Los tapires son animales de origen antiguo. Pertenecen a un linaje de mamíferos perisodáctilos del que solo quedan cuatro especies, tres de ellas en Latinoamérica: el tapir de tierras bajas, el tapir de montaña y el tapir centroamericano. Estos grandes herbívoros están amenazados y se mantienen refugiados en franjas cada vez más reducidas de ecosistemas tropicales y andinos.

Las tres especies comparten una función ecológica fundamental. Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, México, explica que al alimentarse de plantas, controlan las poblaciones de múltiples especies. Además, son uno de los pocos animales capaces de ingerir semillas grandes, como las del zapote (Manilkara zapota), contribuyendo a su dispersión. Por eso son conocidos como los jardineros del bosque.

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Sin embargo, la deforestación, la expansión agrícola, la apertura de vías y la minería fragmentan y reducen su hábitat. Ángela Alviz, especialista en la conservación de grandes mamíferos, señala que el cambio climático agrava el problema. La mayor cantidad de días calientes y secos en la región ocasionan disminución de cuerpos de agua, necesarios para la termorregulación del mamífero. Entonces, se ven obligados a recorrer mayores distancias, aumentando su exposición a la cacería y a los depredadores.

Los perros ferales y asilvestrados representan una amenaza adicional, pues se ha documentado que persiguen y cazan tapires, señala Juan Pablo Reyes, parte del Grupo de Especialistas de Tapir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. A pesar de eso, se encuentra en mejor estado de conservación que las otras dos especies. Habita en toda Sudamérica, a excepción de Chile y Uruguay.

El tapir de montaña (Tapirus pinchaque) está En Peligro y su distribución es la más restringida del género, limitándose a una franja de ecosistemas andinos entre Colombia, Ecuador y el extremo norte de Perú. Por último, el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) también está En Peligro. Es el mamífero terrestre nativo más grande del sur de México y América Central, con individuos que pueden alcanzar los 250 kilogramos.

En el Día Internacional del Tapir, Mongabay Latam habló con los tres especialistas sobre el estado de conservación de estas especies y los esfuerzos para protegerlas en Colombia, Ecuador y México.

Colombia: Investigadores identificaron áreas para conservar el tapir de tierras bajas en la Orinoquía

El tapir de tierras bajas es el único mamífero conocido capaz de ingerir y dispersar intactas las semillas del moriche (Mauritia flexuosa) y la palma real (Attalea butyracea), de acuerdo con Ángela Alviz, candidata a doctorante en Texas Tech University y especialista en conservación de grandes mamíferos en Sudamérica.

El resto de animales no puede hacerlo porque las semillas de estas palmas son demasiado grandes para pasar por su sistema digestivo. Al depositarlas a kilómetros de distancia de la planta madre, el tapir ofrece la posibilidad de que el moriche y la palma real colonicen nuevas áreas o se recuperen en zonas degradadas.

“[El moriche] es una especie importante en la Orinoquía y en la Amazonía”, dice la experta. Explica que los morichales o palmares de moriche son reservorios de agua y son el hábitat de especies como anacondas y caimanes. Además, la fruta es una fuente de alimento y de recursos para las comunidades que viven en estas regiones. Por eso, el rol del tapir es clave en los ecosistemas.

Sin embargo, la distribución en la Orinoquía colombiana de este animal pardo y con crin era prácticamente desconocida hasta hace unos 10 años, dificultando acciones de protección y conservación. “Con los años fuimos recopilando información por la necesidad de buscar a la especie y protegerla debido a todas esas funcionalidades que cumple”, relata Alviz.

El animal enfrenta presiones crecientes. La deforestación fragmenta sus poblaciones, ocasionando problemas genéticos como el leucismo —condición genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentación en la piel, pelo o plumas, dándoles un aspecto blanco o pálido—, documentado por primera vez en la Orinoquía en 2025 por Alviz.

Aunque es el mamífero más grande de Sudamérica, es difícil de avistar. Esto se debe a que tiene hábitos nocturnos y densidades poblacionales bajas en relación con otros mamíferos grandes, como el venado o el puma. “Por eso nos pusimos en la tarea de buscarlos a través de cámaras trampa”, señala.

Un equipo liderado por Alviz obtuvo 110 registros de tapires en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, entre 2016 y 2022. Con esa información se identificaron áreas adecuadas para estos animales y áreas degradadas con potencial de restauración.

También se determinaron dos zonas de alta importancia. La primera se ubica en el norte de la Orinoquía, en Arauca. La segunda está en Vichada, en una de las zonas donde ocurre la transición entre la Orinoquía y la Amazonía. Después los investigadores propusieron unidades de conservación del tapir, una herramienta que hasta entonces solo se había aplicado en la región para jaguares, según comenta la científica.

Los resultados se divulgaron en el artículo Idoneidad del Hábitat y Prioridades de Conservación para el Tapir de Tierras Bajas en la Orinoquía Colombiana, publicado en febrero de 2026 en la revista Mastozoología Neotropical.

Aunque la publicación acaba de salir, la investigación “ha tenido un impacto considerable”, señala la experta. Organizaciones dedicadas a la conservación y autoridades regionales se han basado en los datos desde el inicio de la investigación para promover la creación de planes de conservación, corredores biológicos y estrategias de conservación con actores locales.

Ecuador: El Corredor Llanganates-Sangay como apuesta para la conservación del tapir de montaña

En 2006, entre columnas de humo del volcán Tungurahua, piedras incandescentes y flujos de lava, un grupo de biólogos estudiaba el impacto de las erupciones volcánicas en las poblaciones de anfibios. A menos de tres kilómetros del cráter, había un bosque nublado cubierto en parte por gruesas capas de ceniza volcánica.

Rodeado por hojas bastante grandes, estaba un tapir de montaña, una especie de apariencia “prehistórica”, de acuerdo con Juan Pablo Reyes, investigador y miembro del Grupo de Especialistas del Tapir de la UICN. La escena le pareció “fabulosa”. Poco después observó que la erupción obligaba a estos animales de pelaje oscuro y labios blancos a desplazarse hacia áreas con más disponibilidad de alimento y agua, revelando que necesitaban territorios conectados para sobrevivir.

