Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de más de 21 000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones, además de viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales. Se trata de una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires.

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Jaramillo está en contacto con brigadistas, funcionarios y pobladores de la zona y explica por qué el escenario se repite cada verano. Cada enero parece ser peor.

“A diferencia de lo que solía pasar en otros momentos con el clima, ahora el fuego quema casi igual de noche que de día. De noche, usualmente, bajaba un poco la temperatura y la intensidad de los vientos. El fuego, podríamos decir, bajaba su violencia, su agresividad. Ahora, el fuego sigue quemando de noche, sigue habiendo viento, sigue habiendo altas temperaturas y esto hace que sea muy difícil asegurar el control”, agrega Jaramillo en diálogo con Mongabay Latam. Hace más de un mes que no hay precipitaciones significativas en la zona, afirma. “Las temperaturas están llegando a 32 °C y estamos recién empezando enero”.

“Ese es otro tema que también me transmiten mis colegas -asegura-. Estamos en enero y ya tenemos condiciones extremas de fuego, como solíamos tener en marzo, después de que nos comimos todo el calor del verano”.

En Argentina, la Patagonia arde pero el fuego amenaza también otras regiones. “Se ha declarado un riesgo extremo de incendio en 16 provincias y las autoridades consideran que la situación debe ser considerada potencialmente explosiva o extremadamente crítica por las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y el déficit de lluvia”, asevera Jaramillo. Y añade: “Algunos investigadores dicen que estamos en la era del Piroceno”.

—¿Por qué?

—Hemos visto incendios emblemáticos en los últimos años y esto está muy condicionado con las variables del cambio climático, que se están manifestando cada vez más fuertemente. Tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de las variables de temperatura y de humedad, pero también con un aumento en la carga de combustibles [la biomasa] y en la continuidad de estos combustibles. Los expertos hablan de un triángulo del fuego que es el calor, el combustible y el oxígeno. El calor es natural o puede ser aportado por el hombre, justamente cuando enciende un fuego. El oxígeno está siempre disponible, generalmente en mayor o menor medida. Cuando hay vientos, obviamente hay más oxígeno y eso hace mover el fuego.

El combustible es lo que más podemos manejar, pero es lo que no se está haciendo bien. No se está controlando la cantidad y la continuidad del combustible [biomasa]. Eso hace que cuando empieza un foco ígneo se desate un incendio y sea cada vez más difícil de controlar. El fuego camina, podríamos decir, siguiendo la disponibilidad de combustible y siguiendo las condiciones del oxígeno, que muchas veces está orientado por el viento. En la Patagonia argentina, también en la provincia de Córdoba, el fuego toma velocidades y condiciones que son casi explosivas. Los incendios en Argentina son la manifestación, año a año, de situaciones cada vez más críticas.

—Se repiten incluso las zonas afectadas…

—En 2021 tuvimos una tragedia en esta misma zona donde estaba ocurriendo este incendio en la provincia de Chubut, que esperamos que no tenga las mismas consecuencias. En 2021 se quemaron más de 600 casas y más de 1500 personas fueron afectadas en el incendio de Las Golondrinas, cuando se manifestó lo que son los incendios de interfase, es decir, que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales. Cuando estudié ingeniería forestal, hace ya casi 30 años, los incendios de interfase se estudiaban como algo potencialmente posible, con ejemplos de Estados Unidos y España. Hoy se están manifestando en Argentina.

—¿Qué características tienen los incendios de interfases?

—Se hace mucho más complicado porque lo que se quema tiene otras características. Es mucho más explosivo, hay mucho más riesgo de daño a personas, hay electricidad, en algunos casos, y hay gas. Empieza a haber más riesgo de pérdidas de vidas humanas, de afectaciones de las personas. Entonces, los combatientes de incendios forestales que están entrenados para trabajar en una línea de fuego, generalmente en ambientes rurales aislados, tienen que tener elementos para poder ayudar en incendios de estructura. Ahí se colabora mucho con los bomberos locales, que no suelen dar abasto. Es como una multiplicidad de incendios domiciliarios, todos a la vez. Lo conversaba con algunos combatientes hace poquito.

—¿Qué ve cuando visita y habla con los rescatistas?

—Un incendio común los somete a un estrés importante, pero, por ejemplo, encontrar tantas personas dañadas, quemadas, animales dañados y quemados, es algo para lo cual los bomberos locales a veces no están preparados ni siquiera emocionalmente. Entonces, estos incendios tienen una complejidad en el abordaje que requiere mayor preparación, mayor cantidad de recursos, mayor atención también sobre los propios combatientes y los bomberos, que son los héroes en estos casos.

Hay que pensar en la seguridad de las personas, de los brigadistas. La naturaleza es importante, hay que preservarla, es la fuente para muchos elementos centrales, pero, con trabajo y esfuerzo, la naturaleza se puede recuperar, se puede restaurar. Las vidas de las personas no. Es importante que se haga todo asegurando el mayor cuidado de la vida de los habitantes, de los pobladores, de los combatientes, del personal afectado.

—Hubo recortes de recursos económicos por parte del Gobierno de Javier Milei al área de prevención de incendios. ¿En qué estado está el país para afrontar estas crisis?

—En 2013 se creó por ley el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que integra cuatro sectores: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las provincias, la Administración de Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sistema es colaborativo y lo que hace es ayudar a cada jurisdicción provincial con personal, recursos, logística, operativos y medios aéreos cuando es necesario y cuando lo solicitan.

Los medios aéreos los administra el Sistema Federal de Manejo del Fuego, por eso la Nación es la que suele precontratarlos, y en gran medida se alquilan porque el Estado no puede mantener un avión. Lo que hace el Servicio Nacional es precontratar las horas de vuelo. Si vos no tenés una buena contratación, la cual pagues bien y en término, las empresas le alquilan los aviones a Brasil, a Paraguay, a Chile y perdés justamente la posibilidad de tener buen material disponible cuando llega el incendio.

Luego, hay una Ley de Manejo del Fuego de 2012, que es para prevenir y combatir los incendios forestales y otorga la responsabilidad a las autoridades nacionales sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que está a cargo ahora de la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

La ley obliga a realizar los planes de manejo del fuego para prevenir y suprimir incendios a nivel provincial, regional y nacional, y otorga fondos del presupuesto nacional para su cumplimiento. Lamentablemente, en este año, en particular, el presupuesto que tenemos es solo el 0.014 % del total del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eso refleja que las condiciones que hay para planificar estos eventos no son las mejores. Es importante mencionar que esto es recurrente, nunca ha sido muy alto en ningún gobierno.

A pesar de eso, en los últimos 30 años podríamos decir que todo lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Fuego se ha fortalecido, hay muchos más combatientes, están en mejor condición en muchas provincias, ya son personal de planta y tienen tareas de prevención o de control de combustible cuando es temporada baja de incendios. Lo que ocurre es que, cuando no hay un incendio, debería haber igual o más cantidad de recursos para trabajar en la prevención.

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—¿Cómo se debería prevenir?

—En términos muy generales: reducir la carga de combustible [biomasa] y preparar estructuras de respuesta para cuando hay una emergencia. Y acá hay un tema: se pueden prevenir los incendios con quemas controladas. Son esenciales para reducir la continuidad y la carga de combustible, quizás no tanto en los ecosistemas boscosos, donde al quemar desechos de podas se pueden quemar pastizales que generan continuidad, pero mucho más en los ecosistemas de pastizales, como en la provincia de Corrientes, donde tuvimos graves incendios en 2022, 2023 y sucesivamente. Se deben realizar quemas en condiciones controladas cuando el clima lo permite, con personal capacitado, con los elementos necesarios para controlar cualquier escape de esas quemas.

Esto es central para que no haya tanto combustible disponible y tanta continuidad. Es importantísimo entonces promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

—La Fundación Vida Silvestre dialoga permanentemente con las autoridades nacionales y provincias de Argentina. ¿Qué respuestas reciben cuando plantean estos problemas en torno al manejo del fuego y a los incendios?

—Desde que inició la Ley de Manejo del Fuego, en 2012, la Fundación ha tenido diferentes vínculos con diferentes gobiernos. Generalmente, a nivel político, el fuego empieza a ser un tema de conversación cuando ya hay un incendio declarado y cuando ha tomado una envergadura tal que se ha transformado en un tema público. A nivel técnico, dentro de las estructuras de gobierno, hay mucha preparación, mucha preocupación para poder mejorar las coordinaciones, tanto técnicas como políticas.

En algunos casos también se ha dado que lamentablemente la falta de comunicación entre algunas provincias y Nación, en diferentes periodos de gobierno, ha favorecido o ha demorado el accionar del Servicio Nacional. A veces intentamos articular, como cuando hubo desencuentros entre las autoridades durante los incendios en Corrientes de hace unos años. Tardaron bastante en ponerse de acuerdo. Es lamentable.

Hace varios años se habló de unos 82 millones de dólares que llegaban del Fondo Verde del Clima para el pago por resultados, por deforestación evitada. Se asignaron a las 24 provincias para diferentes actividades. Una de ellas era justamente el desarrollo de estos planes de manejo del fuego que tienen que hacerse a nivel provincial. Lamentablemente esos fondos no se han asignado y los que se han asignado no se han ejecutado correctamente, según trascendió en publicaciones periodísticas.

—¿Qué le contaron los brigadistas y sus contactos sobre los incendios en Chubut?

—Estuve en la zona ahora afectada en octubre, en Puerto Patriada, justo donde empezó el incendio a principios de enero. La Fundación Vida Silvestre está colaborando con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con Fundación Avina y con otras instituciones en un plan de restauración de los incendios que ocurrieron entre 2011 y 2014. En las reuniones en la zona, lo que uno escucha es lo de siempre: hay una continuidad de combustible muy grande.

