Siete becarios que obtuvieron puntajes superiores a 400 en Saber 11, incluyendo uno de 500 sobre 500, que conforman “La banda de los 400+”, y siete becarios con puntajes superiores a 340, que son los coequiperos, constituyen el equipo del Tour Saber 11 Buenaventura 2026, una muestra de compromiso con la ciudad.

El Tour cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Distrital para los permisos académicos, mediante una Circular a los rectores de instituciones educativas oficiales y privadas, y es organizado por la Fundación Color de Colombia y el Semillero Alpha Phi Alpha de la Universidad Icesi (de Cali).

Seis de los 14 becarios estudian en Icesi (con becas Nutresa, institucionales y de Fundación Valle del Lili), dos en la Javeriana Cali, dos en la Universidad Autónoma de Occidente, una en la Universidad de los Andes, una en la Universidad del Valle, y dos (con puntajes superiores a 450 en Saber 11) están aspirando a Medicina en varias universidades. De los 14, cuatro son egresados de colegios privados y 10 de colegios oficiales. La mayoría exintegrantes del Semillero de Becarios U.

Servicios del Tour Saber 11

El Tour Saber 11 ofrecerá a los estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios que se interesen y se inscriban (en este formulario), lo siguiente:

• Masterclass sobre Saber 11 para grado 11: estrategias de preparación, 10 tips para prueba, preguntas típicas. Gratuita.
• Clases semi-personalizadas por cada una de las cinco subpruebas de Saber 11 (para 8 estudiantes).
• Clases semi-personalizadas de orientación vocacional de Derecho, Psicología e Ingeniería de sistemas.
• Inducción sobre distintos tipos de becas.
• Postulación a viaje a Cali para inmersión en Universidad Icesi, el 30 de julio.

Los estudiantes podrán postularse individualmente en el siguiente formulario: https://forms.gle/hhoXSYuzc3eVMf539

Quiénes son los de “La banda de los 400+”

Comenzando con su puntaje en Saber 11, el pregrado que cursan, la universidad y finalizando con el colegio del que son egresados.

• 500: Diego Fernando Castaño M. Medicina. Icesi (egresado de Colegio Termarit)
• 473: María José Rivas del Castillo. 2027-1 (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 457: Laura Lorena Celorio Valencia. 2027-1 (IE San Vicente)
• 455: Eyleen Johely Murillo M. Medicina. UniValle (IE Incodelpa)
• 433: Jean Carlos Riascos Palacios. Ingeniería de sistemas. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 415: Mariana del Río Ramírez. Ingeniería.Industrial. Javeriana. (CE Bahía de Buenaventura)
• 411: Denisse Aylin Lorza H. Arquitectura. UniAndes (Normal Superior Juan Ladrilleros)

Quiénes son los coequiperos

Con el mismo orden:

• 384: María Del Mar Mosquera C. Ingeniería Informática. Universidad Autónoma de Occidente, UAO. (Colegio Patricio Symes)
• 377: Juan Yessid Garcés H. Ingeniería de Sistemas. Javeriana Cali (CE Bahía de Buenaventura)
• 362: Andrés Felipe Díaz Montoya. Ingeniería de Sistemas. Icesi (IE Icoterpo)
• 361: Lauren Sofía Valencia Contreras. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 343: Iliana Samara Córdoba Lozano. Derecho. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 316: Dinka Isabela Cabezas Arboleda. Psicología. Icesi (Normal Superior Juan Ladrilleros)
• 341: Juan Sebastian Mina Quintero. Ingeniería Informática. UAO (IE Icoterpo).

Conocedor experimentado de los bálsamos que mantienen satisfecho el ego del presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron se inventó la idea de invitarlo a un banquete en el Palacio de Versalles. Al tiempo que hacerle mantenimiento al ánimo de quien se cree presidente del mundo, le hizo notar, sin decir una palabra, la inigualable magnificencia de Versalles, y sus abismales diferencias respecto de Mar a Lago y del salón de baile con el que Donald Trump pretende inmortalizar su paso por la Casa Blanca. 

Abrumado por las nebulosas del conflicto con Irán, y en busca de arreglo urgente a ese lío al que lo empujaron y del cual no hay salida clara, Trump firmó en una mesa de Versalles un Memorando de Entendimiento que le pone un poco de orden a unas discusiones de futuro incierto. 

A pesar de las apariencias, el documento firmado es apenas un ejercicio de aproximación entre dos Estados que se ponen de acuerdo sobre la forma como podrían llegar a solucionar sus diferencias por la vía del diálogo. Se trata de una hoja de ruta que, si bien demuestra la voluntad de las partes de discutir en vez de darse cañonazos, no genera compromiso jurídico entre sus signatarios. En otras palabras: nos vamos a sentar a hablar, para ver si en un tiempo determinado podemos llegar a algún acuerdo. 

El 21 de junio, a pesar de ciertas dudas sobre la efectiva realización del encuentro, y arreglados problemas de protocolo, como que los iraníes no querían ser vistos junto a los americanos, comenzaron las nuevas conversaciones. El vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado de un socio de negocios inmobiliarios y del yerno del presidente, se sentaron en Buergenstock frente al ministro de relaciones exteriores de Irán. Con Pakistán como intermediario. 

A pesar de que Washington trató de vender el memorando, y las conversaciones, como un trofeo diplomático, queda por delante una agenda en la que ya no pueden figurar asuntos como el “cambio inmediato de régimen”, la “intervención en la escogencia de nuevo líder supremo de la revolución islámica”, la “rendición inmediata e incondicional”, y el “total desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán”, que al principio se plantearon con mucho ruido y jamás se pudieron conseguir. 

Excluidos esos fracasos, que se ocultan como si jamás hubieran existido, la idea es ahora ocuparse de las sanciones contra Irán, la situación en El Líbano con la presencia de Hezbollah, el apoyo a Hamas en Gaza y a los hutíes de Yemen, la navegación por el Estrecho de Ormuz, y los límites al armamentismo iraní, además de la distensión en todo el Golfo Pérsico. 

El hecho de emprender ahora conversaciones demuestra que Irán soportó la política de máxima presión, que combinaba las tradicionales sanciones en su contra con un inclemente ataque militar en asocio de Israel, y que, además, tuvo manera de responder con misiles y drones, y desacomodar la situación de los socios de Estados Unidos en la región. Además de golpear bases americanas, que sirvieron de muy poco a la hora de defender a sus propios aliados.

En materia nuclear, Irán ha anunciado la suspensión de actividades de enriquecimiento de material nuclear mientras duren las conversaciones. Quedó claro que no era cierto que sus stocks de material nuclear serían entregados a los Estados Unidos. Además, se reiteró la “inexactitud” del pomposo anuncio de que las instalaciones nucleares iraníes habían sido “obliteradas” en junio del año pasado. Y no está para nada claro qué sucedería en esa materia si las conversaciones llegan a colapsar.  

