismos de regularización que fueron adoptados durante 2021 para asegurar el acceso de los refugiados y migrantes a los bienes y servicios públicos en el país y facilitar su integración social y productiva.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.2 / 111 Puntos, propuestas 7, 44

Pregunta 6. ¿Cuál es su posición frente a la agenda ambiental mundial y cómo articula estos instrumentos con su acción de gobierno?

Colombia participará activamente en las agendas de adaptación y mitigación del cambio climático en los foros multilaterales. La posición del país parte de reconocer que Colombia es un emisor marginal de gases de efecto invernadero, pero sí una potencia ambiental en virtud de su biodiversidad, cuya responsabilidad fundamental es detener la deforestación, restaurar lo que se ha perdido y conservar las especies de fauna y flora presentes en su territorio.

El cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los instrumentos internacionales ambientales se articulará con la acción de gobierno a través de: la restauración de un millón de hectáreas y la reducción de la deforestación; el fortalecimiento de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y del incentivo forestal; el incremento de la bioeconomía del 0,8% al 2% del PIB; la destinación de recursos del sector minero-energético al cuidado de la naturaleza a través del sistema de regalías; y la protección de parques nacionales naturales de la acción depredadora de los grupos armados ilegales que se lucran de la explotación criminal de los recursos naturales y de los cultivos ilícitos (111 Puntos, propuestas 98–106).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 98–106

Pregunta 7. ¿Cómo articulará la diplomacia económica y comercial con su política exterior? ¿Qué prioridad otorgará a exportaciones no tradicionales, IED, acuerdos comerciales, inserción Asia-Pacífico y OCDE?

La diplomacia para el progreso, el crecimiento sostenible y el desarrollo es uno de los tres ejes centrales de la política exterior. El ministerio de Relaciones Exteriores trabajará de la mano con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la acción política necesaria que convierta a Colombia en un nodo estratégico de inversión, comercio y relocalización productiva, integrándose de manera más competitiva a los mercados globales y a las cadenas internacionales de suministro y valor.

Acuerdos comerciales: Se aprovecharán plenamente los acuerdos vigentes y se negociarán nuevos acuerdos estratégicos, como plataformas para profundizar el comercio de bienes y servicios, atraer IED, perfeccionar el marco regulatorio, facilitar encadenamientos productivos y potenciar la creación de conocimiento.

Exportaciones: Las misiones diplomáticas, en alianza con ProColombia, estarán al servicio de promover el turismo, abrir nuevos mercados para productos y servicios colombianos en función de las prioridades de la política industrial y productiva del Gobierno Nacional (111 Puntos, propuesta 45). La meta es USD 10.000 millones adicionales en exportaciones (111 Puntos, propuesta 36).

IED: Se garantizará la seguridad jurídica necesaria para construir confianza inversionista a partir de Tratados de Protección de Inversiones, la adopción de los mejores estándares en materia de solución de controversias e incentivos tributarios diseñados por el ministerio de Hacienda para atraer y destrabar al menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevos proyectos en sectores estratégicos (111 Puntos, propuesta 38).

Asia-Pacífico: (de la respuesta a la pregunta 3) En especial, se avanzará en la negociación de marcos de profundización económica y comercial, y se asegurará la participación de Colombia en los grupos de trabajo de APEC; se trabajará para culminar el Acuerdo de Asociación Económica con Japón y el proceso de ingreso al CPTPP, y se impulsarán estrategias de acceso real al mercado Chino en el marco del Memorando de Entendimiento de adhesión a la Franja y la Ruta, y se trabajará activamente para para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea del Sur y expandir el intercambio comercial con India.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 / 111 Puntos, propuestas 36, 38, 45, 111

Pregunta 8. ¿Qué postura adoptará Colombia frente a la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico y la rivalidad estratégica EE. UU.–China?

Colombia volverá a condenar la guerra de agresión iniciada por Rusia en contra de la integridad territorial de Ucrania y condenará las acciones violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en todos los escenarios, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. En todos los casos, la posición del país y sus votaciones en los organismos multilaterales será de rechazo a las dictaduras y regímenes autocráticos, al patrocinio del terrorismo y de la criminalidad organizada transnacional (111 Puntos, propuesta 47).

Colombia mantendrá relaciones privilegiadas con países que compartan su compromiso con los valores de la democracia liberal y las libertades económicas como modelo de desarrollo, y trabajará de la mano con ellos, como un aliado confiable, en su promoción y defensa. Lo anterior no impedirá el establecimiento de relaciones que atiendan los intereses nacionales y las prioridades de la política exterior, sobre la base del pragmatismo y la identificación de oportunidades de trabajo conjunto a partir de agendas que reflejen los intereses de las partes.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.6, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 46, 47

Pregunta 9. ¿Cuál será su estrategia frente a la ciberseguridad, la gobernanza de la IA, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación internacional en seguridad?

Crimen organizado transnacional: Se reconstruirán y fortalecerán las relaciones estratégicas en materia de inteligencia y capacidades operacionales con EE. UU., Reino Unido, Israel, EUROPOL y AMERIPOL. Se priorizará la colaboración en la lucha contra el crimen transnacional organizado y las amenazas híbridas, incluyendo narcotráfico, contrabando y lavado de activos.

Ciberseguridad: Colombia se involucrará en la construcción de regulaciones multilaterales sobre ciberseguridad. A nivel interno, se implementará un SOC País 24/7 con enfoque Zero Trust y cibersimulacrosanuales (111 Puntos, propuesta 108 y el programa de Estado Digital).

