Álvaro Uribe con su pupila, la candidata presidencial Paloma Valencia. Imagen creada con IA.

Paloma Valencia suma y suma iglesias cristianas a su campaña, pero baja y baja en las encuestas. ¿Qué pasa, Diosito?

Prefiero la hojita que lee Cepeda, que a la hijita de Uribe. Después de dos siglos de gobiernos patriarcales, Colombia se merece una mujer presidenta, claro que sí, pero no es Paloma Valencia, por muchas razones.

Con los pésimos resultados en las encuestas, que la ubican de tercera (en la de Invamer se descolgó del 19% al 14%), su candidatura desafía las lógicas de una sociedad machista como la colombiana y la de su propio partido, el Centro Democrático, que ni siquiera ve con buenos ojos a Juan Daniel Oviedo, su vicepresidente diverso. Recuerden que al principio, el de Uribe era un hombre, Miguel Uribe hijo, no una mujer. Y antes de él, fue Andrés Felipe Arias (Uribito). La doctora Paloma vendría siendo la primera Uribita de la historia.

De la abogada y filósofa hay cosas que no cuadran: ni el tono de sus palabras: a veces alza la voz para parecer una caricatura de Uribe, su papá, y a veces baja el tono, como queriendo posar de conciliadora. Ayer veíamos a través de las redes sociales a una Paloma disfrazada de mujer paisa, con carriel y poncho al hombro, voz impostada y pésima dicción, queriendo remedar a Uribe, quizás sintiéndose obligada —a lo mejor, guiada por algún estratega—, a demostrar que es su hija legítima —políticamente hablando—, y negando de paso su caucanidad y su bogotaneidad.

“Van a conocer lo que es la mano dura de una mujer colombiana”, vociferó en la tarima. “Conmigo que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes”, dirigió su sablazo al candidato Abelardo De la Espriella.  

No es un personaje creíble porque no ha sido construido del todo y sus discursos también parecen a medio hacer, lo mismo que su carácter. Después de tres periodos en el Congreso (12 años) es pobre su gestión legislativa (según balance que presenta La Pulla) y le faltó entereza para echarse al hombro los problemas de su departamento, el Cauca, quizás porque se siente más bogotana que el ajiaco.

Le critican su primer apellido, el Valencia de su abuelo expresidente, Guillermo León (quien, borracho, orinaba en los muros del palacio presidencial, según cuenta Daniel Pécaut en el libro “En busca de la Nación colombiana”), pero poco se habla de los Laserna, su segundo apellido, que nos remite casi siempre a su abuelo Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes y a Juan Mario Laserna, su tío, el exsenador conservador. Arropada por una vida de privilegios, no es raro que se sienta más cercana a los empresarios que a los trabajadores. En política es difícil servirles a dos dioses.

Una jugada suya consistió en desviar, en 2018, el debate sobre el escándalo Odebrecht (que conecta a gobiernos de derecha con hechos de corrupción alrededor de la llamada Ruta del Sol, como lo desempolvó un episodio del podcast Huevos revueltos con arroz), con el fin de enlodar al hoy presidente Gustavo Petro en un asunto de dineros supuestamente mal habidos.  

Creo que el problema de Paloma Valencia, además de ser ella misma como candidata, son sus asesores, que en vez de ayudarla, parecen más empecinados en enterrarla viva.

Por ejemplo, para apelar a las emociones de la gente, era innecesario exponer a su hija Amapola. Eso salió mal como lo analizaron los columnistas Ana Cristina Restrepo, en El Espectador, y Guillermo Pérez Flórez, en El País de España (edición Colombia); recomiendo ambas lecturas.

“Un abismo separa la maternidad como acto político de resistencia de la maternidad como teatro de la política electoral”, dice Restrepo, reivindicando a las madres buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, cuyos hijos fueron enterrados en fosas comunes.

Según la candidata, su hija pronunció la siguiente frase: “Yo no elegí esto. No quiero que mi vida cambie. Y no quiero ser parte de esta familia”.

Escribe el columnista Guillermo Pérez: “El episodio de Amapola amerita algunos comentarios, porque muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos con tal de hacerse con el poder. Hay varias conductas que merecen reproche ético. La primera tiene que ver con la trivialización de la angustia de la niña. Según dice la candidata, Amapola experimentaba una angustia genuina, al extremo de no querer ser parte de la familia. Pero la madre, en lugar de consolarla, descarga sobre ella un agobio mayor: la posibilidad de perder las elecciones y que por ello el país se acabe. Eso revela que Amapola ha sido objeto de un adoctrinamiento político que la obliga a creer que la responsabilidad histórica de su madre es salvar la nación y que, si no gana, “se acaba todo”. Es un doble sacrificio: primero, para que su mamá no pierda; segundo, para que Colombia no se hunda”.

“Con mi hija no se metan”, le respondió Valencia a De La Espriella, que la cuestionó por usar a la pequeña con fines proselitistas. “Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, le dijo.

Por cada asesor que lance al aire una ideota en campaña presidencial, debe haber cuatro capaces de medir las consecuencias de aquella lumbrera. Por ejemplo: ¿Quién le propuso un “debate” rocambolesco en el que aparece y desaparece del escenario el candidato Iván Cepeda con ayuda de la IA? Muy tarde, la campaña se dio cuenta de que su enemigo (de cara a la primera vuelta) es El Tigre, no Cepeda, con un píe seguro en la segunda vuelta y posibilidades de ganar en primera, según pregona el Pacto Histórico. Tampoco le ayuda a la candidata el apoyo de personajes que representan lo más añejo de la política colombiana, como Ingrid Betancourt o el expresidente César Gaviria, quien hace campaña en favor de Paloma Valencia a través de su hija María Paz Gaviria, quemada en las urnas el 8 marzo.

Ese es justamente el real problema de su candidatura: lo mal rodeada que está. No siempre uno más uno son dos. Aquí uno más uno puede significar cero votos. Si bien a De La Espriella lo rodean los de siempre, ha sido hábil en ocultarlo.  

¿Qué pasará si Paloma no pasa a segunda vuelta? Pues pasará lo que siempre pasa con la derecha: Nos sentaremos a contar las horas para ver la imagen en que Paloma, victoriosa en su derrota, alzará las garras de El Tigre (las uñas no le alcanzaron para arañarlo), del mismo modo que Vicky Dávila, victoriosa en su derrota, se le metió a Paloma al atril para, enloquecida, gritar “Tenemos que ganar en primera vueltaaaaaa, vamos derrotar a Cepedaaaaaa”, y solo hasta hoy nos venimos a enterar de que se refería a Abelardo, no a Paloma.

Mientras Paloma habla maravillas de Vicky, Vicky no solo dio un portazo a la tal Coalición por Colombia, sino que hoy trata con desdén a la candidata de Uribe, después de comprometerse, como los demás, a apoyarla como ganadora de la consulta del 8 de marzo. Dávila enseñó que en la palabra de un político no se puede confiar… y en la de algunos periodistas tampoco. Como dice un amigo, con los políticos toca todo de contado. Mejor dicho, plata en mano y… cuidado con las palabrotas en campaña. 