Hay un tema específico: los pinos. En las décadas de 1960 y 1970 existió una política fomentada por el Estado nacional de desmontar, de quitar el bosque nativo e implantar diferentes especies de pinos, de piceas, de abetos, de cupressus y coníferas exóticas para promover la industria maderera. Lo mismo que estaban haciendo en Chile, donde transformaron el bosque nativo en pino.

En Argentina eso no funcionó, en parte porque las condiciones climáticas en la zona son distintas. Afortunadamente no funcionó porque si no tendríamos hoy mucho menos bosque nativo y muchas más plantaciones de pinos exóticos, como en Chile. El problema que quedó es enorme porque esas plantaciones se abandonaron y al abandonarse no tuvieron raleos, no tuvieron podas. Al no haber podas, los pinos mantienen las ramas durante mucho tiempo, que son como escaleras para el fuego. Entonces, cada vez que llega el fuego, rápidamente alcanza las copas, como se ve en los incendios bien altos.

Los pinos exóticos son muy resinosos y están adaptados a lugares donde los fuegos naturales son recurrentes [no a la Patagonia]. Usan el fuego como dispersión. Las piñas explotan, vuelan prendidas fuego, con lo cual inician nuevos focos de incendio. A su vez, la semilla es tan resistente que luego del incendio lo que vos tenés es un semillero de pinos. Se transforma en una enorme oferta de combustible que vuelve a quemarse frecuentemente.

—Las estadísticas oficiales sostienen que el 95 % de los incendios forestales en Argentina son causados por la acción humana. ¿Cuáles pueden ser las razones?

—Pueden ser por diferentes motivos. Se inician por descuidos, por intencionalidad, porque uno se peleó con el vecino, porque se quiere quedar con la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente inicia fuegos. En algunos casos porque quieren que las áreas queden quemadas y limpias para actividad productiva. Mientras estamos hablando la provincia de Chubut tiene unos ocho focos de incendios forestales. Si no se trabaja mucho en la prevención y en la reducción de la carga de combustible, esto casi que no tiene solución.

También están apareciendo muchísimos incendios por rayos. Hace 30 años no pasaba o, si pasaba, no estaba del todo registrado. El clima está cambiando, hay cada vez más tormentas eléctricas en la Patagonia, algo que antes no era nada común. Caen los rayos y generalmente no llueve, cuando antes sí llovía. Entonces, hoy te cae un rayo y te desprende un fuego en un lugar recóndito y perdido en la Cordillera [de los Andes]. Y no llueve. Es imposible la llegada con personal. Ahí sí, los medios aéreos son importantes.

—¿Los aviones son esenciales?

—Son importantes, pero ningún incendio forestal se va a apagar solo con medios aéreos. Hay que trabajar en terreno, frenando la carga con la continuidad e intentando generar espacios de sacrificio, quemas seguras. Además, en Argentina, por diferentes regulaciones, y por costos también, no se está usando mucho el retardante que se lanza desde los aviones.

Imagen principal: un bombero camina por una carretera mientras los incendios forestales arden en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026. Foto: AP / Maxi Jonas

Nota del editor: la cifra de hectáreas arrasadas por el fuego se actualizó el lunes 12 de enero.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hay algo sumamente vanidoso, y por lo tanto arrogante, en querer ir detrás de un Premio Nobel de Paz. No por nada Donald Trump quiere el suyo: mientras ordena el bombardeo de barcos venezolanos en aguas caribeñas (van 17 muertos y la ONU dice que son ejecuciones extrajudiciales), está ansioso porque Benjamín Netanyahu ponga fin a los bombardeos de Israel en la franja de Gaza, que desde 2023 han matado a 65 mil inocentes, entre niños y adultos palestinos, además de dos centenares de periodistas. Genocidio se llama.

El Nobel para el gringo dependerá de la buena voluntad del grupo terrorista Hamás y del gobierno de Israel. Pero, ¿le importa más a Trump un trofeo que las vidas humanas?

Igual pregunta podemos plantear en Colombia sobre el genuino interés de Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz con las FARC, que él firmó en 2016, mismo año en que recibió su Nobel en Estocolmo. ¿Qué acciones concretas ha desarrollado el expresidente colombiano en favor de ese Acuerdo desde que dejó el poder, más allá de sus periódicas apariciones mediáticas para criticar por obra u omisión al gobierno de Gustavo Petro?

En declaraciones a El Espectador, Santos dijo que no hay avances en cuanto a la implementación de lo acordado, que Petro ha hecho menos de que lo hizo Duque, que la paz total ha sido “un total fracaso” y le ha generado un mal ambiente al Acuerdo, que todo lo hecho últimamente por el presidente “tiene un tufillo electoral” y recordó que a los firmantes de paz los están asesinando (“muchos de ellos por las llamadas disidencias”). En pocas palabras, no dijo nada que no hubiéramos escuchado ya. Con todo, creo que sus declaraciones, ameritan réplica.

El Acuerdo de Paz visto por una excombatiente

Sobre las afirmaciones del expresidente, conversé con Laura Vega, firmante de paz y representante de los excombatientes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, ARN.

Ella dice: “Desconocer lo que se ha logrado en estos años, especialmente bajo el gobierno de Gustavo Petro, es pasar por alto avances concretos en áreas estructurales del Acuerdo. Aunque es cierto que la implementación ha sido lenta, no se puede ignorar que los primeros años estuvieron marcados más por los cuestionamientos al acuerdo que por su consolidación, seguidos de una clara oposición durante el gobierno de Iván Duque. En contraste, el actual gobierno ha mostrado una voluntad política mucho más visible y decidida para avanzar en temas clave que habían quedado rezagados”.

Reconoce que si bien varios compromisos estructurales quedaron apenas en etapas iniciales, (especialmente los relacionados con la reforma rural, la participación política y el desarrollo integral de los territorios más afectados por el conflicto), sí ha habido avances, por ejemplo, en materia de Reforma Rural Integral, contenida en el Punto 1 del Acuerdo. “Se han entregado 133.132 hectáreas de tierra a campesinos y se han formalizado 1.228.452 hectáreas. De las 17.547 hectáreas entregadas a los firmantes del Acuerdo, 16.758 hectáreas corresponden a lo realizado por el actual gobierno”, afirma.

Añade que se han activado 16.923 iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “lo que representa cerca del 51% de lo previsto. También se aprobaron 11 Zonas de Reserva Campesina, que abarcan más de 555.000 hectáreas, beneficiando a cerca de 9.900 familias”.

Ve con complacencia el Acto Legislativo 03 de 2023 (Jurisdicción Agraria y Rural) que permite resolver conflictos agrarios de forma especializada y el Servicio Social para la Paz, como alternativa al servicio militar obligatorio, “una medida coherente con los principios del Acuerdo”.

No obstante, como vocera de los firmantes de paz le pide al presidente Petro meter el acelerador para que “los objetivos del Acuerdo no se queden en el papel por falta de tiempo o voluntad política”. 

Los enemigos del Acuerdo

Lo que yo creo es que al expresidente Santos le ha faltado verraquera para defender su Acuerdo de Paz. Como padre de la criatura, debió plantearse un papel más activo que justifique la concesión de un galardón que muchos ansían por mero esnobismo. Le pasó lo que a esos papás que tienen hijos y luego se les olvida para qué los tuvieron. No basta con repetir el elevado número de firmantes de paz que han sido asesinado durante estos nueve años: no son casi 500 como él dijo; según la Agencia de Reincorporación Nacional, ARN, ya son 539. A parte de las disidencias, ¿quiénes más los están matando?, cabe preguntar. En el país nada se habla sobre eso.

El Acuerdo de Paz es hoy el pobre huerfanito con muchos enemigos que, casi diez años después, insisten en volver añicos… y también a la JEP. Sin dolientes, las cosas se pondrían peor si en 2026 llega a la Casa de Nariño un gobierno de derecha —o peor, de extrema derecha—. 

Apenas unos días atrás el Centro Democrático calificó a Santos de cínico por afirmar en Blu Radio que cometió un error al someter el Acuerdo a un plebiscito que fue derrotado por el No. Es decir, Santos le sirvió la papaya al uribismo que papayas preciso es lo que necesita cuando está en campaña y con su líder máximo en la mira de la justicia, incluido lo último: “Piden investigar a Álvaro Uribe por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle”, tituló El Espectador.

Sí, doctor Santos, lo del tufillo electorero es cierto: todo mundo anda en modo campaña, faltaba sumercé.

No creo que toque recordarnos que al uribismo poco o nada le interesa la pacificación del país; ahí no hay votos. Bienvenida la actitud reflexiva y crítica del expresidente Santos, pero de él, que experimentó en carne propia el sudor y las lágrimas que implica todo acto bienintencionado, se esperaría mayor compromiso e interlocución, dentro y fuera del país.

Mi preocupación se justifica en lo ocurrido comenzando este semestre, cuando Santos le propuso a Álvaro Uribe Vélez unirse para “defender la democracia”, tras el asunto del decreto del presidente Gustavo Petro para convocar una Consulta Popular. Me temo que esa fue una gran muestra de debilidad del Premio Nobel frente al principal enemigo de su Acuerdo de Paz.

No puede ser que ganarse un Premio Nobel parezca más fácil que concretar la paz con hechos reales.

Imagen tomada de la cuenta en X del precandidato presidencial David Luna.

Ahora resulta que el precandidato David Luna, ya en campaña y con afán de llamar la atención, pagó una costosa valla (¿o varias?, no sé), pidiendo que Santos y Uribe se junten para hablar. Sí, estoy de acuerdo que hablen para que Santos le exija al segundo —y sin atortolarse— que por el bien del país no siga satanizado más el Acuerdo de Paz, en consideración con las víctimas de un conflicto interno de nunca acabar y la mucha sangre derramada.

