En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Quisiera empezar por lo esencial: ¿dónde estaba Colombia hace cuatro años y dónde está hoy en materia de política exterior?

Guillermo Fernández de Soto:
Es una muy buena pregunta para empezar porque obliga a mirar continuidad y ruptura. Durante décadas, Colombia tuvo una política exterior que, con diferencias entre gobiernos, funcionaba como una política de Estado. Eso significa algo muy concreto: había consensos básicos sobre los intereses nacionales y sobre cómo defenderlos en el escenario internacional.

No era una política perfecta, pero sí tenía una característica fundamental: la estabilidad. Existían espacios institucionales —como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores— donde se discutían los temas estratégicos. Había diálogo entre distintos sectores, había consulta, había continuidad.

Ese modelo se fue erosionando, y en los últimos años lo que vemos es una ruptura más profunda. Se abandonó la práctica del consenso, se debilitó la institucionalidad y se optó por una política exterior mucho más personalista.

Y esto tiene consecuencias. En política internacional, la confianza no se decreta, se construye. Y se construye con coherencia, con previsibilidad, con seriedad. Cuando un país pierde esos atributos, pierde capacidad de influencia.

Colombia, que había logrado una presencia importante en organismos internacionales, hoy tiene una participación más débil. No es que haya desaparecido, pero claramente ha perdido peso relativo. Y eso impacta directamente la defensa de sus intereses.

Andrés Rugeles:
Yo agregaría dos elementos clave para entender el momento actual. El primero es la trayectoria. Colombia había construido, a lo largo de décadas, una reputación internacional importante. Esa reputación no dependía de un gobierno en particular, sino de una acumulación de prácticas, decisiones y participación en escenarios multilaterales.

Esa trayectoria entró en crisis.

El segundo elemento es lo que denominamos en el libro la pentacrisis. Tradicionalmente se hablaba de cuatro crisis internas: fiscal, salud, energía y seguridad. Nosotros proponemos una quinta: la crisis internacional.

La política exterior también está en crisis. Perdió el consenso, dejó de ser una política de Estado, se debilitó la carrera diplomática y se redujo la capacidad de acción internacional.

Esto no ocurre en el vacío. Coincide con un deterioro en seguridad —con indicadores preocupantes— y con un desafío estructural en desarrollo. América Latina está rezagada frente a metas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Colombia no es la excepción.

Por eso proponemos una recalibración estratégica hacia 2050. Y en esa recalibración hay algo importante: recuperar la lógica de los consensos globales, como ocurrió con los ODS. Ese es un aprendizaje fundamental.

Diego:
El libro tiene un tono crítico, pero también propone. No es un diagnóstico pesimista, sino una invitación a corregir el rumbo. Hay una idea de que Colombia sí puede hacerlo mejor.

Andrés Rugeles:
Exactamente. El libro parte de un diagnóstico, pero no se queda ahí. Propone caminos. Y lo hace desde una combinación que consideramos valiosa: rigor académico y experiencia práctica.

Muchas veces los análisis se quedan en la teoría o, por el contrario, en la experiencia sin marco conceptual. Aquí tratamos de unir ambas dimensiones: entender y actuar.

Diego:
Hay un tema central que atraviesa todo esto: la diferencia entre política de gobierno y política de Estado. Puede sonar técnico, pero es clave. ¿Cómo explicarlo de forma sencilla?

Guillermo Fernández de Soto:
La diferencia es profunda, aunque puede explicarse de manera simple. Las políticas de gobierno responden al corto plazo, a las prioridades del gobierno de turno. Las políticas de Estado responden al largo plazo y al interés nacional.

En política exterior, esto es crucial porque los procesos internacionales son largos. Las relaciones entre países no se construyen ni se destruyen en cuatro años. Requieren continuidad, coherencia y acumulación de confianza.

Por eso también impulsamos la creación del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI). Surgió de una inquietud concreta: el creciente interés de los jóvenes por los temas internacionales y, al mismo tiempo, la falta de espacios accesibles para formarse y participar.

Encontramos algo interesante: sí hay conocimiento, sí hay bibliografía, pero no siempre está conectada con nuevas generaciones. El CORI busca precisamente eso: abrir espacios, generar discusión, producir contenido en un lenguaje claro.

Y hay un principio que defendemos con firmeza: la política exterior no puede ideologizarse. Cuando se convierte en un instrumento ideológico, pierde eficacia y credibilidad.

Andrés Rugeles:
Si uno mira los países que han logrado avances sostenidos —en desarrollo, en inserción internacional— encuentra un patrón común: construyen políticas de Estado.

Son países que piensan en el largo plazo. Que se preguntan qué quieren ser en 2050, incluso más allá.