El problema con el uribismo no es el qué sobre la Seguridad Total que propone Paloma Valencia, sino el cómo. Porque hoy nos levantamos con la noticia de que los falsos positivos de la era Uribe no fueron 6.402, sino 7.837, reportado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Los colombianos no podemos repetir esa historia espeluznante que le costó la vida a gente inocente, llevada como ganado al matadero. La política “Seguridad Democrática” manchó el legado de Uribe, si lo hubo. Elegir a Paloma es devolver al país a una época de terror que creemos ya superada y exponerlo a que acaben con la JEP, ese tribunal que está arrojando verdades dolorosas sobre sesenta años de conflicto interno colombiano. Acabarlo, quitarle recursos o si quiera pretender reformarlo, es herir de muerte al Acuerdo de Paz de 2016, desconocer el trabajo serio de unos jueces y magistrados respetables, y premiar la impunidad, pues hoy militares y guerrilleros están reconociendo culpas.  

Sí, le tengo miedo a Paloma, más que por ella, por el expresidente que está detrás de ella. Mirémonos en el espejo de arriba: los gringos están pagando caro –y por ahí derechito el resto del mundo- la segunda oportunidad otorgada a un Donald Trump que regresó a la Casa Blanca más vengativo que nunca. Frente a ese pasado de excesos de la fuerza pública y violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos no podemos ser irresponsables en las urnas. “… yo no olvido que en tiempos de Uribe, tiempos de mano dura, el establecimiento político se decía: ´Hay que dejar que hagan el trabajo sucio, y después nos encargamos de ellos”, recuerda el intelectual William Ospina, en El Espectador.

Si a muchos les molesta Cepeda porque lee en plaza llena lo que escribe en hojitas a las 4:00 de la mañana, a mí me asusta la hijita de Uribe, cuando habla, por ejemplo, de militarizar vías (ya dijo que aumentará en 60 mil los hombres del ejército y la policía), o de crear más cárceles para 40 mil nuevos reclusos, como si divisara que durante su gobierno aumentarán los crímenes. Con ese dinero se podrían construir colegios y hospitales donde no los hay. Y en vez de reducir impuestos a los empresarios, como propone ella, se les debería pedir chequeras con sensibilidad social.

El ponderado de encuestas indica que sería De la Espriella, no Valencia, quien enfrentaría a Cepeda en caso de segunda vuelta, que es casi seguro que habrá. La izquierda desea con el corazón salir de ese chicharrón el 31 de mayo, pero ese es un pajazo mental, sobre todo porque el candidato del Pacto Histórico tiene no uno sino dos rivales a la diestra, que en esencia representan al establecimiento y defienden las mismas causas. La única diferencia entre Paloma y Abelardo es que el segundo no ha reclamado (todavía) la paternidad de Uribe; últimamente, se les ve incluso distanciados; ya veremos cuántos aguardientes en el Ubérrimo mediarán en esa enemistad.

Paloma Valencia creyó que con invocar a Uribe sería suficiente para dispararse en las encuestas, pero Uribe es hoy una figura desgastada, cargando sobre sus hombritos el sambenito de los escándalos propios y los de la familia, léase hermano y primo, y para rematar vinieron luego la salida de María Fernanda Cabal y de papá Miguel (Uribe Londoño) del Centro Democrático, lo que demuestra que, además, el expresidente ha ido perdiendo el respeto de los suyos. El destino de Álvaro Uribe como expresidente será, indefectiblemente, el mismo de los muebles viejos: un día nadie sabrá dónde ponerlo. Es el destino de las personas de la tercera edad, que en este país terminan arrumadas.

Si Paloma Valencia pierde, ya sin puesto en el Senado, será otra desempleada más, con tiempo de sobra, eso sí, para cambiar de lugar los muebles de su lujoso apartamento. Pero será también la segunda derrota consecutiva de Uribe y su salida de la política por la puerta de atrás.

Dice Edwin Cruz: “las formas de escenificar en la actividad política contemporánea están fuertemente marcadas por la extensión de caracteres propios de lo pornográfico a la totalidad del campo de lo visible. Predomina la exhibición, tanto de la imagen personal como de la interioridad subjetiva, y el capital erótico como mecanismo para visibilizarse, marcar distinción social y monetizar, es decir, traducir las distintas formas del capital. [Es] atraer la atención mediante lo obsceno, lo sorprendente, lo escandaloso” (p. 20-21). 

La política para Cruz se convierte en espectáculo, en show, una tendencia que él rastrea con Berlusconi en Italia y con Donald Trump, pero que hoy constatamos también con Milei, con Bukele  y con la campaña tal como la está desarrollando en Colombia el candidato Abelardo de La Espriella. En la pornopolítica el sujeto se somete a un determinado régimen de percepción, un régimen escópico en términos del historiador y filosofo Martin Jay, donde la forma como este ve el mundo es planificada, organizada. Como en la pornografía, el sujeto acude a un show prefabricado, a escenas planeadas y diseñadas para el consumo pasivo; el sujeto consume un producto, imágenes, lo que implica consumir formas de ver el mundo, valores, aspiraciones, deseos. Es una política libidinal, que mueve energías psíquicofisicas que modulan el deseo o lo que se quiere.

Esto es lo que se mueve en la política espectáculo o pornopolítica que vende de la Espriella. Su escenificación lujosa, la presentación social de sí mismo como un hombre exitoso, de negocios, con su avión y sus relojes costosos, busca crear identificaciones afectivas con ese modo de vida. Lleva al elector a desear ese modus vivendi, lo cual, inevitablemente, terminará en frustración. El lujo mueve fibras, mueve deseos. En una sociedad consumista, como en la que vivimos, donde es más importante el tener que el ser (contrario a lo que recomendaba Erich Fromm), hacerles creer a los electores pobres o de clase media, que podrán ser como el político rico y millonario que los gobernará, produce efectos en la subjetividad…la coloniza con ideales mercantilistas. Lo que se busca con la identificación creada y manipulada (por medio del lujo) es algo a cambio: un voto.    

Pero esa pornopolítica también está presente en la plaza pública, en la tarima, en el escenario. Este es diseñado para crear el efecto relampagueante, vistoso. Y así como las mercancías se exhiben cuidadosamente en las vitrinas, acompañadas a veces con luces de neón y con una estética prefabricada, el político-actor de la Espriella se presenta cual estrella de Rock, bien vestido, para mostrarse y venderse al público como la mercancía deseada, la que el elector tiene que comprar. El uso de luces, coreografías, intros, videos de fondo, música, configuran un régimen de percepción visual que va en desmedro de la reflexividad del futuro votante. Aquí lo importante es la escena, el escenario, más que las ideas, el discurso, el programa. El votante asiste a un espectáculo coreografiado donde los contenidos del programa político pasan a un segundo plano y se olvidan en medio del humo vibrante del espectáculo.  

Es lo mismo que ocurre cuando de la Espriella mezcla política y religión. Su presunta conversión del ateísmo a la fe, se escenifica como espectáculo, con oración y rezos en latín, con todo ese paroxismo propio del fanatismo religioso evangélico que ha invadido la política latinoamericana, tal como es evidente en Brasil.  Sus adeptos, dispuestos a siempre a sustituir a un mesías por otro, no captan (o no quieren captar) el oportunismo electoral desplegado en este repentino amor al púlpito, a sus ritos y a sus divinidades.  