Gobernanza de la IA: Colombia participará en los foros multilaterales para la construcción de regulaciones sobre inteligencia artificial, reconocida como uno de los nuevos desafíos globales que requieren gobernanza internacional.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.1, 2.4.7 / 111 Puntos, propuestas 43, 44, 108

III. CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR COMO ACTIVO ESTRATÉGICO DEL ESTADO

Pregunta 10. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la Carrera Diplomática y Consular como activo estratégico?

La Carrera Diplomática es la garantía de una acción exterior orientada por los más altos estándares de integridad y excelencia en la gestión de los intereses nacionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional. Para ello, debe estar dotada de las herramientas necesarias para asegurar el más alto nivel profesional, amplia experticia y una rigurosa capacidad técnica. Se verificará que el proceso de formación y evaluación de los servidores públicos que conforman el servicio exterior, a lo largo de su carrera, opere con criterios de mérito, eficacia y transparencia, al servicio del interés nacional. Especial atención se brindará al proceso de convocatoria para el concurso de selección de los nuevos integrantes de la carrera, a la identificación de las competencias críticas para el desempeño del servicio exterior, a la verificación de los requisitos para los ascensos y evaluaciones periódicas y a la selección de los perfiles más idóneos para asumir responsabilidades de crítica importancia en las misiones diplomáticas y consulados del país en el exterior. 

Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de la Cancillería para el pensamiento y la planeación estratégicos, la anticipación y respuesta a las dinámicas geopolíticas, y el cumplimiento efectivo de su papel articulador de la acción exterior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 11. ¿Qué medidas adoptará para proteger y fortalecer el sistema de mérito, formación y evaluación permanente de la Carrera?

La carrera diplomática se fortalecerá con reglas claras de ingreso, formación continua, evaluación y promoción, con énfasis en la capacidad técnica, el conocimiento profundo de la institucionalidad nacional e internacional y competencias y habilidades requeridas para el relacionamiento y la negociación, incluido el bilingüismo.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto frente a la designación de los funcionarios de carrera en el exterior, y se promoverá su vinculación en las oficinas de relaciones internacionales de las instituciones del Estado colombiano.

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 12. ¿Qué acciones concretas emprenderá para incrementar la participación de embajadores de carrera en el liderazgo de la Cancillería —actualmente solo el 9,4% de los cargos directivos—?

La designación del equipo directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su planta interna, se llevará a cabo con fundamento en un estudio riguroso de los perfiles profesionales de los funcionarios de carrera diplomática, sus logros, experiencia y su nivel de experticia en las áreas temáticas y geográficas que corresponden a los viceministerios y direcciones de la institución. 

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 13. ¿Cómo garantizará que la experiencia acumulada y la memoria institucional de los diplomáticos de carrera se traduzcan en políticas exteriores de Estado con visión de largo plazo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo continuará fortaleciendo su capacidad de documentación y sistematización para la producción de conocimiento al servicio de la gestión del servicio exterior. La política exterior, en todos los casos, continuará diseñándose con base en los intereses y prioridades del Estado, en beneficio de los ciudadanos, y apalancará e impulsará las prioridades nacionales en materia de defensa y seguridad, crecimiento sostenible, desarrollo y progreso social.

De la misma manera, se asegurará  la operatividad y participación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en el proceso de consulta para la toma de decisiones de la política exterior del país, como mecanismo institucional de construcción de consensos al interior del Estado.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

Pregunta 14. ¿Qué medidas adoptará para fortalecer la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo?

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo operará bajo los más altos estándares de excelencia académica y se fortalecerá con base en las mejores prácticas de formación diplomática internacional, para asegurar el profesionalismo y la integridad del servicio exterior colombiano. Se garantizará la formación continua del servicio exterior frente a las nuevas agendas globales, y se asegurará la construcción de currículos, el diseño de los contenidos y la incorporación de docentes con base en el mérito académico, la competencia profesional y el compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los intereses nacionales.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.8

IV. PROGRAMA DE GOBIERNO Y SERVICIO EXTERIOR

Pregunta 15. ¿De qué manera su programa de gobierno en política exterior y el PND se articularán con el trabajo técnico del cuerpo diplomático y consular?

La gestión de todas las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior tendrá como fundamento las prioridades y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese orden, la gestión del cuerpo diplomático estará orientada por los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, construidos a partir de la articulación y la consolidación de los elementos técnicos aportados por las instituciones del Estado, el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, reflejando así el interés nacional. 

Adicionalmente, la adscripción de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) a la Cancillería, fortalecerá la agenda estratégica en esta materia; se dará prioridad al fortalecimiento de las capacidades de la Cancillería para la planeación estratégica y la respuesta rápida a las crisis, y se garantizará una interlocución más profunda, explícita y obligada de la Cancillería con las dependencias de gobierno encargadas de seguridad y defensa, inteligencia, desarrollo económico y comercio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8 y Visión general

Pregunta 16. ¿Qué lecciones toma del rol de la Cancillería en la pandemia de COVID-19 para preparar al servicio exterior ante futuras crisis globales?

Durante la crisis del COVID 19, el ministerio de Relaciones Exteriores comprobó su capacidad de responder de manera rápida y efectiva en dos aspectos fundamentales: la gestión política requerida para asegurar el acceso a vacunas y la operación logística requerida para la repatriación de colombianos que se encontraban en el exterior. Esta respuesta efectiva fue el resultado de un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República, coordinado por la Cancillería de manera estrecha con múltiples entidades, entre ellas, los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Salud y sus áreas técnicas; Transporte y Aerocivil; Comercio, Industria y Turismo, y ejecutado con rigor y precisión por parte de las embajadas y consulados acreditados alrededor del mundo.

