El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Miles de albatros atraviesan todo el océano Pacífico desde Nueva Zelanda para alimentarse frente a las costas de Perú y Chile. Les atrae la alta productividad del ecosistema de la corriente de Humboldt, pero no son los únicos que llegan. También lo hacen embarcaciones que pescan con palangre. Los albatros van tras las carnadas, se quedan enganchados en los anzuelos y mueren bajo el agua. Para disminuir su mortalidad, científicos peruanos y neozelandeses están estudiando estas aves y probando medidas de mitigación.

“Las posibilidades de que se produzca una captura incidental en la pesquería de tiburón [Isurus oxyrinchus y Prionace glauca] son menores que en la pesquería de perico [Coryphaena hippurus]”, dice en conversación con Mongabay Latam Javier Quiñones, biólogo marino del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sede Callao.

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Esta es una de las conclusiones sobre las pesquerías que se traslapan con las temporadas de alimentación de al menos 21 especies de albatros, petreles y pardelas que, además de Nueva Zelanda, provienen de Galápagos, Ecuador, el sur de Chile y zonas subantárticas.

Quiñones atiende la llamada desde una embarcación que tiene como pesca objetivo al perico y que zarpó desde el puerto de Ilo, en el sur de Perú. Se embarcó para probar el uso de plomos con el objetivo de que los anzuelos se hundan rápidamente fuera del alcance de las aves buceadoras. Esto es parte de un proyecto que lleva a cabo con su colega Ana Alegre, también del IMARPE, y el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

En una iniciativa anterior, Quiñones acompañó a pescadores de tiburón azul y diamante y probó líneas de espantapájaros en popa, mitigación lateral, retención de carnadas que no capturaron presas y buenas prácticas de disposición de vísceras de tiburón. “Estamos probando qué va a funcionar y qué no”, puntualiza el especialista.

Determinar qué funciona en los países donde se distribuyen estas aves, tomando en cuenta las diferencias en los artes de pesca utilizados y la magnitud de las pesquerías, será fundamental para proteger a un grupo que está entre las aves más amenazadas del mundo, según el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP, por sus siglas en inglés).

Los albatros cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Se desempeñan como depredadores y carroñeros de alto nivel trófico en el océano abierto, contribuyendo a regular poblaciones de peces, calamares y crustáceos. También llevan nutrientes del océano hacia ecosistemas insulares a través de sus excrementos.

Además, son indicadores de la salud del océano. Los cambios en sus poblaciones o comportamiento pueden reflejar alteraciones en la disponibilidad de presas, cambios climáticos o presión pesquera.

Una migración sorprendente para alimentarse

Los albatros de Chatham (Thalassarche eremita) realizan esta sorprendente migración de más de 7000 kilómetros en un tiempo récord de entre siete y 15 días. Las aves utilizan los vientos de deriva del Pacífico sur como una carretera y vuelan sin aparente descanso. Aunque sí lo hacen, ya que durante el viaje, un hemisferio de su cerebro duerme mientras el otro permanece despierto.

Esa primera carretera los conduce a la isla de Chiloé, en el sur de Chile. “Después, agarran la segunda carretera, que son los vientos alisios, que van del suroeste al noroeste, y llegan hasta aguas del sur del Perú”, describe el biólogo marino.

A 200 metros de profundidad, donde la plataforma continental se quiebra, se forma un frente oceánico. Allí las aguas frías costeras se encuentran con las aguas oceánicas cálidas, generando turbulencia. Esto provoca un boom de fitoplancton, que a su vez desencadena la producción de pequeñas especies de crustáceos y cefalópodos o “calamares pequeñitos y medianos”, explica Quiñones. “Ahí están comiendo los albatros en cantidad”, relata.

Ya en la zona, a las aves también les atraen las carnadas usadas en las pesquerías de tiburón y perico. Además, los pescadores arrojan al mar las vísceras de los tiburones pescados y eso funciona como un imán. “Es como un manjar para los albatros y petreles”, de acuerdo con el especialista. Esta práctica incidiría en una mayor interacción entre las aves y las embarcaciones, por lo que se están planteando medidas destinadas a mitigar este impacto.

Seis especies enfrentan mayor peligro

El albatros de Chatham está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es una de las que más preocupa a Quiñones y a su colega Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur en Perú.

Esta especie, explica Zavalaga, se reproduce en un lugar muy delimitado: en una cueva de una pequeña isla neozelandesa, de la que toma su nombre. “Eso significa que estos albatros están sumamente restringidos a una localidad en particular, si pasa algo, toda la población desaparecería”, dice el investigador.

Otra especie de gran interés es el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), un ave que vuela unos 1400 kilómetros desde Ecuador para alimentarse en aguas peruanas. El ave está clasificada en Peligro Crítico, una categoría previa a la extinción en estado natural.

Esta especie también se reproduce en una sola isla, en Española, lo que la hace bastante vulnerable, de acuerdo con Zavalaga. “El gran esfuerzo que se hace [por protegerlos en las zonas de reproducción] se diluye cuando los albatros son tan vulnerables en aguas peruanas”, explica.

Asimismo, a los especialistas les preocupa el albatros de Salvin (Thalassarche salvini) y el petrel negro (Procellaria parkinsoni), provenientes de Nueva Zelanda y ambos clasificados como Vulnerables por la UICN.

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Quiñones ha identificado que el petrel de barbilla blanca (Procellaria aequinoctialis) y la pardela de patas rosadas (Ardenna creatopus) son bastante agresivas a la hora de competir por las carnadas, lo que las vuelve más susceptibles a caer en anzuelos. La primera anida en varias islas subantárticas y la segunda cría a sus polluelos únicamente en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Las dos están clasificadas como Vulnerables.

La pesca es incidental y la mortalidad es alta

La pesca artesanal de perico se realiza de octubre a febrero. El albatros de Galápagos es una de las especies que más coincide con esta pesquería, especialmente en el norte de Perú. Pero también concurren el petrel de barbilla blanca, la pardela de patas rosadas y el albatros de Salvin, de acuerdo con Quiñones.

La pesca artesanal de tiburón, legal en Perú para ciertas especies, se da entre mayo y agosto. En esos meses hay mucha densidad de albatros y petreles en aguas del sur de Perú, señala el biólogo de IMARPE. El albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), que proviene de la isla chilena Diego Ramírez, el punto más austral de Chile, y el petrel de barbilla blanca son las especies que más coinciden. También llegan el albatros de Buller (Thalassarche bulleri), una especie que anida en varias islas neozelandesas, y el de Chatham.

En este contexto, varias especies de aves marinas son víctimas de la pesca incidental. “El número de aves capturadas por una embarcación en un viaje puede ser cero o solo una o dos, sin embargo, dado el gran tamaño de estas flotas, la cantidad de pesca incidental y la mortalidad pueden ser motivo de preocupación para estas especies”, dice vía email Jeffrey Mangel, director científico de Pro Delphinus Perú, una organización dedicada a la conservación de la fauna marina.

Las aves pueden tragarse o engancharse a los anzuelos del palangre, también conocido como espinel, o pueden enredarse en las líneas del arte de pesca. Las pesquerías de redes de enmalle también representan un peligro para estos animales.
En muchas ocasiones, se ahogan ante la imposibilidad de liberarse y en otras pueden resultar severamente heridos. “Incluso si es que logran escapar o son liberados por los pescadores, pueden quedar con heridas que les podrían causar la muerte”, añade Mangel.

Aunque no hay números definitivos de cuántas aves mueren cada año en aguas peruanas, las estimaciones basadas en muestreos y entrevistas “arrojan números alarmantes”, advierte Zavalaga. “Hablamos de cientos, hasta miles de individuos muertos solo en Perú”, puntualiza.

Seguimiento satelital para desarrollar soluciones

Nueva Zelanda tiene un programa intensivo de seguimiento satelital de aves marinas, de acuerdo con Igor Debski, asesor científico principal del área marina del Departamento de Conservación del país.

El programa ya ha mostrado las rutas migratorias a través del Pacífico de varias especies de albatros y petreles y ha contribuido a orientar proyectos colaborativos entre las instituciones peruanas y neozelandesas destinados a mitigar la captura incidental, añade el especialista. Este año se colocaron 20 transmisores satelitales en albatros de Chatham.

El seguimiento satelital busca determinar cuánto tiempo interactúan las aves con las embarcaciones, explica Zavalaga, quien ha participado en los estudios. “Una vez que identifiquemos esto, podemos dar recomendaciones con base científica”, anticipa.

Por ahora los científicos están trabajando en entender mejor las rutas en las que se encuentran las aves y las embarcaciones y en determinar cuáles son los mejores métodos de mitigación. Quiñones ya encontró que el uso de líneas de espantapájaros durante la pesquería de tiburón redujo la frecuencia de buceo de las aves hacia las artes de pesca en un 96 %, según lo documentó en un reporte publicado a finales de 2025.

