Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Colombia es una nación de innumerables riquezas, de enormes capacidades y de una resiliencia que pocas sociedades tienen. Hoy llegamos a una elección en la que Abelardo de la Espriella aparece como el candidato más opcionado. Sin embargo, estamos viendo una contienda extraordinariamente cerrada, cercana al empate técnico, algo que resulta significativo por muchas razones complejas. La izquierda llega a este momento con una posibilidad real de triunfo. Durante estos cuatro años tuvo una oportunidad única de gobernar y, más allá de los balances que cada ciudadano haga de ese periodo, hay algo que resulta evidente: logró conectar con una parte muy importante de la sociedad colombiana.

En primera vuelta fueron cerca de diez millones de personas. Hoy, con seguridad, serán más. Alguna fibra profunda del pueblo colombiano tocó Gustavo Petro, el progresismo y, ahora, esa misma corriente encuentra continuidad en la figura de Cepeda, un hombre que además carga una historia profundamente ligada a la izquierda colombiana.

A mí me produce una sensación de justicia histórica y humana que hoy Cepeda, hijo de un padre asesinado por hacer política, sea el candidato de un sector amplio del país. Eso es un triunfo de la democracia. Es la demostración de que las armas no lograron silenciar las ideas. Independientemente de si somos de izquierda, de centro o de derecha, eso es algo que deberíamos celebrar.

En ciertos sectores de la izquierda persiste una idea antigua y compleja: la lucha de clases. Pero la Colombia de hoy no parece explicarse por esa lógica. Si los más de diez millones de votantes de Abelardo de la primera vuelta fueran ricos, seríamos Suiza. No lo somos. Con él votan hombres y mujeres de todos los sectores sociales, de todas las regiones, de todas las realidades económicas.

Nuestra división no es entre ricos y pobres. Es más profunda y más compleja. Cruza familias, amistades y generaciones. Está presente entre hermanos, compañeros de trabajo y vecinos. Pero quizás eso tampoco sea tan malo. Lo que demuestra es que nuestro viejo bipartidismo, transformado y reinventado, sigue vivo a través de nuevas identidades políticas, nuevas emociones colectivas y nuevos liderazgos.

Y precisamente porque la diferencia atraviesa a todos los colombianos, mañana tendremos que volver a encontrarnos.

Porque mañana seremos un solo país.

No sabemos quién ganará hoy. Puede ser Cepeda. Puede ser Abelardo. Lo que sí sabemos es que mañana el reto será el mismo para cualquiera de los dos: gobernar una nación profundamente diversa, con enormes desafíos y también con oportunidades extraordinarias.

Tenemos cinco fortalezas macroeconómicas que deberían llenarnos de optimismo. La primera es nuestra diversidad productiva: pocas economías de la región cuentan con una combinación tan amplia de agricultura, servicios, industria, energía y recursos naturales. La segunda es nuestra ubicación estratégica, con acceso a dos océanos y una posición privilegiada para integrarnos a las cadenas globales de comercio. La tercera es la estabilidad institucional y macroeconómica que, con dificultades y errores, Colombia ha construido durante décadas. La cuarta es nuestro potencial energético y de transición hacia nuevas economías sostenibles.

A todo esto se suma una oportunidad histórica que no durará para siempre: nuestro bono poblacional. Colombia todavía cuenta con una población mayoritariamente joven, con millones de personas en edad de trabajar, emprender, innovar y producir. Si somos capaces de ofrecer educación de calidad, empleo formal y oportunidades reales, podremos sacar a millones de colombianos de la pobreza y acelerar nuestro desarrollo durante las próximas décadas. Además, la reducción de la tasa de natalidad abre una ventana de oportunidad adicional: hogares con menos hijos pueden concentrar más recursos en educación, salud, nutrición y bienestar, generando mayores posibilidades de movilidad social y prosperidad para las nuevas generaciones.

También tenemos una ventaja ambiental única. Somos uno de los países más biodiversos del planeta. En un mundo que busca soluciones sostenibles, Colombia puede convertirse en una potencia ambiental, científica y turística.

Y si algo logró posicionar el gobierno Petro fue una idea poderosa: Colombia como el país de la belleza. Más allá de los eslóganes, existe una realidad innegable. Tenemos montañas, selvas, mares, cultura, gastronomía, música y una diversidad humana extraordinaria. El turismo global apenas comienza a descubrir el potencial de Colombia. Allí existe una fuente inmensa de crecimiento económico, empleo y oportunidades para regiones históricamente olvidadas.

Pero quizá nuestra mayor riqueza no está en nuestros paisajes ni en nuestros recursos. Está en nuestra gente.

Basta observar cuántos colombianos, provenientes de todos los orígenes posibles, ocupan posiciones destacadas en universidades, empresas, centros de investigación, organizaciones internacionales y escenarios culturales alrededor del mundo. El talento colombiano es reconocido mucho más allá de nuestras fronteras.

Por eso hay razones para tener esperanza.

Y la esperanza somos nosotros.

Mañana volveremos a ser un solo país. Un país imperfecto, dividido, apasionado y muchas veces contradictorio. Pero también un país con todas las posibilidades de construir un mejor futuro.

El verdadero llamado, gane Cepeda o gane Abelardo, es trabajar para que Colombia sea un lugar más justo, menos desigual, más plural, más democrático y más próspero.

Las elecciones terminan hoy. El país continúa mañana.

Introducción

Nos encontramos ante un escenario político de características inéditas. El pasado 31 de mayo el ultraderechista Abelardo De la Espriella se alzó con la mayoría de los sufragios en la jornada electoral presidencial en Colombia. Aunque, de manera casi inmediata, junto al preconteo de las urnas, múltiples signos de duda se cernieron sobre la transparencia de los resultados, lo cierto es que “salta a la vista” la presencia de una lectura de la realidad por parte de su electorado. ¿Qué es lo que se manifiesta en la persona de este showman de la política local?

Aunque la pregunta propuesta se orienta a entender los motivos por los que podría llegar a pensarse que existe un andamiaje conceptual justificatorio de la simpatía electoral, una especie de núcleo generador de cohesión o identidad entre el candidato y sus seguidores, no se pretende dar cuenta de una disección del cuerpo normativo en el que se contiene el conjunto de ideas que lleva a la valoración y consecuente validación de esta opción política, como propuesta pertinente para el conjunto de la población colombiana. Sin embargo, de esta intención no realizada sí se desprende un propósito de igual importancia. Preguntarse por las características de un determinado proyecto político permite también tratar de entender el origen y características de ese mismo proyecto, que es lo que se buscará exponer.  

Se acudirá a la figura de De la Espriella para exponer en qué modo su proceder político es la expresión de un ideario, que opera a través de manifestaciones estridentes y encuentra en la afirmación de formaciones neoliberales ultra-radicales su fundamento. Reconociendo algunas de las comprensiones que la terminología política especializada —y también la cotidiana— ha formalizado a través del concepto de “neoliberalismo” se pretende argumentar la afinidad o similitud ideológica entre el programa político del candidato y los movimientos de la “ilustración oscura o neorreacción” y “libertario”, de los que puede afirmarse constituyen una profundización agresiva y peligrosa del ideario neoliberal.

Desarrollada por pensadores y multimillonarios provenientes de disciplinas vinculadas al campo de la tecnología la neorreacción persigue, como sus ideales más mencionados, la reformulación radical de las relaciones Estado – sujetos a partir del desmonte a la democracia, una administración pública corporativista, tecnocrática y autoritaria y la afirmación del rol ciudadano a partir de la figura económica del “cliente”. Estos paradigmas operan como articuladores de las relaciones sociales, elevan los supuestos fundantes de la modernidad capitalista (acumulación, competencia, eficiencia, consumo) al plano de la cultura, para llevarlos luego al estatus de códigos morales con transferencia a la acción política.  

Algunos de los ideólogos más influyentes de la neorreacción Courtis Yarvin y Nick Land han incidido, a través de sus reflexiones, en la organización del aparataje estatal en Estados Unidos en los dos gobiernos de Donald Trump, así como en el actual proyecto presidencial de Argentina (donde el anarco-capitalismo se mezcla con algunos de los elementos de la neorreacción). El anarco-capitalismo libertario fue formulado, principalmente, por Murray Rothbard, economista norteamericano que defendía que el Estado es un monopolio represivo que viola los derechos de propiedad y la libertad individual; por eso proponía reemplazarlo por un orden social basado en la propiedad privada y los contratos voluntarios. Sostenía que la intervención del Estado (impuestos, regulación, banca central y programas redistributivos) distorsiona los mercados, reduce la prosperidad y desgasta la responsabilidad individual. En su enfoque combina la teoría económica de la escuela austríaca con una crítica radical del Estado, insistiendo en la primacía de la libertad económica y la propiedad como fundamento de la justicia social.

Aplicada a las relaciones democráticas, esta teoría puede resultar nociva para el principio del bien común, porque exalta la lógica del mercado y la competencia (privada, egoísta) por encima de la racionalidad comunitaria: en este sentido la perspectiva libertaria promueve la privatización de servicios públicos, una intervención estatal mínima, debilita mecanismos de protección social y redistribución que sostienen la justicia social. Esta desregulación tiende a concentrar recursos y poder económico en oligarquías privadas, lo que reduce la igualdad de oportunidades y la capacidad de la ciudadanía para participar en condiciones de equidad, facilita y allana el camino para la toma de decisiones determinadas por el lucro privado inmediato, lo que debilita la legitimidad de las instituciones democráticas.