Pero estas escenificaciones que simplifican todo, van acompañadas también de un discurso simplificante, o, mejor, de eslóganes reductivos, cuasi vacíos. El eslogan “Firmes por la patria” es una proposición simplísima. El uso de la palabra patriarcal “Patria”, que viene de padre, que protege, es estratégica, porque remite a una semántica afectiva. La patria es una idea abstracta, sentimental, que alude a una esfera, a un espacio protector, jerárquico y autoritario; remite, además, a identificaciones románticas con un pasado y con una tradición. Pero en Colombia ¿de qué Edad Dorada, de qué tradición estamos hablando? No es claro. La patria, la nación, el partido, la religión, etc., esos universales abstractos (y también los sustantivos colectivos) son peligrosos, como decía E.M. Cioran. Recuerdo que mi maestro Darío Botero Uribe decía que: “los credos religiosos y los partidos políticos han derramado más sangre a través de la historia que cualquier otra causa”. Pues bien, en una parte de las huestes fervorosas que apoyan a de la Espriella parecen haber individuos dispuestos a sacrificarse en el altar de la Patria.

Digamos que la expresión “Firmes por la patria” es un eslogan sencillo, de esos que se clavan fácilmente por repetición en la cabeza de la gente; es una frase que no tiene mayor contenido y que genera un automatismo mental. El resultado: un “pensamiento” acrítico, unidimensional y operativo que prescinde de la reflexión y la dialéctica de las ideas, tal como ya lo describía el filósofo alemán Herbert Marcuse cuando hablaba del “lenguaje orwelliano”. El eslogan es militarista y va acompañado de un saludo militar. Ese militarismo es hábilmente asociado por de la Espriella con el deseo de muchos colombianos: el de la seguridad del país. Con todo, el securitismo como política es bastante peligroso. En Colombia lo sabemos, pero también en las dictaduras del Cono Sur (Argentina y Chile), pues llevado al extremo deriva en violación de derechos humanos, arrestos sin justificación, caza de brujas, persecución de opositores, violación del debido proceso o, en el peor de los casos, desapariciones, torturas y asesinatos. Así que la idea de “destripar a la izquierda” o fumigarla como si fuera un virus, puede volverse una realidad, ya que ese securitismo es inmunitario y puede pretender limpiar a sangre y fuego todo aquello que no comulgue con su forma particular de concebir el cuerpo social.

La seguridad no puede ponerse por encima de la democracia o del derecho. Eso siempre termina mal. Elegir a un gobierno con carta blanca para el securitismo es darle también carta blanca para el abuso de autoridad y el autoritarismo. Ya lo vivimos en Colombia con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y con su segunda versión la Seguridad democrática (¿?). También es palpable en el Salvador con la toma institucional que ha realizado Bukele en aras de “seguir defendiendo” a sus ciudadanos. El resultado: madres que buscan a sus hijos desaparecidos en las cárceles y un punitivismo que tiene encarcelados a más de 80.000 personas. Las cárceles no son, a mi parecer, ni deben ser, símbolo del progreso de una sociedad. Mas bien, es todo lo contrario: su presencia es prueba fehaciente de que esa sociedad ha fracasado en sus políticas públicas y sociales, en la construcción de un Estado social, de bienestar para todos.

Pero, además de la seguridad, está la promesa de proteger la propiedad de una cierta élite, de la misma en la que el candidato logró, tras su trabajo con clientes de dudosa reputación, ingresar, mezclarse; esa élite con quien parece estar formado un pacto oligárquico para la defensa de sus intereses y sus negocios. A esto debemos sumarle una personalidad autoritaria mezclada con una aparente imagen chabacana, bacana, fresca y ligera, que le da licencias machistas, sexistas y homofóbicas. Esta mezcla de cualidades, de atributos, confluyen todas en un personaje show que se vende como mercancía en una democracia formal que se ha tornado ritual, vacía, sin contenido.  

Abelardo de la Espriella es un muñeco (aunque de carne), como decía Carolina Sanin; un Frankenstein armado artificialmente con partes de Milei y de Bukele; un pastiche. Del primero copia el show, pero también su nefasta idea de achicar el Estado, con lo cual limita su alcance y su capacidad de acción en la sociedad; del segundo, asume su autoritarismo. Por si fuera poco, es un candidato que simpatiza con Trump y con el sionismo genocida de Israel. Eso es un verdadero peligro para la región y para el país, pues encarna la crisis axiológica que vive la cultura occidental ampliamente cómplice (con algunas excepciones) de la barbarie en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Es cierto que no hay candidato perfecto, confeccionado al gusto del elector, pero sin duda de la Espriella es el que representa un peligro mayor para los excluidos de Colombia, para los pobres, para sus instituciones y su ya débil democracia. En esto debemos estar de acuerdo con Ana Bejarano.

Digamos, finalmente, que la pornopolítica no debe gobernar un país porque entonces lo verdaderamente importante, lo fundamental, la salud, la reforma agraria, la educación, el bienestar social, va a ser desplazado por el espectáculo constante…por un espectáculo peligroso y antidemocrático que puede arrasar con todo.

Colombia ha tenido una enorme capacidad y experiencia para convocar y realizar elecciones ininterrumpidas desde 1957. Sus líderes políticos tienen un doctorado en armar elecciones, pero carecen de un título válido como demócratas. La fórmula del Frente Nacional fue su obra maestra. Durante 16 años se repartieron “miti-miti” el Estado entre liberales y conservadores. En la realidad política no existió esa “competencia abierta, con reglas claras y resultados inciertos”, que es lo propio en toda auténtica democracia y también en un buen partido de fútbol. Ya se sabía de antemano que después de un presidente liberal, vendría uno conservador y así sucesivamente durante dos períodos más, hasta 1974, que culminaría el turno con un presidente conservador, que fue Misael Pastrana Borrero. Eso es tanto como imaginar que los mundiales de fútbol solo los pudieran ganar, cada cuatro años alternativamente, las mismas dos selecciones nacionales.