La línea de espantapájaros adaptada a la pesquería de tiburón consiste en colocar en la popa un palo de eucalipto de unos siete metros. A la punta se ata un sedal o línea de polietileno que cae de manera perpendicular hacia el mar. Y en la línea se sujetan cabos rojos y cintas iridiscentes que con el movimiento asustan a las aves, evitando que se acerquen. Esta es una medida de disuasión económica y que se fabrica con materiales locales. No tiene que usarse durante toda la temporada, sino solo durante el otoño y el invierno, cuando hay mayor densidad de aves.

Ahora queda por conocer qué funcionará mejor en la pesquería de perico. Una vez que los científicos tengan respuesta a esas preguntas, tendrán que ser elevadas a políticas nacionales para promover su adopción, empezando por capacitar a los pescadores.

Quiñones cree que el tema se debe abordar de manera integral, motivándolos a capacitarse a través de incentivos económicos y reconocimientos a quienes demuestren el uso de buenas prácticas mediante videos.

Entre tanto, Zavalaga señala que la colaboración internacional seguirá siendo clave en la investigación para la conservación de estas aves marinas altamente migratorias que contribuyen al equilibrio de los océanos.

*Imagen principal: un albatros de Salvin saca la carnada del anzuelo sin resultar herido. Foto: cortesía Javier Quiñones.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Unas figuras resplandecientes se mueven en el follaje de los árboles. Algunas saltan entre las ramas y desaparecen debajo de ellas para reaparecer metros más allá. Otras se desplazan lentamente entre las hojas mientras que ciertas figuras permanecen en un mismo lugar, emitiendo un brillo que las hace visibles en medio del follaje del bosque.

Son imágenes captadas por un dron con cámara térmica —DJI Mavic 3T— fabricado para detectar fuentes de calor. Y en este caso, se utilizaron como parte de un proyecto de monitoreo en los bosques peruanos para identificar a una especie considerada en Peligro Crítico de extinción: el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda).

Durante ocho meses, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado, liderada por mujeres, junto con especialistas de Yunkawasi —organización dedicada a la protección del mono choro cola amarilla—, pusieron en marcha un programa de monitoreo que combina el seguimiento de la especie desde tierra con la vigilancia desde el aire.

“Queríamos encontrar un método adicional que nos permita ser más precisos en el monitoreo de los monos. Vamos por el tercer año que están funcionando los comités de monitoreo que son hermosos porque lo realiza gente de la comunidad”, dice Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi. “En este camino, con esta metodología validada, quisimos agregar un componente, el dron con cámara térmica, para complementar la información que se estaba obteniendo con los monitores”, agrega.

La experiencia se realizó en el Área de Conservación Privada (ACP) Hierba Buena Allpayacu, en el territorio de la Comunidad Campesina Corosha, ubicada en la región Amazonas, uno de los hábitats del mono choro cola amarilla. En esta área protegida, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado han implementado, desde hace tres años, un sistema de monitoreo efectivo de esta especie, de la mano de Yunkawasi. El proyecto también ha contado con el apoyo de National Geographic; la Universidad de Bostón, en Estados Unidos; New England Biolabs Foundation; y Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

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La experiencia de seguir a los monos

“En realidad, al monito choro de cola amarilla nunca lo había visto en vivo en mi niñez, pero sí sabía que había en mi población”, cuenta Lizeth Arista, una de las dos primeras mujeres que se animaron a formar parte del equipo de monitoreo en la ACP y que ahora es coordinadora del comité de monitoreo de la Asociación de Conservación Oso Dorado. “Había guías que salían al campo y yo me entusiasmé, me decía: yo quiero verlo y conocerlo”.

Arista llevaba varios años haciendo peluches del mono junto con un grupo de mujeres que desde 2009 organizaron la asociación antes de salir al bosque como parte del equipo de guías y monitores que protegen la ACP. “Cuando llegué a verlo me gustó la forma de los monitos, cómo corrían y gritaban. Me emocionó bastante y me animé a seguir en este trabajo”.

Las expediciones para el monitoreo de los monos, cuenta Arista, se realizan durante cuatro a 10 días en el bosque, generalmente, una vez al mes. “Los recorridos los hacemos de día, desde las 6 de la mañana hasta casi el mediodía, porque los monitos de 11 a 12 pm se duermen. Cuando se despiertan retomamos el recorrido porque los monitos continúan desplazándose en medio del bosque montano hasta las 6 de la tarde. Los monos de cola amarilla se duermen a las 6 de la tarde. Tienen sus horarios establecidos”, cuenta.

Para Arista y su equipo identificar a los monos en medio del bosque “ahora resulta fácil”. Los reconocen por “los sonidos” que emiten y por “cómo se van moviendo los árboles” cuando se desplazan. “Cuando se mueven los árboles ya vemos que los monos están ahí. Vamos a ese sitio y ahí les encontramos. A veces también pelean, así sabemos cómo encontrarlos”.

No siempre fue fácil hacerlo, dice Arista, pero en estos dos años han aprendido a reconocer sus voces, sus movimientos y los lugares “donde los monos se quedan a dormir”. “Si no los encontramos en un sitio, vamos a otro y ahí los encontramos”.

El mono choro cola amarilla es una especie endémica que solo habita en los bosques primarios premontanos, montanos y nublados del norte de Perú, entre los 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en los departamentos de Amazonas y San Martín, aunque también se los encuentra en pequeñas áreas de La Libertad, Huánuco y Loreto. Recientemente se ha ubicado una población en Junín que aún está en estudio. Son monos que pasan su vida sobre los árboles, casi nunca se mueven por el suelo. Por ello, quienes realizan el monitoreo de esta especie tienen que saber identificarlos en medio de la espesura del bosque.

“Los bosques donde vive el mono choro cola amarilla son escarpados, retadores físicamente. Por tanto, la idea de utilizar este dron fue tener información más detallada sobre los grupos que los monitores ubican desde el suelo. Es increíble porque al estar a la altura de los monos con el dron, puedes contar exactamente cuantos son, tener datos específicos de edad, de sexo, que a veces desde el suelo es difícil”, explica Cornejo.

También se buscaba saber si resultaba más rápido que los monitores ubiquen a los monos desde el suelo o ubicarlos desde el aire. El resultado fue que los monitores logran ubicarlos antes que los drones. Con un dron, explica Cornejo, se utiliza una metodología en base a grillas —líneas guía horizontales y/o verticales— que se van recorriendo para obtener información de los animales. “Pero el bosque es amplio y en los bosques montanos la gente local es tan conocedora de esos ámbitos que encuentra a los monos en base al oído, es decir, cuando vocalizan o cuando las ramas se quiebran mientras saltan”, afirma la investigadora.

También los encuentran en base a los restos de alimentos, como frutos a medio comer, con las huellitas de los dientes de los monos o al ver una bromelia deshojada que tiene la hoja masticada. “El dron no ve todo eso”, puntualiza Cornejo.

La especialista señala que el dron, en este caso, no ha podido reemplazar a una persona o un equipo a la hora de hacer un censo poblacional. “Esta tecnología todavía no está a la altura de los retos de trabajar en los Andes”, comenta y explica algunos obstáculos que la tecnología encuentra en lugares geográficos complejos como los bosques nublados de la vertiente oriental de los Andes peruanos, en lo que se denomina selva alta.

“Pensábamos que tal vez un dron termal puede encontrar más rápidamente a los monos y que de esta forma la gente de la comunidad no necesitaba subir a la montaña para ubicarlos. Pero los resultados nos demuestran que el dron sí puede encontrar a los monos y tenemos imágenes muy buenas, pero es mejor que los ubique una persona que está muy bien entrenada para hacerlo”, comenta Christopher Allen Schmitt, explorador de National Geographic y profesor asociado de Antropología y Biología en la Universidad de Boston, quien también formó parte de esta experiencia.

Uno de los inconvenientes es la señal, pues debe permanecer conectado al mando. Si bien el dron tiene un desplazamiento de 20 kilómetros, el problema surge cuando existen pequeñas montañas o microvalles en el terreno, “lo que es común en los Andes”, de tal forma que “los 20 kilómetros se transforman en unos cuantos cientos de metros”, ya que se pierde la señal por las variaciones geográficas, agrega.

Otra limitación es que el dron requiere condiciones atmosféricas y de clima sin lluvia o humedad alta. “Esto en bosque nuboso es también retador porque siempre está lloviendo. Si empieza a llover un poquito el dron regresa. Si hay neblina fuerte con gotitas en el aire, el dron tampoco puede fusionar”, explica Cornejo.

La información desde el aire

Lo que sí ha permitido el dron es tener detalles específicos de la composición de la población de monos que se ubican durante el monitoreo. Esto es posible porque el dron tiene dos cámaras. Una de ellas capta el calor de los cuerpos en los árboles y una segunda funciona como una cámara fotográfica con la que se puede realizar acercamiento a los objetos, lo que permite obtener detalles. “Hemos podido ver diferentes atributos de los monos. Son datos específicos de edad, de sexo que a veces en el suelo es difícil distinguir y en particular por la topografía”.

También desde el aire ha sido posible observar qué están haciendo, explica la investigadora. “Lo que se hacía era mantener el dron en sobrevuelo. Desde el suelo se veían sombras de varios monos, pero desde el aire se podía identificar cuántos eran y si eran hembras o machos, adultas o juveniles”.

