En ese COMBO se maniefiesta desde su trabajo en el magazine CULTURA de sus pagos TOLIMENSES Dn EFRAÍN VERGEL ALARCÓN

Y mientras no regala este digno ejemplar que dentro nos encontrabamos con este CUENTO tan especial como los que compartiamos entre CAFÉS & TORTAS de AMAPOLAS… y en sus páginas parte de este…

Que tal este inicio de cuento… final a CONOCER..? Un APORTE cultural de estilo…Al que se le suma un BONUS este POEMA…

“EVOCACION A ALFONSINA

Epigrafe:

…Si él llama… le dices… que he salido…”

…Y caminó en silencio, a recoger las rosas que la ingratitud dejó botadas.

Acudió al mar…

Pensaba allí olvidar el agobio de su pena…

Tan honda era su pena; inmensa como el mar…

Al verla, de tristeza llena, detúvose un instante invitándola a llorar…

El mar llora con ella…

Y las olas y las rocas hacen coro a su llanto.

El cielo en sombras se viste de luto, besa el Plata, silenciado, con singular respeto por su letal salida.

Alfonsina está en el agua

con ondinas y brisas.

Sus versos como luces se mecen en cristales, en balsas de recuerdos.

Tan grandes sus poemas…

Colosos como el mar…

¡Alfonsina, no ha muerto!

¡Alfonsina está dormida…!

Nosotros los poetas, las albas y las musas, la queremos despertar…”

Eso es lo LINDO de la VIDA que te da SORPRESA…SORPRESAS te da la VIDA…

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CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Así mismo, la inteligencia artificial se nos ofrece como una tecnología limpia, sin rastro: uno escribe una pregunta, espera unos segundos y recibe un texto, una imagen o una tabla, establece una conversación que más tarde puede arrojar a la papelera; una papelera que nadie recoge, que podemos limpiar con un click para que quede vacía, como al principio, sin consecuencia visible. No hay papeles en la papelera; no hay procesos industriales que los produzcan o que los desaparezcan, no hay fábrica o humo a la vista. Sin embargo, esta es una imagen equívoca: la nube, en realidad, sí está en la tierra, sí ocupa un espacio, que consume recursos: está almacenada en edificios, y funciona gracias a cables, microchips y minerales que les dan forma a servidores, y estos requieren redes eléctricas, sistemas de refrigeración y agua, mucha agua, para funcionar. También, personas que las supervisen.

La IA es, pues, un software, pero no solamente un software; debe ser comprendida también como una infraestructura material. Según la ONU, un informe del 2026 la IA consumirá, para 2030, tanta agua como 1.300 millones de personas, y la electricidad que consumen 650 millones. El mismo reporte habla de una demanda proyectada de 945 teravatios-hora de electricidad, 9,3 billones de litros de agua y una huella territorial superior a los 14.500 kilómetros cuadrados. Esto significa que la IA no solamente no está en la nube, sino que es un vecino, colaborador y obsecuente, si se quiere, pero también quisquilloso y muy exigente. El espacio que ocupa no está en las nubes, pues, sino que está muy claramente ubicado en la tierra, deja una huella de carbono y de residuos electrónicos, e impactos críticos en el uso de los recursos naturales.

Hoy en día, la IA es un recurso más. Muy rápidamente ha pasado de ser una curiosidad para iniciados a una herramienta imprescindible, como el carbón o el petróleo, para casi que cualquier tipo de actividad. Sus costos parecen muy bajos si se compara con los resultados que permite obtener, y está al alcance de casi todos: automatiza tareas, facilita actividades e incluso crea contenidos; de hecho, ha revolucionado la manera en la que las personas nos relacionamos en sociedad y con la realidad. No se trata, pues, de mirarla como un problema, sino, como en los casos de otros recursos, de medir sus consecuencias.