Además, el mundo actual exige entender las megatendencias. El ascenso de Asia, el cambio climático, la revolución tecnológica, las transformaciones demográficas. Son procesos estructurales, irreversibles.

Un país que no se prepara para esas dinámicas queda rezagado.

Diego:
Vivimos un momento de desorden global. Tensiones geopolíticas, conflictos abiertos, cuestionamientos al sistema internacional. ¿Qué debería hacer Colombia en ese contexto?

Guillermo Fernández de Soto:
Hay un concepto clave: el multilateralismo.

Colombia ha sido históricamente un actor activo en ese sistema. Ha participado en la construcción de soluciones colectivas y ha tenido presencia relevante en distintos escenarios.

El multilateralismo tiene limitaciones, por supuesto. Pero sigue siendo esencial. Sin él, el mundo sería mucho más inestable.

Incluso con sus fallas, ha permitido coordinar acciones, establecer reglas y evitar conflictos mayores. La alternativa —un mundo sin reglas— sería mucho más peligrosa.

Andrés Rugeles:
Hay una idea que resume bien esto: “Es mejor ir en convoy que solos”.

Para un país como Colombia, es fundamental actuar junto a otros. No tiene el peso suficiente para influir de manera aislada en las grandes dinámicas globales.

Y además estamos en una transición. No sabemos exactamente hacia qué tipo de orden mundial vamos, pero sí sabemos que hay tensiones claras entre visiones unilateralistas y multilateralistas.

El libro toma una posición clara: Colombia debe apostar por el multilateralismo. Porque en un escenario dominado por el unilateralismo, Colombia tiene mucho que perder.

Diego:
Voy a plantear una pregunta directa: ¿cómo puede Colombia tener buenas relaciones con China sin afectar su relación con Estados Unidos?

Andrés Rugeles:
Esa es una de las preguntas centrales de la política exterior contemporánea. Y la respuesta está en dos principios: visión global y autonomía estratégica.

Colombia debe tener relaciones constructivas con todos los actores relevantes, pero defendiendo sus propios intereses. Eso implica evitar alineamientos automáticos.

La historia demuestra que es posible. Colombia ha logrado, en distintos momentos, mantener relaciones positivas con países que tienen tensiones entre sí.

Ahora bien, también hay realidades que no se pueden ignorar. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en múltiples dimensiones: comercio, inversión, seguridad, migración.

Esa relación es estratégica y debe ser cuidada. Pero eso no impide desarrollar otras relaciones. La clave es complementar, no sustituir.

Diego:
En ese contexto, ustedes proponen un “Plan Colombia 2.0”. Es una idea potente y también polémica. ¿Qué significa hoy?

Guillermo Fernández de Soto:
El Plan Colombia original fue un esfuerzo integral que combinó seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo social, con apoyo internacional.

Permitió modernizar capacidades del Estado, recuperar control territorial y generar confianza internacional. Fue posible gracias a un amplio consenso interno y respaldo externo.

Hoy el contexto es distinto, pero los desafíos son incluso más complejos. El crimen organizado transnacional se ha diversificado: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, delitos ambientales.

Un Plan Colombia 2.0 implicaría actualizar esa estrategia: cooperación internacional renovada, fortalecimiento institucional y un componente social sólido.

Andrés Rugeles:
Y añadiría algo fundamental: dimensión regional.

Estos problemas no son exclusivamente colombianos. Son redes transnacionales. Por eso requieren respuestas coordinadas entre países.

Hablamos de corresponsabilidad. Todos los actores —productores, de tránsito, consumidores— tienen un rol en la solución.

Diego:
Pasemos a la institucionalidad. ¿Qué ha pasado con la carrera diplomática y cómo se puede recuperar?

Andrés Rugeles:
Hay un fenómeno que afecta a todo el Estado: la alta rotación de funcionarios. Eso debilita la capacidad institucional porque no hay continuidad.

En política exterior, eso tiene un impacto especialmente fuerte.

Guillermo Fernández de Soto:
Además, ha habido un discurso que deslegitima el servicio exterior. Eso afecta la moral de quienes representan al país.

Y aun así, muchos funcionarios han seguido cumpliendo su labor con profesionalismo.

La recuperación pasa por fortalecer la institucionalidad: respetar la carrera diplomática, profesionalizarla, darle estabilidad y reconocimiento.

Andrés Rugeles:
El libro propone varias acciones concretas: revitalizar el servicio exterior, reactivar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y lanzar una nueva misión de política exterior.

El consenso no aparece por sí solo. Hay que construirlo deliberadamente.

Diego:
Para cerrar, una pregunta necesaria: ¿hay algo positivo que reconocer del gobierno actual en política exterior?

Andrés Rugeles:
Sí, y es importante decirlo. Hay un interés por ampliar la política exterior hacia el sur global.