Desde la década de los noventa se documentó la existencia de las mayores poblaciones de tapir de montaña a escala global en el Parque Nacional Llanganates y en el Parque Nacional Sangay, donde se encuentra el volcán Tungurahua. Ambas están en el centro de las estribaciones orientales de los Andes y están separadas por ciudades, carreteras y tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.

Para conectar las dos poblaciones, un equipo de expertos, entre esos Reyes, empezó a trabajar en distintas iniciativas de investigación y talleres para diseñar estrategias de conservación.

Reyes relata que junto a sus colegas registraron huellas, heces fecales e imágenes capturadas con cámaras trampa en zonas que no estaban bien mapeadas hasta ese momento. Para el 2011, Reyes junto con el investigador Andrés Tapia lideraron un artículo científico en el que se reportaron nuevos avistamientos del tapir de montaña en las faldas orientales del Tungurahua, afuera de ambos parques nacionales.

Estos estudios fueron clave, asegura Reyes, para que en 2023 se creara oficialmente el Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, un área de 92 148 hectáreas. Con esta declaratoria, los municipios de Mera, Baños y Palora tienen la responsabilidad de adecuar sus planes de ordenamiento territorial y aplicar acciones de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible.

Para fortalecer la iniciativa, la Fundación Ecominga, la Fundación Óscar Efrén Reyes, el Bosque Protector Hacienda Guamag, entre otras, han creado una red de reservas y refugios de vida silvestre que suman alrededor de 40 000 hectáreas.

«Hay zonas en las que antes no se veía presencia de la especie porque estaban alteradas, hoy se ve una tendencia de recuperación. Se ven huellas de tapir y también de oso andino», asegura el especialista. En áreas restauradas también se han documentado crías en generaciones consecutivas, con ciclos de tres o cuatro años.

La expansión ganadera, el anuncio de apertura de una carretera a través del Parque Nacional Llanganates y el crecimiento de la minería ilegal todavía son amenazas latentes no solo para los tapires, sino también para la gran biodiversidad que atesoran los flancos orientales de los Andes.

A Reyes le da esperanza atestiguar un cambio en las actitudes de los habitantes de la zona, especialmente de aquellos que fueron cazadores y ahora destinan sus fincas o parte de ellas a la conservación y protección de la biodiversidad. Y concluye: “es importante seguir aportando para proteger estos sitios, en algunos casos prácticamente intactos. Eso da un poco de esperanza a pesar del panorama cuesta arriba, pero no estamos solos”.

México: Estudiar las emociones humanas para conservar el tapir

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El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, es una de las regiones más biodiversas de México y con mayor número de especies de mamíferos, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Ahí está la Reserva de la Biósfera El Triunfo, de 119 000 hectáreas, donde habita el tapir centroamericano.

En la zona viven alrededor de 229 000 personas, de las cuales 14 200 viven dentro de la reserva. En los alrededores predomina el cultivo de café, aunque también existen otros cultivos y ganadería.

Los habitantes cumplen un rol clave en la conservación de su entorno, principalmente de especies emblemáticas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas, entre ellas el tapir. Por eso, Eduardo Naranjo, investigador del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de El Colegio de la Frontera Sur, ha liderado y acompañado una serie de investigaciones y proyectos que buscan entender la relación de los seres humanos con la fauna del lugar.

En uno de esos estudios, realizado en 2021, la investigadora Nathalia Castillo-Huitron lideró un análisis de actitudes de conservación. 238 habitantes de la reserva dieron al tapir una puntuación de interés por su protección de 2.09 en una escala de -3 a 3. La calificación estuvo por encima de el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) y los resultados se publicaron en 2024 en la revista Biodiversity and Conservation. El mismo estudio identificó que la disposición de una persona a proteger el tapir es uno de los indicadores más sólidos de su actitud general hacia la conservación de la fauna.

En este y otros trabajos, Naranjo y los equipos con los que colabora, conocieron que quienes tuvieron interacción directa con los tapires tendían a tener percepciones más positivas y reacciones menos agresivas. “Las personas que no conocen a estos animales tendían a llevarse mucho más por aspectos culturales o historias que les contaban que muchas veces tienen una connotación negativa”, dice el investigador.

Como solución, entre 2023 y 2024, El Colegio de la Frontera Sur, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma de Barcelona desarrollaron un proyecto de educomunicación para mejorar las actitudes de las comunidades hacia el tapir y otras especies emblemáticas. Fueron 446 personas, entre niños y adultos, que participaron en talleres, caminatas etnológicas e intercambios de conocimientos científicos y locales.

“A través de relatos y anécdotas de quienes tuvieron interacción, tratamos de cambiar las percepciones negativas para transformarlas en acciones positivas”, cuenta Naranjo.

Para el especialista, sí hay un cambio favorable a la conservación, principalmente entre niños y jóvenes. “Parecen tener una conciencia cada vez mayor hacia la protección de la fauna silvestre. Muchos ya no están interesados en cazar tapir, como lo hicieron sus padres o abuelos por necesidad”, señala.

Después de los talleres, las comunidades Plan de Ayala, Ampliación Lagunas, Monte Virgen, Toluca y 3 de Mayo reafirmaron su determinación de establecer controles internos para la cacería de subsistencia, sobre todo de animales amenazados y en peligro de extinción. “La evaluación de resultados de estas medidas aún está en proceso”, añade Naranjo.

En otras comunidades de Chiapas ya hay resultados concretos. Naranjo cuenta que poblaciones cercanas a áreas protegidas establecieron prohibición y controles de cacería en sus territorios comunales. También instauraron reservas comunitarias y mejoramiento del hábitat. Cada vez más personas conocen que el tapir es una especie que cumple un rol clave en la dispersión de semillas grandes y es indispensable en el funcionamiento de los ecosistemas en los que habita.