Aparte de eso, no veo de qué más querrían hablar el par de enemiguis. Bueno, tal vez sí hay algo adicional: lo mal que le debe estar pasando el doctor Uribe, carcomido por la ansiedad, en espera de su condena en segunda instancia, tras conocer la condena a siete años de casa por cárcel impuesta a su (ex) abogado Diego Cadena por soborno y manipulación de testigos.

Es posible que si la charla se alarga, hasta les alcance el tiempo para hablar de los falsos positivos que se cometieron durante el gobierno al que ambos pertenecieron. Pensándolo bien, sí tienen sus buenas razones para una amena velada al calor de unos buenos güisquis.

En la entrevista con El Espectador, Santos dijo otra cosa que sonó a ligereza: “El Acuerdo de Paz con las FARC terminó el conflicto armado colombiano”. Si eso fuera cierto, doctor Santos, no llevaríamos tres años hablando de paz total, así de simple. Las disidencias y grupos como el ELN son parte de un conflicto armado que sigue latiendo. Que haya bandas criminales haciendo y deshaciendo es parte del mismo problema de un Estado ausente en los territorios.

También alertó sobre la posibilidad de que la ONU se niegue a renovar su Misión de Verificación en Colombia y que un posible veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad le quite recursos a Colombia. Se me ocurre que el doctor Santos, en su calidad de Nobel de Paz, podría pedirle al señor Trump que respalde con dólares la implementación del Acuerdo de Paz, pues eso sin duda le sumaría puntos al gringo para ganarse el Nobel. Obras son amores y no buenas razones, dicen por ahí.

El expresidente Santos debe estar del lado correcto de la historia. Después de tantos muertos, lo correcto es respaldar sin ambages todo intento por pacificar a Colombia. Para algo nos debe servir a nosotros como país su Premio Nobel de Paz. Porque la paz no vino envuelta con el trofeo. Es una tarea que se le debería imponer como obligación a toda la sociedad. Es el derecho que nos han negado. No puede ser que ganarse un Premio Nobel parezca más fácil que concretar la paz con hechos reales.

El agua que no se ve, pero sostiene la vida 

En Colombia, las aguas subterráneas son una reserva silenciosa y vital. Alimentan acueductos rurales, cultivos y ecosistemas enteros. Sin embargo, siguen desprotegidas. La Mesa de Los Santos es un ejemplo claro. Este territorio ubicado al norte del Cañón del Chicamocha, en Santander, abarca la totalidad del municipio de Los Santos, una franja de Piedecuesta y parte de la vereda Chocoa en Girón. En los últimos años se ha convertido en destino de casas campestres para quienes buscan un lugar cercano a Bucaramanga, transformando el territorio sin considerar a las comunidades campesinas de laderas y zonas bajas. Este cambio ha sido impulsado, en gran medida, por la concentración y rápido crecimiento industrial y urbanístico  en la planicie. Así, mientras los habitantes tradicionales padecen la disminución de nacimientos y quebradas, proliferan pozos para urbanizaciones, industrias avícolas y proyectos turísticos sin diagnóstico integral del acuífero. Es la crónica de un despojo invisible, donde los derechos colectivos quedan relegados ante intereses privados e individuales. 

Cuando la norma existe, pero no se cumple 

Aunque la Ley 373 de 1997 ordenó a las autoridades ambientales realizar estudios hidrogeológicos, con respaldo técnico del IDEAM y del Servicio Geológico Colombiano, antes de otorgar permisos para el uso de agua subterránea, casi tres décadas después este mandato sigue sin cumplirse. En sus respuestas a solicitudes de información, las autoridades ambientales de Santander —la CDMB y la CAS— reconocieron no haber realizado estos estudios con dicho respaldo ni haber solicitado formalmente ese apoyo. De forma paralela, el Decreto 1640 de 2012 ordenó formular Planes de Manejo de Acuíferos, pero en la Mesa de Los Santos ninguno ha sido adoptado formalmente. A pesar de ello, los permisos para perforar agua subterránea se siguen otorgando, muchas veces basados en informes de empresas privadas interesadas en los mismos proyectos que hacen las perforaciones. 

Las consecuencias para las comunidades campesinas 

Esta omisión tiene rostro humano. Las comunidades rurales asentadas en las laderas de la Mesa de Los Santos enfrentan desabastecimiento progresivo. Investigaciones de la Universidad Industrial de Santander (2016–2023) han documentado la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de las zonas bajas. 

En 2022, un estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander evaluó 11 aljibes y 2 pozos perforados en la región: 9 de los 13 puntos presentaban disminución del nivel freático. En 2023, una investigación de la Maestría en Historia de la misma universidad evidenció que la perforación de pozos profundos, principalmente para urbanizadores y agroindustrias, ha concentrado el agua en las zonas planas, agravando la escasez en las laderas campesinas. Esta dinámica produce paisajes desiguales: comunidades precarizadas en las laderas y nuevos enclaves suburbanos con agua asegurada en la planicie. Es un despojo silencioso y difuso, difícil de rastrear y controlar, que amenaza la soberanía hídrica campesina, fragmenta los vínculos culturales con el territorio y debilita los sistemas tradicionales de manejo del agua. 

El costo de profundizar para acceder al agua 

El costo económico de la perforación de pozos aumenta de acuerdo a su profundidad. Esto excluye a los campesinos, que no pueden pagar estudios ni trámites exigidos para obtener permisos, limitando su posibilidad de garantizar el mínimo vital de agua. Las denuncias también alertan sobre la desaparición de humedales y la disminución del caudal o sequía total de quebradas como Los Cacaos, Los Naranjos, Las Tablas, San Miguel, Cuevana, La Mojarra, La Cañada y La Honda. La privatización y captación de agua en las partes planas amenaza el arraigo de muchas familias campesinas y  aumenta  el riesgo de desplazamiento forzado por razones económicas y ambientales  y la vulneración de derechos bioculturales. 

A esto se suman las polémicas por el riesgo de privatización de acueductos comunitarios y el frustrado proyecto millonario del Acueducto Regional del Chicamocha, una promesa incumplida desde 2015 por la administración del entonces gobernador Richard Aguilar. 

Un ahorro que nunca fue 

La Ley 373 de 1997 también ordenó crear programas de uso eficiente y ahorro del agua. Sin embargo, en Los Santos ese programa nunca se implementó. Tras años de omisión, en 2018 la CAS sancionó al municipio con 9 millones de pesos por incumplir la ley. Pero en 2024 la misma corporación revocó la multa porque el plan, aunque existía, no había sido formalizado mediante acto administrativo. Así, entre trámites y vacíos legales, ni multa ni programa de ahorro. Y la pregunta persiste: ¿qué pasó con el uso eficiente y el ahorro del agua para la población de Los Santos? 

Una problemática global con rostro local 

La situación de la Mesa de Los Santos no es un caso aislado. Según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el municipio de Los Santos está entre las zonas con alta susceptibilidad al desabastecimiento hídrico durante temporadas secas. El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO (2022) advierte que las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua dulce líquida del planeta, pero su explotación insostenible genera consecuencias irreversibles. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua ha señalado que la sobreexplotación de acuíferos amenaza la seguridad hídrica global, especialmente en zonas rurales. Sus recomendaciones son claras: gestión equitativa, monitoreo riguroso y gobernanza sostenible, advirtiendo que la negligencia en este ámbito profundiza las desigualdades y pone en riesgo el derecho humano al agua. 

La Mesa de Los Santos cumple varios criterios de riesgo: agotamiento de las fuentes, dependencia exclusiva para consumo humano, conflictos por uso del agua y desabastecimiento superficial. Todo esto exige una acción prioritaria y coordinada de las autoridades locales y nacionales. 

Lo que hemos hecho desde la Clínica Carlos Gaviria Díaz 

Frente a este panorama, desde la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS hemos impulsado acciones para visibilizar y enfrentar esta problemática. Con el apoyo de veedurías, organizaciones sociales como la Fundación la Cabuya, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Corporación Compromiso, procesos sociales de Piedecuesta y Los Santos, estamos exigiendo la convocatoria a una audiencia pública ambiental conjunta para debatir de manera integral la gestión del agua subterránea en la región, trascendiendo del análisis fragmentado de permisos individuales y proponiendo una inmediata intervención para evitar la destrucción de las fuentes hídricas en el territorio. 

Además, interpusimos una acción de cumplimiento para hacer efectivo el artículo 10 de la Ley 373 de 1997 y que las CAR realicen los estudios hidrogeológicos exigidos antes de otorgar nuevas concesiones. Estas iniciativas buscan abrir canales de participación y diálogo comunitario con las autoridades ambientales, haciendo valer el derecho de las comunidades a ser informadas y participar en decisiones que afectan su agua y su territorio, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Hacia una justicia hídrica, territorial y ambiental 

La situación actual demanda medidas urgentes de regulación, control y recuperación por parte de las autoridades competentes. No se trata solo de cumplir la ley, sino de garantizar la preservación, sostenibilidad y cuidado del agua, el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales y la aplicación de principios de equidad ambiental y justicia hídrica. 

El Procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander ya hizo un llamado en agosto de 2024 a la CDMB y la CAS para que aborden esta situación de forma articulada y establezcan planes de acción que protejan tanto la estabilidad ecológica del territorio como los derechos colectivos del campesinado. A la fecha, no se conoce respuesta. 

Persistir en esta omisión significa propiciar un desplazamiento ambiental silencioso, una forma de despojo que compromete el derecho al agua, al territorio, a la permanencia digna en el campo y los derechos bioculturales de las comunidades campesinas. La progresiva escasez de agua amenaza su permanencia al impedir actividades básicas de subsistencia como el cultivo, el cuidado de animales y el abastecimiento doméstico, acelerando procesos de descampesinización y poniendo en riesgo la pérdida de las prácticas y saberes propios de estas comunidades. 

