La programación incluye conferencias, conversaciones y encuentros con artistas e investigadores.

Hasta el 27 de septiembre el Museo de Artes Visuales exhibe “Senso/grafías” con artistas nacionales e internacionales.

Hay propuestas de Ximena Díaz, Célin Jiang, TomoKo Mukaiyama, Valentina Ruiz, Jason Castro, Ruth Martínez, Elina Zazulia, Juan Miceli y Xinlyu Wang.

Archivos, inteligencia artificial, diseño, cambio climático, medios digitales e investigación-creación son algunos temas explorados.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Por Justo Alí García Blandón y Carlos García Blandón

“Don Waltercito“, como le decíamos sus hermanos, dejó una honda huella familiar y profesional. Había nacido el 11 de julio de 1967 y murió, prematuramente, el 11 de septiembre de 2026, por un cáncer gástrico.

Desde muy temprana edad, Walter sabía lo que quería para su vida y la de sus hermanos. Creció en un hogar muy pobre en cuanto a lo material, pero inmensamente rico en amor y felicidad.

Una madre cabeza de hogar sin escolaridad y con necesidades económicas, doña Hilda Blandón, y tres hijos, Walter, Justo Alí y Carlos Hernán. Doña Hilda tuvo en su hijo mayor, Walter Enrique, un apoyo fundamental desde temprana edad. Nuestro primer hermano, William Fernando Hernández Blandón, estaba con los abuelos maternos.

Con solo dos años más que su hermano del medio y tres del menor, se convirtió en una figura paterna, protectora y un gran ejemplo a seguir.

Todavía recordamos que a los 4 años de Carlos y a los cinco de Justo, cuando Walter con 7 años ingresó primero a la escuela, nos transmitía lo que aprendía, letras, números y hasta rondas didácticas, con lo cual aprendimos a leer casi a la par con él.

Walter manifestó su frustración con la pobreza en los libros y el aprendizaje. Fue muy inteligente y comprometido a transmitir sus conocimientos y objetivos de la vida con sus hermanos.

El respeto que tuvo por su madre se lo infundió a sus hermanos menores. Llevaba una máscara de hombre serio y gruñón, pero la expresión más clara de ternura para todos los que se tomaban un minuto para conocerle.

Fue siempre un símbolo de admiración, orgullo y autoridad, un verdadero líder natural para sus hermanos, que seguimos sus directrices sin vacilación.

Walter Enrique García Blandón se graduó en 1985 del Instituto Técnico Nacional de Tumaco, como bachiller técnico y logró sobresalir como el mejor Icfes de su colegio con 308 puntos, siendo declarado el mejor bachiller.

Un orgullo de nuestra madre que veía reflejado con justicia el fruto de su sacrificio en la realización de su hijo.

Walter ganó un cupo en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, donde se graduó como ingeniero agrícola en 1991 y luego cursó una maestría en recursos hidráulicos.

Siguiendo su camino, Justo Alí se graduó de biólogo marino y Carlos Hernán de ingeniero mecánico.

Walter hizo una meritoria carrera profesional dedicándose fundamentalmente a la consultoría en el área marítimo fluvial, con su empresa WEG Ingeniería, con la que hizo parte de proyectos de consultoría en los puertos importantes en Colombia mediante estudios, diseños e interventorías.

Últimamente realizó la prefactibilidad del puerto de aguas profundas de Tumaco, Nariño, y en consorcio los estudios y diseños de la profundización en dos fases de 17 y 18 mts del puerto de Buenaventura, uno de los proyectos más necesarios hoy para nuestro país.

También estuvo al frente de una de las consultorías técnicas y batimétricas más complejas destinadas a formular soluciones definitivas para los problemas de sedimentación y navegabilidad en el canal de acceso sobre el río Magdalena.

E igualmente fue representante legal del Consorcio Navegabilidad para el desarrollo de los “Estudios y Diseños para la Infraestructura Fluvial en el departamento de Guainía”.

Walter Enrique deja una enorme huella en cada persona que se llamaba familia, amigo o protegido. Su alegría, compasión, respeto, integridad, amabilidad y dedicación fueron características reconocidas por todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Por el resto de nuestras vidas te vamos a extrañar, hermano del alma.

“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

HOY su VIAJE por la ciudad mas cercana a las ESTRELLAS… les TRAE este…

“ANATOMÍA DE UN CAPRICHO… by F.R.P

La disección, cicatriz de la arbitrariedad. Se examina el antojo de la voluntad, voluntad de aferrarse a un acto en donde el criterio de lo esencial, lo necesario, lo adecuado es reemplazado por lo posible.

Berretín de transgresión Prometéica, revierte el orden natural de las cosas, el fuego es el botín del ego y las cenizas las huellas del trayecto. Así se esboza la nueva exposición “Un día todo dejará de Ser”.

Los espacios culturales auto-gestionados, vanguardia de la nueva curaduría artística, audaz, vehemente; promocionan el arte sin el vértigo autoritario de un marco epistémico que delimita el deber-ser del objeto artístico. Que delimita el campo semántico en el trasegar interpretativo de la obra. Buscan, por el contrario, sin caer en la ruina lacrimosa posmoderna del todo-vale; la auténtica fruición del arte. También buscan la divulgación cultural con sentido crítico y el diálogo comunitario como estrategias de mercado.