En el caso de las imágenes captadas por el lente térmico, las diferencias se manejan en base a la temperatura y a las diferencias que estas temperaturas ofrecen en una gama de colores. “Se puede elegir utilizar la gama de colores en tonos morados con amarillos, como lo hicimos para algunos videos y otros en tonos grises. De acuerdo a la cantidad de luminosidad que emiten los monos se puede detectar su presencia”. La gama de colores y la luminosidad se va graduando en el dron para obtener mejores resultados.

En horas de la mañana funciona muy bien, dice Cornejo, porque hay una diferencia de temperatura grande entre el bosque y la temperatura corporal de los monos. “Los videos donde se distingue hasta la colita son usualmente cuando hay esta diferencia de temperatura. En cambio, hay otros videos en los que se ve todo muy amarillo, eso se debe a que el sol ha calentado la copa de los árboles. En ese caso, se puede distinguir si se mueve el mono, de lo contrario puede confundir”.

La investigadora explica que hay bromelias ubicadas en la parte alta de los árboles y como las bromelias acumulan agua, con el sol se calientan y puede dar la impresión de que se trata de monos durmiendo, lo que genera confusión. En ese caso, dice, se puede utilizar la cámara con zoom para ver los detalles.

Otro detalle que explica Cornejo es que si bien el dron puede distinguir y capturar la imagen de “cualquier cosa que emite calor”, la diferencia es que en los bosques que son el hábitat de estos monos, “la única especie de día que se está moviendo es el mono choro cola amarilla”. “Entonces hay poca posibilidad de cometer errores. Quizás en algún momento podamos encontrar un mono machín, pero es poco probable y hasta ahora no nos ha pasado”, agrega.

Schmitt afirma que el dron es muy bueno para capturar imágenes de los monos y que desde el aire se les puede ver perfectamente con el zoom. “Tenemos videos buenísimos de monos que podemos compartir con la gente para inspirarlos a apoyar la conservación que hace la Asociación de Conservación Oso Dorado y Yunkawasi”.

“Con el dron podemos ver realmente la vida de los monos, se les observa cuando están arriba de los árboles, cómo interactúan entre ellos”, comenta Schmitt.

Una experiencia de ciencia ciudadana

El ACP Hierba Buena Allpayacu no es el único lugar en el que se monitorea el mono choro cola amarilla en coordinación con la comunidad. La experiencia bajo el liderazgo de Yunkawasi también se repite en la Concesión de Conservación Cerro El Adobe, colindante con la Reserva Comunal Chayu Nain, y en el Área de Conservación privada Copallin, vecina del Santuario Nacional Cordillera de Colán. Estos tres lugares forman parte del territorio que es el hábitat de esta especie, bosques que a lo largo del tiempo se han reducido en un 80 % aproximadamente.

Junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado, en los otros dos espacios donde aún habita el mono choro cola amarilla la población también se ha comprometido con la conservación del monito, cuenta Cornejo.

“En el caso del ACP Copallin, se ha formado un comité de monitoreo en coordinación con los guardaparques de la zona. Y el tercer caso es una concesión de conservación, Cerro El Adobe, liderada por la Asociación de Conservación Chorrera Blanca (Acochoba) liderada por agricultores”, explica Cornejo.

Hasta ahora la experiencia con el dron con cámara térmica solo se ha realizado en el ACP Hierba Buena Allpayacu, pero el proyecto continuará en las otras dos zonas. “Estamos entrando al tercer año de trabajo con estas organizaciones y lo genial ha sido conectar a la gente local con el uso de tecnología. Si bien el dron con cámara térmica no lo hemos manipulado mucho, los comités sí cuentan con drones sin lente termal que utilizan para observar desde el aire las amenazas a esta especie”, dice la investigadora de Yunkawasi.

Cornejo también destaca la participación de las mujeres en los comités de monitoreo, así como el uso de los drones por parte de la población, quienes ahora cumplen funciones que antes estaban solo reservadas a investigadores con la ventaja de que conocen a la perfección estos bosques. “Para mí es uno de los proyectos más lindos que tenemos porque justamente se trata de lograr esta confluencia de practicar ciencia con la gente local”, comenta. En ese sentido agrega que ya se está planificando el monitoreo acústico y las investigaciones con ADN ambiental con estas comunidades.

El explorador de National Geographic, Schmitt, agrega que las comunidades conocen mucho a esta especie. “Los ven todos los días, se preocupan por ellos. Viven con ellos. Nosotros, como científicos o biólogos, aportamos nuestro propio conocimiento, que es muy diferente, y que puede complementar el conocimiento que la comunidad ya tiene. Así que la comunidad ya sabe adónde van los monos y pueden pensar por qué van a un determinado lugar. Los conocen mejor”.

Schmitt también considera que al unir los conocimientos se pueda comprender mejor a la especie y se responda mejor a sus necesidades. “Por ejemplo, tenemos experiencia en estudiar su comportamiento sistemáticamente para poder determinar cómo cambia según la disponibilidad de alimentos, la altitud, las precipitaciones o la temperatura. De esta manera, podemos obtener respuestas con mayor certeza que la que se podría obtener solo con la observación”.

“Creo que si el objetivo final de la comunidad es la conservación de los monos, porque conviven con ellos, los ven y los aprecian -dice Schmitt-, podemos complementar ese deseo con métodos que les proporcionen las herramientas necesarias para protegerlos de una mejor manera”.

En esta confluencia de conocimientos, Lizeth Arista habla desde su experiencia con el uso de la tecnología. Explica, por ejemplo, que han llevado talleres para manejar los drones, que por ahora manejan sin problema los drones pequeños, pero que le gustaría seguir aprendiendo más. “El dron que ahora estamos trabajando en campo es más grande [dron con cámara termal]  tiene más cosas que debemos aprender”. ¿Es fácil manejar un dron?, le preguntamos. “El pequeño sí, pero el grande se me complicaba aún”, responde.

Sin embargo, como dicen los investigadores, las personas de estas comunidades conocen perfectamente a estos animales. “Ahora tenemos un grupo de 12 monitos identificados, hasta les hemos puesto nombre”, cuenta. ¿Es fácil identificar a los monitos?, le preguntamos. “Sí, es fácil”, responde. “A las hembritas las identificamos por su clítoris, que tiene poco vello, y a los machos los podemos identificar porque tienen su mechón más grande que las hembras. Y los juveniles no tienen nada, es más fácil saber cuáles son hembras y cuáles machos”, agrega.

Hasta hace un par de décadas, dice Lizeth Arista, “algunas personas en nuestra comunidad los cazaban”, pero ahora ya no ocurre eso. Ahora hay interés por la conservación desde que son niños. “A mi hijita menor le gusta el trabajo que hago en el campo. Tiene 10 años y me dice que cuando sea grande le gustaría ser bióloga. Ella ve cómo trabajamos, los materiales que tenemos en el comité. Ella agarra los materiales, sale a observar el bosque con los binoculares y me dice: ‘Cuando sea grande quiero ser bióloga para poder utilizar todos estos materiales’».

*Imagen principal: el mono choro cola amarilla es una especie endémica de los bosques nublados de los Andes orientales de Perú. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mariátegui, 1928.

En septiembre de 1926 apareció el primer número de la Revista Amauta, creada por el pensador peruano José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales marxistas más creativos del siglo XX. El nombre de la Revista era un homenaje a los antiguos maestros educadores de la nobleza en el imperio incaico; solo “refleja el homenaje al incaismo”, sostuvo el peruano, pero con un sentido y fines diferentes, un sentido, una acepción, que había que crear en un Perú y en un mundo nuevos, más allá del capitalismo.

La revista Amauta forma parte de la inmensa, heroica y original tarea que asumió Mariátegui tras su regreso de Europa en 1923, de crear un socialismo peruano, indoamericano. Esta tarea sonaba extraña para los marxistas de manual que pensaban que el socialismo solo era factible y posible en países con un capitalismo desarrollado, que hubiera completado las etapas del desarrollo histórico que había tenido en Europa, esto es, en sociedades que, de acuerdo con el Komintern, hubieran atravesado el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y se hallaran en un capitalismo con una burguesía y un gran desarrollo de la clase proletaria.  

Pues bien, sin conocer al último Marx, el mismo que le había contestado en 1881 en una carta a Vera Zasúlich que era posible partir de la comuna rural (la obschina) para construir el socialismo en Rusia, sin necesidad de atravesar todas las etapas del desarrollo que el capitalismo había tenido en Inglaterra y en los países occidentales, Mariátegui llega a la misma conclusión y se empeña en construir el socialismo en la periferia de Europa. Si Marx, y los primeros populistas rusos (naródniki) del siglo XIX como Herzen o Chernyshevski , pensaba que era posible partir de la comuna rural  y construir el socialismo, eso sí, aprovechando los aportes materiales, técnicos y espirituales creados por la modernidad y el capitalismo en Occidente, Mariátegui buscó recuperar el ayllu incaico, como unidad básica económica y social, y las formas y relaciones comunitarias indígenas y agrarias supérstites, para edificar un nuevo socialismo.  

