La paradoja de la Vida y la Mortalidad

Por eso no deja de ser paradójico y hasta una cruel ironía que haya sido precisamente la violenta convulsión de la naturaleza, ese levantamiento telúrico de Pachamama en inmediaciones de San José del Palmar[i], Chocó, epicentro de exclusión social, desidia gubernamental y corrupción político-administrativa, la que haya derrumbado y vuelto añicos la polarización política y social de la mayoría de colombianos.  En cuestión de minutos, sobre las ruinas y la devastación producida por el terremoto, desapareció esa pugnaz polarización y emergió desde abajo y por todos los lugares la solidaridad ciudadana y popular reivindicando la VIDA como su única bandera. Una bandera cohesionadora de todos los esfuerzos, sin esperar llamados gubernamentales o de autoridad alguna, respondiendo únicamente a la sensibilidad y conciencia de cada uno frente al dolor y la desgracia de cientos de miles de colombianos. Por cierto, una respuesta totalmente distante de la del Tigre, caracterizada por su “máxima in-coherencia e incompetencia”.

Máxima In-Coherencia e incompetencia

En efecto, en lugar de aceptar en forma inmediata el ofrecimiento del gobierno de México con sus “Topos” expertos en estos desastres, optó por la de Estados Unidos e Israel, cuyas brigadas llegaron después de las 72 horas de ocurrido el terremoto. Quizá se hubiera podido salvar más de una vida, como lo hicieron en La Guaira en Venezuela.  Algo tan incompresible e indignante como el desfile de tanquetas de guerra por el sector del Alto Jordán en Cali, en lugar de la presencia de personal de ingenieros militares con su competencia en obras civiles para atender este tipo de urgencias y desastres. Esas decisiones y actuaciones ponen de presente los límites de lo que el “Tigre” llama “Máxima Coherencia”, reducida a sus visitas fugaces a distintos municipios y zonas rurales afectadas, como si con su sola presencia fuera a realizar milagros y salvar vidas, en lugar de tomar decisiones rápidas y acertadas para garantizar la coordinación eficiente de las distintas agencias estatales y la ayuda internacional competente. A eso conduce el éxito de un outsider y su personalidad de dandi, siempre obsesionado en aparecer en primer plano en los noticieros y la gran prensa, que es lo propio de la política espectáculo de todos los gobernantes de la extrema derecha. Una política sustentada en la invención de realidades que ocultan bien su incompetencia a punto de algoritmos, Fake News y el eco exponencial de periodistas y medios de comunicación que los exaltan y adulan, traicionando así en forma irresponsable su deber de informar y develar la realidad.

Más allá de la solidaridad

En contraste, hay que reconocer que el mundo empresarial, reunido en Cartagena en el 11 congreso gremial de la Andi[ii], le dio al Tigre un ejemplo de compromiso y una lección de eficiencia, pues en pocas horas logró el aporte de grandes conglomerados económicos con donaciones que superan los 200 mil millones de pesos. Claro que tanta filantropía no es gratuita, pues dichas donaciones obviamente tendrán un reconocimiento tributario equivalente hasta el 25% del valor donado en el pago posterior de sus impuestos[iii]. Por eso, esa “filantropía empresarial” será parte del presupuesto nacional y es mucho más que solo solidaridad. De allí, que precise una rigurosa auditoría de su gasto y mucho más de su ejecución. No vaya a suceder, como lamentablemente aconteció con la UNGRD en el “gobierno del cambio”, que ese llamado “Fondo Milagro”[iv] sea saqueado por alianzas politiqueras o, lo que sería más lamentable, una milagrosa estrategia de favorecimientos corporativos, empresariales, religiosos y de congresistas para convertirlo en la plataforma gubernamental de la llamada “Patria Milagro” y la “caja menor” de los que siempre han gobernado en punible ayuntamiento con los “ciudadanos de bien”. Entonces la Patria Solidaria moriría en manos de la “Patria Milagro” y sepultada en el “Fondo Milagro” en beneficio de mercaderes, especuladores y emprendedores expertos en coaliciones público-privadas que han hecho del Estado la “empresa privada de los políticos”. Para evitar esa deriva cacocrática y cleptocrática que se apropia de lo público y los intereses generales, es urgente que la Patria Solidaria se haga presente en la fiscalización y funcionamiento de ese “Fondo Milagro” a través de la competencia del poder del saber.

El poder del Saber

Ese poder que se expresa en los aportes de las universidades públicas y privadas, de sus más competentes y honestos profesionales, junto a las diversas y numerosas asociaciones y Colegios de Profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, topógrafos, contadores públicos, psicólogos, sociólogos, politólogos y demás saberes que dan sentido y valor a la vida colectiva y bienes públicos, más allá del mercado y sus ganancias, respaldados por el tejido de organizaciones sociales y populares que han estado en la primera línea de la solidaridad y la defensa de la vida en estos aciagos y esperanzadores momentos. Quizás así no se imponga, una vez más, la lógica del Estado cacocrático al mando de los más hábiles y astutos impostores y saqueadores de lo público y se pueda empezar a forjar El Estado Emprendedor propuesto por la pensadora y activista de lo público, Mariana Mazzucato. En dicho libro, cuyo subtítulo es “La Oposición Público Vs Privado y sus mitos”, demuestra que el “Estado lejos de limitarse a intervenir en el mercado para subsanar posibles errores o abusos, es en realidad una organización audaz, capaz de asumir las inversiones de mayor riesgo, y un facilitador clave de las innovaciones tecnológicas que impulsan el crecimiento económico”. Es lo que precisamos en este momento para que la Patria Solidaria sea una realidad política e institucional y no solo un estado de ánimo y un espíritu colectivo pasajero, desatado por catástrofes naturales impredecibles. Porque solo en la mente de ingenuos creyentes y en el mundo espiritual, por esencia situado más allá de la política terrenal, es donde se producen milagros. Lo más grave es que cuando estos son promovidos por demagogos y políticos, presentes en todos los espectros políticos y son expertos en manipular el miedo y vender ilusiones, suelen terminar en catástrofes colectivas.

