En Colombia, los apellidos no son solo herencia: son historia viva. Y a veces, también, destino.

En un momento decisivo para el país —cuando el escenario electoral abre la posibilidad real de que una mujer llegue por primera vez a la Presidencia de la República— mirar hacia atrás deja de ser un ejercicio erudito y se convierte en una necesidad política. Porque entender de dónde vienen nuestras élites, cómo se han formado y qué trayectorias han marcado su poder, es también una forma de comprender hacia dónde podría dirigirse la nación.

En esta edición de La Conspiración del Olvido, recibimos con mucho honor al autor de esta letras que siguen, al doctor Carlos Valdivieso, cirujano plástico, investigador independiente y apasionado genealogista, quien nos propone un viaje que trasciende el relato familiar para adentrarse en las raíces profundas de uno de los apellidos más influyentes en la historia colombiana: Valencia.

Ya en una publicación anterior, destacábamos su capacidad para reconstruir, con rigor y sensibilidad, el tránsito de ocho generaciones desde la llegada a América del almirante Bernardino García de Valdivieso. Hoy, ese mismo espíritu investigativo alcanza una nueva dimensión. Con un trabajo respaldado por fuentes históricas, archivos y estudios especializados, el doctor Valdivieso nos conduce por un recorrido fascinante donde convergen linaje, poder, conflicto y transformación social.

Su relato no es solo una reconstrucción del pasado. Es, ante todo, una exploración del carácter: del liderazgo, de las decisiones y de las tensiones que han moldeado a quienes han ocupado —y aspiran a ocupar— los más altos cargos del Estado. En un país donde la memoria suele fragmentarse o diluirse en el ruido del presente, este tipo de ejercicios se vuelve indispensable.

No es menor que, en el contexto actual, una figura como Paloma Valencia surja como una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia. Su nombre no solo encarna una opción política, sino también la continuidad —y en ella, la reinterpretación— de una historia larga, compleja y, en muchos aspectos, decisiva para Colombia.

En La Conspiración del Olvido, creemos que recordar es un acto de resistencia. Por eso, esta colaboración no es solo un aporte académico y narrativo: es una invitación a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos no ver. Porque solo entendiendo las raíces, podremos, como sociedad, decidir con mayor conciencia el rumbo que queremos tomar.

Ramón García Piment y Claudia Patricia Romero Velásquez.

El apellido Valencia en Colombia está presente en varias poblaciones de Caldas, Antioquia y Norte de Santander, pero tambien se encuentra en Cauca, particularmente en Popayán. Por mucho tiempo, la creencia fue que su origen tenía un tronco común. Sin embargo, gracias a la revisión de documentos históricos, facilitada por la digitalización de archivos eclesiásticos y civiles realizada a finales del siglo pasado por una iglesia de los Estados Unidos, hemos podido finalmente resolver este enigma. Este esfuerzo se apoya, a su vez, en la labor acumulada durante siglos por la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes registraron con rigor en los libros sacramentales los principales hechos de la vida humana. Son precisamente estos registros: bautismos, matrimonios y defunciones, los que hoy permiten reconstruir con mayor claridad el linaje y la memoria de nuestros antepasados.

En realidad, se trata de dos linajes totalmente distintos. Judíos conversos los unos y cristianos viejos los otros, militares los unos y los otros no. Los unos favorecidos por la corona española, los otros perseguidos y vigilados por la inquisición. Cada uno de ellos ha dado hasta ahora un Presidente de Colombia.  Pero como hay una brillante candidata que hace parte de los Valencia de Popayán: la Doctora Paloma Valencia Laserna, puede ser que haya un presidente más.

Debo comenzar advirtiendo a todos, que el relato histórico no es una pintura en blanco y negro de héroes y villanos, sino un paisaje colorido. Es una historia de hombres y mujeres reales con aspiraciones y sueños, con creencias e intereses de diversos ordenes, como siempre ha sido. La conquista, la colonia y la vida republicana es más parecida a las obras del pintor mexicano Diego Rivera, quien en su mural sobre la conquista, muestra sinópticamente todos los elementos humanos del periodo. Entremos pues en materia.

La familia Valencia de Caldas, Antioquia y Pamplona.

El primer Valencia con registro que llegó a la Tierra Firme, como se conocía la Colombia actual, fue un Capitán de Infantería llamado Juan de Valencia, quien aparece comandando un regimiento español asentado en la ciudad de Santa Ana de los caballeros de Anserma (Caldas), en la segunda mitad del siglo XVI. La población fundada por el Mariscal Jorge Robledo en 1539 era el sitio de conexión, entre las regiones del sur y el noroccidente del país, durante las épocas de la conquista y el inicio de la colonia.

Dicho militar tuvo un hijo en estas tierras, quien también ingresó a la vida militar y fue Capitan de Infantería igual que su padre, siendo su nombre Juan de Valencia y Ramírez de la Serna. Se sabe, que llegó hasta la región de Rionegro (Antioquia) a mediados del siglo XVII.  De sus numerosos hijos proceden probablemente, todos los Valencia de Caldas y de Antioquia.

Sin embargo, el más famoso de ellos fue el también Capitan de Infantería Pedro de Valencia Antolínez Beltran, quien a fines del siglo XVII se dirigió hasta la región de lo que hoy es Marinilla (Antioquia). Por alguna razón que no sabemos, dos de sus hijos varones llamados Bernardino y Joaquín, se trasladaron desde allí a principios del siglo XVIII al norte del país, a la ciudad de Pamplona de Indias, fundada en 1549 por Pedro de Ursúa y Ortún Velázquez de Velasco. Allí se casaron con dos hermanas, Antonia y Beatriz Villamizar Pinedo.

Es así como se crea una línea separada de sus ancestros antioqueños, en una lejana, verde y próspera ciudad del norte del país, y se olvida el verdadero origen de los Valencia pamploneses. Los dos hermanos reciben grandes extensiones de tierra entregadas en encomienda, y se convierten en una de las estirpes más cultas y distinguidas de la región. Sus mujeres eran amantes de la música, y sus hombres gente culta e incentivadora de tertulias literarias en Pamplona.

La encomienda tuvo su origen en el antiguo sistema feudal castellano, y al ser implementado en la américa española mediante la Cedula Real de 1503 por Isabel la Católica, suponía el gobierno del designado encomendero sobre un territorio específico, en el cual ejercía tareas de justicia y administración. Debía enviar recaudo de impuestos a la corona y podía emplear la mano de obra indígena, a cambio de garantizar sus condiciones de vida y evangelizarlos. Esto último suponía la cercana relación del encomendero con las comunidades religiosas que hicieron presencia para ello, como los franciscanos, los dominicos y finalmente los jesuitas.

Hay que recordar que el sistema de encomienda en lo que hoy es Colombia duró hasta cerca de 1620, siendo que para esa época ya estaba en declive en el resto de los nuevos territorios. El encomendero estaba siendo reemplazado por los llamados corregidores, funcionarios directos de la corona que ya existían en España, y que pasaron a presidir los ayuntamientos, ejercer justicia (primera o segunda instancia), y administrar la gestión económica y la política local.

Precisamente uno de estos corregidores del Rey, fue quien provocó la famosa revuelta del 4 de julio de 1810 en Pamplona, días antes del grito de independencia en Santa Fe, la capital del Virreinato de la Nueva Granada.

Para aportar contexto, debemos decir en primer término que una de las capitulaciones de la revuelta comunera, había contemplado que se creara el nuevo Corregimiento del Socorro separado del de Tunja, y que sus corregidores fueran de origen criollo (es decir nacidos en América). Fue así como en 1795 se crearon los corregimientos de Socorro y Pamplona, y el Virrey Ezpeleta tuvo el buen tino de proponer como primeros titulares a dos criollos, quienes ejercieron brillantemente sus cargos. Ya vencidos sus periodos, el Rey Carlos IV bajo propuesta del ministro Godoy a quien los criollos americanos tenían cierta inquina, nombró a dos españoles en los cargos, lo cual contrarió grandemente la sociedad de las dos ciudades.

En el caso de Pamplona, el designado era Don Juan Bastús y Falla, un abogado catalán. El referido jurista que debía tomar posesión ante el cabildo de Pamplona, por ser la cabecera del corregimiento, lo hizo ante el cabildo de Girón, más leal a la corona y que también correspondía a su jurisdicción. Con tal conducta ya comenzó ofendiendo a la clase dirigente pamplonesa, que la tomó como una afrenta. Instalado en la ciudad, Bastús protagonizó además un altercado con el alcalde José Javier Gallardo y Guerrero, al no permitir que el referido se sentara a su lado en la sesión del cabildo, alegando que el corregidor era de mayor rango al ser un representante del Rey. Los afectados interpusieron varias demandas ante la Real Audiencia de Santa Fe. Sin embargo, el punto culminante de la enemistad entre el corregidor y la sociedad pamplonesa se produjo cuando, después del levantamiento de Caracas, se prohibieron preventivamente las reuniones y diversiones en la ciudad de Pamplona.  A pesar de ello Doña Agueda Gallardo de Villamizar, una hermana del alcalde agraviado y viuda de un rebelde comunero, decidió celebrar la fiesta religiosa de San Pedro con música en las calles, el 29 de junio de 1810. El corregidor respondió abriendo proceso contra la dama, y la encarceló por desacato.

Cinco días después el día 4 de julio, ocurrió una multitudinaria asonada callejera previamente organizada, en la que participaron José Rafael y Pedro Juan Valencia, dos nietos de Bernardino de Valencia. Los rebeldes tomaron preso al corregidor Bastús, y el 31 de julio conformaron una junta de gobierno provisional para la ciudad, de la cual formó parte José Rafael Valencia. Su hermano Pedro Juan fue designado como uno de los jefes de las milicias de defensa de la ciudad. Desde ese momento los miembros de la familia Valencia tomaron partido, a favor de la independencia del país.

Ya en la era republicana, a fines del siglo XIX, se presentaron en Colombia varias confrontaciones civiles armadas, donde se atacaron militarmente los dos partidos políticos mayoritarios: el liberal y el conservador. La más importante de ellas fue conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Los Valencia de Pamplona siempre habían sido jefes políticos del partido conservador en su región, y por eso participaron en esa guerra. Varios descendientes de Joaquin de Valencia, uno de los dos hermanos que habían llegado a Pamplona a comienzos del siglo XVIII, fueron generales del ejercito conservador: Ramón González Valencia, Manuel María Valdivieso Valencia y Rafael Valencia Camargo.

De ellos tuvo especial brillo el General Ramón González Valencia, quien había participado en acciones militares desde 1876, por lo cual tenía un gran bagaje militar. En la guerra se destacó su papel en la Batalla de Palonegro, y en la toma de Cúcuta. El 21 de noviembre de 1902 fue, además uno de los firmantes del Tratado de Chinácota (Norte de Santander), en el que se acordaron las bases para terminar el conflicto armado.

Una vez terminada la guerra, el General González Valencia participó en las elecciones de 1904, como formula vicepresidencial del General Rafael Reyes Prieto, quien fue elegido Presidente de la Republica. Pero el ambiente político y jurídico de la época se afectó gravemente, con la supresión del Consejo de Estado ejecutada por el presidente Reyes, mediante acto legislativo del 22 de abril de 1905.

Esta medida fue seguida de un intento de golpe de estado contra Reyes, liderado por el General Manuel María Valdivieso Valencia primo del vicepresidente, el 20 de diciembre de 1905.  El General González Valencia decidió entonces renunciar a la Vicepresidencia de la República. En respuesta Reyes clausuró el Congreso de la República, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y gobernó como un “dictador político”, hasta los violentos actos de protesta popular suscitados en Bogotá del 9 al 13 de marzo de 1909, después de los cuales abandonó el poder. El General Ramón González Valencia fue entonces designado Presidente de la República, el 3 de agosto de 1909, por la misma Asamblea Nacional Constituyente convocada por Reyes en 1905, con el encargo de terminar el período presidencial hasta 1910.  Se posesionó el 7 de agosto, y convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cual procedió más tarde a redactar la Reforma constitucional de 1910, y a elegir al antioqueño Carlos Eugenio Restrepo, como Presidente de la República para el periodo 1910-1914.

La resiliente y perenne estirpe Valencia de Popayán.

Hacia fines del siglo XVI el ancestro más antiguo conocido de esta línea familiar era Don Diego de Castillejo un caballero al parecer de origen judío y casado con la señora Catalina de Valencia que, según las pocas informaciones disponibles, residía en la ciudad de Oran en Argelia al norte de Africa. Muchos miembros de la comunidad judía de España se habían refugiado en el norte de Africa, después de la emisión del Edicto de Granada por parte de la Reina Doña Isabel I de Castilla, que ordenaba la expulsión de los judíos.

Tal decreto estuvo vigente en España hasta 1968, cuando el dictador Franco lo derogó. Orán había sido tomado por los españoles en 1509, y tenían allí un emplazamiento militar, el Fuerte de Santa Cruz. Vale decir de otra parte, que Castillejo, aunque era un antiguo apellido español, también fue llevado por algunos miembros de la comunidad judeoconversa de España, entre ellos Don Gonzalo de Castillejo, quien a mediados del siglo XV llegó a ser maestresala del Rey Don Juan II de Castilla, el padre de la misma reina Isabel.

Una costumbre usada en España en esa época, de la que también echaron mano quienes tenían origen judío, era llevar primero el apellido de la madre y no el del padre. Por eso no debe extrañar, que el hijo de Don Diego de Castillejo se llamara Miguel de Valencia y Castillejo. A partir de ahí, esta línea genealógica usará el apellido Valencia.