Así opera la sala expositiva “Capricho”. En donde la antinomia es la norma curatorial y museográfica. Se replantea la asimetría entre el galerista, el artista y el visitante. Se prioritiza la construcción de comunidad y el fortalecimiento del tejido social. “Capricho” opta por reemplazar el texto curatorial de corte académico y de semántica poética, por un acto de lectura pública a manera de Marco Conceptual. Aquello que solía ser un panfleto conceptualista que validaba la disonancia cognitiva entre las palabras y el objeto artístico, se torna ahora en una lectura pública de solaz, pompa inaugural. Consecuentemente, se articula un relato literario cuya “composición de lugar”, involucra iconografía y motivos temáticos que apuntan directamente a las obras disponibles en las áreas expositivas. No obstante, el comentario metatextual al arte, no solo se da por el relato literario sino también por aquello que se concierta durante tertulia crítica pública.

Flyer invitación de lectura pública “Un día todo dejará de Ser”

La obra artística luce en la aula-magna, en sala V.I.P. y en espacio exterior para obras de carácter instalativo. Se omite la taxonomía descriptiva de las fichas técnicas. Se busca el diálogo ameno entre el Mediador Cultural y el visitante para compartir herramientas críticas en la apreciación del arte. Se acciona el juego persuasivo y estratégico que invita a la adquisición de la obra. Se ofrece una agenda expositiva ágil, variada, con registro audiovisual-documental, promoción de la trayectoria de artistas, trazabilidad y avalúo de obra, y archivo de memoria cultural.

Ahora bien, la transgresión caprichosa del canon de gestión expositiva tiene su precio. Toda antinomia presenta contradicciones. La disección crítica, en tanto cartografía anatómica, delinea horribles cicatrices: Casa “Capricho”, en tanto espacio físico expositivo, no fue sujeto a procesos adecuados de refuncionalización arquitectónica. Esto es, la adaptación de un espacio existente para asignarle un uso diferente al original. Se desarticula la función real del diseño con el espacio vacío interior que se habita y se recorre. Un garaje con pinturas colgadas presenta una lectura aberrante de decodificación semiótica. Lectura en donde el visitante puede no identificar el umbral del espacio expositivo. Esto reforzado por la ausencia de la rotulación del texto curatorial y de las fichas técnicas. Adicionalmente, la forma escultórica de algunas obras artísticas posmodernas, confunden la cualidad ontológica de “lo artístico” con el arrume de escombros, cosas viejas u obsoletas.

Flyer invitación exposición “Un día todo dejará de Ser”. Objetos artísticos y objetos prosaicos que se confunden”

Aun así, la presencia “aurática” de la cosa artística (en el sentido de W.Benjamin), aquello con lo que el visitante se topa; suscita el apetito sensible o el apetito intelectivo del observador. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Querrá saber de qué se trata la charada artística con la que se confronta? Así pues, la artista Erika Bolaños, Con su obra “Pesa ser Barbie”, presenta muñecas de metal que se van fragmentando y se colocan cada una suspendidas sobre un textil de medias veladas templadas. Las cuatro esquinas de las medias se sostienen por patas erigidas sobre escombros. ¿Escombros de la mirada heteropatriarcal, que solo deja cuerpos erosionados, “modelados” estéticamente para solaz entretenimiento? “Moldeada” para ser replicada en una sociedad de consumo. Tal como la técnica artística de vaciado en bronce en donde se replica un modelado con un molde de cera. Sin embargo, la muñeca, no de plástico sino de pesado metal, se va fragmentando en pedazos. Va perdiendo peso y tensión sobre el textil de nylon. El objeto se vuelve lívido, el fragmento femenino deja de ser objeto-libido y se torna en escombro de la dignidad de una persona que se consumió. Dialogando con Bolaños menciona, en relación con los juegos de rol, “Jugar con la muñeca pesa, hace daño”.

¡Políticas de Identidad en el arte y la apropiación de iconos culturales como dispositivo retórico ad-nauseam! Pensaría lo mismo de la Barbie Richard Avedon, Irving Penn y Cecil Beaton quienes tipificaron con sus fotografías el canon de la supermodelo como icono fashion? ¿Sospecharía Ruth Handler y la editorial Whitman que sus paper-dolls serían los peleles, la falacia “straw-man” de lo marxista? ¿Expresaría lo mismo la bella obra de Erika Bolaños si se reemplazara la muñeca Barbie por una Monster High doll, una Bratz toy, una K-pop Demon Hunter o por una muñeca Karol-G? ¿Qué sucede si esa misma obra se hace con “+57” muñecas de plomo, menores de edad, suspendidas boca abajo en medias veladas?

Mosaico con Detalles de Obra Barbie “Pesa ser Barbie” de Erika Bolaños.

La selección de las obras por parte de la Curaduría funciona con gran coherencia. Adyacente a la pieza trinitaria de las Barbies se aprecian pinturas de tono similar. Un ícono del Espíritu Santo y un dibujo de un Ángel de la Anunciación por el artista Antonio Imedio. La primera pintura muestra una paloma, no emanando luz radial al estilo del vitral de alabastro de Gian Lorenzo Bernini, sino emanando viseras diseccionadas de su cuerpo. Sugiere un escrutinio escéptico, de inmanentismo cientificista, un escrutinio a un dogma del católicismo. Dogma figurado y ridiculizado como una carcasa, escombro mito-poético de una era pre-moderna. Paradójicamente, el acierto iconográfico dado por la analogía visual entre la mandorla y las vísceras, denota una incongruencia iconológica y teológica. Ya el jesuita Louis Richeome y el mercedario fray Juan Interián de Ayala escribieron tratados iconográficos, tridentinos, en la contrarreforma, apuntalando los temas. Lo visceral no se relaciona con el Espíritu Santo sino con la naturaleza humana de Jesús; la unión hipostática, los dogmas de la encarnación y la Theothokos. Ello sin mencionar devociones al Sagrado Corazón de Jesús (Alacoque). Ahora bien, el Espíritu Santo, representado como paloma, podría ser una analogía del evangelista para describir una Teofanía. Descripción de destellos de luz fractal, lúmenes (lm), candelas (cd), luxes (lx), emanados como golpes de flash, por las alas en descenso de una paloma. Especulación fenomenológica de lo vivido. Podría develarse el misterio con otras vertientes epistemológicas, exotéricas, reveladas; podría invocarse a la Tercera Persona en oración, mediante una Lectio Divina (Juan 1:32) o una Secuencia de Pentecostés.