Quedaron liberados, de entrada, 300 billones de dólares iraníes que estaban retenidos en el sistema bancario internacional. Su liberación constituye un triunfo para el gobierno islámico, que puede destinar esos fondos a la reconstrucción de su infraestructura, el restablecimiento de sus líneas de suministro, el alivio de las condiciones de vida de la gente, afectadas por años de aislamiento, y el fortalecimiento del esquema de sus alianzas en la región. Los Estados Unidos no reciben nada específico a cambio de esta concesión. 

Todo lo anterior se convierte en componente de fortalecimiento político del régimen, y pospone su desprestigio y su decadencia, que eran evidentes a raíz de la brutal represión del año pasado, pero vinieron a quedar eclipsados en febrero con el ataque americano-israelí. Al asesinar brutalmente a un anciano, que era el padre de la nación para millones de iraníes, se acalló de paso la protesta y se facilitó automáticamente un nuevo aire a los ayatolas. 

El asunto del Estrecho de Ormuz es, y seguirá siendo, un elemento de dificultad que no existía antes del ataque a Irán. Los antecesores de Trump aceptaron el consejo de sus estrategas en el sentido de no lanzarse a la aventura de emprender una guerra contra la República Islámica, entre otras cosas para no darle a ésta última motivo para cerrar el estrecho, con las consecuencias de todo tipo que el cierre conlleva. Y para no establecer un precedente difícil de erradicar. 

Si bien el memorando habla del paso seguro y la contención mutua en cuanto al cierre del Estrecho, no existe un manual para la observación de ese compromiso. Tampoco existe un mecanismo y mucho menos un órgano de supervisión, ni definición alguna sobre aquello que puede constituir una infracción de la libre navegación por el sector. De manera que las mismas partes quedan al tiempo obligadas a cumplir el arreglo provisional, pero pueden salirse del mismo con cualquier disculpa. 

La situación del Líbano, que Irán insiste en incluir en cualquier acuerdo, y que figura en el memorando de manera ambigua, es tan difícil de arreglar como la del Estrecho. Y es que en ese ítem aparecen Israel y Hezbollah. El primero, que no ha firmado nada y muy difícilmente va a dejar de empujar dentro del territorio libanés para destruir a un enemigo a muerte que se refugia allí. El segundo porque es una prolongación del poder político, militar y religioso de Irán, que no está dispuesto a abandonar. 

El factor israelí afecta severamente cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Los israelíes no aceptarán arreglo alguno firmado por otras partes pasando por encima de sus intereses. Israel es de los muy pocos países que se puede dar el lujo de sostener un desacuerdo cordial con los Estados Unidos, sin que estos se atrevan a tomar decisiones que afecten a su más importante aliado en la región. Y ya es bien claro que Israel se reserva el derecho de actuar de manera independiente, sin sentirse obligado por lo que negociadores estadounidenses e iraníes lleguen a convenir.

Si a lo anterior se suma una situación cada vez más tensa, por decir lo menos, al interior de los Estados Unidos, como consecuencia de la aventura imprevista de una guerra de agresión en el medio oriente, por parte de un presidente que había gritado a los cuatro vientos que no cometería la estupidez de comprometer al país en guerras ajenas y lejanas, el cuadro en general no resulta favorable para Trump. 

Avanza el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre, que renovarán parcialmente el congreso. Los porcentajes de rechazo a la guerra crecen, no necesariamente por motivos políticos o estratégicos, que a la gente no le importan o no entiende. Se trata del bolsillo. Se trata del costo de la vida cotidiana, que se suma a un estado de ánimo afectado por una actitud errática, en lo de la guerra y en otros aspectos, que si bien produce euforia entre fanáticos “trumpistas” genera exasperación no solo entre los más liberales sino entre los mejor educados. 

Lo peor, para el presidente, es que por más que consiga, a un costo altísimo, de pronto con el sacrificio político de su vicepresidente, un arreglo con Irán, el acuerdo al que se llegue será en el mejor de los casos parecido al que hace once años consiguió el presidente Obama. Acuerdo cuidadosamente negociado y suscrito por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea; refrendado además mediante resolución por el Consejo de Seguridad.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cuenta con funcionarios de carrera experimentados en el seguimiento analítico de los procesos más variados de la vida internacional. También cuenta con negociadores profesionales que conocen el “art of the deal” en un contexto muy distinto del de los negocios inmobiliarios y la ley de la selva de Manhattan, donde se suele mentir, amenazar, dar la espalda, y cambiar súbitamente de opinión, como elementos de “negociación”, con la opción, siempre abierta, de que el negocio no se llegue a hacer. Con lo cual todo lo que se pierde es alguna oportunidad de enriquecimiento.

Negociar con Irán bajo la guía de un vicepresidente inexperto y dos empresarios de finca raíz, acostumbrados a defender sus intereses individuales, se aleja de lo requerido en negociaciones diplomáticas, en las que están de por medio los intereses públicos. 

La suerte de millones de personas depende otra vez de un documento firmado, sin contraparte presente, por un presidente estadounidense exhausto, en el Palacio de Versalles, donde hace poco más de un siglo se firmó alegremente un tratado que solo sirvió para posponer los arreglos de cuentas entre las potencias europeas de la época. 

El presidente iraní firmó desde Teherán, a sabiendas de que las cosas van a marchar al ritmo que a su país más le convenga, pues se trata de su vecindario, está acostumbrado a la dureza de sanciones ahora un poco aliviadas y no tiene el afán de unas elecciones prontas, de una opinión pública cada vez más molesta. Tampoco a la presión de aliados que no se someten a lo que otros pretendan pensar por ellos.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Su principal desafío no será la izquierda, ni Iván Cepeda o Gustavo Petro, ni siquiera la oposición. Su verdadero reto será gobernar una Colombia que ya no se parece al país que conocieron los últimos gobiernos de derecha. Es tentador interpretar su llegada al poder como un regreso a fórmulas que parecían conocidas. Sin embargo, casi todas las condiciones materiales, sociales y culturales que definieron aquellas épocas han cambiado profundamente.

También conviene entender quién es el hombre detrás del personaje. Aunque nació en Bogotá en 1978, Abelardo de la Espriella pertenece culturalmente a un sector privilegiado de la costa que mezcla el orgullo regional con una ambición desbordada. Creció en Montería, en una familia profundamente vinculada al derecho y al servicio público. Su padre fue magistrado y notario; el mundo de las leyes estuvo presente desde temprano en su formación. Estudió en La Salle de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho. Mucho antes de imaginar una carrera política, ya parecía interesado en otra forma de poder: la capacidad de persuadir, de negociar y de imponerse mediante la palabra.

Antes de ser candidato, antes de convertirse en fenómeno político, construyó una reputación nacional como abogado litigante. Durante más de dos décadas cultivó una imagen poco habitual en las élites colombianas: la del abogado exitoso que no ocultaba el éxito. Mientras buena parte del establecimiento tradicional prefería la discreción, él convirtió la prosperidad en una marca personal. Trajes finos impecables, relojes visibles, automóviles exclusivos, ópera italiana, redes sociales y una narrativa permanente de triunfo individual. Para sus admiradores era la demostración de que en Colombia todavía era posible ascender; para sus detractores, una exhibición excesiva. En cualquier caso, logró algo poco frecuente: transformarse en personaje antes de convertirse en político.