El caso de la Mesa de Los Santos es una advertencia sobre cómo la omisión institucional abre la puerta a intereses privados en la gestión del agua subterránea. También es ejemplo de cómo las clínicas jurídicas pueden enfocar la enseñanza en justicia ambiental a partir de problemáticas territoriales. Garantizar la justicia hídrica requiere planificación adecuada, gestión sostenible y participación comunitaria para asegurar que el agua, aunque invisible, siga siendo un bien común y un derecho para todos. 

Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

Leer más | En 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica | INFORME

El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

Leer más |“La gran preocupación que tenemos ahora es el incremento de la violencia y los territorios militarizados” | ENTREVISTA

El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las cicatrices que dejan la guerra en el alma y la memoria son imborrables, pero hay quienes optaron por sobreponerse al dolor y al pasado, curando heridas a través de la cultura cafetera.

La gobernación del Tolima invitó a un grupo de periodistas de Bogotá a una cata de café para contarnos que este año su departamento realiza por tercera vez la Feria Internacional de Café, “la única feria cafetera a cielo abierto del mundo”, dice la mandataria Adriana Magali Matiz.

Se le pone la piel chinita hablando del milagro social y económico que está viviendo el municipio de Planadas, el último de los municipios del departamento hacia el sur, colindante con el Huila, y el primer productor de café del Tolima, que es a su vez el tercer productor de café colombiano. El sueño de esta mujer, cuya familia se cuenta entre las víctimas del conflicto, es posicionar al departamento como segundo mayor productor de café antes de dejar el cargo en 2027.

Para llegar a Planadas se atraviesa la cordillera de los Andes con su imponente Cañón de las Hermosas. El territorio fue en otros tiempos tierra de paeces y del cacique Yucairo, pero quizás lo que más le dio fama es que allí nacieron las guerrillas liberales, lideradas por el dirigente agrario Jacobo Prías Álape o Charro Negro, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Al ser asesinado Prías Álape, en 1951, en este municipio se ubicó la llamada República de Marquetalia, en el corregimiento de Gaitania, génesis de las extintas FARC.

Municipio de Planadas. Fotografía tomada de la cuenta en X de la Fundación Natura Colombia.

Hace 60 años, dos guerrilleros, alias Tirofijo o Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín) y alias Jacobo Arenas (Luis Alberto Morantes) empuñaron las armas, y armaron a los campesinos de la región, para combatir contra el Estado. Cuentan que al presidente de la época, Guillermo León Valencia, le llegó una carta firmada por Marulanda en la que le reclamaba por el abandono en que se hallaba la región, pero cuentan también que la misiva nunca obtuvo respuesta.  

“Planadas fue el epicentro de esa guerra entre la guerrilla y el Estado de 1964 en adelante”, añade la gobernadora, oriunda de Río Blanco, municipio vecino de Planadas, así que ella y su familia sufrieron las consecuencias del conflicto armado. “Perdimos familiares en la guerra”, se lamenta.

Distante a 231 kilómetros de Ibagué, Planadas es ahora tierra de promisión. En medio de las balas, las familias cafeteras se mantuvieron firmes, cultivando el grano. Más de una década antes del Acuerdo Paz en 2016, empezó el proceso de transformación y recuperación del territorio, gracias al coraje de la población y al apoyo de la fuerza pública.

El año pasado, allí  se celebró la segunda Feria Internacional de Café y la propia Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia visitó el lugar para dar fe de una nueva historia. Diplomáticos de Noruega, México, Irlanda, Cuba, Reino Unido, Brasil y Argentina, fueron testigos de cómo víctimas y firmantes de paz, a través de organizaciones sociales, han encontrado sentido de hermandad, pertenencia y progreso, por medio del cultivo y comercialización del grano.

“Desde mi posesión, he invitado al presidente Petro a que vaya a Planadas y vea el verdadero ejemplo de la paz total”, dice la gobernadora Matiz, desde la Federación Nacional de Cafeteros.

Vino a Bogotá con motivo de la tercera Feria Internacional de Café que se realizará el 9 y 10 de agosto en el municipio de El Líbano. Uno de los eventos centrales será la Catación de cafés de la Paz en el parque principal.

“Queremos mostrar la historia de resiliencia de quienes transformaron el dolor de la guerra en segundas oportunidades”, concluye, mientras confiesa su gusto por el buen café. “Cuando uno conoce el café de especialidad ya no puede volver al café básico, que es el que conocen la mayoría de los colombianos”.

El municipio de El Líbano, en el Tolima, espera la presencia de nueve países y 20 mil visitantes este fin de semana, durante la tercera edición de la Feria Internacional de Café.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 22.9% de la población nacional vive en zonas rurales dispersas y centros poblados, de esta población el 28.5% son jóvenes en edades entre los 14 y 28 años, siendo 2.879.755 jóvenes rurales que se encuentran principalmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare y Arauca. Un número bajo que evidencia el envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que ha afectado a otros países y que actualmente ha empezado a sobresalir en Colombia, donde la expectativa de vida ha aumentado mientras la tasa de natalidad ha descendido en los últimos años, originando que la población adulta supere cada vez en mayor proporción a la población infantil y juvenil. 

En el sector rural este fenómeno es agravado por la falta de oportunidades, el acceso deficiente a servicios básicos, la violencia armada y el reclutamiento por parte de grupos armados y criminales que obliga a las y los jóvenes a abandonar el campo para buscar no solo un mejor futuro, sino un mejor presente. 

A nivel productivo las juventudes rurales cuentan con menos fuentes de ingresos y enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades económicas y formativas, además, aunque el trabajo agrícola sigue siendo la principal actividad económica del sector rural y de que es necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país, las juventudes campesinas carecen de la tierra, el capital y la tecnología necesarios para subsistir y generar desarrollo en el campo.   

A pesar de que las juventudes rurales representan una fuerza de trabajo vital para el sector rural, el pago por el jornal rural en el mejor de los casos alcanza los 47.450 pesos que equivalen al salario mínimo diario actual en el país, además, el trabajo de la tierra es pesado, suele exceder las 8 horas de trabajo diarias previstas legalmente, en ocasiones parte de los pagos se hacen en alimentación o en especie con los productos de las fincas, y pocos trabajadores rurales reciben prestaciones sociales o cotizan para pensión. 

El panorama parece desalentador para las personas jóvenes que viven en el sector rural, pero su identidad campesina se mantiene fuerte y quienes cuentan al menos con la tierra de sus familias tienen deseo de trabajarla y producir, pero requieren apoyo para acceder a capital y a maquinaria, o para vender su producción. 

Un impulso es necesario para potencializar las capacidades juveniles, por ejemplo, los dispositivos digitales que las personas jóvenes usan con facilidad y el acceso a conectividad pueden generar grandes ventajas, pues a través de las TICs se pueden hacer contactos de compradores o proveedores para abrir mercados agrícolas, utilizar servicios financieros digitales, y en general acceder a información y a ofertas privadas y públicas.  Las opciones tecnológicas parecen salidas de contexto cuando no existe conexión a internet, vías, o acueductos, sin embargo, es parte de las aspiraciones y metas que las nuevas generaciones tienen, junto a sus múltiples intereses y el deseo de aprender diversas profesiones, oficios y artes que no tienen el mismo impulso en el sector rural que en zonas urbanas o ciudades grandes, pero hacen parte de las nuevas ruralidades, y de las transformaciones que las personas jóvenes quieren lograr. 

Algunos avances se presentan en la nueva ley para jóvenes rurales que fue aprobada el pasado 19 de junio en el Senado y que se encuentra a la espera de sanción presidencial. La ley que fue impulsada desde la Comisión Accidental de Juventud procura incluir a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, garantizando su acceso a la tierra, a proyectos productivos, y a formación académica y técnica. 

Las disposiciones que trae esta nueva ley otorgan subsidios a jóvenes para la adquisición de tierra y les permite ser beneficiarios del programa de adquisición de tierra por negociación directa. Además, establece que las juventudes rurales son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, y se les garantiza participación en políticas de desarrollo rural. 

También, se entiende que la tierra, la productividad y la inclusión social y cultural son factores clave para fortalecer la autonomía, el empoderamiento, el reconocimiento social y el ejercicio de derechos de las y los jóvenes rurales, y se promociona el arraigo cultural fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la identidad campesina. 

Con un enfoque más fresco, esta nueva ley reconoce modelos económicos alternativos que involucren formas de organización, producción, distribución, consumo e intercambio diferentes a las tradicionales, además de que promueve la innovación, el emprendimiento, y el uso de las TICs.

Otras consideraciones que trae la ley es que crea incentivos a quienes contraten a jóvenes rurales, y establece que se creen mecanismos de asesoría, representación y formación para que las juventudes accedan a sus derechos sobre la tierra. Asimismo, impulsa la sostenibilidad y la agricultura regenerativa, da acceso a apoyos financieros del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, crea un trazador presupuestal de juventud rural, e impulsa la gobernanza juvenil del territorio.  

Junto a la Reforma Agraria que se está generando actualmente, esta ley ayuda a entregar el futuro del campo a las juventudes, las cuales en un entorno adverso siguen luchando para que el trabajo agrario genere condiciones de vida digna, con un mérito acorde al nivel de esfuerzo que requiere.

“La meritocracia en Colombia es un sistema que busca profesionalizar el servicio público, asegurando que las personas que ingresan a la administración pública lo hagan basándose en sus méritos y capacidades. Este sistema tiene como objetivo fundamental la transparencia y la calidad en la atención a los ciudadanos”. Así lo define “Copiloto de Microsoft”.

Copiloto continúa diciendo: “En resumen, la meritocracia en Colombia busca garantizar que las personas más capacitadas y con los más altos estándares profesionales ingresen al servicio público, promoviendo así una administración transparente y de calidad.”

La Inteligencia Artificial de Google la define así: “La meritocracia en Colombia se refiere al sistema de selección de personal para la administración pública basado en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional. Este sistema busca profesionalizar el servicio público y promover la transparencia y la calidad en la atención a los ciudadanos”.