En relación con el dibujo del ángel, recuerda el motivo iconográfico de la Anunciación, pero con la trompeta del apocalipsis. Lo interesante en el dibujo es la presencia simbólica de un alguien, ausente, que deja sus botas estrambóticas. Botas tipo 60´s Chic, al estilo go-go de André Courrèges. Podría especularse de manera divertida la identidad de su dueño con vericuetos argumentales al estilo de Heidegger, Shapiro y Derrida. Argumentos divertidos como en su famosa disputa en relación con las botas de Van Gogh. En el presente contexto, para no reiterar la idea de la desacralización dolosa, podría proponerse con sencillez que las botas le pertenecen a Lesley Lawson cuando era “virgen”. Cabe mencionar que en el dibujo se representa una cortina roja carmesí que hace juego con un gran terciopelo rojo en la sala expositiva.

“Una carta de amor” y “Tacones y un Ángel” por Antonio Imedio

¡La gran sala V.I.P.! El museógrafo de “Capricho”, opta por el uso del terciopelo rojo para indicar con sentido del humor y estética kitsch, la jerarquía e importancia de las obras que se presentan en su interior. El espacio expositivo es cubierto por un telón de Red-Velvet denotando espectacularidad dramática. Un asfixiante campo cromático carmesí y spot-lights envuelven una pintura y unas fotos. Se altera la percepción y la connotación de las obras.

Se observa la obra de María Prieto “Saying goodbye to boats”: Fotos organizadas en una retícula. ¡Que emoción arte secuencial! No. No se tratan de imágenes en paneles narrativos relacionando eventos por causalidad. No es un storyboard ni un cómic. ¿Podría la yuxtaposición de bloques cromáticos e imágenes crear una nueva imagen gigante al estilo de los foto-collages de David Hockney? No. ¿Entonces? Al analizar cada una de las fotos se destaca una composición similar. Encuadre para Plano Medio Corto. Mujer de espaldas, vestida de oscuro, brazo levantado y pintura naïf. Escena pictórica azul, de velero navegando al horizonte. Océano y mar. En la foto, el cuadro es superpuesto a 6 locaciones diferentes cuya textura contrasta con el azúl del bastidor. Predomina una paleta cromática de triada. Las 6 fotos se repiten y van cubriendo la pared como cartelismo urbano. Pone a viajar no el barco sino al bastidor por locaciones populares. En una de las fotos, se superpone el velero y el mar azul, sobre otra bahía de otra pintura marina. Ello, y la negra silueta hierática femenina, recuerda pinturas surrealistas de René Magritte. Pinturas en donde posa con su barquito azul y la representación obstinada de su presencia, de su autorretrato de gorrito, pero ocultando el rostro. ¿Será que la postura de la mujer y el gesto postizo del brazo son hieráticos? No. ¿Es unívoco el gesto de despedida del brazo? Podría ser el saludo al Fürer. Podría ser la bienvenida plebeya al Acorazado Potemkin (obvio que no). La pose forzada del brazo parece de publicidad de depilación de axila. ¡Tampoco! !Ya sé! ¿El Red Velvet hará parte de la obra? ¿Se expresaría que la artista hace “viajar” su obra por burdos espacios expositivos y hace de su acción un espectáculo teatral? No lo sé. Se agotó el análisis y queda sorna más no respuesta. Quizá se trate solo de “Arte Contemporáneo” cuya virtud es la ironía del “No Ser” y la polisemia.

Antes de salir de la sala V.I.P se encuentra una pintura abstracta, azul grisácea, con rayones gestuales horizontales que abarcan todo el lienzo. La obra se titula “Sohbet. Encuentros en la orilla del rio” de Juan Marín. Se destaca hermosa textura lograda con “técnicas pictóricas de materia y de carga” (¿parafina, yeso, creta y pigmento?). Se identifican como punto focal, dos girasoles secos, sepultados en embadurne viscoso de barniz oscuro. La muerte. El Red Velvet invade y cubre un segmento del área compositiva del lienzo. Altera y contrasta la percepción del cuadro por el principio de “contraste simultáneo”. Afecta el campo cromático. La falta de fichas técnicas confunde; ¿Será que la pintura del girasol, el Terciopelo Rojo y las fotos del barquito Naïf hacen parte de la misma obra instalativa? No. Son de diferentes autores. Paradójicamente, sigue funcionando de manera coherente la idea curatorial que expresa la idea de aquello efímero que ya no será jamás.

Obra fotos despedida

Toda transgresión tiene un precio. “Capricho”, como su nombre lo dice, desborda los cánones convencionales necesarios para que el montaje expositivo transmita con legibilidad la información y la percepción de la obra de los artistas. No obstante, la construcción del sentido que se le da al conjunto de las obras es muy bueno. Ello sin desdibujar los contrapuntos polisémicos dados por la lectura individual de cada obra de arte expuesta y su problematización en tertulia pública.

El Equipo Vibrante de Galería Capricho son: La Directora Ejecutiva Sofía Stocker Tobler, el Curador David Muñoz Velásquez, y el Director Artístico Ángel Farías Huertas. Con gran solemnidad le invitan a la exposición: “Un día todo dejará de Ser”, en donde la libación, el tributo y el sacrifico se articulan mediante la apreciación de la obra de arte y la celebración religiosa de su presencia. Agosto 15 al 23 en “Capricho”. Cra. 51a # 5 – 63. Chapinero, Bogotá.”