Eso es valioso y debe mantenerse. Colombia tiene oportunidades importantes en ese espacio en términos de cooperación, intercambio y posicionamiento.

El punto es cómo se hace. No debe plantearse como una sustitución de relaciones tradicionales, sino como un complemento.

Diego:
Entonces, ¿cuál sería la invitación final?

Andrés Rugeles:
La invitación es a pensar globalmente y actuar estratégicamente. A construir una política exterior que sea verdaderamente de Estado: con visión de largo plazo, basada en consensos y orientada a defender los intereses nacionales.

Diego:
Hay algo que atraviesa toda esta conversación y que me gustaría profundizar un poco más antes de cerrar, y es el tema de la credibilidad internacional. Porque más allá de los conceptos —multilateralismo, autonomía estratégica, política de Estado— al final todo se traduce en una pregunta muy concreta: ¿confían o no confían los demás países en Colombia?

Y ahí hay algo interesante, porque la credibilidad no es un discurso, es una acumulación de comportamientos. Es consistencia en el tiempo. Es previsibilidad. Es también la capacidad de cumplir lo que se promete.

¿Cómo se reconstruye esa credibilidad cuando se ha deteriorado?

Guillermo Fernández de Soto:
Esa es una pregunta fundamental. La credibilidad, como usted bien lo dice, no se decreta. Se construye. Y toma tiempo.

Se construye a partir de decisiones coherentes, de mensajes claros, de una conducta internacional que sea predecible. Los países observan, comparan, evalúan. Y cuando perciben cambios abruptos, contradicciones o falta de continuidad, naturalmente se vuelven más cautelosos.

Recuperar la credibilidad implica volver a los principios básicos: seriedad, consistencia y respeto por los compromisos internacionales. Implica también reconstruir canales de diálogo que se han debilitado.

Y hay algo muy importante: la credibilidad no solo se construye hacia afuera, también se construye hacia adentro. Si no hay consenso interno, es muy difícil proyectar una imagen sólida hacia el exterior.

Andrés Rugeles:
Yo añadiría un elemento adicional: la credibilidad hoy está profundamente conectada con la capacidad de ejecución. No basta con tener buenas ideas o buenos discursos. Lo que cuenta es la capacidad de implementar políticas, de mostrar resultados.

En el escenario internacional, los países valoran a aquellos socios que son confiables no solo en lo que dicen, sino en lo que hacen.

Por eso el libro insiste tanto en la institucionalidad. Sin instituciones fuertes, es muy difícil sostener una política exterior consistente en el tiempo.

Diego:
Y ahí entra otro punto que me parece interesante: la relación entre política interna y política exterior. A veces se habla de ellas como si fueran mundos separados, pero claramente no lo son.

Andrés Rugeles:
Totalmente. La política exterior es, en gran medida, una extensión de la política interna. Un país que tiene problemas estructurales no resueltos —en seguridad, en desarrollo, en gobernabilidad— va a reflejar esas tensiones en su acción internacional.

Por eso hablamos de la pentacrisis. No es posible aislar la política exterior de lo que ocurre internamente. Todo está conectado.

Guillermo Fernández de Soto:
Y en ese sentido, la política exterior puede ser también una herramienta para apoyar soluciones internas. No es solo un reflejo, es también un instrumento.

Colombia ha tenido momentos en los que utilizó su política exterior de manera estratégica para fortalecer procesos internos, para atraer cooperación, para posicionar agendas.

Eso es algo que hay que recuperar: entender la política exterior no como un escenario de discurso, sino como un instrumento concreto al servicio del país.

Diego:
Hay una última idea que me gustaría dejar sobre la mesa, y es la del tiempo. Porque muchas de las cosas que ustedes plantean —consenso, institucionalidad, reputación— no se construyen rápidamente.

En un entorno político donde todo es inmediato, donde todo se mide en ciclos cortos, ¿cómo se vuelve a introducir esa lógica de largo plazo?

Andrés Rugeles:
Ese es uno de los grandes desafíos. Volver a introducir el largo plazo en la toma de decisiones.

Y eso requiere liderazgo, pero también requiere pedagogía. Explicar por qué ciertas decisiones no tienen resultados inmediatos, pero son necesarias.

Requiere también construir acuerdos amplios. Porque el largo plazo solo es posible si hay continuidad, y la continuidad solo es posible si hay consenso.

Guillermo Fernández de Soto:
Al final, se trata de algo muy sencillo pero muy profundo: pensar en el país más allá del gobierno de turno.

Si logramos recuperar esa lógica, es posible reconstruir no solo la política exterior, sino también la confianza, la credibilidad y la capacidad de Colombia para actuar en el mundo con seriedad.

Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A alguien toca echarle el agua sucia aprovechando que llueve a cántaros por esta época. Galán quería ser el Batman criollo y le vieron la cara.