Mariátegui no buscaba revivir el incaismo, ni extender el comunismo indígena y sus formas supérstites al resto del Perú. Él no pensaba en revivir una identidad sustancial, virginal y pura del indígena. Eso ya no era posible en un Perú cuyas instituciones eran básicamente occidentales, y donde el país estaba inscrito ya, atravesado, por esa cultura. Lo que él pretendía era aprovechar esos elementos cooperativos sobrevivientes, esos insumos, para construir el socialismo en el Perú. Esto lo deja claro en 1928 cuando dice que:  

“no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de construcción o resurrección del socialismo incaico, que correspondió a condiciones históricas completamente superadas y de la cual solo quedan como factor aprovechable, dentro de una técnica de producción perfectamente científica, los hábitos de cooperación y socialismo de los campesinos indígenas. El socialismo presupone la técnica, la ciencia, la etapa capitalista, y no puede imponer el menor retroceso en la adquisición de las conquistas de la civilización moderna y la máxima y metódica aceleración de la incorporación de estas conquistas en la vida nacional”.

Lo que hizo Mariátegui fue un análisis detallado, materialista de la realidad peruana, de su economía semifeudal, con la existencia de grandes gamonales latifundistas, que, adornados con el liberalismo, habían expropiado las tierras de los indígenas, pero que no habían dado el paso a la economía moderna, del libre trabajo y salario. Mas bien, esas relaciones y estructuras económicas habían perpetuado formas de servidumbre indígena, formas de explotación de su trabajo, que no eran condescendientes con las exigencias de un capitalismo moderno. Eso creó una “economía colonial” articulada al capitalismo extranjero de la época.

Digamos que antes de la teoría de la dependencia, Mariátegui había mostrado como las burguesías latinoamericanas, señoriales como en el Perú, no estaban interesadas en defender la nación, sino que eran cómplices de las burguesías metropolitanas y del capital extranjero. Como el último Marx, el posterior a 1867, Mariátegui se percataba de la existencia de un desarrollo desigual y periférico; un capitalismo dependiente, como se diría después. Esto es lo que aparece en su obra cumbre 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1928, uno de los mejores ejemplos, en Nuestra América, de la aplicación de la concepción materialista de la historia en la investigación de las realidades y las formaciones sociales concretas.    

Entonces, si el problema del indígena en el Perú era, principalmente, económico, y si estaba atado al problema de la tierra, había que superar y liquidar las estructuras políticas, de poder (el gamonalismo) y la base económica (el latifundio), para eliminar la servidumbre indígena. Por eso era necesario construir una voluntad nacional-popular, una voluntad común, una hegemonía en los términos de Gramsci, para transformar la realidad peruana. Ello no implicaba asumir que ahora el indígena era el “sujeto revolucionario de la historia” o algo similar. No. Exigía la articulación de las masas indígenas campesinas, con los obreros, los intelectuales, los estudiantes, que animados por el mito del socialismo, se encaminaran de forma heroica a construirlo. Era la aplicación de la idea de Lenin de la “alianza”. Y en este proyecto político, el mito, que Mariátegui había tomado de Georges Sorel, operaba como pegante emocional, como élan revolucionario que inspiraba, motivaba y se expresaba en la praxis política misma.

En verdad, en Mariátegui el partido y el proletariado seguían siendo la vanguardia en la creación del socialismo peruano, pero él comprendía que en un país donde las cuatro quintas partes de la población era indígenas campesinas, no se podía lograr la cancelación de la servidumbre si esas clases no estaban igualmente emancipadas. En Perú, la superación de la servidumbre, la solución del problema del indio, la liberación nacional y la lucha contra el imperialismo, en fin, la construcción de un socialismo autóctono, que aprovechaba la tradición, pero que también asumía los logros modernos, era tan solo una etapa, una fase, de la construcción de un socialismo cosmopolita más allá de la crisis del capitalismo y de la civilización occidental. Crisis que en Europa era patente tras el final de la Gran guerra (1914-1918), tal como aparecía en el libro La decadencia de Occidente de Oswald Spengler.

Mariátegui no fue un indigenista fundamentalista, pero tampoco fue un marxista eurocéntrico. Odiaba la borrachera del nacionalismo mal entendido, ese nacionalismo de vacas al que se refería Nietzsche, que rechazaba las ideas extranjeras, como si pudiéramos, por ejemplo, prescindir de la teoría de la relatividad; pero también llamaba a que el socialismo en América no fuera “copia y calco” del europeo. El socialismo peruano debía partir de la realidad concreta, de un análisis de sus clases sociales, las relaciones de producción, sus formas económicas semifeudales, su economía colonial subordinada al capital extranjero; debía reconocer el grado de desarrollo pero, igualmente, debía prestar atención a la cuestión cultural y educativa del indio, del peruano en general, como bien lo percibió Augusto Salazar Bondy.

En este último aspecto Mariátegui acogía el gran énfasis que el marxismo historicista italiano en el que se formó, el de Benedetto Croce, Gobetti, Gramsci y, por su puesto de Lenin en Rusia, daba al papel de la cultura. El Amauta entendía que se necesitaba una reforma cultural y moral, pero esta se lograba en el trabajo con las masas, con la educación por medio de las escuelas rurales y agrarias, con el periódico, con las revistas y también en las cátedras de las universidades populares.

La Revista Amauta fue, entonces, uno de esos artefactos culturales para elevar el nivel intelectual, de conciencia, de las masas populares. Un medio para dar la batalla cultural, diríamos hoy. Por eso en el primer número decía: “El objeto de la revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideramos al Perú siempre dentro del panorama del mundo”. La revista se presentaba como parte del proyecto de construcción del socialismo en el Perú, junto a Labor, el periódico creado para los obreros y las distintas organizaciones que hubieran acogido el mito socialista. Duró 4 años y alcanzó a publicar 32 números. Articuló parte de la intelectualidad del continente, y publicó crítica literaria, análisis político, corrientes filosóficas, etc.

Era una revista con espíritu, parte de un proyecto. No era como las revistas académicas actuales que reproducen el paperfordismo y, con él, la mercantilización burda del conocimiento. Era una revista con claridad política, sin la asepsia ideológica y burocratil de las revistas actuales.       

El marxismo sui generis de Mariátegui.

Hay que decir que el de Mariátegui fue un marxismo original, algo ecléctico, y sin el calado teórico al estilo de un Adorno, un Lukács, un Korsch, pero que rescataba el ethos revolucionario y el pathos como motor de la praxis revolucionaria, y cuya mejor virtud era la capacidad para aplicar el método al análisis de la realidad concreta. Con acierto ha dicho el filósofo Pablo Guadarrama, que: “[ Mariátegui] no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo reino de los filósofos. No era su preocupación y no hizo esfuerzo especial por parecerse a ellos”. Esto se debe a que Mariátegui fue, ante todo, un autodidacta, un militante, un revolucionario, pero fue un auténtico genio, uno de esos frutos escasos de la historia, con una gran capacidad para “tomar fotos” de la realidad, para analizar lo que ocurría en el mundo. Su método “periodístico y cinematográfico”, como dice en 1925, en la Advertencia de su libro La escena contemporánea, está basado en la siguiente idea de Bergson:  

“Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del conocimiento, para imitar lo característico del devenir mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, como de expresarlo o, incluso, de percibirlo no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. Todo lo que precede podría resumirse diciendo que el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de naturaleza cinematográfica”.

Creo que en esa capacidad de ver lo esencial, de articular las escenas, de hacer síntesis de los fenómenos, está su genialidad. Por otro lado, el marxismo de Mariátegui abigarra elementos heteróclitos. Eso se debe al mencionado eclecticismo (visto de manera positiva) y de las fuentes de las que bebió. Él admiró a Sorel quien estuvo influido por Proudhon, Nietzsche, Bergson; tomo elementos de Croce, de James, de Simmel y otros. En fin, asumió contenidos de los mal llamados “irracionalismos” (que prefiero llamar filosofías de la vida o Lebenphilosophie), los cuales también rescataron la interioridad humana sus pasiones, sus afectos, las emociones, y buscaron un humano más íntegro, sensible, espiritual. Las filosofías de la vida de la Europa finisecular contenían, también, una crítica de la cultura. Mariátegui asumió ideas vitalistas, como la crítica de la razón y el énfasis en la afectividad humana. Ahí veo uno de sus más interesantes aportes: el peruano entendió la dimensión afectiva de la política, comprendió que el mito (y su vitalismo intrínseco) puede ser usado tanto por el fascismo como por los revolucionarios socialistas. El suyo por eso es, strictu sensu, un marxismo vitalista.     

Ma parece importante, también, hablando de las fuentes marxistas de Mariátegui, no sobredimensionar las posibles influencias de Gramsci. En ellos se presenta, ciertamente, un pensamiento convergente, pero llegaron a ideas parecidas por vías diferentes. Si bien es cierto que ellos coincidieron en Livorno en 1921, según dice Héctor Alimonda, la obra más relevante de Gramsci, sus famosos Cuadernos de la cárcel, fue escrita después de 1926 cuando fue encarcelado. Para ese año Mariátegui ya residía en Perú tras su regreso en el año 1923. Es más, la obra importante de Gramsci fue conocida años después, tras 1945, por lo tanto, “Mariátegui sigue un camino independiente del recorrido por el historicismo marxista, son discursos homólogos, pero que se desconocen mutuamente”.