Y como todo lo bueno llega al FINAL de este relato SALVAJE aquí va un aperitivo del PERFORMANCE en el CAPRICHO… by SOFIA STOCKER TOBLER & FRIENDS…porque hay cosas que NO TIENEN PRECIO… Para TODO lo demás existe MASTERCARD, VISA, AMEX, DINNERS o NEQUI o DAVIPLATA , para poder comprar alguna de estás OBRAS…

Si te gustó esta  EXPERIENCIA ARTÍCULO, y quieres AYUDARNOS haz que tu HISTORIA de DOLOR DESAPAREZCA..: AQUÍ

Y no se olvide de seguirnos en el…

CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Una parte de los pilos de Semilleros de Becarios U de la Fundación Color de Colombia que se conectarán al Meet conocieron el campus de la UTB en grado 10, en 2025.

El coordinador de Promoción de UTB, Gilberto José González Fernández, será el encargado de presentar la oferta de pregrados, las becas, descuentos y financiación, los apoyos socio-económicos y el paso a paso de inscripción.

Los interesados en la charla pueden inscribirse aquí.

La UTB cuenta con Acreditación Institucional de Alta Calidad.

Ofrece 23 pregrados en tres escuelas.

De Ingeniería , Arquitectura & Diseño

De Transformación Digital

De Negocios, Leyes y Sociedad

Es una institución con origen y vocación empresarial.

Una universidad para ser gran profesional

La misión de la UTB es “transformar vidas mediante un proyecto educativo innovador que forma profesionales líderes, íntegros y autónomos con las competencias para el éxito profesional y la transformación de la sociedad en un contexto global”.

Pregrados la Escuela de Ingeniería, Arquitectura & Diseño

• Arquitectura
• Diseño
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Química
• Ingeniería Naval
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Biomédica

Pregrados de la Escuela de Transformación Digital

• Ciencia de Datos
• Comunicación Social
• Ingeniería de Sistemas y Computación
• Marketing y Transformación Digital

Pregrados de Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad

• Administración de Empresas
• Ciencia Política y Relaciones Internacionales
• Contaduría Pública
• Derecho
• Economía
• Finanzas y Negocios Internacionales
• Psicología

Le puede interesar: Pilos de Sucre, Cesar, Bolívar y Magdalena en Olimpiadas Matemáticas de @UTBoficial

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

Leer más | Lideresas indígenas ante la CIDH: «El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada»

La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

Leer más | Perú: Fujimori se refirió a la minería ilegal, El Niño y el cambio climático en discurso de asunción

El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Pilos del Semillero de Becarios U del Cesar 2023-2026, de la Fundación Color de Colombia, conocieron en grados 9 y 10 los campus de esas tres universidades.

Mariana Hernández, jefe comercial, y Andrés Orozco, profesional de mercadeo del Áreandina Valledupar presentarán la oferta de pregrados, los descuentos de matrícula y el Fondo Estrella de financiación de largo plazo.

La sede Valledupar de la Fundación Universitaria del Área Andina, que cuenta desde 2021 con Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus y también con la Certificación Internacional QS Stars, ofrece 17 pregrados presenciales:

• En la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte

Medicina, Enfermería, Terapia Respiratoria, Entrenamiento Deportivo.

• Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas

Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Civil.

• Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras: Administración de Empresas, Tecnología en Gestión de Mercadeo y Publicidad.
• Facultad de Diseño y Bellas Artes: Comunicación Social, Arquitectura, Diseño Gráfico.
• Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Psicología.
• Facultad de Educación: Licenciatura en Educación Infantil.
• En la Facultad de Derecho:

“El Áreandina es una excelente opción universitaria por su relación calidad-precio,

que dadas las condiciones de financiación no dudamos en recomendar a bachilleres con miras altas de cualquier municipio”.

Fundación Color de Colombia.

Semillero de Becarios U

Un proceso extracurricular para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas).

El gobierno de Rodrigo Paz diseña un nuevo marco legal minero, para lo cual inició la Cumbre Nacional Minera, que comenzó con tropiezos y que se espera termine en octubre con la redacción de una nueva ley o Código Minero que rija la actividad. Representantes de los pueblos indígenas, quienes sostienen ser los más afectados por la contaminación de ríos por minería de oro, ni defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo. Miembros de la Cámara de Diputados advierten que no recibirán ni aprobarán el nuevo Código Minero si no hay socialización con organizaciones indígenas, ambientales y políticas.

Esta cumbre inició su trabajo en diciembre de 2025, pero el 22 de julio se inauguró formalmente. Las autoridades debieron postergar su inauguración debido a que no habían llegado a consensos con sectores mineros como los cooperativistas. El evento debía durar una semana, pero se decidió avanzar en mesas de trabajo. En ninguna de ellas participan los pueblos indígenas ni los defensores ambientales.

Leer más | Día de los Pueblos Indígenas 2026: la partería indígena como defensa de la vida y la naturaleza

Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que las organizaciones indígenas no fueron convocadas para participar y cuestionó que el gobierno de Paz solo identifique como actores en esta temática a la minería estatal, cooperativas mineras, empresas mineras e instituciones del Estado.

“El eje ambiental es solamente un discurso del Gobierno, ya que buscan dialogar un nuevo código minero solamente con actores mineros y no con actores que puedan aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública de la cual es responsable la minería aurífera”, reclamó Alipaz.

La lideresa indígena sostuvo que “el problema de la minería no solo es que utiliza tóxicos como el mercurio o cianuro, que nos envenenan tanto a humanos como a la flora, la fauna y nuestros alimentos, es también una problemática social, familiar, de mujeres, niños, niñas y de violación de nuestro derecho al territorio de nuestras naciones, pueblos y comunidades indígenas”.