Como ocurre con casi todos los abogados que alcanzan notoriedad pública, su trayectoria profesional también estuvo acompañada de controversias. A lo largo de los años representó a empresarios, dirigentes políticos y figuras envueltas en disputas judiciales de alto perfil, lo que alimentó tanto su fama como las críticas de sus adversarios. Sin embargo, conviene poner ese hecho en perspectiva. Los grandes abogados suelen encontrarse precisamente donde están los conflictos más complejos, los intereses más grandes y los casos más controvertidos. Ocurre en Colombia y ocurre en todas partes. Los despachos más prestigiosos de Nueva York, Washington, Londres o París han construido buena parte de su reputación defendiendo clientes polémicos, impopulares o sometidos al escrutinio público. El prestigio de un litigante rara vez se construye administrando asuntos sencillos; suele forjarse navegando las tormentas que otros prefieren evitar.

De hecho, la paradoja de los abogados célebres es que su reputación suele depender menos de los clientes que generan consenso que de aquellos que dividen a la opinión pública. La historia de la profesión está llena de juristas admirados que defendieron causas impopulares. No porque compartieran necesariamente las ideas o conductas de sus representados, sino porque entendían que el derecho existe precisamente para operar donde las pasiones políticas, morales o sociales vuelven más difícil la defensa.

Pero hablemos de nuestro país; Colombia dejó de ser una sociedad predominantemente rural. La pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales, pero sus dimensiones y características son distintas a las de hace dos décadas. La natalidad se ha reducido de manera sostenida. Las ciudades concentran cada vez más las tensiones económicas, políticas y culturales. Y quizás el dato más importante de todos: las izquierdas nunca habían acumulado tanto poder institucional, burocrático, académico y cultural como el que poseen hoy.

La victoria de Petro no fue una anomalía histórica. Fue la expresión de transformaciones profundas que continúan presentes en la sociedad colombiana. La salida de la izquierda del gobierno no implica su desaparición como fuerza política. Por el contrario, seguirá siendo un actor central en la disputa por el rumbo del país.

Por eso, los cuatro años del tigre no serán una restauración del pasado. Serán una prueba de adaptación al presente.

En ese escenario aparece una figura fundamental: José Manuel Restrepo. Mientras el presidente encarna la visión política, Restrepo representa la capacidad de convertir las ideas en resultados. Su trayectoria académica, su experiencia administrativa y su conocimiento del Estado lo convierten en una de las piezas más importantes del nuevo gobierno.

Toda administración necesita un estadista capaz de conectar la ambición con la ejecución. Gobernar no consiste en ganar discusiones en redes sociales ni en acumular titulares. Gobernar consiste en lograr que las instituciones funcionen, que la economía crezca, que la seguridad mejore y que los ciudadanos perciban cambios concretos en su vida cotidiana.

Abelardo llega al poder con ventajas que pocos presidentes han tenido. Cuenta con un sector amplio de los gremios, del empresariado y de la economía formal dispuesto a colaborar con su administración. La tecnocracia colombiana, una de las más sólidas de América Latina, parece estar a la orden para acompañar la ejecución de su proyecto.

Sin embargo, ninguna de esas ventajas garantiza el éxito.

Porque el ingrediente más complejo de su presidencia es otro: tendrá que hacerlo mejor que Petro.

En casi todo.

La seguridad, el crecimiento económico, la inversión, el empleo, la confianza institucional y la gestión pública serán comparados permanentemente con el gobierno anterior. Esa será la verdadera medida de su éxito o de su fracaso.

Y la presión será enorme.

Una parte importante de la izquierda y también sectores del centro encontrarán razones políticas para desear que su administración no funcione. No necesariamente por animadversión personal, sino porque la política rara vez se organiza alrededor del bien común. Con frecuencia se mueve alrededor de intereses, incentivos y cálculos de poder.

El fracaso del tigre podría convertirse en la principal plataforma electoral de sus adversarios dentro de cuatro años. El éxito del tigre, por el contrario, podría alterar profundamente el equilibrio político colombiano durante una generación.

Pero tampoco llegará con poder absoluto.

Hay instituciones que no puede desmontar, incluso si quisiera hacerlo. La Jurisdicción Especial para la Paz, la arquitectura jurídica derivada del proceso de paz y buena parte de las transformaciones institucionales de las últimas décadas forman parte de un entramado constitucional que no desaparece por decreto. Gobernar Colombia exige entender que existen límites. El poder presidencial sigue siendo enorme, pero ya no es omnipotente.

Y luego está Washington.

La relación con Estados Unidos será uno de los aspectos más interesantes de observar durante estos años. Nunca antes Colombia había tenido un gobierno tan naturalmente alineado con las prioridades estratégicas de Washington. Esa cercanía puede traducirse en respaldo diplomático, inversión, cooperación y oportunidades económicas. Pero también implica asumir presiones y obligaciones que ningún aliado puede ignorar.

Las peticiones de Washington, especialmente bajo una administración republicana fuerte, no siempre se percibirán como simples sugerencias. Habrá asuntos comerciales, migratorios, energéticos, de seguridad y de política regional en los cuales la autonomía colombiana será puesta a prueba. La cercanía con la potencia más influyente del mundo tiene ventajas evidentes. También tiene costos.

Quizás una de las mayores fortalezas de Abelardo sea algo menos visible que sus discursos: su ausencia de ingenuidad. Se trata de un dirigente extraordinariamente audaz, con una inteligencia política poco común y una comprensión bastante precisa de cómo operan el poder y los incentivos. Rara vez subestima a sus adversarios y difícilmente confunde los deseos con la realidad.

Esa virtud podría ser decisiva en una época donde la política suele castigar a los ingenuos con especial severidad.

Pero incluso la inteligencia tiene límites frente a la magnitud del desafío colombiano.

Porque el país que recibe no es únicamente una economía, una burocracia o un territorio. Es una sociedad fragmentada, diversa y muchas veces desconfiada. Millones de colombianos no votaron por él. Otros lo hicieron con entusiasmo. Muchos simplemente esperan resultados.

Todos son ahora sus gobernados.

Si uno escucha atentamente la visión que propone el nuevo presidente, aparece una idea relativamente clara de país: una nación de emprendedores, capitalista, respetuosa de la ley, defensora de la propiedad privada y convencida de que la generación de riqueza es una condición indispensable para derrotar la pobreza.

No es casualidad que la idea de la “Patria Milagro” venga de alguien que ha construido toda su narrativa pública alrededor del concepto de transformación personal. De la Espriella suele presentarse como un hombre que se hizo a sí mismo, un abogado que levantó una firma propia, diversificó negocios y convirtió su nombre en una marca. Su visión de país parece reflejar esa misma experiencia vital: una Colombia de propietarios, emprendedores y creadores de riqueza antes que una Colombia organizada alrededor del Estado.