En este orden, la lección principal que se puede derivar de esta experiencia es que se debe asegurar la capacidad institucional de la Cancillería para desplegar todas las herramientas de planeación, ejecución y seguimiento requeridas para dar respuesta a crisis y situaciones urgentes de diversa naturaleza. 

Pregunta 17. ¿Qué criterios utilizará para definir la apertura, mantenimiento, cierre o fortalecimiento de embajadas y consulados?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas, así como su pertinencia y sostenibilidad en función de intereses nacionales claramente definidos y ponderados. Los criterios serán: (1) prioridad estratégica del país de destino para los intereses comerciales, de seguridad y de cooperación de Colombia; (2) volumen y necesidades de la comunidad colombiana residente; (3) eficiencia y valor estratégico en términos de resultados concretos y medibles.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9

Pregunta 18. ¿Cómo asegurará una asignación presupuestal adecuada y sostenida al Ministerio de Relaciones Exteriores?

Se optimizará la dotación de recursos y capacidades de las misiones diplomáticas en función de intereses nacionales claramente definidos. La renovación tecnológica dentro de la entidad será una prioridad para modernizar procesos y reducir costos operativos, permitiendo reasignar recursos hacia la acción sustantiva del servicio exterior.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 107

Pregunta 19. ¿Qué papel desempeñarán la diplomacia cultural, científica, académica, deportiva y pública en su estrategia de proyección internacional?

La proyección educativa, cultural, científica y turística del país se recuperará como instrumento de poder blando, con el fin de consolidar el posicionamiento internacional de Colombia, profundizar relaciones estratégicas y apoyar el desarrollo económico y los vínculos transnacionales. Esto incluye: programas de intercambio, becas y cooperación STEM; fortalecimiento del bilingüismo; y el posicionamiento de Colombia como sede de las principales cumbres regionales e internacionales con visión de atracción de turismo, inversión y diplomacia corporativa y social.

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.2, 2.4.7

V. ATENCIÓN A COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Pregunta 20. ¿Ha contemplado acciones concretas para el fortalecimiento de los consulados y la atención a colombianos en el exterior?

Los servicios consulares serán ágiles y digitales, priorizando la atención al ciudadano, la protección de los colombianos en el exterior y el acompañamiento a las comunidades. La acción consular estará articulada con la promoción de inversión, comercio y turismo.

Se fortalecerá la implementación y uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de tiempo, recursos y éxito en los procesos consulares, trámites y comunicación con las embajadas y consulados. Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

Pregunta 21. ¿Qué políticas implementará para fortalecer los vínculos con la diáspora colombiana, promover su participación política y aporte económico, y proteger sus derechos?

Colombia tendrá una política migratoria que incentive la migración por competencias, preparación e interés de invertir en el país. Se ampliarán los programas de intercambio, becas y cooperación para alcanzar un alto nivel de bilingüismo y fortalecer la formación en matemáticas, ciencia y tecnología, impulsando la movilidad académica y cooperación STEM orientada hacia la empleabilidad.

Se impulsará una agenda de movilidad académica con el objetivo de que los colombianos en el exterior fortalezcan sus vínculos con el país y contribuyan a la transferencia de conocimiento y la atracción de inversión.

📌 Fuente: Plan RI, sección 2.4.2

Pregunta 22. ¿Cómo modernizará y digitalizará los servicios consulares?

La renovación tecnológica dentro de la Cancillería y sus misiones en el exterior será una prioridad, con el objetivo de modernizar procesos, facilitar trámites e impulsar la máxima transparencia frente a los ciudadanos nacionales y extranjeros. Se fortalecerá el uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización de procesos consulares y la comunicación con embajadas y consulados.

Para los colombianos en el exterior, se habilitarán trámites en línea en los consulados. Para los colombianos con títulos universitarios extranjeros, se promoverá la convalidación automática (111 Puntos, propuesta 108c).

📌 Fuente: Plan RI, secciones 2.4.8, 2.4.9 / 111 Puntos, propuesta 108c

*ASODIPLO agradece a los aspirantes por las respuestas enviadas. Un debate informado enriquece la deliberación democrática y permite que la ciudadanía valore las propuestas sobre política exterior de cada candidatura a la Presidencia de la República.

La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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* Publicado originalmente para Le Monde Diplomatique

Colombia vuelve a mirarse en el espejo de Gabriel García Márquez: un país donde la historia parece repetirse más que avanzar. En ese escenario, Gustavo Petro irrumpe como promesa de ruptura, pero su gobierno expone una tensión más profunda: la distancia entre la épica del cambio y la obstinada realidad del Estado.

Más allá de los nombres, este texto explora las fuerzas que realmente moldean el poder: herencias políticas que no desaparecen, instituciones que resisten y una gobernabilidad cada vez más frágil. En un país que no termina de resolverse, la pregunta no es solo quién viene después, sino si Colombia puede, por fin, dejar de repetir su propia historia.

Porque aquí no hay héroes claros ni finales escritos: hay herederos, tensiones, egos, cálculos y un Estado que a veces avanza… y a veces bosteza. Este artículo invita a entrar en ese laberinto . A medio camino entre Macondo y el Congreso—donde lo trágico y lo absurdo conviven, y donde entender el presente colombiano es, también, una forma de anticipar sus próximas sorpresas.