Mongabay Latam pidió una solicitud de entrevista al ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, pero en esa entidad no atendieron el pedido. Cuando se inauguró el evento el funcionario anunció que en la cumbre se iban a abordar seis mesas de trabajo con distintos ejes temáticos: seguridad jurídica; institucionalización; comercialización; lucha contra la minería ilegal; ambiente y minería responsable; y contratos mineros.

Sobre el eje ambiental, el ministro Calderón afirmó que esa mesa aborda alternativas para promover una “minería más sostenible”, incluyendo el análisis de tecnologías que permitan sustituir progresivamente el uso del mercurio.

“Estamos evaluando alternativas para reemplazar el uso del mercurio por tecnologías más limpias, aprovechando además la cooperación internacional y las experiencias que ya vienen desarrollándose para avanzar hacia una minería más responsable con el ambiente”, señaló entonces Calderón.

El sector cooperativa abandonó la cumbre minera la semana pasada debido a que el ministerio de Minería y Metalurgia incluyó al debate a dos sectores mineros que no son reconocidos por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) debido a disputas internas entre organizaciones.

Sobre la inclusión de pueblos indígenas, Josué Caricari, presidente de Fencomin, afirmó a Mongabay Latam que su sector no tiene ningún inconveniente en que las organizaciones indígenas participen de esta cumbre. Además, el dirigente minero afirmó que tienen propuestas para evitar el uso de mercurio en la minería aurífera, pero que requieren apoyo del Estado.

“La minería es diversa en Bolivia, no es un solo sector y no se trabaja un solo mineral. Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y nosotros no estamos en contra de sus reclamos. Tenemos propuestas para no usar el mercurio, cambiar a una tecnología moderna, pero eso requiere atención del Estado”, destacó Caricari.

El dirigente minero no cerró las puertas a la cumbre y afirmó que pueden regresar al debate si es que el Gobierno reestructura el mecanismo de participación del evento.

El reclamo indígena

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Guido Alfaro, consideró que el plan del Gobierno es intensificar la minería en Bolivia relegando a actores afectados, como las organizaciones indígenas.

Leer más | El limbo legal de los delfines mantenidos en cautiverio en México

“A nosotros no nos llegó ninguna invitación para ser parte de este evento a pesar de que somos los más afectados por la minería. Quisiera invitar a las autoridades, al presidente [Paz], que vengan a ver cómo las cooperativas están destruyendo nuestros ríos, cómo están contaminando nuestras aguas. Ojalá puedan venir y luego con ese conocimiento hacer su ley minera”, afirmó Alfaro a Mongabay Latam.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la cumbre participan sectores de “cooperativas mineras, minería privada, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales, exautoridades y especialistas” en mesas técnicas, donde analizan los principales desafíos del sector y plantean iniciativas que contribuirán a la elaboración de una nueva normativa minera.

Uno de los ejes de mayor interés está dedicado al fortalecimiento de las acciones contra la minería ilegal. En esa mesa se analizan propuestas orientadas a mejorar el marco institucional y jurídico para enfrentar ese problema. “Entre ellas [las propuestas] se analiza la creación de una sala minera especializada dentro de la Justicia ordinaria, que permita atender con mayor eficiencia los casos vinculados a esta actividad ilícita”, explicó Calderón.

Alex Villca, miembro de Contiocap y también de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía (CODA), afirmó a Mongabay Latam que antes de priorizar el Código Minero se debe abordar el tratamiento de una Ley de Protección de las Cuencas Hídricas, “que en este momento es más importante y urgente que la intensificación de una minería que saquea, que destruye nuestro patrimonio natural y cultural, con miserable renta para el país, tal como lo venimos exigiendo reiteradamente”.

El dirigente indígena y defensor ambiental rechazó que tanto el Gobierno como el sector minero “tengan poder de decisión sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas para otorgar contratos, sin cumplir con la consulta previa como manda la Constitución”.

Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo y experto en temas mineros, afirmó a Mongabay Latam que la cumbre minera “no tiene objetivos claros” y que “no tiene definida la visión de lo que se quiere”. Además, el experto criticó que el Gobierno no haya invitado a las nueve gobernaciones de Bolivia (gobiernos departamentales), municipios ni comunidades indígenas, que resultan afectadas por la actividad minera.

“A todo eso se suma que el sector cooperativista participa con una fuerte presión al Gobierno nacional. En todo eso, no hubo invitación a sectores clave. Ahí va a haber un vacío muy grande, al igual que la Ley Minera actual, se ha hecho entre mineros y por eso hay tantos líos de avasallamientos, de no consulta previa, no respeto a las comunidades, destrucción de grupos étnicos; todo eso está permitido por la actual ley”, dijo Córdova.

Las cooperativas mineras en Bolivia son asociaciones de socios-trabajadores que explotan yacimientos estatales o privados. Agrupan a la mayor cantidad de mano de obra del sector y generan más del 58 % de la producción nacional de minerales, sobre todo oro y metales tradicionales, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Su aporte fiscal directo al país es mínimo en comparación con otros regímenes productivos.

Además, las cooperativas son cuestionadas porque muchas de ellas no respetan la normativa ambiental y por tener peso político dentro de los gobiernos de turno, como fue el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, esa incidencia en las políticas públicas se repite con Rodrigo Paz, con quien firmaron un polémico acuerdo que autoriza el ingreso de la minería cooperativa a áreas protegidas.

Entre rechazo y críticas

Margarita Aquino, representante de la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), afirmó que la minería no es un asunto exclusivo del Gobierno y de los operadores mineros, como las cooperativas, ya que esa actividad -dijo-, se desarrolla en territorios indígenas y, en muchos casos, dentro de áreas protegidas.