El Frente Nacional, elecciones sin democracia

Ese conservador fue Misael Pastrana Borrero en 1970, pero hoy sabemos que su triunfo electoral hizo honor a su apellido. El diccionario de la Real Academia nos define pastrana, en su primera acepción, como “burdo o mal hecho” y, en la segunda, como “mentira fabulosa”. Y en efecto, su triunfo sobre el candidato de la Alianza Nacional Popular, el general (r) Gustavo Rojas Pinilla, fue ambas cosas: un fraude burdo y su victoria una mentira fabulosa. Parece que su hijo, Andrés Pastrana Arango, heredó ese legado, pues durante toda su vida se preció de tener una moralidad intachable y ahora sabemos que era un amigo entrañable de Epstein y su alcahueta proxeneta, Ghislaine Maxwell[i], a quien incluso invitó a Colombia supuestamente a “cazar subversivos” desde un Blackhawk de la Fuerza Aérea Colombiana[ii]. Claro que mucho más grave y condenable políticamente fue el proceder del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo ese 19 de abril de 1970 cuando, no obstante saber que Rojas Pinilla estaba ganando las elecciones, decretó esa noche un toque de queda en todo el territorio nacional, nos mandó a la cama a todos, y al amanecer resultó ganador el conservador Misael Pastrana. Así se lo reconoció el propio Lleras Restrepo a su entonces jefe de prensa presidencial, Próspero Morales: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”[iii].  Allí queda expresada con una claridad y lucidez insuperable la negación de la democracia mediante el fraude en las elecciones, atribuyéndole al general una supuesta “toma del poder por la fuerza”, iniciativa que nunca intentó llevar a cabo. Pero, por ironías de la historia, sí la promovieron años después, también sin éxito, los fundadores del M-19 cuando irrumpieron con la consigna “Con el pueblo, con las armas, al poder”. Una ironía muy cruel, pues esa organización asaltó 11 años después el Palacio de Justicia, arguyendo que Belisario había burlado e incumplido el acuerdo de paz, robándoles por segunda vez su lucha por la democracia. Esa historia no deja de ser paradójica, pues ese mismo Movimiento contribuyó significativamente con la refundación del Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la Carta del 91, que permitió hace casi cuatro años a Gustavo Petro llegar a la Casa de Nariño, pero no al poder, esta vez con el pueblo en las urnas.

Los comicios electofácticos  

Y ahora estamos de nuevo frente a una encrucijada histórica, pues estas elecciones se realizan una vez más bajo el asedio de numerosas y violentas organizaciones armadas, que pueden definir el resultado de las mismas. En verdad, desde Gaviria todos los comicios presidenciales han sido de carácter electofáctico, pues los poderes de facto han terminado definiendo el ganador. Unas veces el narcotráfico, con el proceso 8.000, otras las Farc y su coalición con Pastrana en nombre de la paz, aunque ambos estaban apostándole a la guerra. Luego Uribe con el respaldo de las AUC en sus territorios y luego con la amplia coalición de la parapolítica y el crimen de lesa constitucionalidad al cambiarle a la Carta un articulito para su reelección, mediante el delito de cohecho de sus ministros Sabas Pretel y Diego Palacio[iv]. Santos con su apuesta por la paz con las Farc y también con la ayuda de Interbolsa y Odebrecht en su reelección y la condena de su gerente Roberto Prieto[v]. Hasta llegar a Duque con el escándalo de la “Ñeñepolítica”[vi] y Petro con la violación de los topes legales en su campaña[vii] y las penumbrosas relaciones con “Papá Pitufo”[viii] y la supuesta financiación de su campaña. Por todo lo anterior, para evitar continuar armando comicios electofáctico y seguir participando ingenuamente como electores en semejante tramoya de ilegalidades, es urgente que la campaña de Iván Cépeda rinda a “Cuentas claras de la Registraduría” el monto de sus gastos y el origen de los mismos. Así como el presidente Petro debe evitar que en los territorios bajo control de organizaciones armadas ilegales los electores sean violentamente constreñidos y sus votos inducidos por un candidato específico. Al respecto, hay que reconocer que Iván Cepeda haya explícitamente desconocido y repudiado esos supuestos apoyos y solicitado a la Fiscalía una investigación pronta y rigurosa para evitar constreñimiento alguno. Iniciativa que nunca tuvo el candidato Álvaro Uribe públicamente frente al control de las AUC en vastos territorios, donde terminó obteniendo altas votaciones. De allí que el anuncio del presidente Petro de continuar conversaciones con el llamado “Clan del Golfo” o “Ejército Gaitanista de Colombia”  y la solicitud del levantamiento de cerca de 29 órdenes de captura de sus miembros para su eventual sometimiento a la justicia, desarme y desmovilización, pueda tener efectos indeseados al ser concentrados en las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, en Córdoba; y en Unguía y Belén de Bajirá, en el Chocó,  solo a partir del 25 de junio, ya demasiado tarde, pues la segunda vuelta será el domingo 21 de junio.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Ghislaine_Maxwell

[ii] https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/archivos-de-epstein-revelan-que-expresidente-pastrana-volo-un-blackhawk-con-ghislaine-maxwell-complice-del-pederasta-en-viaje-desconocido-a-colombia-3518459

[iii] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[iv] https://zonacero.com/judiciales/ratifican-condena-contra-sabas-pretelt-diego-palacio-y-alberto-velasquez-por

[v] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=roberto+prieto+condenado

[vi] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=esc%C2%B4ndalo+del+%C3%B1e%C3%B1e+hernandez

[vii] https://co.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210CO1490G0&p=violaci%C3%B3n+de+topes+electorales+en+campa%C3%B1a+presidencial+de+petro

[viii] https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/claves-de-la-infiltracion-de-papa-pitufo-a-la-campana-petro/

En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La misma señora, inquebrantable y sin estridencias, tuvo hace poco la audacia de disolver el parlamento y llamó a elecciones en busca de un apoyo más amplio que el obtenido cuando llegó a ser la primera mujer que, en una historia milenaria, ocupara la jefatura del gobierno en unas islas que por siglos dominaron hombres con espadas de samuráis.  

El resultado de los comicios no pudo ser más contundente, inédito y satisfactorio para su proyecto político. La obtención de la victoria electoral más contundente de la postguerra le permitirá velar con mayor solvencia por el avance vigoroso de la economía y del aparato administrativo del Estado, como responsabilidad de todo gobernante sensato. Además, como novedad, le permitirá eventualmente la introducción de reformas a una constitución que no ha sido modificada desde su expedición en 1947, porque los japoneses respetan a fondo su constitución y no se han tomado a juego su reforma conforme a caprichos de coyuntura de uno u otro jefe de gobierno. 

En vez de continuar la tradición de interpretaciones flexibles del texto del 47, salido de la pluma del General estadounidense Douglas MacArthur, vencedor de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Takaichi pretende en primer lugar introducir reformas en materia de defensa, para que su país cuente con capacidad bélica propia ante el resto del mundo, en condición diferente de la de protectorado estratégico de los Estados Unidos. 

También se propone introducir herramientas institucionales ahora inexistentes que le permitan al gobierno expedir decretos con fuerza de ley ante crisis de impacto colectivo y de diferente índole, como pandemias, desastres naturales e inclusive conflictos armados, mediante la declaración de estados de emergencia, sin aprobación parlamentaria previa. 

Además, ante las dificultades que se presentan en la sucesión dentro de la familia imperial por falta de herederos del sexo masculino, y para no abandonar el esquema milenario de existencia de un emperador como símbolo de la unidad nacional, se busca que miembros varones de antiguas ramificaciones del árbol de los emperadores recuperen el status de “nobles”, suprimido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y adquieran vocación de acceder eventualmente al trono.

Ninguno de los propósitos de reforma resultará fácil de manejar. El primero porque afecta el contexto estratégico de una región suficientemente candente con la presencia agresiva de la fuerza militar de Corea del Norte y la creciente actividad de China en todo el hemisferio, los inesperados cambios de actitud de los Estados Unidos frente a sus tradicionales aliados, y la necesidad de una abierta autonomía defensiva. El segundo, porque siempre habrá sospechas sobre la posible extralimitación de los gobiernos ante las emergencias, y el tercero porque, al adoptar el cambio propuesto, se cierra en pleno Siglo XXI la opción de que una mujer llegue al trono imperial.  