Propuesta esta breve descripción, es necesario preguntarse ¿De qué manera y en qué medida el “proyecto” político de De la Espriella constituye una amalgama o intento de fusión entre algunas de las ideas del neoreaccionarismo o ilustración oscura (Yarvin, Land) y el anarcocapitalismo libertario (Rothbard)? ¿Cómo esto puede significar para el Estado y la población colombiana un riesgo de incomparables dimensiones, que afectaría de manera profunda la vida en todas sus manifestaciones y expresiones? Veamos.

1. La “soberanía” neorreaccionaria

En 2008, Curtis Yarvin escribe, bajo el pseudónimo de Mencius Moldbug , el texto: “Patchwork: A Political System for the 21st Century”. En capítulo uno, titulado: “Patchwork: A Positive Vision” propone la creación de “parches” soberanos, pequeñas jurisdicciones con las que se reemplazarían a los Estados, dado su carácter retardatario y corrupto. En la opinión de Yarvin, estos “parches” actuarían a manera de corporaciones, que competirían entre ellas, buscando cooptar la mayor cantidad de residentes, que pueden trasladarse a otra jurisdicción cuando sus demandas no sean satisfechas por un “delegado”, que cumple funciones administrativas. Señala el autor:

Para el diseño general de nuestro reino, simplifiquemos ligeramente el modelo corporativo angloamericano. Tendremos soberanía directa de los accionistas, sin junta directiva. […] Un reino Patchwork está gobernado por un Delegado, quien es el representante de los propietarios y puede ser reemplazado por la mayoría de ellos en cualquier momento y por cualquier motivo. El Delegado ejerce una autoridad soberana indivisa, como en una monarquía de derecho divino. Es decir, poder absoluto[1]. (Yarvin, 2008, p. 18).

Varios aspectos llaman la atención frente a esta comprensión. Desaparece la organización política del Estado, sustituido por una estructura monárquica, que actúa como detentora del poder delegado que sus accionistas le entregan al asumir el rol pasivo de propietarios, por el que la dimensión relacional de la política desaparece. En consecuencia, el carácter ciudadano del sujeto político es reemplazado por una condición artificial, cuya finalidad consiste incorporarse, desde una determinada función económica, al orden corporativo. Una estructura administrativa, que funciona bajo los preceptos de un régimen monárquico, tendrá potestad para establecer los procedimientos necesarios para alcanzar la eficiencia económica establecida por sus accionistas. Por tanto, la participación en la vida política ya no será necesaria, más aún, ella misma desaparecerá dada su reducción a la imposición permanente de la voluntad de las mayorías. La aparente secuencialidad de este modo de ordenamiento abandona sus visos de claridad cuando nos preguntamos por el modo en que aquellas multitudes mayoritarias trasladarían su voluntad al poder del Delegado, quien la ejercería como dominio. El presunto equilibrio entre la voluntad de los accionistas mayoritarios y la del Delegado monarca terminaría por desaparecer, dadas las posibilidades absolutas con las que el administrador contaría para establecer lo justo o lo injusto, obligando a todos los integrantes de la corporación a una subordinación permanente. Recordamos aquí lo señalado por Hobbes, en su texto Leviatán:

El dominio adquirido por conquista o por victoria en la guerra es el que algunos autores llaman DESPÓTICO, […] éste es el dominio que el amo tiene sobre su siervo. […] Mientras permanezca vivo y la libertad de su cuerpo se lo permita, el vencedor podrá disponer de él como le plazca. (2018, p. 269)

¿De qué manera puede esta inclinación a la dominación, ejecutada a través de la desaparición del Estado, apreciarse en el “plan de gobierno” de De la Espriella? En sus dos primeras propuestas se lee claramente: “Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional. Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República[2]”. El sentido de lo afirmado es evidente. Se pretende hacer, del momento electoral de la democracia representativa, el contenido que define la validez moral de las acciones adelantadas por el Delegado. Aunque dentro del sistema constitucional y democrático colombiano, la figura del presidente aparece como “símbolo de la unidad nacional” (art, 188), de lo expresado en el texto e intervenciones públicas del aspirante presidencial se colige todo lo contrario: la inclinación a creer en la superioridad moral de grupos elegidos o predestinados, afirmándolos como investidos de sabiduría divina absoluta, cuenta en la historia con múltiples y catastróficas manifestaciones, que en la práctica política terminan por desaparecer la democracia, a través del rechazo violento al distinto.

2. “Ilustración criolla fascista”.

En 2012 escribe Nick Land:

Si nunca fuese necesario adaptarse fundamentalmente a la realidad, entonces el fascismo se alzaría como baluarte de la verdad[3]. […] El facismo […] como todo el mundo lo sabe, hace que los trenes lleguen a tiempo. Representa la subordinación práctica de la realidad a la voluntad concentrada. […] Acabar con el fascismo es acabar con el deseo por el fascismo, consistente en acabar con la propia voluntad democrática o “popular”; y solo una economía realmente liberada, que se ha desencadenado a sí misma […] puede emprender tal empresa. (pp. 269- 270)

Desde su surgimiento y constitución como práctica política, el fascismo ha adoptado distintos nombres y expresiones, llegando al grado de convertirse en una práctica casi imperceptible, y en una afirmación que en no pocas oportunidades ha sido reducida al rango de mera retórica o extranjerismo trivial carente de sentido. En la actualidad no es un término que de amplio reconocimiento por parte de población nacional debido, entre otros factores, al ambiente generalizado de violencia estructural al que el país se ha enfrentado a lo largo de décadas. Aunque en términos generales sea posible señalar lo anterior, los componentes estructurantes del fascismo (y también del nazismo xenófobo, racializado) logran verse cuando se acude al análisis de las formas con las que las manifestaciones violentas han transitado por el espectro de la política nacional. En una definición de las manifestaciones fascistas el filósofo colombiano Damián Pachón expresa:

El fascismo se alimenta de la angustia, la inseguridad vital, la desesperanza y se moviliza siempre contra un “gran Otro”, un culpable, un chivo expiatorio. El fascismo siempre fabrica un culpable, al cual hace responsable de todos los males y las desgracias de la sociedad. Por eso, el fascismo pone a una parte de la sociedad contra otra, ya sean minorías judías, comunistas o inmigrantes. Por eso, las armas del fascismo son el odio, el rencor y el miedo[4]. (2026)

En el contexto latinoamericano el fascismo se ha combinado con la figura del colonialismo interno; la misma historia colombiana da cuenta de ello. El sociólogo Pablo González Casanova define, como característica de este fenómeno, su correspondencia con una “estructura interna de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos” (2017, p. 137). La correlación entre las comprensiones de González y de Pachón resulta pertinente para el asunto en cuestión. El fascismo, concebido, desarrollado y propagado durante décadas en nuestro país se ha posicionado haciendo uso de prácticas de dominación y exclusión del Otro, señalamiento y polarización. Desde aquí, es necesario criticar la posición de Land frente del fascismo. En su opinión, el autoritarismo surge para corregir los desórdenes ocasionados por las composiciones sociales democráticas, que afectan los distintos campos de la actividad humana; de aquí que resulte necesaria la hiperconcentración de la voluntad general en las finalidades corporativas. La supuesta superación de esta condición aparecería con la implementación de una reconfiguración económica, que elimine la pulsión o el deseo hacia el autoritarismo; empero, ya que esto no podría suceder a través de las vías democráticas (que se pretenden superar), la “economía liberada” no puede obtener su impulso de otra fuente distinta a la del autoritarismo fascista. ¿Es posible encontrar esta interpretación en alguna de las afirmaciones de De la Espriella?

En una entrevista reciente afirmó: “Hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado […] Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10[5]”. El ideario de la “desaparición del Estado en nombre del Estado” ha sido uno de los grandes sueños del proyecto neoliberal. El sofisma podría seducir a quienes se sientan tentados a confiar sus esperanzas de desarrollo y crecimiento a la ‘pureza’ de las intenciones privatizadoras (no privadas, lo que es analógicamente distinto). Desde la última década del siglo pasado (y con tan solo un “inicial” cambio de rumbo durante los últimos cuatro años) el paradigma de la eficacia capitalista ha sido el estandarte de la administración pública en Colombia; para profundizar su realización De la Espriella pretende hacer de la reducción de las funciones estatales el medio por el que se afirma “lo individual”, como mecanismo para la reconfiguración de las libertades propuestas por el mercado.