[i] https://www.democrata.es/internacional/terremoto-colombia-graficos-mapa-epicentro-magnitud-profundidad-ciudades-afectadas/

[ii] https://www.eluniversal.com.co/economica/2026/08/12/comienza-el-11-congreso-empresarial-colombiano-organizado-por-la-andi/

[iii] https://actualicese.com/descuento-tributario-por-donaciones-destinadas-a-atender-la-emergencia-por-el-sismo-en-colombia/

[iv] https://www.elheraldo.co/colombia/2026/08/13/en-que-consiste-el-fondo-milagro-anunciado-por-de-la-espriella-para-reconstruccion-tras-terremoto/

Quien empezó a regalarnos sus OBRAS LITERARIAS, verdaderas JOYAS de COLECCIÓN las que Uds tienen el lujo de CONOCER…

HOY nos aporta su..:

“Mis SÁBADOS DE CINE..: EPISODIO 3… by A.M.C

“LA MALA COSTUMBRE

 Alana S.  Portero

Seix Barral, 2024

252 pgs

A ninguna persona normal debe pasar inadvertido lo mal que lo suele pasar en la vida, peor que la mayoría, el personal del colectivo LGTBI, y dentro del mismo, las personas Trans llevan la peor parte, son un grupo realmente vulnerable. Tenía alguna noticia sobre este libro, y al verlo en la biblioteca de mi ciudad, decidí cogerlo.

Está siendo todo un fenómeno editorial y social, y a diferencia de otros, tiene calidad de sobra. Veamos, Alana es una chica trans, que nació en el barrio de San Blas, que estudió historia medieval, que se viene dedicando al mundo del teatro, la animación  sociocultural y la escritura, y esta es su  primera novela.

La protagonista de esta novela, al igual que la autora, nació en San Blas, donde pasó su infancia y adolescencia, en los 80 y 90. Como sabe cualquier persona nacida antes de 1978 o así, esos fueron los años de la heroína, el caballo, los yonquis a mansalva tirados en medio de la calle, muriendo a chorro, de sida, de sobredosis. Y la protagonista, Alex ( de la que no es muy difícil averiguar que tiene muchos puntos en común con la autora), desde muy pronto se da cuenta de que no se siente a gusto en un cuerpo de hombre, que se siente mujer, vaya, tiene disforia de género.

Alex vive en un humilde piso, con padres obreros, vecinos lo mismo, y todo rodeado de los problemas que comentábamos antes. Entre toda esa marginalidad no tardan en aparecer mujeres trans, como su vecina, Margarita, con la que no contactará hasta muchos años después, cuando tenga ya una enfermedad terminal, y Eugenia, la Moraíta, que hace la calle en otras barriadas madrileñas, y que la acogerá como a un hijo. Alex ama, lee, estudia, bebe, se droga, vive, en definitiva, amparada en un núcleo familiar muy unido, pero al que no se atreve a desvelar su secreto, que, de seguro, para sus padres no será tal. Así que vive, en apariencia, dentro de un cerrado armario, en ese barrio obrero tan digno y solidario que, a la autora, le inoculó su conciencia de clase desde el principio. Alex, como decimos, estudia, trabaja, en apariencia está cómoda dentro de su armario, pero, claro, tiene sus dudas, sus miedos, sus problemas de autoaceptación.

No es la novela nada explícita en cuanto a sexo y relaciones, sí lo es al describir la miseria y lo cutre de un barrio marginal hace 30, 40 años, y se hace duro de leer. Tampoco es una confesión a corazón abiero a lo Juan Goytisolo en coto vedado y En los reinos de taifa, verdadera literatura confesional gay, no, el libro es, en ese sentido, incluso algo ñoño, y ahí creo que yerra un poco el tiro. Quizá habría quedado mucho mejor una pieza totalmente autobiográfica y confesional a tumba abierta, descriptiva, dolida. Pero aun así es un bello testimonio de sufrimiento, de vértigo, dividido en cortos capítulos, con una  prosa absorbente. 

Apenas sabía nada de este mundo, sin duda duro, glacial, solitario, que una ley aprobada recientemente en este país intenta, de algún modo, si eso es posible, acompañar. Me gustaría que la gente como Alana sintiera muchas de nuestras manos tendidas.”

Se nota que su MUNDO; nos referimos al ANTONIO MEROÑO CAMPILLO; pertenece a otra GALAXIA… esa à la que nuestros LECTORES se montaron a cabalgar como un JINETE sin DISFRAZ…

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CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Un grupo de investigadores analizó más de 142 000 documentos oficiales y llegó a una conclusión: la provincia de Chaco, en el noreste de Argentina, auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido durante 15 años, entre 2009 y 2024. No fue necesario modificar la Ley Nacional de Bosques para alentar la deforestación, ya que se utilizaron decretos y trámites administrativos para perforar la normativa nacional y dar vía libre al desmonte, según detalla el estudio realizado por los científicos.

Este trabajo de investigación fue liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Tiene un contexto internacional: los bosques secos están desapareciendo debido a la expansión agrícola y la extracción de madera, impulsadas por el consumo en el extranjero, determina el estudio.

«El reglamento de deforestación de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor a fines de 2026, aborda este problema al exigir que las importaciones a la UE se produzcan cumpliendo con las leyes de protección forestal de sus países de origen». Sin embargo, en la provincia de Chaco y otras provincias que forman parte de la región chaqueña, como Santiago del Estero, Formosa y Salta, la deforestación avanza para la producción sojera -principalmente para la alimentación de ganado-, ganadería y para extraer productos madereros (madera, carbón y extractos de tanino).

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La investigación identificó seis mecanismos para sortear la Ley Nacional de Bosques y lograr el desmonte en la provincia: recategorización de predios, permisos desvirtuados, sobreexplotación de madera, “blanqueo” de origen irregular, multas mínimas y actualización del mapa provincial para correr los límites.

Esta deforestación tuvo lugar en la zona del bosque conocido como el Impenetrable chaqueño, ubicado en la región del Chaco Sudamericano, la segunda región boscosa más grande de Sudamérica y donde los pueblos indígenas, como los qichí, gom y moqoit, denuncian la destrucción de sus territorios.