La llamada “Patria Milagro” es una idea poderosa. Como concepto político y de comunicación, resume una aspiración nacional de prosperidad, orden y confianza. Pero precisamente por eso representa un reto enorme. Las grandes promesas siempre generan grandes expectativas.

Y las expectativas son el terreno más peligroso para cualquier gobierno.

Porque los milagros, en política, no existen. Lo que existen son administraciones capaces o incapaces de producir resultados.

Los cuatro años del tigre ya comenzaron.

Todavía es demasiado pronto para saber si esta presidencia marcará un punto de inflexión en la historia nacional o si terminará convertida en una estación más dentro del largo ciclo de promesas y decepciones que caracteriza a la política colombiana.

Por ahora, el tigre ha llegado al poder.

Ahora Colombia empezará a descubrir el color de sus rayas.

No se trata de una discusión menor. Los ministros que acompañen al presidente electo serán los encargados de convertir en realidad las promesas formuladas durante la campaña. Y en el caso particular de Abelardo de la Espriella, la expectativa es aún mayor debido al anunciado plan de choque con medidas de implementación inmediata, acciones proyectadas para los primeros noventa días y resultados concretos durante los primeros meses de gobierno.

Dentro de ese equipo ministerial existe una cartera cuya importancia será determinante para el éxito o fracaso de buena parte del programa de gobierno: el Ministerio de Justicia.

Durante la campaña presidencial se prometió fortalecer la independencia judicial, garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, combatir la corrupción desde la contratación pública, reducir la impunidad y enfrentar el hacinamiento penitenciario mediante la construcción de diez megacárceles. Se trata de una agenda ambiciosa que requerirá no solo liderazgo político, sino también un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.

Por esa razón, la elección del próximo ministro de Justicia no puede obedecer exclusivamente a consideraciones políticas ni a recompensas derivadas de la campaña electoral. El país necesita que esa responsabilidad recaiga sobre una persona que combine solvencia jurídica, experiencia administrativa y capacidad de interlocución con las altas cortes, la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control.

En ese escenario han comenzado a sonar diversos nombres. Entre ellos aparecen el constitucionalista Mauricio Gaona, el penalista Iván Cancino y el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Los tres cuentan con reconocimiento profesional y, en diferentes grados, han mantenido cercanía con el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Iván Cancino fue, probablemente, una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña. Participó activamente en eventos, reuniones y espacios de opinión que contribuyeron a amplificar el mensaje del entonces candidato. Wilson Ruiz, por su parte, acompañó distintos momentos del proceso político y aportó la experiencia adquirida durante su paso por el Ministerio de Justicia y por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Mauricio Gaona mantuvo una posición más independiente, concentrado en sus actividades académicas y editoriales, aunque intervino de manera permanente en los debates relacionados con la separación de poderes, los pesos y contrapesos y la defensa de la Constitución.

No cabe duda de que los tres reúnen condiciones jurídicas suficientes para ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del Estado. Sin embargo, cuando se examina el desafío que enfrentará el próximo gobierno en materia de justicia, la experiencia institucional adquiere un valor particularmente relevante.

Las reformas prometidas no dependerán únicamente del conocimiento del derecho. Exigirán capacidad de gestión pública, relacionamiento con las distintas ramas del poder y comprensión de las dinámicas internas del Estado. En ese aspecto, la trayectoria de Wilson Ruiz como exministro y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura representa un diferencial significativo frente a otros perfiles.

No obstante, más allá de los nombres, el verdadero reto para el gobierno entrante consiste en construir un equipo capaz de garantizar la estabilidad institucional durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Justicia será una pieza fundamental, pero no la única.

Abelardo de la Espriella deberá comenzar desde ahora a pensar en las futuras postulaciones a cargos estratégicos para el equilibrio de poderes. Durante el próximo cuatrienio se producirán vacantes en organismos e instituciones de enorme relevancia para el funcionamiento democrático del país, entre ellas la Corte Constitucional. Asimismo, será indispensable fortalecer las segundas líneas de gobierno mediante la designación de viceministros y altos funcionarios con la preparación suficiente para asumir responsabilidades mayores en el futuro.

La transfiguración de una fiera destripadora

No deja de ser sorprendente esa transfiguración de una fiera depredadora, que en campaña hablaba de “destripar a la izquierda” y a sus miles de seguidores, ahora convertida en un aplomado abogado que cita el artículo 188 de la Constitución Política y dice encarnar y simbolizar la “unidad nacional” para proteger los “derechos y libertades de todos los colombianos”. Sin duda, asistimos al primer milagro de este taumaturgo que, con su vicepresidente tecnócrata, José Manuel Restrepo, convertido repentinamente en telonero del espectáculo, harán de toda Colombia una “Patria Milagro”. ¿Cómo entender esa transfiguración? Habrá que atribuirla a la alquimia constitucional que es capaz de transformar a un candidato “cargado de tigre” en un civilizado estadista, al menos en el discurso, faltará ver en la realidad, que es donde realmente importa. Por ahora, la Constitución no es más que un libreto protocolario para tranquilizar incautos.  De no cumplirla y solo recitarla, entonces estaremos frente a una grave esquizofrenia política y constitucional, parecida a la vivida y sufrida por su admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, que terminó abusando y cambiando un artículito de la sacrosanta Constitución del 91. Hasta llegó a decir que el Estado de opinión era superior al Estado de derecho. Es probable que también el Tigre llegué a afirmar que la salvación de la Patria está por encima de la Constitución. Pero, como tanto gusta al Tigre Abelardo hablar de extrema coherencia, vamos analizar someramente algunos apartes de su discurso que develan extremas contradicciones e incoherencias. Vamos hacerlo en dos entregas, empezando esta con el significado que le asigna a la Patria y el alcance de su consigna: “Firmes por la Patria”.

¿De cuál Patria nos habla?

Nos habla sobre todo de la Patria de los negocios y los grandes mercaderes, de sus inversiones y su codicia sin límite, que no depararán en la depredación de nuestra portentosa biodiversidad, utilizando el fracking para “perforar, perforar y perforar”, en asocio con petroleras internacionales y de MAGA, como lo pregona y hace Trump en America First, sin escatimar los daños irreversibles causados al planeta y la actual catástrofe climática. No demorará Trump en proponerle extender sus inversiones hoteleras y campos de golf para hacer de Barranquilla la Miami del Caribe, así como lo hizo con su cómplice genocida, Netanyahu, para convertir a Gaza en la Riviera del Oriente Próximo. Es muy probable que ambos, con ese espíritu de empresarios que tienen, terminen haciendo buenos negocios con la asesoría del vicepresidente, José Manuel Restrepo, que será el vendedor internacional de la marca Colombia, como ya lo anunció el Tigre, invitando a Elon Musk para que ensamble sus Teslas en Medellín y se interese por explorar las tierras raras que necesita su empresa espacial. Así irán haciendo de la Colombia Milagro un Dorado para un selecto grupo de emprendedores nacionales e internacionales, con el apoyo de todos los gremios y el corifeo de los grandes medios de comunicación. Hasta acabarán convenciéndonos a todos de ese milagro económico que eliminará en pocos meses la pobreza, la economía informal y hasta el desempleo, por lo cual no serán necesarias políticas sociales, si acaso subsidios puntuales.