La IA puede parecer casi gratuita, pero no lo es. Una consulta trivial sobre cualquier tema, una receta para el pollo al curry, una pregunta sobre la capital de un país que va a jugar el mundial de fútbol, parece intrascendente en términos de uso de recursos naturales, pero no lo es. Millones de consultas como estas, a diario, requieren de centros de datos encendidos, permanentemente. Estos consumen electricidad, requieren ser conectados a redes energéticas, dependientes muchas de ellas de combustibles fósiles, y, por supuesto, necesitan también ser refrigerados.

No es pura teoría, sin consecuencias en la práctica. No es un problema que esté en las nubes. Según el diario británico The Guardian (2023), un proyecto de centro de datos de Google en Canelones, Uruguay, generó un fuerte rechazo en la comunidad rechazo porque su diseño inicial requería cerca de 7,6 millones de litros de agua diarios para refrigeración, tomados del sistema público de agua potable, en un periodo de fuerte sequía. Algo parecido ocurrió en Santiago de Chile, donde se revisó el permiso de otro centro de datos en un momento de sequía prolongada, según Reuters.

Respecto al caso colombiano, nuestro país no es, en la actualidad, relevante como centro de infraestructura para IA. Puede hablarse de que hay en el país, efectivamente, algunos avances al respecto, pero no los suficientes para aparecer en el mapa de centros tecnológicos globales. Si en Colombia se pretende trabajar seriamente con IA, en educación, empresas, salud, gobierno, justicia, investigación y servicios, sin perder soberanía tecnológica y reducir la dependencia de los grandes proveedores, el país debería crear espacios de almacenamiento, procesamiento y manejo de datos. Pero deberían surgir, con la necesidad, varias preguntas: ¿dónde, en qué lugar de la geografía nacional se instalarían? ¿Con qué recursos? Esto debe ser mirado con atención, pues no serían nuevos conflictos entre las empresas y las comunidades por la administración de recursos que son, según la legislación colombiana, públicos.

Este mismo año, hace apenas unos meses, la Corporación Autónoma Regional (CAR) limitó en La Calera, Cundinamarca, la captación de agua de manantiales por parte de Indega, una empresa privada filial de Coca-Cola FEMSA; esto significa que redujo de siete a cuatro las fuentes autorizadas, bajó el caudal de 3,2 a 1,9 litros por segundo y renovó la concesión por cinco años. Esto con el propósito de dar prioridad al consumo de agua sobre el industrial como se puede leer en el diario español El País.  Del mismo modo,en La Guajira, la Corte Constitucional protegió los derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas frente al proyecto de desviación parcial del Arroyo Bruno, relacionado con Cerrejón.

Así pues, resultaría inocente simplemente celebrar una potencial llegada de centros de datos al país con el argumento llano de que estos atraen inversión. Es determinante preguntarse primero por la viabilidad tanto financiera como ambiental y social del proyecto que se emprenda, tal y como lo establece el Código Nacional de Recursos Naturales: los recursos naturales renovables pertenecen a la Nación y deben usarse de acuerdo con el interés general.

En lo particular…

La IA parece haber pasado, en nuestro entorno, de ser una curiosidad y un lujo, a convertirse en un artículo de primera necesidad, a la que todos deberíamos tener derecho.  Esto implica garantizar su creciente demanda, tanto en el ámbito productivo como en el personal. Pero ¿cuál es el uso particular que estamos haciendo de ella?

¿Es en realidad imprescindible usar la IA para solucionar todos y cada uno de nuestros asuntos cotidianos? ¿Todo correo debe ser escrito con un LLM? En la universidad, cuando los estudiantes están tratando de dar cuenta de una idea, de una conclusión, ¿es imprescindible recurrir a la IA para diseñar una presentación de 2 o 3 diapositivas? Es posible que, con todo ello, nos estemos comportando como niños malcriados en una sociedad demasiado indulgente, como quien vive solo en una casona y deja a su paso todas las luces encendidas y todas las llaves de agua abierta.

No se trata de poner frenos a su demanda, al creciente uso o de los recursos que se requieren para su apropiado funcionamiento, por supuesto: está demasiado inscrita ya en la forma en la que planeamos lo que viene. Pero sí podemos, los usuarios, tener una postura crítica para su uso, y racionalizar su uso.