Estos seis mecanismos fueron implementados, según el estudio, por actores públicos y privados que «relajaron la ley provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques para eludir los estándares mínimos de la ley nacional argentina de protección de bosques». Así, ampliaron las áreas donde se podría producir madera o productos agrícolas en cumplimiento de las políticas transnacionales contra la deforestación.

Los autores afirman que «para evitar que estas respuestas desadaptativas se propaguen a otras regiones productoras, los países importadores deberían exigir productos que generen cero deforestación bruta».

Matías Mastrangelo, especializado en ambiente, conservación y sustentabilidad y unos de los autores del estudio, explicó a Mongabay Latam que esta investigación revela que solo la región de bosque llamada el Impenetrable, en la provincia de Chaco, perdió alrededor de 500 000 hectáreas de bosque nativo, el 90 % de toda la deforestación registrada en la provincia durante el periodo analizado, entre 2009 y 2025.

Entre las normas analizadas, Mastrángelo tomó una como ejemplo: el decreto provincial 2157/22 transformó zonas catalogadas en la Ley de Bosques como zonas amarillas (donde está prohibida la deforestación total del área) en zonas verdes, habilitando el desmonte total de esas zonas de bosque nativo.

“Nosotros calculamos que alrededor de 370 000 hectáreas de bosque protegido se perdieron en estos 15 años mediante estos mecanismos. De esa cifra, 270 000 fueron desmontadas de forma ilegal, sin ningún tipo de permiso. A esas 370 000 que ya se perdieron es posible que haya que sumarles las más de 200 000 hectáreas por la actualización del mapa de la provincia y ahí hablamos de más de medio millón de hectáreas que se perderían por estos seis mecanismos”, detalló Mastrángelo.

La actualización del mapa de la provincia de Chaco es el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), sancionado bajo la Ley Provincial número 4005-R. Este mapa redefine las zonas de conservación ambiental (rojo, amarillo y verde) que regulan el uso del suelo y los permisos forestales en el territorio.

El experto añadió que auditaron 15 042 permisos de uso del bosque, 127 632 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024. Además, detalló que una “porción significativa” de la superficie afectada correspondía a categorías de alto (zona roja) y mediano valor de conservación (zona amarilla), donde el cambio de uso del suelo está prohibido o regulado por la ley nacional, respectivamente.

Las maniobras que abrieron el desmonte

La investigación detalla los seis dispositivos administrativos que se utilizaron para avalar el desmonte en supuesta complicidad con la autoridad forestal chaqueña. La primera es la recategorización de predios, que consta en la modificación del mapa de zonificación para pasar de áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.

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El segundo dispositivo son los permisos silvopastoriles desvirtuados, que son autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.

Luego viene la sobreexplotación maderera, que involucra permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.

El cuarto mecanismo es el blanqueo de madera, que son los esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.

Además, detectaron las multas no disuasorias: la aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.

Por último, están las actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta. Esto fue llevado adelante por las autoridades de la provincia de Chaco.

“La intención con la que los propietarios desmontan estos bosques protegidos apelando a este tipo de maniobras es sembrar la soja o maíz, o para sembrar pasturas y criar ganado. Sin embargo, esta zona es muy seca y frágil, ya que tiene suelos que rápidamente pierden su fertilidad cuando se les quita el bosque. No es una zona agrícola o ganadera”, afirmó Mastrángelo.

Mongabay Latam contactó a ex autoridades de la provincia de Chaco que tuvieron a su cargo el área ambiental y de bosques durante los años en que los investigadores señalan la aplicación de estas maniobras, pero no logró respuestas. También se contactó al equipo de comunicación del actual gobierno provincial, pero tampoco emitieron un pronunciamiento sobre este tema.

Mastrángelo afirmó que él también intentó contactarse con la actual gestión del gobierno de Chaco para mostrar los resultados del estudio y emitir algunas recomendaciones. “A pesar de mostrar esta evidencia, ellos siguen con la insistencia de ampliar la frontera agropecuaria y de seguir yendo en contra de sus bosques y de las familias que habitan en estos bosques”, dijo el experto.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y quien no participó del estudio, afirmó a Mongabay Latam que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta fundamental para proteger los ecosistemas forestales de Argentina. Sin embargo, advirtió que las actualizaciones en la provincia de Chaco hacen evidentes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales en estos procesos.

Además, el experto detalló que los ajustes en los trámites administrativos violan principios ambientales clave, como los de no regresión -la imposibilidad de dar marcha atrás con una norma de protección ambiental- y progresividad -que implica la modernización y digitalización de trámites-, además de afectar directamente a las comunidades locales, especialmente indígenas, que habitan en estos territorios.

“Estas medidas representan un retroceso ambiental preocupante, ya que buscan habilitar el desmonte indiscriminado en un área clave para la biodiversidad. Con estos mecanismos se institucionaliza un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Todo esto implica un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolida un modelo de explotación insostenible”, remarcó Nápoli.

El bosque chaqueño en riesgo

Chaco es una de las provincias argentinas más afectadas por la deforestación. En 2024 se perdieron casi 40 000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, de acuerdo con el monitoreo de la organización Greenpeace Argentina. Luego vino una baja considerable en las cifras que se debió a que la Justicia Federal de Chaco ordenó suspender los desmontes a mediados de 2024. Aún así, en 2025 se perdieron otras 17 000 hectáreas de bosque nativo en la provincia.

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En el estudio se destaca que las tácticas administrativas observadas en la provincia de Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado, otro ecosistema boscoso clave de Sudamérica. Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes, según detalló Mastrángelo.

El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.

“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.

Según la investigación, entre el 16 % y el 28 % de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera que es posible extraer sosteniblemente. Ese excedente, dijo Mastrángelo, permite incorporar al circuito legal madera proveniente de zonas rojas o de desmontes sin permiso.

También aparecen las “autorizaciones especiales”, que permiten a empresas de carbón y tanino comprar madera de áreas desmontadas ilegalmente. En 2024, el 55 % de la madera extraída en la provincia del Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorizaciones.