A principios del siglo XVII, Miguel de Valencia atraviesa el mar y se instala en Málaga, donde de su unión con Ana de Aranda Sendía nace Manuel de Valencia y Aranda. Éste último es quien, en la segunda mitad del siglo se embarca para el continente americano, y se instala en Popayán. Allí nace en 1678 su hijo Pedro de Valencia y Aranda, del matrimonio con Ana de Aranda Forcallo.

Pedro de Valencia y Aranda es un personaje fascinante, por su brillante estrategia para dar un rumbo al ascenso social de su familia en el nuevo mundo. Acontecía que el Rey Felipe V de Borbón había creado en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, separando este territorio del Virreinato del Perú. Sin embargo, en 1723 se suspendió la existencia de esta jurisdicción, aparentemente por problemas de viabilidad financiera.

Aunque ya desde 1621 existía una Real Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, lugar donde se acuñaban las monedas de diversas denominaciones y composiciones de metal, que cumplían los estándares de la corona, Don Pedro escribe a España en 1725. Allí argumenta la conveniencia de crear una nueva Casa de la Moneda en Popayán, dada la dificultad de traslado de los metales a la capital, y la pérdida eventual de parte de este en el trayecto.  

En respuesta, el Rey Don Felipe V de Borbón ordena a la real Audiencia de Santa Fe en 1726 revisar la viabilidad del asunto, encontrando razones válidas para la creación de la nueva casa de la moneda en Popayán (ceca), la cual se formaliza mediante Cédula Real en 1729. El edificio fue construido a partir de ese mismo año. Allí se inicia la gran fortuna de los Valencia, porque en 1747 el Rey Fernando VI nombró al hijo de Don Pedro llamado Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, tesorero perpetuo de la casa de la moneda, cargo que éste ocupó hasta su muerte.

En los libros de cuentas de su mayorazgo, reportaron hasta 1785 haber invertido más de 300.000 pesos de plata (equivalentes a más de 50 millones de dólares de hoy), para la creación y manutención de la referida casa de la moneda. De otra parte, y no descuidando además el contacto directo con la corona, el hijo mayor de Don Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, llamado Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón, fue enviado a la madre patria, con el fin de concluir allá sus estudios.

A distancia desde España, asumió el cargo de Tesorero de la ceca a la muerte de su padre en 1788. Aunque en verdad, quien tomaba cuenta de la ceca en Popayán era su hermano Joaquin de Valencia. Pero al año siguiente, el Rey decidió suprimir el cargo de tesorero remplazándolo por el de administrador, y dejó la ceca bajo control directo de la corona. A pesar de ello, mantuvo el cargo de tesorero en cabeza nominal del mismo Francisco hasta su muerte.

En compensación por la supresión de su cargo, y gracias a la cercanía del rey Carlos IV con Francisco de Valencia y Saénz del Pontón, el Rey decidió ennoblecerlo con el título de I Conde de Casa Valencia, mediante Despacho Real en 1789. En España Don Francisco fue también Consejero de Indias, y Caballero de la Orden de Carlos III.

Se configuró así el imponente ascenso social de una línea familiar, que pasó de judeoconversa a tener noble titulado, lo cual no fue único, pero no deja de ser notable. Hay que recordar que la legislación vigente en España después del Decreto de la Alhambra, contemplaba la necesidad de tener registro de limpieza de sangre, para ser funcionario de la corona. Se requería gran habilidad, para evadir tal requerimiento.

El Condado de Casa Valencia que existe hasta hoy, contempla ser Grande de España, y sus titulares son descendientes directos del primer conde. No obstante, hay que aclarar desde ya, que no es que los Valencia de Popayán desciendan de un noble y grande de España, sino todo lo contrario: es un noble y grande de España quien desciende de la antigua casa Valencia de Popayán. Los Valencia de Popayán descienden todos, de los hermanos del Conde que se quedaron en América.

La línea más conocida continúa en Popayán, con el mismo Don Joaquín de Valencia y Saénz del Pontón, el cual se casó con su pariente Doña Joaquina Ramona Valencia y Hurtado, y tuvo varios hijos, dos de los cuales fueron Antonio y Mariano.  Durante los finales del siglo XVIII se dedicaron a sus haciendas, donde trabajaba un numeroso contingente de esclavos negros y servidumbre indígena.

La calma llegó a su fin, cuando se dio el levantamiento de Quito contra las autoridades de la corona en 1809. Recordemos que, desde mayo de 1808 el Rey Fernando VII había sido encarcelado por orden de Napoleón Bonaparte. Esta noticia ya era pública en las clases altas de América. La sublevación liderada por el Marqués de Selva Alegre Don Juan Pedro Montufar, había terminado con la creación de una Junta de Gobierno en Quito, bajo la dirección del mismo Marqués, quien incluso era llamado su alteza serenísima. Las noticias llegaron a Popayán en agosto de 1809, y más tarde el mismo marqués envió comunicaciones a Popayán y a otras ciudades, invitándolas a unirse a la sublevación. El gobernador de Popayán Don Miguel Tacón de Tacón y Rosique, quien era un militar de formación naval, convocó un cabildo abierto, llamó a la creación de milicias para prevenir un ataque de los de Quito, estableció control sobre las comunicaciones que entraban y salían de la ciudad, y prohibió hablar de temas de gobierno en los lugares públicos. En tales medidas fue apoyado por el Alférez Real Don Antonio Tenorio, jefe militar de la ciudad.

Para empeorar la situación, un año después también en agosto llegaron las noticias del levantamiento del 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá. El gobernador Tacón decidió crear entonces una Junta de Seguridad bajo su control, para intentar mantener el poder. Sin embargo, la misma Junta comenzó a tener sus propios adeptos en contra del gobernador. Miembro de esa Junta fue un sacerdote de la familia Valencia: Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia.

Y es que los miembros más influyentes de la familia Valencia de Popayán, eran en ese momento dos hijos de una hermana del I Conde de Casa Valencia: Doña Francisca Antonia Valencia Sáenz del Pontón, de su matrimonio con el dominicano Andrés Pérez de Arroyo.  El mayor era el referido sacerdote que había nacido en 1764, venía de haber sido Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, y ya era reconocido por sus numerosas obras como arquitecto empírico, que aún hoy engalanan la ciudad de Popayán.

El otro era el amigo personal del Sabio Caldas, Santiago Pérez de Arroyo y Valencia nacido en 1775, quien para la época ya era un gran jurista y académico. Había sido alcalde de Popayán, e igual que su hermano había descollado como Vicerrector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Una vez lograda la independencia fue Senador de la República, y ejerció liderazgo político en Popayán hasta su muerte, en 1845. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Constitución de la Universidad del Cauca.

Estos dos grandes hombres que fueron ideólogos y próceres de la patria, mantuvieron a la familia Valencia en la línea favorable a las ideas de la independencia, sin participar nunca en la lucha armada, porque se trataba de personas contrarias a la guerra. Con su liderazgo, la familia transitó sabiamente a la era republicana.

Sin embargo, nada nos puede conmover más que la historia trágica del mártir que la familia Valencia sacrificó, en el altar de la patria. En 1806 a la muerte del I Conde de Casa Valencia, lo sucedió su hijo Pedro Felipe Valencia y Codallos, nacido en 1767. Era un militar de escuela, que había obtenido el grado de Coronel de Infantería, y era Caballero de la Real Orden de Santiago.

Había desempeñado además cargos de importancia diplomática y civil, primero durante el reinado de Carlos IV, y después en la era napoleónica, en la que llegó a ser Consejero de Estado y Secretario General del Gobierno. Gracias a lo cual era visto con recelo en ciertos círculos. Durante ese último periodo, el Conde visitó Paris y el contacto con la corriente ilustrada cambió su opinión frente a la emancipación de las naciones americanas. Así, cuando viajó desde España a Santa Fe de Bogotá, poco después del grito de independencia de 1810, inmediatamente estableció relaciones de amistad con los rebeldes Francisco José de Caldas, Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, en la época de la “patria boba”.

Estando en su casa de Popayán en 1816, fue tomado preso por el General Sámano después de la Batalla de la Cuchilla del Tambo. Fue llevado a la capital, donde se le acusó de infidencia a la corona, por haber redactado escritos de apoyo ideológico a la independencia, y por contribuir financieramente con la causa. Fue condenado a muerte por el General Pablo Murillo y sus oficiales, y ejecutado por fusilamiento el 5 de octubre de 1816.

Decadas después, en el seno de la familia de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo Silva, nació en Popayán en 1873, un niño llamado Guillermo Valencia Castillo. Quedó huérfano de madre a los 7 años, y de padre en su adolescencia. Su hermano Joaquín lo matriculó en el Seminario Menor de Popayán, que regentaban los padres vicentinos franceses, entre ellos el Padre Juan Bautista Malézieux, con quien comenzó su formación como poeta. Inició después estudios universitarios, en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca.

Terminó sus estudios en Paris adonde fue enviado como parte del cuerpo diplomático colombiano, y por ello pudo asistir al Instituto de Francia, y a La Sorbona. Poemas como “Anarkos”, “Croquis”, o “San Antonio y el centauro”, hacen parte de las mejores letras del idioma español. En su vida política fue también Representante a la Cámara, Senador de la República, y candidato presidencial del Partido Conservador.

Se casó el Maestro Valencia con Doña Josefina Muñoz, y uno de sus hijos fue Guillermo León Valencia, quien cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cauca y después de una brillante carrera política, ganó la Presidencia de la República en 1962. Era el segundo período presidencial del llamado Frente Nacional.

El estado debió enfrentar un grupo de autodefensas campesinas liderado por Pedro Antonio Marín, quien usaba el alias de Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”. Este personaje que había sido inicialmente liberal fue mudando al comunismo, en concordancia con el llamado hecho en 1949 por la Dirección del Partido Comunista Colombiano. Se refugiaron en la región de Planadas (Tolima), que habían bautizado como: “República de Marquetalia”.

El presidente Valencia ordenó una operación militar conocida como “Operación Marquetalia”, en la cual fue bombardeado el enclave guerrillero de este grupo campesino rebelde. La situación fue hábilmente transformada en “mito fundacional”, por la llamada Guerrilla de las FARC, que lo usó para justificar su accionar criminal de práctica de extorsiones a ganaderos y comerciantes, secuestros extorsivos, reclutamiento y abuso sexual de menores, etc. La estructura armada afirmó ser una resistencia campesina, contra la acción represiva del estado colombiano.

Su gobierno logró sin embargo pacificar el país, atacando con éxito en muchos lugares el fenómeno del bandolerismo rural, que afectaba gravemente la productividad en el campo. Criminales sanguinarios y muy famosos como Efraín González conocido como “El siete colores”, o José William Aranguren alias “Desquite”, fueron perseguidos y dados de baja por el ejército.

La Doctora Paloma Valencia Laserna, miembro de la novena generación de su estirpe en este país, es una de las candidatas presidenciales de Colombia, en las elecciones que se llevaran a cabo en los próximos días. Es así como, la nación podría tener un presidente Valencia más.

REFERENCIAS

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https://www.senalmemoria.co/la-voz-del-poder/guillermo-leon-valencia-munoz

Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• El 60% de estos bachilleres destacados no está admitido a una universidad todavía.
• El 56% no se presentó a la Universidad del Valle, la principal institución de educación superior estatal de la región Pacífico.
• El 56% tampoco se presentó a instituciones distintas de UniValle.
• Instituciones como Universidad ICESI y Universidad de San Buenaventura Cali tendrán stands para comenzar a orientar a los aspirantes, quienes estarán acompañados de acudientes, desde la 1:00 pm.
• También estarán con stands instituciones que han apoyado la preparación para Saber 11, como el Grupo Educativo Helmer Pardo, o que han dado estímulos a Semilleros de pilos, como Totto. O que generan oportunidades para la juventud, como Cero Generación Perdida de Urabá.
• Secretarías de Educación municipales y delegados de colegios, en algunos casos rectores, acompañarán a los graduados.
• En esta publicación encontrará los nombres, puntajes en Saber 11 y colegios por municipios del grupo de bachilleres pilos. Tres estudiantes lograron más de 400 puntos (sobre 500, cuando el promedio nacional ronda los 250 puntos).

Estos pilos ya hacen parte de la “Generación del Centenario de Jacobo Pérez Escobar”, el jurista que fue Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y certificó la Constitución que nos rige, y quien a sus 100 años de vida asistirá, acompañado de familiares, al homenaje que se le rendirá en la ceremonia de Afrocolombianos del Año 2025, premio que otorgan El Espectador y la Fundación Color de Colombia desde 2010.

Pérez Escobar fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ministro de gobierno encargado, gobernador, tratadista constitucional y biógrafo del primer ministro negro, Luis Antonio Robles.

Los bachilleres prestarán el juramento de no rendirse jamás en la vida en búsqueda de elevadas metas, la primera de las cuales es ingresar a un pregrado en una institución de calidad y la segunda, tratar de emular el promedio de notas acumulado que logró Jacobo Pérez Escobar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia hacia 1951: 4.9 sobre 5, lo que le valió una beca para doctorarse en Francia, él, que era hijo de campesinos del Magdalena.

Por ser parte de la “Generación del Centenario de Jacobo Pérez Escobar”, los jóvenes recibirán acompañamiento durante 2026 en un aula de campus virtual, con charlas de profesionales de desarrollo estudiantil y bienestar de la Universidad ICESI y UniValle.

También tendrán visita guiada a universidades acreditadas, en caso de no conocerlas. Universidad ICESI ya ofreció una primera visita guiada el 11 de diciembre.

Qué es Afrocolombianos del Año

Es el máximo reconocimiento de la sociedad colombiana, otorgado por El Espectador y la Fundación Color de Colombia, al tesón, el progreso y el aporte de la población negra al desarrollo del país en trece campos.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

Es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación. 