Foto principal: Un ejemplar adulto de tapir de tierras bajas en la Orinoquía colombiana. Foto: Cortesía Ángela Alviz.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A alguien toca echarle el agua sucia aprovechando que llueve a cántaros por esta época. Galán quería ser el Batman criollo y le vieron la cara.

Soy un bogotano que se quiere ir de Bogotá. Tengo mis razones, más no tengo a dónde ir. Se siente la orfandad en la capital de todos y de nadie, sin un adulto responsable que responda por ella.

Bogotá no es Gotham City, pero empieza a parecérsele bajo la administración de Carlos Fernando Galán. Sus calles no son un lugar seguro para nadie por estos días con sus noches. La oscuridad produce miedo pero la luz del día también. Si no te mata otro humano, te mata una llanta suelta que rueda desquiciada.

De adolescente, me acostaba con el radio transistor entre las cobijas escuchando un programa llamado La ley contra el hampa. Lo transmitía Todelar en los años 80.  Me dormía con la sensación de que los malos siempre recibían su castigo y la ciudad —esta Bogotá de mis amores y mis terrores— estaba a salvo de los malhechores.

Hoy los crímenes ocurren con o sin testigos, con las cámaras en ON, y sin un Batman capaz de poner orden ante tanto malandro. La gente está mal de la cabeza buscando pleito por todo. O alguien te ataca en la calle con gas pimienta por hacerte el loco con el pago del arriendo.

Urge una cátedra de civilidad para aprender a comportarnos civilizadamente, ojalá obligatoria. Creo que hay un problema de salud mental no diagnosticado producto del estrés natural que genera una ciudad inhumana, desordenada y sobrepoblada. Súmele el subregistro de trastornos psiquiátricos. De hecho, trascendió que el asesino que irrumpió en el set de “Sin senos sí hay paraíso”, en el barrio Los Laches, padecía esquizofrenia. El ”Guasón” de nuestro drama urbano. lo que puede ser reflejo de otro problema: la exclusión. Según el Distrito hay más de 33 mil personas en pobreza extrema -aquellos que terminan en la calle por la razón que sea-, y ni siquiera figuraban en las estadísticas. Y no hablemos ya de la extorsión silenciosa a comerciantes, algo de lo que poco se habla.  

Nací en la tierra del “ala, mi chato querido”, la changua y el ajiaco santafereño hace 55 años, y no recomiendo a nadie venir a Bogotá hasta que el alcalde deje de entretenerse con el metro. Galán se hizo elegir con el lema “Bogotá camina segura”, pensando que sería pan comido; mejor díganle que no se salga a patonear por ahí porque lo atracan.

Por supuesto, no se le puede responsabilizar de todas las desgracias que aquí ocurren. Los ciudadanos somos parte del problema, pero nada hacemos para ser parte de la solución.

La ciudad se inunda, los carros se afectan, la movilidad se vuelve un zaperoco, pero a nadie le importa lo obsoleto del sistema de alcantarillado. ¿Esperaremos a tener el agua al cuello para modernizarlo? —¡Qué llueva, qué llueva, la Virgen está en la cueva!

Mientras el cambio climático no sea una prioridad, en el mediano plazo podríamos enfrentar tragedias peores que las vías convertidas en quebradas. Bogotá se encuentra entre las ciudades con mayor riesgo por el cambio climático, según el IDEAM. 

El presidente Petro habló del aire letal que respiramos los bogotanos por culpa de los combustibles fósiles (hidrocarburos) que mueven el transporte urbano; pidió que “los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo” y ahí fue Troya. Nos molestan más las palabras de Petro que su denuncia. En 2023 el Instituto Nacional de Cancerología advirtió que para 2030 el cáncer habrá aumentado un 30% en Bogotá por la contaminación.

Los ciudadanos somos parte del problema de Bogotá, pero no queremos ser parte de la solución.

Sí: La inseguridad está en la tierra, así como en el cielo. Sale uno de sus cuatro paredes entre desconfiado y asustado, mirando para todas partes tratando de adivinar de dónde saldrá el susto. O la muerte.

Amo a Bogotá pero no quiero ser un número más, el siguiente titular de la crónica roja. Te matan porque tienes o porque no tienes. Te puedes encontrar con una bala en la esquina en medio de una balacera, con un ratero con puñal al cruzar el puente, o hasta con una moto que se lo lleve sin escalas hacia el otro mundo. Ser peatón o ser motociclista en Bogotá es un acto suicida. Hay que cuidarse de todo lo que tenga ruedas. Titula El Espectador: “Muertes en accidentes con patinetas eléctricas aumentaron 500% en el último año en Bogotá”.

El cuadro es costumbrista para mal. Están disparados el sicariato, los tiroteos a cualquier hora, el fleteo, la violencia en Transmilenio o el SITP. Mientras los medios publican el listado de estaciones de TM con más hurtos, se conocen videos de funcionarios de la propia alcaldía colándose. Imagínese ambas escenas pero en el Metro de Bogotá.

La gente cae en las alcantarillas. ¿Qué estamos haciendo mal los ciudadanos para que haya tanto accidente? ¿Andamos englobados, embobados o agüe…? ¡Deje así! Estamos pendientes del celular, conectados a los audífonos, afanados a toda hora, con poca pericia para lidiar con una movilidad compleja.  ¿Quién garantiza que quien compra una motocicleta está en condiciones de montarla? ¿Sirven de algo las multas que se aplican por hablar por el móvil mientras se conduce?

Cualquiera de los amarillos está bajo sospecha. Piénselo dos veces antes de abordar un taxi en la calle. Según la propia Secretaría de Seguridad, 60% de taxistas tiene antecedentes penales. Ahora es uno el que (con ellos) por allá no va.