Según el estudio, las multas tampoco funcionaron como freno. En 2024, solo con la venta del quebracho colorado, un propietario pudo pagar la sanción y conservar una ganancia inmediata de 126.5 dólares por hectárea.

Ese mismo año, la provincia de Chaco modificó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): excluyó de estrictos controles 270 000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220 000. Así, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.

*Imagen principal: el estudio sostiene que se burló la Ley Nacional de Bosques para flexibilizar la protección de bosque nativo en la provincia de Chaco, Argentina. Foto: cortesía Martín Katz/Greenpeace Argentina

REFERENCIAS

Mastrángelo, M.E., Aguiar, S. & Krause, V. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies. Nat Sustain (2026). https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Angélica Hernández, socióloga, y Andrea Gómez, psicóloga, serán las encargadas de la inducción y respuestas de Admisiones de UNAL.

El Meet hace parte de una serie (con universidades estatales y privadas) gestionada por la Fundación Color de Colombia, dentro del propósito de ayudar al ingreso de bachilleres de municipios con significativa población afrocolombiana a la educación superior de calidad.

• Los interesados en la charla pueden conectarse con este enlace.

La Universidad Nacional de Colombia es la que tiene mayor potencial en ese propósito de inclusión por sus nueves sedes: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Tumaco, La Paz (Cesar), Arauca, San Andrés y Leticia, y por sus distintos programas de admisión especial, dada la brecha de calidad educativa que afecta a tales municipios poniéndolos en desventaja en una competencia abierta.

UNAL usará el Saber 11 para facilitar el ingreso de jóvenes de regiones apartadas

Los aspirantes a los programas Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET) y de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN) sean seleccionados utilizando los resultados de la prueba Saber 11 del ICFES.

La medida aplicará a partir de la convocatoria de admisión 2027-1 y beneficiará a quienes aspiren a ingresar por los programas Peama y PAET en las Sedes Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, así como al PTIUN, de alcance nacional.

Inscripciones gratuitas para facilitar el acceso

La nueva estrategia estará acompañada de otra medida orientada a disminuir las barreras económicas que enfrentan los aspirantes de estas regiones.

Para la próxima convocatoria, 2027-1, la Universidad entregará 1.500 inscripciones gratuitas para cada una de las Sedes Amazonia, Orinoquia y Tumaco, y 500 para la Sede Caribe, beneficio que será administrado por las direcciones de Sede en coordinación con los rectores de los colegios de sus áreas de influencia.

Según Mario Alberto Pérez, director Nacional de Admisiones de la UNAL., los estudiantes no tendrán que realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

“Los aspirantes no tienen que preocuparse por el PIN. Los colegios autorizan los documentos de identidad de los estudiantes y el sistema les asocia automáticamente el PIN correspondiente para que puedan realizar su inscripción gratuita”, explica.

Para más información oficial, consultar aquí.

Programas de admisión especial de UNAL

• Programa de Admisión Especial (PAES) para:
  • Bachilleres de comunidades indígenas
  • Mejores bachilleres de municipios pobres
  • Mejores bachilleres del país
  • Mejores Bachilleres de Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal
  • Bachilleres Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia

• PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica):

Mediante PEAMA se inicia el pregrado en una de las cuatros sedes de presencia nacional (Leticia, San Andrés, Arauca y Tumaco) y se termina en una sede andina (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira).

• Para la Sede Amazonia: los Departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, el Municipio de Piamonte en el Departamento del Cauca, los Municipios de La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el departamento del Meta y el municipio de Cumaribo en el Departamento del Vichada.
• Para la Sede Caribe: el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
• Para la Sede Orinoquia: los Departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada, el Municipio de Cubará en el Departamento de Boyacá, los Corregimientos de Samoré y Gibraltar del Municipio de Toledo en el Departamento de Norte de Santander y los Municipios de La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el Departamento del Meta.
• Para la Sede Tumaco: Los Departamentos de Chocó y Putumayo, los Municipios de Barbacoas, El Charco, Guaitarilla, La Tola, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Providencia, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco y la Inspección Jardines de Sucumbíos del Municipio de Ipiales en el Departamento de Nariño y los Municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí en el Departamento del Cauca.

• PAET (Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial): Facilita el ingreso a sedes específicas según la región de procedencia del aspirante.

Es una oferta de programas curriculares de pregrado de ciclo completo para ser cursados por los admitidos de este Programa de Admisión Especial en la región de influencia.

• Para la Sede Medellín corresponde a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
• Para la Sede Palmira corresponde a los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
• Para la Sede Manizales corresponde a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima

Semilleros de Becarios U

Un proceso extracurricular desde grados octavo y noveno para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

El pasado 6 de agosto, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá, el CNMH presentó su rendición pública de cuentas. La frase que resumió estos cuatro años fue sencilla: “El territorio habla, el centro escucha”. Me parece una buena manera de entender no solamente lo que hizo la institución, sino también lo que debería significar una política pública de memoria en Colombia: que el Estado no llegue siempre a explicarles a las comunidades lo que pasó, sino que sea capaz de sentarse a escucharlas.

Y escuchar en Colombia no es un verbo menor. Durante décadas, demasiadas personas tuvieron que gritar para que alguien reconociera que habían sido víctimas. Otras aprendieron a guardar silencio porque hablar podía costarles la vida. Hay comunidades enteras cuya historia quedó por fuera de los grandes relatos nacionales. Hay archivos que estuvieron a punto de desaparecer, testimonios que permanecieron en la memoria familiar y lugares donde todavía una placa, una fotografía o un nombre son la única forma de decir: aquí ocurrió algo y nosotros seguimos aquí.

Por eso, detrás de las cifras presentadas por el Centro hay una historia mucho más grande. El CNMH logró tener presencia en 30 de los 32 departamentos, acompañar procesos en 356 municipios y trabajar con organizaciones de víctimas dentro y fuera del país. Son números importantes, pero no son la historia completa. La verdadera pregunta es qué significa que una institución nacional haya podido volver a esos territorios y, sobre todo, qué significa que las comunidades hayan decidido abrirle nuevamente la puerta.

Porque la memoria no se decreta desde Bogotá.