Google sintetiza su definición como “un sistema que busca garantizar que el servicio público esté en manos de personas competentes y capacitadas, a través de un proceso de selección basado en el mérito, la experiencia y las habilidades profesionales. Sin embargo, la implementación de este sistema enfrenta algunos desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectividad”.

En Colombia, la Ley 909 de 2004 establece que los procesos de selección del personal en la función pública deben basarse en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional. Además, se implementaron pruebas técnicas de competencias laborales, de conocimiento y habilidades gerenciales para los cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden Nacional. ¿Servirá?

Pero mi definición como observador que vivió y educó fuera del país por más de cuarenta y cinco años, esas definiciones teóricas no compaginan con la corrupción genética de varias generaciones. De pesadillas uno despierta sobresaltado, asustado y confundido; en mi caso, al abrir los ojos, mi pesadilla persiste al enfrentar oficinas gubernamentales como la ANT y el Banco Agrario, pero el infierno se convierte en la podredumbre del sistema judicial.

Cuando las elecciones pasadas que ganó Petro, unos meses antes vaticiné su triunfo después de leer varios artículos de publicaciones de Colombia y el mundo, en inglés, francés e italiano (estos dos últimos no los hablo, pero puedo leer un poco), deduje que el país, necesitaba ese cambio de intervención del acaparamiento de las “sangres azules” repartiendo puestos como “prostitutas” del barrio chino. (Uso el nombre de este barrio de los años del siglo pasado que era como se llamaba donde el servicio era popular).

Era lógico que los puestos públicos fueran dados a un marco marginado nuevo y que “educado” (toda regla tiene su excepción), pero que en realidad no saben ni leer, ni escribir. Esos títulos o diplomas que se ufanan tener, (nuevamente, no todos), no sirven ni para limpiar fundillos porque es muy duro. La proliferación es tanta que ni ensayos literarios ni encuestas pueden ser capaces de definir este nuevo fenómeno de corrupción.

Antes, tenías que conocer al tío del perro de la esquina que colindaba con el tuerto de la tienda del padrino de la abuela del pastor de la iglesia. Traducido, la “coima”, “mordida”, “transa” o “engrase”, le pertenecía a un núcleo reducido de “sangre azules”. Ahora, está tan repartido, que hasta para ir al baño hay que dar “propina”.

Afirmo estos comentarios, porque con los pocos que he tenido que tratar de diferentes medios, lo pude comprobar. Tienen títulos comprados, como el que compró un sobrino mongólico que tengo que compró el título de abogado a la Universidad del Norte de Barranquilla.

Se me hace que este título de abogado es el más fácil de comprar y está diseminado en varios renglones del sistema, especialmente, el judicial.

Ahora, comentando sobre mi interacción con las dependencias del gobierno como la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrícola, coño, menos mal que me tomo mi propia poción natural para controlar la presión, porque estas “gentecitas” son más que un dolor de cabeza.

Con la ANT, contestan los correos que son respuestas al radicado de la radicación de un radicado que me imagino que habrá salido del baño, porque insisto, ni leer saben. Una de las respuestas elaborada por la encargada de la oficina de compras, dice que no encuentra mi oferta de vender mi lote. Se tomó (haciendo un análisis sin comparables) como un minuto leyendo el encabezamiento de mi correo, y como 10 minutos para contestarme, pero no utilizó 10 segundas para bajar el documento PDF adjunto al correo que define toda la información del lote. Reitero, las maniobras de retardo son producto de la creación de sistemas para no cumplir la ley como está redactada, si no como la quieren interpretar sin fundamentos legales, educados o de lógica común, que no poseen.

Con el Banco Agrario después de la publicación de mis denuncias, el halo de su santidad llegó hasta sus bocas cerrándolas con candado de doble llave impidiendo salida, marcando claramente su criminalidad.

¡El que calla otorga, dice la ley!

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) refleja que Colombia tiene un alto nivel de corrupción en el sector político colombiano, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que se encuentra en un nivel moderado, con una puntuación de 39 sobre 100 en 2024. Esto significa que Colombia se ubica en el puesto 92 entre 180 países evaluados, lo que indica que la percepción de corrupción en el sector público es relativamente alta. 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC):

El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público, basado en opiniones de expertos y empresarios. 

Se considera que una puntuación alta (cercana a 100) indica baja corrupción, mientras que una puntuación baja (cercana a 0) indica alta corrupción. 

En 2024, Colombia obtuvo una puntuación de 39, lo que significa que la percepción de corrupción es relativamente alta, pero no la más alta del mundo. 

Según Transparencia Internacional, Colombia se ubica en la posición 92 entre 180 países evaluados, lo que demuestra que la percepción de corrupción es relativamente alta.

El estudio elaborado por el Banco de la República (La corrupción en Colombia: un análisis integral) indica que “pesar de los esfuerzos realizados, como la creación del estatuto anti-corrupción con la Ley 1474 de 2011, Colombia no ha mostrado avances significativos en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Monitor Ciudadano, entre 2016 y 2020 se reportaron 967 hechos de corrupción a nivel nacional en la prensa, mientras que entre 2016 y 2018 esta cifra se ubicaba en 327 (Monitor Ciudadano, 2019).

Lo peor de todo es que el gobierno de Petro no muestra los niveles de corrupción existentes en los sistemas gubernamentales y empresariales, que van de mano agarrada.

Si tanto buscan una transformación del sistema político-empresarial, lo más indicado sería que legalizaran la corrupción introduciendo brókeres que tramiten los procedimientos por una comisión, ya que “sin “coima”, “mordida”, “transa” o “engrase”, no hay paraíso.

Nuevamente, la ideología de transferir beneficios a la comunidad campesina se transforma en un velo de oscuridad abriendo solo la puerta que la burocracia conoce, estafas, engaños, fraudes que se efectúan internamente por personal de la entidad.

Iniciemos el artículo con un breve reseño histórico de la Caja Agraria, ya difunta, donde se origina la formación del Banco Agrario. Iba a usar vulgaridades porque esta pila de energúmenos me sacan y agotan la paciencia, como por ejemplo,¿a quién carajo se le ocurre juntar mierda con mierda si el olor es igual? La Caja Agraria recuerdo que mi padre fue socio de ella, y sus acciones fueron dizque repartidas cuando falleció de acuerdo a la sentencia de partición. Pero era una entidad como la actual que se enfocan en una población difícil por muchas razones.

Sin educación, sin vida crediticia, sin vida comercial, sin vida bancaria, sin información gravable.

Que a propósito, una declaración de renta extemporánea es tan servible y viable como cualquier documentación.

Es más, es el principio de ingreso a una comunidad fantasma dentro del sistema de la Dian.

Solo a los políticos corruptos se les ocurre emplear analfabetas sociales que se les impide clasificar el nivel educativo de sus clientes, acostumbrados al nepotismo, a las recomendaciones de trabajo para individuos que son el tío de la vecina de la niña Nona, quien vivía en la casa de la esquina del Coronel adjunto a la presidencia de los lagartos. ¿Qué diablos escribí en esta última frase? No tiene significado lógico, ¿cierto?

Pues es precisamente lo que sucede en el Banco Agrario, que para poder establecer una función de préstamos tiene que utilizar cuanta artimaña financiera puedan para aprobar créditos. En realidad, no es solo con ellos, si no todos los bancos en Colombia.

Amplío este criterio. La población campesina – a la cual está supuestamente dirigido el enfoque de trabajo – ante el criterio de análisis de crédito financiero carece de todas las bases fundamentales para el otorgamiento de un préstamo, a menos que se utilicen herramientas disponibles dentro del mismo sistema sin caer en la fabricación documental, aunque puede existir al crearse esa información legalmente. Este paso, visto desde afuera. Internamente, necesita la firma del jefe del jefe que tiene conexiones con el cliente o con el amigo del amigo del amigo.

Común en Colombia, tráfico de influencias. Pero literalmente, se encuentran ante un préstamo que no tiene viabilidad por una de las diferentes razones.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene varios libros describiendo la vida del campesino en el Atlántico titulados Campesinos de Tierra y Agua y especificados en otras zonas del Caribe. Pero en la fusión con las ciudades cercanas al campo, la imagen campesina rehúsa una identidad como tal, desequilibrando una formación que permita localización dentro de un sistema financiero que permita su desarrollo.

Resumiendo, para que un campesino pueda gozar de estos beneficios ofrecido por el Banco Agrario, hay que trabajar personalmente con los interesados para la creación de una vida crediticia compuesta, por crédito, cuenta bancaria y formación profesional. Suena bien en teoría ¿cierto?

Lean lo que dicen ellos en su sitio virtual: “Somos un Banco de Desarrollo 

Nos dedicamos a cumplir los sueños de millones de colombianos en el campo y contribuimos al desarrollo del agro. A través de nuestros más de 8 mil colaboradores cambiamos vidas y construimos país. Nuestra misión es desarrollar oportunidades de mejora para pequeños, medianos y grandes productores. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser la entidad financiera con mayor presencia en el territorio nacional, con 790 oficinas tradicionales, 107 oficinas ligereas y con más de 22 años de experiencia”.

Y lo más irónico, Trabajemos juntos.

En mis treinta y cinco años como Real Estate Broker independiente en California, una de mis responsabilidades era conseguir préstamos para la compra, refinanciar deudas hipotecarias, casas familiares, edificios y de negocios con el SBA (Small Business Administration).