Conclusión: El engaño libertario

Una de las primeras “voces de apoyo” recibidas por parte de De la Espriella fue la del mandatario argentino Javier Milei. El líder del movimiento La libertad avanza, fiel seguidor de las doctrinas del economista estadounidense Murray Rothbard, se alzó con la presidencia de su país en gran medida gracias a las promesas que aquí se han esbozado, junto a otras, como la que se expresa en la desregulación completa de las relaciones económicas. Muy pronto, cuando Milei comenzó con la implementación de las políticas públicas prometidas, se hicieron evidentes las falencias y vicios estructurales del proyecto libertario, que pretende transmutar todo bien y derecho común, al interpretarlo bajo las lógicas del “derecho de propiedad” Lockeano: «Cuando los derechos humanos no pueden traducirse en términos de derechos de propiedad, se tornan vagos e incluso contradictorios y empujan a los liberales a debilitarlos y situarlos del lado del “interés público” o del “bien común”» (Rothbard, 1995, p. 166).

La consecuencia directa de extrapolar esta orientación económica a todos los campos la actividad humana, dentro del Estado, fue clara: hiperinflación, recortes fiscales, precarización y cierre de servicios públicos esenciales, inseguridad alimentaria, depredación ambiental, desempleo, pérdida de soberanía, entre otros tantos problemas sociales. En palabras del recordado filósofo Franz Hinkelammert, estas repercusiones aparecen como efectos de la falacia que considera como real el “fetiche ideológico” del mercado como “institución perfecta” o “mercado total”. En palabras del pensador:

La ley del mercado es declarada así ley absoluta y el mercado es ahora transformado en mercado total. […] Toda acción humana, si es posible, tiene que ser privatizada, para que esté también penetrada por este laissez faire total. Lo que aparece es un llamado al totalitarismo del mercado. (2018, p.157)

A la luz de los argumentos presentados, el análisis detallado de lo propuesto por De la Espriella permite aclarar las dudas e inconsistencias que surgen, cuando se entiende que el deterioro democrático e institucional proyectado pasa por debilitar o desaparecer todos los derechos sociales y garantías administrativas que no se traduzcan en propiedad privada. La decisión popular de encaminar el fortalecimiento democrático, auténticamente participativo, no puede conducir a lugar distinto que el de la adopción de formas de vida que entiendan el vivir bien como vivir bien en común.   

Referencias

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

De la Espriella, A (2026). Entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

González, C. (2017). Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Akal

Hinkelammert, F. (2018). Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. Akal

Hobbes, T. (1989). Leviatán. Alianza Editorial

Land, N. (2012). La ilustración oscura. [Y otros ensayos sobre la Neorreacción]. Materia-oscura Editorial

Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026

Yarvin, C. [Mencius Moldbug]. (2017). Patchwork: A political system for the 21st century. Unqualified Reservations.

[1] Texto original en inglés.

[2] Disponible en: https://defensoresdelapatria.com/wp-content/uploads/2026/04/PROPUESTAS-DEL-TIGRE.pdf

[3] Cursiva fuera del texto original.

[4] Pachón, D. (2026). ¿Qué es eso del “fascismo criollo mafioso”? Disponible en: https://blogs.elespectador.com/filosofia-y-coyuntura-2/que-es-eso-del-fascismo-criollo-mafioso/, Fecha: 02 de junio de 2026.

[5] De la Espriella, entrevista en Caracol Radio, 7 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5ABdMZt7uIw

El Estado social de derecho nuestro era un intento de construir un Estado de bienestar, al estilo de las democracias europeas o de las socialdemocracias. Ese era el anhelo y algo se logró en estos años, primero, por medio de la Corte constitucional en los 90s y sus decisiones revolucionarias sobre los derechos; después, por algunos gobiernos que entendieron que el papel del Estado no era pasivo, sino que debía intervenir en la economía y en la sociedad para corregir las desigualdades sociales buscando así la equidad y la justicia. El fundamento de ese modelo de Estado lo expresó la Corte en la sentencia C-1064 de 2001. Allí dijo la alta corte: “el ser humano no es realmente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales dentro de las cuales sobresalen las económicas. Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de Derecho evolucionó así, de un Estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”. C-1064/2001.

Pues bien, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella el soñado Estado social de derecho será eso, un sueño. La filosofía de su programa de gobierno, el de las tres páginas, más algunas de sus declaraciones en prensa y en medios públicos, apunta a que el tipo de Estado por el que propende, el tipo de Estado que defiende es de otra naturaleza. No es un Estado social de derecho, sino un Estado mínimo, autoritario, policivo, securitista y al servicio del gran capital. Me explico.

1º. Será un Estado mínimo porque en su programa habla explícitamente de reducir el Estado en un 25%. En otras declaraciones ha dicho que el recorte del Estado será del 40%, y que el objetivo es eliminar, privatizar, fusionar muchas instituciones, por ejemplo, reducir los ministerios de 19 a 10. El argumento es que hay mucha burocracia y que el Estado es ineficiente. Este recorte, de suyo, generará miles de desempleados y aumentará la cifra de desempleo en el país. Tampoco es creíble ni viable la idea de que esos trabajadores puedan ser reubicados en el sector privado, pues este no cuenta con las capacidades de absorción. Si además se desmontan programas sociales, la situación de los menos favorecidos será peor, pues se habla de intervenir el ICBF, El programa de alimentación escolar PAE, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otras. Intervenir estas tres instituciones deja desprotegida a los niños, aumenta el hambre escolar y encarece el acceso a la vivienda.

2º. En segundo lugar, y esto es, a mi juicio, lo más preocupante del programa de la derecha, es que se trata de un Estado autoritario. Esto es muy claro. El candidato habla en términos del Bien y del Mal, de un país enfermo que hay que sanar, de un país corrompido que hay que purificar. Habla en nombre de Dios, de la fe, de la iglesia, de la familia. Este es un lenguaje inmunitario donde el otro aparece como un peligro, como alguien que debe eliminarse, pues es una especie de virus que enferma al “cuerpo social”. El lenguaje que habla de enfermedad, sanación, es un lenguaje biológico, del organicismo, que apunta a que hay que proteger la comunidad de otro amenazante. Era el mismo lenguaje de la “re-generación” (término biológico) del autoritarismo de Caro y de la constitución de 1886. Esos Otros estarían representados en la izquierda “comunista”, “los marxistas” y en todo aquél que se oponga a su visión de país, y a sus personales convicciones como cuando, bajo sus propios términos, distingue entre “periodista” y “activista”. El “País milagro” es otra entelequia para captar votos entre evangélicos o cristianos fanáticos. Y todo fanatismo (político o religioso) solo expresa el fondo bestial del entusiasmo, un fondo bestial que en este país es demasiado fácil activar con el peligro del porte de armas.

3º. Pero el Estado mínimo y autoritario tiene otras señales en su corto programa: [a]la construcción de megacárceles es una de ellas. Esta idea, copiada o plagiada de Bukele, es la antesala. Si el gobierno va a iniciar una cruzada contra el Mal (y todos aquellos que lo encarnan) primero hay que construir los lugares de reclusión y encerramiento. El Gulag o campo de concentración debe estar preparado previamente para aislar de la sociedad todo aquello que la amenaza. Pero los signos o señales no paran ahí. [b] En el programa dice: “Elevar a rango constitucional la prohibición de la ‘combinación de todas las formas de lucha’ como estrategia de poder político”. Esto es peligrosísimo. Sabemos que la expresión “combinación de todas las formas de lucha” fue usada por las guerrillas para justificar el uso de todos los medios posibles para lograr el fin de “la toma del poder” y de la “transformación de la sociedad”. Eso es ampliamente sabido. Sin embargo, en el contexto de un posible gobierno de De la Espriella que no ha dejado de enviar señales de autoritarismo, como el ataque a periodistas con su respectiva intimidación judicial, el uso de la famosa expresión entra en terreno resbaloso. La expresión misma se torna demasiado amplia, abstracta e interpretable por vía extensiva a cualquier tipo de acción. Puede equivaler a prohibir “con rango constitucional” la protesta social misma. Además, dentro de la expresión “todas las formas de lucha” cabe desde una marcha, una protesta, un cierre vial, una obstrucción del espacio público hasta una columna, una conferencia o un escrito, pues estas últimas también son formas de lucha ideológica. Si la persecución a los herejes que atentan contra la “patria” o el “país milagro” se generaliza, terminaremos en la mazmorra todos aquellos que pensemos diferente o que salgamos a defender la educación pública (que aparece una vez en su programa y con tintes privatizadores) o nos opongamos al fracking en los páramos.

Pero las señales siguen. [c] En el programa aparece esta idea: “Seguridad en el barrio: Bloque de Búsqueda contra la extorsión, y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas”. Es loable la preocupación por la seguridad barrial. De hecho, la policía ya tiene programas como la seguridad por cuadrantes, sin embargo, una especie de fuerza pública o ejército paralelo formado por “reservistas o veteranos” suena funesta. Estas personas, ¿serán funcionarios públicos? ¿No es ese sector de veteranos uno de los más agresivos y fanáticos militantes, fervorosos del orden y defensores de la pureza moral de la patria? Y para culminar, la cereza del pastel. [d] En un artículo en El Tiempo publicado el día 3 de junio, titulado: “Los puntos claves del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: Plan Colombia II, reducción del Estado y 7 megacárceles”.