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

Para reforzar el simbolismo de ser un premio por el cual la sociedad reconoce todavía más que los afrocolombianos pueden desempeñarse en cualquier responsabilidad y que han aportado históricamente y aportan a la construcción de una mejor nación colombiana, se invita a personalidades a entregar galardonas y placas, además de los jurados.

Lea también: Estos son los 39 nominados en Afrocolombianos del Año 2025

Bachilleres afros pilos de Cali

Entre los colegios que atendieron la convocatoria de la Secretaría de Educación de Cali, se destacan el IE Técnico Industrial Comuna 17, el Inem Jorge Isaacs y el Liceo Departamental.

• Valeria Reina Hungría, 410, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Aaron Josué Diuza Montaño, 380, INEM Jorge Isaacs.
• Ana Sofia Castillo Banguera, 370, INEM Jorge Isaacs.
• Cameron Paz Mena, 368, IE Agustín Nieto Caballero.
• Santiago Muñoz Salazar, 368, IE Bartolomé Loboguerrero.
• María José Díaz Escalante, 359, IE Liceo Departamental.
• Iker Johao Barahona Córdoba, 355, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• José David Guzmán Rojas, 354, IEO Agustín Nieto Caballero.
• Ana Sofía García, 352, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Eimy Vanessa Viáfara Vivas, 349, IE Cristóbal Colón
• Yazury Riascos Hurtado, 348, IE Celmira Bueno de Orejuela
• Nikolai Avilés Valencia, 346, IET Industrial Luz Haydée Guerrero Molina.
• Andrés Felipe Rodríguez Godoy, 345, IETI Comuna 17
• Juan Camilo Caicedo Portocarrero, 344 IE Liceo Departamental
• Lauren Sofía Bonilla Mezú, 342, IE Técnico Industrial Comuna 17.
• Janny Sofia Rivas Carvajal, 342, IT Constructores del Futuro
• Santiago Valverde Monzón, 340, IE Nelson Garcés Vernaza
• Kamihl Esteban Rendón Orozco, 339, IE Celmira Bueno de Orejuela.
• Claudia Liliana Perea Castillo, 338, Liceo Departamental
• Bryan Alexi Mina Angulo, 337, IE Pedro Antonio Molina.
• Jhoseth Daniel Cosme Collazos, 337, IET Pedro Antonio Molina
• María José Hernández Elejalde, 337, IE Liceo Departamental
• José Y. Sinisterra Segura, 336, IE Pedro Antonio Molina.
• Juan Camilo Mosquera Albornoz, 334, IE Monseñor Ramón Arcila
• Jhon Alexander Rodríguez Ruiz, 333, IE Monseñor Ramón Arcila
• María Elvira Montaño Chiriboga, 333, IETI Comuna 17.
• Karola Mariana Mosquera Asprilla, 332, IET Industrial Veinte de Julio.
• Martín Torres Valencia, 332, IE Cristóbal Colón.
• Santiago Mancilla Vivas, 330, Celmira Bueno de Orejuela.
• Natalia Ballesteros Balanta, 330, IE Liceo Departamental
• Ainhoa Riascos Saenz, 330, IETI Comuna 17.
• Sharon Astrid Palacios Umaña, 327, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Michell Andrea Sayas Quiñones, 323, IETI Comuna 17,
• Jordan Stiven Chica Rentería, 322, IET Industrial Veinte de Julio.
• Santiago Collins Torres Manyoma, 322, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Lesly Karolay Valencia Loaiza, 321, IE Ciudad Córdoba
• Dilan Andrés Angulo Caicedo, 319, IE Cristóbal Colón.
• Carlos Andrés García Correa, 318, IETI Luz Haydée Guerrero Molina.
• Brayan Stiven Landázuri López, 317, I.E.T.I. Veinte de Julio.
• Juan José Agrona Medina, 315, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Angely Cosme González, 314, IE Donald Rodrigo Tafur.
• Ever Dubán Perafán Pérez, 314, IETI Luz Haydée Guerrero Molina.
• Johan Sebastián Ramírez García, 313, IE Bartolome Lobo Guerrero
• Cinthia Nairovy Mina Valencia, 313, IE La Anunciación.
• Sara Mina Chaparro, 312 IETI Comuna 17
• Jhon Andersson Alegría Escobar, 312, IE Luz Haydee Guerrero Molina
• Geyber Giovanny Mora Paz, 311, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Juan Sebastian Obregón García, 311, IE Cristóbal Colón.
• Sofía Vargas Rubio, 311, Bartolomé Loboguerrero.
• Geidi Lizeth Cortés González, 310, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Víctor Manuel Alegría Montaño, 310, IE Monseñor Ramón Arcila
• Adrian Cerón Ortega, 309, Bartolomé Loboguerrero.
• Cristian David Toro Chilito, 309, IETI Luz Haydee Guerrero Molina.
• Hillary Sofía Figueroa Hernández, 309, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Santiago Montilla González, 309, I.E Bartolomé Loboguerrero.
• Joel Valencia Lerma, 308, I.E. Celmira Bueno de Orejuela
• Carlos Daniel Grueso Gómez, 307, IETI Luz Haydee Guerrero Molina
• Isabella Reyes Perea, 307, IE Liceo Departamental.
• Osman Samir Pachu Vargas, 306, IE Liceo Departamental.
• William Santiago Arias Correa, 306, IETI Luz Haydee Guerrero Molina.
• Karen Yarleidis Murillo Ibargüen, 306, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Jhonny Alejandro Serrano Quintero, 305, IE Bartolomé Loboguerrero.
• Yassir Huila Martínez, 305, I. E. T. I. Diez de mayo
• Alisson Indira Torres Cundumí, 305, Inem Jorge Issacs.
• Emanuel Rosales Pérez, 304, IETI Comuna 17.
• Camilo Andres Burbano, 303, Bartolomé Lobo Guerrero
• María Luisa Rueda Campaz, 303, IE Agustín Nieto Caballero.
• Saray Yanelly Moreno Rosero, 303, IE Carlos Holmes Trujillo.
• Carmen Sánchez Ibarbo, 303, IE INEM Jorge Isaacs.
• Yeimilith Hurtado Montenegro, 303, IE Monseñor Ramón Arcila
• Michelle Rivera Arroyo, 302, IE Celmira Bueno de Orejuela.
• Ashley Hailyn Aracú Cuenú, 302, Inem Jorge Isaacs.
• Laura Valentina Flórez Flórez, 302, IETI Carlos Holguín Mallarino
• Wilmar Andres Rentería Angulo, 301, Inem Jorge Isaacs.
• Michael Stiven Lenis Tovar, 300, Bartolomé Loboguerrero.

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Delegación de bachilleres de Buenaventura

Encabezada por el mayor puntaje conocido de un bachiller afrocolombiano en el calendario A de 2025, Henry Murillo García, con 440 puntos, nominado por tal mérito en la categoría Joven de Afrocolombianos del Año 2025.

• Henry Murillo García, 440, IE Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros
• Jean Carlos Riascos Palacios, 433, IE Normal Superior Ladrilleros
• Marling Yulieth Murillo Anchico, 390, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• Julián Andrés Muriel Ríos, 378, C.E Bahía de Buenaventura
• Juan Yessid Garcés Herrera, 377, C.E Bahía Buenaventura
• Andrés Felipe Díaz Montoya, 362, IET Comercial Teófilo Roberto Potes.
• Daniel Darío Valderrama González, 340, IE Néstor Urbano Tenorio.
• Ruth Dayana Garcés Asprilla, 338, IE Normal Superior Juan Ladrilleros.
• Nicole Nahomy García Gamboa, 336, Normal Superior Juan Ladrilleros.
• María José Rivas del Castillo, 326, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• Dinka Isabela Cabezas Arboleda, 316, IE Normal Superior Juan Ladrilleros
• José Andres Waldo Rojas, 314, C.E. Bahía de Buenaventura.

Acompañando a esta delegación, del Semillero de Becarios U de la Fundación Color de Colombia, vendrán becarios de UniAndes y Nutresa de Universidad ICESI.

Bachilleres afros pilos de Jamundí, Valle del Cauca

Con el apoyo en transporte de la Alcaldía de Jamundí, participarán los siguientes graduados de varios colegios.

• Juan Diego Trujillo Hernández, 358, IE Sixto María Rojas
• Mariana Mosquera Peláez, 347, IE Simón Bolívar
• Saray Caracas Jiménez, 347, Gimnasio Moderno del Valle
• Samuel Peña Zapata, 340, I.E Simón Bolívar
• Sebastián Reina Mosquera, 335, IE Simón Bolívar
• Isaac Abraham Franco Hurtado, 332, IE Simón Bolívar
• Leici Naiara Estupiñán Díaz, 322, Gimnasio Moderno del Valle
• Johan Andrés Chamorro Montaño, 320, IE Simón Bolívar
• Victoria Andreina Gaitán MIjares, 308, Gimnasio Moderno Del Valle
• Matías Peña Viáfara, 308, I.E Sixto María Rojas
• Ana Sofía Cortés Mosquera, 301, IE Simón Bolívar
• María del Mar Zamora Rivas, 300, Gimnasio Moderno del Valle
• Daniel Felipe Torres Caicedo, 300, Gimnasio Moderno del Valle

Bachilleres afros pilos de Candelaria, Valle del Cauca

Con el apoyo de destacados vallecaucanos, los siguientes graduados y un grupo de acudientes estarán en la graduación simbólica y el juramento de no rendirse jamás en la vida.

• Sebastián Angarita Caicedo, 391, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Marlon Rivera Muelas, 387, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Diana Carolina Marín Gómez, 376, I.E. Rodrigo Lloreda Caicedo
• Johann David Moreno Lugo, 348, Rodrigo Lloreda Caicedo
• Sebastián Tascón Peña, 345, IE Nuestra Señora De La Candelaria
• Miguel Ángel Coral Quistial, 344, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Daniel Felipe Torres Escobar, 338, IE Inmaculada Concepción
• Breyner Esteban Guevara García, 334, I.E .Rodrigo Lloreda Caicedo
• Juliana María Delgado Hoyos, 329, IE Rosendo Mondragón Feijoo
• Sara Lucia Delgado Hoyos, 323, IE Rosendo Mondragón Feijóo
• Juan Sebastian Pareja Sanabria, 322, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Liz Adonais Riascos Murillo, 321, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• Santiago Manyoma Garcés, 320, IE Nuestra Señora de la Candelaria
• María Antonia González Cruz, 316, IE Nuestra Señora de la candelaria
• Johan Steven Ibarra Angulo, 312, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Juan José Quiñonez Jurado, 307, IE Rosendo Mondragón Feijoó
• Juan José Herrera Mosquera, 305, IE Inmaculada Concepción
• Jesús Santiago Chará Ortiz, 303, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Julián Andres Domínguez Álvarez, 303, IE Rodrigo Lloreda Caicedo
• Samuel Stiven Cruz Mosquera, 303, IE Inmaculada Concepción
• Anyelo Camayo, 302, Rodrigo Lloreda Caicedo
• Jhon Erik Cardenas Galeano, 301, IE Rodrigo Lloreda Caicedo

Bachilleres afros pilos de Santander de Quilichao, Cauca

Con el apoyo financiero de destacados caucanos, tendrán transporte los siguientes graduados y un grupo de acudientes.

• Santiago Mera Mejía, 386, IE Francisco José de Caldas
• Juan Pablo Balanta Mera, 383, IE Limbania Velasco
• Juan Pablo Solarte Álvarez, 378, IE Instituto Técnico
• Dana Alejandra Lucumí, 373, IE Francisco José de Caldas
• Saray Andrea Martínez Cantillo, 372, IE Instituto Técnico
• José Julián Mera Gómez, 370, IE Instituto Técnico
• Valentina Bernate Carabalí, 355, IE Instituto Técnico
• Isabel Sofía González Viveros, 344, IE Francisco José de Caldas
• Sara María Hernández Sanclemente Carabalí, 343, IE F. José de Caldas
• Juan Sebastián González Lasso, 339, IE Francisco José de Caldas
• Darly Mariana Lemos López, 337, IE Instituto Técnico
• Juan Sebastian Arrechea Carabalí, 337, IE Instituto Técnico
• Ruby Vanessa Moreno Mera, 332, IE Francisco José de caldas
• Karol Díaz Díaz, 329, IE Limbania Velasco
• Juan Pablo García Lucumí, 329, IE Instituto Técnico
• Kelly Dayana Vásquez Colorado, 328, IE Francisco José de Caldas
• Juan Camilo Cosme González, 327, IE Francisco José de Caldas
• Valentina Palacios Balanta, 327, IE Instituto Técnico
• Angie Paola Hurtado Díaz, 324, IE Instituto Técnico
• Jefferson Gómez Juanillo, 323, IE Instituto Técnico
• David Santiago Mina Mezú, 321, IE Instituto Técnico
• Kelen Andrea Mezú Viáfara, 320, IE Francisco José de Caldas
• Deivis Joao Castillo Moreno, 318, IE Instituto Técnico
• Chary Nicoll Moreno Godoy, 318, IE Instituto Técnico
• Eimy Nikol Vásquez Ambuila, 315, IE Limbania Velasco
• Melissa Valencia Lugo, 314, IE Limbania Velasco
• Danna Karime Torres Ramos, 307, IE Francisco José de Caldas
• Valeria Paz Lasso, 306, IE Instituto Técnico
• Catalina Guevara Solarte, 303, IE Instituto Técnico

Bachilleres afros pilos de Puerto Tejada, Cauca

Con el apoyo de la alcaldía y de la Secretaría de Educación, estos graduados y sus acudientes asistirán a la gran cita de la sociedad y la afrocolombianidad.