Se construye en una plaza, en una escuela, en una biblioteca, en una vereda, en una conversación familiar. Se construye cuando una mujer decide contar por primera vez lo que le ocurrió a su hijo. Cuando una comunidad rescata un documento que llevaba años guardado. Cuando un joven pregunta por qué en su municipio existe un monumento que nadie le ha explicado. Cuando alguien descubre que la historia que le contaron durante toda su vida tenía silencios, ausencias y responsabilidades que nunca fueron nombradas.

Eso explica buena parte del sentido de las caravanas por la memoria realizadas en regiones como el Oriente antioqueño, Montes de María, el Canal del Dique, Caquetá, el Eje Cafetero y Cundinamarca. No fueron simplemente actividades de una entidad pública. Fueron ejercicios de presencia. Y en un país donde durante décadas la presencia del Estado llegó muchas veces después de la violencia, estar, escuchar y permanecer también constituye una forma de reparación.

Hay algo más que me interesa especialmente: la recuperación de la investigación. Colombia necesita seguir investigando su conflicto armado no para quedarse atrapada en el pasado, sino precisamente para poder salir de él. Entender cómo funcionaron las estructuras armadas, quiénes se beneficiaron de la guerra, cómo operaron las violencias en cada región, qué papel tuvieron terceros actores y cuáles fueron las causas profundas de nuestros conflictos no es un ejercicio académico distante. Es una condición para que la democracia pueda mirarse al espejo.

La memoria, además, no puede convertirse en una sola versión oficial de Colombia. Esa sería justamente su negación. Colombia está hecha de memorias que a veces chocan, se contradicen y se incomodan. Están las memorias de las víctimas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes resistieron, de quienes tuvieron que desplazarse y también de quienes vivieron los acontecimientos desde lugares distintos. Una democracia madura no necesita que todas esas voces digan lo mismo. Necesita que puedan ser escuchadas sin que una de ellas tenga el poder de borrar a las demás.

Por eso me parece tan poderoso que el balance hable de 150 iniciativas de memoria histórica y más de un centenar de medidas de reparación simbólica. No porque las cifras sean impresionantes por sí mismas, sino porque detrás de cada iniciativa existe una comunidad tratando de convertir el dolor en algo que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones.

Hay una frase del balance institucional que, para mí, resume buena parte de esa tarea: “La memoria cobra sentido cuando regresa a las comunidades”. Esa debería ser una regla de oro. Investigar para publicar un informe que termina en una biblioteca es insuficiente. Investigar para que una comunidad pueda reconocerse en esa historia, para que un estudiante pueda preguntarse por ella y para que una sociedad pueda discutirla, es otra cosa.

También por eso son tan importantes los archivos. A veces hablamos de memoria como si fuera solamente un asunto de relatos, pero la memoria necesita pruebas. Necesita fotografías, cartas, expedientes, grabaciones, testimonios, documentos. Necesita preservar aquello que el tiempo, el abandono o la violencia pueden destruir. El trabajo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en ese sentido, tiene una importancia que quizá no siempre alcanzamos a dimensionar: conservar los documentos de la guerra es conservar parte de la evidencia de lo que fuimos capaces de hacernos.

Y hay una escena que debería importarnos especialmente: un país que intenta construir democracia mientras todavía conserva millones de fragmentos de su propia historia sin ordenar.

Por eso también resulta trascendental la reactivación del Museo de Memoria de Colombia. Un museo de memoria no debería ser un mausoleo del dolor ni un templo de una determinada interpretación política. Debería ser un lugar donde Colombia pueda mirarse completa. Donde una víctima pueda reconocerse, pero donde también un ciudadano que nunca vivió directamente la guerra pueda entrar y preguntarse qué tiene que ver con él. Porque esa es la verdadera dimensión democrática de la memoria: convertir una experiencia particular en una pregunta colectiva.

El gran desafío ahora es que todo esto sobreviva a los gobiernos.

La memoria histórica no puede pertenecer a una administración, a un director, a un sector político ni siquiera a una institución. El propio balance del CNMH lo dice con una claridad que vale la pena conservar: “la verdad y la memoria no pertenecen a los gobiernos ni a las instituciones, sino a la sociedad que las construye y las protege”.

Esa frase debería estar presente cada vez que discutamos sobre memoria en Colombia.

Porque un país democrático no es solamente aquel que celebra elecciones. También es aquel que es capaz de recordar a sus muertos, escuchar a sus víctimas, reconocer sus responsabilidades y aceptar que su historia es más compleja que cualquier relato partidista. La memoria no debería servir para alimentar nuevas trincheras. Debería servir para comprender por qué las construimos.

Quizás por eso la rendición de cuentas del 6 de agosto fue algo más que un informe de gestión. Fue, en cierto sentido, el cierre de un relato y la apertura de una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo lo que hemos escuchado?

El territorio habló. Eso parece claro.

La verdadera tarea de Colombia es conseguir que siga escuchando.

Porque cuidar la memoria es cuidar la democracia. Defender la verdad es defender la posibilidad de que la vida tenga un lugar después de la violencia. Y escuchar a quienes durante demasiado tiempo fueron obligados a callar quizá sea una de las formas más profundas que tenemos de construir un país que todavía no existe del todo, pero que podemos aprender a reconocer cuando aparece.

Hace poco, el columnista Luis Carvajal Basto llamó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, “el milagro” de la educación pública colombiana. Su columna tiene razón en algo fundamental: estamos poco acostumbrados a reconocer las historias de éxito de nuestras instituciones públicas. Con frecuencia hablamos de ellas a partir de sus crisis, sus problemas financieros, sus disputas políticas o sus escándalos. Mucho menos de aquellas que han conseguido construir durante décadas, innovar y crecer. Pero hay otra manera de mirar ese milagro: no desde las cifras, sino desde el mapa.

Porque quizá la verdadera revolución de la UNAD consiste en haber conseguido que, en un país donde la geografía todavía determina buena parte de las oportunidades, la distancia deje de decidir quién puede estudiar. Colombia es un país difícil para llegar. Tres cordilleras, selvas, llanuras, ríos, carreteras interminables y comunidades separadas por enormes distancias han hecho de la geografía uno de nuestros grandes problemas históricos. Durante décadas, estudiar una carrera profesional significó para millones de jóvenes abandonar su municipio y trasladarse a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o alguna otra ciudad universitaria.