En este artículo se habla de “seguridad jurídica total a la Fuerza Pública: “Prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH”. Esto significa, palabras más, palabras menos, que habrá una especie de blindaje jurídico para la fuerza pública, lo que equivale a protegerla ante el sistema judicial por posible extralimitación de sus funciones; significa desarmas a la ciudadanía ante el abuso policial y otros excesos. La violación de Derechos humanos por parte de militares o policias, como en los gobiernos de Uribe Vélez y Turbay Ayala, se puede volver pan de cada día. En aras de no igualar a la fuerza pública con los grupos ilegales, se termina desprotegiendo a los ciudadanos y dándole una especie de carta blanca a la fuerza pública para el abuso.

En ese mismo artículo se habla de  [e] revisar la pertenencia de Colombia a organismos como la “ONU, la OEA y la CIDH”. Pues bien, en el contexto explicado esto quiere decir que el Estado autoritario, mínimo, represivo, no podría ser demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por la violación de derechos por parte del Estado colombiano y sus fuerzas represivas, o por otros motivos. Esa jugada la hicieron ya, curiosamente, los gobiernos autoritarios de izquierda de la región. En ese momento la derecha salió a criticar, pero ahora copian (como muchas otras cosas) esa estrategia.

La verdad es preocupante el tinte autoritario del proyecto abelardista. La ciudadanía debería de estar atenta en vez de emborracharse con expresiones patrioteras y vacías como “El tigre” o “Firmes por la patria”. La proclividad a la dictadura del proyecto de ultraderecha la han puesto de presente personas (escritores, constitucionalistas, académicos, políticos) como Abad Faciolince, Rodrigo Uprimny, Ramiro y Ana Bejarano, Humberto de la Calle, Gonzalo Sánchez, Claudia López, entre muchos otros. Ese autoritarismo es propio de la ultraderecha internacional a la cual se encuentra adscrito De la Espriella: el sionismo de Netanyahu, Vox en España, Bukele en Salvador, Milei en Argentina y Donald Trump. En Estados Unidos, lo sabemos bien, Trump caza migrantes, interfiere en las universidades, censura e insulta periodistas, viola la división de poderes, gobierna por decreto, gobierna para los millonarios, persigue a los opositores, etc. Abelardo haría muchas de estas cosas aquí, eso está anunciado.

Preocupa sobremanera que el país se convierta en una colonia trumpista, en un país lacayo sometido a los intereses gringos; y que dada su calidad de “ciudadano americano republicano” de Colombia, en una eventual presidencia, actué más a favor de intereses extranjeros que a favor de los propios; o que pida intervenciones frecuentemente. En ese caso, la soberanía estaría seriamente comprometida. Igualmente, preocupa el ingreso al país del sionismo que masacra y comete genocidio en Gaza y en el Líbano.

Por último, sin duda, el modelo de Estado que prefigura la ultraderecha es un Estado al servicio del capital: el tema de la desregulación, las exenciones a empresarios, la reducción de impuestos a los más ricos; los anuncios sobre la “revisión” de las superintendencias y sus facultades de control y vigilancia; las declaraciones (muy confusas y contradictorias) sobre el futuro de las licencias ambientales, de la Agencia Nacional de Tierras,  de la consulta previa a comunidades, etc., apunta ineludiblemente a que estas instituciones son consideradas obstáculos para el crecimiento Económico y por ello deben intervenirse o suprimirse. Todo quedará sometido a la lógica del mercado, la acumulación de la ganancia y la especulación financiera. Este es, en verdad, un Estado policial al servicio del neoliberalismo.

Es un modelo donde los organismos de control son obstáculo; es la antípoda del Estado social de derecho que contempla la constitución de 1991. En ese sentido, el programa político no defiende la constitución, defiende el mercado y los intereses de los sectores más ricos de la sociedad. Se configuraría un Estado oligárquico autoritario donde lo “social” y lo “democrático” serían tan solo un espejismo o una cosa del pasado.  En un escenario represivo, defender el Estado social y democrático de derecho equivaldría a levantar las banderas del comunismo y a convertirse inmediatamente en un subversivo al que hay que combatir.  

El activismo en la sociedad florece como una inoculación de generosidad necesaria para alimentar el alma de los individuos y, a su vez, apaciguar o envalentonar el ímpetu de sus pasiones e intereses. No han sido pocos los surgimientos sociales que nos terminaron caracterizando como nación; sin embargo, algunos de los que más hemos olvidado, y que han tenido altas repercusiones sociales y políticas en nuestra herencia y transmisión cultural o incluso memética, son aquellos que conformaron sociedades y agrupaciones en pro de la generación de empleo, del alivio a la miseria y reconocimiento de los excluidos.

Ahora bien, descontando el incuestionable e ingente esfuerzo realizado por la Iglesia en la construcción de una sociedad con sustento moral, del cuidado, de la salud, de la educación y del amparo a los desamparados, entre otras, labor que, por su magnitud histórica, no admite comparaciones, emergen también, casi a contraluz, aquellos quijotes sociales que, sin aparato ni reconocimiento, aportaron de manera decisiva a la edificación de esta misma sociedad.

A ellos, sin embargo, no les fue concedida una memoria proporcional a su entrega. La sociedad que hoy se erige y en no poca medida se sostiene sobre las estructuras que ayudaron a levantar, parece haber olvidado a sus artífices, relegándolos a un silencio que no corresponde ni a su esfuerzo, ni a su legado.

En medio de las guerras civiles partidistas que se vivieron durante el siglo XIX, empezaron a surgir, de manera casi mimetizada, varios tipos de sociedades con fines caritativos, proteccionistas, educativos y gremiales. Muchas de ellas se enfocaban en formas de apoyo mutuo que brindaban planes de protección a sus miembros en casos de invalidez, enfermedad, muerte y demás calamidades de la vida. Es así como aparecen, entre otras, la Sociedad de Caridad de Santafé, la del Señor del Despojo, la de Auxilio Mutuo de Bucaramanga, la de Socorros Mutuos de Manizales y la de Socorros Mutuos de Bogotá.

De estas sociedades citadas y de muchos proyectos llevados a buen termino, sólo podremos traer a nuestro presente una minima muestra, iniciamos con la Sociedad de Socorros Mutuos de Bogotá. En sus estatutos, conocidos gracias a la obligación dictada por la Constitución de 1886, según la cual las sociedades debían ser legalizadas mediante resolución expedida por el Ministerio de Gobierno, se indicaban las condiciones, obligaciones y derechos de los socios. Quienes debían jurar, lo siguiente:

Los miembros debían generar un aporte inicial y otros aportes semanales que permitían sostener su defensa y apoyo. Se estimaba que el número de miembros no podía exceder los 400 socios y que su duración sería de 99 años. El médico Abraham Aparicio Cruz, presidente de la sociedad, fue además uno de los cofundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, creada en 1873 en su casa de San Victorino junto con otros destacados galenos, corporación que posteriormente se transformaría en la hoy reconocida Academia Nacional de Medicina.

La Sociedad de Socorros Mutuos contaba con personajes como Luis Rivas, Rafael Tapia, Gabriel Garzón, José del Rosario Guerrero, Adonías Gómez, Antonio Calvo, Ricardo Bonilla y José Asunción Silva. Pero entre todos ellos, y en los pliegues de la historia, se alza la figura silenciosa de su hermana, Elvira Silva Gómez.

Ella no solo participó: se consumió en la entrega. Descendió a los barrios obreros, se internó en sus calles densas y húmedas, respiró el aire espeso de la miseria, y en ese contacto íntimo con el dolor ajeno, contrajo la pulmonía que lentamente le arrebató la vida. Su enfermedad no fue un accidente: fue, en cierto modo, el precio de su compasión.

Así, su juventud, su amor y su salud no se extinguieron en vano, sino que se transformaron en ese eco persistente que resuena en el tiempo, en esa herida íntima que su hermano inmortalizaría en uno de los más hondos lamentos de la poesía colombiana: Nocturno.

Y este dolor fuerte e incólume de todos, se unía a otras necesidades, como la búsqueda para complementar la falta de recursos fiscales de la incipiente nación a través de la unión y la solidaridad con los necesitados, lo que permitió no solo la agrupación de obreros y artesanos, sino el desenvolvimiento y pulimiento de la gema de su bondad y virtudes humanas.

Sus propósitos se volcaron en parte de su esencia, tanto así que incluyeron en ella sus mayores pasiones, aprovechando sus potencialidades, las cuales se transformaron en cimientos de grandes proyectos, como la red de cajas de crédito, círculos de obreros, agremiaciones de artesanos y la conformación de cooperativas.

No obstante, estas semillas pasaron por un oscuro periodo que inicialmente cercenó su crecimiento. Así, a finales del siglo XIX se ordenó la clausura de la sociedad, acusada de incitación a revueltas de artesanos, movidas por la polarización bipartidista. A ello se sumó la muerte prematura de uno de sus fieles miembros, José Asunción Silva, que llenó de tristeza y desaliento a la sociedad. Posteriormente, la Guerra de los Mil Días y la separación del istmo de Panamá cubrieron con un manto de desesperanza a los nacionales, diezmando sus impulsos casi hasta el apaciguamiento. En medio de ese abatimiento, su tránsito parece encontrar eco en aquellas palabras de la Escritura:

Quizá en esa tensión, entre la fragilidad y la persistencia, se sostuvo su empeño, como si cada golpe no hiciera más que templar la convicción de quienes, aun en la adversidad, se negaban a desaparecer, inoculando en el tiempo una semilla que otros habrían de hacer germinar.