• Dilani Yaritza Tenorio Usuriaga, 358, Corporación Educativa Adventista
• Ana Victoria Murillo Hernández, 356, Corporación Educativa Adventista
• Sara Michelle Collazos Osorio, 345, IE Fidelina Echeverry
• Evelin Tatiana González Díaz, 340, IE Sagrado Corazón
• Hanna Sofía Banguero Viveros, 337, Colegio Cooperativo Natanael Díaz
• Juan Camilo Muñoz Nieto, 328, IE San Pedro Claver
• Aimar Stephany Chamorro Montaño, 329, IE Bahai Ruhi Arbad
• Cristian David Escobar Agudelo, 320, Colegio Bahai Ruhid Arbad
• Alejandro Álvarez Ojeda, 319, Corporación Educativa Adventista
• Sara Daniela Peña Mina, 319, IE Bahai Rubí Arbad
• Lady Camila Díaz Ortíz, 313, IE Bahá’í Ruhi Arbab
• Sebastian Paternina Mina, 312, IE Bahai Ruhi Arbab
• Juan S. Montaño Banguera, 310, IE Evangélico Ebenezer
• Samantha Sandoval Mina, 308, IE Bahai Rubi Arbab
• Estefanía Alegrías Valencia, 305, IE Fidelina Echeverry
• Juan Manuel Trujillo Corrales, 305, IE Natanael Díaz
• Emmanuel David Díaz Bravo, 305, IE Evangélico Ebenezer

La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio Afrocolombianos del Año, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible. 

Para información adicional, escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org

Se trata de una experiencia significativa del Semillero de Becarios U de Mahates 2023-2026, parte del programa nacional de la Fundación Color de Colombia.

En la financiación de la salida concurren la Administración Municipal, las instituciones educativas, empresas privadas, las familias y fundaciones.

Hoteles Dorado Plaza apoya con un descuento en la tarifa del hostal en Cartagena; Alondra Express con un precio competitivo en el transporte Cartagena-Barranquilla-Cartagena, y la agencia de servicios turísticos Ohlala Cartagena con parte de la alimentación a muy buen precio.

Beneficios estudiantiles y colectivos de la salida pedagógica

La salida pedagógica se considera enriquecida porque está diseñada para buscar objetivos individuales y colectivos en beneficio del municipio de Mahates.

• La consolidación de un proyecto de vida universitario al conocer tres de las mejores instituciones de educación superior del Caribe colombiano.
• El avance de la exploración vocacional y socio-ocupacional al aproximarse a la oferta académica de pregrados de las universidades visitadas.
• La ampliación del horizonte cultural y de vida al entrar en un contacto orientado con instituciones y áreas del conocimiento científico y con obras urbanas.

Para los objetivos colectivos que se buscan es fundamental la participación de los cinco docentes acompañantes y del secretario de Educación Municipal, Gustavo Junior Beleño Llerena, con el respaldo del alcalde, Agustín Palomino Agamez, quien entregará la bandera del municipio a la delegación como un orgullo de embajadores por ser buenos estudiantes.

• Sentar las bases de una relación institucional entre el municipio y los colegios con las universidades visitadas para buscar facilidades de acceso de los bachilleres de Mahates a la educación superior y apoyo al mejoramiento de la calidad (para subir en pruebas Saber 11).
• Capacitación práctica a los docentes acompañantes de la delegación en metodologías de exploración vocacional y orientación socio-ocupacional, además de acopiar folletos de oferta de las universidades para estudiantes de grado 11 del municipio.
• Vinculación de los colegios al entorno de programas extracurriculares de las universidades visitadas dirigidos a la secundaria, como las Olimpiadas Matemáticas, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, o el Modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que organiza la Universidad del Norte, como una red de colegios abiertos a metodologías activas de aprendizaje.

El Semillero de Becarios U de María La Baja hará parte de una delegación de 156 pilos y 45 docentes de seis municipios de Bolívar (María La Baja y Mahates), Sucre (Santiago de Tolú y San Onofre) y Córdoba (Moñitos y San Bernardo del Viento).

Los cuatro colegios y los docentes acompañantes

Los docentes acompañantes, en general, vienen con los pilos del Semillero de Becarios U de Mahates desde grado octavo, cuando comenzó el proceso con el evento “A la U: soñando juntos” en la Universidad de Cartagena, con el director de El Espectador, Fidel Cano, y nominados en Afrocolombianos del Año como testigos de honor (el 07 de marzo de 2023).

• I.E. CAMILO TORRES DE MAHATES: Ludis Díaz Mármol (rectora) y Bienvenido Martelo Atencio.
• I.E.T.A. EZEQUIEL MARTELO PIMIENTA DE SAN JOAQUIN: Emiromel Almanza Ortiz.
• I.E.T.A. BENKOS BIOHO DE SAN BASILIO DE PALENQUE: Maridis Simarra Ospino
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EVITAR: Yorvis Alfonso Martelo Castillo.

Los estudiantes pilos de la delegación

El día martes 29 de abril visitarán la UTB y la Universidad de Cartagena, y el miércoles 30, la Universidad del Norte y el Gran Malecón de Barranquilla.

En la noche del 29 de abril tendrán una actividad cultural. Estos son los pilos que vivirán la experiencia de la salida pedagógica más importante de grado 10.

Ellos, en dos años se han mantenido constantes en los primeros puestos de rendimiento académico en sus cursos y realizado múltiples actividades formativas extracurriculares.

• I.E. CAMILO TORRES DE MAHATES: Cristiana Atencio Orozco,  Lindys Neleidys Julio Herrera,  Oriana Sofia Cueto Cervantes  Yeferson Daniel Acosta Delgado (en foto arriba).
• I.E.T.A. BENKOS BIOHO DE SAN BASILIO DE PALENQUE: Dahianna Orejuela Hernández, Daniel Eduardo Herrera Herrera, Diosa del Carmen Reyes Reyes, Glena María Reyes Núñez y Mausaris María Nuñez Cassiani.
• I.E.T.A. EZEQUIEL MARTELO PIMIENTA DE SAN JOAQUIN: Dayana Isabel Mejía Cardona,  Leidy Mar Martelo González y  Yarlis Cecilia Calderón Yepes.
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EVITAR: Lina Marcela Arrieta Polo,  Luis Enrique Sánchez Álvarez, Luz Adriana Gómez Palacio  y Quiliar Daniel Herrera Pimientel.

El proyecto educativo de Semilleros de Becarios U

El programa de Semilleros de Becarios U, de la Fundación Color de Colombia, presente en 31 municipios de 12 departamentos, busca, mediante un proceso de tres años con pilos que ingresan en grado octavo, ayudar a desarrollar:

• una mentalidad de crecimiento, 
• valores de excelencia 
• vocación de servicio,
• habilidades del carácter 
• habilidades socio-emocionales
• capacidades ejecutivas y 
• competencias cognitivas 

para un proyecto de vida universitario y de movilidad social que exige resultados altos en pruebas estandarizadas (comenzando por Saber 11, 365+ o pasar la prueba de admisión propia de algunas universidades públicas).

El programa utiliza la estrategia de «experiencias de aprendizaje significativas» tempranas, que fortalecen la personalidad, con entrenamientos en habilidades cognitivas y no cognitivas,  buscando que tras un proceso  de tres años largos cuando lleguen a la universidad se destaquen de modo natural.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 2:  Educación de calidad y equidad. Programa:  Semilleros de  Becarios U, 2022-2026. 

Lo que ocurrió el último domingo de septiembre de 2024 sintetizó el desdén que el gobierno mexicano mostró hacia los temas ambientales en los últimos seis años. Ese día, en Chetumal, Quintana Roo, a unas horas de terminar su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador inauguró todo el circuito que recorre el llamado Tren Maya, entregó reconocimientos a los militares que construyeron la obra y, una vez más, descalificó la labor de personas y organizaciones que denunciaron los daños ambientales que ha causado este megaproyecto.

López Obrador consideró “una hazaña” la entrada en funcionamiento del llamado Tren Maya. No mencionó que para construir este megaproyecto emblemático de su administración se deforestaron más 6659 hectáreas, se fragmentó aún más a la Selva Maya, se construyó un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera, se dividió a comunidades, se ignoraron leyes ambientales y se perforaron cenotes, esas cavernas que resguardan el agua subterránea y que dan una personalidad especial a la Península de Yucatán.

Para México, el año 2024 representó el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente que emprendió lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación del país. A lo largo de esa transformación fue criticado por expertos, científicos, organizaciones ambientales e indígenas por no respetar un territorio considerado entre los más biodiversos.

En el 2024 se mantuvo la misma tendencia de los años previos: los temas ambientales no fueron una prioridad, al contrario, quedaron relegados. En ello coinciden especialistas en temas de bosques, océanos, áreas naturales protegidas, política ambiental y quienes desde organizaciones no gubernamentales acompañan a las personas defensoras de ambiente y territorio.

México termina el año 2024 con instituciones ambientales debilitadas y sin capacidad operativa, con una mayor degradación ambiental, con una fuerte criminalización de las personas defensoras del ambiente y el territorio, con delitos ambientales que permanecen impunes, con océanos y zonas forestales sin atención. Como consecuencia, se enraizó aún más el control que tienen los grupos del crimen organizado en los espacios naturales.

Lo grave: el debilitamiento de las instituciones

Desde su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador mostró que el ambiente no era un tema prioritario ni urgente de atención. Sus prioridades estuvieron en otras áreas, por ejemplo, en impulsar Sembrando Vida, un programa social en donde se asegura que el componente ambiental recae en la reforestación. Sin embargo, según los expertos entrevistados, no está dirigido a restaurar ecosistemas forestales. Y muestra de ello es que el programa no cuenta con indicadores ambientales que permitan conocer su impacto en biodiversidad, en suelos y en recuperación de coberturas forestales.

López Obrador también colocó en el centro de su gobierno la construcción de megaproyectos como la Refinería Dos bocas en una zona con manglares de Tabasco, el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que incluye la instalación de, al menos diez, parques industriales en Oaxaca y Veracruz.

“El modelo de desarrollo [en México] ha privilegiado la realización de grandes proyectos argumentando que son detonadores del crecimiento económico, pero pasan por alto sus impactos y costos socioambientales”, señalan los 35 especialistas que participaron en la elaboración del documento titulado Agenda Socioambiental 2024.

En esa publicación, académicos, científicas, integrantes de organizaciones civiles y exfuncionarias realizan una revisión de las acciones que realizó el sexenio de López Obrador en temas como agua, agricultura, bosques, energía, cambio climático, entre otros. Si bien reconocen que hubo avances en la protección de los maíces criollos, en tratar de eliminar en forma paulatina el uso del glifosato y en no entregar nuevas concesiones mineras, en general el balance que presentan es negativo.

“En la política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad”, resalta el grupo de 35 especialistas.

Además, desde el mismo gobierno se minimizaron y desdeñaron procedimientos como la consulta popular o estudios como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), señala Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las denuncias sobre consultas populares realizadas en forma inadecuada y de MIAs que se presentaron fuera de tiempo, con datos erróneos, sin considerar todos los impactos acumulados o cuya información se reservó fueron constantes en los megaproyectos icónicos del sexenio, como la Refinería de Dos Bocas, el CIIT, el llamado Tren Maya y el que ya se conoce como “El tren fantasma en Sonora”.

Los expertos entrevistados también destacan un tema que fue recurrente a lo largo del sexenio de López Obrador: el debilitamiento de las instituciones responsables de la gestión ambiental, ocasionado por los recortes presupuestales que padeció el sector, en especial en 2020 y 2021. Si bien existió un aumento para los siguientes años, y en 2024 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó a poco más de 70 mil millones de pesos (más de tres millones de dólares), la mayoría de ese dinero se destinó a la construcción de obras hidráulicas.

“Más del 80 % del presupuesto ambiental se destinó a la Conagua (Comisión Nacional del Agua), a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua”, resaltan los autores de la Agenda Socioambiental 2024.

La falta de presupuesto para todas las otras áreas del sector ambiental se resintió y llevó a que se tuvieran problemas en cascada. Entre los más evidentes está la casi inexistente acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que perdió su capacidad para combatir los delitos ambientales, como la tala y la pesca ilegal.

“La carencia de presupuesto y de personal llevó a que la autoridad ambiental no pudiera cumplir con sus atribuciones; que estuviera completamente ausente y omisa”, destaca Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.

Eso también lo resaltan quienes escribieron la Agenda Socioambiental 2024: la disminución del presupuesto llevó a las instituciones “al límite de la inoperancia y casi nula presencia en campo”. Al mismo tiempo, destacan que “se ha producido un fenómeno social de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por parte de la delincuencia organizada”.

Lo preocupante: violencia contra defensores del ambiente

Antes del gobierno de López Obrador, México ya aparecía en la lista de los cinco países con el mayor número de agresiones en contra de quienes defienden bosques, ríos, montañas y todo aquello que da vida a un ecosistema. Tan solo entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 203 personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con datos de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estas violencias.

Durante el sexenio de López Obrador 102 personas defensoras de ambiente y territorio sufrieron agresiones letales, de acuerdo con la documentación realizada por Cemda. En 2023 se registraron 20 de esos asesinatos. Y aunque todo parece indicar que para el 2024 disminuyó levemente el número de homicidios, los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos también muestran que han ido al alza otras violencias, en especial la criminalización.

Por lo menos hay 61 personas vinculadas a carpetas de investigación acusadas de diversos delitos, sobre todo daños a las vías de comunicación. La mayoría de esas acusaciones surgieron después de que esas personas manifestaron su oposición al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como lo documentó una misión civil formada por integrantes de organizaciones que recorrió algunas comunidades afectadas por este megaproyecto.