Primero la seguridad, matriz de la paz

Pero, para ello, antes se necesitan los héroes de la Patria, esa legión de abnegados militares que ofrendarán sus vidas por la seguridad, matriz de la paz, que todos disfrutaremos en 90 días en los campos y ciudades, gracias a miles de ciudadanos “firmes por la Patria”, como otrora lo hicieran Carlos Castaño en compañía de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna con los buenos muchachos del DAS. A todos ellos asesoró el Tigre y condujo desinteresadamente por los caminos de la desmovilización en compañía de su colega, Mario Iguarán, entonces viceministro de justicia en el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, con la asistencia del audífono en su oído derecho, recitó el Tigre la Oración Patria que rezan los militares para insuflar su espíritu de valor y así sacrificar sus vidas en defensa del patrimonio y la Patria de unos pocos. Esa es la esencia del patriotismo y el alcance de ese grito estentóreo: “Firmes por la Patria”. Tampoco podía faltar en su discurso la defensa a ultranza de la democracia, del respeto a la separación de las ramas del poder público, de las libertades ciudadanas y de las garantías al senador Iván Cepeda para el ejercicio de la oposición, siempre y cuando no se le ocurra promover la subversión, es decir, liderar protestas y movilizaciones ciudadanas en defensa de derechos sociales conquistados durante el gobierno del cambio. Porque es muy curioso que, para el Tigre, como para casi todo el establecimiento y sus poderosos gremios, en Colombia no existe el Estado Social de derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución, pues solo nos hablan del Estado de derecho. Pero sobre esa peculiar concepción del Estado y la democracia trataré en la segunda parte, ya que requiere un análisis más detallado y extenso de ese espectacular y emotivo discurso pronunciado, mejor recitado, gracias al discreto audífono instalado en su oído derecho, en medio de cánticos gloriosos y ese deslumbrante juego de luces de navidad en “La Ventana al mundo”.

La muestra “Air”, abierta hasta agosto de 2026, exhibe la instalación de gran formato “Air Package on a Ceiling” concebida para interiores por Chirsto y Jeanne-Claude en 1968.

Por limitaciones técnicas no se pudo exhibir, así que ahora se puede ver por primera vez.

En los años 60, Christo y Jeanne-Claude exploraron con su propuesta artística el aire, como algo invisible, intangible y esencial, el cual envolvían y sellaban en paquetes transparentes de polietileno atados con cuerda.

La exposición cuenta con material de archivo y con la obra “Automóvil envuelto: Volvo, modelo PV-544 (1981)”, que no se había expuesto en 30 años.

Christo y Jeanne-Claude crearon monumentales obras de arte público efímeras que transformaban paisajes utilizando materiales cotidianos.

-> Información e imágenes cortesía de Imagen cortesía de la galería Gagosian de Londres. https://gagosian.com/exhibitions/2026/christo-air/

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

En este momento conviene recordar que la grandeza de una democracia se mide tanto por la conducta de quienes asumen el triunfo como por la manera en que los demás asimilan la derrota. El escrutinio y los recursos electorales forman parte, por supuesto, de las garantías del sistema y deben ejercerse plenamente. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre acudir a las instituciones con evidencias concretas y sembrar, como estrategia política, una sospecha generalizada sobre la legitimidad de todo el proceso. Las autoridades electorales, los testigos de las campañas y las misiones nacionales e internacionales de observación acompañaron la elección y ofrecieron un parte general de tranquilidad. Sería, por tanto, gravísimo sentar el precedente de que un resultado solo se reconoce cuando favorece a un determinado sector.

Reconocer un resultado adverso no significa abandonar las convicciones ni renunciar al control político, sino aceptar que las diferencias se tramitan mediante el derecho, la oposición y el debate público. Quienes no obtuvieron el respaldo mayoritario tienen ahora el deber de ocupar un espacio esencial: el del contrapeso democrático. Este será un paso necesario para avanzar hacia la estabilidad democrática del país.

Sin embargo, la responsabilidad principal ante el país recaerá en quien gobernará durante los próximos cuatro años. El estrecho resultado electoral demuestra que, junto al país que respaldó el nuevo rumbo, existe otro, prácticamente equivalente en número de votos, que expresó una visión distinta sobre el futuro de Colombia. Reconocer su existencia, sus preocupaciones y sus expectativas será fundamental.

El nuevo presidente electo tendrá que gobernar para quienes celebran su victoria, para quienes la observan con expectativa y también para quienes votaron en su contra. Así como los derrotados deben reconocer la voluntad expresada en las urnas, el vencedor tendrá la obligación de no interpretar el resultado como un cheque en blanco, menos aún en las profundas tensiones políticas que atraviesa actualmente el país.

Esa responsabilidad se hará especialmente visible en el Congreso. La composición del Senado y la Cámara de Representantes no le otorgará automáticamente una mayoría al nuevo Gobierno. Cada reforma relevante exigirá diálogo y la construcción de acuerdos. La gobernabilidad será uno de los mayores desafíos del próximo cuatrienio y no podrá sostenerse exclusivamente en negociaciones burocráticas ni en coaliciones improvisadas en torno a cada votación.

El país necesitará, entonces, consensos programáticos y amplios sobre asuntos esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional, la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Construir esos acuerdos no significará renunciar al programa elegido por la ciudadanía, sino comprender que las transformaciones duraderas, en una sociedad pluralista y profundamente dividida, rara vez pueden imponerse desde una sola orilla.

Esa voluntad de concertación deberá estar acompañada por una administración capaz de convertir las decisiones políticas en resultados concretos. El nuevo Gobierno llega con un mensaje contundente y una oportunidad invaluable para recuperar la confianza ciudadana, restablecer el orden y devolverle a la administración pública su capacidad de ejecución. Para que esa visión trascienda el discurso y se convierta en realidad, la arquitectura gubernamental deberá sustentarse en un equipo excepcional.

La conformación del gabinete será una de sus primeras y más reveladoras decisiones. Colombia necesitará ministros y altos funcionarios con las más altas calidades académicas, técnicas, profesionales y éticas. No bastará con premiar la lealtad. El momento histórico exigirá conocimiento sectorial, experiencia administrativa, independencia de criterio, integridad comprobada y capacidad para generar resultados.

En esa arquitectura, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, podrá desempeñar un papel fundamental. Su trayectoria académica, su conocimiento de la economía y su experiencia en la administración pública pueden contribuir a traducir las prioridades políticas en decisiones técnicamente responsables. Una Presidencia impulsada por el liderazgo y la autoridad, acompañada por el rigor técnico y la capacidad gerencial, puede constituir una fórmula prometedora.