El primer paso luego de hacer contacto era el de analizar superficialmente los ingresos, el segundo, la vida crediticia, que en cualquier tipo de transacción hipotecaria o préstamos, ES LA MÁS IMPORTANTE. Es lo que determina la viabilidad de la negociación, el puntaje, la tasa de interés, qué porcentaje (hubo ocasiones que se podía conseguir hasta el 125% del avalúo), y qué ARREGLO NECESITA ESTE REPORTE. No es cometer fraude. Se trata de arreglar LEGALMENTE lo negativo que pudiese tener, y lo que se pueda, porque aun así tengas el mejor puntaje, tus ingresos se pueden comprobar con la dirección de impuestos, primero, necesitas quien lo presente ante el banco bajo las guías del préstamo que quieres adquirir, y segundo, NO IMPORTA QUÉ TAN MALO SEA EL PUNTAJE, NI QUÉ DIFÍCIL SEA CORROBORAR INGRESOS, aun así, se puede conseguir préstamos. Más caros, interés más alto, más cuota inicial, PERO SE PUEDE CONSEGUIR. Hay diferentes bancos con criterios diferentes, y cada banco tiene en sus manos métodos de como doblegar un requisito.

Aquí viene mi interacción a la narración con el título de este artículo: ¿Para qué carajo es que sirve el Banco Agrario?

Me les acerqué dos veces: El primer contacto fue con Diana Cantor el 3 de enero de 2022 que concluyó diciendo que (SIC): “como le había explicado, necesitamos un deudor solidario para poder continuar el trámite”. Pero lo que quería era que contratara un intermediario que me cobraba el 10% por la consecución del préstamo. Por supuesto que le dije que no, y no volví.

El segundo encuentro, movido por una recomendación que me mandó donde Diana, le conté mi experiencia, pero me dijo que no le dijera que era ella la que me mandaba, por lo que decidí ir a la oficina de El Prado. Sin cita, esperé mi turno a que me atendieran, e iba con dos posibles compradores.

Un muchacho inexperto que estaba súper nervioso no sabía cómo contestar mis preguntas, y quien se entrometía era una muchacha sentada a su lado, pero estaba atendiendo varias cosas a la vez. Al final, le pido como contactarlo porque iba a investigar sobre varias de mis interrogaciones.

Me dijo todavía nervioso, “que me iba a dar su información del banco porque la personal no la podía compartir”. Le contesté que era esa la que buscaba, salí del banco a hacer otras diligencias, pero ese intercambio quedó en mi mente magullando y tratando de descifrar el intercambio.

Al día siguiente le mandé un correo incluyendo a Yadilud Otero David, Gerente Regional de la Costa, y le pedí que trasladara mi mensaje al gerente de su sucursal.

El 20 de marzo me contactó Germán Acosta, quien se identificó como “Director de Oficina Barranquilla Prado del Banco Agrario. Me llamó, conversamos varias veces, le expuse mi proyecto y la idea de como presentarlo usando los programas que ellos tenían con el respaldo de Finagro, nos citamos a su oficina con los dos prospectos que tenía y me fui con ellos.

Pues me cambió con quien iba a ser la cita, y me la dio con el mismo muchacho que me atendió por primera vez. Tengo un defecto, no de vejez, lo he tenido casi siempre, que me cuesta trabajo recordar nombres y mi memoria no graba facciones de las personas. Si lo hubiese reconocido, me hubiese ido sin hablar con este carajito, porque la verdad es que la impresión que me dio la primera vez fue que le estaba pidiendo su información personal para un tipo de relaciones homosexuales.

Primero, a estas horas de la vida no tengo curiosidades de ese tipo; la única que tengo es de cuantos años más voy a vivir.  Pero esta juventud colombiana como que se dedica al tráfico de sexo virtual además de los trabajos que tienen y es para eso que usan a los posibles o clientes de los banco y andan en la búsqueda constante y creen que todos son como ellos. Se equivocó.

Como también se equivocó el tal “Director” que se le nota que le falta un montón de responsabilidad profesional, y por supuesto, conocimiento. Este tipo, la verdad que me gustaría hacerle una auditoría de sus ingresos, que no la pasaría. Le dije también que la muchacha que iba conmigo, iba a abrir una cuenta de banco, y el “Director” me contesta diciendo que eso no garantizaba el préstamo. Le expliqué que esa no era la intención, y me dijo que “tranquilo” allá lo ayudan.

Como mencioné antes, quien me atendió en mi segunda visita fue el posible homosexual (la verdad es que es su problema), se llama Freddy Carballo, y me dijo y que era abogado, dio explicaciones salidas de un cuento de hadas, que la apertura de cuentas bancarias tenía muchos requisitos porque querían estar seguros de que no se trataba de “blanqueos” o lavado de dinero. Mejor dicho, de ataques sexuales a tipo mafia me imagino que su percepción criminal lo hizo pensar que era eso lo que yo buscaba.

Aclaro, mi vocabulario en ambos idiomas es educado, y no hablo lenguajes reducidos al callejero, que claramente es el que hablan estos dos, con una mezcla de fantasía criminal que buscan como esperanza para salir de la mediocridad en que viven.

No soy criminal, esto incapacitado con afecciones cardíacas desde el 2010 que fue cuando me retiré de trabajar en mis profesiones de Contador y Preparador de Impuestos para el Estado de California desde 1979, Notario Público desde 1980, agente de bienes raíces para California desde 1986, Real Estate Broker para California desde 1990, Real Estate Broker para el Estado de New York desde el 2004, Real Estate Broker para el Estado de Colorado desde 2004, periodista para mi propia publicación desde el 2003, Paralegal (asistente de abogado) desde el 2016 graduado en Los Angeles City College, y Master of Business Administration con énfasis en Justicia Criminal desde el 2019, y colaboro con el Blog de El Espectador desde el 2018 (creo, no estoy seguro).

Pero el mejor título que tengo es el de ser padre de dos hijos y una hija, y abuelo de tres nietos y dos nietas.

Así que, mi experiencia con el Banco Agrario con Diana, Freddy y Germán me conlleva nuevamente al título de este artículo: Banco Agrario, ¿para qué carajo es que sirve esta vaina?

Porque yo lo que intentaba era de formar relaciones económicas trayéndoles clientes a quienes se les pudiese ayudar a establecer crédito, comprando un lote de los que yo les hubiese podido vender. Si no era el primer posible prospecto, hubiese podido ser otro, pero como le dije a Germán, el propósito era de comenzar.

Se me parece tanto a los burócratas de la Agencia Nacional de Tierra, que tienen un montón de gente en la nómina que no saben, ni trabajan porque son cuotas de políticos, o nepotismo, amigos de la tía del vecino que vivía en la esquina de la calle donde mataron al perro que era de la mujer del policía del barrio abajo. Chistoso, ¿cierto? Pero así de incomprensible es la naturaleza humana de los empleados con quien traté en el Banco Agrario. Buenos para nada.

Arqueado sobre un carruaje en desuso, Peter Dyck bordea con las manos un polígono verde fragmentado en varias cuadrículas de distinto tamaño. No sabe con exactitud cuántas son, pero calcula que representan una extensión total de 2000 hectáreas. La figura que repasa es el mapa del lugar donde estamos: Providencia, una colonia menonita enclavada en Loreto, selva del Perú, de la cual es el jefe. Su casa, hecha de latón y calamina; los cultivos de soya y arroz, de donde acaba de llegar; y una enorme granja para la crianza de ganado y cerdos forman parte de una de las casillas que componen el plano de la colonia. Dyck ubica su terreno en el mapa desplegado sobre el vehículo que remonta al siglo XVIII, y fija el índice derecho: “Acá mismo nos encontramos”, afirma con seguridad. No es el más grande, aunque en este conglomerado de predios de 20 o 30 hectáreas todo resulta imponente.

Los 500 miembros de la comunidad cristiana protestante que viven aquí –describe Dyck- son procedentes de Belice, en Centroamérica, y tienen antepasados holandeses y alemanes. Ellos conforman Providencia, la tercera colonia menonita asentada en Tierra Blanca, localidad loretana cuyo ámbito urbano está a cerca de 8 kilómetros de camino agreste. Junto con las otras dos (Wanderland y Osterreich), Providencia enfrenta una investigación fiscal por la deforestación ilegal de 1700 hectáreas de bosque primario, iniciada en julio de 2020. Los menonitas de esta porción de la Amazonía peruana sostienen que fueron aceptados por la población y autoridades locales, y no niegan la tala como parte de su modo de subsistencia. Al contrario, reivindican que vinieron para trabajar la tierra porque de eso viven: “Está bueno tener un poco de bosque, pero falta limpiar la mayoría”, dice Peter Dyck en su pausada y dificultosa pronunciación del castellano.

Lo concreto es que antes de que la congregación sentara bases aquí, en 2017, la superficie que ahora ocupa era de vegetación densa. Ya no.

Luego de 12 horas de viaje por carretera y río desde Tarapoto, en la región San Martín, Mongabay Latam llegó a las tres colonias menonitas, en Tierra Blanca. Enclaves bucólicos y de entorno sosegado que, sin embargo, surgieron de una devastación forestal que hoy continúa. A fines de 2020, el Ministerio Público instó a los religiosos extranjeros al cese de la actividad depredatoria, pero ellos aseguran que hace dos años obtuvieron un permiso para retomar el desbosque y continuar ampliando sus sembríos. Y es lo que han hecho con creces.

El temor de autoridades y expertos ambientalistas es que la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 31973) traiga abajo las investigaciones fiscales en curso y deje impunes casos de deforestación como el que involucra a los menonitas en Tierra Blanca.

Mongabay Latam identificó la pérdida de bosque en los tres sectores menonitas de Tierra Blanca y confirmó que la deforestación es de más de 4956 hectáreas, desde 2017. El equivalente aproximado a cinco veces el área del Centro Histórico de Lima o del distrito de Miraflores.

Durante los últimos tres meses analizamos con datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest  e imágenes de Google Earth, 95 predios menonitas inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). La evaluación reveló que la pérdida de cobertura boscosa más grave (cerca de 1550 hectáreas) en las colonias ocurrió en 2023, cuando los menonitas ya habían reanudado -lo hicieron desde 2022- la apertura de selva para sus cultivos.