Leer más | Bolivia: Paz elimina el Ministerio de Planificación de Desarrollo y Medio Ambiente

La defensora ambiental pidió a diferentes organizaciones, como la Defensoría del Pueblo, ejercer mayor control sobre las políticas públicas relacionadas con la actividad minera y reiteró su rechazo a que las decisiones sobre los recursos naturales se adopten sin la participación de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente.

Mientras, en el campo político existen posiciones encontradas respecto a la nueva normativa minera. La diputada Patricia Patiño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a Mongabay Latam que la comisión que preside rechazará los resultados de la cumbre minera porque en el evento no fueron tomados en cuenta sectores afectados, como los pueblos indígenas.

“Por supuesto que no vamos a aceptar las conclusiones de la cumbre [minera] porque no hemos sido parte de esa instancia. Se están tratando temas de recursos naturales y  ambiente sin que se haya convocado a los pueblos indígenas”, afirmó la legisladora en contacto con Mongabay Latam. 

Patiño, que es presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, adelantó que pedirá al Gobierno convoque a pueblos indígenas para que puedan observar el proceso de armado del marco legal minero.

Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, garantizó que en la nueva normativa minera se incluirá la protección ambiental y la participación de pueblos indígenas. “Sabemos que una Ley Minera sin la variable ambiental no es posible. Entiendo que este es un proceso que está iniciando el Ministerio de Minería para llevar adelante esta reforma a su norma y estoy absolutamente seguro de que la variable ambiental es y será parte importante de esta nueva estructura jurídica”, dijo la autoridad a medios locales.

Ávila aseguró que la actividad minera no solo afecta a comunidades indígenas, aunque admitió que existen impactos en toda la población. “Yo no creo que solo los pueblos indígenas son los afectados, afecta a todas las comunidades del país”, dijo el viceministro.

*Imagen principal: el gobierno de Rodrigo Paz inició la cumbre la minera sin la presencia de pueblos indígenas, quienes reclaman por ser los principales afectados por el uso del mercurio en la minería de oro en la Amazonía. Foto: cortesía ABI

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Las embajadas forman parte de ese mapa en movimiento. Vistas desde lejos, pueden parecer simples oficinas administrativas en otras capitales. Sin embargo, estas constituyen los puntos desde los cuales un Estado representa sus intereses, interpreta el entorno, construye confianza, negocia, anticipa riesgos y abre oportunidades. Por ello, decidir dónde debe estar Colombia no es una tarea burocrática menor, sino uno de los ejercicios más complejos de planeación estratégica.

Es por ello que el reciente anuncio del gobierno electo sobre el cierre de catorce embajadas, acompañado de la revisión de consulados y otras representaciones, ha abierto una discusión necesaria. Después de varios años en los que la política exterior colombiana estuvo excesivamente condicionada por afinidades ideológicas y decisiones de dudoso respaldo técnico, resulta legítimo examinar la estructura heredada, corregir desequilibrios, eliminar duplicidades y preguntarse si cada misión responde verdaderamente a las prioridades nacionales.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene, en este sentido, una oportunidad significativa. No solo puede reorganizar la presencia internacional de Colombia, sino también sentar las bases de una política exterior más coherente, profesional y orientada al largo plazo. La revisión anunciada puede convertirse en el punto de partida de una transformación institucional importante, siempre que el nuevo mapa se trace con una brújula suficientemente bien calibrada.

Porque el debate de fondo no consiste en determinar si Colombia debe tener muchas o pocas embajadas. Tampoco debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden cada apertura realizada por el gobierno anterior y quienes consideran necesario desmontarlas. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué red diplomática necesita el país para defender sus intereses en las próximas décadas?

Abrir, cerrar, fusionar o transformar una embajada son decisiones igualmente válidas cuando obedecen a una estrategia nacional. Ninguna representación debería mantenerse únicamente por costumbre, ni debería desaparecer por el solo hecho de haber sido creada por una administración distinta. Las embajadas son herramientas del Estado, no trofeos políticos ni símbolos ideológicos.

Precisamente por eso, la reorganización anunciada debería superar la lógica de una simple corrección administrativa. No se trata únicamente de identificar cuánto cuesta una sede, cuántos funcionarios trabajan allí o cuántas reuniones se realizan al año. Esos datos son importantes, pero resultan insuficientes para comprender el valor real de una representación diplomática.

El primer criterio de la revisión debería ser geopolítico. Colombia necesita identificar con claridad los países y regiones decisivos para su seguridad, su estabilidad democrática, su inserción económica y su influencia internacional. Nuestra ubicación convierte a América Latina, el Caribe y Estados Unidos en espacios naturalmente prioritarios; la geografía impone realidades que ningún gobierno debería ignorar.

Sin embargo, la geografía inmediata no puede ser el único horizonte de nuestra acción exterior. El desplazamiento progresivo del poder económico hacia Asia, la creciente relevancia de África, la importancia estratégica del Golfo Pérsico, la transformación energética y la competencia global por tecnología, minerales y cadenas de suministro obligan a mirar más allá de nuestras relaciones tradicionales.

La política exterior, además, debe anticipar el mundo que viene. Una embajada en un país con un intercambio comercial reducido puede ser una apuesta acertada si ese territorio se proyecta como un centro económico de importancia regional. Del mismo modo, una misión históricamente estratégica puede requerir una estructura más pequeña si las condiciones que justificaron su apertura han cambiado.

La permanencia no constituye un argumento suficiente, pero ni siquiera la austeridad puede sustituir la lectura geopolítica. En diplomacia, reducir costos sin comprender el entorno puede terminar generando pérdidas mayores que el ahorro inicial.