Muy a menudo, más de lo que quisiéramos reconocer, tratamos de evadir con el uso de la IA actividades cotidianas a través de instrucciones que resultan más extensas de escribir que la tarea misma, o apelamos a lo que diga la máquina por mera pereza de pensar, de llevar a que nuestro cerebro produzca una nueva idea. ¿En realidad necesitamos de activar un inmenso sistema industrial para llevar a cabo algo que nuestro cerebro tiene el don de hacer en un parpadeo?

De nuevo, la IA no está en las nubes: funciona en el mismo planeta del que nos alimentamos más de 8.000 millones de personas.

Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA

El proyecto, llamado Identificación de patrones de movimiento en entornos laborales y deportivos, analiza al detalle cada movimiento de quienes realizan actividades físicas exigentes y busca atender un problema frecuente: según un estudio de la Universidad Nacional, las lesiones afectan al 60 % de los deportistas universitarios en Colombia. Durante años, la tecnología capaz de analizar con detalle el movimiento del cuerpo estuvo reservada a los grandes centros de alto rendimiento del mundo; hoy empieza a llegar a las universidades y las empresas del país.

La herramienta más novedosa es un traje inteligente llamado Teslasuit, que se ajusta al cuerpo y mide en tiempo real cómo responde el organismo a cada esfuerzo físico. Según la institución, no se había usado antes en ninguna otra universidad del país. A este traje se suman cámaras especiales, capaces de seguir el movimiento al milímetro, y una sala de observación, conocida como cámara Gesell, que permite analizar el comportamiento y las emociones del deportista sin interrumpir su entrenamiento.

Usadas en conjunto, estas herramientas permiten seguir en detalle cómo se mueve cada parte del cuerpo y corregir errores de técnica antes de que terminen en una lesión.

Uno de los casos que ha impulsado esta investigación es el de Isis Ladino, una deportista de 19 años que practica levantamiento de pesas y entrena en la escuela de formación Cundeportes Funza. Gracias al traje y a los sensores, el equipo ha podido ver detalles que pasan desapercibidos a simple vista, como el leve giro de un pie, el movimiento de una rodilla o una pérdida de equilibrio en pleno levantamiento.

“Muchas veces como entrenadores no alcanzamos a visualizar ciertos momentos biomecánicos que son muy específicos. Estas ayudas permiten detectar con claridad esos errores no forzados y evitar que el deportista los repita”, afirmó Viviana Espejo Romero, entrenadora de la deportista.

Con esa información, los investigadores analizan y reconstruyen cada movimiento para darle a Isis indicaciones precisas, con el fin de mejorar su rendimiento y alargar su carrera deportiva. “El gesto técnico que Isis realiza en cada levantamiento ha sido descompuesto, analizado y reconstruido por los investigadores para entregarle retroalimentación detallada. Así, no solo se optimiza su rendimiento deportivo, sino que se extiende su vida competitiva como atleta. Este enfoque, que combina ciencia aplicada con vocación pedagógica, es también un ejemplo de cómo la tecnología puede estar al servicio del cuerpo humano, sin reemplazarlo”, explicó Paola Andrea Mejía, líder del programa de Ingeniería Biomédica de UCompensar.

El alcance del proyecto no se limita al deporte. En paralelo, el equipo trabaja con un consorcio de servicios empresariales, donde ha hecho seguimiento a operarios de bodega durante sus jornadas. Con visitas al lugar de trabajo, grabaciones y el uso del traje inteligente, ha identificado movimientos repetitivos que, con el paso del tiempo, podrían causar lesiones en músculos y articulaciones. Esa información servirá para diseñar programas de prevención, capacitaciones, herramientas de inteligencia artificial y mejoras en los puestos de trabajo para cuidar el cuerpo de los trabajadores.