Soy un bogotano que se quiere ir de Bogotá. Tengo mis razones, más no tengo a dónde ir. Se siente la orfandad en la capital de todos y de nadie, sin un adulto responsable que responda por ella.

Bogotá no es Gotham City, pero empieza a parecérsele bajo la administración de Carlos Fernando Galán. Sus calles no son un lugar seguro para nadie por estos días con sus noches. La oscuridad produce miedo pero la luz del día también. Si no te mata otro humano, te mata una llanta suelta que rueda desquiciada.

De adolescente, me acostaba con el radio transistor entre las cobijas escuchando un programa llamado La ley contra el hampa. Lo transmitía Todelar en los años 80.  Me dormía con la sensación de que los malos siempre recibían su castigo y la ciudad —esta Bogotá de mis amores y mis terrores— estaba a salvo de los malhechores.

Hoy los crímenes ocurren con o sin testigos, con las cámaras en ON, y sin un Batman capaz de poner orden ante tanto malandro. La gente está mal de la cabeza buscando pleito por todo. O alguien te ataca en la calle con gas pimienta por hacerte el loco con el pago del arriendo.

Urge una cátedra de civilidad para aprender a comportarnos civilizadamente, ojalá obligatoria. Creo que hay un problema de salud mental no diagnosticado producto del estrés natural que genera una ciudad inhumana, desordenada y sobrepoblada. Súmele el subregistro de trastornos psiquiátricos. De hecho, trascendió que el asesino que irrumpió en el set de “Sin senos sí hay paraíso”, en el barrio Los Laches, padecía esquizofrenia. El ”Guasón” de nuestro drama urbano. lo que puede ser reflejo de otro problema: la exclusión. Según el Distrito hay más de 33 mil personas en pobreza extrema -aquellos que terminan en la calle por la razón que sea-, y ni siquiera figuraban en las estadísticas. Y no hablemos ya de la extorsión silenciosa a comerciantes, algo de lo que poco se habla.  

Nací en la tierra del “ala, mi chato querido”, la changua y el ajiaco santafereño hace 55 años, y no recomiendo a nadie venir a Bogotá hasta que el alcalde deje de entretenerse con el metro. Galán se hizo elegir con el lema “Bogotá camina segura”, pensando que sería pan comido; mejor díganle que no se salga a patonear por ahí porque lo atracan.

Por supuesto, no se le puede responsabilizar de todas las desgracias que aquí ocurren. Los ciudadanos somos parte del problema, pero nada hacemos para ser parte de la solución.

La ciudad se inunda, los carros se afectan, la movilidad se vuelve un zaperoco, pero a nadie le importa lo obsoleto del sistema de alcantarillado. ¿Esperaremos a tener el agua al cuello para modernizarlo? —¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen está en la cueva!

Mientras el cambio climático no sea una prioridad, en el mediano plazo podríamos enfrentar tragedias peores que las vías convertidas en quebradas. Bogotá se encuentra entre las ciudades con mayor riesgo por el cambio climático, según el IDEAM. 

El presidente Petro habló del aire letal que respiramos los bogotanos por culpa de los combustibles fósiles (hidrocarburos) que mueven el transporte urbano; pidió que “los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo” y ahí fue Troya. Nos molestan más las palabras de Petro que su denuncia. En 2023 el Instituto Nacional de Cancerología advirtió que para 2030 el cáncer habrá aumentado un 30% en Bogotá por la contaminación.

Los ciudadanos somos parte del problema de Bogotá, pero no queremos ser parte de la solución.

Sí: La inseguridad está en la tierra, así como en el cielo. Sale uno de sus cuatro paredes entre desconfiado y asustado, mirando para todas partes tratando de adivinar de dónde saldrá el susto. O la muerte.

Amo a Bogotá pero no quiero ser un número más, el siguiente titular de la crónica roja. Te matan porque tienes o porque no tienes. Te puedes encontrar con una bala en la esquina en medio de una balacera, con un ratero con puñal al cruzar el puente, o hasta con una moto que se lo lleve sin escalas hacia el otro mundo. Ser peatón o ser motociclista en Bogotá es un acto suicida. Hay que cuidarse de todo lo que tenga ruedas. Titula El Espectador: “Muertes en accidentes con patinetas eléctricas aumentaron 500% en el último año en Bogotá”.

El cuadro es costumbrista para mal. Están disparados el sicariato, los tiroteos a cualquier hora, el fleteo, la violencia en Transmilenio o el SITP. Mientras los medios publican el listado de estaciones de TM con más hurtos, se conocen videos de funcionarios de la propia alcaldía colándose. Imagínese ambas escenas pero en el Metro de Bogotá.