Algunos intrépidos retomaron las banderas quemadas y enlodadas, a través de ideas influenciaron la creación de asociaciones rurales retomadas en 1950 por Orlando Fals Borda en sus proyectos agrarios y en la conformación de las juntas de acción comunal, así como iniciativas del padre jesuita José María Campoamor, quien en 1911 conformó el Círculo de Obreros, unido a un proyecto urbano-social que hoy se conoce como el barrio Villa Javier y la Caja Social de Ahorros.

Otro esfuerzo que ha florecido es el de María Berenice Duque Hencker, quien, sin dejar huella visible, como si su paso no buscara ser recordado sino multiplicado, con sigilo sembró presencias. Allí donde la pobreza parecía un destino irrevocable, aparecían, casi sin anuncio, pequeñas casas habitadas por mujeres que se llamaban a sí mismas “hermanitas”, como si en la diminución residiera su fuerza; y en esas casas, la infancia encontraba abrigo, la enfermedad, compañía, y la familia, un hilo tenue pero firme que la sostenía.  Así, fundo en 1957 la comunidad de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús y María, donde tejieron redes fortísimas bajo un lema oculto en sus venas “Calla, y que tus obras confirmen tu misión”. En la repetición de gestos mínimos, en la pedagogía del cuidado, en el pacto de “amar, sufrir, callar y sonreír”. Y así, sin ruido ni proclama, su obra se extendió como una raíz bajo la tierra invisible, paciente sosteniendo continentes enteros con la discreta virtud  de la caridad.

En Cúcuta, entre tanto, en 1912, una escuela nocturna apoyada por el párroco de San Antonio del Táchira, Elías Daniel Calderón, se transmutaba en la Asociación de Artesanos y el Colegio Gremios Unidos, que en 1922 se convertiría en un claustro de libres pensadores encargado de la educación de los desamparados. Pero aquella obra no fue fruto de una sola voluntad: fue la conjunción de nombres que la historia ha pronunciado con menor fuerza de la que merece. Así, se reconoce el impulso decidido de Teodoro Gutiérrez Calderón, Miguel A. Pizani, Leopoldo Piment, Ramón B. Álvarez y Víctor Ocariz, artífices de una empresa silenciosa que encontró en la educación su forma más honda de resistencia.

Hacia 1926, entre aquellos “niños sin alpargatas”, se gestaba, sin que nadie pudiera anticiparlo, uno de los que años después se convertiría en figura determinante de la historia venezolana: Marcos Pérez Jiménez. Quien, aun habiendo ascendido al poder por la vía de las armas, proyectó una idea de nación fundada en la transformación material y el orden, bajo el llamado “Nuevo Ideal Nacional”.Una visión que, entre el impulso modernizador y la sombra de la represión, dejó una huella tan profunda como contradictoria, recordándonos que incluso las semillas más tempranas pueden florecer en direcciones imprevisibles.

Los personajes nombrados, unos inscritos en la historia, otros apenas sostenidos por evidencias dispersas y muchos más disueltos en el anonimato, lograron transformar las circunstancias naturales, hasta convertirlas en instrumentos que, con el tiempo, incidieron silenciosamente en la sociedad entera. Pero ese influjo, profundo y casi invisible, no fue gratuito: se pagó con deshonras injustificadas y con juicios dictados por valores o antivalores asumidos por las masas. Ni siquiera todos fueron maltratados: a muchos les bastó el olvido, o un reconocimiento insuficiente frente a la magnitud de sus obras.

A pesar de que la estrategia pudo percibirse como fallida, en el sentido de permitir el sacrificio de sus propios derechos, la fuerza de sus ideas resultó superior a su instinto de supervivencia y dignidad. Fue allí donde su verdadero legado se consolidó.

Y sin embargo, lograron el influjo de sus postulados. Inocularon, en efecto ideas diversas en su origen, hoy ampliamente aceptadas. Son ellos quienes han gestado buena parte de la estructura social que hoy vemos, aunque no siempre los reconozcamos. Nunca tuvieron el reconocimiento debido. Se convirtieron en forjadores anónimos de nuestra identidad. Se permitieron pasar al libro del olvido; sin embargo, como escribió José Ortega y Gasset: en tanto haya alguien que crea en una idea, la idea vive.

En el lento y convulso proceso de conformación de naciones como la nuestra, aún hoy inconcluso, late una tensión primordial: la del poder que se impone y la de la sociedad que se rehúsa a ceder del todo, y que, en su resistencia, inventa formas de sostenerse.

Homo homini lupus est: el hombre es el lobo del hombre; pero es también, en ese mismo abismo, donde aprende a oponerse a sí mismo.

Es precisamente en esa tensión donde estas sociedades encontraron su razón de ser; surgieron como mecanismos para aliviar, contener y dinamizar los conflictos, evitando tragedias previsibles o, al menos, mitigando sus efectos. Es allí donde los hechos del pasado recobran su sentido: al erigirse como faros que iluminan el presente, evocando en sus destellos las acciones originarias que aún pueden orientarnos frente a los conflictos de hoy, como bien lo recordaba recientemente una voz pastoral cercana.

Esta situación no ha desaparecido; apenas ha mudado de forma. Persiste en nuestra actualidad con rostros distintos, pero con mecanismos similares, como si el tiempo no hubiera hecho más que transformar sus superficies. Y, sin embargo, algo permanece inalterable: la decisión de florecer obras germinadas a través de las virtudes.

Quizá en ello radique su enseñanza más honda: la fe, callada, persistente, casi invisible, pero potente como la roca, como antesala de la realidad; como ese impulso primero que, aun en medio de la adversidad, insiste en abrir camino:

LA FE ES LA ANTESALA DE LA REALIDAD

Aunque es pertinente señalar que este marchitamiento institucional no es exclusivo de los escenarios diplomáticos —pues hemos visto cómo otras carteras han sufrido una alarmante fuga de capacidades técnicas, una realidad de la que me ocuparé en futuras entradas—, hoy resulta imperativo poner la lupa exclusivamente sobre el Palacio de San Carlos. Allí ha primado una diplomacia de micrófono, dominada por discursos altamente ideologizados que se agotan en su propia retórica y han dejado a la deriva a una de las instituciones más críticas para la proyección y la seguridad de la nación.

La política exterior colombiana ha caído en la trampa del activismo gubernamental, sacrificando en el camino la institucionalidad y la visión de Estado y el respeto por el mérito. Allí, hemos visto cómo, de manera sistemática, embajadas y consulados se han convertido en moneda de cambio para llegar a acuerdos políticos, ignorando la necesidad de privilegiar trayectorias diplomáticas y capacidades técnicas y profesionales. Esta es, particularmente,  una realidad que ha encendido las alarmas de los propios expertos y de quienes sostienen el ministerio por dentro.

Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), su dirigencia ha tenido que salir al paso no solo para rechazar los proyectos que buscan reducir los requisitos para nombrar diplomáticos, sino para exigir que se detengan las insubsistencias masivas de personal capacitado. Como bien lo ha señalado el sindicato ante las afirmaciones estigmatizantes del Ejecutivo: la carrera diplomática no se hereda ni es de una rosca, se gana por concurso público. A esto se suman los constantes y vergonzosos fallos del Consejo de Estado, que ha tenido que anular un sinnúmero de nombramientos por la flagrante ausencia de los requisitos mínimos exigidos por la ley.

Cuando la dirección de una entidad se enfoca casi exclusivamente en sostener una narrativa ideológica, la base operativa, por supuesto, colapsa. Uno de los ejemplos de esta parálisis administrativa ha sido la crisis de los pasaportes. Más allá de si la expedición de las libretas logra estabilizarse a tropezones, lo que durante años operó como un modelo de eficiencia estatal fue sometido a un nudo ciego de improvisación jurídica, advertido repetidamente por la Contraloría y la Procuraduría. El país presenció una escena, a todas luces, preocupante: la enorme exposición a demandas millonarias derivadas de la accidentada salida de Thomas Greg & Sons, el letargo de la Imprenta Nacional para asumir un proceso técnico complejo y la limitada capacidad de maniobra internacional en la coyuntura. Esta debacle es la radiografía perfecta de lo que ocurre cuando se subordina el rigor técnico y la planeación al capricho político de turno.

A nivel internacional, el costo de esta improvisación es incalculable. Al supeditar nuestras relaciones internacionales a las afinidades ideológicas de turno, Colombia ha ido cediendo aceleradamente en su estatus histórico de país serio y líder en los escenarios multilaterales. Una Cancillería desprovista de su cuerpo técnico pierde la memoria institucional necesaria para navegar crisis complejas. Por ello, el diagnóstico del desastre debe dar paso urgente a la hoja de ruta de la reconstrucción. El próximo presidente heredará un ministerio profundamente golpeado y la política exterior del próximo cuatrienio requerirá una agenda de choque, contundente y audaz, para devolverle a la diplomacia su carácter de Estado.