Queremos que la tecnología que hoy usamos con un deportista también se aplique para cuidar a quienes, en sus trabajos, levantan peso a diario y están expuestos a lesiones. explicó Jeysson Riaño, docente de Ciencia de Datos de UCompensar.

De cara al futuro, el equipo explora nuevas posibilidades, como simuladores para entrenar en condiciones controladas, indicaciones inmediatas a través de pequeños estímulos eléctricos en los músculos y herramientas de inteligencia artificial que registren y comparen los avances de cada persona con el tiempo. El proyecto está pensado como un servicio, con la idea de abrir estos espacios a deportistas de ligas y clubes, y a cualquier persona interesada en conocer y mejorar su técnica.

Iniciativas como esta reflejan el modelo universidad-empresa de UCompensar, que no se queda en producir conocimiento, sino que busca llevarlo a la práctica para generar bienestar y responder a los retos reales del deporte y del mundo laboral.

Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

Siete becarios que obtuvieron puntajes superiores a 400 en Saber 11, incluyendo uno de 500 sobre 500, que conforman “La banda de los 400+”, y siete becarios con puntajes superiores a 340, que son los coequiperos, constituyen el equipo del Tour Saber 11 Buenaventura 2026, una muestra de compromiso con la ciudad.

El Tour cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital para los permisos académicos, mediante una Circular a los rectores de instituciones educativas oficiales y privadas, y es organizado por la Fundación Color de Colombia y el Semillero Alpha Phi Alpha de la Universidad Icesi (de Cali).

Seis de los 14 becarios estudian en Icesi (con becas Nutresa, institucionales y de Fundación Valle del Lili), dos en la Javeriana Cali, dos en la Universidad Autónoma de Occidente, una en la Universidad de los Andes, una en la Universidad del Valle, y dos (con puntajes superiores a 450 en Saber 11) están aspirando a Medicina en varias universidades. De los 14, cuatro son egresados de colegios privados y 10 de colegios oficiales. La mayoría exintegrantes del Semillero de Becarios U.

Servicios del Tour Saber 11

El Tour Saber 11 ofrecerá a los estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios que se interesen y se inscriban (en este formulario), lo siguiente:

• Masterclass sobre Saber 11 para grado 11: estrategias de preparación, 10 tips para prueba, preguntas típicas. Gratuita.
• Clases semi-personalizadas por cada una de las cinco subpruebas de Saber 11 (para 8 estudiantes).
• Clases semi-personalizadas de orientación vocacional de Derecho, Psicología e Ingeniería de sistemas.
• Inducción sobre distintos tipos de becas.
• Postulación a viaje a Cali para inmersión en Universidad Icesi, el 30 de julio.

Los estudiantes podrán postularse individualmente en el siguiente formulario: https://forms.gle/hhoXSYuzc3eVMf539

Quiénes son los de “La banda de los 400+”

Comenzando con su puntaje en Saber 11, el pregrado que cursan, la universidad y finalizando con el colegio del que son egresados.

• 500: Diego Fernando Castaño M. Medicina. Icesi (egresado de Colegio Termarit)
• 473: María José Rivas del Castillo. 2027-1 (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 457: Laura Lorena Celorio Valencia. 2027-1 (IE San Vicente)
• 455: Eyleen Johely Murillo M. Medicina. UniValle (IE Incodelpa)
• 433: Jean Carlos Riascos Palacios. Ingeniería de sistemas. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 415: Mariana del Río Ramírez. Ingeniería.Industrial. Javeriana. (CE Bahía de Buenaventura)
• 411: Denisse Aylin Lorza H. Arquitectura. UniAndes (Normal Superior Juan Ladrilleros)

Quiénes son los coequiperos

Con el mismo orden:

• 384: María Del Mar Mosquera C. Ingeniería Informática. Universidad Autónoma de Occidente, UAO. (Colegio Patricio Symes)
• 377: Juan Yessid Garcés H. Ingeniería de Sistemas. Javeriana Cali (CE Bahía de Buenaventura)
• 362: Andrés Felipe Díaz Montoya. Ingeniería de Sistemas. Icesi (IE Icoterpo)
• 361: Lauren Sofía Valencia Contreras. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 343: Iliana Samara Córdoba Lozano. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 316: Dinka Isabela Cabezas Arboleda. Psicología. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 341: Juan Sebastian Mina Quintero. Ingeniería Informática. UAO (IE Icoterpo).