La criminalización también la han padecido comunidades que han denunciado la contaminación y despojo de territorio que provocan las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Así como la comunidad El Coyul que se ha opuesto a los planes de particulares que buscan realizar un proyecto inmobiliario en una zona de manglar y arribo de tortugas en Oaxaca.

A lo largo del sexenio de López Obrador, otra de las violencias que tomó fuerza fue la estigmatización en contra de las personas, comunidades y organizaciones defensoras de ambiente y territorio. Durante la conferencia matutina que el presidente ofrecía todos los días y que se conoció como “la mañanera”, se descalificó a quienes denunciaban los daños ambientales causados por los megaproyectos.

La impunidad también se instaló en muchos de los casos de personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas o desaparecidas, tal y como ha sucedido en el caso de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, ocurrida en enero de 2023. El año 2024 terminó sin que ellos ni otras 37 personas defensoras sean localizadas.

Gabriela Carreón, co-coordinadora de TerraVida, organización que acompaña a personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio, resalta que el hecho de que la construcción de megaproyectos —como el CIIT o el llamado Tren Maya— hayan estado a cargo de militares, desató diversas dinámicas en los territorios. Una de ellas fue inhibir la protesta social.

“Las instituciones en México no han estado a la altura para garantizar la seguridad de las personas defensoras de ambiente y territorio, ni para combatir la impunidad que persiste en estas violencias”, considera Carreón. Y es por ello que una de las deudas que dejó el año 2024 es la implementación del Acuerdo de Escazú.

Carreón considera que, pese a que México fue uno de los países que impulsó la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en el territorio nacional “ha faltado voluntad de los entes institucionales para implementarlo”. Y hay dos ámbitos en donde es claro que el acuerdo sigue sólo en el papel: no se tienen aún jueces especializados en materia ambiental y hay grandes problemas en el acceso a la información ambiental, ya que muchos datos ambientales no están actualizados o se niega su acceso.

En México, además, la defensa del medio ambiente y del territorio no sólo se enfrentó a los megaproyectos impulsados por el Estado o por empresas. En 2024 fue aún más evidente la presencia de grupos del crimen organizado que han hecho parte de su negocio el tráfico de especies, la pesca o la tala.

Lo crítico: el control del crimen organizado en territorios forestales

Chihuahua, Durango, Estado de México y Michoacán son algunos de los estados del país en donde sus habitantes han denunciado casos en donde el crimen organizado ha entrado a controlar el manejo forestal comunitario. Eso lo ha documentado Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y quien desde 1995 trabaja en el tema del manejo sostenible de bosques. En esos estados del país “[personas vinculadas al crimen organizado] han tomado las mesas directivas de las organizaciones de manejo forestal, están al frente de aserraderos o de la cadena de suministro de productos forestales”.

Zúñiga es uno de los autores que participó en el capítulo dedicado a las regiones forestales, incluido en la Agenda Socioambiental 2024. En ese apartado se señala que “el empoderamiento de los grupos criminales ha incrementado la tala ilegal, incluso en regiones en donde las comunidades habían avanzado en la gestión sustentable de los territorios”.

También se menciona que la tala ilegal “se ha convertido en un problema creciente y generalizado”. Según ese documento, se estima que entre siete a nueve millones de metros cúbicos de madera en rollo son taladas ilegalmente al año. Eso representa entre el 95 y 120 % de todo el aprovechamiento legal de madera que se registra en el país.

Poco más del 70 % del territorio nacional alberga algún ecosistema forestal. Aún así se desatendió el sector forestal: “No se le miró como un sector productivo elemental para el desarrollo de varias regiones del país. No tuvo un impulso adecuado, sobre todo durante la segunda parte del sexenio”, señala Zúñiga.

La falta de capacidad del Estado para atender la agenda forestal, propiciada por la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue uno de los varios ingredientes que abonaron el terreno para lo que hoy se padecen en muchos de los territorios forestales del país, por ejemplo, el aumento en la presencia de plagas y enfermedades, así como incendios que cada vez afectan a una superficie más amplia, como lo muestran los datos de la propia Conafor.

El país tampoco pudo disminuir la pérdida de superficie forestal: si en el 2022, al menos, 179 000 hectáreas se quedaron sin cobertura arbórea, para el 2023 esa cifra se elevó a 226 000 hectáreas, de acuerdo con los análisis más actualizados de la plataforma Global Forest Watch.https://www.globalforestwatch.org/embed/widget/treeLoss/country/MEX

Una de las regiones del país que más ha perdido cobertura forestal es la Península de Yucatán. Entre 2019 y 2023, al menos, 285 580 hectáreas dejaron de ser terrenos forestales, de acuerdo con los datos de una plataforma de análisis de imágenes satelitales desarrollada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), bajo la dirección técnica del doctor Edward Ellis. Esta herramienta permite conocer que las causas de la deforestación en esa región fueron la construcción del llamado Tren Maya y del aeropuerto internacional de Tulum, la expansión de la agroindustria y de las granjas de cerdos y aves, el establecimiento de potreros y los desarrollos inmobiliarios.

En Hopelchén, Campeche, por ejemplo, la expansión de la agroindustria ha generado buena parte de la pérdida de cobertura forestal, como lo documentó Mongabay Latam en agosto de 2022. En ese municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó mesas de diálogo con los menonitas que deforestaron las tierras sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo para hacerlo. Esas mesas no detuvieron la deforestación. En la zona continúa la expansión de la agroindustria. “Hay un gran problema generado por la nula capacidad gubernamental para asegurar el cumplimiento de leyes. Hay una enorme impunidad en cambios de uso de suelo ilegal”, remarca Zúñiga.

Lo olvidado: el sector pesquero

México está entre los 20 países del mundo con mayor producción pesquera y es la actividad que da empleo a más de dos millones de personas. Además, en los 263 municipios costeros del país habitan más de 15 millones de personas.

Pese a la importancia que tiene la vida marina para el territorio mexicano, durante el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se mantuvo desdibujada, en especial porque la persona que estuvo al frente de la dependencia —Octavio Almada Palafox—, desde 2021 y hasta septiembre de 2024, “abandonó al sector y no hizo nada por cumplir con las metas del plan sectorial”, señala Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de políticas públicas de la oficina en México de Oceana.

Por ejemplo, no se cumplió con las metas de crear redes de refugios pesqueros, abatir la pobreza en el sector pesquero, impulsar la adaptación al cambio climático, fortalecer la vigilancia y combatir la pesca ilegal.

Hay datos que muestran el abandono: si entre los años 2009 y 2014 había 183 oficiales federales de pesca para todo el país, este número disminuyó a 161 entre 2018 y 2022. Además, si para el periodo 2009 a 2014 se detuvo a 1228 personas acusadas de pesca ilegal, entre 2018 y 2023 sólo fueron 59. “Hay menos inspectores, menos presupuesto y no hay un combate real a la pesca ilegal, que es el flagelo de la pesca”, resalta García-Peña.

En México, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Pesca publicado en 2023, cada año se capturan entre 1.8 y 2.1 millones de toneladas de peces, eso sin tomar en cuenta la pesca ilegal que representaría un 40 % más de esa cantidad, de acuerdo con algunas estimaciones.

García-Peña menciona que la pesca ilegal ya está afectando a, por lo menos, unas 300 especies de importancia comercial, entre ellas el huachinango del Golfo de México (Lutjanus campechanus), el robalo (Centropomus undecimalis), la lisa (Mugil cephalus), el mero rojo (Epinephelus morio), el camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum), entre otros.

El abandono del sector pesquero también se refleja en que no se ha avanzado en una actualización del estatus de las especies pesqueras y que sólo 30 % de las pesquerías en el país cuentan con planes de manejo. García-Peña comenta que eso ha llevado a que 28 pesquerías, de las 83 reconocidas, se encuentren en condiciones de deterioro o que su aprovechamiento rebase el “aprovechamiento máximo sustentable”.

En 2024 tampoco se trabajó para dar alternativas a los pescadores que cada vez enfrentan mayores adversidades por la presencia de huracanes más frecuentes e intensos o por los efectos del cambio climático en varias pesquerías. “No hay una adaptación de las políticas públicas ante esos escenarios”, comenta el experto de Oceana.

En ese sentido, Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, recuerda que el gobierno mexicano hizo a un lado toda la agenda para la mitigación y adaptación al cambio climático, al mantener una política energética regresiva: “Fue una apuesta por los combustibles fósiles: se construyó una nueva refinería y se promovieron las carboeléctricas, el petróleo y el gas”.

Además, pese al compromiso de López Obrador de terminar con el fracking, esta práctica continuó realizándose y se destinaron más de 62 mil millones de pesos entre 2018 y 2024 en proyectos que implican el uso de esta técnica de extracción de hidrocarburos que provoca una disminución de la disponibilidad de agua, de acuerdo con datos incluidos en la Agenda Socioambiental 2024.

Lo bueno (pero no tanto): más áreas naturales en el papel

Al comienzo de su gobierno, López Obrador anunció que una de sus metas ambientales era decretar 50 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs). En 2024 se aceleró el paso para cumplir con la promesa. Incluso, el último día del sexenio se decretaron seis nuevas áreas.

México tiene ahora 232 ANPs, pero 106 de ellas no cuentan con programa de manejo, documento vital para conocer cuáles son las amenazas de los lugares y las mejores estrategias para conservar los sitios. “No podemos avanzar en la protección de la biodiversidad y los espacios bioculturales si no tenemos este instrumento”, resalta Gina Ileana Chacón, directora de política pública de Wildlands Network México, organización de la sociedad civil que forma parte de la Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

Además, muchas de las ANPs no cuentan con presupuesto ni personal. Chacón pone como ejemplo el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFF Jaguar), creada a mediados de 2022 en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, y cuyo programa de manejo se publicó en febrero de 2024, pero que no tiene recursos asignados y sólo tiene a dos personas trabajando en el área que tiene poco más de 2249 hectáreas.

“No queremos áreas naturales de papel. Aunque tengan plan de manejo, si no tienen presupuesto, no es posible hacer mucho para garantizar su protección”, resalta Chacón.

La APFF Jaguar se creó justo en una de las zonas por donde pasa el llamado Tren Maya y se presentó como si fuera una compensación ante la construcción del megaproyecto. En ese sentido, Chacón resalta que “la creación de un ANP no puede compensar el que se haya fragmentado un ecosistema como la Selva Maya. Esa fragmentación pone en riesgo la sobrevivencia del ecosistema en su conjunto y de la biodiversidad, sobre todo de especies emblemáticas como el jaguar”.

El decretar más áreas sin dotarlas de programa de manejo o presupuesto no fue la única incongruencia que se observó durante el último año de la administración de López Obrador. Antes de cerrar el sexenio, funcionarios de la Semarnat autorizaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para la construcción de desarrollos turísticos en zonas aledañas al Parque Nacional de Cabo Pulmo.

La revocación de una de esas autorizaciones fue una de las primeras acciones que realizó Alicia Bárcena, como nueva titular de la Semarnat, a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.

Lo esperanzador: nombramientos en el sector ambiental

El 1 de octubre de 2024, la física y doctora en ingeniería energética Claudia Sheinbaum Pardo asumió el mando como la primera mujer presidenta que tiene México. Es también la primera vez que la presidencia del país está a cargo de alguien que nunca formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó el país durante más de 70 años y en donde comenzó su carrera política López Obrador.

Sheinbaum, además, formó parte del grupo de más de 600 académicos e investigadores del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

La presidenta nombró titular de la Semarnat a la bióloga y diplomática Alicia Bárcena, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores en el último año de gobierno de López Obrador y fue directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde impulsó el Acuerdo de Escazú.

En las subsecretarías y en las diferentes dependencias ambientales también se nombraron a personas que son reconocidas por su capacidad técnica y experiencia en los temas ambientales. También se ha aplaudido la designación del ingeniero pesquero Alejandro Flores Nava, al frente de la Conapesca, y del ingeniero agrónomo e investigador Julio Berdegué Sacristán como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

“Hay entusiasmo, porque se ve la posibilidad de que se pueda tener, de nuevo, una relación cordial y respetuosa con la autoridad ambiental”, dice Gustavo Alanís, sobre los nombramientos en el sector ambiental.

La opinión de Alanís no es aislada. Entre las diversas organizaciones no gubernamentales e, incluso, en los espacios internacionales se ha celebrado la llegada al sector ambiental de personas con experiencia y conocimiento científico.

Alanís, por ejemplo, recuerda que durante la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se realizó en Cali, Colombia, se “festejó que México estuviera de regreso con autoridades ambientales preparadas, con experiencia en los temas. Eso ha generado una expectativa muy positiva”.

Esa expectativa ahora se enfrentará con la realidad, sobre todo si el gobierno de Claudia Sheinbaum asume la misma postura de su antecesor y, durante los próximos años, castiga con un presupuesto mínimo al sector ambiental. Algo que ya se vislumbra, por lo menos para el 2025.

Imagen central: Los habitantes de Homún, en Yucatán, viven de los estanques naturales que se encuentran dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Foto: Benjamín Magaña

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Plaza Mayor de la Nueva Granada. Fuente: Joaquín Piñeros Corpas. Acuarelas de Mark- Colombia 1843-1856 (Bogotá: Banco de la República y Biblioteca Luis Ángel Arango, 1992). Tomada del libro: “Bogotá asediada siglo XIX”.

“Entre la chicha, el hambre y la precariedad, se fermentaban el fanatismo y el odio irracional que anidaban en los corazones (…) lo que a lo largo de una centuria entorpeció la formación de la sociedad civil y de su espíritu vital, la civilidad”: Del libro “Bogotá asediada siglo XIX”.