El pilar fundacional de esta hoja de ruta debe ser la consagración de la política exterior colombiana como una verdadera política de Estado, completamente blindada ante los ánimos y vaivenes del gobierno de turno. Aunque la Cancillería cuenta en su base con un cuerpo de planta sumamente capaz, riguroso y preparado, la ausencia histórica de un marco inviolable a largo plazo fue la grieta que permitió el preocupante escenario actual. Fue precisamente esa falta de lineamientos estrictos lo que permitió que la diplomacia cediera en su operatividad técnica y tomara cada vez más espacio la legitimación ideológica de las erráticas decisiones internacionales del Ejecutivo. Esa vulnerabilidad institucional debe cerrarse definitivamente. Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo con cada ciclo electoral; se requiere un consenso que fije líneas rojas que ningún mandatario pueda cruzar.

Con ese blindaje institucional como base, la primera tarea es rectificar de inmediato del rumbo geopolítico, empezando por recomponer y madurar nuestra relación con los Estados Unidos. La próxima administración debe desterrar la retórica anacrónica que reduce nuestro vínculo con Washington a un antagonismo ideológico. Necesitamos una diplomacia pragmática que reconozca a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, elevando la agenda a temas de transición energética real, transferencia tecnológica y seguridad transnacional, sin complejos, pero, a la vez,  sin sumisiones. En esa misma línea, Colombia debe recuperar su vocación de liderazgo en América Latina. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que retomar un rol de estabilización que impulse una integración basada en intereses comerciales, de infraestructura y de defensa democrática, y no en clubes políticos que se desmoronan con cada elección vecinal.

Pero la transformación más profunda debe darse, será, seguramente, de puertas para adentro: la política exterior colombiana tiene que dejar de ser un monopolio exclusivo de los pasillos diplomáticos en Bogotá. El próximo presidente debe apostar por una verdadera descentralización de la cooperación internacional y la interacción diplomática, instalando capacidades de base en los territorios. No se trata de permitir una diplomacia fragmentada, sino de dotar a las regiones de herramientas técnicas y de negociación para que asuman un rol protagónico en la diplomacia pública. Los territorios deben ser capaces de salir al mundo para gestionar recursos, buscar mercados y forjar alianzas directas.

Ya existen ejemplos tangibles de esta visión que demuestran que no es una utopía académica. Un caso verdaderamente emblemático y cercano es el de la Universidad del Quindío, que ha asumido con éxito un rol inédito como agencia de diplomacia pública. Al conectar el conocimiento con las necesidades de su entorno territorial, la institución se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión entre el mundo y la región. A través de la gestión de proyectos de cooperación internacional, dicha institución ha demostrado que cuando se instalan capacidades técnicas a nivel local, se abren puertas de desarrollo que la burocracia centralizada suele ignorar. Este modelo de articulación, en el que la academia se convierte en el motor de la internacionalización regional, es una fórmula que el Estado podría replicar en todo el país.

El desafío que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño es enorme, pero la reconstrucción es posible porque no se parte de cero. En la Cancillería permanece una base profesional seria, rigurosa y comprometida: diplomáticos de carrera que, incluso en medio de la incertidumbre institucional, han contribuido a sostener la continuidad del servicio exterior colombiano. Ese capital humano debe ser el punto de partida para reconstruir la entidad. Recomponer la Cancillería no significa únicamente restituir el valor de la carrera diplomática y consular —aunque ello es indispensable y debe contar con garantías estatutarias sólidas—. También implica recuperar una visión de Estado que entienda la diplomacia como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, capaz de proyectar al país con coherencia, previsibilidad y sentido territorial. Solo sobre la base del mérito, de la experiencia técnica y de una orientación internacional seria, Colombia podrá dejar atrás la improvisación y recuperar una voz respetada, confiable y protagónica en el escenario global.

• Escudarse en la frase manida de “aquí está prohibido hablar de política” es improcedente cuando en las urnas hay demasiado en juego.

El muchacho de la carnicería, dicharachero él, me dice que ganó el domingo. Le dije que yo perdí. Así supimos quién votó por quién. Nos acaloramos un poco. Él, detrás del mostrador y yo, de este lado. Él disparó primero. Me preguntó con sorna: ¿Cuándo se ha visto a un izquierdozo montando una empresa?

Doblemente antipática la oración.

Al ver que cortaba la carne de res con su afilado cuchillo, preferí no contrariarlo. Permanecí ausente, pero le mandé telepáticamente la respuesta con el anhelo de que algún día le llegara. “Es una idiotez pensar que solo la gente de derecha hace empresa en Colombia”. El chico por supuesto no es el dueño del negocio, es otro empleado más, uno muy agradecido, eso sí, con su empleador.

Por WhatsApp me escribe un amigo que vive en España. Inquirió si quedé ardido por los resultados del 31 de mayo. Le respondí con otra pregunta: ¿Cómo puede estar ardida una persona que ha tenido las oportunidades que otros no? Me dejó en visto. A veces así son ellos: cortantes como cuchillo de carnicero, con cierta dificultad para mantener el hilo de la conversación. Y eso que todos somos valientes detrás de la pantalla de un celular.   

¡Qué difícil se ha vuelto dialogar! Cada uno de nosotros es dueño de la verdad, caemos en ese error. Tenemos la razón y la defendemos, pero no con la vida; la pendejada no llega hasta allá.

Cuando uno vota, las verdades personales son lo que menos importa. Importa más la conciencia social basada, a su vez, en una conciencia histórica, y ambas a su vez basadas en una realidad presente. Ni siquiera habría necesidad de leer, porque el pasado nunca se fue, muta en nuevas personas que nacen y mueren condenadas; el ciclo sin fin de la vida se repite con la pobreza, y no hay nada de épico en ello.

Sin estar de acuerdo con muchas personas, les he abierto mi espacio (este espacio que amablemente me concedió el director de El Espectador, Fidel Cano), para que se conozca su pensamiento.

Se aprende, en todo caso, a tener duro el cuero para recibir cada crítica que llega, sea constructiva o destructiva. Con el necio no hay caso. Quizás la frase más ¿imprudente? me la soltó una amiga del alma cuando le dejé ver mi alma de persona progresista que apoya en esta elección a Iván Cepeda. “Te quiero salvar de ti mismo”, me dijo, muy convencida de su poder de Mujer Maravilla camino a sus 60, como yo.

Sin ánimo peleador, me reí, a la manera de cuándo éramos jóvenes y se bromeaba con el lenguaje: Con esas amigas, ¿para qué enemibas?

Llevábamos unos 30 años sin saber de nosotros y entonces me pregunté, sin ella como heroína, ¡cómo diablos sobreviví durante tres décadas! En la interacción con el otro, debemos saber escoger muy bien las palabras para no ofender, descalificar o exhibir nuestra falsa superioridad moral o intelectual. A veces la amabilidad consiste en callar. A veces. 

El domingo ganó el voto solapado, ese que no sale en las encuestas, porque hay un elector avergonzado de su candidato. Es ese vecino al que usted le pregunta por quién votará y, enojado, responde: “El voto es secreto”. Ahí el votante de Abelardo se delata. Créanme que hice el experimento.

Pocas veces en mi vida he tenido certezas sobre nada; la mayor parte del tiempo, ¿de la vida?, nos guiamos por anhelos e ilusiones. Después del domingo último, solo tengo preguntas —algunas con doble sentido, aclaro—, y quiero compartirlas con los lectores. Cada cual saque de su corazón una respuesta antes de la segunda vuelta, el 21 de junio. Como no es una prueba para medir el coeficiente intelectual, apelen al sentido común.

1. ¿Dónde está Juan Manuel Santos, el que hizo el Acuerdo de paz, reclamó el Premio Nobel y lo dejó tirado? ¿Fue pura vanidad? ¿Dejará que vengan a acabar la JEP sin pelear?

2.  ¿Qué quiso decir a Donald Trump cuando, al apoyar a Abelardo De La Espriella, dijo que lo hacía, entre otras razones, por qué él “será capaz de detener la inmigración ilegal“? ¿Hablaba de los colombianos que quieren cumplir el “sueño americano” y no se han ido o hablaba de los colombianos que están en pleno sueño en los United States? ¿Irá el propio Tigre a recibirlos al aeropuerto cuando arriben cariacontecidos, deportados (humillados) por el gringo?

3.     Los que ahora alardean del voto en blanco en segunda vuelta, como fórmula para escurrir el bulto, ¿qué entienden por democracia?

4. ¿Usted cree que es mejor malo conocido que bueno por conocer o, por el contrario, considera que escoba nueva barre bien?

5. ¿Elegir mal convierte a la cédula de ciudadanía en un arma de doble filo?

6. ¿A quién le votan las personas de la tercera edad en este país?

7. ¿Alguna vez una persona con la vida resuelta ha votado pensando en aquellos que no han resuelto nada en la vida?

8. ¿Cuál es el argumento principal de una mujer para votar por un candidato señalado de misógino y acosador?

9. ¿El odio hacia una persona, digamos Gustavo Petro, es argumento válido para votar en contra de otra, digamos Iván Cepeda?

10.  ¿Usted cree que en un país notable e históricamente violento, permitir el uso de armas suena sensato?

11. ¿Las diez megacárceles que propone cierto candidato están pensadas para esos que estarán armados o para quienes irán desarmados?