Conocedor experimentado de los bálsamos que mantienen satisfecho el ego del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron se inventó la idea de invitarlo a un banquete en el Palacio de Versalles. Al tiempo que hacerle mantenimiento al ánimo de quien se cree presidente del mundo, le hizo notar, sin decir una palabra, la inigualable magnificencia de Versalles, y sus abismales diferencias respecto de Mar a Lago y del salón de baile con el que Donald Trump pretende inmortalizar su paso por la Casa Blanca. 

Abrumado por las nebulosas del conflicto con Irán, y en busca de arreglo urgente a ese lío al que lo empujaron y del cual no hay salida clara, Trump firmó en una mesa de Versalles un Memorando de Entendimiento que le pone un poco de orden a unas discusiones de futuro incierto. 

A pesar de las apariencias, el documento firmado es apenas un ejercicio de aproximación entre dos Estados que se ponen de acuerdo sobre la forma como podrían llegar a solucionar sus diferencias por la vía del diálogo. Se trata de una hoja de ruta que, si bien demuestra la voluntad de las partes de discutir en vez de darse cañonazos, no genera compromiso jurídico entre sus signatarios. En otras palabras: nos vamos a sentar a hablar, para ver si en un tiempo determinado podemos llegar a algún acuerdo. 

El 21 de junio, a pesar de ciertas dudas sobre la efectiva realización del encuentro, y arreglados problemas de protocolo, como que los iraníes no querían ser vistos junto a los americanos, comenzaron las nuevas conversaciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado de un socio de negocios inmobiliarios y del yerno del presidente, se sentaron en Buergenstock frente al ministro de relaciones exteriores de Irán. Con Pakistán como intermediario. 

A pesar de que Washington trató de vender el memorando, y las conversaciones, como un trofeo diplomático, queda por delante una agenda en la que ya no pueden figurar asuntos como el “cambio inmediato de régimen”, la “intervención en la escogencia de nuevo líder supremo de la revolución islámica”, la “rendición inmediata e incondicional”, y el “total desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán”, que al principio se plantearon con mucho ruido y jamás se pudieron conseguir. 

Excluidos esos fracasos, que se ocultan como si jamás hubieran existido, la idea es ahora ocuparse de las sanciones contra Irán, la situación en El Líbano con la presencia de Hezbollah, el apoyo a Hamas en Gaza y a los hutíes de Yemen, la navegación por el Estrecho de Ormuz, y los límites al armamentismo iraní, además de la distensión en todo el Golfo Pérsico. 

El hecho de emprender ahora conversaciones demuestra que Irán soportó la política de máxima presión, que combinaba las tradicionales sanciones en su contra con un inclemente ataque militar en asocio de Israel, y que, además, tuvo manera de responder con misiles y drones, y desacomodar la situación de los socios de Estados Unidos en la región. Además de golpear bases americanas, que sirvieron de muy poco a la hora de defender a sus propios aliados.

En materia nuclear, Irán ha anunciado la suspensión de actividades de enriquecimiento de material nuclear mientras duren las conversaciones. Quedó claro que no era cierto que sus stocks de material nuclear serían entregados a los Estados Unidos. Además, se reiteró la “inexactitud” del pomposo anuncio de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido “obliteradas” en junio del año pasado. Y no está para nada claro qué sucedería en esa materia si las conversaciones llegan a colapsar.  

Quedaron liberados, de entrada, 300 billones de dólares iraníes que estaban retenidos en el sistema bancario internacional. Su liberación constituye un triunfo para el gobierno islámico, que puede destinar esos fondos a la reconstrucción de su infraestructura, el restablecimiento de sus líneas de suministro, el alivio de las condiciones de vida de la gente, afectadas por años de aislamiento, y el fortalecimiento del esquema de sus alianzas en la región. Los Estados Unidos no reciben nada específico a cambio de esta concesión. 