De todo esto, lo más relevante desde el punto de vista internacional es el asunto de un posible nuevo armamentismo japonés. Preocupación que no tardó en aparecer, con temores internos y externos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la Guerra Fría demostraron la inconveniencia de un Japón indefenso y sometido a depender integralmente de los Estados Unidos como garantes de la defensa y la integridad del archipiélago, con los costos económicos, estratégicos y políticos que ello implicaba. 

Entonces, sin cambiar la constitución, para no meterse en problemas, tradicionalmente se buscaron fórmulas pragmáticas para evadir la prohibición constitucional establecida en el Artículo 9 de la Carta, que dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales.” Y que: “Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado.”

Para salirse del marco de esas prohibiciones, surgieron “interpretaciones flexibles” o “incrementales” de la constitución, orientadas a permitir, con aquiescencia de los Estados Unidos, la existencia de unas Fuerzas de Autodefensa. Opción que no ha dejado de producir una sensación de ambigüedad respecto de la prohibición constitucional y también un sentimiento de indefensión nacional, por el hecho de no contar abiertamente con fuerzas propias, ante las circunstancias cambiantes de la seguridad internacional en el Pacífico Noroccidental.  

La primera ministra propone añadir una cláusula al Artículo 9, por la cual se reconozca la existencia de las Fuerzas de Autodefensa Nacional, suficientemente capaces para la defensa del país, con lo cual se elimina la ambigüedad existente y se produce el efecto de contar con respaldo constitucional para una nueva política de defensa. Propuesta que algunos sectores parlamentarios consideran insuficiente, pues consideran que sería mejor eliminar la prohibición, para contar con una fuerza militar de verdad soberana. Mientras surgen también reclamos de pacifistas que prefieren seguir en la ambigüedad, que no ha dejado de dotar al país de unas poderosas fuerzas armadas, en lugar de aventurarse otra vez a un desarrollo militar que causaría alarma en el Pacífico y el Índico.

Las eventuales reformas de las instituciones japonesas implicarían el cierre de una época y la apertura de una nueva página. Eso es lo que ha planteado la primera ministra, que considera es tiempo de hacer algunos ajustes, sin estridencias, y sin exponer todo el cuerpo constitucional a la rebatiña de reformas sin límites, ni pies ni cabeza. Posición explicable porque, siendo admirable la estabilidad institucional provista por la Constitución de 1947, entre impuesta y adoptada en medio de la incertidumbre de la inmediata postguerra y el propósito de reconstruir un país desolado, hay una “marca de intervención extranjera” que no ha dejado de figurar como “sello de agua” del fondo de su texto y que suscita en ciertos sectores una buena dosis de vergüenza nacional. Marca que desaparecería en cuanto el país no continúe maniatado en materia de soberanía para su propia defensa. 

En ese orden de ideas, cualquier cambio constitucional representa, en una u otra proporción, un cambio en el tutelaje institucional establecido por MacArthur. Que curiosamente no fue el primer acto de intervención estadounidense en el destino del Japón, porque ya desde 1853 figura en la historia una relación Sui generis con los Estados Unidos, en términos de exigencias y concesiones, cuando los americanos enviaron una cuarta parte de su armada, bajo el mando del famoso Comodoro Perry, para obligar a Japón a abrir sus puertos en favor de pescadores y comerciantes de Estados Unidos, que hasta entonces apenas habían merodeado en la región en busca de ballenas. 

El Japón terminó entonces forzado a aceptar las exigencias formuladas, que a la postre resultaron trascendentales pues motivaron cambios tan importantes como la “Restauración Meiji”, que cambió dramáticamente el modelo encerrado del sistema Tokugawa, clásicamente feudal, en favor de uno unitario, y no solamente comenzó a abrir al Japón hacia el mundo, sino que permitió que se lanzara en una carrera de industrialización extraordinaria, que incluyó su propio desarrollo armamentístico.

Se estima que los amigos del Japón, comenzando por los Estados Unidos, verían con buenos ojos un nuevo marco para la defensa y el papel estratégico del Japón, a partir de las reformas planteadas. Esto porque implicaría la posibilidad de cumplir nuevos propósitos estratégicos y aliviaría los costos que la protección del archipiélago significa para sus aliados. 

Los países de la región, y en particular los que fueron objeto de agresión y ocupación japonesas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que son muchos e incluyen nada menos que a China y Corea del Norte, no verán los cambios con los mismos ojos. Les aterra la idea de un Japón eventualmente militarista, deseoso de jugar en el futuro otra ronda de esas que el sentido de los ciclos históricos puede llegar a propiciar en el momento menos pensado.

La casi octogenaria constitución japonesa del 1947, que reemplazó a la de 1889, tiene la particularidad de haber surgido de una iniciativa estadounidense que no pretendió instaurar un régimen presidencial sino uno parlamentario. A ello obligaba la preservación de la monarquía constitucional, así fuese con el emperador como símbolo de la unidad nacional, no ya como dios ni como representante vivo de dios en la tierra. 

La carta se ha sostenido a lo largo de 79 años, y las reformas que ahora se plantean tienen que ver con asuntos que verdaderamente merecen ser revisados. El de las fuerzas armadas, porque es de soberanía nacional. El de los poderes de emergencia, porque es una herramienta útil para la respuesta oportuna del gobierno ante amenazas súbitas e imprevisibles. Y el de la sucesión imperial, porque el país necesita garantizar la supervivencia de una tradición milenaria que juega un papel fundamental en el alma de la gente, sin perjuicio de que la opción que escojan sea una u otra.

La aprobación de la reforma se hará por la vía parlamentaria, sin acudir a inventar atajos al impulso de afanes políticos. Para ello se requiere de una mayoría de dos tercios en el parlamento, y después de mayoría simple en un referendo en el que pueden participar todos los ciudadanos. Nada de proyectos fascistoides, así sean de tinte rojo desteñido, como los que en otras épocas y lugares plantean cambios a la medida de quienes buscan usar el poder constituyente como un juguete para quedarse con un poder que justifique fechorías contra la democracia.

El eventual fin del “pacifismo de jure”, no solamente abriría una página nueva para el Japón, sino para el Asia y el resto del mundo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Alemania, aliada de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, también marcha, obligada por nuevas circunstancias, a jugar un papel cada vez más relevante en el contexto de la defensa europea. 

Los delitos de cuello blanco en Colombia, no ocurren por falta de leyes. De hecho, suelen aparecer en sectores altamente regulados, donde existen manuales, auditorías y protocolos de cumplimiento.

El verdadero problema está en otro lugar: la falsa sensación de control.

Muchas organizaciones cumplen formalmente con los requisitos del regulador, pero no transforman su cultura interna de prevención de riesgos. El compliance existe en el papel, pero no en la toma real de decisiones.

Por eso, entender el derecho penal económico exige ir más allá del Código Penal. También implica analizar cómo se construyen las decisiones empresariales que terminan generando responsabilidad penal.

Caso InterBolsa

El caso de InterBolsa no fue solamente una manipulación del mercado financiero.

En esencia, fue una falla grave en la gestión del riesgo de liquidez disfrazada de sofisticación financiera.