En las páginas de Gabriel García Márquez, los destinos no eran simplemente biografías: eran condenas envueltas en poesía. Sus personajes –melodramáticos, obsesivos, circulares– parecían atrapados en una lógica donde la historia no avanza, sino que se repite con variaciones de tragedia. El propio Gabo hablaba de “razas condenadas a cien años de soledad”, como si el tiempo en Colombia fuera una espiral y no una línea. En ese espejo, Gustavo Petroaparece también como una figura de destino: un líder que se narra a sí mismo como ruptura histórica, como punto de inflexión inevitable.

Pero la historia – y esto conviene recordarlo– no termina con Aureliano. Ni con Petro.

Después de Gabo, la literatura colombiana no se extinguió en el peso de su sombra. Al contrario: se fragmentó, se diversificó, encontró nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas obsesiones. Del mismo modo, después de Petro, Colombia no será una nota al pie de su biografía. Será otra cosa: incierta, conflictiva, pero abierta.

Hoy el país parece atrapado en una ecuación compleja, de múltiples variables y escasa solución evidente. Una ecuación donde los herederos pesan tanto como las ideas, y donde la historia familiar sigue siendo capital político.

Ahí está Paloma Valencia, heredera de una tradición política que no es solo ideológica sino genealógica. Nieta de Guillermo León Valencia, su figura condensa los ecos de un país donde las élites no desaparecen: mutan. Su discurso, firme y sin concesiones, se apoya en una memoria histórica que incluye episodios tan fundacionales como el bombardeo a Marquetalia, ese momento en que el Estado decidió responder a la insurgencia campesina con el lenguaje de la guerra total. La herencia, en Colombia, no es un dato biográfico: es una herramienta estratégica. Y Valencia parece entenderlo con precisión quirúrgica.

En la otra orilla, Iván Cepeda representa otro linaje, también marcado por la violencia. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, su trayectoria política está atravesada por la memoria del conflicto, pero también por una apuesta institucional que, hasta hace poco, parecía diluirse en el silencio. Su reciente decisión de entrar de lleno en el debate rompe una especie de mutismo prolongado de la voz más fuerte de la izquierda.

Sin embargo, ese regreso no disipa las dudas. Si algo ha quedado claro en la experiencia reciente es que un eventual gobierno de Cepeda –o de alguien en su línea– estaría marcado por una convicción férrea, casi inamovible. Virtud o defecto, según quien mire. No sería un gran negociador en un Congreso fragmentado y muchas veces hostil. Serían años de fricción constante: calles movilizadas como sustituto de mayorías legislativas, reformas empujadas más por presión que por consenso. Un escenario de tensión permanente, donde la gobernabilidad sería un ejercicio diario de resistencia.

En el centro, como siempre, un archipiélago difuso de candidaturas que intentan capitalizar el cansancio sin lograr articular una narrativa convincente. El centro colombiano, más que un proyecto, parece un síntoma: el deseo de escapar de los extremos sin saber muy bien hacia dónde.

Y todo esto ocurre sobre un terreno inestable. Colombia enfrenta un riesgo fiscal creciente, una estructura estatal atravesada por la mediocridad y la corrupción en múltiples niveles – Congreso, cortes, burocracias regionales– y una institucionalidad que, aunque funcional, dista mucho de ser eficiente. Paradójicamente, la economía muestra signos de mayor solidez relativa, como si el país real avanzara a un ritmo distinto del país político.

Pero la ecuación no es solo interna.

En el horizonte regional y global, los próximos años estarán condicionados por factores que escapan al control de Bogotá. La prolongación de la influencia de Donald Trump –directa o indirecta– redefine las relaciones hemisféricas, endurece agendas migratorias, reconfigura alianzas. América Latina, fragmentada y sin un eje claro, se mueve entre pragmatismo económico y volatilidad política. Las agendas globales –cambio climático, transición energética, tensiones geopolíticas– imponen desafíos cada vez más complejos a un país que aún lucha por resolver sus problemas más básicos.

Sin embargo, reducir el momento colombiano a una suma de nombres propios sería un error de diagnóstico. Lo que está en juego no es solo quién suceda a Petro, sino bajo qué condiciones estructurales ese sucesor – o sucesora– intentará gobernar.

Porque Colombia arrastra una paradoja persistente: es un país con vocación institucional, pero con una práctica profundamente informal del poder. Las reglas existen, pero su aplicación es selectiva; las instituciones funcionan, pero lo hacen muchas veces capturadas por intereses particulares. El Estado colombiano no es débil en el sentido clásico –no ha colapsado, no ha perdido el monopolio formal de la ley–, pero sí es desigual en su capacidad de acción. Es fuerte en algunos territorios, inexistente en otros; riguroso en ciertos ámbitos, laxo en muchos más.

Esta fragmentación se traduce en un problema central para cualquier gobierno futuro: la imposibilidad de ejecutar reformas profundas sin enfrentar resistencias múltiples y simultáneas. No se trata solo de oposición política, sino de redes clientelares, intereses económicos, inercias burocráticas y, en algunos casos, estructuras ilegales que se entrelazan con lo institucional.

En ese contexto, la promesa de cambio –sea desde la izquierda, la derecha o el centro– choca inevitablemente con los límites del aparato estatal. Petro lo ha experimentado en carne propia: una agenda ambiciosa que, al aterrizar en la realidad administrativa, encuentra cuellos de botella, demoras, reinterpretaciones, sabotajes silenciosos.

De ahí que el debate sobre el “después de Petro” no pueda limitarse a la continuidad o ruptura de sus políticas. La pregunta más incómoda es otra: ¿es gobernable Colombia bajo los parámetros actuales?