Esta tierra, mi suelo sin consuelo, estuvo anegada de sangre y lágrimas durante todo el siglo XIX, pero aquellos santafereños fueron gente corajuda que me defendieron y se defendieron de quienes nos atacaron con violencia, aunque también hubo un odio encarnizado entre semejantes, tan dispuestos a matarse entre sí. Para cuando amaneció el siglo XX, ya tenía encima tres guerras civiles, un golpe de Estado y menos de cien mil habitantes.

Con decirles que el general Simón Bolívar fue enemigo antes que amigo; entonces me llamaban Santafé y era la capital del Nuevo Reino de Granada. Este reino se componía de 15 provincias: Tunja, Socorro, Pamplona, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Panamá, Veraguas, Chocó, Antioquia, Popayán, Mariquita, Neiva, Casanare y, por supuesto, Santafé, pero desde finales de 1819 quedé Bogotá a secas.

Era una aldea tan pequeña que mis 260 hectáreas se podían recorrer a pie en apenas media hora; las gentes vivían en condiciones miserables. Había corrupción y donde hay corrupción, ya saben: hay atraso. Para el 20 de julio de 1810 tenía 23.956 habitantes y unos 40 mil a mediados de dicho siglo.

Carlos Roberto Pombo, autor de “Bogotá asediada siglo XIX” y presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

Al principio de su libro “Bogotá asediada siglo XIX”, Carlos Roberto Pombo Urdaneta me pinta como una villa más bien lúgubre, triste, “cuya vida transcurría lentamente en torno a las iglesias y conventos construidos a lo largo de los doscientos años de Colonia”. Los desechos humanos y las aguas sucias corrían por callejuelas estrechas, y el agua, proveniente de los ríos San Francisco y San Agustín, se recogía en las fuentes de las pocas plazas que existían.

“Las pilas eran verdaderos hitos urbanos: ellas no sólo prestaban el servicio de agua, sino que convertían el espacio de la plaza en centro inevitable de reunión diaria. Decenas de aguateras y sirvientes se congregaban alrededor de ellas todos los días, comentaban los últimos sucesos de la villa y los avatares de las familias para las que trabajaban o vendían el agua”.

Sin embargo, aquellos aldeanos, hombres y mujeres, se armaron de valor (y de armas en algunos casos) para defenderme y defenderse, aunque no siempre con éxito, de quienes quisieron someternos a la fuerza.

Les decía que Bolívar fue enemigo porque en 1815 se ensañó contra nosotros y hasta las mujeres juntaron machetes y cuchillos para responder. Cuenta el doctor Pombo Urdaneta que Bolívar “entró por el sur y ocupó el barrio Santa Bárbara tras un feroz ataque, casa por casa (…) dejando a los defensores sin agua ni alimentos”. Con autorización suya, las tropas me saquearon durante dos días, en los que hubo más asesinatos y violación de mujeres.  

Pero luego, el 10 de agosto de 1819, el mismo Bolívar hizo historia: entró triunfal tras derrotar con Santander al ejército español en las batallas de Boyacá.

—“Llorando de alegría, las mujeres se echaban a sus pies”.

En el costado sur de la Plaza Mayor (hoy mi Plaza de Bolívar) fusilaron a treinta y ocho españoles.

“… el suplicio fue cruel pues a los condenados se les llevó al banquillo en grupos de a cuatro, de manera que los últimos tuvieron que ver nueve veces la escena de la partida, antes de partir ellos mismos”.

Antes de Bolívar, un valiente Antonio Nariño con el ejército de dos mil hombres me defendió del ataque del general Antonio Baraya, que traía una tropa superior en mil quinientos hombres. Nariño se salió con la suya en 1813: “colocó los cañones de frente a las bocacalles y cuatro grupos de 300 voluntarios, cada uno sobre las cuatro entradas que daban acceso a San Victorino”.

Cuando visiten la iglesia de San Agustín, agradezcan al Jesús Nazareno, que investido del uniforme e insignias “fue nombrado generalísimo de las tropas defensoras”,

Festejamos aquel triunfo con piquete y bailes en la Plaza Mayor, en tanto que los heridos de ambos bandos recibieron atenciones en el hospital San Juan de Dios.

Por cuenta de las pasiones políticas me bañaron en sangre, lágrimas y desconsuelo.  

Durante la Reconquista, el español Pablo Morillo impuso su Régimen del Terror: instaló de nuevo el Tribunal de la Inquisición y trasladó a estas tierras la Real Audiencia de Cartagena. Al cadalso fueron llevados para su fusilamiento personajes ilustres como Policarpa Salavarrieta, Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas, Antonio Baraya, Camilo Torres y José María Carbonell, entre otros.

“Para hacer más pavorosos estos suplicios, se exhibieron durante nueve días las cabezas de Camilo Torres y Manuel Rodríguez Torices en la alameda La Vieja, donde las descarnaron los gallinazos a la vista de todos”.

¡Qué valiente fue la Pola!  En mis entrañas quedó grabado su gritó de sabiduría: “¡Miserable pueblo! Yo os compadezco: algún día tendréis más dignidad”.

Enrique Santos Molano, historiador.

Si bien mi tranquilidad se vio constantemente amenazada (ya fuera por las desavenencias entre criollos e ibéricos, centralistas y federalistas, militaristas y civilistas, gólgotas y draconianos, mochuelos y alcanfores, liberales y conservadores), también conocí el alma fraterna de quienes me habitaron en aquellos tiempos. El sabio francés Louis Pasteur me llamó “la Atenas Neogranadina”, contado así por el historiador Enrique Santos Molano en el prólogo del libro que les cuento.

Las artes y las tertulias literarias florecieron de la mano de poetas, ensayistas, novelistas, filósofos, cuentistas, dramaturgos, artistas, filólogos y gramáticos.

Se preguntarán cómo pasé de ser una aldea de humildes santafereños a la urbe moderna del siglo XXI donde conviven, y a veces malviven, diez millones de bogotanos y no bogotanos.  

Gonzalo Mallarino, escritor.

En el epílogo, el escritor Gonzalo Mallarino se aventó con una respuesta: “La han lastimado todas las formas posibles de violencia y desesperanza. Pero resiste y continúa empecinada en que todos quepan (…) Bogotá no renuncia a la búsqueda de su espíritu de metrópolis moderna. Su espíritu civil, su civilidad”.

Hasta aquí les resumí una parte del cuento. La historia completa está relatada en 202 páginas con lujo detalles, croquis e imágenes, donde me verán cómo fui antes. La Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá ha publicado esta obra para quienes desconocen mi pasado, que es la historia de santafereños y bogotanos, y cómo entre todos han forjado la ciudad civilizada que soy y lo que falta para que entre ustedes se traten con mayor humanidad.

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Fotografías: Cortesía Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

Como suele suceder en un país donde la historia está asida desde el centro de la nación y desde las capitales de los departamentos, pasó desapercibido el bicentenario de la batalla de Barbacoas, ocurrido un 1 de junio de 1824, lugar en donde Tomás Cipriano de Mosquera sería herido, siendo conocido entonces con el remoquete de “mascachochas”, escenario final del cruento y retrógrado Agustín Agualongo, figura adornada con los lauros de la falsedad antes que con el tamiz de la objetividad, como bien anotaría el historiador Jaime Gutiérrez Ramos.

Mosquera descendía de una de las familias más linajudas del Gran Cauca, habían acumulado una gran fortuna fruto de las minas que poseían y de los extensos terrenos para cultivos y ganadería que habían obtenido merced a favorecimientos hechos a la corona española. Pese a ello, a temprana edad tomó el camino de servir a la causa patriota, ganándose el favor de Bolívar, quien lo ascendió a teniente coronel y a nombró jefe civil y militar de la provincia de Buenaventura, cuya capital era Iscuandé, un escenario que conocía perfectamente en razón a las propiedades familiares que ahí se asentaban, inclusive hoy un municipio de la costa nariñense lleva su apellido en su honor.

Agualongo provenía de las masas populares pastusas, algunos dicen que era indígena, otros que era un mestizo, lo cierto es que los historiadores han tratado de blanquear su figura para darle tintes heroicos desde su propio origen, aludiendo que fue pintor al óleo, que se divorció de su esposa y que, además, fue ascendido a General de los Ejércitos del Rey de España. Todo esto en contravía de los oficios y limitantes propias a quienes estaban por debajo de la rancia élite pastusa, inclusive algunos investigadores afirman que fue pintor de brocha gorda, que el divorcio era imposible para alguien de su rango y que al ostentar un cargo militar tal alto debería reposar el acta de nombramiento en algún archivo, cosa que hasta el momento no aparece.

El acta de inscripción como soldado raso en las milicias de Pasto es suficiente para tener un perfil suyo, además del inicio tardío en el ejercicio militar, mayor de 30 años, para detener la avanzada de los Quiteños en 1811. Lo que es innegable es su sagacidad para moverse en medio de esa élite y lograr ascender al grado de coronel, de imponer a costa de muchas vidas el capricho de mantenerse en la convicción de una corona que ningún merecimiento le había hecho a la ciudad de Pasto, ya que ni fue sede episcopal, ni se creó universidad, ni mucho menos casa de moneda, que era lo que se le pedía.

Mosquera había sido decano de Bolívar a su paso hacia el sur, se había ganado su confianza, sobre todo porque con seguridad su familia dio importantes aportes económicos a la causa de la Independencia, de tal manera que sus ascensos fueron rápidos y sin mayor pericia fue enviado para recoger y proteger el oro que salía de Barbacoas para el Ejército del Sur. Para entonces ya había acaecido la terrible navidad nefanda en 1822, Agualongo había sido vencido por Bolívar en Ibarra y sin más salidas emprendió la huída hacia Barbacoas para apropiarse del oro, salir hacia Tumaco y de ahí encontrarse con las goletas españolas y peruanas.

El propio Mosquera en el informe que dirige al Comandante General del Departamento del Cauca muestra cuales eran las intenciones de Agualongo: tomarse Barbacoas y dejar ahí como gobernador a Francisco Angulo, negro; ponerse en comunicación con Calzón y Canchala que estaban en Los Pastos, recordemos que el primero fue el que fusiló a la ninfa mártir Josefina Obando; que Toro volviera al Valle del Patía y los pueblos de Taminango y alrededores; mientras que Agualongo “debía poner en insurrección a los cantones de Tumaco, Esmeraldas, y Costa de la Buenaventura para ponerse en comunicación con los corsarios, recibir auxilios del Perú y emprender sobre el resto del departamento del Cauca obstruyendo de tal modo las comunicaciones de Su Excelencia el Libertador, por mar y por tierra.” (AGN. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo: 43. Folio:690 Folio: 690r).

Después de ser vencido en El Calvario, Agualongo y un grueso de militares realistas se dirigen por el río Telembí hacia Barbacoas. Para entonces el ejército patriota, al mando del inexperto Mosquera, se prepara para la terrible emboscada que haría Agualongo y la cual sabían de antemano, inclusive prometió la libertad a los esclavos que se aventuraran a detener la avanzada realista, logrando vencer a algunos de ellos. El 1 de junio las fuerzas pastusas llegan a la ciudad, inclusive el soldado Martínez, del batallón Aragón, le asienta un tiro en la cara al comandante caucano, destrozándole la mandíbula inferior, atravesándole la lengua, lo que lo obligó a ceder el mando al coronel Parra. Agualongo, al verse imposibilitado de tomar el cuantioso tesoro, ordena incendiar la ciudad, huyendo e internándose en la selva con su ejército diezmado, quienes serán perseguidos, muchos de ellos atrapados y fusilados en el acto.

En parte que da Agualongo a la Comandancia General de Armas del Cauca, anota: “tuve a bien el retirarme con el honor que acostumbran las tropas militares, sin haber perdido más que diez hombres entre paisanos y tropa nuestra, pero para esto tuvo que volverse en cenizas todo el pueblo” (AGN. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo: 43. Folio: 689). Triste suerte la de la ciudad de Barbacoas, sobre todo porque algunos historiadores han querido mostrar al ejército patriota como monstruoso, lleno de masones e infieles que no respetaban absolutamente nada, luchando casi que contra un ejército realista formado por “monjas de la caridad” en donde el rosario y la templanza eran sus consignas; no es así, ambos ejércitos cometieron exabruptos que marcaron a nuestros territorios, tales como la nefanda noche del 24 de diciembre de 1822 por parte de los patriotas, la retoma a sangre y fuego de Los Pastos por parte de Agualongo, Boves y Merchancano en 1823 y el terrible incendio de Barbacoas por parte de los realistas pastusos el 1 de junio de 1824, entre muchos otros más.

Mosquera reconoce el valor de los barbacoanos y el apoyo que recibió de estos para resistir a los realistas, “Con todo como hallase yo un apoyo en el patriotismo y decisión de las gentes de la ciudad, me esforcé a resistir la invasión, según lo puntualizo en otros oficios, y salvar al pueblo del degüello que le amenazaba. El entusiasmo de todos los hombres que tuve a mi devoción es inexplicable”, insistiendo en mostrar como la ciudad quedó incendiado, perdiendo ricos y pobres todas sus propiedades, hasta el punto de pedir ayuda para remediar la miseria en que quedaron sus habitantes: “Lo cierto es que los más vieron con serenidad arder sus hogares, sus propiedades, y cuanto tenían de lujo y comodidad, y sin desprenderse de las armas prefirieron la destrucción del enemigo, a la salvación de sus intereses. Han quedado reducidos a la última indigencia en tal estado, que hay personas que no tienen otro alojamiento que el cuartel, en el que resida sin otro recurso que el pequeño lugar que les toca para dormir a la intemperie. Yo faltaría a mi deber sino lo informase a vuestra señoría suplicándole se digne elevar esta noticia al Supremo Gobierno de la Nación para que se atienda con la conmiseración que se merece esta porción de infelices adictos al gobierno de la República, recomendándolos con todo el interés a que se han hecho acreedores” (AGN. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo: 43. Folio: 691 Folio: 691r).