Las operaciones repo sobre acciones de Fabricato no eran ilegales por sí mismas. El problema fue su uso repetitivo para sostener artificialmente el precio del activo y alterar el mercado.

Aquí entraron en juego delitos como:

• Manipulación fraudulenta de especies inscritas (artículo 317 del Código Penal)
• Abuso de confianza calificado (artículo 250 del Código Penal)

Sin embargo, el verdadero fallo estuvo en la gobernanza interna. Los órganos de control no detectaron a tiempo cuándo una práctica aparentemente legal estaba cruzando el límite penal.

Muchos comités de riesgo existen, pero no tienen independencia real ni capacidad efectiva de frenar decisiones peligrosas.

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Saludcoop: cuando lo legal se usa para ocultar lo irregular

Uno de los delitos de cuello blanco más sonado, fue el de Saludcoop, presentó una situación aún más compleja.

Se trató de la apropiación de recursos públicos destinados a la salud mediante estructuras empresariales que aparentaban total legalidad.

Contratos entre empresas del mismo grupo, reasignaciones presupuestales y decisiones financieras dificultaron distinguir entre una gestión administrativa legítima y un posible peculado por apropiación (artículo 397 del Código Penal).

El problema no fue solamente quién tomó la decisión, sino que el sistema permitió que esa apropiación pareciera una simple decisión gerencial.

Cuando no existe trazabilidad real sobre el destino de los recursos públicos, el control siempre llega tarde.

Caso Odebrecht

Reducir Odebrecht a un simple caso de cohecho sería simplificar demasiado el problema.

Sí existieron delitos como:

• Cohecho (artículos 405 y siguientes)
• Celebración indebida de contratos (artículo 410)

Pero la falla estructural estuvo antes: en la debida diligencia insuficiente tanto del sector público como del privado.

Durante años, la discusión se concentró en funcionarios públicos, pero poco se analizó el papel de intermediarios financieros, estructuradores y asesores que hicieron posible la operación.

El delito no siempre nace en la firma del contrato. Muchas veces comienza en el diseño mismo del negocio.

El verdadero riesgo penal está en las pequeñas decisiones

Nadie se levanta un día diciendo: “voy a delinquir”.

En la mayoría de los casos, el delito aparece como resultado de múltiples pequeñas decisiones toleradas, justificadas o simplemente ignoradas.

Ese es uno de los grandes retos del derecho penal económico moderno: la responsabilidad no siempre está en una sola persona, sino en estructuras completas de decisión empresarial.

Por eso, el análisis penal no puede limitarse a buscar culpables individuales. También debe revisar cómo funciona la organización.

El compliance no sirve si solo está en el manual

La principal lección es clara: el cumplimiento formal no previene delitos de cuello blanco. En muchos casos, incluso los encubre.

Tener manuales, políticas internas o protocolos no basta si no existe una verdadera cultura de prevención.

El compliance no debe ser un requisito para mostrar al regulador, sino una herramienta real para tomar mejores decisiones.

Ahí está el verdadero valor del abogado penalista económico: no solo defender cuando el problema ya explotó, sino anticipar los riesgos antes de que se conviertan en un proceso penal.

Porque cuando llega el derecho penal, normalmente ya es demasiado tarde.

¿Su empresa tiene un verdadero sistema de prevención penal o solo un manual de cumplimiento? La diferencia puede definir el futuro patrimonial y reputacional de toda la organización.

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En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

“Victoria, qué nombre tan hermoso, supongo que no dejas que te llamen Vicky, no soportaría mutilar ni una sola sílaba de tu nombre”: Frase de la película Sombras tenebrosas, de Tim Burton.

Dice el analista español Javier Gallego: “En un mundo mediatizado, la opinión publicada se confunde cada vez más con la opinión pública. El poder de los medios para mover sensibilidades y movilizar a las masas es mayor que nunca”.

Colombia no es la excepción, aquí los periodistas se están prestando al juego del poder, en uno y otro bando.

Creyéndose ingenuamente el cuento de que sería la primera mujer presidenta de Colombia, Victoria Eugenia Dávila apostó su capital periodístico en la política y perdió. Sin pena ni gloria, regresó al periodismo, con su credibilidad, que no era tanta ni para tanto, mutilada. No sabemos si quitarán al director de Semana para ponerla a ella. Queda claro que era la candidata de un grupo económico que vino a su rescate tras el fiasco en las urnas.

Sin la victoria, esa revista reencauchó a Vicky sin dar explicaciones y los medios hicieron alharaca tras su regreso como entrevistadora de la casa Gilinski.

Dávila se puso el disfraz de candidata presidencial, se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales, regañó a una periodista por preguntarle si se sentía perdedora tras la derrota, y eufórica gritó desde el atril “vamos a derrotar a Cepeda”, reafirmando su apoyo a la candidata Paloma Valencia; finalmente, como si nada hubiera pasado, cuando en realidad pasó de todo, se puso otra vez el disfraz de reportera para -con risita nerviosa y preguntas banales sobre la changua bogotana- entrevistar a Abelardo De La Espriella después de hablar pestes sobre el candidato de “Firmes por la Patria”. No se sabe cuál de los dos tiene menos vergüenza.

El analista Ricardo González Duque afirma en sus redes sociales: “La entrevista es valiosa porque nos advierte de la profundización de la crisis en los medios de comunicación corporativos, por entregarse a los intereses de sus dueños. Gilinski dijo en entrevista con Camila Zuluaga que quería que su medio fuera “de nicho”, está claro que es un nicho de derecha extrema. (…)  Nos demuestra que lo que hacen en revista Semana dejó de ser periodismo hace rato”.

Decir que nadie le cree a Vicky Dávila es una mentira. La familia Gilinski sí. Su mentor, Gabriel Gilinski, metió las manos al fuego por ella y malgastó $2.100 millones, cifra revelada por La Silla Vacía. Para quien compró Semana por $40 millones de dólares eso es el pelo de un gato. —Un caprichito de rico, como dice un amigo. Falta preguntar si la revista fue y sigue siendo sede de campaña en favor de alguno de los candidatos en contienda. (Paréntesis: Semana no se quedó callada y respondió con un artículo firmado por el abogado Germán Calderón España, quien pone en tela de juicio la independencia de La Silla Vacía y su directora Juanita León; acto seguido Juanita León le exigió a Semana rectificar por considerar que se trata de “una nota llena de falsedades”).

Pero vamos a lo que vinimos. Lo que hizo Vicky Dávila es la mancha que le deja ella al periodismo colombiano. Es una bofetada a la dignidad de quienes se toman en serio este oficio hasta arriesgar su vida. Demostró con descaro que todo se vale a la hora de defender intereses y promover credos ideológicos. Su caso amerita revisión en los tribunales de ética periodística, pero cuáles si en este país esos tribunales brillan por su ausencia. La ética es el zapato que aprieta en campaña. Nos queda la esperanza de que en las facultades de comunicación su caso sirva como ejemplo del mal llamado periodismo. La cosa no puede quedar como una anécdota más porque no es poco el daño que se le ha infringido a la prensa desde adentro.

Dice Javier Gallego en El Diario de España: “…el mal llamado periodismo puede destruir reputaciones, incluso vidas. El mal llamado periodismo es, demasiado a menudo, el arma que empuña la política para disparar. Algunos mal llamados periodistas (…) son pistoleros a sueldo de las élites políticas y empresariales”.