Todo esto es lo que hace de Mariátegui, justamente, un pensador creador, que entendió la dimensión abierta y crítica del marxismo y que no repitió, por ejemplo, la cantinela de que había en Marx una filosofía de la historia o un determinismo histórico, pues esas posiciones las había superado el “último Marx” ya en la década de 1870.  Mariátegui no llegó a pensar, tampoco, que su papel en la historia fuera el de volverse custodio del pensamiento de Marx, sino que su tarea era medirlo, estrujarlo, repensarlo, en relación con la especificidad de las realidades históricas y geopolíticas. En eso consiste, también, su grandeza.

Referencias bibliográficas.

• Alimonda, Héctor. (2010). “Presentación: La tarea americana de José Carlos Mariátegui”. En Mariátegui, José. La tarea americana, (p. 11-29). Buenos Aires: Clacso, Prometeo.
• Bergson, Henry. (1973). La evolución creadora. Madrid: Espasa-Calpe.
• Gramsci, Antonio. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.
• Guadarrama, Pablo. (2013) “La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”. En Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia, (p. 233-248). Tomo III. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Editorial Planeta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1967). En defensa del marxismo. 3ª ed. Lima: Biblioteca Amauta. 
• Mariátegui, José Carlos. (1995). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta.
• Mariátegui, José Carlos. (2010). En La tarea americana. (Alimonda, Héctor, ed). Buenos Aires: Prometeo, CLACSO. 
• Mariátegui, José Carlos. (2021). Antología. Selección, introducción y notas de Martín Bergel. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
• Marx, K. (1980). “Karl Marx a Vera Zasúlich”. En:  En Marx, K., y Engels, F. Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa, (p. 60-61). México: Cuadernos del pasado y el presente.
• Pachón, Damián. (2024). La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci. Bogotá: Desde abajo.
• Salazar Bondy, Augusto. (2015). “Un salvador de Mariátegui”. En Rojas, Joel et al. Repensar a Augusto Salazar Bondy. Homenaje a los 90 años de su nacimiento, (p. 58-63). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

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Afirmaba Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976: “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, porque a mayor represión y aumento en la interdicción de drogas, mayor será su precio en el mercado. Cuantos más supuestos cargamentos de cocaína o fentanilo bombardeen y destruyan los buques norteamericanos en el caribe, como si fuera un videojuego de consola, más tendrán que pagar los millones de consumidores y adictos por tales sustancias. Por eso lo que hay que descertificar es la política prohibicionista, pues mientras ella exista las economías ilícitas y el crimen seguirán siendo prósperos y serán más las vidas humanas sacrificadas en esa guerra absurda. Bajo el pueril argumento de héroes inmolados en nombre de la seguridad nacional o la salud de sus conciudadanos, se ocultan criminales coartadas que encubren estrategias políticas de dominación y control estatal.

Coartadas criminales

En efecto, es preciso recordar que el origen de la llamada “guerra contra las drogas”[i] proclamada por Richard Nixon en 1971 tuvo como finalidad política el control, bloqueo y represión de los jóvenes opositores a la guerra del Vietnam. Así lo reconoció su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine: “¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”. Y pronto se agregó a esa lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo del narcotráfico”, como si este fuera una maldición inexorable. Aparece así una moderna inquisición de puritanos contra malvados narcotraficantes que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana, para cuya protección y salvación Trump ordena a su inexpugnable armada bombardear y destruir cuanta lacha o navío divisen, sin antes demandar su inmovilización, abordaje, segura incautación de estupefacientes y captura de peligrosos narcoterroristas. En lugar de su apresamiento para desarticular sus bandas y llegar hasta los máximos capos, Trump ordena su aplastamiento y ahogamiento. Curiosa táctica para ganar la “guerra contra las drogas”, que incurre en graves infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo ha advertido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra: “Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos calificaron las acciones como violaciones graves al derecho internacional, al derecho del mar y la Carta de las Naciones Unidas”[ii].

Ayer, como hoy, prejuicios raciales y culturales atávicos

Se repite y perpetua así el error y el horror histórico de la errática política de la “ley seca”[iii] norteamericana, que prohibió mediante la enmienda constitucional XVIII de 1920 la producción, tráfico y consumo de licor. Una enmienda sustentada en prejuicios raciales e ideológicos atávicos, expresados por el representante a la Cámara por el Estado de Alabama, Richmond Pearson Hobson[iv] (1870-1937), quien sostenía en su libro “Drogadicción: un maligno cáncer racial”, que “una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, que induce al negro a “cometer delitos no naturales”, mientras el blanco por estar más evolucionado “le toma más tiempo llegar al mismo nivel”. Hoy, Trump, como ayer Richmond, cabalga sobre los mismos prejuicios raciales y falsas creencias. Confunde la coca con la cocaína, igual que Richmond confundía el alcohol con un narcótico. En realidad, ninguno de las dos es una sustancia narcótica. Para empezar, la coca es una planta maravillosa[v], con propiedades alimenticias y terapéuticas bien identificadas gracias a las investigaciones de numerosos científicos, entre cuyos pioneros estuvo Sigmund Freud[vi]. Y el licor, en su casi infinita variedad de bebidas espirituosas, fermentadas y destiladas, no es propiamente un narcótico. Lo que las convierte en sustancias objeto de control es su uso y abuso indebido, que depende en gran parte del contexto cultural y social en que se consumen y los estímulos perseguidos por sus usuarios. La peligrosidad no está tanto en la sustancia, sino en la sociedad que estimula su consumo, porque millones de adictos las precisan para sobrellevar sus vidas y soportar el excesivo peso de una realidad sin sentido.  Y lo que engendró la prohibición del licor durante la década de los años veinte hasta 1933 no fue tanto la salud y sobriedad de los norteamericanos, sino la más poderosa organización criminal, la mafia, que tuvo bajo su control un negocio de dos mil millones de dólares de entonces. Como bien lo describe Martin Short en su libro “Mafia, la sociedad del crimen”: “La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de Templanza[vii]. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaria el crimen organizado, convirtiéndole en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”. Por eso mismo, el famoso Al Capone declaraba: “Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos dentro de la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mi mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”.

¿Y dónde está hoy Al Capone?

Lo mismo puede afirmarse hoy respecto a la cocaína y otras sustancias de moda, como los opioides, que consumen millones de adictos en todas las latitudes, siendo Norteamérica una sociedad que cada día las demanda más, pues “según datos de la empresa de pruebas toxicológicas Millennium Health, el consumo de cocaína en el oeste de EE. UU. aumentó un 154 % desde 2019. En el mismo periodo, en la costa este el incremento fue del 19 %”[viii].  La única diferencia es que hoy ya no conocemos a los Al Capones encargados en MAGA de distribuirlas y venderlas. Pareciera que para la DEA y Trump todos los capos están fuera de las fronteras de su querida y amenazada MAGA. Proceden de afuera y son mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y hasta chinos. Además, afirma, que cuentan con la complicidad de los jefes de estado de sus respectivas naciones, si es que éstos no están directamente implicados detrás de los grandes capos. En todo caso, son migrantes y extranjeros, declarados y tratados como peligrosos enemigos de MAGA. Por todo ello, el prohibicionismo y la descertificación no son otra cosa que la punta de lanza de la política de Trump para controlar, intervenir y si es del caso hasta asesinar a quienes considere aliados del narcoterrorismo. Una punta de lanza mucho más agresiva que el aumento de los aranceles aplicados a Brasil en solidaridad con Jair Bolsonaro, el primer miembro condenado de esa pandilla de gánsteres estatales e internacionales de los cuales se precia Trump ser el mejor amigo y defensor incondicional, pues está seguro de encontrarse totalmente a salvo, junto a Netanyahu, de ser algún día “descertificado”, investigado y condenado por sus atrocidades y crímenes de guerra.

¿Europa genocida?