La respuesta, si se mira con frialdad, es ambigua.

Por un lado, existe una resiliencia notable. A pesar de crisis recurrentes –violencia, corrupción, desigualdad– el país no se ha desmoronado. Ha mantenido una cierta estabilidad macroeconómica, ha preservado elecciones competitivas, ha evitado rupturas institucionales abruptas. Pero esa misma resiliencia puede ser leída como estancamiento: una capacidad de absorber el conflicto sin resolverlo, de normalizar lo excepcional, de convertir la crisis en rutina.

Por otro lado, hay señales de fatiga. La confianza en las instituciones es baja, la polarización ha aumentado, y la idea misma de un proyecto nacional compartido parece cada vez más difusa. En ese vacío, los liderazgos tienden a personalizarse, a construir relatos épicos que sustituyen la falta de consensos estructurales.

Es aquí donde la figura de Petro –y la de sus posibles sucesores– se vuelve más compleja. No se trata solo de su programa, sino de su estilo de liderazgo. Un estilo que privilegia la confrontación, que entiende la política como un campo de disputa permanente, que apela a la movilización social como fuente de legitimidad.

Ese enfoque tiene ventajas evidentes: permite romper inercias, visibilizar conflictos, desafiar poderes establecidos. Pero también tiene costos: dificulta la construcción de acuerdos, agota a la opinión pública, y puede derivar en una gobernabilidad basada más en la presión que en la negociación.

Un eventual relevo desde la derecha, representado por figuras como Valencia, implicaría un giro en el tono, pero no necesariamente en la estructura del conflicto. La derecha colombiana, históricamente más disciplinada, enfrenta hoy su propia fragmentación interna. El legado del uribismosigue siendo un factor de cohesión, pero también de desgaste. Gobernar desde ahí implicaría no solo oponerse a Petro, sino redefinir un proyecto que vaya más allá de la reacción.

En el centro, la dificultad es distinta: construir identidad. Sin un relato claro, sin una base social movilizada, el centro corre el riesgo de convertirse en un actor de segunda línea, relevante en el discurso pero marginal en la práctica.

Hay un momento poco explorado –y sin embargo decisivo–en la trayectoria de Gustavo Petro: la construcción y posterior descomposición de su primer gabinete. Allí, más que en los discursos o en las plazas, se jugó una parte sustancial de su aspiración de convertirse en estadista y no solo en líder de ruptura.

El arranque fue, en apariencia, una señal de madurez política. La inclusión de figuras como Alejandro Gaviria , Ocampo y otros perfiles de corte liberal como Roy Barreras o técnico sugerían un intento deliberado de construir un gobierno de síntesis, capaz de tender puentes con sectores moderados y de enviar un mensaje de estabilidad a un país temeroso de los extremos. Era, si se quiere, el gesto clásico de quien entiende que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

Ese primer gabinete tenía algo de pacto tácito: la energía transformadora de Petro se equilibraría con la experiencia institucional de quienes conocían los ritmos del Estado. No era solo una coalición política, sino una alianza de temperamentos. De un lado, la voluntad de cambio acelerado; del otro, la conciencia de que el aparato público tiene inercias que no se desmontan por decreto.

Pero ese equilibrio duró poco.

Con el paso de los meses, la relación entre el Presidente y varios de sus ministros empezó a tensarse. No tanto por diferencias ideológicas de fondo, sino por algo más difícil de gestionar: la brecha entre expectativa y ejecución. Algunos de esos primeros ministros –en conversaciones privadas, casi siempre marcadas por la discreción– describían una atmósfera de creciente frustración. Hablaban, con una metáfora que no es casual en Colombia, de una suerte de desesperación a lo Aureliano: la sensación de estar librando batallas repetidas sin lograr alterar el curso de los acontecimientos.

Esa comparación con los personajes de Gabriel García Márquez no es simplemente literaria. Apunta a un rasgo más profundo del liderazgo de Petro: una relación intensa, casi visceral, con la idea de transformación histórica. El problema es que el Estado –ese entramado de normas, procedimientos, tiempos administrativos y resistencias internas– no responde a la lógica de la épica.

Ahí aparece, quizá, uno de los límites más claros de su gobierno. Petro llegó al poder con una larga trayectoria política, pero sin experiencia significativa dentro del aparato burocrático en condición de subordinado. No es un detalle menor. Quien ha sido burócrata –en el sentido más amplio del término– aprende que las decisiones no solo deben ser correctas, sino implementables. Que cada reforma atraviesa capas de validación, interpretación y, muchas veces, dilación. Que el Estado no es un instrumento dócil, sino una maquinaria compleja, a veces torpe, otras veces resistente.

Esa distancia entre el diseño y la ejecución genera una tensión constante. Desde la perspectiva del líder, los cambios parecen urgentes y moralmente inaplazables. Desde la lógica administrativa, son procesos que requieren tiempo, coordinación y, sobre todo, paciencia. Cuando esas dos temporalidades chocan, lo que emerge es frustración: la sensación de que el aparato estatal traiciona el mandato político.

El relevo progresivo de ministros puede leerse, en parte, como un intento de resolver esa tensión. Sustituir perfiles más técnicos o moderados por otros más alineados con la visión presidencial buscaba reducir el ruido interno y acelerar la toma de decisiones. Pero esa estrategia tiene un costo: debilita los contrapesos dentro del propio gobierno y reduce la diversidad de criterios, justo en un entorno que exige deliberación cuidadosa.