Todo lo anterior se convierte en componente de fortalecimiento político del régimen, y pospone su desprestigio y su decadencia, que eran evidentes a raíz de la brutal represión del año pasado, pero vinieron a quedar eclipsados en febrero con el ataque americano-israelí. Al asesinar brutalmente a un anciano, que era el padre de la nación para millones de iraníes, se acalló de paso la protesta y se facilitó automáticamente un nuevo aire a los ayatolas. 

El asunto del Estrecho de Ormuz es, y seguirá siendo, un elemento de dificultad que no existía antes del ataque a Irán. Los antecesores de Trump aceptaron el consejo de sus estrategas en el sentido de no lanzarse a la aventura de emprender una guerra contra la República Islámica, entre otras cosas para no darle a ésta última motivo para cerrar el estrecho, con las consecuencias de todo tipo que el cierre conlleva. Y para no establecer un precedente difícil de erradicar. 

Si bien el memorando habla del paso seguro y la contención mutua en cuanto al cierre del Estrecho, no existe un manual para la observación de ese compromiso. Tampoco existe un mecanismo y mucho menos un órgano de supervisión, ni definición alguna sobre aquello que puede constituir una infracción de la libre navegación por el sector. De manera que las mismas partes quedan al tiempo obligadas a cumplir el arreglo provisional, pero pueden salirse del mismo con cualquier disculpa. 

La situación del Líbano, que Irán insiste en incluir en cualquier acuerdo, y que figura en el memorando de manera ambigua, es tan difícil de arreglar como la del Estrecho. Y es que en ese ítem aparecen Israel y Hezbollah. El primero, que no ha firmado nada y muy difícilmente va a dejar de empujar dentro del territorio libanés para destruir a un enemigo a muerte que se refugia allí. El segundo porque es una prolongación del poder político, militar y religioso de Irán, que no está dispuesto a abandonar. 

El factor israelí afecta severamente cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes no aceptarán arreglo alguno firmado por otras partes pasando por encima de sus intereses. Israel es de los muy pocos países que se puede dar el lujo de sostener un desacuerdo cordial con los Estados Unidos, sin que estos se atrevan a tomar decisiones que afecten a su más importante aliado en la región. Y ya es bien claro que Israel se reserva el derecho de actuar de manera independiente, sin sentirse obligado por lo que negociadores estadounidenses e iraníes lleguen a convenir.

Si a lo anterior se suma una situación cada vez más tensa, por decir lo menos, al interior de los Estados Unidos, como consecuencia de la aventura imprevista de una guerra de agresión en el medio oriente, por parte de un presidente que había gritado a los cuatro vientos que no cometería la estupidez de comprometer al país en guerras ajenas y lejanas, el cuadro en general no resulta favorable para Trump. 

Avanza el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre, que renovarán parcialmente el congreso. Los porcentajes de rechazo a la guerra crecen, no necesariamente por motivos políticos o estratégicos, que a la gente no le importan o no entiende. Se trata del bolsillo. Se trata del costo de la vida cotidiana, que se suma a un estado de ánimo afectado por una actitud errática, en lo de la guerra y en otros aspectos, que si bien produce euforia entre fanáticos “trumpistas” genera exasperación no solo entre los más liberales sino entre los mejor educados. 

Lo peor, para el presidente, es que por más que consiga, a un costo altísimo, de pronto con el sacrificio político de su vicepresidente, un arreglo con Irán, el acuerdo al que se llegue será en el mejor de los casos parecido al que hace once años consiguió el presidente Obama. Acuerdo cuidadosamente negociado y suscrito por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea; refrendado además mediante resolución por el Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con funcionarios de carrera experimentados en el seguimiento analítico de los procesos más variados de la vida internacional. También cuenta con negociadores profesionales que conocen el “art of the deal” en un contexto muy distinto del de los negocios inmobiliarios y la ley de la selva de Manhattan, donde se suele mentir, amenazar, dar la espalda, y cambiar súbitamente de opinión, como elementos de “negociación”, con la opción, siempre abierta, de que el negocio no se llegue a hacer. Con lo cual todo lo que se pierde es alguna oportunidad de enriquecimiento.