12.  En la escala de 1 a 10 ¿en qué nivel está su ansiedad electoral?

13. ¿Cuántas mujeres votaron por Abelardo el 31 de mayo?

14. Si Abelardo nació en Bogotá, ¿es un costeño chiviado, como decimos?

15. ¿Por qué un bogotano, Iván Cepeda, superó a un costeño en todos los departamentos de su propia región?

16. ¿Fueron las encuestas y los astrólogos una estrategia en primera vuelta (poner a Cepeda a ganar), para que la gente, atemorizada, saliera a votar en su contra?

17. Si gana Abelardo, ¿qué pasará con la libertad de prensa durante los siguientes cuatro años?

18.  ¿Qué tan malo es que un presidente de la República tenga bufete de abogados propio? ¿Se enriquecerá a punta de demandas como hace Donald Trump?

19.  Si la izquierda tiene conciencia histórica y social, ¿qué tipo de conciencia guía a aquel o aquella que votará por Abelardo de la Espriella? ¿Acaso la conciencia capitalista es un tipo de conciencia?  

20.  ¿Usted qué entiende por el verbo destripar a la izquierda?

21. ¿Qué pregunta quieren añadir los amables lectores? 

Las recientes declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre una eventual salida de Colombia de la ONU y de la OEA han provocado una intensa discusión pública. Sus críticos las interpretan como una señal de aislamiento internacional y de debilitamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Sus partidarios, por el contrario, las entienden como una reivindicación de la soberanía nacional frente a organismos burocráticos que ofrecen pocos beneficios concretos para el país. Sin embargo, el verdadero interés de estas declaraciones no radica en la política exterior. Su importancia consiste en que permiten comprender con mayor claridad la lógica que articula el conjunto de su programa de gobierno.

Cuando De la Espriella afirma que la permanencia en estos organismos debe evaluarse preguntando «¿qué le produce eso a Colombia?», está formulando una concepción específica de la política. Las instituciones no se justifican por sí mismas ni por principios abstractos. Su legitimidad depende de los beneficios concretos que generen para la nación. Lo que no produzca resultados debe ser reformado, reducido o eliminado.

La lógica que atraviesa todo el programa de la llamada «Patria Milagro».

El primer apartado del documento lleva por título «Salvar la Patria Milagro». Allí se sostiene que Colombia enfrenta cuatro amenazas fundamentales: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales. Frente a ellas se propone convertir la elección presidencial en una decisión histórica de defensa nacional, levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República.

La elección de las palabras no es accidental. No se habla simplemente de administrar mejor el Estado ni de corregir errores gubernamentales. Se habla de salvar la patria, reconstruir la República y recuperar instituciones supuestamente capturadas. La política adopta así un lenguaje de regeneración nacional como en la época de Miguel Antonio Caro.

Esta narrativa posee una larga historia en América Latina. Desde el siglo XIX, diversos movimientos políticos han legitimado sus proyectos presentando la nación como una comunidad amenazada que requiere una intervención excepcional para restaurar su rumbo histórico. En estos discursos, el gobernante no aparece únicamente como un administrador eficiente, sino como el intérprete de una misión de rescate colectivo.

Sin embargo, como veremos a continuación el programa de De la Espriella incorpora un elemento adicional que merece atención: el llamado patriotismo constitucional.

¿Qué es eso del “patriotismo Constitucional’?

En principio, cuando se lee el apartado titulado «Patriotismo Constitucional en la Patria Milagro» pareciera que este se inscribe dentro de la tradición clásica del constitucionalismo democrático. Allí se propone un compromiso de lealtad con la Constitución, el rechazo a una asamblea constituyente, la defensa de jueces, prensa e instituciones, la protección de la separación de poderes y el fortalecimiento de la independencia judicial.

Estos elementos podrían interpretarse como una reafirmación del Estado de derecho. No obstante, una lectura más detenida revela una tensión significativa. El programa sostiene que la democracia sólo será posible si la Constitución vuelve a ser «el límite del poder y el consenso central de la República» y si los colombianos obedecen «a la libertad y el orden que orienta nuestro propio escudo nacional».

La expresión resulta particularmente relevante porque el concepto de patriotismo constitucional tiene una historia intelectual específica. Desarrollado inicialmente por Dolf Sternberger y posteriormente popularizado por Jürgen Habermas, surgió en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial como una alternativa al nacionalismo tradicional. Su objetivo consistía en construir una identidad política basada no en la etnia, la religión o la homogeneidad cultural, sino en la adhesión compartida a los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de derecho.Para Habermas, los ciudadanos debían sentirse vinculados por procedimientos democráticos comunes y no por una identidad nacional excluyente. El patriotismo constitucional buscaba precisamente proteger el pluralismo.

En la formulación propuesta por De la Espriella, sin embargo, el concepto parece adquirir un significado distinto. Junto a la defensa de la Constitución aparecen referencias permanentes a la patria, la reconstrucción nacional, la mayoría moral, la seguridad, el orden y el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La Constitución ya no aparece únicamente como un conjunto de límites al poder. También se convierte en un instrumento de cohesión moral y de reafirmación nacional. Esta diferencia resulta fundamental para comprender otras propuestas del programa.

En materia de seguridad, por ejemplo, el documento sostiene que «el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad». La afirmación expresa una visión según la cual la principal amenaza para los derechos ciudadanos no proviene del exceso de poder estatal sino de la incapacidad del Estado para garantizar el orden. La libertad aparece entonces estrechamente vinculada a la autoridad. Desde esta perspectiva se entienden propuestas como la destrucción de las economías ilegales, la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la fuerza pública y la reafirmación del monopolio estatal de las armas.

Algunos interrogantes fundamentales

Una de las propuestas más llamativas que plantea la propuesta de la “Patria Milagro” – resaltando el término milagro para asociarlo con ideas como la de Regeneración de Nuñez o la Restauracion conservadora después de la guerra de los Mil Días – consiste en la creación de una «Primera Línea de Seguridad» integrada por veteranos y reservistas para apoyar la seguridad barrial. Aunque el programa insiste simultáneamente en desmontar poderes coercitivos paralelos y reafirmar el monopolio estatal de las armas, la experiencia colombiana obliga a examinar con cautela cualquier iniciativa que amplíe la participación de civiles o exmilitares en tareas relacionadas con la seguridad comunitaria, pues ha derivado en paramilitarismo y para-estatalismo.

Las Convivir de la década de 1990 constituyen un antecedente ineludible. Originalmente concebidas como mecanismos de colaboración ciudadana con las autoridades, en varios territorios terminaron facilitando dinámicas que contribuyeron a la expansión de estructuras paramilitares. Esto no significa que ambas propuestas sean equivalentes, pero sí plantea preguntas legítimas sobre los mecanismos de control institucional que impedirían una evolución semejante. Es en este punto donde consideramos que las declaraciones sobre la ONU y la OEA no son casuales sino que corresponden a algo que guarda consonancia con su propuesta.

Cuando De la Espriella afirma que estas organizaciones son «pura burocracia» y se pregunta «¿qué le producen a Colombia?», no está cuestionando únicamente a dos organismos internacionales concretos. Está expresando una determinada concepción de la soberanía, que rechaza la intervención de estas instituciones y al mismo tiempo llama “terroristas urbanos” a cualquier posible manifestación o protesta en contra de un posible gobierno suyo.

La pertenencia a instituciones multilaterales deja de justificarse por razones normativas o por compromisos universales asociados a los derechos humanos y pasa a evaluarse según criterios de utilidad inmediata para la nación. Colombia, por ejemplo, no podría ser juzgada o condenada a nivel internacional por violación de los Derechos humanos.

Aquí emerge otra diferencia significativa con la tradición del patriotismo constitucional desarrollada por Habermas. Mientras este último concebía la democracia constitucional como compatible con la creciente internacionalización de los derechos y las instituciones, con el disenso y el desacuerdo, la propuesta de De la Espriella desplaza el énfasis hacia la autonomía nacional, la eficiencia administrativa y la capacidad de las instituciones para producir beneficios concretos para los ciudadanos. Se trataría también, en principio, de un Estado mínimo, autoritario y al servicio del mercado, que no se compadece con la apuesta del Estado social de derecho de la carta de 1991.

La cuestión central, por tanto, no consiste en determinar si estamos ante un proyecto democrático o antidemocrático en términos absolutos. Tampoco parece suficiente describirlo simplemente como una reedición de la seguridad democrática ya que lo que emerge es una combinación particular de constitucionalismo, soberanismo, seguridad y regeneración nacional. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede un proyecto político que aspira a reconstruir moralmente la República preservar al mismo tiempo el pluralismo, la diferencia, la diversidad que caracteriza a las democracias contemporáneas? Después de todo, las constituciones no existen únicamente para proteger aquello que una mayoría considera valioso. También existen para garantizar que quienes piensan distinto continúen siendo reconocidos como ciudadanos legítimos dentro de una comunidad política compartida.

Referencias

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (M. Jiménez Redondo, Trad.). Trotta.

Habermas, J. (1999). La inclusión del otro: Estudios de teoría política (J. C. Velasco Arroyo & G. Vilar Roca, Trads.). Paidós.