Diezmado el ejército realista, algunos regresan a Pasto y otros se dirigen al río Mayo, entre estos Agualongo, quien sería atrapado el 24 de junio por su excompañero de armas, el ahora coronel patriota José María Obando, quien sería conducido a Popayán y fusilado el 13 de julio de 1824.

Barbacoas enfrentaría muchas otras batallas, principalmente la del olvido por parte del Estado central, del gobierno departamental, así como el saqueo de sus minas que enriqueció y sigue enriqueciendo más a foráneos que a propios, lugar donde nació una casta política que no ha sabido responder a su comunidad. Barbacoas, en oro y leyendas cantada.

Quizá la palabra balsada venga de balsa, esa construcción de troncos amarrados que permiten la navegación, y que las comunidades afrocolombianas del Pacifico emplean para referirse a una celebración de carácter religioso, decorando lanchas y barcos con flores, bombas y luces de colores, ubicando imágenes de vírgenes y santos con el fin de rendirles tributo llevándolos de un puerto a otro.

Poco imaginarían quienes crearon la Orden del Carmelo, por allá en el siglo XII en Jerusalén, que sus advocaciones llegarían también a una tierra extraña a finales del siglo XV e inicios del XVI, a lo que mal denominarían “Nuevo Mundo”, coincidían ambos en la lógica que acompañó a los europeos a explorar el mundo y ampliar sus horizontes: la riqueza, con los primeros mediante las Cruzadas y con los segundos mediante la Conquista, imponiendo idiomas y creencias.

Llegaron a lo que denominarían América con el deseo ferviente de enriquecerse con el oro, la plata y las piedras preciosas que veían a graneles en los territorios que poco a poco iban ganando mediante la imposición de la espada y de la cruz. Reaparecen entonces nuevamente los caballeros, hace tiempo extintos, pero no con la norma que a estos los caracterizaba, la de “desfacer agravios y enderezar entuertos”, a la mejor manera de un loco que parte a destiempo para tal fin.

Con la conquista la población nativa se vio menguada víctima de las guerras, las invasiones inmisericordes y de las enfermedades que llegaban con los europeos, principalmente españoles y portugueses, quienes cuando se embarcaban para esta tierra desconocida para ellos, debiendo atravesar mares llenos de monstruos y de tentaciones, para lo cual las esposas de los marineros ataban a los barcos imágenes de la Virgen del Carmen para evitar todo mal, entregando escapularios, buscando la promesas de que si sus maridos perecían en la travesía, fuesen sacados por la Virgen del purgatorio y llevados al paraíso prometido. De tal manera que no demoró en tomar asiento la advocación del Carmen en este “Nuevo Mundo”, que enriqueció a tantos y enloqueció a otros tantos.

Luego llegan miles de hombres capturados en el África por portugueses e ingleses, generando el comercio humano más atroz que allá visto la humanidad, esclavizándolos y embarcándolos para América para que ayudaran en todas aquellas labores que se necesitaban, particularmente la agricultura y la minería, de ahí que los principales asentamientos fueron en valles fértiles y en donde se encontraba el oro y la plata, así como las perlas y las piedras preciosas. Al verse desamparados, no perdían las esperanzas de que sus dioses les ayudasen en esos difíciles momentos, de tal manera que fueron depositados sus dioses en la imaginería católica, dentro de las estatuas de santos y vírgenes venían al Pacífico colombiano y ecuatoriano las prácticas Yuyus y los dioses Lumbalús.

Así, obligados a aprender el catequismo católico, aparecen las décimas cimarronas y en las fiestas religiosas, como la del 16 del julio, dedicada a la Virgen del Carmen, aprovechan con sus cantos para alabar a esas deidades que veneraron sus ancestros. Así nace un sincretismo que ha generado manifestaciones religiosas únicas en los diferentes contextos afrocolombianos, reconocidos y valorados por la Constitución de 1991, que permitió las prácticas religiosas propias al reconocer en su artículo 19: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.” Pero mucha tinta y mucha sangre tendría que pasar para ello.

Hay que reconocer que no todos quienes llegaron fueron sanguinarios, muchos religiosos y muchas religiosas buscaron verdaderamente la protección de los indios, fray Bartolomé de las Casas, y de los afros, san Pedro Claver, por mencionar solo algunos. Muchos otros desde los preceptos propios de sus comunidades, hicieron una labor silenciosa para calmar, aunque sea un poco, tanto dolor generado en el holocausto de la conquista y de la colonia. Fue así como muchas congregaciones religiosas se asentaron en los lugares más recónditos, en particular en este litoral que por tanto tiempo vivió al amparo de su propia suerte.

Con seguridad algunos franciscanos, dominicos y agustinos, los primeros en llegar, buscaron de una u otra forma no caer en las garras de la ambición y la codicia, para realmente aliviar espiritualmente el ultraje causado por tantos otros. Y se van imponiendo esas imágenes que tanto indígenas como afros fueron aceptando en la medida que los veían como mediadores de sus propias deidades, por eso no hay pueblo donde no se venere una imagen religiosa católica, baste mencionar el Nazareno de Magüi Payán, la Virgen de Atocha de Barbacoas y la Virgen del Carmen en Tumaco.

Esta última advocación existía ya antes de la llegada de los Agustinos Recoletos al Pacífico colombiano, particularmente al Pacífico Sur, en donde tuvieron especial injerencia cuando el padre Bernardo Merizalde del Carmen, agustino recoleto, es nombrado prefecto apostólico de esta importante región del país. Él mismo menciona en su libro “Estudio de la Costa Colombiana del Pacífico” (1921), como la Virgen del Carmen es muy común, hasta el punto de que los afros llevan escrita una oración a la cual le otorgan poderes infalibles, la cual transcribimos completa por considerarla un elemento etnográfico valioso:

Oración a Nuestra Señora del Carmen.

«Virgen purísima, que diste a luz al Salvador del mundo, hermosa azucena más que la flor y que la maravilla del mundo.» «Eficacia de esta oración. Cogieron a un hombre, le colgaren la oración, y lo maniataron y lo arrojaron al mar; se fue rebalsando por encima del agua y no se ahogó; de manera que las gentes de ese lugar se quedaron espantadas de ver ese gran suceso. Por acabar de probarla se la pusieron a un perro; lo maniataron le amarraron cien ladrillos y lo arrojaron al mar. Pasó lo mismo: fue rebalsándose por encima del agua y no se ahogó. Le quitaron la santa oración y se ahogó fácilmente. Si alguna mujer hubiese de parto y no pudiese dar a luz se le podrá poner esta santa oración en el pecho y alumbrará sin peligro. Vendrá la Santísima Virgen a echarle su santísima bendición o sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. «Si algún enfermo hubiese de muerte y no pudiese morir, se le podrá poner esta santa oración sobre la barriga y se le arrancará el alma; retirará al diablo seis leguas mar afuera; vendrá la Santísima Virgen a echarle su santísima bendición que será la de Dios padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. «Así es que el que sabe esta santa oración no será perseguido de ningunas visiones, ni de las justicias. No creas en oración del enemigo. Cree en esta santa oración: que, si crees en ella y así lo hicieres, te verás gloriado. «En la casa donde saben esta santa oración no caerán rayos, ni centellas; quien la rece no muere en guerras, ni muere con balas, ni muere ahogado, ni tendrá muerte de repente, ni muere des auxiliado. Vendrá la Santísima Virgen a cogerlo en sus brazos echándole su santísima bendición que será la de Dios Padre, y la de Dios Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.»

De tal manera que no es raro que el 16 de julio sea una fecha muy especial en el Pacífico nariñense, particularmente en Tumaco, desde temprano se organiza una balsada donde va la imagen de la virgen, con seguridad estatuaria española importada por algún religioso, a quien la música de marimbas, cununos y guazas acompañan los alabados que entonan jóvenes y ancianos, todos unidos en una fe que pareciera conmoverlos hasta lo más profundo de sus entrañas. A un lado de la lancha están los sacerdotes carmelitas descalzos, quienes remplazaron a los agustinos en 1954, ataviados con sus hábitos característicos, cuyas capuchas les sirve para protegerse del sol. El barco de mediano calado ha sido decorado con bombas que hacen alusión al carmelo, café y crema, y los cantos no dejan de interpretarse un solo segundo. El padre Hevert Lizcano está atento para que todo salga bien, que la virgen esté bien peinada y que pueda ser vista por todos aquellos que salen a saludarla en su visita por las aguas de la Bahía de Tumaco, los tres sacerdotes están felices y complacidos de ver tanta religiosidad de un pueblo verdaderamente resiliente.

Quizá la imagen que el padre Hevert peina con amoroso cuidado, es la misma que el 12 de julio de 1903 unos tumaqueños le arrancaron un broche de no mucho valor, ya que la odiosa actitud del obispo de Pasto, el celebre fray Ezequiel Moreno, le había ganado la animadversión de la población costera, sobre todo porque miraba a su grey no como el pastor que debe protegerla, sino como el lobo que está siempre dispuesta a atacarla. Imagen silente a la que el viento Pacífico la mece para merecer el fervor de este pueblo creyente, aun en contra de personajes biliosos como el mencionado obispo de mala recordación para el país.

Hoy los religiosos son más cercanos a sus comunidades, alejados de toda vanidad, ellos mismos son parte de este mundo con todas sus pasiones, desde luego que para los creyentes hay una fuerza que les permite anclar su fe en un apostolado de vida que no muchos entendemos hoy en día. Sin embargo, los sacerdotes y las religiosas que van en la balsada se integran a la comunidad mediante las costumbres que mantienen vivas, por eso nada de rato tiene verlos sonreír, tomar un sorbo de un licor espirituoso y hasta pedir en los muelles un vallenato, preferiblemente alguno de los 17 que Diomedes Diaz le dedicó a la Virgen del Carmen.

La balsada pasa por El Morrito, por el puente del Morro, por los muelles, y la gente se arremolina para ver a la virgen que veneran, algunos se persignan en señal de devoción, otros agitan su mano para saludar a toda la comitiva, inclusive en uno de los muelles están en pleno jolgorio, quizá vienen desde el domingo con la resaca de un torneo que no se ganó, y mientras todos bailan, al ver a la lancha, inmediatamente suena una canción de Diomedes, como sumándose a la fiesta, una perfecta aleación de lo religioso y de lo profano en un mismo lugar.

Finalmente volvemos al muelle flotante, los padres están atentos para que la imagen sea conducida a un vehículo donde iniciarán un recorrido por las principales calles de la ciudad; mientras tanto, tengo el gusto de degustar un delicioso pusandao en la casa de la maestra Licenia Gallo, ahí su familia y su grupo Cueros y Chonta, descansan un poco de la faena que continúa en la noche, ya que en la parroquia de La Misional celebrarán la misa a las 7:00 pm, donde nuevamente la marimba, el cununo, el guazá y las voces ancestrales se unen para venerar esta advocación mariana. Afuera del templo, cientos de personas esperan salir a la procesión, las colegialas, impecablemente vestidas con sus uniformes blancos, esperan encender los faroles que acompañarán el cortejo religioso por las principales calles de la ciudad.

Los padres carmelitas descalzos dan testimonio fiel de los cambios que ha dado la iglesia después del Concilio Vaticano II, de las conferencias de Puebla, Medellín, Aparecida, de una iglesia que debe estar en, con y para los pobres, como predicó el propio Jesús, y que en gran parte se sintetiza en el pensamiento de Camilo Torres: paz con justicia social. Que eventos como esta balsada permita comprender el compromiso de la iglesia con las necesidades reales del Pacífico Nariñense, únicamente así lograremos ese anhelo tan esquivo a veces, pero siempre tan necesario: la paz.

Algunos pueblos han tenido quien los narre, los que no, hoy yacen perdidos en los laberintos del olvido, ahí quedaron luchas y conquistas, hombres y mujeres que forjaron una historia, ahí mitos y tradiciones, todo cubierto por el grueso manto de la desmemoria. Los que han tenido la suerte de ser contados, de una u otra manera se resisten al olvido, hay una fuerza contenida en eso narrado que les permite seguir existiendo, teniendo un anclaje en su propia historia.

Hay una concentración

de músicos y poetas

a la que debe asistir

el Autor de las Tres Letras.

Tumaco durante un buen tiempo tuvo a su propio cronista, el poeta del pueblo, el poeta de las tres letras, el poeta del sombrero de ala ancha: Benildo Castillo nació a orillas del río Mejicano, en la vereda San José del Guayabo, un 20 de julio de 1920, estudió hasta tercero de primaria, como era común para entonces para los campesinos de nuestras comarcas. En 1948 llega al puerto, en donde se desempeñó como agricultor y pescador, teniendo un espíritu libre, rehuyó a toda actividad que le implicara una dependencia, de tal manera que sus jornadas transcurrieron al capricho de sus propios deseos.

En Bellavista fui gallo

en San Agustín padrón

y me he venido a Tumaco

a respaldar mi sección.

Sin saber como ni donde, en 1962 anotan sus biógrafos que se inició como decimero, su maestro “el cantor del campo”, Catalino Moreno, “el poeta de ciencia rural de mayor profundación”, según sus propias palabras. Desde entonces empezó a registrar los principales acontecimientos del puerto, convirtiéndose de esta manera en un verdadero cronista. Para ello, en improvisados papeles escribía sus décimas, las cuales ofrecía a sus amigos y conocidos, quienes voluntariamente le daban algunos pesos a cambio. Con seguridad muchos de esos papeles se perdieron en el arca del olvido, muchos fueron carcomidos por el salitre y la humedad propias de las zonas costeras, y algunos cuantos fueron salvados por avezados coleccionistas de curiosidades locales, permitiendo de esta forma conservar el legado del autor de las tres letras.