Para algunos fue una oportunidad extraordinaria. Para otros significó endeudarse, separarse de sus familias, abandonar un trabajo o aceptar que la universidad simplemente no estaba hecha para ellos. La UNAD comenzó a responder una pregunta distinta: ¿qué pasaría si fuera la universidad la que llegara hasta el estudiante? Parece una pregunta sencilla. No lo era. Mucho antes de que la pandemia obligara al sistema educativo a descubrir las posibilidades de la virtualidad, la UNAD venía construyendo un modelo basado en la educación abierta y a distancia.

No esperó a que la tecnología hiciera popular la educación remota. Entendió antes que otros que las herramientas digitales podían ser mucho más que una manera de reemplazar un salón de clases: podían cambiar la geografía de las oportunidades. Hoy la dimensión de esa apuesta es difícil de ignorar. Cerca de 390.000 estudiantes, 72 centros regionales y 121 programas de educación superior hablan de una institución que dejó de ser marginal para convertirse en una de las grandes universidades del país. Pero la cifra que más me interesa no es la de estudiantes. Son los lugares.

Porque detrás de cada estudiante hay un territorio. Hay un municipio donde alguien decidió estudiar sin abandonar su casa. Hay una mujer que pudo combinar su carrera con el trabajo y la familia. Hay un joven que no tuvo que emigrar a una gran ciudad. Hay comunidades para las que el acceso a la educación superior dejó de depender exclusivamente de la posibilidad de tomar un bus y recorrer cientos de kilómetros. Por eso la presencia territorial de la UNAD no contradice su carácter digital. Lo complementa.

Una universidad digital no tiene por qué ser una universidad deshumanizada. Puede ser, precisamente, una universidad mucho más conectada con la realidad de un país disperso. La pantalla no elimina el territorio: lo conecta. Y ahí está una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras Colombia todavía lucha por construir carreteras que conecten a sus regiones, una universidad pública ya está construyendo otra clase de infraestructura: una red educativa capaz de atravesar esas mismas distancias.

Un derrumbe puede cerrar una carretera. La educación no tiene por qué detenerse. Un río puede crecer y una montaña puede seguir siendo montaña. Una comunidad puede estar a horas de la capital más cercana, pero el conocimiento puede encontrar otra ruta. En un país donde la geografía ha sido durante siglos una barrera para acceder a las oportunidades, la tecnología puede convertirse en una herramienta para desmontar esa barrera. No para negar el territorio, sino para conectarlo de otra manera.

La UNAD tampoco nació ayer. Lo extraordinario es que hubo un proceso institucional previo, sostenido durante años, que permitió que la universidad estuviera preparada cuando el mundo entero tuvo que trasladar buena parte de la educación a las pantallas. Esa historia importa porque las grandes transformaciones públicas rara vez ocurren de un día para otro. Necesitan instituciones capaces de acumular experiencia, conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y sobrevivir a los cambios políticos.

En Colombia hablamos permanentemente de la necesidad de construir Estado en las regiones. Hablamos de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, entre el centro y las periferias, entre quienes tienen oportunidades y quienes nacen lejos de ellas. Pero pocas veces pensamos en la educación como una de las infraestructuras fundamentales para lograrlo. Tal vez deberíamos. Porque una universidad no solamente entrega títulos: construye capacidades.

Un profesional que se forma en su territorio puede transformar su municipio. Un docente puede multiplicar el conocimiento. Un administrador puede mejorar una institución local. Un ingeniero puede encontrar soluciones para problemas que alguien que vive a cientos de kilómetros jamás habría visto. La educación superior no es solamente movilidad social individual. También es infraestructura para un país. Y la UNAD ha construido una parte de esa infraestructura de una manera particularmente colombiana.

No es una copia de Silicon Valley. No es una universidad extranjera importada para resolver nuestros problemas. Es una institución pública que ha tenido que aprender a educar en las condiciones reales de este país: con distancias enormes, desigualdad territorial, conectividad imperfecta y comunidades que durante décadas estuvieron lejos de las universidades tradicionales. Es, en cierto sentido, una tecnología hecha a la medida de Colombia. Una universidad made in Colombia.

Y quizá por eso también empieza a ser relevante fuera de Colombia. El reciente reconocimiento internacional al rector Jaime Leal, con su incorporación a la Junta Directiva del Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación de la UNESCO, muestra que aquella experiencia que durante años pudo parecer exclusivamente nacional empieza a ser observada como un modelo para otros países que enfrentan problemas similares: grandes territorios, desigualdad de acceso, poblaciones rurales y dificultades para llevar educación superior de calidad a todos los lugares.

Eso debería producirnos algo más que orgullo. Debería producirnos curiosidad. Colombia tiene una curiosa costumbre de buscar afuera las soluciones que a veces ya está construyendo adentro. Hablamos de inteligencia artificial, transformación digital, educación del futuro y nuevas formas de aprendizaje como si fueran fenómenos que necesariamente tuvieran que llegar desde los grandes centros tecnológicos del mundo. Pero una universidad pública colombiana lleva décadas haciéndose la pregunta que muchos apenas comienzan a formular: cómo utilizar la tecnología para que el lugar donde una persona nació no determine hasta dónde puede llegar.

Por supuesto, la UNAD no resuelve todos los problemas de la educación superior colombiana. Ninguna institución lo hace. La educación virtual enfrenta sus propias dificultades y exige disciplina, conectividad, acompañamiento y calidad académica. El crecimiento también trae nuevos desafíos. Pero precisamente por eso vale la pena mirar el fenómeno sin idealizaciones y reconocer lo que sí funciona. En medio de tantas discusiones sobre lo que Colombia no logra hacer, hay algo poderoso en reconocer una institución pública que durante décadas ha construido una respuesta concreta a uno de nuestros problemas más persistentes.