Al final, lo que queda es una lección incómoda para cualquier proyecto de cambio en Colombia. La política, a diferencia de la literatura, rara vez ofrece momentos de catarsis. Es, en gran medida, un ejercicio de gestión paciente, de avances incrementales, de negociaciones grises que no caben en relatos heroicos. El deseo –tan potente en la narrativa– se vuelve, en la práctica, rehén de procedimientos, de presupuestos, de firmas que tardan más de lo previsto.

Hay algo casi inevitablemente anticlimático en gobernar. Y tal vez ahí radica una parte del desencuentro: en la dificultad de traducir una visión épica en una realidad que, la mayoría del tiempo, es simplemente prosaica.

A todo esto se suma un elemento que suele subestimarse: el tiempo.

Colombia entra en una fase donde las decisiones ya no pueden postergarse indefinidamente. La transición energética, por ejemplo, no es solo un debate ambiental, sino fiscal. La dependencia de los ingresos petroleros plantea un dilema inmediato: cómo financiar el Estado en un escenario de descarbonización. Las respuestas posibles –reforma tributaria, diversificación productiva, endeudamiento– son políticamente costosas.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, el modelo pensional, la educación. Son reformas estructurales que requieren mayorías, tiempo y capital político. Tres recursos escasos en el contexto actual.

En paralelo, la dinámica regional introduce nuevas tensiones. La relación con Venezuela, siempre delicada, sigue siendo un factor de inestabilidad. La migración, la seguridad fronteriza, el comercio informal: temas que ningún gobierno puede ignorar.

Y en el plano global, la incertidumbre es la regla. La competencia entre potencias, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la crisis climática, las nuevas tecnologías: todo apunta a un entorno más volátil, donde los márgenes de maniobra para países como Colombia son muylimitados.

En medio de las tensiones y los extravíos, sería injusto negar que en el gobierno de Gustavo Petro han coexistido –y aún resisten– funcionarios de una convicción honesta, casi silenciosa, que contrasta con el ruido de la coyuntura. Algunos de ellos, curiosamente, han tenido una relación más directa con la tierra que con la retórica: técnicos, gestores, reformistas discretos que entienden que la deuda agraria de Colombia no es un eslogan sino una herida abierta. En esa línea, en esa posibilidad de una reforma rural seria, paciente, anclada en lo concreto, parecía insinuarse un camino más fértil, acaso el verdadero derrotero para un Aureliano menos atrapado en la épica y más comprometido con la siembra lenta de instituciones. Pero la vanidad –esa fuerza sutil que también habita a los personajes de Gabriel García Márquez–terminó por inclinar la balanza: la aspiración a una estatura global, la seducción de los grandes escenarios internacionales, la coreografía de discursos que buscan resonancia más allá de las fronteras. En esa danza, tan visible como efímera, algo de la brújula se extravió; y mientras el mundo escuchaba, el país –más terco, más concreto– seguía esperando respuestas menos grandilocuentes y más tangibles.

Para lo que sigue, la tentación de pensar en términos de “salvadores” resulta comprensible, pero engañosa. Ni Petroes el principio absoluto, ni quien le suceda será el final de la historia.

Quizás la lección más profunda –y más incómoda– es que Colombia no necesita otro Aureliano. No necesita otro personaje destinado a encarnar todas las contradicciones del país. Necesita, más bien, una política menos épica y más prosaica. Menos centrada en figuras y más en instituciones. Menos obsesionada con el destino y más comprometida con la gestión.

Eso, por supuesto, es más difícil de narrar. No hay novelas memorables sobre burocracias eficientes. No hay mitologías sobre consensos técnicos. Pero es ahí donde se juega, en última instancia, la posibilidad de un país distinto.

Después de Petro, Colombia seguirá siendo un país en disputa. Con avances y retrocesos, con momentos de lucidez y de extravío. Un país que, como en las novelas de Gabo, parece a veces condenado a repetirse, pero que –a diferencia de Macondo– tiene la posibilidad de aprender.

La historia no se acaba con el gran Aureliano.

Se complica. Se bifurca. Y, si hay algo de esperanza, es precisamente eso: que no está escrita de una vez y para siempre.

En el pabellón Colombia de la FILBo, donde casi todos los estands parecen competir por el brillo o por la velocidad de la atención, hay uno que eligió otra cosa: escuchar. No es una metáfora de catálogo editorial. Está escrito incluso en la entrada, como una declaración de intenciones y también como una advertencia moral: “El territorio habla, el centro escucha”. El lema del Centro Nacional de Memoria Histórica no aparece allí como un eslogan institucional sino como una suerte de respiración lenta en medio del ruido de la feria.

El estand no tiene puertas simbólicas. No obliga al visitante a entrar: lo recibe abierto, como si quisiera desmontar la vieja solemnidad estatal que tantas veces convirtió la memoria en un trámite o en un mausoleo. Uno puede atravesarlo casi sin darse cuenta, y quizás allí esté uno de sus mayores aciertos. En un país acostumbrado a que la violencia tenga oficinas, expedientes y sellos, el CNMH decidió construir un espacio sin bordes duros. Un lugar donde la conversación parece más importante que la exhibición.

Pase varios días en ese stand, algo que francamente nunca había hecho en una feria del libro. Era un ángulo curioso de esa fiesta cultural, completamente opuesto a los otros lugares donde suelo estar como moderador, entrevistador o invitado. Mientras el resto de Corferias se movía al ritmo de las filas, las cámaras, los lanzamientos y los autores de moda, allí el tiempo parecía funcionar distinto. La gente no pasaba únicamente a mirar: se quedaba.