La gente cae en las alcantarillas. ¿Qué estamos haciendo mal los ciudadanos para que haya tanto accidente? ¿Andamos englobados, embobados o agüe…? ¡Deje así! Estamos pendientes del celular, conectados a los audífonos, afanados a toda hora, con poca pericia para lidiar con una movilidad compleja.  ¿Quién garantiza que quien compra una motocicleta está en condiciones de montarla? ¿Sirven de algo las multas que se aplican por hablar por el móvil mientras se conduce?

Cualquiera de los amarillos está bajo sospecha. Piénselo dos veces antes de abordar un taxi en la calle. Según la propia Secretaría de Seguridad, 60% de taxistas tiene antecedentes penales. Ahora es uno el que (con ellos) por allá no va.

Bogotá es la huerfanita. Se eligió un alcalde pero no se siente su autoridad, con razón lo quieren revocar. Se le ve cada cierto tiempo sacando pecho por un sistema de Metro qué ni siquiera le corresponderá inaugurar. Cada vez que la ciudad entra en crisis —ayer el racionamiento de agua, antier las basuras, hoy la criminalidad desbordada—, Galán caza pelea con el presidente Petro, como si con eso resolviera los problemas estructurales de la Atenas (y tenaz) suramericana.

Nadie le pide cuentas al alcalde. Al Concejo y los concejales hay que aconsejarles que actúen o renuncien. Los medios en su mayoría parecen complacientes con lo que pasa, como si temieran perder la pauta oficial.  Ya vimos a Julio Sánchez Cristo celebrando, con casco puesto, porque, según él, las obras del Metro están terminadas en un 70%. ¿Periodismo o publirreportaje?

Si, Galán parece en la luna, él sí 2600 metros más cerca de las estrellas. Creyó que el apellido de papá era suficiente para gobernar a ocho millones de parroquianos y hoy los habitantes financiamos su improvisación con tributos. No entiendo de dónde se concluye que figura en el Top 10 de mejores alcaldes de Latinoamérica.  Sí es chiste no me estoy riendo.

Las cámaras que inundan la ciudad nutren el morbo colectivo y aumentan la zozobra, pero ¿están sirviendo para reducir las tasas de criminalidad? ¿A quién le formulamos la pregunta?

¿No existe un plan maestro por parte de la Policía Metropolitana para contrarrestar la ola delincuencial? ¿Qué pasó con el programa de “Guardianes del Orden” que anunció hace un año la alcaldía para combatir la inseguridad con ayuda de expolicías y exmilitares? Si los delincuentes quedan libres en cuestión de horas o días, ¿a qué estamos jugando? ¿A que te cojo, ratón o a que te suelto, ladrón?

¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué Bogotá no está conversando sobre el tema?

Si el jefe de la policía es el Ministro de Defensa y el alcalde es apenas una especie de jefecito de los uniformados, se necesita que alcalde y ministro se sintonicen con lo que está pasando. ¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué la ciudad no está conversando sobre el tema?

¿Qué resultados hay de iniciativas como el “Círculo de Gobierno Abierto de Bogotá” que, para fortalecer la participación ciudadana, busca mayor diálogo entre alcalde y los habitantes? En Bogotá existen 1.755 instancias de participación ciudadana pero la gente no participa. ¿Por qué? ¿Es culpa de la alcaldía que no informa debidamente o es culpa de los ciudadanos que todos les resbala?

¿En qué andan los alcaldes de las 20 localidades? ¿A esos funcionarios quién los ronda? Se anuncian medidas, ¿y quién les hace seguimiento? Sí: Falta más control político a los funcionarios disfuncionarios por parte del Concejo de Bogotá. Si las entidades distritales rinden cuentas, ¿quién  fiscaliza el resultado final de la gestión? La ciudad toda debería declararse en emergencia social permanente para buscar soluciones. 

Se le debe exigir de la ciudadanía mayor corresponsabilidad con la ciudad -pues tenemos derechos pero también deberes-, y de la alcaldía mayor junto con las alcaldías locales mayor promoción de esos mecanismos de participación. La ineficiencia del gobierno y la ceguera del ciudadano le hacen daño a Bogotá.

Con todo, ahí vamos, a medias y sin zapatos, avanzando de a poquito, a pesar del jefe de turno en el Palacio Liévano. La verdadera tragedia de Bogotá es no tener una visión compartida de ciudad, para el presente y para el futuro, y así es muy difícil saber elegir a la persona idónea que nos represente. Ponernos de acuerdo sobre la Bogotá que queremos para los próximos 50 años nos permitiría saber qué exigir a este alcalde, al próximo y al siguiente.