Porque quizás el futuro de la educación no consiste solamente en construir más edificios. Quizás consiste en construir más conexiones. En un país donde una carretera puede tardar décadas en atravesar una montaña, una universidad puede hacer algo extraordinario: atravesarla de otra manera. Y entonces la imagen cambia. Ya no es el estudiante que tiene que abandonar su territorio para llegar a la universidad. Es la universidad llegando hasta él, allí donde termina la carretera, allí donde empieza la montaña, allí donde durante mucho tiempo Colombia creyó que terminaban también las oportunidades.

Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La música será a oportunidad para apoyar a las víctimas ya que el recaudo de la boletería será donado.

Este sábado 15 de agosto, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizará el Concierto de solidaridad.

En el escenario, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la dirección del venezolano Enluis Montes Olivar y contará como solista con el pianista bogotano Daniel Díaz Padilla.

El programa incluye obras de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, además del Concierto para piano No. 1 de Serguéi Rajmáninov, que tendrá a Díaz Padilla como solista.

Además, el Auditorio Fabio Lozano funcionará como punto de acopio para recibir donaciones en especie durante la jornada. Se puede llevar agua potable embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones; y suministros de primeros auxilios como alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles.

Será una tarde en la que el encuentro alrededor de la música tendrá un propósito adicional: sumar esfuerzos para acompañar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto. De esta manera, Bogotá se une para acompañar y ayudar a las víctimas del terremoto.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

De miles de participantes (de la región Caribe) clasificaron cientos —mediante dos rondas virtuales— para la gran cita en la UTB, que otorga una beca al ganador en la categoría juvenil (grado 11).

Entre los más de 300 clasificados hay diez pilos que llegan desde distintos departamentos y municipios y, sin embargo, tienen experiencias en común, como visitas a universidades de calidad, incluida la UTB, en condición de integrantes de Semilleros de Becarios U, gestionados por la Fundación Color de Colombia.

• Del Magdalena, municipio de Zona Bananera, de la Institución Educativa Ciudad Perdida, dos aspirantes a ingenierías:
  • Felipe Hereira Pinto
  • Luis Santiago Villar Montero

• De Sucre, municipio de Santiago de Tolú, de la IE Freinet, dos aspirantes a Medicina:
  • Samuel de Jesús Tafur Alvarado
  • María Andrea Flórez Montalvo

• De Cesar, municipio de Curumaní, IE San Sebastián (rural), un aspirante a Licenciatura en Matemáticas:
  • Jorge Juan Mejía Navarro

• De Bolívar, de los municipios de María La Baja y Mahates, dos aspirantes a pregrados en administración:
  • Lindys Neleidys Julio Herrera (Mahates, IE Camilo Torres)
  • Zacha Isabel Angulo Naviteño (María La Baja, IE Rafael Uribe)

• De la Cartagena rural y popular, dos aspirantes a Medicina y uno a Contaduría:
  • Adriana Marcela Martínez Zúñiga (IE Manuela Vergara de Curi)
  • Paula Andrea Durango Devoz (IE de Bayunca)
  • Jostin Mena Benavides (IE de Bayunca, Contaduría)

Los pilos viajan acompañados de docentes y/o acudientes, gracias al esfuerzo financiero de sus familias y el apoyo de los colegios (rectores y docentes).

Algunos se transportarán durante nueve horas (Cesar), seis (Magdalena) y cuatro (Sucre).

Para todos, participar en las Olimpiadas de Matemáticas de la UTB es una experiencia que vale el esfuerzo.

Las Olimpiadas Matemáticas de la UTB

A cargo de la Dirección de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la justa tiene además, desde el año pasado, la categoría prejuvenil (grado 9 y 10).

Oficialmente, las Olimpiadas “tienen como propósito incentivar el estudio de las matemáticas, fortalecer el pensamiento lógico y promover el desarrollo del razonamiento matemático, reconociendo que esta disciplina constituye la base fundamental de la mayoría de las carreras universitarias”.

Evalúan cuatro áreas:

• Geometría
• Lógica Matemática
• Álgebra
• Estadística, probabilidad y combinatoria

Con este evento académico, la UTB busca, además, “identificar y visibilizar el talento matemático de la región, ofreciendo a los estudiantes un espacio de formación, competencia sana y proyección hacia la educación superior”. 

Como reconocimiento a la excelencia académica, al ganador de las OM-UTB – Categoría Juvenil se le otorga una beca completa de estudios de pregrado por toda la carrera en la UTB.

• Beca del 50 % para el segundo y tercer lugar de la Categoría Juvenil
• Medallas para los 10 primeros lugares en las dos categorías
• Placas/diplomas para los 10 primeros colegios en las dos categorías

Jeovanny de Jesús Muentes Acevedo, lidera el equipo organizador de las Olimpiadas Matemáticas UTB, en equipo con Lenny Alexandra Romero Pérez y Juan Carlos Palomino Mancilla.

Hablan pilos rumbo a la OM-UTB

¿Erizos o zorros? Se les preguntó cómo se identifican frente a la famosa metáfora de Isaiah Berlin, según la cual el mundo (del conocimiento) se divide en erizos y zorros

«Mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una sola cosa»

Felipe Hereira Pinto, 15 años, de Zona Bananera, Magdalena, se siente “zorro” porque “me gusta leer y leyendo he tenido un amplio léxico que me ha ayudado a adquirir presaberes”.

Felipe quiso reconocer el apoyo del profesor Ervin Sandoval, “por su arduo trabajo para que sea posible nuestro traslado a la UTB. Él será nuestro acompañante”.

“Puedo ser ambos. Zorro porque me he dedicado a estudiar para saber defenderme en distintas materias y erizo porque me he concentrado en llegar a una meta, la carrera que quiero estudiar, Administración de empresas”:

Lindys Neleidys Julio Herrera, 16 años, Mahates, Bolívar.

María Andrea Flórez Montalvo, 16 años, de Santiago de Tolú, Sucre, se siente más “erizo”:

“Tengo fijación por temas específicos, por ello me siento identificada por una sola cosa y trabajo en ella. Es más importante ser el mejor en algo que mediocre en muchas cosas”.