Algunos hombres de honor

andamos por las orillas

buscando de qué manera

mantener a la familia.

Muchas otras de sus producciones quedaron grabadas en el alma de los tumaqueños, no por nada la oralidad es la mayor expresión del resguardo de la memoria colectiva de los pueblos del Pacífico colombiano. La palabra, no resguardada en cofres de oro y diamantes, sino libre como las nubes que vienen y van, libre como las aguas salinas convertidas en olas que no se dejan atrapar, libre como la lluvia que se viene cuando le antoja. Así, las décimas de Benildo Castillo se han resguardado permanentemente, flotando en el alma popular tumaqueña.

“Son pendejadas carajo”

-dijeron los campesinos-

nosotros somos bastantes

pero tenemos que unirnos.

Sin embargo, no a todos les es dado la posibilidad de la palabra. Los ancestros africanos y locales, unidos pese a la ojeriza del avasallador, escogen a los privilegiados que han de mantener la tradición, aquellos a quienes el duende los embruja para que sigan con la décima, a su manera “entundados” también, y no se pierda la tradición, ahí están Carlos Rodríguez “El Diablo”, Telmo Angulo “El decimero menor”, Katherine Quiñones “La Tunda del Telembí”, y muchas mujeres y muchos hombres más que no dejarán morir la décima cimarrona.

Benildo Castillo falleció el 6 de julio de 1994 en su Tumaco natal, rodeado del cariño de su pueblo, reconocido en diferentes espacios donde llevó su palabra: Bogotá, Medellín, Buenaventura, y muchas otras ciudades y puntos de su amado Pacífico, ese litoral que con su palabra cada vez es menos recóndito y más reconocido y amado por propios y extraños. Hace algunos años se levantó un monumento en su honor en el Parque Ortiz de su ciudad natal, la barbarie de la desmemoria hizo que durante un buen tiempo permaneciera casi que en absoluto abandono, ante la juventud indiferente y la complicidad silente de los mayores que nada decían, como si la memoria de Benildo estuviese en peligro. En hora buena que para la conmemoración de los 30 años de su fallecimiento la administración distrital ha reparado el busto y está haciendo mejoras en el parque que debería ser lugar de encuentro permanente de la décima cimarrona.

Finalizamos con su décima a la décima, a la mejor manera de un Lope de Vega:

Cuarenta y cuatro palabras

tiene una décima entera

diez palabras cada estrofa

cuatro la glosa primera.

No es preciso tener tono

ni tampoco tener gracia

sino saber llevar

los versos en contonancia

a la medida que alcanza

según la regla y la tabla

la letra donde se cuadra

al pie de cada argumento

con punto coma y acento

cuarenta y cuatro palabras.

Se concentra en la memoria

la forma de argumentar

para sacar de la glosa

una frase al terminar

la que se debe grabar

desde la estrofa primera

la segunda la tercera

llevarlas en contonancia

y contar que diez palabras

tiene una décima entera.

Hay que poner buen sentido

entendimiento y razón

la mejor profundación

que le conecte al oído

para dar el contenido

a que refiere la cosa

si la acción es deleitosa

y que interesa de veras

colocando en hilera

diez palabras cada estrofa.

En los libros de argumento

está la prolongación

del gran poeta Moreno

y del aficionado Autor

que perdieron la ocasión

sabiendo de qué manera

se podía liberar

cuantas palabras cabal

tiene una décima entera

cuatro la glosa primera.

37 pasaron a entrevista, realizada por pilos de grado 11 del Semillero de Becarios U. La prueba estandarizada representaba 250.000 puntos y la entrevista, 50.000. Los primeros ocho seleccionados (de 18) estudian en el Carrasquilla. 19 quedaron en periodo de prueba para aspirar a ocho cupos. IEFEM no participó en la prueba porque ya tiene 10 alumnas en la cohorte 2025 del programa.

Llegaron puntuales el sábado 25 de mayo al Salón de los Espejos de IEFEM. La inducción la habían tenido el jueves anterior como asistentes al Modelo de Debate Karl Popper sobre el Malecón de Quibdó, de grado 10, y al Simposio con Icetex, Colfuturo y Lumni sobre el Fondo Educativo de Quibdó de apoyo al sostenimiento de bachilleres de Quibdó en universidades acreditadas.

Acudieron a la convocatoria las instituciones educativas: Santo Domingo Savio, Gimnasio de Quibdó, Agropecuaria Cristo Rey de Tutunendo, Isaac Rodríguez, Comfachocó, Antonio María Claret, Antonio Ricaurte, Normal Manuel Cañizales, Normal Superior de Quibdó, Carrasquilla, MIA Rogerio Velásquez, Miguel A. Caicedo, Agustín Santacoloma Villa, Centro Educativo Pacífico CEPA, Pedro Grau y Arola, Manuel Saturio Valencia y MIA Jorge Valencia Lozano.

Un estudiante por institución presentó un saludo en nombre de sus compañeros; se presentaron los integrantes asistentes de grados 10 y 11 del Semillero de Becarios U de Quibdó; se hizo encuesta a mano alzada sobre rendimiento académico en grado noveno y el primer periodo de grado décimo, y edad; se informó que los no seleccionados también serán matriculados en el Pre-Icfes virtual de Puntaje Nacional, y tuvieron receso antes de realizar la prueba en línea, que duró 45 minutos.

Los 18 seleccionados

Seis instituciones educativas ganaron los 18 cupos directos: Carrasquilla (11), Cañizales (3), Comfachocó (1), Gimnasio de Quibdó (1), Santo Domingo Savio (1) y MÍA Valencia Lozano (1).

Posiciones finales de los aspirantes: 1) Carlos Santiago Córdoba Hinestroza; 2) Henry David Palacios Córdoba; 3) Kleider Yoel Valoyes Córdoba; 4) Eider Daniel Carabalí Ocoró; 5) Nahomy Julieth Chaverra Valencia; 6) Sirih Yoeli Arboleda Cuesta; 7) Julian Smith Chaverra Rodríguez, y 8) Kiara Nicollette Ríos Bechara, de la IE Carrasquilla Industrial.

9) Gloria Kenny Palacios Palacios (Gimnasio de Quibdó); 10) Dianne Daniela Mosquera Ruiz (IE Cañizales); 11) Arhianna Lorena Garcés Valencia (IE Carrasquilla); 12) Nelssy Nathaly Velásquez Palacios (IE Cañizales); 13) Yithzel Dahiana Rentería Banguera (IE Cañizales).

14) Juan David Correa Maturana (IE Santo Domingo Savio); 15) Cristian Mathews Palacios Cossio (IE Carrasquilla); 16) Shirley Johana Córdoba Palacios (MIA Jorge Valencia Lozano); 17) Sharom Ariadna Zuleyka Palacios Mosquera (IE Carrasquilla); y 18) Aleisy Leonor Torres Ramos (IE Comfachocó).

Los 19 en periodo de prueba

De 10 colegios son los estudiantes que optarán por ocho cupos adicionales en la primera semana de agosto:

19) Laury Stefanny Córdoba Arias (IE Cañizales); 20) David Francisco Bolívar Palacios (IE Santo Domingo Savio); 21) María José Lozano Quejada (IE Cañizales); 22) Derly Natalia Gallego Camacho (IE Comfachocó); 23) Mariana Ibarguen Orejuela (IE Comfachocó); 24) Lilibeth Lorena Robledo Palacios (IE SantoColoma); 25) Sheril Alexa Rentería Palomeque (IE Normal Superior de Quibdó); 26) Nicolás Junior Rentería Blandón (IE Antonio M. Claret).

27) Keissy Mariana Palacios Mosquera (IE Comfachocó); 28) Darlan Santiago Rubio Molina (IE Antonio M. Claret); 29) Heiler Stiwar Rivas Arboleda (IE Antonio Ricaurte); 30) Lucero del Mar Lozano Suárez (IE Carrasquilla); 31) Jhulia Andrea Córdoba Murillo (IE Santo Domingo Savio); 32) Karol Yanaiza Chaverra Arce (Normal Superior de Quibdó); 33) Yeiler Steven Caicedo Velásquez (IE Gimnasio de Quibdó); 34) Alejandro Arce Palacios (Normal Superior de Quibdó); 35) Yussy Bejarano Palacios (IE Isaac Rodríguez); 36) Alisnerey Ramírez Hoyos (CEPA); y 37) Emily Dayana Arboleda Palacios (IE Antonio Ricaurte).

Por procedimiento de cooptación, con la firma de apoyo de 10 de los de grado 11 del Carrasquilla Integrado, se añade al grupo de periodo de prueba a la destacada estudiante Maxdy Lorena Perea Andrade, de esa institución, porque sufrió una falla de su celular durante la prueba de admisión y no pudo enviar sus respuestas en línea.

Los entrevistadores

Entre los estudiantes entrevistadores (de grado 11) estuvieron: José Luis Córdoba Hinojosa (IE Normal Superior de Quibdó), Ronald Darío Ramírez Mosquera (IE Adventista de Quibdó Bolívar Escandón), Daily Dayana Zapata Mena (IEFEM), Valerie Santos Valencia (IE Cristo Rey de Tutunendo), Yirleny Mosquera Palacios (IE MIA Jorge Valencia Lozano),

Igualmente, Anny Yuliza Muñoz (IE Carrasquilla Industrial), Eileen Johana Murillo Morales (IEFEM), Jhodyer Andrés Ibargüen Ochoa (IE Carrasquilla Industrial), María José Gómez Jiménez (IEFEM), Juan Carlos Pinilla Hinestroza (IE Normal Superior de Quibdó), Yaidith Natalia Palacios Mosquera (grado 10, IEFEM). Ellos no entrevistaron a compañeros de colegio para evitar sesgos.

Los antiguos de la cohorte 2025 del Semillero de Becarios U de Quibdó

De ocho instituciones educativas son los 23 alumnos de grado 10 con más de 18 meses de proceso en el Semillero: IEFEM (10), Antonio M. Claret (4), Comfachocó (2), Pedro Grau y Arola (2), Carrasquilla Industrial (1), Armando Luna Roa (1), Gimnasio de Quibdó (1), Cañizales (1) y Normal Superior de Quibdó (1).

De IEFEM: Eilyn Sofia Mosquera Hinestroza, Emily Gamboa Maturana, Karolyn Tatiana Osorio Pérez, Keybi Zamara Mosquera Escobar, Laura Valentina Palacios Arboleda, Leyla Isabel Orejuela Rivas, Luisa Sofia Mena Buriticá, Taira Sofía Guisado Mosquera y Yaidith Natalia Palacios Mosquera.

De IE Antonio María Claret: Juan Camilo Valencia Hurtado, Emily Valeria Bejarano Mena, Juan Camilo Restrepo Malfitano y Miguel Ángel Flórez Marín. De Comfachocó: María Camila Díaz Pinzón y Santiago Gallego Echavarría. De IE Pedro Grau y Arola: Dayra Lorena Mena Chala y Keidy Dayana Mena Romaña.

Del Carrasquilla: Jeidy Daniela  Castro Asprilla y Rosi Alexandra Bejarano Garcés; de IE Armando Luna Roa: Deison Smith Ramírez Córdoba; de Gimnasio de Quibdó: Sharit Andrea Arboleda Salazar; de la IE Normal Superior de Quibdó: Jhony Erick Rentería Chaverra; y de IE Normal Cañizales: Karen Yurleisy Murillo Cáceres. A ellos se añade Janier Robledo Mena, de grado 9, de la IE Cristo Rey de Tutunendo.

Las tareas de los admitidos y los de periodo de prueba

Una vez terminen el periodo académico, tendrán los siguientes deberes en “Vacaciones productivas” para hacer una nivelación básica con los antiguos:

• En Familia: responder “20 preguntas de historia familiar” y preparar un nuevo postre con receta.
• En Mente: leer los libros “El diablo de los números”, de Hans Magnus Enzensberger, y “Rebelión en la granja”, de George Orwell, que fortalecen competencias generales para dos subpruebas de Saber 11, y crear cuenta personal en Lichess.org
• En Salud (autocuidado): pedir cita de odontología, optometría y nutricionista en EPS, y salir 10 veces a trotar a un parque o a la cuadra.
• En Mentalidad económico-financiera: responder “Test de educación financiera” y descargar y familiarizarse con app Trii (para comprar acciones de empresas con pequeños montos de dinero).
• En Cultura: ver cinco películas recomendadas y escoger 20 canciones de Joe Arroyo o de Alejo Durán.
• En Saber 11: tomar al menos el 50% de las clases en vivo del Pre-Icfes virtual de Puntaje Nacional.

El proyecto educativo de Semilleros de Becarios U

El programa de Semilleros de Becarios U, de la Fundación Color de Colombia, presente en 30 municipios de 11 departamentos, busca, mediante un proceso de tres años con pilos que ingresan en grado octavo, desarrollar una mentalidad de crecimiento, valores de excelencia y vocación de servicio, habilidades del carácter (y socio-emocionales), capacidades ejecutivas y competencias cognitivas para un proyecto de vida universitario y de movilidad social que exige resultados altos en pruebas estandarizadas (comenzando por Saber 11, 365+ o pasar la prueba de admisión propia de algunas universidades públicas).

El programa utiliza la estrategia de «experiencias de aprendizaje significativas» tempranas, que fortalecen la personalidad, con entrenamientos en habilidades cognitivas y no cognitivas,  buscando que tras un proceso  de tres años largos cuando lleguen a la universidad se destaquen de modo natural.

*Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 2:  Educación de calidad y equidad. Programa:  Semilleros de  Becarios U, 2022-2026.