Y eso llamaba profundamente la atención.

Personas de todo tipo preguntaban por la memoria de su propio país. Jóvenes universitarios, familias completas, adultos mayores, estudiantes de colegio, visitantes que parecían haber llegado por azar. La belleza del estand atraía precisamente por una lógica muy curiosa: en Colombia la memoria suele asociarse únicamente a lo difícil, a la guerra, a la tragedia, al expediente doloroso. Pero allí la memoria aparecía también ligada a las resistencias, a la maravilla obstinada de seguir construyendo sociedad después de tanto.

En la FILBo, donde las personas cargan bolsas llenas de novedades editoriales y buscan firmas de autores como quien colecciona pequeñas inmunidades contra la realidad, el estand del Centro opera de otra manera: no vende olvido rápido. Propone permanencia.

Lo primero que llama la atención son los colores. No hay negros dramáticos ni rojos de denuncia explícita. Tampoco el minimalismo frío que domina tantos espacios culturales contemporáneos. La diseñadora Susana Carrié eligió tonos tierra, colores orgánicos, texturas que recuerdan fibras, tintes naturales, barro húmedo, madera expuesta, telas campesinas. Hay algo deliberadamente antiurbano en la composición visual del espacio. Como si el estand quisiera traer adentro de Corferias una temperatura distinta del país.

Carrié lo explica con una precisión casi artesanal: la paleta se inspiró “en algunos colores de la tierra, de los textiles y tintes orgánicos y de la naturaleza en general”. Y eso se nota. No es una estética decorativa sino territorial. Colombia aparece allí menos como nación abstracta que como acumulación de geografías heridas.

En el centro del recorrido hay una línea de tiempo sobria, montada sobre tubos de cartón en crudo. Nada reluce demasiado. La memoria aquí no fue diseñada para el espectáculo. Quizá por eso conmueve más. Los materiales parecen querer desaparecer para dejar hablar las historias. En otro punto emergen unos rostros enfrentados, casi totémicos, donde la biodiversidad étnica y cultural del país adquiere forma visual. Son figuras que observan al visitante tanto como el visitante las observa a ellas. En una feria donde casi todo busca seducir, estas piezas parecen interrogar.

Y sin embargo, hay una ruptura deliberada en esa gama de tierras: un tapete naranja intenso que invade el ingreso y la zona de juego infantil. El color estalla como una llamarada. Carrié dice que fue pensado para atraer al público infantil, para señalar el espacio lúdico donde se desarrollan talleres y actividades. Pero el efecto es más profundo. El naranja funciona como una irrupción de futuro dentro de una narrativa marcada por el duelo. Allí los niños dibujan, juegan, construyen jardines simbólicos de memoria, participan en cartografías afectivas, exploran archivos como pequeños arqueólogos emocionales.

Hay algo profundamente político en esa escena.

Porque el CNMH entendió algo fundamental: la memoria que no logra conversar con la infancia termina convertida en archivo muerto.

Mientras camino por el estand, escucho fragmentos de conversaciones simultáneas. Una mujer explica a otra quién fue Kimy Pernía Domicó. Un estudiante hojea un informe sobre Córdoba. Una niña escribe algo en una flor de papel para el “Jardín de la memoria”. Más allá, alguien escucha un pódcast en la Sala Escucha, ese pequeño entorno inmersivo donde suenan las producciones radiales hechas directamente por comunidades de los territorios.

Hablé con muchas personas durante esos días. Algunos contaban historias de sus familias. Otros preguntaban por un dato concreto, por un nombre, por una fecha, por un informe específico. Muchos simplemente se sentaban a hojear libros durante largos ratos, como si buscaran algo difícil de nombrar. Las familias, especialmente, parecían conectarse con el espacio de una manera distinta. Había padres explicando a sus hijos episodios del país que quizás nunca habían sabido cómo contarles.

Y uno terminaba preguntándose si acaso Colombia quiere buscar su memoria, pero no en lenguajes institucionales. Quizá en lenguajes poéticos.

No en vano el libro más importante de nuestra sociedad se llama Cien años de soledad. ¿Qué otra cosa es esa novela sino una inmensa obsesión colectiva por la memoria, por lo que hemos sido, por lo que nos ha sucedido, por aquello que intentamos recordar antes de que el tiempo termine borrándolo?

La Sala Escucha probablemente sea uno de los lugares más silenciosamente radicales del estand.

En un país que lleva décadas produciendo discursos sobre las víctimas, el CNMH parece intentar algo más difícil: permitir que hablen sin traducción intermediaria. Las voces que salen de los audífonos no tienen la dicción homogénea de los estudios de radio bogotanos. Hay acentos atravesados por río, montaña, costa, selva. La escucha se vuelve un acto físico. Uno entiende rápidamente que la memoria sonora tiene una capacidad distinta para perforar defensas. La voz humana conserva algo que la escritura pierde: respiración, miedo, pausa, temblor.

Pamuk escribió alguna vez que los museos verdaderos no organizan objetos sino emociones del tiempo. Este espacio parece construido bajo esa intuición.

No organiza únicamente documentos del conflicto armado colombiano. Organiza maneras de aproximarse al dolor sin convertirlo en mercancía emocional.

Eso se percibe también en la programación. No hay aquí una obsesión por cubrirlo todo ni por representar todas las tragedias nacionales en formato de agenda cultural. La selección fue producto —según explican desde el Centro— de una concertación entre distintas direcciones misionales de la entidad. No se trata de una línea única de relato sino de múltiples entradas a la memoria reciente del país.