Negociar con Irán bajo la guía de un vicepresidente inexperto y dos empresarios de finca raíz, acostumbrados a defender sus intereses individuales, se aleja de lo requerido en negociaciones diplomáticas, en las que están de por medio los intereses públicos. 

La suerte de millones de personas depende otra vez de un documento firmado, sin contraparte presente, por un presidente estadounidense exhausto, en el Palacio de Versalles, donde hace poco más de un siglo se firmó alegremente un tratado que solo sirvió para posponer los arreglos de cuentas entre las potencias europeas de la época. 

El presidente iraní firmó desde Teherán, a sabiendas de que las cosas van a marchar al ritmo que a su país más le convenga, pues se trata de su vecindario, está acostumbrado a la dureza de sanciones ahora un poco aliviadas y no tiene el afán de unas elecciones prontas, de una opinión pública cada vez más molesta. Tampoco a la presión de aliados que no se someten a lo que otros pretendan pensar por ellos.

Un ejemplo de este fenómeno es el que quiero compartirles, subrayando que, en matemáticas, incluso cuando un anuncio no sea estrictamente falso, presentar como profundo lo que en realidad es trivial constituye también una forma de engaño. Esa estrategia puede inducir a los incautos a elevar a la categoría de teorema lo que no pasa de ser un simple ejemplo, generando una ilusión de descubrimiento donde no la hay.

Un interés especial dentro de la comunidad matemática ha sido, desde hace siglos, el deseo de contar con un generador de números primos, como si fuera posible construir o descubrir una máquina capaz de producirlos todos —o al menos una cantidad significativa— de manera sistemática. La idea resulta seductora: un mecanismo que, introduciendo ciertos parámetros, entregue una sucesión inagotable de primos sin necesidad de recurrir a pruebas de divisibilidad ni a algoritmos complejos. Sin embargo, esa aspiración ha chocado una y otra vez con la realidad matemática: aunque existen fórmulas y procedimientos que generan algunos primos, ninguno de ellos produce todos los primos ni evita la aparición de números compuestos; es decir, números que no son primos.

Hace un tiempo me encontré con un mensaje en una red social que literalmente decía:

“$x^{2} – 2999x + 2248541 \text{ produces 80 primes from } x = 1460 \text{ to } 1539$“.

Por supuesto, mi interés en ese anuncio me llevó a examinar el polinomio y a verificar tan sorprendente afirmación. Ese ejercicio, y lo que descubrí al hacerlo, fue precisamente lo que me motivó a escribir este artículo.

Empiezo por recordar que fue Leonhard Euler (1707–1783) quien dio a conocer el siguiente sencillo polinomio de segundo grado, con coeficientes enteros,

$P(n) = n^{2} + n + 41$

el cual genera 40 números primos distintos cuando $n$ toma valores desde 0 hasta 39. Durante mucho tiempo no se conoció ningún polinomio cuadrático que superara ese registro, hasta que G. Fung y R. Ruby descubrieron en 1990 el polinomio

$F(n) = 36n^{2} – 810n + 2753$

que produce 45 primos para $0 \le n \le 44.$

Y, hasta donde yo sabía, no existía ningún polinomio de segundo grado con coeficientes enteros que generara más primos que este último. Por eso, encontrarme con el anuncio de un polinomio que supuestamente produce 80 números primos resultaba, al menos en apariencia, un avance extraordinario, más aún considerando que incluso se han organizado concursos en internet dedicados a buscar polinomios generadores de números primos.