No obstante, el éxito del Gobierno no dependerá de una sola figura. Ese estándar de idoneidad deberá extenderse a todo el gabinete, a las entidades descentralizadas, a las superintendencias y a la representación diplomática. Colombia no necesita sustituir una improvisación por otra, sino construir un Estado que combine orientación política con evidencia, capacidad de ejecución con responsabilidad fiscal y autoridad con respeto por los procedimientos.

A esa exigencia de idoneidad deberá sumarse la coherencia. El presidente tendrá que ser fiel a su palabra, y la ciudadanía tendrá derecho a exigir correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y lo ejecutado desde el Gobierno. Cuando alguna propuesta deba modificarse por razones fiscales, jurídicas o institucionales, será indispensable explicarlo con transparencia.

Sobre esa base, uno de los frentes prioritarios será la recuperación de la seguridad. El país espera resultados frente al fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales, la extorsión y la pérdida de control territorial. Recuperar la autoridad estatal requerirá inteligencia, coordinación institucional, presencia efectiva en los territorios y una estrategia que articule seguridad, justicia y oportunidades económicas.

De manera paralela, será urgente recuperar la confianza en la economía. El nuevo Gobierno deberá generar condiciones para la inversión, proteger la estabilidad fiscal, impulsar la productividad y reconstruir una relación de confianza entre el Estado, el sector privado y los territorios. El crecimiento no podrá concebirse como una simple abstracción estadística: deberá traducirse en empleo formal, movilidad social y oportunidades reales para las regiones históricamente más rezagadas.

Tanto en materia de seguridad como en la conducción económica, el ejercicio del poder requerirá una profunda sabiduría republicana. Recuperar la autoridad no implica desconocer la crítica, debilitar el pluralismo ni ignorar que, en la orilla contraria, existen preocupaciones legítimas sobre el futuro de la nación. Gobernar con sentido de Estado supone ejercer el poder con firmeza, pero también con límites claros, respeto institucional y conciencia de la diversidad del país.

Esa misma madurez deberá reflejarse tempranamente en la política exterior. La intención manifestada por el presidente electo de sanar y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos constituye un punto de partida pragmático y necesario, dada la importancia de ese país para el comercio, la seguridad, la inversión y buena parte de la cooperación internacional de Colombia.

Al mismo tiempo, el país necesitará una política exterior profesional, diversificada y estable, capaz de defender el interés nacional, reconstruir alianzas y ampliar su presencia en otras regiones. Las relaciones internacionales no pueden seguir dependiendo de afinidades ideológicas, impulsos personales ni de controversias dirimidas en redes sociales. Para avanzar en esa dirección será indispensable reconstruir las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Colombia no puede seguir desmantelando su servicio exterior en nombre de las ideologías de turno y crear condiciones para que los mejores talentos de las regiones puedan formarse, ingresar a la carrera diplomática y representar al país con excelencia, nivelando por lo alto y no por lo bajo el servicio exterior.

Pero la proyección internacional de Colombia no dependerá únicamente del cuidado de sus relaciones exteriores. También estará determinada por su capacidad para educar, producir conocimiento, innovar y formar el talento que las transformaciones productivas y científicas contemporáneas demandan. Por ello, la recuperación del país deberá sustentarse en una gran apuesta nacional por la educación, la ciencia y el conocimiento.

Colombia no podrá resolver sus problemas de productividad, desigualdad, violencia y debilidad institucional mientras la educación continúe tratándose como un sector aislado y no como el fundamento de su desarrollo. El nuevo Gobierno tendrá que reducir las profundas brechas entre territorios, mejorar la calidad en todos los niveles y garantizar que el origen social o el lugar de nacimiento no sigan determinando las posibilidades de cada ciudadano.

Esta apuesta exigirá dignificar la profesión docente, fortalecer las instituciones educativas y construir una formación que responda a los grandes desafíos sociales, culturales, científicos y productivos del país. Colombia necesita una educación que no solo prepare para el trabajo, sino que forme ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar en la vida democrática, convivir con la diferencia y contribuir a la transformación de sus comunidades.

En ese horizonte, la ciencia, la tecnología y la innovación deberán dejar de ocupar un lugar periférico en las decisiones del Estado. Un país que no produce conocimiento queda condenado a depender de las soluciones, tecnologías y prioridades definidas por otros. Fortalecer la investigación, respaldar el talento nacional y articular las capacidades de las universidades, las empresas, el Estado y los territorios será indispensable para diversificar la economía, enfrentar los cambios tecnológicos y construir una verdadera sociedad del conocimiento.

Todas las universidades, en el marco de un sistema mixto de educación superior revitalizado, deberán desempeñar un papel central en este propósito. Estas no son únicamente espacios de formación profesional, sino instituciones capaces de generar conocimiento, impulsar la innovación, fortalecer la cultura democrática y conectar los territorios con oportunidades nacionales e internacionales. Convertirlas en aliadas estratégicas permitirá que la transformación del país no se concentre en unas pocas ciudades, sino que nazca también de las capacidades, los saberes y las aspiraciones de sus regiones.

El Gobierno electo tiene, en suma, una oportunidad excepcional para corregir el rumbo, recuperar la confianza y fortalecer el Estado. Pero recibe también un país dividido, con enormes desafíos en materia de seguridad, productividad, desigualdad, conocimiento y presencia territorial. Su éxito no dependerá únicamente de la firmeza de sus decisiones, sino de su capacidad para construir consensos, conformar un equipo de las más altas capacidades y gobernar más allá de quienes depositaron su voto en él.

En este orden de ideas, el nuevo rumbo de Colombia deberá sostenerse en la autoridad, pero también en la sensatez; en la técnica, pero también en la sensibilidad social; en la convicción, pero también en el respeto por la diferencia. Solo así será posible consolidar instituciones sólidas y resguardar ese delicado y complejo sistema que sostiene nuestra democracia.

Tres pares de medias térmicas y otras de lana. Dos licras. Dos pantalones. Suéter, chaqueta. Guantes plásticos hasta el hombro y un traje de pescador de cuerpo completo. Con estas prendas se prepara el profesor Mario Londoño antes de cada inmersión en el océano Antártico. Lo esencial, explica, es evitar que el agua, con una temperatura inferior a la de un refrigerador, toque alguna parte del cuerpo.

Una vez abajo, el fondo marino se convierte en su laboratorio. Con ayuda de una pala remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de gusanos marinos casi imperceptibles: los poliquetos (Polychaeta). En estos organismos diminutos, enterrados en la arena, Londoño busca respuestas sobre la temperatura, la acidez y la salud del agua.

Ese mismo trabajo lo ha hecho durante más de dos décadas en el Caribe colombiano, aunque con muchas menos capas de ropa. Allí ha estudiado a los poliquetos como bioindicadores del estado ecológico de los ecosistemas marinos. Estos invertebrados acuáticos habitan el fondo oceánico, se alimentan del sedimento y su presencia, o ausencia, puede revelar alteraciones ambientales, contaminación o cambios en la dinámica del océano.