Pero ya una comisión especial de las Naciones Unidas[ix] encargada de investigar lo que acontece en la Franja de Gaza, la otrora tierra santa hoy convertida en tierra arrasada, ha dicho que allí se está cometiendo un genocidio, pues tanto Netanyahu, su anterior ministro de defensa y el presidente actual son responsables de violar la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio[x], aprobada en 1948. Una Convención, para mayor ironía y vergüenza del actual Estado de Israel, destinada a prevenir y evitar que NUNCA MÁS se repitiera un holocausto contra pueblo alguno. Pero hoy, numerosos descendientes de las víctimas de ayer se han convertido en victimarios a cielo abierto del pueblo palestino con una crueldad y alevosía semejante a la sufrida por sus antepasados en Europa. En fin, lo que tenemos que descertificar es el prohibicionismo, el terror del genocidio y la obstinación suicida de Hamas, para que libere a quienes tiene de rehenes, contener así la sangría abominable de su pueblo y lograr el reconocimiento en la ONU de un Estado palestino de pleno derecho y soberano, capaz de garantizar la vida, la seguridad y la paz en toda la región, junto al Estado Israelí, ya liberado de la pandilla de criminales que hoy lo gobierna. Como lucidamente lo propuso el escritor israelí Amos Oz el 23 de enero de 2001 en su texto “Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza”: “El primer paso tendría que ser, debe ser -es crucial- la creación de dos Estados”. Por eso es inadmisible permitir que Gaza se convierta en la “nueva Riviera del Oriente próximo”, según los planes de Trump y Netanyahu, edificada sobre cientos de miles de cuerpos despedazados de Palestinos, con hoteles y centros comerciales que oculten ruinas anegadas y apelmazadas con la sangre de miles de niñas, niños, mujeres y ancianos gazatíes. Si ello acontece, entonces se repetiría lo afirmado en dicho texto por Amos Oz: “La Europa que colonizó el mundo árabe –explotándolo, humillándolo, pisoteando su cultura, utilizándolo como patio de recreo imperialista—es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió, los acechó en sueños para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes”.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas

[ii] https://avn.info.ve/onu-advierte-que-ataques-de-eeuu-contra-embarcaciones-en-el-caribe-violan-leyes-internacionales/#

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca_en_los_Estados_Unidos

[iv] https://academia-lab.com/enciclopedia/richmond-phobson/

[v] https://cocanasa.org/beneficios-hoja-de-coca.htm

[vi] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-05812018000200145

[vii] https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_la_Templanza

[viii] https://www.independentespanol.com/noticias/cocaina-eeuu-trump-consumo-auge-narcotrafico-b2828609.html

[ix] https://www.msn.com/es-pe/noticias/other/an%C3%A1lisis-el-informe-de-la-onu-sobre-genocidio-en-gaza-alimentar%C3%A1-la-creciente-condena-internacional-de-la-conducta-de-israel/ar-AA1ME7Er

[x] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

Nota preliminar: Hace 20 años publiqué en la Revista Semana, un artículo firmado con mi nombre de pila (Dixon Moya), en el cual mencionaba algunas referencias de Colombia en obras de Julio Verne, a propósito de los 100 años del fallecimiento del genial escritor francés, algo que ya había iniciado Daniel Samper Pizano años atrás en su columna Reloj en El Tiempo. Posteriormente en 2021 lo reproduje en este mismo blog. Hoy lo presento actualizado y con sorpresas.

El 24 de marzo se conmemoraron ciento veinte años del último viaje de Julio Verne (1828 – 1905), el que seguramente le llenó de más emoción, porque su alma inquisidora debía estar ansiosa por descubrir el ignoto puerto de destino. Hablamos del hombre de los viajes extraordinarios (como bautizó su editor Hetzel aquellas aventuras literarias del autor francés), el mismo muchacho que aspiraba a ser marinero mientras su testarudo padre le imponía ser abogado, padre al cual le hizo la promesa luego de un fallido escape, que sólo viajaría con su imaginación. 

Por cuenta de ese compromiso, Verne nos terminó llevando a todos en sus increíbles recorridos a través de la geografía universal, lo que ayudó a que algunos pensaran que era un viajero del tiempo, quien se desplazó desde el futuro para descrestar a los ingenuos hombres contemporáneos, un extraterrestre con adelantados conocimientos o simplemente un escritor tan imaginativo como disciplinado. 

Julio Verne ha sido pilar de un género muy exitoso en el cine, pero injustamente desprestigiado en lo literario, la ciencia-ficción. Verne es uno de los escritores más editados en la historia y uno de los más interpretados en las pantallas, desde que su paisano Georges Méliès, realizó Le voyage dans la Lune, la primera manifestación en imágenes de las obras de Verne, versiones que en cine y televisión sobrepasan el centenar.

Algunos lectores colombianos seguimos sorprendiéndonos con las novelas de Julio Verne, por su capacidad de anticipación e investigación que exhiben, pero también nos emocionamos, porque Colombia es mencionada en diversas obras del francés, aquí van algunas de ellas. Nos centraremos en los trabajos de ficción, aunque debe destacarse que Verne también fue divulgador histórico y autor de libros como Los grandes navegantes del Siglo XVIII, en donde hay varias menciones del país.

Hay referencia de Colombia en el cuento Un drama en México (1851) cuando Verne compara las llanuras mexicanas con las de la Nueva Granada, nombre colonial del actual territorio colombiano.

En el cuento largo o novela corta Martín Paz (1852), hay dos menciones. Esta historia transcurre en el Perú y se compara el clima de Lima con ciudades como Cartagena o Bahía, alabando el de la capital peruana (seguro a Verne no le tocó, como a mí, algo que los queridos amigos peruanos llaman la garúa, una especie de lluvia detenida en el aire). La segunda referencia es cuando Verne alude a “las tropas de Colombia que Bolívar puso a las órdenes del general Santa Cruz.” 

En Viaje al Centro de la Tierra (1864), Verne habla de la visita que realizó Alexander von Humboldt a la gruta de Guáchara en Colombia, que interpretamos es la cueva de los Guácharos, hoy parque nacional en el Departamento del Huila. 

De la Tierra a la Luna (1865). Aquí Verne describe cómo desde Colombia se remitieron a los Estados Unidos 300.000 pesos para ayudar en esa especie de crowdfunding internacional (vaca le llamamos en colombiano) que organizó el Gun Club para enviar un cohete a nuestro satélite.

Un Capitán de quince años (1878). En esta novela, hay dos menciones de Colombia por parte del protagonista, el joven Dick Sand, un grumete que termina convertido en capitán de un barco ballenero. Como en este diálogo: 

“Dick Sand preguntó a Harris los nombres de aquellas diversas especies, pero el aludido, antes de contestar, interrogó a su vez:

• ¿No ha estado usted nunca en el litoral de América del Sur? ¿No conoce las costas de Colombia, de Chile o las de la Patagonia?”

La Jangada: 800 leguas por el Amazonas (1881), aventura que se desarrolla en la selva amazónica. En esta novela, Verne no sólo menciona el nombre de Colombia sino también el antiguo de Nueva Granada, y hay varias referencias a sitios como Popayán y ríos como el Magdalena, el Caquetá o el Putumayo.

Escuela de Robinsones (1882). Se menciona una compañía naviera llamada Panamá to Colombia. Recordemos que para la época, Panamá era todavía una provincia colombiana y tendrá una repercusión insospechada en la siguiente obra.

La isla de Hélice (1895). En esta novela, hay un verdadero descubrimiento histórico literario, Verne anticipa ocho años atrás la toma del canal de Panamá por los Estados Unidos, en un párrafo que adquiere una inquietante vigencia, al mencionar a Canadá y las posesiones polares, en estos tiempos del Sr. Trump:

“…los Estados Unidos han doblado el número de las estrellas del pabellón federativo. Están en el mayor vigor de su poder industrial y comercial, después de haberse anexionado el dominio de Canadá hasta los últimos límites del mar polar, las provincias mexicanas, guatemaltecas, hondureñas, nicaragüenses y costarriqueñas hasta el canal de Panamá.”

En Los Piratas del Halifax, publicada en 1903, el mismo año en que se declara la independencia de Panamá del dominio colombiano, hay una mención al fracaso del canal:

“En la colonia el número de blancos era entonces bastante limitado, apenas un millar. La gente de color y los negros la ocupaban en su mayor parte, habiendo aumentado su número, sobre todo desde el abandono de los trabajos del canal de Panamá, que les dejó sin ocupación.”

En la vida real, se dice que Verne estimuló a Ferdinand de Lesseps, el diplomático y empresario para que se involucrara en el proyecto del Canal de Panamá, luego de su éxito con el Canal de Suez, gracias al acuerdo entre Colombia y Francia, que a la postre fue un rotundo fracaso en medio de un escándalo de corrupción y estimuló el interés estadounidense en este medio de comunicación marítimo. 

El pueblo aéreo (1901). Novela que transcurre en el África, aparece la siguiente cita, hablando sobre grandes selvas:

“La segunda es la de América del Sur, que ocupa el valle del Amazonas, al noroeste del Brasil, parte de Perú, Paraguay, Colombia y Venezuela, con una longitud de 3.300 kilómetros y un ancho de 2.000.”

Dueño del mundo (1904). Se trata de una de las últimas obras de Verne, en su etapa sombría y pesimista, que muestra a su protagonista, Robur, quien ya había aparecido en Robur, el conquistador (1886), un millonario excéntrico que deseaba dominar el planeta y aquí huye sin destino fijo en una nave llamada El Espanto:

“Durante la tarde no ocurrió nada de anormal. El Espanto marchaba a media velocidad, no podía adivinar cuáles eran las intenciones de su capitán. De seguir aquella dirección encontraría una de las grandes Antillas, luego, al fondo del golfo, el litoral de Venezuela o de Colombia.”

En La invasión del mar (1905), última novela publicada en vida por Julio Verne, sobre la iniciativa de crear un mar interior en pleno desierto del Sahara, se vuelve a mencionar el proyecto del canal de Panamá.