Por eso conviven talleres infantiles con conversatorios sobre desaparición forzada, lanzamientos editoriales con ejercicios de cartografía comunitaria, archivos orales con teatro, pedagogía con justicia restaurativa.

La memoria aparece entonces no como una pieza fija sino como un organismo vivo.

Algunas actividades resumen especialmente bien el espíritu del espacio. “La palabra que repara”, por ejemplo, reúne experiencias de justicia restaurativa impulsadas junto a la JEP. No se trata simplemente de hablar sobre víctimas y victimarios sino de explorar cómo la palabra puede convertirse en un territorio de reconstrucción. En otro conversatorio, dedicado a los diez años de la Cátedra de Paz, la pregunta central parece atravesar todo el proyecto del estand: ¿cómo enseñar el conflicto armado sin normalizarlo?

Hay también una insistencia notable en los archivos.

En tiempos donde la información circula a velocidades digitales y donde la verdad parece fragmentarse en versiones instantáneas, el CNMH insiste en el valor material de conservar. Talleres sobre archivos personales, documentos desclasificados, archivos orales, acervos comunitarios: todo apunta a la misma idea. Un país sin archivos termina condenado a depender de la versión del más fuerte.

Quizá por eso uno de los espacios más conmovedores de la programación sea el dedicado a “Archivos en resistencia”, donde se dialoga sobre desaparición forzada a partir del Colectivo 82 colombiano y el caso Ayotzinapa en México. Allí la memoria deja de ser únicamente conmemoración y se vuelve también investigación criminal, búsqueda obstinada, prueba contra el olvido.

Pero el estand no se instala únicamente en el pasado. Hay una voluntad permanente de discutir el presente colombiano. Conversatorios sobre violencia contra movimientos políticos, transformaciones del conflicto después de los acuerdos de paz, memoria ambiental, territorios y Paz Total muestran que el Centro intenta escapar de la tentación museográfica de congelar la violencia como si perteneciera únicamente a otra época.

En realidad, lo que el estand pone en escena es algo más incómodo: que el conflicto colombiano no ha terminado de convertirse en pasado.

Quizá por eso Córdoba ocupa un lugar especial dentro de la programación. El homenaje al departamento funciona casi como un eje narrativo subterráneo del estand. Informes sobre el Bloque Córdoba, discusiones sobre Santa Fe de Ralito, memorias ambientales, archivos territoriales: todo compone una especie de radiografía fragmentada de una región donde la violencia paramilitar dejó marcas profundas y todavía insuficientemente narradas.

Ahí está quizá la verdadera apuesta del espacio.

No se trata únicamente de recordar lo ocurrido. Se trata de preguntarse qué hacemos con eso mientras seguimos viviendo.

En algún momento de la tarde me detengo frente a uno de los micrófonos abiertos donde víctimas y funcionarios leen textos relacionados con memoria histórica y derechos humanos. La escena tiene algo frágil. En una feria dominada por la velocidad del consumo cultural, alguien decide leer en voz alta un fragmento sobre desaparición, desplazamiento o resistencia campesina. Y algunas personas se detienen. Otras siguen caminando. Algunas escuchan apenas unos segundos antes de irse.

Pero incluso esa fragilidad parece importante.

Porque el estand no intenta producir unanimidad emocional. No busca obligar al visitante a conmoverse. Más bien abre la posibilidad de una conversación pública donde la memoria no aparezca como imposición moral sino como experiencia compartida.

Tal vez por eso el diseño abierto resulta tan coherente con el concepto institucional. El territorio habla, el centro escucha. La frase adquiere sentido espacial. El visitante no atraviesa puertas ceremoniales ni corredores oscuros preparados para una experiencia inmersiva controlada. Aquí uno entra como entra a una plaza o a una conversación.

Y quizá esa sea la gran diferencia.

Muchos espacios sobre memoria en el mundo terminan convirtiendo el dolor en escenografía. Este estand parece intentar lo contrario: devolverle humanidad cotidiana.

Incluso en los detalles más pequeños aparece esa búsqueda. Los juegos colaborativos como Cosechas de memoria y verdad, las coplas campesinas, los jardines simbólicos, las conversaciones sobre naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Todo insiste en una memoria menos monumental y más comunitaria.

No una memoria vertical sino horizontal.

Mientras cae la tarde sobre Corferias y la feria empieza lentamente a vaciarse, el estand mantiene una especie de temperatura humana extraña. No parece agotarse con el paso de las horas. Quizá porque allí la gente no entra solamente a consumir contenidos culturales sino a reconocerse. O a intentar hacerlo.

Pienso entonces en algo que decía Pamuk sobre los museos pequeños: que su verdadera fuerza consiste en acercar las grandes historias nacionales a la escala íntima de las personas comunes. El espacio opera exactamente así. Toma la enorme maquinaria abstracta del conflicto armado colombiano y la devuelve a la dimensión concreta de las voces, los archivos familiares, los relatos locales, las fotografías, las canciones, los dibujos infantiles.

La memoria deja de ser una categoría jurídica o académica y recupera algo esencialmente humano: la necesidad de contar lo vivido antes de que desaparezca.

En Colombia, donde tantas veces el lenguaje oficial ha intentado domesticar el horror mediante cifras, el estand del CNMH propone otra velocidad narrativa. Más lenta. Más abierta. Más vulnerable también.

Y quizás allí resida su valor más profundo.

Porque escuchar de verdad siempre implica el riesgo de transformarse.