Más allá de la parcela de Peter Dyck, cultivos de maíz, otras cabezas de ganado y tierras en plena remoción también se expanden en el paisaje de Providencia. Hombres con sombreros de paja, overoles y camisas a cuadros operan desde muy temprano tractores con ruedas de metal. La colonia está repartida en campos delineados para 20 familias. Son siete, y en cada uno hay una escuela adonde asisten niños de seis a 13 años. Sus pasos siguientes serán el arado, las siembras, el campo.  El lugar, por momentos, exhibe una sucesión de imágenes que parecen extraídas de algún tiempo remoto y ajeno a la Amazonía: de día y de noche los menonitas se desplazan en carruajes jalados por caballos. Mujeres de vestidos largos y oscuros cubren sus cabezas con pañoletas bajo los sombreros. La vía que utilizan es un trazo de tierra afirmada que cruza Providencia y la conecta con las otras colonias y el pueblo. Viven apartados de la tecnología como un rasgo distintivo de su fe. No tienen luz eléctrica. Velas y lamparines de kerosén cortan la cerrada oscuridad en sus horas de cena y oración familiar.https://projects.mongabay.lat/2024/deforestacion-menonita/

Selva perdida 

Es miércoles 2 de octubre y, bajo el sol abrasador de la mañana, Abram Gunther ha empezado su cumpleaños número 50. Pero para él y la comunidad religiosa este es un día como todos. Hace seis años llegó entre los primeros menonitas que se establecieron en Providencia. “Belice es un país pequeño y con muchos agricultores nuestros. Se llena rápido de los productos. Entonces dijimos: ¿Por qué no vamos a trabajar allá (Perú) donde los necesitan?”, relata desde un contorno de sus plantaciones de sandías. Los terrenos de Providencia –explica Gunther- fueron comprados a pobladores de Tierra Blanca, mediante un juez de paz, y a una empresa maderera que hacía aprovechamiento forestal. Como jefe de la colonia, Peter Dyck guarda los expedientes de cada terreno. La mayoría son títulos; y otros, constancias de posesión que están en vías de ser legalizadas.  

En un español fluido, Abram Gunther afirma que la superficie de bosques tumbados y sustituidos en Providencia por cultivos de soya, arroz, maíz y áreas ganaderas aún no abarca la mitad del territorio de la colonia: 2000 hectáreas. Que la disposición fiscal de detener las faenas agrícolas fue el punto más alto de sus problemas en Perú. Y que a partir de 2022, cuando volvieron a trabajar las tierras, han talado unas 500 hectáreas de vegetación. “Es que en el monte no puedes hacer nada. Cuando lo sacas, ya puedes trabajar. También estamos sembrando árboles”, remarca el menonita que ha llegado al medio siglo de vida en este extremo de la Amazonía.

Sus cifras quedan cortas. El análisis de Mongabay Latam para Providencia indica que hay más de 1404 hectáreas de bosques perdidos desde el asentamiento de la colonia. Más del 68% de aquella depredación (956 hectáreas) se registró entre 2022 y 2023.

Peter Dyck no tiene el documento que –declara- les posibilitó reiniciar sus labores agrícolas, pues está en manos de Ricardo More, el abogado de las tres colonias menonitas de Tierra Blanca. “Él dijo que con esto ya podíamos levantar (talar) con normalidad”, detalla Dyck. More, no obstante, comentó a Mongabay Latam que ninguna autoridad ha dado aprobación a las colonias para que deforesten. Lo que sí obtuvieron en Wanderland, prosiguió, fueron permisos de aprovechamiento forestal emitidos, en noviembre de 2022, por la Unidad de Gestión Forestal de la provincia Ucayali, sede Contamana, que depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre (Gerfor) – Loreto.

El desarrollo de un plan de aprovechamiento forestal, desde luego, no implica una operación de desbosque. La especialista en Gestión Forestal de la Gerfor Loreto, María Aspajo, precisa que se trata de la extracción solo de determinadas especies forestales y en volúmenes aprobados. Todo ello a partir de la elaboración de un censo forestal más un plan de manejo que contemple la conservación del 20% de cada especie. “Lo que ellos (menonitas) deberían tener para la actividad que desarrollan es una autorización de cambio de uso de suelo, pero eso no ha sido otorgado”, aclara. La Gerfor Loreto confirmó que solo ha aprobado tres permisos de aprovechamiento forestal para 180 hectáreas en la colonia Wanderland, pero ninguno en Providencia ni Osterreich. El incumplimiento de lo concerniente a un plan de aprovechamiento forestal constituye una infracción, añade la especialista, y la tala indiscriminada sin permiso, un delito.

El contexto podría ser aún más sombrío, ya que la Ley 31973 exime de toda responsabilidad a los causantes de desbosque que no solicitaron el cambio de uso hasta su entrada en vigor, el 12 de enero de 2024. Un tema en que el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, sitúa a las colonias menonitas, y define así: “Esta ley nefasta dejaría impune la deforestación generada por una organización extranjera antes de enero de 2024 y, lo que es peor, hay información de que la pérdida de bosque se estaría ampliando después de esa fecha, lo que es ostensiblemente ilegal”. En un informeemitido en 2023, la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental ya había advertido lo perjudicial de la norma para los procesos seguidos contra las colonias menonitas.

Nuevo territorio, otros problemas

Las cosechas así como la carne y los productos lácteos que salen de las colonias abastecen las tiendas y restaurantes de Tierra Blanca. Además, son enviados por río a capitales amazónicas como Iquitos o Pucallpa. En esta dinámica comercial, los pobladores locales encuentran una opción de trabajo como transportistas o cargadores de los alimentos. Más allá de la crisis ambiental, los tierrablanquinos comparan con distancia las posibilidades que ahora tienen frente a la grave desatención del Estado en que vivían. Ciertamente, hay quienes critican el establecimiento y acción del grupo religioso, aunque al final de sus opiniones destacan siempre lo que las colonias menonitas les han facilitado.

“Los bosques han perdido madera, como en todos lados, pero ya no tenemos que traer lo que nos falta de otras ciudades”, señala Carlos Rolin en el pequeño hospedaje que administra. Tierra Blanca está de aniversario y, entre los banderines de papel multicolores que adornan las calles, el trajín de grupos de menonitas no pasa inadvertido.

A la sombra de la caballeriza que tiene al lado de su casa, Peter Dyck prolonga un resoplido. Dice que le preocupan mucho los cuestionamientos a las colonias menonitas en este país donde “las leyes son diferentes, la gente es diferente”, y que puedan quedar de nuevo impedidos de trabajar la tierra. Él es uno de los investigados por la fiscalía peruana por el presunto delito contra los bosques en agravio del Estado peruano.

Los problemas para el jefe de Providencia se han incrementado por estos días ante la posibilidad de perder un terreno de 1300 hectáreas (dividido en unos 80 predios) que pensaba integrar al sureste de la colonia. El abogado Ricardo More explica que una asociación de posesionarios vendió el área a Providencia, pero un informe de la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto determinó que se trata de un espacio que ya tenía otros propietarios. O sea, había una superposición por la cual toda transacción era imposible. More sostiene que hubo funcionarios coludidos en lo que considera una estafa para los menonitas. A Peter Dyck lo ampara una última posibilidad: en noviembre una comitiva de la gerencia loretana llegará para verificar si aún puede concretar la compra.

– “Si obtienen el terreno, ¿llegarán más menonitas de Belice?”, le pregunto.

-“Sí, de ahí algunos nos mandaron (dinero) para comprarlo”, me contesta.

Camina y hace adiós con las manos: “Estamos esperando que haya solución para trabajarlo”.

Asentamiento y tala en Wanderland

A una hora de Providencia está Wanderland, la primera colonia menonita que echó raíces en Tierra Blanca, en 2017. Las chacras de soya, arroz y sorgo en pleno verdor sugieren un panorama muy similar entre ambas comunidades. Hay también ingentes rectángulos en que tractores y excavadoras van terminando la preparación de más tierras para el cultivo. Y otros que aún agolpan pilas de troncos tumbados y aún humeantes. Como en Providencia, todo aquello fue alguna vez un manto de bosque primario. La diferencia es que Wanderland tiene una extensión superior (3104 hectáreas) y sus habitantes adultos son menonitas originarios de Bolivia. La carretera terrosa para el paso de los carruajes tirados por caballos es la misma por donde hemos llegado hasta la casa de Bernardo Frieseng, uno de los líderes de la colonia.

Por varios segundos, él hunde la mirada en el suelo, se toma la cabeza, frota su cuello con apremio. Luego, rompe su indecisión, desaparece y regresa con dos sillas: “Ok, podemos conversar”. Wanderland tiene una deforestación de 2242 hectáreas, desde 2017, conforme a la evaluación de Mongabay Latam, que incluye las partidas registrales de 95 predios que integran la colonia. El jefe de Wanderland narra que allí también suspendieron la tala por orden de la fiscalía, en 2020. Con la reanudación de actividades, en 2022, estima que en su colonia han sido despejadas casi 500 hectáreas de bosques. En realidad, fueron 643 hectáreas, solo en 2023, según el estudio elaborado para este reportaje. Frieseng alude al mismo documento que Peter Dyck, en Providencia, refiere como el recurso obtenido para recomenzar la deforestación y apertura de más chacras.

“Si no fuera por ese problema ya no verías monte acá, hubiéramos podido trabajar más”, admite con un gesto de contrariedad. El lugar donde nos recibe es una suerte de garaje para el reposo de excavadoras y, a la vez, un taller que alberga máquinas cortadoras de madera, tornos, motores y trozas de diversos tamaños.

Antes de establecerse en el sector que hoy ocupan, los menonitas de Wanderland habitaban 400 hectáreas del distrito de Campoverde, en la región Ucayali. Un terreno que le interesaba al maderero César Granda Daza, quien tenía un permiso de aprovechamiento forestal sobre miles de hectáreas de selva, en Tierra Blanca. Producto de un trueque, relata Frieseng, Granda pasó al terreno de Campoverde y Wanderland se asentó en las más de 3000 hectáreas -con títulos de propiedad expedidos por el Gobierno Regional de Loreto- ofrecidas por el maderero. La historia, sin embargo, tiene otros matices.