No vayamos tan lejos. Faltan 12 años y tres burgomaestres para “celebrar” los 500 años de fundación. Que sea un motivo para empezar a soñar con una metrópoli de verdad, más humana, incluso gótica pero no caótica, a ver si la vida nos alcanza para verla transformada de aquí a 2038. ¿O seguiremos manicruzados en espera de que el Caballero Oscuro —o sea míster Batman— venga a socorrernos a todos, incluso al doctor Galán? 

Con la democracia ocurre algo semejante. Nos hemos acostumbrado tanto a ella que, peligrosamente, la damos por sentada. Nos parece natural elegir, disentir, criticar al poder, exigir la rendición de cuentas, movilizarnos, confiar en garantías legales y suponer que ese paisaje estará siempre ahí, como si formara parte de una escena inmutable. Sin embargo, esto no es así. La democracia también es una frágil y delgada línea: un entramado de instituciones, pesos y contrapesos, de relaciones cuidadosamente entretejidas y sostenidas por la norma y un andamiaje que la cuida como un hilo de oro y hace posible la vida humana en común.

Y conviene recordarlo: sin democracia tampoco hay vida. No hay derechos civiles efectivos, ni libertades públicas garantizadas, ni ciudadanía protegida frente al abuso. No hay, en sentido estricto, un espacio compartido donde la diferencia pueda existir sin convertirse en una amenaza. También por eso, las grandes victorias de una sociedad no son, en rigor, las victorias de una facción política que, como suele ocurrir y más en tiempos electorales, se arroga, de manera conveniente, los sentimientos dispersos de la ciudadanía. Son, más bien, victorias de la democracia. Porque es ese sistema, con todas sus imperfecciones, el que permite pensar en la libertad; el que hace posible la deliberación, la búsqueda de consensos, el intercambio de ideas y la coexistencia del desacuerdo.

De ahí que convenga desconfiar de ciertos discursos que dicen hablar en nombre de la democracia mientras invitan, de manera abierta o velada, a la confrontación irrestricta, a la eliminación del otro o a la erosión de la institucionalidad. Allí hay una trampa. Los derechos civiles no son salvaguardados por el fervor político, ni por el carisma de un líder, ni por la exaltación emocional de las masas. Solo encuentran resguardo real en instituciones democráticas sólidas, en reglas compartidas, en jueces independientes, en pesos y contrapesos, en libertades protegidas y en la convicción de que nadie —por popular que sea, por mayoritario que se crea, por histórica que considere su causa— puede situarse por encima de los límites institucionales.

Por todo ello, y a pocas semanas de los comicios presidenciales, resulta imperativo recordar que el próximo presidente o presidenta de Colombia deberá ser, ante todo, un demócrata, como garantía mínima para la preservación de nuestra vida común. Porque no basta con llegar al poder por medio del voto; también los autoritarios saben servirse de las urnas. Lo decisivo, como casi siempre ocurre, será la manera en que se ejerza el poder una vez conquistado. Es allí, precisamente, donde se revela la diferencia entre quien comprende la complejidad de la república y quien no ve en ella más que un instrumento al servicio de su propia voluntad.

Pero ¿qué significa, en realidad, ser un demócrata? En ese punto, resultan especialmente pertinentes las reflexiones del doctor Hernando Roa Suárez, ilustre académico colombiano que ha iluminado algunas de las más importantes discusiones sobre el liderazgo político democrático y la necesidad de estadistas. Una democracia, entonces, no necesita improvisadores, ni redentores, ni intérpretes excluyentes de la voluntad popular. Necesita dirigentes con preparación, con sentido de Estado, con ética pública, con responsabilidad histórica, con capacidad de diálogo y, sobre todo, con la lucidez necesaria para comprender que el poder no les pertenece. Gobernar democráticamente no significa fundirse simbólicamente con el pueblo; significa, por el contrario, ser consciente de las líneas rojas, honrar las instituciones y orientar la autoridad hacia el bien común.

Es por ello que una de las virtudes más difíciles —y, por lo tanto, más decisivas— del verdadero demócrata es la autocontención. Saber que no todo lo que puede hacerse debe hacerse. Entender que la legitimidad electoral no autoriza a debilitar los pesos y contrapesos. Comprender que la mayoría no sustituye a la Constitución, ni el entusiasmo popular reemplaza a la institucionalidad, ni el mandato recibido equivale a un cheque en blanco. Porque, precisamente, cuando desaparece esa ética de los límites, la delgada línea de la democracia comienza a difuminarse.

Frente a ello, América Latina conoce bastante bien los riesgos de olvidar esta lección. Su historia política reciente ha estado marcada, una y otra vez, por la tentación del caudillismo, por proyectos que se presentan como emancipadores o refundacionales y que, en no pocos casos, terminan debilitando la separación de poderes, reduciendo el pluralismo y sometiendo las instituciones a la voluntad del gobernante. El peligro no radica en la transformación política en sí misma, sino en esa deriva que convierte al líder en intérprete exclusivo del pueblo, a la crítica en traición y, finalmente, a la institucionalidad democrática en un obstáculo legítimo de superar. No hay amenaza más sutil para la democracia que la que se presenta revestida de legitimidad popular y, en nombre de su supuesta profundización, altera para siempre la frágil relación de elementos que la hacen posible.