A esta dimensión debe sumarse un criterio económico. Las representaciones diplomáticas deben contribuir a abrir mercados, atraer inversión, promover el turismo y acompañar la internacionalización de las empresas colombianas. Esto no significa reducir la diplomacia a un simple instrumento comercial, sino comprender que, en el mundo contemporáneo, es una herramienta para el desarrollo.

Para ello, los objetivos de cada misión deberían articularse con el Ministerio de Comercio, ProColombia, gremios, universidades y gobiernos territoriales. Una embajada puede ser clave para la agroindustria; otra para la transferencia tecnológica, la cooperación científica o la transición energética. Lo fundamental es que cada representación tenga un propósito claro y la capacidad institucional para cumplirlo.

Asimismo, la revisión de embajadas no puede confundirse con el análisis de la red consular. Mientras las embajadas representan políticamente al Estado, los consulados se concentran en la atención directa a los ciudadanos, respondiendo a los flujos migratorios y a los riesgos territoriales. Hay países con los que Colombia necesita interlocución política de alto nivel pese a tener una comunidad pequeña; en otros, requerirá una estructura consular robusta sin necesidad de embajada. Diferenciar estas funciones permite asignar mejor los recursos.

Junto con estas variables tangibles existen intangibles invaluables: la diplomacia produce confianza, acceso y capacidad de anticipación. Un canal político construido discretamente durante años puede ser determinante en medio de una crisis. Una alerta recibida a tiempo puede permitirle al Estado anticipar una decisión desfavorable.

Por eso, evaluar una embajada no puede reducirse a contar eventos o acuerdos firmados. En política exterior, algunos de los resultados más importantes consisten precisamente en evitar una crisis o impedir que una oportunidad desaparezca. Una misión puede parecer poco productiva y, en cuestión de días, convertirse en una infraestructura crítica para los intereses de Colombia.

De ahí que la auditoría anunciada deba ser la ocasión para construir una política exterior de largo aliento. Un documento que identifique los intereses permanentes de Colombia, establezca prioridades regionales y defina los criterios con los que el país decide abrir, fortalecer o cerrar una representación.

Si algo queda claro, es que Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo cada cuatro años. Cada presidente tiene derecho a imprimirle prioridades a la acción internacional, pero esa conducción debe inscribirse en una visión de Estado que preserve la continuidad institucional frente a los ánimos cambiantes de la política doméstica. A partir de esa hoja de ruta, cada embajada debería contar con un mandato específico y evaluaciones periódicas diferenciadas. Algunas tendrían que fortalecerse; otras podrían asumir funciones regionales, y aquellas que ya no respondieran a un interés nacional identificable podrían cerrarse de manera ordenada.

En este empeño, el país no parte de cero. En el Ministerio de Relaciones Exteriores permanece una carrera diplomática con conocimientos técnicos, experiencia y memoria institucional. Aprovechar ese capital no limita la capacidad del gobierno; por el contrario, proporciona las herramientas necesarias para convertir sus orientaciones políticas en decisiones sostenibles.

Colombia podría avanzar, entonces, hacia una red más flexible: misiones integrales en países estratégicos; representaciones regionales; oficinas especializadas; y estructuras austeras donde sea necesario conservar presencia y observación. La eficiencia no es sinónimo de recorte. En algunos frentes habrá que reducir costos y revisar las estructuras. En otros, seguramente será necesario invertir más. La planeación consiste en distinguir unos casos de otros y asignar recursos con prioridades claras.

En este orden de ideas, el anuncio del rediseño diplomático puede convertirse en una oportunidad para ordenar la casa, corregir los excesos del pasado y construir una política exterior más profesional y previsora. Porque mover los puntos en el mapa es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es saber hacia dónde quiere dirigirse Colombia y qué instrumentos necesita para llegar allí. Y para eso no basta con tener un mapa. Se necesita, ante todo, una brújula construida con planeación, conocimiento y sentido de Estado.

La arquitectura del viceministerio contempla tres pilares sectoriales (Dirección de Servicios Consulares, Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional, y Dirección Colombia Nos Une) y tres grupos internos de trabajo que dependen directamente del despacho de la viceministra (Política e Innovación Migratoria, Análisis Estadístico y Seguimiento a la Movilidad Humana, y Apoyo Jurídico Especializado).

El nuevo viceministerio está a cargo de proponer  esquemas de gobernanza y gestión de migraciones, así como de formular e implementar una política integral e innovadora, basada en la arquitectura legal, jurisprudencial e institucional vigente, y permeada transversalmente  por los principios de protección e inclusión en clave de desarrollo, con el propósito a atender las necesidades consulares, de protección migratoria y de promoción de las comunidades de  connacionales residentes en el extranjero. También es su deber la atención a colombianos retornados voluntaria o involuntariamente (deportados) al país, así como la prestación de servicios migratorios o de protección internacional para extranjeros residentes en el territorio nacional.

A través de la Dirección de Servicios Consulares se gestiona la expedición y verificación de apostillas y legalizaciones y adicionalmente se  prestan, entre muchos otros, los servicios de cooperación judicial, acreditación, identificación, asesoría  legal, funciones notariales, a los colombianos residentes o en tránsito en el extranjero, incluida la población privada de la libertad.

La Dirección de Asuntos Migratorios y Protección Internacional tiene a su cargo los delicados temas de  visas, refugio, apatridia y asilo.