Con esa experiencia a cuestas, Londoño ha participado en cuatro de las 12 expediciones científicas que Colombia ha realizado en la Antártida, uno de los lugares donde el calentamiento global muestra avances más acelerados. Allí el investigador estudia cómo responden estos gusanos al aumento de la temperatura y a la acidificación del mar, y qué pueden anticipar sobre el futuro de la vida oceánica.

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En entrevista con Mongabay Latam, Mario Londoño habla sobre sus más de 20 años estudiando poliquetos, los hallazgos que han dejado las expediciones colombianas al continente blanco y las preguntas que estos organismos plantean frente al avance del cambio climático.

—¿Cómo llega usted a estudiar los poliquetos?

—Siempre quise estudiar organismos marinos, los que no todo el mundo quiere estudiar. Quienes se han dedicado al mar han preferido estudiar delfines, ballenas, tortugas marinas, todos estos animales carismáticos, pero yo quise irme por un grupo que no fuera tan estudiado.

A finales de los 90, un profesor del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional con sede en San Andrés, Colombia, me ofreció estudiar unos gusanos marinos asociados a las raíces de los manglares de San Andrés y Providencia. Me pareció que era una muy buena oportunidad para trabajar con organismos que no fueran ampliamente estudiados en Colombia.

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—¿Por qué es importante estudiar los poliquetos? ¿Qué se puede conocer a través de estos gusanos?

—Todos los grupos tienen su importancia ecológica, solo hay que descubrirla. La importancia de los gusanos marinos es que son indicadores de la calidad del agua. Algunos de ellos resisten condiciones extremas de contaminación, por lo tanto, si uno encuentra estos organismos, pero no otros, uno puede decir que esa agua está contaminada. Por el contrario, si uno encuentra aquellos que son muy sensibles a la contaminación es porque esa agua está poco contaminada.

De esta forma se van convirtiendo en bioindicadores del estado de salud del ecosistema. No solamente en cuanto a contaminación sino también a nivel ecológico sin intervención humana. Si están presentes es porque hay un recurso alimenticio debajo de ellos y ellos son a la vez el recurso alimenticio de otros organismos. Así como los tiburones son carismáticos por su forma y comportamiento, los gusanos marinos tienen el carisma de revelar secretos del ecosistema.

—Usted investiga los poliquetos en las costas de Colombia. ¿Cómo terminó vinculándose a las expediciones científicas que ha hecho el país en la Antártida?

—Me involucré en la segunda expedición (2015/2016) para estudiar los gusanos marinos como indicadores de la riqueza de biodiversidad en el lugar que teníamos más cercano y con más posibilidades de estudiar, que era la Isla del Rey Jorge en la Península Antártida.

Para la tercera expedición colombiana nos planteamos la pregunta de si la Península Antártida es la que más está cambiando con el impacto del aumento de la temperatura superficial del océano. ¿Cómo este cambio climático afectará a estos gusanos marinos? ¿Qué pasaría si estos gusanos se estuvieran acalorando? ¿Cuál sería la respuesta fisiológica de ellos? Para nosotros es muy fácil: respirar y tomar agua fría, pero ellos no tienen esa opción, no pueden evadir este aumento de la temperatura.

Entonces, lo que hicimos fue estresar térmicamente a los gusanos y evaluar fisiológicamente, a través de biología molecular, cuál es su respuesta a todo el estrés celular que provoca el aumento de la temperatura. Los estresamos a 2 y 4 grados centígrados por encima de la temperatura en la que los encontramos.

—¿Al poner los gusanos a una temperatura mayor a la que se encuentran, se busca predecir cómo se van a comportar cuando el océano llegue a ese punto?

—Exactamente. Lo que estamos viendo en este momento, y hacia el futuro cercano, es un evento acelerado de cambio climático donde la temperatura superficial del océano va a aumentar en la Antártida, en el Caribe, en todas partes. Por lo tanto, los organismos, no solamente los gusanos marinos, sino todos, van a tener que resistir ese aumento de la temperatura superficial. Si no resisten, van a desaparecer. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en la Antártida lo estamos haciendo en el Caribe colombiano para evaluar qué grupo de organismos va a resistir más ese efecto del aumento de la temperatura y cuáles podrían extinguirse en un futuro cercano.

Lo que hemos encontrado es que los gusanos y, en general, los organismos antárticos, tienen mayor resistencia al cambio de temperatura que los caribeños porque en el trópico no cambia tanto el rango de temperatura en el océano, mientras que en la Antártida el cambio es mucho más fuerte. Entonces, la fisiología de los gusanos marinos está adecuada a esos grandes cambios a lo largo del año. Tenemos una hipótesis que estamos corroborando, en la que pensamos que los organismos antárticos posiblemente sean los que más resistan un evento de estrés térmico en el océano, más que los tropicales. Los gusanos marinos nos están mostrando cómo está cambiando el océano.

—¿Cuál es la especie de gusano que están estudiando puntualmente y por qué?

—Se llama Microspio moorei. Lo seleccionamos porque lo encontramos en abundancia, sobrevive mucho tiempo y se puede tener muy fácilmente cautivo en peceras porque es del tamaño de un grano de arroz.

Lo interesante de este gusano es que no se había identificado desde 1911, cuando el autor [Charles Gravier] lo hizo por primera vez para la ciencia. Nosotros, al hallar un montón de organismos, comparamos la descripción original y vimos que le faltaban muchos datos de morfología, entonces completamos toda esta información, [lo redescribimos] para que alguien que venga detrás de nosotros a estudiar este gusano sepa realmente cómo identificarlo.

Fue importante aclarar la taxonomía y la identidad del poliqueto para poder tener la seguridad de que estábamos trabajando con la misma especie.

Yo me encargo, entre comillas, del trabajo sucio: meterme al agua, recolectarlos e identificarlos desde la morfología. Mis colegas trabajan más desde la biología molecular. Esa combinación de áreas nos ha permitido incluso avanzar en la identificación de nuevas especies de gusanos para la ciencia en la Bahía Fildes.

—Ahora están realizando una investigación secundaria de este mismo tema, lo que llaman un espejo de investigación. ¿En qué consiste?

—A la par de que hacemos todo esto de biología molecular con cambio climático, estamos evaluando la diversidad y riqueza de especies de la Bahía Fildes porque la zona está llenándose cada vez más de buques, barcos, turistas e investigadores de otros países. Pensamos que el estudio de los poliquetos puede ser una oportunidad para estudiar el impacto ambiental de todo esto.

Hemos encontrado alrededor de 35 especies diferentes de poliquetos en la Bahía Fildes. Evaluamos estos organismos que son susceptibles o resistentes a los contaminantes ambientales, a la vez que estamos creando una base de datos con información que sirva para comparar en un futuro cercano la información: qué especies vienen, qué especies desaparecen, y eso nos va dando un flujo ecosistémico de deterioro o de cambio ambiental.

—¿Y qué cambios han podido identificar entre las diferentes expediciones?

—A nivel del océano hemos podido medir, siempre en febrero, un aumento de la temperatura del agua de alrededor de un grado centígrado entre la primera expedición y la última, que parecería muy poco, pero es demasiado. Por eso es que hemos insistido en el tema del estrés térmico.