Colombia, pese a su historia de violencia, fracturas y exclusiones, ha sostenido una tradición institucional que no debe ser menospreciada. Una tradición imperfecta, desde luego, pero también una estructura republicana que, a pesar de todo, ha demostrado su capacidad de persistir. Precisamente por eso, defender la democracia no significa desconocer sus posibles limitaciones. Significa reconocer que sus imperfecciones no se corrigen demoliendo sus fundamentos, sino fortaleciéndolos. La respuesta a una democracia insuficiente no puede ser menos democracia, sino más y mejor democracia: más institucionalidad, más deliberación pública, más ciudadanía, más legitimidad, más ética frente al poder.

Ser demócrata, entonces, no es simplemente proclamarse defensor del pueblo. Es asumir, con convicción y con límite, las exigencias más altas de la vida republicana: respetar la Constitución incluso cuando incomoda; reconocer la independencia de los poderes públicos; comprender que el pluralismo no debilita la nación, sino que la hace posible; ejercer el poder con vocación de diálogo, capacidad de escucha y sentido del bien común. Ser demócrata es no necesitar la anulación física o simbólica del otro para afirmarse a sí mismo.

Por eso resulta tan peligroso banalizar la democracia y convertirla en una palabra de uso ornamental. No toda movilización emocional es democrática. No todo liderazgo popular es republicano. No toda apelación al pueblo fortalece la libertad. La democracia exige mucho más que entusiasmo: exige templanza, criterio, límites y una ética pública capaz de recordar que todo poder legítimo comienza, precisamente, donde acepta contenerse.

Es por ello que defender la democracia no es una opción retórica, sino una necesidad vital. Defenderla implica, en últimas, resguardar esa delgada línea azul que hace posible nuestra vida en común. Y hacerlo, además, con plena conciencia de su fragilidad: porque no está garantizada para siempre, porque no es infinita y porque, sin ella, no nos espera una forma superior de poder, sino el vacío y la oscuridad.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Preámbulo

Nunca seré el tipo de periodista que esconde sus sesgos. El periodismo que realizo es, y siempre ha sido, absolutamente situado; hoy más que nunca y, con seguridad, menos que mañana. Bajo esa premisa, debo recordar que hace ya un buen tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Paloma Valencia. Mi impresión en aquel entonces fue positiva y, en algunos aspectos, sorprendente. Aunque es evidente que no vamos a estar de acuerdo en muchos temas, no vi frente a mi micrófono a una mujer desenfocada. Aquella experiencia personal de escucharla me confrontó en el sentido estricto del trabajo en concreto; sus explicaciones sobre su trasegar con mujeres y niños me resultaron interesantes. Hablar con la otredad es un ejercicio necesario; es en ese contraste donde se enriquecen las reflexiones que hoy propongo.

Considero urgente el diálogo, especialmente con las mujeres contrarias. Espero, en algún punto del camino, volver a hablar cara a cara con Paloma, no para ser condescendiente ni para entregarle las banderas del feminismo que me atraviesa, sino para sumar desde el control político, la diferencia y la vigilancia ciudadana que mi lugar situado me exige. El feminismo no es un partido político; es una herramienta ética. Las mujeres podemos ser o no partidistas, y aunque muchas feministas militamos en partidos, eso no implica que todo el movimiento colombiano esté matriculado homogéneamente en alguna corriente. Existe la idea impuesta de que la única forma de ser feminista en el proselitismo es desde la izquierda, una visión que nunca voy a compartir.

El feminismo de Paloma: romper techos de cristal pisando pisos jabonosos

La política partidista real, no solamente la colombiana sino también la internacional, se encuentra hoy lejos de la perfección ideológica. Por un lado, María Isabel Nieto, actual jefe de debate de la campaña de Juan Daniel Oviedo, plantea una visión estratégica: una mujer con opción real de Presidencia en una dupla con un candidato perteneciente a la diversidad sexual representa un cambio histórico. Desde mi perspectiva, señalo un fenómeno que debemos nombrar como higienismo moral, partidista e ideológico. Esta pretensión de exigir una “pureza” absoluta a las mujeres en la política es una fiscalización extrema que jamás se aplica a los hombres. Esta desigualdad es una barrera que busca desinfectar el debate de cualquier contradicción humana, invalidando el liderazgo femenino antes de que logre consolidarse.