De La Espriella, A. (2026). Programa de gobierno 2026–2030.

Las elecciones y la Selección

Y lamentablemente ya hemos llegado a tal extremo. De trasladarse semejante división al interior de los jugadores de la Selección, serán eliminados en la primera ronda del mundial, probablemente con autogoles, pues ya no serán un equipo sino 11 en disputa de ser el mejor jugador y harán un espectáculo deplorable. Su juego será deslucido y rastrero, como sucede en las campañas políticas, con sus líderes enfrentados, cada uno tratando de eliminar al otro y vencerlo, con jugaditas más o menos sucias, para luego sus seguidores vanagloriarse y como vulgares hinchas humillar y provocar a los vencidos. Si esto llega a suceder el próximo 21 de junio, toda Colombia perdería, no solo por el jolgorio de los ganadores y la frustración de los derrotados, que probablemente se expresará en las calles, sino porque durante los próximos 4 años difícilmente quien sea presidente podrá simbolizar la unidad nacional. Será un presidente que gobernará en primer lugar para su fanaticada y sus intereses, que lo eligió rabiosamente contra el resto de los colombianos. Estará tentado a cobrar revancha en lugar de gobernar para todos los colombianos y colombianas, como exige la Constitución. La cancha de la gobernabilidad, sus decisiones y beneficios serán para los ganadores y el resto quedará por fuera. Serán cuatro años de un juego de suma cero, contra casi la otra mitad de colombianos perdedores. Y si a ese hipotético escenario se suma una derrota de la selección frente a Uzbequistán el 17 de junio, estaríamos doblemente eliminados. Primero en el terreno de la convivencia política y luego de las canchas del mundial de fútbol. La única forma de evitar que sucedan esos desenlaces es tomándonos en serio ambos juegos, respetando las reglas de ambas actividades y jugando limpio, aceptando los resultados y respetando la integridad de todos los jugadores. En la política, permitiendo que los ciudadanos voten libremente y a conciencia, sin intimidarlos con las armas o infundiéndoles miedos y odios, pregonando catástrofes infundadas si el adversario llega a ganar o prometiendo milagros si se es favorecido en las urnas. Si se juega con semejantes artimañas, se estimulará peligrosamente la polarización, tanto durante la campaña y mucho más desde el gobierno, cuando en lugar de milagros lo que habrá será mayor frustración y desesperación por su no realización. Con mayor razón cuando esos milagros se anuncian que tendrán lugar en 9 meses, plazo en el que Abelardo dice acabará con el narcotráfico y la Coca en el país, superando así no solo a la “Paz Total”, sino todos los esfuerzos de los anteriores presidentes por poner fin al conflicto armado desde hace más de 50 años. Suena muy parecido a Trump y su inverosímil meta de poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Entonces no tendríamos una “Patria Milagro” sino una Nación malograda, más dividida y fragmentada. Pero no especulemos a mediano plazo sino en el inmediato y preguntémonos si nuestra Selección no le gana a Uzbequistán el próximo 17 de junio y corre el riesgo de ser eliminada en primera ronda, pues luego jugará con el Congo el 23 y Portugal el 27, encuentros más difíciles e inciertos ¿Con qué animo saldrían millones a votar con la camiseta de la selección?

Entre la Política y el Fútbol

La política, desde luego, es más importante que el fútbol. Es el juego del poder, el que nos afecta a todos, para bien o para mal, y nadie puede eludirla o ponerse a salvo de sus consecuencias. Nos define desde la cuna hasta la tumba. Es el picado de la vida, donde millones están casi que eliminados por el lugar donde nacen, que les marca sus oportunidades para llevar una vida decorosa u oprobiosa, en dónde vivirán y hasta cómo y cuándo morirán. Por esa sencilla razón nadie puede ser apolítico. Y quienes se precian de serlo y repudian a todos los políticos por corruptos y tramposos, terminan votando por outsiders que se aprovechan de su ingenuidad. Dichos Outsiders una vez electos suelen ser todavía peores que los políticos anteriores, ya que convierten el Estado y las instituciones públicas en sucursales de sus negocios familiares y de sus socios corporativos, con el pretexto de trasladar su éxito empresarial al sector público, como hizo Trump con Elon Musk y actualmente con su yerno, todo bajo el pretexto de America First y la grandeza de MAGA. Lo mismo hace Milei en Argentina con su hermana y por eso más de uno de sus ministros y asesores han estado envueltos en escándalos de corrupción. Todo eso sucede porque estos outsiders que, hábilmente se proyectan en sus campañas como antipolíticos y exitosos empresarios, pregonan que la ley nada tiene que ver con la ética y mucho menos el Estado con la justicia social, pues todo depende de la competencia en el mercado, de la vanagloriada libertad personal y de la supuesta meritocracia para triunfar. Semejantes cuentos los utilizan para subordinar en su toma de decisiones lo público a lo privado. Es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que es consubstancial a la democracia y el Estado Social de derecho, la protección y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y la prevalencia del interés general sobre el particular.

Contra la polarización, cumplir la Constitución

En nuestro caso, el artículo 1 define a Colombia como un Estado Social de derecho “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En otras palabras, la Constitución es el campo de juego de la política, determina los límites y competencias de los gobernantes, sus funciones, relaciones con los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. Por eso, nada mejor para evitar la polarización que cumplir la Constitución, empezando obviamente por quienes aspiran a los más altos cargos, como la Presidencia de la República y el Congreso. Si la cumplen cabalmente y no abusan de ella, interpretándola y aplicándola para favorecer a sus copartidarios, patrocinadores y socios, no habrá lugar a polarización social o política alguna. Pero si hacen lo contrario, obviamente la polarización será inevitable, pues cuando esos gobernantes en lugar de “promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, como lo ordena su artículo 13, se dedican desde la Presidencia y el Congreso a favorecer intereses minoritarios a través de incentivos y subsidios públicos, entonces es como ganar un partido en el mundial con la ayuda del árbitro, anotando goles fuera de lugar y hasta con la “mano de Dios”, como lo hizo Maradona contra Inglaterra en México en el mundial de 1986. En esos casos habrá posibilidades de mucha más polarización si la dignidad humana es desconocida en función del género al que se pertenece y se tiene actitudes misóginas y homofóbicas, pero sobre todo cuando no se adoptan medidas a favor de grupos discriminados o marginados y sí de minorías privilegiadas. Por eso no hay mejor antídoto contra la polarización que cumplir la Constitución, no solo por parte de los gobernantes, sino también de todos nosotros, como ciudadanos. De allí que Jürgen Habermas afirmará que el único patriotismo y nacionalismo que se debe estimular es el constitucional.

Patriotismo constitucional

Y nuestra Carta lo hace muy bien en dos artículos. El 22 que nos dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, por lo cual es un sinsentido afirmar que solo con la guerra y más “héroes de la patria” es posible alcanzarla y para ello estimular una atmósfera de confrontación con tigres que supuestamente devorarán a los “corruptos” y, todavía peor, “destriparán” a quienes sean de “izquierda”, considerados enemigos de la Patria. Todo lo contrario prescribe el artículo 95 que, entre los nueve deberes que enaltecen nuestra condición de colombianos, destaca los siguientes como esenciales: 1- “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; 4- “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; 6- “propender por el logro y mantenimiento de la paz”; 8- “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” y 9- “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. En conclusión, para no caer en la polarización, bastaría que todos cumpliéramos la Constitución, empezando por quien resulte electo presidente el próximo 21 de junio. Por eso carece de sentido promover otra Asamblea Constituyente si aún estamos en mora de cumplir artículos como el citado. Lo que necesitamos con urgencia es una gobernabilidad democrática constituyente, en lugar de inciertos procesos y asambleas constituyentes que apelan a un fantasmagórico poder popular constituyente, cuyas reivindicaciones y justas aspiraciones sociales solo podrán ser realizados con programas y políticas públicas concertadas entre todos los intereses económicos y sociales relevantes. Empezando con los intereses y las reivindicaciones más dispersas e inorgánicas de la economía informal y popular hasta los más robustos y poderosos de las grandes empresas, teniendo como horizonte el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, en lugar de su desmantelamiento.

Por el cumplimiento de la Constitución

Por eso es una buena noticia que el candidato Iván Cepeda haya desistido de la aventura constituyente y se concentre en el desarrollo y cumplimiento en la vida real de la Constitución nominal que tenemos. Si lo hace con coherencia y sin exclusiones o hegemonismo partidista, ya no habrá espacio alguno para la polarización política y social en tanto todos los colombianos nos sentimos reflejados y protegidos por la Constitución, siempre y cuando  se cumplan sus principios y valores democráticos enunciados desde su preámbulo: “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.  Una integración hoy amenazada por la estrategia de Trump y su “Escudo de las Américas”, diseñado en función de MAGA y AMERICA FIRST, que desconoce nuestras prioridades como subcontinente, desde México hasta la Patagonia, como son la paz, la conservación y explotación de nuestras riquezas y portentosa biodiversidad, junto a la pluralidad étnica de nuestras identidades y numerosos pueblos del SUR en busca de mayor justicia social y autodeterminación política colectiva.

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.