Bogotá es la huerfanita. Se eligió un alcalde pero no se siente su autoridad, con razón lo quieren revocar. Se le ve cada cierto tiempo sacando pecho por un sistema de Metro qué ni siquiera le corresponderá inaugurar. Cada vez que la ciudad entra en crisis —ayer el racionamiento de agua, antier las basuras, hoy la criminalidad desbordada—, Galán caza pelea con el presidente Petro, como si con eso resolviera los problemas estructurales de la Atenas (y tenaz) suramericana.

Nadie le pide cuentas al alcalde. Al Concejo y los concejales hay que aconsejarles que actúen o renuncien. Los medios en su mayoría parecen complacientes con lo que pasa, como si temieran perder la pauta oficial.  Ya vimos a Julio Sánchez Cristo celebrando, con casco puesto, porque, según él, las obras del Metro están terminadas en un 70%. ¿Periodismo o publirreportaje?

Si, Galán parece en la luna, él sí 2600 metros más cerca de las estrellas. Creyó que el apellido de papá era suficiente para gobernar a ocho millones de parroquianos y hoy los habitantes financiamos su improvisación con tributos. No entiendo de dónde se concluye que figura en el Top 10 de mejores alcaldes de Latinoamérica.  Sí es chiste no me estoy riendo.

Las cámaras que inundan la ciudad nutren el morbo colectivo y aumentan la zozobra, pero ¿están sirviendo para reducir las tasas de criminalidad? ¿A quién le formulamos la pregunta?

¿No existe un plan maestro por parte de la Policía Metropolitana para contrarrestar la ola delincuencial? ¿Qué pasó con el programa de “Guardianes del Orden” que anunció hace un año la alcaldía para combatir la inseguridad con ayuda de expolicías y exmilitares? Si los delincuentes quedan libres en cuestión de horas o días, ¿a qué estamos jugando? ¿A que te cojo, ratón o a que te suelto, ladrón?

¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué Bogotá no está conversando sobre el tema?

Si el jefe de la policía es el Ministro de Defensa y el alcalde es apenas una especie de jefecito de los uniformados, se necesita que alcalde y ministro se sintonicen con lo que está pasando. ¿Para cuándo la reforma estructural a la Policía? ¿Por qué la ciudad no está conversando sobre el tema?

¿Qué resultados hay de iniciativas como el “Círculo de Gobierno Abierto de Bogotá” que, para fortalecer la participación ciudadana, busca mayor diálogo entre alcalde y los habitantes? En Bogotá existen 1.755 instancias de participación ciudadana pero la gente no participa. ¿Por qué? ¿Es culpa de la alcaldía que no informa debidamente o es culpa de los ciudadanos que todos les resbala?

¿En qué andan los alcaldes de las 20 localidades? ¿A esos funcionarios quién los ronda? Se anuncian medidas, ¿y quién les hace seguimiento? Sí: Falta más control político a los funcionarios disfuncionarios por parte del Concejo de Bogotá. Si las entidades distritales rinden cuentas, ¿quién  fiscaliza el resultado final de la gestión? La ciudad toda debería declararse en emergencia social permanente para buscar soluciones. 

Se le debe exigir de la ciudadanía mayor corresponsabilidad con la ciudad -pues tenemos derechos pero también deberes-, y de la alcaldía mayor junto con las alcaldías locales mayor promoción de esos mecanismos de participación. La ineficiencia del gobierno y la ceguera del ciudadano le hacen daño a Bogotá.

Con todo, ahí vamos, a medias y sin zapatos, avanzando de a poquito, a pesar del jefe de turno en el Palacio Liévano. La verdadera tragedia de Bogotá es no tener una visión compartida de ciudad, para el presente y para el futuro, y así es muy difícil saber elegir a la persona idónea que nos represente. Ponernos de acuerdo sobre la Bogotá que queremos para los próximos 50 años nos permitiría saber qué exigir a este alcalde, al próximo y al siguiente.

No vayamos tan lejos. Faltan 12 años y tres burgomaestres para “celebrar” los 500 años de fundación. Que sea un motivo para empezar a soñar con una metrópoli de verdad, más humana, incluso gótica pero no caótica, a ver si la vida nos alcanza para verla transformada de aquí a 2038. ¿O seguiremos manicruzados en espera de que el Caballero Oscuro —o sea míster Batman— venga a socorrernos a todos, incluso al doctor Galán? 

Con la democracia ocurre algo semejante. Nos hemos acostumbrado tanto a ella que, peligrosamente, la damos por sentada. Nos parece natural elegir, disentir, criticar al poder, exigir la rendición de cuentas, movilizarnos, confiar en garantías legales y suponer que ese paisaje estará siempre ahí, como si formara parte de una escena inmutable. Sin embargo, esto no es así. La democracia también es una frágil y delgada línea: un entramado de instituciones, pesos y contrapesos, de relaciones cuidadosamente entretejidas y sostenidas por la norma y un andamiaje que la cuida como un hilo de oro y hace posible la vida humana en común.

Y conviene recordarlo: sin democracia tampoco hay vida. No hay derechos civiles efectivos, ni libertades públicas garantizadas, ni ciudadanía protegida frente al abuso. No hay, en sentido estricto, un espacio compartido donde la diferencia pueda existir sin convertirse en una amenaza. También por eso, las grandes victorias de una sociedad no son, en rigor, las victorias de una facción política que, como suele ocurrir y más en tiempos electorales, se arroga, de manera conveniente, los sentimientos dispersos de la ciudadanía. Son, más bien, victorias de la democracia. Porque es ese sistema, con todas sus imperfecciones, el que permite pensar en la libertad; el que hace posible la deliberación, la búsqueda de consensos, el intercambio de ideas y la coexistencia del desacuerdo.