Donde Colombia adquiere relevancia absoluta es en El Soberbio Orinoco (1898), relato de aventuras que comienza con el debate entre sus protagonistas sobre el origen del gran río americano, que uno sitúa en Venezuela y otro en Colombia, motivando un viaje a través de este para dirimir el debate geográfico. Uno de los diálogos, parece el consejo pasado (¿o futuro?) de Verne, para valorar nuestros olvidados llanos orientales. 

“- Pero el Meta no es más que la espita de una fuente.

– Una espita de la que sale un curso de agua que los economistas miran como el futuro camino entre Europa y los territorios colombianos.”

Cuando tuve la oportunidad de prestar servicios diplomáticos en el consulado de Colombia en Puerto Ordaz entre 1997 y 2000, participé en un concurso de ensayos sobre El Soberbio Orinoco, que promovió el periódico El Correo del Caroní, en el cual obtuve el segundo y tercer lugares, pues apliqué con dos trabajos. La convocatoria la ganó la gran escritora venezolana Milagros Mata Gil, de quien me entero hasta ahora, falleció en 2023, paz en su tumba.

Es decir, gracias al Maestro Julio Verne, escritor de cabecera de toda la vida, pude tener una doble alegría, además de lo que ha representado corroborar la presencia de nuestro país en la obra de uno de los escritores más queridos en el mundo. Para finalizar, dejo una cita de otra obra de divulgación histórica de Julio Verne, Historia de los Grandes Viajes y los Grandes Viajeros (1878):

“Américo Vespucio, es sobre todo célebre porque el Nuevo Mundo recibió su nombre, aunque con justicia debería llamarse Colombia. Pero no fue culpa suya, ni le alcanza responsabilidad. Durante largo tiempo, y sin razón se le acusó de imprudencia, de superchería y de embuste, pretendiendo que había querido obscurecer la gloria de Cristóbal Colón y atribuirse el honor de un descubrimiento que no le pertenecía. No hay nada de eso. Vespucio era amado y estimado por Colón y sus contemporáneos, y nada en sus escritos apoya esa imputación calumniosa.”

En cuanto al nombre de Julio Verne seguirá escuchándose con el correr de los años y seguirán conmemorándose sus fechas de nacimiento y muerte, con el permanente reconocimiento a un hombre, quien gracias a sus historias, ha sido un gran compañero de viaje…viajes…viajes extraordinarios.

Dixon Acosta Medellín

En lo que sigo llamando Twitter me encuentran como @dixonmedellin y exploro el cielo azul en Bluesky como @dixonacostamed.bsky.social

El 2024 en Perú ha sido un año marcado por una serie de decisiones políticas  que han minado la normativa ambiental. El año empezó con la promulgación de una cuestionada ley que pone en riesgo los bosques amazónicos y termina con otra norma que favorece la informalidad e ilegalidad de la minería aurífera. En el camino, una serie de normas aprobadas por el Congreso de la República y el Ejecutivo han demostrado que el medio ambiente no es una prioridad para sus autoridades.

Los incendios forestales también fueron una cuestión de extrema preocupación para los peruanos en el 2024, sobre todo porque superaron todos los registros de años anteriores y afectaron prácticamente a todo el país.

Otro tema que, lamentablemente, está presente en este recuento anual es la situación de constante vulnerabilidad de los defensores ambientales y líderes indígenas que defienden sus territorios. Este año, tres líderes indígenas fueron asesinados en regiones donde las actividades ilegales se han incrementado. En varias zonas de la Amazonía peruana se vive un clima de violencia inédito.

Sin embargo, el 2024 también trajo buenas noticias. La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques fueron dos proyectos largamente esperados que se concretaron en estos últimos 12 meses.

Lo crítico: debilitamiento de la legislación ambiental

“Es un que hemos estado, al menos desde el sector ambiente, defendiendo diferentes frentes. Ha sido un constante movimiento entre la institucionalidad y la defensa de derechos”, dice Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Baldovino se refiere a los constantes reclamos que han surgido durante el 2024 de parte de la sociedad civil para poner freno a una serie de leyes y decisiones que desde el Congreso de la República y el Ejecutivo se tomaron para modificar la legislación ambiental. Uno de estos casos ha sido la denominada ‘ley antiforestal’. Si bien esta norma fue aprobada por el Congreso a fines de 2023, su promulgación ocurrió el 10 de enero de este año.

En una búsqueda por revertir esta ley que, como dicen los expertos, permitiría legalizar la deforestación ilegal, se han presentado dos pedidos ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se deje sin efecto esta normativa, Se está a la espera de que se tome una decisión para que sea declarada inconstitucional. Mientras eso sucede, los impactos de esta ley se han hecho evidentes durante todo este año. Un caso concreto es el de la aprobación de la zonificación forestal en la región Ucayali. Con la ley anterior, esta era una atribución del Ministerio del Ambiente (Minam), pero que con la nueva normativa  es responsabilidad  únicamente del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Por otro lado, para algunos expertos, el aumento de los incendios forestales en el territorio peruano también se ha considerado como un resultado nefasto de la nueva ley. Los especialistas indican que la posibilidad de que se legalice la deforestación ilegal bajo el amparo de esta ley podría haberse convertido en un incentivo para despejar los bosques utilizando el fuego.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), menciona otros cambios en normas que también están socavando la política ambiental en Perú. En marzo de 2024 el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que cambió las disposiciones para la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Con esta modificación la Policía ya no puede  tomar medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permite la explotación de minerales de forma ilegal. “En lugar de restringir la ilegalidad lo que hacen es facilitar el avance de la criminalidad. Esto no tiene ninguna justificación”, señala.

Otro tema que menciona Urrunaga  es el anuncio del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro de reducir la “tramitología”, es decir, los procesos administrativos que las empresas deben presentar para obtener permisos ambientales para diversas actividades productivas.

“En lugar de  que esas empresas o que estas inversiones cumplan con los requisitos que eleven sus estándares, la solución del ministro de Ambiente es decir vamos a simplificar las las normas ambientales para que esos proyectos puedan pasar”, agrega Urrunaga.

La decisión del Ejecutivo para modernizar y reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) es otra muestra de cómo se está debilitando la política  ambiental.  A través de un decreto supremo el gobierno, a inicios de noviembre de 2024, definió la reestructuración de este organismo responsable de  las evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de industrias extractivas e infraestructura.

“Es absolutamente injustificada esta irrupción política que merma la autonomía técnica de una entidad. La medida de intervención y de reorganización es absolutamente negativa y revela la improvisación, el desconocimiento revela, una afán de demostrar resultados de una manera equivocada”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente.

A todas estas normas se suma ahora la decisión del Congreso de la República de aprobar el  proyecto de ley que amplía por seis meses el plazo para mantener abierto el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Esta ley permite que mineros informales sigan operando sin estándares ambientales.

“La ampliación del Reinfo significa impunidad sin ningún mecanismo de fiscalización. Se sigue lavando oro ilegal, las plantas de beneficio se van a seguir enriqueciendo y vamos a seguir teniendo destrucción de los ecosistemas e incremento de la actividad ilegal por los precios altos de los minerales”, señala César Ipenza, abogado especialista en medio ambiente.

Lo preocupante: defensores ambientales y el avance del crimen organizado

Este 2024 se registraron tres crímenes contra defensores ambientales. En abril, Victorio Dariquebe Gerawairey, líder indígena harakbut y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, fue asesinado. Sus familiares sospechan que fueron mineros ilegales quienes acabaron con su vida debido a su labor en la protección de los bosques comunales ante el avance de las economías ilegales.

El segundo asesinado ocurrió en julio de 2024 cuando luego de más de 20 días de permanecer desaparecido se encontró el cuerpo del líder indígena kakataibo Mariano Isacama. Tras la desaparición, los dirigentes de Fenacoka y de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunciaron ante la Policía y la Fiscalía las sospechas de que personas vinculadas al narcotráfico estuviesen detrás de este hecho.

La tercera víctima fue el líder indígena Gerardo Keimari Enrique, también de la Reserva Comunal Amarakaeri. Para las autoridades indígenas de la zona no es otra cosa que un atentado contra una comunidad que lleva años peleando la ampliación de su territorio.

“Este ha sido un año con un balance, yo diría, negativo en torno a las acciones del Estado para atender el problema de los defensores ambientales. Sabemos del peligro al que están expuestos y no se puede abordar una política pública para su atención si es que no atendemos las causas de fondo”, señala Lissette Vásquez ex Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Vásquez agrega que los pueblos indígenas no tendrían que defender su territorio si las actividades ilegales no los hubieses rodeado, convirtiéndose en la principal causa de las amenazas y del riesgo al que están expuestos.

Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú, señala que luego de la instalación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, hace tres años, se generó una expectativa de que los defensores ambientales podrían estar mejor protegidos. Sin embargo, “los crímenes de los defensores han continuado.  El panorama no es bueno y hemos visto el avance de las economías criminales en territorios indígenas”, sostiene.