En la expedición más reciente también empezamos a jugar con otra variable: la acidificación del océano. Hemos observado una disminución progresiva del pH, asociada a la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte del mar. Ese CO2 forma ácido carbónico y modifica lentamente la química del agua.

—¿Cómo funciona la articulación con otros países? ¿Qué aporta Colombia a la investigación en la Antártida?

—Nos tenemos que unir a aquellos que llevan un recorrido enorme en la Antártida, como Chile o Rusia. No podemos desconocer a aquellos países que han hecho tanta investigación y que nos están dando un espacio para que podamos ser países consultivos, que es lo que queremos.

En este momento somos un país adherente al Tratado Antártico, es decir, con voz pero sin voto. Al ser un país consultivo tendríamos voto y podríamos pensar incluso en instalar una base científica en la Antártida. Mientras no tengamos esa denominación tenemos que unirnos a quienes tienen experiencia. Nosotros, como biólogos en un país megadiverso, tenemos una experiencia enorme midiendo biodiversidad. Estamos más que preparados para estudiar la diversidad en la Antártida.

*Imagen principal: una pala es el instrumento con que el profesor Londoño remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de los poliquetos. Foto: cortesía Mario Londoño.

El artículo original fue publicado por Luis Bonza en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El mito de la voluntad ciudadana

Uno de los grandes mitos y supuestos de la democracia liberal, por estos días desmentido en todas las latitudes, es el ejercicio libre y soberano de la voluntad de cada ciudadano y ciudadana frente a las urnas. Entre muchas circunstancias, ya lo sabemos, porque esa voluntad es fácilmente manipulable por los algoritmos, la IA, la desinformación que circula vertiginosa por las redes sociales, pero sobre todo por la habilidad de algunos candidatos para seducir a millones de ciudadanos a partir de espejismos, miedos, esperanzas, frustraciones, prejuicios y odios, todo ello reflejado en el llamado marketing electoral, en la publicidad y las consignas que agitan durante sus campañas. Por eso, la voluntad ciudadana termina siendo más aquella configurada por los candidatos y sus estrategas de marketing electoral, que la decisión reflexiva, serena y argumentada de cada elector expresada en su voto en las urnas. Algo parecido a ese otro gran mito llamado “Bien Común”, que no preexiste como algo que se encuentre en el horizonte, sino que se construye difícilmente a partir de disputas, concesiones y transacciones entre múltiples intereses y valores en conflicto. Por eso es tan esquivo y muchas veces inexistente, como calamitosamente lo sufren millones de colombianos con el presupuesto objetivo de ese “bien común” que es la salud pública, convertida hoy en una calamidad pública. Pero volviendo al tema de las campañas electorales y sus lemas, ellas configuran y a la vez reflejan el tipo de voluntad ciudadana que terminan creando, estimulando y expresando en las urnas. Por eso vale la pena, aunque sea demasiado tarde, realizar un breve análisis de los símbolos, figuras y consignas de la campaña de Abelardo, favorito en las encuestas para ganar en esta segunda vuelta, y deducir de ellas no solo el tipo de voluntad ciudadana que es configurada, sino sobre todo el tipo de ciudadano y ciudadana que es llevado a las urnas supuestamente a defender la Patria.

Abelardo, el Tigre: “Firmes por la Patria”.

El mayor mérito de la campaña de Abelardo es su agresividad y brutalidad, cuyo trasfondo ha sido el miedo a la inseguridad y la exacerbación de prejuicios, frustraciones y odios contra la izquierda, que anunció destripar, para lo cual apela a un patrioterismo militar que desprecia la civilidad y sus rasgos distintivos, la racionalidad y los acuerdos, para sustituirla por la fuerza y el grito estridente de “Firmes por la Patria”, que desprecia los argumentos, las concesiones y transacciones. En una palabra, su consigna es la quintaesencia del autoritarismo y el militarismo, adobado y camuflado tras una constelación artificiosa de símbolos patrios, que no logran ocultar del todo la deformidad teratológica de los “tres huevitos” de Uribe: “Seguridad, inversión y cohesión social”. Por eso, las imágenes centrales de su campaña son tan violentas: un tigre que rasga con sus garras la bandera nacional, rompiéndola en tres franjas. Lo que presagia todo lo contrario de lo que debería ser el patriotismo, forjar la Unidad Nacional, como lo ordena la Constitución, dividiéndola en tres franjas o partes difíciles de remendar y reconciliar, que ignoramos por ahora cuáles pueden ser, pero es factible presumirlas. Una de ellas, desde luego, es el gran establecimiento, pues todos los gremios empresariales y grupos económicos lo han respaldado, tras bambalinas, como también lo han hecho todas las macroempresas electorales y clientelistas, que se autodenominan partidos políticos, y él se apresura a rechazar, pero que incondicionalmente le brindarán su apoyo de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo, el outsider

Sin duda, Abelardo es un excelente outsider, pues sus triunfos y goles los ha anotado fuera de lugar, jugando con personajes que en su mayoría han estado también fuera del campo de la legalidad, brindándoles su asesoría de avezado penalista, “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo” -según la expresión de Gabo en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”—como los paramilitares, David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab. Es decir, desde los mayores criminales de lesa humanidad, pues los “paras” superan en asesinatos, masacres y desapariciones a las extintas Farc-Ep, hasta los más representativos estafadores y lavadores de fortunas, por lo cual está en líos judiciales en Estados Unidos, dada sus penumbrosas relaciones con Alex Saab, testaferro de Maduro, y de otros implicados con el narcotráfico. Con semejante pasado, es explicable que haya tomado como mascota al tigre, un furioso felino depredador, que la única ley que respeta es la del más fuerte –algo que avergonzaría a cualquier abogado—y con el cual se identifican millones de sus electores, quienes revelan así una preocupante fascinación y admiración por la fuerza sin límites de una fiera. Una fiera que incluso podría devorarlos si los confunde con los corruptos que anuncia Abelardo serán la presa favorita del Tigre.

La ciudadanía no es una manada

También por eso, en sus mítines y entrevistas, Abelardo se refiere a sus seguidores como una manada que debe seguirlo incondicionalmente y en forma leal, sin considerarlos ciudadanos e incluso los invita a marcarlo en el tarjetón con una raya, acción propia de una fiera y no de un ciudadano. Ninguna escenografía más brutal y vergonzosa para una persona decente que esa conversión de las elecciones en un circo con fieras, donde es invitado a votar como un miembro más de una manada irracional, supuestamente para defender y salvar a la Patria. La pregunta obvia para todos ellos, sería ¿Convertirán la Patria en una selva donde gobernarán los más brutales y leales a un Tigre?  ¿Cuál sería el destino de esa Patria en manos de los más violentos y astutos? Conoceremos esas respuestas en menos de dos horas. En caso de imponerse la manada sobre la ciudadanía, nos llevará más de cuatro años volvernos a reconocer todos como colombianos, miembros de una nación democrática, y Colombia quedará mas rasgada y destrozada que la bandera de la publicidad electoral de El Tigre.