De ahí que convenga desconfiar de ciertos discursos que dicen hablar en nombre de la democracia mientras invitan, de manera abierta o velada, a la confrontación irrestricta, a la eliminación del otro o a la erosión de la institucionalidad. Allí hay una trampa. Los derechos civiles no son salvaguardados por el fervor político, ni por el carisma de un líder, ni por la exaltación emocional de las masas. Solo encuentran resguardo real en instituciones democráticas sólidas, en reglas compartidas, en jueces independientes, en pesos y contrapesos, en libertades protegidas y en la convicción de que nadie —por popular que sea, por mayoritario que se crea, por histórica que considere su causa— puede situarse por encima de los límites institucionales.

Por todo ello, y a pocas semanas de los comicios presidenciales, resulta imperativo recordar que el próximo presidente o presidenta de Colombia deberá ser, ante todo, un demócrata, como garantía mínima para la preservación de nuestra vida común. Porque no basta con llegar al poder por medio del voto; también los autoritarios saben servirse de las urnas. Lo decisivo, como casi siempre ocurre, será la manera en que se ejerza el poder una vez conquistado. Es allí, precisamente, donde se revela la diferencia entre quien comprende la complejidad de la república y quien no ve en ella más que un instrumento al servicio de su propia voluntad.

Pero ¿qué significa, en realidad, ser un demócrata? En ese punto, resultan especialmente pertinentes las reflexiones del doctor Hernando Roa Suárez, ilustre académico colombiano que ha iluminado algunas de las más importantes discusiones sobre el liderazgo político democrático y la necesidad de estadistas. Una democracia, entonces, no necesita improvisadores, ni redentores, ni intérpretes excluyentes de la voluntad popular. Necesita dirigentes con preparación, con sentido de Estado, con ética pública, con responsabilidad histórica, con capacidad de diálogo y, sobre todo, con la lucidez necesaria para comprender que el poder no les pertenece. Gobernar democráticamente no significa fundirse simbólicamente con el pueblo; significa, por el contrario, ser consciente de las líneas rojas, honrar las instituciones y orientar la autoridad hacia el bien común.

Es por ello que una de las virtudes más difíciles —y, por lo tanto, más decisivas— del verdadero demócrata es la autocontención. Saber que no todo lo que puede hacerse debe hacerse. Entender que la legitimidad electoral no autoriza a debilitar los pesos y contrapesos. Comprender que la mayoría no sustituye a la Constitución, ni el entusiasmo popular reemplaza a la institucionalidad, ni el mandato recibido equivale a un cheque en blanco. Porque, precisamente, cuando desaparece esa ética de los límites, la delgada línea de la democracia comienza a difuminarse.

Frente a ello, América Latina conoce bastante bien los riesgos de olvidar esta lección. Su historia política reciente ha estado marcada, una y otra vez, por la tentación del caudillismo, por proyectos que se presentan como emancipadores o refundacionales y que, en no pocos casos, terminan debilitando la separación de poderes, reduciendo el pluralismo y sometiendo las instituciones a la voluntad del gobernante. El peligro no radica en la transformación política en sí misma, sino en esa deriva que convierte al líder en intérprete exclusivo del pueblo, a la crítica en traición y, finalmente, a la institucionalidad democrática en un obstáculo legítimo de superar. No hay amenaza más sutil para la democracia que la que se presenta revestida de legitimidad popular y, en nombre de su supuesta profundización, altera para siempre la frágil relación de elementos que la hacen posible.

Colombia, pese a su historia de violencia, fracturas y exclusiones, ha sostenido una tradición institucional que no debe ser menospreciada. Una tradición imperfecta, desde luego, pero también una estructura republicana que, a pesar de todo, ha demostrado su capacidad de persistir. Precisamente por eso, defender la democracia no significa desconocer sus posibles limitaciones. Significa reconocer que sus imperfecciones no se corrigen demoliendo sus fundamentos, sino fortaleciéndolos. La respuesta a una democracia insuficiente no puede ser menos democracia, sino más y mejor democracia: más institucionalidad, más deliberación pública, más ciudadanía, más legitimidad, más ética frente al poder.

Ser demócrata, entonces, no es simplemente proclamarse defensor del pueblo. Es asumir, con convicción y con límite, las exigencias más altas de la vida republicana: respetar la Constitución incluso cuando incomoda; reconocer la independencia de los poderes públicos; comprender que el pluralismo no debilita la nación, sino que la hace posible; ejercer el poder con vocación de diálogo, capacidad de escucha y sentido del bien común. Ser demócrata es no necesitar la anulación física o simbólica del otro para afirmarse a sí mismo.

Por eso resulta tan peligroso banalizar la democracia y convertirla en una palabra de uso ornamental. No toda movilización emocional es democrática. No todo liderazgo popular es republicano. No toda apelación al pueblo fortalece la libertad. La democracia exige mucho más que entusiasmo: exige templanza, criterio, límites y una ética pública capaz de recordar que todo poder legítimo comienza, precisamente, donde acepta contenerse.

Es por ello que defender la democracia no es una opción retórica, sino una necesidad vital. Defenderla implica, en últimas, resguardar esa delgada línea azul que hace posible nuestra vida en común. Y hacerlo, además, con plena conciencia de su fragilidad: porque no está garantizada para siempre, porque no es infinita y porque, sin ella, no nos espera una forma superior de poder, sino el vacío y la oscuridad.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cada año esta fecha es dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar el planeta.

Al igual que en 2025, la temática para este año sigue siendo el impulso a las energías renovables, ya que la energía está en el centro de la discusión sobre la crisis climática y también es clave para su solución. Según la ONU, el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial provienen del sector energético, particularmente de la quema de combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

A pesar de los avances en normativas ambientales y del impulso de tecnologías más limpias, el camino hacia un futuro sostenible continúa siendo difícil en Latinoamérica. Muchos sectores industriales, incluidos los relacionados con la generación de energía, están en un proceso de adaptación a nuevos estándares que buscan reducir su huella ambiental sin comprometer la productividad.

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En el Día Internacional de la Tierra, Mongabay Latam presenta algunos proyectos que intentan impulsar la energía circular en Colombia, Perú y Argentina. Proyectos orientados a implementar energías renovables y, a la vez, emplear educación climática para el cuidado del medio ambiente.