Semana es una mezcla de noticias y órgano político, con columnistas que son opinadores, activistas, opositores al mismo tiempo. Proselitismo vendido como periodismo. Salvo en el músculo financiero, en nada se diferencia del semanario Voz, el único periódico de izquierda que, con pocos recursos, ha sobrevivido durante 70 años, sin negar su identidad ideológica. Gremios como el CPB deberían tener clara esa diferencia a la hora de convocar sus premios de periodismo.

¿El debate o el debacle?

En consecuencia, mal haría Iván Cepeda en aceptar una entrevista a Vicky Dávila, después de que ha vapuleado al candidato y demonizado a la izquierda. La polarización política, que es también una polarización periodística, ha desembocado en un trato desigual a los candidatos presidenciales en esta campaña. Vicky dentro y fuera de los medios seguirá siendo una rival más para cualquier político que no sea de la derecha.

Sin garantías, los candidatos están en todo su derecho a negarse a participar en un debate público que consideren contaminado, incluso irrespetuoso. El candidato Luis Gilberto Murillo se quejó con razón porque el Canal Caracol no lo invitó a debatir. “No es coherente hablar de pluralidad mientras se le cierran las puertas a otros candidatos”, le respondió Murillo al periodista Juan Roberto Vargas.

Los medios están siendo víctimas de su propio invento después de mostrar las costuras (sesgo). Mientras le reclamaban a Cepeda o De la Espriella por rehuir los debates, le daban un portazo a quienes marcan poco en las encuestas. Aquello que llaman democracia, un término tan manido en este país, al parecer no significa lo mismo en todas las salas de redacción.  

Personajes como Paloma Valencia desfilan por las cabinas radiales sin que nadie los moleste con preguntas incómodas. Por ejemplo, nadie está cuestionando a la candidata del uribismo por tener como jefe de campaña a un político, Alirio Barrera, con una investigación abierta por el delito de acto sexual violento. (A propósito, ¿Quién será el valiente o la valiente que un día de estos destapará el MeToo de la política en Colombia?)

Mientras veía algunos segmentos de la  entrevista de Dávila al Tigre Abelardo, donde entrevistado y entrevistadora sueltan varias carcajada, pensé que estaba frente a una celebridad y no frente a un abogado-político sobre quien pesan señalamientos no tan faranduleros, reportados por los medios, incluido el acoso judicial a periodistas.

Iván Cepeda ya dijo que saldrá al ruedo y los otros que también. Me parece bien que se pongan condiciones para que haya debate con garantías para todos. Se anticipa que de eso tan bueno no dan tanto. Se vienen unos encontronazos, por la ferocidad de los medios y la oposición en aras de la viralidad. La campaña está muy reñida y nadie tiene asegurado nada. Se lanzarán al aire mensajes diseñados para insinuar, descalificar o acusar sin pruebas, de tal modo que las propuestas y el cómo se ejecutarán, lo que debería ser el contenido y alma del debate, pasen a un segundo plano. Si el debate se sale de control, es muy posible que veamos cómo unos y otros lavan la ropita sucia delante de todo el país, y al final perderemos los ciudadanos. Cada cuál votará por el que ya sabe y sin saber a fondo qué diablos propone.  

En la guerra por el poder hay tácticas que sirven para atemorizar a la gente: Sembrar dudas usando fotos o narrativas o satanizar al oponente por su pasado para conectarlo con el presente. Si con Petro el país se volvería Venezuela, y no se volvió, “con Cepeda nos volveremos Cuba”. Tan fácil que es decirlo —ya lo han dicho— y tan difícil que es sacarle a la gente esas cucarachas de la cabeza.

Nada nuevo, porque todas esas estrategias se usan a diario en las redes sociales y con más razón se usarán en los debates para sacarle jugo al rating en busca de votos. Ahí cabe un diccionario que se puede llenar con muchas palabras y palabrejas dependiendo el momento y la ocasión: Venezuela, Maduro, Cuba, FARC, Comunismo, Neocomunismo, Ideología de género, y las que el lector tenga a bien agregar. El candidato del Pacto Histórico debe tener claro que, para atacarlo, usarán también los pecados, desaciertos y promesas rotas del gobierno Petro, pues al fin de cuentas es quien decidió echarse al hombro las banderas del progresismo para continuar lo que empezó el actual presidente.    

Ojalá el debate no sea el debacle, como dice un amigo. Si se violan las garantías o condiciones al primer encuentro, el país entenderá que los temores del candidato del Pacto Histórico eran reales.

Más allá de si periodistas y políticos están a la altura que requiere una contienda presidencial, como ciudadanos podemos hacer algo a modo de sanción social para castigar la parcialidad de ciertos medios: apagar/acallar programas y periodistas militantes. Tenemos el poder de decidir a quién dejamos entrar a nuestra casa. Siguen faltando iniciativas serias capaces de formar una ciudadanía crítica frente al consumo de medios y noticias. Ahí hay una ventana de oportunidad para tanto periodista varado. No para Vicky que, desahuciada por la política, otra vez cayó parada en la misma empresa mediática con plata de sobra para malgastarla en ella… quizás porque nunca se fue de allí.

En cualquier caso, Vicky Dávila debería declararse impedida para participar en debates presidenciales como periodista, por su conflicto de interés como excandidata presidencial y figura de una coalición de excandidatos de derecha. ¿A quién le consta que no sigue actuando como miembro activo en el grupo de WhatsApp de “La gran consulta por Colombia“?

Ese cuento de que toca conquistar al centro puede ser un sofisma: la falacia de distracción.

El otro día la portera me dijo: —“Usted es de los poquitos en este edificio que habla bien de Petro”. La frase me dio mucho qué pensar, porque sé cómo piensan esos otros residentes y cuáles son sus preocupaciones reales.

Más de 17 millones de colombianos pertenecen a eso que llaman la clase media, aquella franja de la población ubicada por lo general en los estratos 3 y 4: Hogares que sumando el ingreso per cápita (por persona), ganan hasta $4.835.315 al mes, según el Dane.

Quienes devengan más de $5 millones de pesos mensuales pueden considerarse clase alta. Por debajo están la clase baja (con ingresos inferiores a $420.676) y la clase vulnerable (con ingresos por debajo de $781.000), de acuerdo con la clasificación que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Según Portafolio, “en 2024, el 34,4% de la población en Colombia se ubicó en la clase media, lo que corresponde a cerca de 17,7 millones de personas en un país con una población aproximada de 51,5 millones”.  Diecisiete millones de almas representan un caudal atractivo para ganar una elección presidencial, sí, pero el asunto es cómo seducir a una población que anhela continuar en ascenso.

Con el 35% de intención de voto que le otorgan las encuestas a Iván Cepeda —una cifra bastante alejada de la mitad más uno para ganar en primera vuelta—, esa clase media puede ser hoy el mayor obstáculo para la izquierda o, al mismo tiempo, representar una oportunidad para buscar dentro de ella los votos que le faltan al Pacto Histórico para siquiera soñar con renovar por otros cuatro años su contrato con la Casa de Nariño.