Mongabay Latam constató que el Gobierno Regional de Loreto había adjudicado 95 títulos en esa zona a 82 personas. Luego, la empresa Grand Ucayali SAC, representada por César Granda Daza, adquirió la mayoría de los predios y, posteriormente, todos (los 95) fueron vendidos a los menonitas que instauraron la colonia de Wanderland. Los 95 títulos ahora están inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) a nombre de Abram Thiessen Redekop y su esposa, María Friesen. También, de Getruda Friesen Banman y Johann Friesen. Según las partidas registrales, los menonitas pagaron más de US$297 mil por los predios, en compras que se realizaron entre marzo de 2017 y diciembre de 2021. Es decir, el costo aproximado por hectárea fue de US$95.

El caso traza similitudes con una entrega irregular de terrenos que también acabaron en poder de menonitas, residentes en Masisea, región Ucayali, y por el que la fiscalía anticorrupción investiga a varios funcionarios. De hecho, el Ministerio Público ha solicitado penas de entre 5 y 8 años de cárcel para 30 menonitas de Masisea por el delito agravado contra los bosques, tráfico ilegal de productos forestales y alteración del ambiente.

La realidad por encima del papel

Mientras por ratos se ventila con las alas de su sombrero, Bernardo Frieseng cuenta que, antes de empezar con las labores agrícolas, visitó con sus compañeros de comunidad instituciones, como el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en busca de un permiso para desboscar: “Todos dijeron lo mismo: que, si teníamos títulos de propiedad con fines agrarios, podíamos trabajar sin problemas. Ese es nuestro caso”. Después, cuando llegó la fiscalía, recuerda Frieseng, les exigieron la autorización con la cual estaban depredando el monte. “No llego a entender cómo funciona esto”, agrega, y su expresión adquiere un rictus de tensión.

“Estuve con ellos. Los ministerios de Ambiente y Agricultura nunca pudieron ponerse de acuerdo. Nunca encontraron una ley o un artículo que diga que los títulos con fines agrarios deben tener un permiso especial para desbosque”, recuerda el alcalde delegado de Tierra Blanca, Medelú Saldaña, que por varios años asesoró a los menonitas en sus trámites y solicitudes ante las instituciones del Estado. Desde que asumió como autoridad local, Saldaña cortó relaciones con las colonias y ahora ha pedido a la fiscalía constatar el violento avance de la depredación forestal en Tierra Blanca pese a la prohibición vigente.

Cerca de la fábrica de quesos que hay en Wanderland, otros miembros de la comunidad religiosa detienen sus faenas de labranza y alegan que lo que aquí hallaron fue bosque secundario y purma, pues toda la madera ya había sido utilizada con la licencia de aprovechamiento forestal que existía para la zona.

“La imputación fiscal señala que los terrenos son de aptitud forestal, pero no existe un informe técnico que así lo establezca. Eso exige la ley. Las escrituras de los títulos dicen que son de aptitud agrícola. La fiscalía no va a poder acreditar lo contrario”, defiende el abogado More.

De ahí que los menonitas de Wanderland descartan haber incurrido en una ilegalidad. Su forma de vida, en cierto modo, eleva prioridades evidentemente reñidas con la conservación de la Amazonía. Bernardo Frieseng arruga el ceño y abre los brazos como intentando abarcar, desde su posición, dos parcelas de soya apenas contorneadas por cortinas de árboles: “Estamos dejando el 30% del bosque, pero el resto hay que botarlo porque somos netamente agricultores (…) Y si no podemos deforestar, si no podemos tumbar monte para sembrar, entonces no queremos vivir acá”. Wanderland está constituida por ocho campos con predios de hasta 30 hectáreas. Allí viven 125 familias que cultivan la comunicación en bajo alemán antiguo. La de Frieseng es una de las más numerosas.

En su oficina, en Lima, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán,detalla que las imágenes satelitales ya han demostrado que los espacios de Tierra Blanca donde están las colonias tuvieron bosque hasta la llegada de los menonitas. “Que exista un papel que reconoce a aquellos terrenos como agrícolas no cambia lo que realmente son”, enfatiza. Para que un predio tenga la condición de agrícola debe haber pasado por un estudio de suelos y la verificación de un funcionario regional. Sin embargo -subraya el procurador- eso no sucedió y así fueron adjudicadas inicialmente las titulaciones, que luego pasaron a manos de los menonitas. Guzmán entrelaza los dedos y adelanta el rostro: “Lo que ellos están talando es en el papel tierra agrícola, pero una tierra agrícola no tiene bosque. Y si lo tiene y quieres aprovecharla, es porque ya perdió la aptitud forestal. Ahí se debe solicitar el cambio de uso y, en caso proceda, dejar siempre un 30% de árboles”.

“Nunca un papel puede estar por encima de la realidad (…) En el Perú, para talar un bosque hay que pedir autorizaciones”, sentencia enérgico.

El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló en su informe más reciente que la depredación forestal causada por las cinco colonias menonitas en Perú (Chipiar y Masisea, además de las tres de Tierra Blanca) ha llegado a 8660 hectáreas. Son 1628 hectáreas más de las que el proyecto reportó en 2023. En Wanderland, Osterreich y Providencia la pérdida de bosque detectada fue de 4824 hectáreas, una cantidad cercana a la que arrojó la evaluación de Mongabay Latam. Para el director de MAAP, Matt Finer, el rápido incremento de la deforestación menonita en la Amazonía peruana es preocupante: “Es la evidencia más clara de que este impulsor de la deforestación no va a desaparecer. Las autoridades necesitan una estrategia más eficaz para evitar que esto siga aumentando”. Solo hasta 2021, cuando la Universidad de Montreal presentó un estudio sobre la presencia menonita en América Latina, las colonias ocupaban 4 millones de hectáreas dentro de 9 países de la región.

En Wanderland, otro de los líderes, Abram Thiessen, quien tiene a su nombre la mayoría de títulos de la colonia, también es investigado por el delito contra los bosques.

– “¿Y sabes cómo va eso? ¿En qué quedó?”, pregunta Frieseng por segunda vez.

Al fondo del garaje, cuatro mujeres apuran sus labores en máquinas de coser.

Sembrar entre rezagos de bosque

No hay muchas diferencias entre Wanderland y Osterreich: tienen similar extensión, las familias también proceden de Bolivia, llegaron el mismo año a Perú (2017) y se instalaron en Tierra Blanca tras adquirir terrenos en un área antes a cargo de una empresa maderera. De hecho, una está al lado de la otra. Por eso, el principal contraste está entre la fecundidad que por estos días refulge sobre los campos de Wanderland y los escenarios de devastación impregnados en el territorio de Osterreich. Aquí parece haber empezado un nuevo periodo de feroz apertura de bosques. Decenas de árboles seccionados o arrancados desde la raíz están dispersos sobre montículos de tierra removida, como si un desastre natural hubiera sobrevenido sin tregua. Desde la carretera, los retazos de selva que todavía rodean las parcelas se ven lejanos, y es ahí donde la acción de tractores y maquinaria se intensifica.

Hombre tranquilo y sonriente, Peter Harms, el jefe de Osterreich, refiere que los bosques de este sector incluían especies como cachimbo, shihuahuaco y quinilla, “pero esa buena madera ya había sido sacada por los madereros”. Hace una rápida ecuación mental y concluye que su colonia ha abierto campos de cultivo sobre unas 1000 hectáreas que antes eran de selva. De ese total, afirma, 300 hectáreas fueron trabajadas a partir de 2022. Toda proyección parece aquí insuficiente. De acuerdo con la evaluación realizada por Mongabay Latam, Osterreich suma 1309 hectáreas de depredación forestal, desde 2017, casi 400 de ellas reportadas solo a lo largo de 2023. 

“Acá en el Perú todavía no saben mucho. Tienen miedo de que vamos a tumbar todo. Y mira cuánta tierra tienen que no utilizan. Compran maíz, soya de otros países. ¿Por qué?”, cuestiona en el porche de su casa de latón y madera.

Sesenta familias pueblan la colonia. Cada una tiene un aserradero, donde la madera extraída es transformada, principalmente, en parihuelas. El del jefe Osterreich está a unos 100 metros de su vivienda y es de aspecto parecido: de un piso, amplio, con techo alto y a dos aguas. “Así venden algunos la madera: como parihuelas, o sea, ya fabricada. No por trozas o listones. Vender así es ilegal”, precisa con aire sosegado.

Harms defiende que la manera de preservar el bosque en Osterreich es a través de la siembra de los árboles que conforman los linderos de las chacras. Es decir, aquellas murallas de vegetación que aparecen lejanísimas bordeando las parcelas donde ahora trajina maquinaria operada por jóvenes de la secta religiosa. Para especificarlo mejor, apunta a un conjunto de chacras y remarca que por cada una están dejando el 10% o 20% de árboles: “Eso vamos a  cumplir. Así estamos trabajando”.

La investigación fiscal ha seguido un trámite lento. El procurador Julio Guzmán considera que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, a cargo del proceso, debe sumar otros expedientes que correspondan a los nuevos espacios geográficos deforestados. En suma, aportar más evidencias de que la medida para el cese depredatorio no se ha cumplido.

-“Entonces, ¿piensan seguir con el desbosque?”, consulto a Harms.

-“Claro, pero no queremos terminar en un año ni en dos. Eso será en 10 años. Poco a poco”, responde con soltura.

La tarde ha empezado en Tierra Blanca. Y habrá lluvia.

Imagen principal: Casi 5.000 hectáreas de desbosque han causado los menonitas en Tierra Blanca, Loreto. Foto: Macoy Zapata/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera  en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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