Un proyecto que ilumina a todo un pueblo en Colombia

En Colombia existe un proyecto novedoso: las comunidades energéticas, que son grupos organizados —ciudadanos, asociaciones, entidades— que generan, gestionan y consumen su propia energía, principalmente renovable, bajo el marco de la transición energética justa.

Esta iniciativa fue creada por el Gobierno colombiano, pero tiene el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, como Transforma, entidad que promueve la acción climática con un enfoque de justicia para construir un futuro sostenible y que apoya proyectos sostenibles en localidades de la costa del Caribe colombiano. Uno de estos proyectos está en Palmor (departamento de Magdalena), donde se cuenta con una central hidroeléctrica pequeña.

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David Ardila, economista y asociado senior en Energía de Transforma, relató a Mongabay Latam que la pequeña hidroeléctrica tuvo un impacto favorable en la población de esta localidad y por eso colaboran para que la planta hidroeléctrica siga vigente.

Según Ardila, se trabaja bajo tres enfoques: administración local, operatividad y mantenimiento. “Si las comunidades no asumen sus roles de administradores, operadores y de mantenimiento, los impactos no podrían ser efectivos y habría riesgos. Así, ahora la gente ve la transición energética como un impacto real”, afirmó.

Palmor genera su propia energía y eso no es un asunto menor. Este corregimiento del municipio de Ciénaga (Magdalena) está situado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y fue fundado en la década de 1960 por campesinos, en su mayoría provenientes del interior del país, quienes se establecieron en estas tierras fértiles con la esperanza de reconstruir sus vidas. Es una zona que se dedica principalmente a la producción cafetera.

A finales de los años 80, la luz era un lujo al que pocos podían acceder. La Junta de Acción Comunal de Palmor soñó con un proyecto que parecía imposible: construir una pequeña central hidroeléctrica que lleve electricidad a sus hogares. En esa época, la central tenía una capacidad inicial de 125 kilovatios (KW), suficiente para abastecer a unas 90 casas.

La idea era ambiciosa y las dificultades parecían insuperables. Sin embargo, la comunidad respondió con entusiasmo y se unió al proyecto, aportando mano de obra y esfuerzo. La microcentral hidroeléctrica empezó a dar luz a las casas entre los años 1990 y 1991. En 2018, la Asociación de Usuarios del Servicio de Energía de Palmor de la Sierra (Electropalmor ESP) fue seleccionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia como una de las tres empresas en zonas no interconectadas de Colombia —que no están vinculadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y carecen de un suministro eléctrico constante y de calidad— como referente para replicar su sistema de generación de energía eléctrica y aplicarlo en otros municipios del país.

Hoy, Electropalmor ESP produce hasta 400 KW y es un ejemplo de electrificación sostenible. “Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo social a través de la generación, distribución y comercialización de energía sostenible, con el objetivo de proteger el medio ambiente y construir un futuro para las nuevas generaciones”, afirmó a Mongabay Latam Sol Viviana Zapata, directora de la empresa.

Por su parte, Ardila calificó a Electropalmor ESP como la “cereza de la torta” por ser un proyecto exitoso y con resultados positivos. “Es la única empresa que logró sobrevivir con un esquema local, con comunidades campesinas, indígenas. Esta empresa se sostiene sola prestando el servicio a bajo costo, con un régimen tarifario y haciendo mantenimiento a las turbinas”, relató.

Cultivos de fresas a más de 4 000 metros de altura en Perú

Elsa Merma vive en pleno Altiplano peruano, en Espinar, una población ubicada en pampas altas y frías a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, Merma hizo lo que muchos no pueden hacer: cultivar fresas de exportación. “Todos se sorprendían y nadie nos creía, pero lo hicimos”, relató a Mongabay Latam. La agricultora añadió que ese proyecto lo ejecuta junto a otras seis mujeres de Espinar.

“Como en Espinar estamos en altura, no había verduras ni frutas”, afirmó Merma. Pero fue en ese momento cuando la producción de fresas apareció como una opción sostenible para zonas interandinas de Perú como esta, donde vienen desarrollándose proyectos desde hace varios años gracias a la implementación de invernaderos.

Esos invernaderos permitieron que en zonas muy altas se puedan cultivar las fresas e incluso diferentes productos que requieren calor y mucho cuidado, como zanahorias, lechugas o tomates. La propuesta surgió de la profunda crisis económica que se vivió en el mundo durante la pandemia por el Covid-19.

En plena emergencia sanitaria, la organización CooperAcción implementó tres microsistemas de bombeo de agua utilizando energía solar para la producción de fresas en invernaderos y producción de pasto a campo abierto. Dos de los microsistemas de bombeo benefician a dos asociaciones de mujeres dedicadas a la producción de fresas en Espinar (donde vive Elsa Merma) y en Chamaca, así como a dos familias en el sector de Pacpaco, de la comunidad campesina de Alto Huancané, dedicadas a la producción de pasto para ganados vacuno y ovino.

Todas estas poblaciones son parte del departamento de Cusco y están muy cerca del lago Titicaca, fuente de agua compartida con Bolivia.

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Leopoldo Zambrano, antropólogo y especialista en comunidades campesinas de CooperAcción, detalló a Mongabay Latam que para la producción de fresas en Espinar se abastece 0.3 litros por segundo de agua a un tanque elevado. Con esa agua —dijo-— se riega un área de 100 metros cuadrados a través de riego por goteo. Por su parte, en Chamaca se tiene la capacidad de bombear 0.6 litros por segundo de agua hacia un geotanque de cinco metros cúbicos, con lo que se riega, bajo el mismo modelo de Espinar, un área de 340 metros cuadrados.

“En la construcción han participado en forma activa las beneficiarias con mano de obra no calificada. En la actualidad, las que operan estos microsistemas de bombeo de ‘agua solar’ son las propias beneficiarias, que en ocasiones especiales involucran a sus parejas con mantenimiento de fuentes de agua, reposición de accesorios deteriorados y reinstalación del sistema de goteo”, afirmó Zambrano.