La clase media son una especie de Ninis: Ni pobres, ni ricos, pero con la ambición lícita de saltar hacia el siguiente estrato (no descender en todo caso). En ese orden de ideas, de manera consciente o inconsciente, podría estar evaluando cuál es ese candidato o programa de gobierno que no se interpone en su lógica aspiracional. Porque la clase media quiere algo más que el pan que reclaman los pobres. 

Quienes se mueven en esa franja, no piensan en términos de derecha, izquierda o centro. Una encuesta callejera sería suficiente para determinar que el ciudadano común no comprende el significado de esas palabras desde una perspectiva ideológica, como no sea asociándolas a un rostro. El colombiano corriente entiende la política en términos de amores y odios, porque eso han implantado en su mente los propios políticos. Por eso, ningún argumento por fuera de esos dos sentimientos convencerá a un convencido de lo contrario.

La clase media piensa en términos monetarios; es decir, en quién sería la persona que mejor les cuide el bolsillo o, dicho de otra forma, quién tiene el remedio menos perjudicial para los privilegios conquistados. Así es como la gente —más pragmática que los políticos— entiende una campaña presidencial. ¿¡Para qué buscarle la quinta pata al gato!?

Es decir, las personas clase media piensan en asegurar su discreto tren de vida —los ingresos suficientes para cubrir ciertas comodidades, léase calidad de vida—: propiedades, colegio medianamente bueno para los hijos, recreación y una vida social activa, viajes y, muy importante, contar con empleada doméstica del estrato 1 y 2 (o al menos con la señora de por días, así las llaman), que en eso la clase media se parece a la clase alta, con marcadas diferencias, claro está.

La clase media colombiana goza de ciertos privilegios pero desea más, y en virtud de ello son personas con una conciencia social más teórica que auténtica. “No tiene conciencia de clase, tiene conciencia de estatus”, dice el filósofo español Antonio Gómez Villar. A mi modo de ver, les puede sonar muy bonito el discurso sobre la justicia social, pero a la hora aplicarlo se muestran reticentes a meterse la mano al dril, precisamente por su condición de Ninis.

Primero está su confort, ganado a pulso, con sacrificio y deudas en los bancos -nadie dice lo contrario-, que las necesidades ajenas. Al fin de cuentas, el capitalismo y el poder adquisitivo se rigen bajó la misma lógica: la del sálvese quien pueda. Es una mirada bastante egoísta en un mundo cercado por la miseria, pero es lo que hay. Por supuesto, los Ninis no tienen la culpa de los millones de desarrapados que pueblan la Tierra.  

Estrato versus sensibilidad social

Mientras la clase alta se protege en su hermética burbuja, viviendo a sus anchas y sin afugias, la clase media considera la paz como algo importante más no urgente, porque la guerra no está en sus narices, ni la pobreza respirándoles en la nuca. Lo que ocurre en los territorios apenas les alcanza para santiguarse a la hora del noticiero, porque luego viene la telenovela y el reality show qué son los más efectivos anestésicos contra la realidad nacional, tan cruda y dura pero siempre ajena, distante.  

Son los pobres (los estratos 1 y 2 o clase obrera que llaman), los que ponen sus esperanzas en el progresismo, en que un día alguien los sacará de pobres como prometía la propaganda de cierta lotería. Los ricos, pero sobre todo los superricos colombianos —aquellos a los que Petro quiere imponerles más impuestos sin conseguirlo— tienen dinero de sobra y saben que necesitan muchas vidas para gastarlo, y aun así no están dispuestos a compartir sus tesoros con nadie. Hay pruebas de ello.

El discurso sobre la redistribución de la riqueza es ese vals que nadie quiere que le toquen. Prefieren poner a salvo su capital en paraísos fiscales, donde cada centavo esté a salvo de gravámenes o cargas impositivas onerosas.  Según el diario El País, el 40% de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza de Colombia, admitió que evadió impuestos. No entiendo por qué nadie se ha escandalizado.

En una sociedad tan desigual como la colombiana, la falta de sensibilidad social debe verse como un problema grave que profundiza las injusticias. Veámoslo a la luz de las estadísticas reales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujeto de atención y reparación.

Si Colombia fuera un país con conciencia social sobre su tragedia histórica, diez millones de personas y sus familias serían suficientes para elegir a un candidato que ponga la paz como eje central de su plan de gobierno. Pero insisto: la paz no hace parte de la canasta familiar de los colombianos y por eso estamos condenados a la sinrazón de los conflictos no resueltos que continuarán sin nosotros cuando hayamos desalojado este mundo, porque tristemente llegamos a un nivel de polarización tal, que estar a favor de la paz da votos, lo mismo que oponerse a ella.

¿La prueba?  Llevamos diez años y tres gobiernos sin que se implemente debidamente lo acordado con las FARC en 2016. Y peor que eso: si la derecha y la extrema derecha ganan la presidencia, (en cabeza de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella), figuras como el tribunal de la JEP, creado para buscar verdad, justicia y reparación, podrían desaparecer, y podrían truncarse otros avances significativos.

A tal nivel de inconciencia colectiva hemos llegado, que los propios congresistas que aprobaron la Ley de Víctimas y Restitución de tierras dejaron plantadas a las víctimas el 9 de abril, día escogido para honrar cada año su memoria. Cuando un país pierde el rubor y la vergüenza, ¡qué importa lo demás! A veces pienso que si esta nación se mueve es por osmosis, por una fuerza superior distinta a la humana, porque hace rato se perdió toda voluntad política que permita enderezar nuestro destino común. Y no habrá redención, sin una clase política dispuesta a construir un legado que perdure en el tiempo. Que distinto sería si en 50 años alguien pudiera hablar algo bueno, aunque sea una sola cosa, de alguno de los políticos de hoy. Es pedir demasiado.

Iván Cepeda, doblemente víctima del conflicto colombiano —luego de que asesinaron a su padre en 1994, él huyó por su vida a otro continente— tiene la conciencia social del país perseguido y despojado, pero esa no es una carta suficiente en una nación donde el dinero se ha impuesto sobre la sangre derramada.

Por encima de la paz, e incluso de la seguridad, el colombiano promedio vota con la mano puesta en el bolsillo, no en el corazón. Y la clase media tiene claro que los empresarios (clase alta) generan el empleo que da estabilidad a sus familias, pero no ha entendido que hay una población trabajadora —clase baja y clase media— que está ayudando a generar esa riqueza, que está bien pero mal distribuida. Porque de la clase media hacia abajo todos son clase trabajadora o asalariada, sin importar qué tantos ingresos tengan unos y otros según las odiosas etiquetas de la estratificación socioeconómica. 

El candidato que sea capaz de seducir a esa clase media con un discurso que reconcilie lo económico con lo social —es decir, que tenga la virtud de reconciliar a pobres y ricos, a empresarios y clase trabajadora—, podría inclinar la balanza a su favor de aquí a las elecciones del 31 de mayo.

Me gustaría tener la certeza de que un político y filósofo como Iván Cepeda puede ser esa persona. Pero veo a la izquierda muy triunfalista, alérgica a la autocrítica y demasiado confiada en su liderazgo en las encuestas. En la siguiente columna me referiré a los pecados que podrían arruinar a fiesta. 

A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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