Finalmente, a través del programa Colombia Nos Une, elevado ahora al nivel de dirección, se materializan las acciones de fortalecimiento de las políticas públicas en la ejecución de la “Política de Vinculación Integral de los colombianos en el Exterior”, de acompañamiento en la ejecución de la “Política de Retorno Integral, Digno, Seguro y Sostenible”, y en la ejecución de las políticas para los migrantes regulares en Colombia. Al tiempo  bajo los lineamientos del Despacho del Viceministerio, Colombia Nos Une  apoya  acciones de “Política Integral Migratoria PIM” y funciones en la “Comisión Nacional intersectorial de Migración CNIM” y demás instancias o mecanismos de coordinación, dando cabida a la participación de la comunidad mediante la “Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones”.

A partir de dicho diseño organizacional y de funciones, el Despacho del Viceministerio  inició, en marzo de 2026, la construcción de la política pública sobre migraciones 2026 – 2036, que luego de realizar 25 ciclos deliberativos, 9 mesas técnicas con grupos de interés especial en 22 municipios de 9 departamentos y  con la participación de 1.177 personas, permitió la adopción de los “21 Lineamientos Estratégicos de País, hacia una movilidad más digna y humana” adoptados por unanimidad por la Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones (CNIM) el 18 de junio de 2026. La amplia información compendiada y procesada en el proceso se constituye en un insumo indispensable para la construcción de cualquier futura política pública del Estado colombiano en materia de gobernanza migratoria.

Así mismo, bajo la sombrilla del Viceministerio se viene trabajado hacia la adopción de la primera Política Nacional de Refugio en acatamiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia y de lo ordenado por la sentencia SU-543 de 2023, “mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional diseñar e implementar en el lapso de seis meses una política pública para superar la saturación administrativa en el trámite de solicitudes de refugio”. 

Entre las acciones prioritarias que se esperan del  Viceministerio de Asuntos Migratorios Consulares y Protección Internacional, pueden destacarse las siguientes:

1.- Construcción de un nuevo Registro Consular Integral de colombianos residentes en el extranjero, con el consecuente remplazo del obsoleto y poco confiable registro que actualmente gestiona desde hace más de 50 años cada uno de nuestros consulados.

2.- Construcción de un nuevo Registro Único de Retornados. A diciembre de 2024, los solicitantes registrados ante la Comisión Intersectorial para el Retorno CIR, ascendían a 66.350 personas, mientras que las estadísticas de Migración Colombia dan cuenta de que, entre 2017 y 2025, hasta 500 mil colombianos que habían residido en el exterior por un periodo de al menos 3 años habrían retornado de manera voluntaria o involuntaria (deportados) al territorio nacional.

Para la población retornada, a diferencia de lo que ocurre para los migrantes y refugiados extranjeros, no se difunden masivamente las acciones existentes del Estado colombiano para su atención y son invisibilizados en su propio país. Sin un registro Único de Retorno (RUR) confiable es igualmente imposible diseñar la política pública que requiere una población que sigue en crecimiento por cuenta de las políticas de deportación impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países vecinos.  

3.- La expedición del  “Carné de identidad del Retornado”,  un documento complementario a la cédula de ciudadanía que, por un periodo de dos años, le garantice a dicha población una atención prioritaria por parte del Estado colombiano, en particular para el acceso a programas de reintegración y estabilización socioeconómica.

4.- Diseño de una estrategia de gestión para la protección de los connacionales privados de la libertad en el extranjero. Actualmente se estima que más de 20 mil colombianos se encuentran en situación de detención penal, tanto en condición de sentenciados como de sindicados o en “detención administrativa” por razones de irregularidad migratoria. Esta problemática nunca ha sido debidamente tratada, por lo que se requieren mejores recursos económicos y logísticos, así como capacitación especializada del personal consular en materia de derecho constitucional, penal, procesal, penitenciario, migratorio, y de sistema de derechos humanos.

5.- Actualización de los esquemas de caracterización y sistematización de la información en materia de prevención y atención a víctimas de prácticas delictivas que afectan a los migrantes y comunidades colombianas residentes alrededor del mundo, tales como tráfico de migrantes, violencia de género o intrafamiliar, trata de personas, mercenarismo, y formas modernas de esclavitud, entre otras.

Se requeriría mucho más espacio que el que nos brinda este blog para enunciar todas las necesidades del sector, pero también sobre todas las posibilidades y expectativas de acción eficiente que se han abierto con la materialización del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Solo resta solicitar el apoyo general del nuevo gobierno y el aporte de ideas y experiencias adquiridas, especialmente por los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que hemos desempeñado funciones consulares para que, aprovechando esta feliz articulación, construyamos una verdadera política integral del estado colombiano que conduzca a una movilidad migratoria más humana y digna. 

*Rafael Quintero Cubides es embajador de la Carrera Diplomática y Consular, actualmente asesor del Despacho del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

[i] En el artículo ¿Requiere Colombia requiere un viceministerio de asuntos migratorios y consulares?, publicado en la Bitácora de San Carlos, Número 2, diciembre 2022, 2022-12-15-Bitácora de San Carlos-Número 2-PDF.pdf, se anotan algunos de los antecedentes: “Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), se relacionaba con “presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores inquietudes, diagnósticos y propuestas para el establecimiento y fortalecimiento de vínculos entre la Nación y los colombianos en el exterior, entre ellos la creación del Viceministerio de Migraciones y Desarrollo”, numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1465 de 2015, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.” También el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó un objetivo orientado a diseñar una “Política migratoria integral para facilitar la movilidad de los colombianos y hacer de Colombia un polo de atracción para el retorno y la migración calificada” y, entre las estrategias para materializarlo, crear el VAMC: “El MRE tramitará la elevación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano a la categoría de Viceministerio, para ejecutar políticas de manera eficaz, junto con tres direcciones especializadas: Asuntos Migratorios, Asuntos Consulares y de Trámites y Servicios” (Gobierno de Colombia, 2018, pág. 130)”