El experto añadió que las fresas se producen sólo entre los meses de octubre a mayo y que en periodo seco o heladas no es posible la producción, ya que la temperatura desciende hasta -15°C en Espinar y -8°C en Chamaca.

Aún así, en los meses de alta producción se cosechan aproximadamente 100 kilos cada 10 días en Espinar, explicó Merma. En Chamaca, por su parte, se producen 100 kilos cada semana.

El cultivo de fresas se ha convertido en una alternativa de ingreso económico importante en Espinar, donde la minería es la principal fuente de trabajo. Las mujeres están felices porque hoy tienen un ingreso que viene de una actividad sostenible que les permite ganarse la vida sin contaminar su territorio.

Un lugar en Argentina donde la cáscara de maní produce energía eléctrica 

El 1 de marzo de 2023  Argentina sufrió un apagón de más de tres horas que dejó sin energía eléctrica a más de 20 millones de personas. Muchas ciudades quedaron afectadas, pero en Ticino, una localidad en la provincia de Córdoba a 467 kilómetros de Buenos Aires, la luz siguió brillando. ¿La razón? En esa población de casi 3 000 habitantes se produce energía eléctrica con cáscaras de maní.

Este producto vegetal autoabastece al pueblo con energía limpia y permitió dar respuesta a un problema ambiental y social que se arrastró durante años.

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Todo empezó hace 18 años. Argentina es el tercer productor de maní en el mundo y Ticino es parte del corredor de esa cadena productiva. En 2008, la cáscara de maní era considerada como basura que afectaba el medio ambiente e incluso era uno de los principales focos para el inicio de los incendios.

El plan, que hasta ese entonces era una iniciativa privada de la empresa manisera Lorenzatti Ruech, comenzó a tomar ritmo con una inversión inicial de ocho millones de dólares y consistió en la creación de la firma Generación Ticino Biomasa y la construcción de la gran planta de generación eléctrica.

En 2018, a los capitales privados se le sumó la asistencia del Estado argentino a través de RenovAR, un programa orientado a asistir a industrias de distintos puntos del país en proyectos para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. El acuerdo consistía en que el propio Estado sea el comprador a un precio estable de la energía que, una vez que ingresa a la red general, está disponible para abastecer al pueblo.

“Generación Ticino Biomasa es una central de generación de energía eléctrica con capacidad de 4.63 MW (megavatios) que opera en base a cáscara de maní y eventualmente en base a pequeños fragmentos de madera”, explicó a Mongabay Latam Fabio Bruschini, presidente de la empresa Generación Ticino Biomasa.

El emprendedor detalló el proceso técnico. Según dijo, mediante la quema de la cáscara de maní se produce calor que genera vapor de alta presión en el domo de una caldera grande. Ese vapor expuesto a alta presión y alta temperatura ingresa a la turbina, donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. Finalmente, este eje acciona un generador eléctrico que es el que produce la electricidad en la central de biomasa.

“El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, donde cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en la fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo”, detalló Bruschini.

El vapor generado se expande en la turbina y acciona un generador eléctrico que entrega energía en 13,2 KV. El rendimiento global de la central es de 22.6 %. Ese rendimiento es algo positivo, según Bruschini, ya que se vinculan con la red de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito “Ticinense” Ltda.

Hace unas décadas la cáscara de maní era un desperdicio en Ticino, pero ahora es necesaria para la generación de energía eléctrica. En el pueblo tienen claro que la generación de energía renovable llegó para resolver dos problemas: la falta de electricidad de calidad y la dificultad de gestionar adecuadamente la enorme cantidad de cáscara de maní que dejaban los procesos industriales.

*Imagen principal: En la localidad Palmor, en el Caribe de Colombia, existe una pequeña hidroeléctrica que brinda energía a toda la población. Foto: cortesía Transforma.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios.

Así lo indica un reciente informe elaborado por las organizaciones Asociación Ambiente y Sociedad, Dejusticia, World Wide Fund for Nature (WWF) Colombia y la Universidad del Rosario, quienes evaluaron la implementación del acuerdo a nivel nacional.

La publicación del informe coincide con el inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo de Escazú, espacio donde se dará seguimiento a decisiones del tratado, como la participación pública en decisiones ambientales o el plan de acción para defensores.

Si bien el informe identificó avances formales en la implementación del Acuerdo de Escazú, también detectó limitaciones y desafíos, como la falta de acceso a información sobre decisiones ambientales, la violencia contra personas defensoras del territorio y la impunidad en este tipo de delitos.

Varios autores del documento le cuentan a Mongabay Latam los hallazgos y desafíos que enfrenta Colombia para que el Acuerdo de Escazú pase de ser un instrumento técnico a una política pública que avance en la acción climática y fortalezca la democracia ambiental.

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Violencia contra defensores e impunidad ambiental

Mientras las autoridades de Colombia han adoptado medidas para implementar el Acuerdo de Escazú, como la propuesta de una hoja de ruta y una consulta pública para darle vida al tratado, el país al mismo tiempo vive un repunte de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente líderes que protegen el territorio y el ambiente. El 2025 fue el año más violento para este sector en Colombia, desde que asumió Gustavo Petro como presidente, de acuerdo con la organización Somos Defensores.

El informe sobre el Acuerdo de Escazú señala que hay limitaciones en los mecanismos actuales de protección, los cuales suelen ser “reactivos e individualizados, sin abordar las causas estructurales del riesgo ni las dinámicas territoriales”. Sin embargo, los autores de la investigación señalan que desde antes de adoptar el Acuerdo de Escazú, las instituciones de Colombia ya enfrentaban dificultades para prevenir esta violencia.

“Previo a la ratificación del Acuerdo de Escazú ya existía una brecha enorme en la protección y prevención de violencias a personas defensoras del ambiente, debido a la ausencia de armonía institucional materializada, por ejemplo, en la ineficiencia de la Mesa Nacional de Garantías o la necesaria reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, explica Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad.