El tejido contradictorio de la historia

La historia no avanza con higienismo. Es un acto de honestidad reconocer que el feminismo se ha tejido y destejido entre luces y sombras. Históricamente, le hemos debido a las mujeres privilegiadas gran parte de los avances del movimiento; es cierto que hay matices, que los tiempos han cambiado y que muchas cosas se han replanteado, sin embargo, el punto de partida fue ese acceso a recursos y educación. Un ejemplo necesario es el de las sufragistas estadounidenses del siglo XIX. Figuras como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, autoras de “History of Woman Suffrage” (1881), fueron fundamentales, no obstante, acudieron a pactos de raza y clase excluyentes para asegurar su trinchera. Este descosido histórico nos enseña que el avance, a menudo, ha sido utilitarista.

Hoy, nos encontramos en un cuello de botella muy difícil. El feminismo actual es intercultural, transcultural, transdisciplinar e interdisciplinar; necesita yuxtaposición, empirismo y calle. Es una red de una complejidad inmensa, mientras que las estructuras del poder partidista no han cambiado desde hace muchas décadas. En este escenario, autoras como Camille Paglia (Sexual Personae, 1990), Christina Hoff Sommers (Who Stole Feminism?, 1994) y Marta Lamas (Dolor y política, 2021) nos permiten entender que la política se construye en la contingencia y con alianzas imperfectas.

Romper el tablero en una coyuntura compleja

No me parece que la única razón para votar por alguien sea su impecabilidad feminista o el simple hecho de ser mujer. Tienen razón quienes dicen que ser mujer no es suficiente; estoy de acuerdo, como tampoco es suficiente ser un hombre de izquierda comprometido con el feminismo y resultar “faltón”, como lo que hemos experimentado con Gustavo Petro. Estamos ante una complejidad donde estas elecciones están marcadas por el terror de millones de colombianos a una Constituyente. Mientras la candidata ha prometido respetar la Constitución tal cual como está, otros sectores defienden procesos que generan incertidumbre.

Sigo siendo esa mujer que inició sus búsquedas desde el mismísimo infierno; esa que tuvo que destejerse de saberes religiosos para entender los derechos, incluyendo el aborto tras haber recogido firmas en su contra. Sigo siendo ella, aunque no la misma; reconociéndome mujer putamente libre frente a la angustia de una realidad que pretende devolvernos al siglo XIX. Este retroceso es alimentado tanto por una derecha recalcitrante como por una izquierda utilitarista, traficante de derechos, y no solamente en Colombia.

Es cierto que a muchísimas mujeres en la política internacional les incomodaba el feminismo y querían vivir desmarcadas del tema. Resulta triste que al final de la cuenta, hoy sí les interese solo por temas costo-eficientes del proselitismo. Me encanta —nótese la ironía— que no les gustaba el feminismo hasta que el feminismo fue una bandera que podían ondear.

Si la primera mujer presidenta de Colombia resulta ser de derecha, será gracias a los logros del feminismo, a las resistencias de izquierda y, sobre todo, gracias a la mediocridad irrefutable de Gustavo Petro. Si en algún momento coyuntural tengo que votar por Paloma simplemente por estar en contra de este modelo de gobierno, declaro que jamás le perdonaré a Petro haberme llevado a la orilla de tener que votar por una mujer en la derecha.

La vigilancia necesaria: el perfil de Ita María

Aquí entra la contraparte de Ita María, economista de la Universidad Icesi, escritora y editora de Contenidos y Audiencias en la Revista Volcánicas. Como cofundadora de Las Viejas Verdes, ella combina el análisis económico con una crítica feminista interseccional que la ha llevado a ser autora de obras influyentes como “Que el privilegio no te nuble la empatía” (2020). Para Ita María, la figura de Paloma Valencia no representa el feminismo, sino que encarna visiones que ella considera lesivas para los derechos humanos y poblaciones vulnerables, advirtiendo sobre el peligro de capitalizar el momento sin desmantelar las estructuras patriarcales.

Esta contraposición es dialéctica. Necesitamos la mirada estructural de Ita María para no dejarnos cooptar por el utilitarismo del poder; no obstante, también necesitamos la disputa de lo posible que señala María Isabel Nieto para evitar la parálisis. Mi invitación es a que asumamos todo esto como un aprendizaje y nos comportemos como mujeres libres; libres para ejercer nuestros derechos sin moralismo partidista ni ideológico. Que las escuchemos a todas, que aprendamos de todas y, al final de la cuenta, decidamos a conciencia. Un criterio es lo único que podemos construir al final del día en esta coyuntura. Mucho nos ha costado ya entendernos como sujetos políticos y ganar nuestro lugar en el mundo como para ahora cargar con el peso de la moralidad partidista. Solo cuando el diseño de lo posible respete la realidad de cada mujer, estaremos logrando una verdadera justicia.

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”.