Pero no es así. En realidad, aunque el anuncio no contiene ninguna falsedad explícita, sí resulta engañoso: efectivamente, el polinomio produce 80 números primos, pero no 80 primos distintos. Lo que hace es generar dos veces los mismos 40 primos que ya produce el polinomio de Euler. La secuencia completa no es más que una lista simétrica:

$1601,\, 1523,\, 1447,\, \ldots,\, 47,\, 43,\, 41,\, 41,\, 43,\, 47,\, \ldots,\, 1447,\, 1523,\, 1601.$

Y, además, esto no tiene nada de especial. De hecho, se observa fácilmente que un polinomio aún más simple que el anunciado —el propio polinomio de Euler con dos signos cambiados— también genera esos mismos 80 valores primos. Se trata de

$Q(n) = n^{2} – n – 41,$

y basta con tomar $n$ entre $-39$ y $40$ para obtener exactamente la misma lista duplicada.

Pero aprovecho para mencionar que la simetría aparece por una razón matemática muy simple y muy bonita: el polinomio es cuadrático y su eje de simetría pasa exactamente por el punto medio del intervalo donde se evalúa. Eso hace que los valores que produce al evaluar $n$ y al evaluar su «reflejo» respecto a ese eje sean idénticos.

En el caso del polinomio

$Q(n) = n^{2} – n – 41,$

su eje de simetría está en

$n = \frac{1}{2},$

y el intervalo que consideramos,

$-39 \le n \le 40,$

está perfectamente centrado en 0.5. Por ello, $Q(n)$ y $Q(1-n)$ producen el mismo valor, duplicando así los 40 primos del polinomio de Euler.

La “magia” no está en el polinomio, sino en la simetría del intervalo. Cualquier polinomio cuadrático que replique los valores de Euler y se evalúe en un intervalo simétrico producirá exactamente el mismo efecto: duplicar los mismos 40 primos conocidos.

Y es fácil construir tantos polinomios como se quiera con esta misma propiedad. Basta reemplazar $n$ por $(n-a)$ en el polinomio de Euler, para cualquier número $a \ge 1$. Por ejemplo, si tomamos $a=40$, obtenemos el polinomio

$R(n) = n^{2} – 79n + 1601,$

el cual arroja los mismos 80 números primos cuando $n$ toma valores desde 0 hasta 79.

Por lo tanto, el polinomio citado al inicio —presentado como una gran noticia— no es más que uno entre los infinitos que pueden construirse con esa misma propiedad. En efecto, basta elegir $a = 1500$ en el procedimiento antes descrito para obtener exactamente el polinomio del anuncio.

Para complementar la información sobre el tema, conviene añadir que en la búsqueda de este tipo de polinomios aparecen los llamados «números afortunados de Euler»: números enteros positivos $m$ que cumplen la condición de que, para todos los enteros positivos $k<m$, el polinomio

$k^{2} – k + m$

produce un número primo. Se puede demostrar que los «números afortunados de Euler» son únicamente seis:

$2,\; 3,\; 5,\; 11,\; 17,\; 41.$

La verificación para $m=3$ por ejemplo, se hace con los valores de $k = 1,\; 2.$

1. Para $k=1$
   
   $1^{2} – 1 + 3 = 1 – 1 + 3 = 3.$
   
   3 es primo.
   
2. Para $k=2$
   
   $2^{2} – 2 + 3 = 4 – 2 + 3 = 5.$
   
   $5$ es primo.

Como ambos valores obtenidos son primos, queda verificado que $m=3$ es efectivamente un número afortunado de Euler.

Una pregunta natural es si puede existir un polinomio no constante, con coeficientes enteros, que tome exclusivamente valores primos. La respuesta es no: cualquier polinomio de ese tipo, si se evalúa en todos los enteros, necesariamente produce infinitos valores compuestos.

Por lo tanto, la aparición de fake news matemáticas que prometen maravillas —como polinomios «milagrosos» que generan grandes cantidades de números primos— no debe engañarnos.

La matemática es sutil, pero también implacable: lo que parece un milagro casi nunca pasa de ser una ilusión.

@MantillaIgnacio

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.