Otra muestra de cómo el crimen organizado gana espacio en Perú es la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el narcotráfico que existen en la Amazonía. La serie investigativa de Mongabay Latam Los vuelos de la muerte, publicada en noviembre de 2024, logró rastrear 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. La investigación, realizada mediante el uso de herramientas  de inteligencia artificial, también determinó que en solo tres de estas regiones —Ucayali, Huánuco y Pasco— se encuentra la mayoría, 67 en total, de las pistas utilizadas para el transporte de droga.

“Creo que cada vez se está haciendo más visible el poder que tienen las economías ilegales en nuestro país”, comenta Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. El experto explica que la presencia de estas organizaciones criminales se da en tres niveles. El primero tiene que ver con “el contacto con las organizaciones criminales y su presencia cada vez más activa y más notoria. Hay reportes de organizaciones internacionales en Perú operando en varias zonas de la Amazonía”.

Un siguiente nivel y, según Zevallos, el que más preocupa, “es el vínculo de estas economías ilegales con los actores políticos. Cada vez es más notoria la presión que ejercen esos actores, sobre todo de la minería ilegal, en espacios políticos como el Parlamento, generando un retroceso serio en la forma en la que se regulan estas actividades ilegales”.

Esto es muy grave, dice Zevallos, porque no solamente hablamos de la violencia que generan las economías ilegales, que se evidencia en la Amazonía con las amenazas y asesinatos de personas defensoras ambientales o con la destrucción de los ecosistemas. La expansión de las economías ilegales tiene también impacto en los proyectos económicos legales y formales. “Hemos conversado con personas interesadas en proyectos de desarrollo y bonos de carbono en la Amazonía que deciden no entrar por temor de lo que les pueda pasar”.

Lo controversial: los vínculos de la minería con la política peruana

La minería ha sido quizá el tema más controvertido durante el 2024. Por un lado, el Congreso aprobó una norma para favorecer a los mineros informales e ilegales. A la vez, se está incrementando la extracción ilegal de oro en los ríos amazónicos.“Lo que estamos viendo en el tema minero es que la minería ilegal, informal y artesanal, digamos, la minería no corporativa,  le está ganando terreno en la disputa por influencia política a la minería corporativa”, asegura Juan Luis Dammert, director para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI). “Es algo que no veíamos antes con tanta claridad”.

Dammert explica que, desde hace varios años, los mineros informales e ilegales ejercen presión política en los gobiernos locales, además de tener influencia en la Policía, en el sistema de justicia, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, es decir, a todo nivel. “Pero lo que vemos ahora es la consolidación de ese proceso y el caso de la aprobación de la ampliación del Reinfo y la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, son los factores más ilustrativos de esto”. En ese sentido, Dammert comenta que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros aliados del Ejecutivo hicieron una campaña muy fuerte en contra de la ampliación del Reinfo y tuvieron en el ministro Mucho a un actor cercano a sus intereses, sin embargo, el ministro fue censurado y la norma que permite la ampliación del Reinfo fue aprobada.

Varios reportajes publicados en Mongabay Latam durante el 2024 dan cuenta del avance de la minería ilegal, principalmente, en los ríos Amazónicos. Una serie de reportajes sobre la presencia de la minería ilegal y el narcotráfico en 30 áreas protegidas de la Amazonía peruana y colombiana muestran esta situación. Según los datos obtenidos para Perú en este especial de cinco entregas la minería ilegal arrasó, hasta el 2022, con bosques de cinco áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Tambopata (525 hectáreas), el Parque Nacional Bahuaja Sonene (31 hectáreas), las Reservas Comunales El Sira (7,8 hectáreas) y Amarakaeri (5,4 hectáreas), y la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (5 hectáreas).

La cobertura de Mongabay Latam en el 2024 también da cuenta del aumento de dragas dedicadas a la minería ilegal en los ríos amazónicos. En el mes de junio, Mongabay Latam informó sobre las acciones de los pueblos indígenas awajún y wampis, en la región Amazonas, para ponerle freno a la minería ilegal que se había instalado en los ríos del distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui. Cansados de la presencia de los ilegales en su territorio, el domingo 9 de junio decidieron bloquear el paso en el río Comaina, a la altura de la comunidad Canga, para así evitar el tránsito de los  mineros ilegales y de los insumos utilizados para esta actividad ilícita.

Un mes después, en julio, un reportaje de Mongabay Latam, que recogía información elaborada por Conservación Amazónica (ACCA), dio cuenta del registro mediante imágenes satelitales de la presencia de 38 dragas en los ríos Nanay, en Loreto, y Aguaytía, en Ucayali. El reporte indicaba que esta cantidad de maquinaria para extraer oro de manera ilegal se registró en solo un mes.

“La minería ilegal en Loreto ha aumentado terriblemente, entre el 2021 y el 2024 se han detectado 122 casos de minería aurífera ilegal. Además entre el 2016 y el 2024 se han observado 344 dragas en la cuenca del río Nanay”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Sobre la presencia de la minería ilegal en territorios indígenas, Vladimir Pinto, de Amazon Watch, comenta que “las luchas de algunos pueblos indígenas han sido claves para poner en agenda grandes discusiones ambientales. Creo que la batalla que ha dado el pueblo wampis, por ejemplo, contra la minería ilegal en la frontera norte, obligó al Estado a instalar una mesa de diálogo para abordar el tema”.

Lo alarmante: un año de incendios forestales

El año 2024 también estuvo marcado por el aumento de incendios forestales en todo el país. En septiembre,se registró la mayor cantidad de incendios forestales en el país. Por lo menos 20 regiones del Perú enfrentaron quemas y la cifra de fallecidos llegó a 20, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Expertos ambientales señalaron que el 2024 fue un “año crítico” para los incendios forestales y comentaron que se trataba de un “año inusual” si se compara la cantidad de estos eventos con años anteriores.

Si bien condiciones climáticas como la sequía y el aumento de temperatura agudizaron los incendios, hubo otros factores que complicaron aún más la destrucción de cientos de hectáreas de bosques por el fuego. La aprobación de la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, puesto que con esta norma se legalizarán las áreas deforestadas.  Según expertos, la modificación de la Ley Forestal podría haberse convertido en un incentivo para que se quemen bosques, pues luego esos territorios podrían ser utilizados para? Otras cosas?

Lo más preocupante fue la poca o nula reacción del gobierno ante la gran cantidad de incendios registrados en el país. El Ejecutivo tardó varios días en declarar Estado de Emergencia en las regiones afectadas, lo que podría haber acelerado la ayuda enviada.  Incluso el primer ministro Gustavo Adrianzen llegó a decir que no había “razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de Estado de Emergencia”, mientras el número de incendios iba en aumentos en todo el Perú. “No hubo una respuesta adecuada ni efectiva por parte del Estado para los incendios. Los bosques, la biodiversidad y las personas resultaron tremendamente dañados por el fuego, e incluso hubo pérdidas de vidas”, comenta Mariano Castro.

“Los incendios forestales han sido un tema tremendo, y ojo, estos incendios han venido para quedarse en el tiempo”, agrega César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales. “El incremento de la temperatura en el planeta y las malas prácticas configuran un panorama para que se repita lo que hemos visto este año con los incendios forestales”.

Lo esperanzador: una ley para los guardaparques

El 2024 también trajo buenas noticias. Dos hechos esperados durante varios años se concretaron finalmente este año: la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la aprobación de la Ley de Guardaparques.

En abril de 2024 el Consejo de Ministros en Perú aprobó la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en el norte del país, una decisión que había sido postergada por más de 10 años. Se trata de uno de los 70 lugares más importantes en el mundo para la conservación de la biodiversidad marina por su vasta biodiversidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La nueva reserva cuenta con una extensión de 115 675 hectáreas frente a las costas de las regiones de Piura y Tumbes y su creación es un avance importante para Perú en el cumplimiento de los compromisos internacionales para la conservación de áreas marinas. “Tener un área marina protegida en la categoría de Reserva Nacional ayudará a que pueda haber más control y monitoreo para vigilar y prevenir el ingreso directo de la pesca ilegal”, dijo Daniel Cáceres, representante de Sustainable Ocean Alliance en Latinoamérica, tras la designación de esta zona reservada. Sin embargo, lo que preocupa a los expertos y organizaciones ambientales es que la pesca industrial —incluida la de arrastre— está permitida en casi la mitad de la reserva.

La Ley de Guardaparques y su reglamento se concretaron este año. En marzo, el Congreso aprobó la norma que desde hace varios años esperaban los guardaparques peruanos, una ley que incluye beneficios económicos y laborales para quienes se dedican a la protección de las áreas protegidas, además, esta norma permite la profesionalización del trabajo de los guardaparques.

Meses después, en octubre de 2024 se aprobó el reglamento de esta ley y el 30 de noviembre el Congreso definió la nueva escala remunerativa de los guardianes de las áreas protegidas en Perú. “Es importante que finalmente se aprobara la ley y su reglamento para establecer el régimen laboral de los guardaparques que reconoce sus derechos y facilita un proceso de desarrollo de capacidades para la gestión del sistema de áreas protegidas”, señala Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Imagen principal: Una pista de aterrizaje en la Amazonía peruana. Foto: Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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