La mayoría se siente “zorro” porque aprenden de muchas cosas, parte de la naturaleza de la educación secundaria y media.

Todos esperan obtener un buen puntaje en Saber 11, ser admitidos a una universidad de calidad y casi todos tendrán que cambiar de lugar de residencia para su etapa de vida universitaria.

El sostenimiento es el reto financiero que tienen por delante, ya que el plan es resolver la matrícula gracias a su Saber 11.

Semillero de Becarios U

Un proceso extracurricular para llegar a la universidad mejor preparados para aprovecharla, sea ganando beca privada o cupo en universidad estatal acreditada.

El Semillero acompaña a estudiantes de desempeño académico destacado para que no solo obtengan un buen resultado en Saber 11, lo que ya es previsible, sino que lleguen a la educación superior con un proyecto de vida universitaria, competencias fortalecidas y una visión más amplia de sus posibilidades.

La ruta combina estímulo de habilidades cognitivas, orientación vocacional y socio-ocupacional, desarrollo de personalidad, conocimiento del mundo productivo, inmersión universitaria y preparación para el acceso a la educación superior.

Trazador misional de esta publicación

En su línea estratégica 2, Educación de calidad y equidad, la Fundación Color de Colombia tiene los programas de Semilleros de Becarios U (desde grados octavo y noveno para ayudar a la preparación de aspirantes a becas y a universidades públicas acreditadas)

y de Semilleros Alpha Phi Alpha (desde primer semestre de pregrado para ayudar a una experiencia integral de proyecto de vida universitaria con metas altas y movilidad social).

Nota: Este artículo se publicó previamente en “El Correo del Golfo”, con los apellidos de pila de su autor. El 12 de agosto, se celebró el día internacional de la caligrafía y es oportuno revivirlo.

Este espacio en los blogs de El Espectador no quiere ser ajeno a la tragedia sufrida en Colombia por el terrible terremoto que nos estremeció el lunes 10 de agosto. Si alguien tiene desaparecido a un familiar o amigo en Colombia por el terremoto, la Cruz Roja Colombiana ha habilitado el siguiente canal: Localizaciones: rcf@cruzrojacolombiana.org y WhatsApp +57 3212139525 De igual manera, quien quiera colaborar con la Cruz Roja Colombiana, lo puede hacer en la siguiente página: https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/emergencia-colombia-terremoto

Es más, como la lectura de esta nota es totalmente gratis, apreciado lector, si al final le gusta, lo animo a colaborar con la buena causa. ¡Muchas gracias!

Siempre he tenido una pésima caligrafía, quizás por ello mi querida madre Carmen, pensaba durante mi niñez que yo sería médico en el futuro, hipótesis que alimenté durante algunos años, hasta el día en que descubrí que prefería diseccionar a las palabras y no a los seres humanos, además de reconocer que no soy capaz de asumir la responsabilidad por la vida de otros, a duras penas alcanzo con la mía.

La verdad es que hasta hace algún tiempo era una verdad casi estadística que los médicos tenían “mala letra”. Ignoro si era algo casual o premeditado, pero entre más complicada era la caligrafía del galeno, su prestigio como especialista parecía ser mayor. Es lo mismo que ocurre con la jerga utilizada por algunos expertos en cualquier rama del conocimiento humano, al usar términos incomprensibles para la mayoría creen que ganan un prestigio de sabiduría y no de pedantería, como suele suceder.

Ahora bien, esa anécdota parece que tuvo un efecto por demás alarmante. Al parecer, en el pasado se presentó más de una muerte, accidental por supuesto, porque pacientes o dependientes de farmacias no entendieron las recetas escritas de los facultativos y se equivocaron en las medicinas prescritas, o en las posologías ordenadas. Tragedias absurdas que me hacen recordar un malo y viejo chiste sobre un viejito aferrado a un poste en la calle, quien había acudido a una farmacia para tratar su tos crónica y le dieron un laxante, que le hizo efecto positivo para su mal, pues no se atrevía a toser.

Afortunadamente lo de la mala letra de los galenos se trata de algo superado, aparte de caer en generalizaciones perversas y estereotipos gratuitos. Hoy en día, los médicos no suelen escribir de manera enrevesada, al contrario, debo reconocer que los especialistas que han atendido mis males reales e imaginarios se esmeran con buena caligrafía para que yo con mi prematura presbicia les pueda leer sus diagnósticos y recomendaciones.

Actualmente lo normal es que las prescripciones médicas, sean elegantemente impresas en computador. Allí nace otro riesgo ajeno a los médicos, cuando hay errores en sistemas automáticos, como lo que ocurrió en Estados Unidos a unas señoras que demandaron a una compañía de pastillas anticonceptivas, cuya fecha de vencimiento fue variada por un error de impresión y cuando ellas las tomaron, su efecto se había desvanecido en el tiempo, dejándoles varios hijos que no deseaban.

De todas formas y como expliqué al comienzo, no tengo autoridad moral para criticar la mala letra de los demás, pues la mía sería finalista en cualquier concurso internacional de la caligrafía más fea. Caso contrario de lo que ocurre con Patricia, mi esposa, quien hace maravillas con su bella letra, incluso su sola firma suele ser objeto de halagos. Un efecto de las miles de planas que las monjas le hicieron repetir en sus años de colegio en Pamplona (Colombia), en donde imagino casi todas las señoras y señoritas deben tener muy buena letra, de cuenta de la criticada educación religiosa.

Durante mi experiencia de trabajo en Abu Dhabi, uno de los aspectos que más admiré fue la caligrafía del idioma árabe que suele convertirse en obra de arte, pues al estar prohibidas en el islam las reproducciones gráficas de personas y animales, la letra se convierte no solo en elemento de comunicación sino en objeto de tratamiento artístico. 

Al final y volviendo al argumento inicial, es preciso decir que, en el caso de un escritor, no necesariamente la calidad de su letra es proporcional a la calidad de sus textos. En cuanto a mis especulaciones escritas, eso lo juzgarán los lectores.

Dixon Acosta Medellín

Escribo afortunadamente en letra de computador en lo que sigo llamando Twitter como @dixonmedellin y en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social