El informe señala que aunque hay mecanismos que permiten identificar riesgos, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, también hay fallas en la articulación de instituciones responsables, falta de presupuesto y de medidas que aborden las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

“Uno de los principales desafíos radica en transitar hacia modelos de protección que integren enfoques colectivos, reconozcan las formas propias de autoprotección territorial y aborden las causas estructurales de la conflictividad socioambiental”, destaca la investigación.

Para Torres, esos desafíos también implican sensibilizar a funcionarios que acompañan los procesos de protección a nivel nacional sobre lo que implica ser una persona defensora, y reestructurar entidades responsables de protección con enfoque en los territorios.

“La materialización de un enfoque diferencial en las medidas de protección debe ser construido de la mano con quienes están en primera línea de defensa. También es importante el enfoque de género en la política pública, las mujeres defensoras enfrentan cargas adicionales a partir de su rol de cuidado y liderazgo”, dice la especialista en derecho ambiental a Mongabay Latam.

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En cuanto a la justicia ambiental, el informe señala que Colombia cuenta con herramientas importantes, como la acción de tutela o la acción popular para la defensa de derechos colectivos, pero que persisten las barreras en los procesos judiciales, costos, duración de los procedimientos y falta de especialización de los jueces en temas ambientales que dificultan el acceso a la justicia, especialmente para comunidades más vulnerables.

“A pesar de contar con un marco normativo robusto y con más de 100 instrumentos de protección, los esfuerzos estatales han resultado insuficientes debido a la fragmentación institucional y a niveles críticos de impunidad, donde el sistema judicial ha mostrado limitaciones para desmantelar las redes criminales y sancionar a los autores intelectuales”, destaca la investigación.

El documento resalta que sólo una proporción limitada de los casos de violencia contra defensores obtiene una sentencia, con aún menores casos donde se determina y sanciona a los autores intelectuales.

“Esta situación limita la posibilidad de desmantelar las estructuras criminales y económicas que subyacen a la violencia contra las personas defensoras. De igual forma, se evidencia un rezago significativo en la investigación de delitos no letales, como amenazas y violencias basadas en género, con altos niveles de estancamiento en etapas preliminares”, sostiene.

Para Mauricio Madrigal Pérez, especialista de Incidencia Política en WWF Colombia y coautor del informe, el enfoque de las normas ambientales debe concentrarse hacia las personas defensoras y sus contextos para generar mecanismos que permitan acceder a la justicia ambiental.

“Las normatividades y políticas ambientales son esencialmente tecnocráticas y buscan una mirada administrativa del derecho más que una mirada de derechos humanos y de justicia. Hoy más que nunca, las crisis ambientales son un asunto de derechos humanos y de justicia porque están en juego las condiciones básicas que hacen posible la vida”, explica a Mongabay Latam.

Además, afirma que la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel territorial permite construir opciones de prevención de la violencia. Como ejemplo, destaca la red de guardianas del agua en municipios de Putumayo, donde hay procesos de formación en la defensa del territorio.

“Creamos una escuela intercultural de justicia ambiental y género, fundamentada en el Acuerdo de Escazú y en la forma como estas mujeres ven el acuerdo y lo amplifican. Son ejercicios potentes de reivindicación, de resistencia y de propuestas para una prevención y un manejo alternativo de los conflictos, para una mayor democracia ambiental y en definitiva una mayor justicia”, expone.

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Información ambiental limitada

El informe identifica avances en normas y leyes para acceder a información ambiental, uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, también halló una negativa a entregar información, respuestas desiguales de instituciones responsables y falta de claridad para entregarla de forma accesible a poblaciones vulnerables.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que esto se refleja, por ejemplo, con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (ley 1712 de 2014) que, pese a ser una ley completa, es limitada al solicitar información por no contar con disposiciones específicas para la información ambiental.

“Al no tenerse claridad sobre el manejo de la información en materia ambiental, esta es generalmente limitada hacia la ciudadanía, adicionalmente no se cuenta con un enfoque diferencial que elimine barreras de idioma, costos y presencialidad hacia pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, explica Torres.

Tras analizar la respuesta a solicitudes de información hechas a entidades de orden nacional, organismos de control, autoridades judiciales, autoridades ambientales y entidades territoriales, el informe advierte que no hay justificación o criterios para denegar la información solicitada.

Este patrón, indica el documento, genera que haya respuestas que no estén sometidas a la norma o a un criterio, lo que puede alargar el proceso para obtener información.

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Baja participación pública en decisiones ambientales

La investigación también detecta limitaciones en los mecanismos que permiten la participación pública para la toma de decisiones ambientales, pues aunque existen espacios, suelen operar con acceso limitado y con baja capacidad de incidir en las decisiones finales.

“La participación tiende a concentrarse en etapas tardías y enfrenta barreras para comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que limita el cumplimiento de los estándares de participación temprana, informada e inclusiva establecidos por el Acuerdo de Escazú”, se menciona en el documento.

Madrigal propone establecer cinco estándares mínimos para cumplir las obligaciones del Acuerdo de Escazú: la existencia de mecanismos, como audiencias públicas; información mínima sobre la decisión ambiental; garantizar la participación oportuna y previa; dar espacios de deliberación, y adecuar la información a los contextos locales y territoriales. Esto no solo en Colombia sino para cada país que ratificó el tratado.

“Una obligación de derechos humanos que no tenga un estándar es el gran problema que tenemos nosotros. Nunca va a ser ni medible ni verificable, y su incumplimiento va a estar marcado por una subjetividad que le quita legitimidad al propio acuerdo y a las propias acciones territoriales”, comenta.

COP4 de Escazú, una nueva oportunidad

Previo al arranque de la COP4, que se realizará del 21 al 24 de abril en Nassau, capital de Bahamas, los autores del estudio señalan que será un espacio clave para generar mecanismos de evaluación sobre cómo los países están implementando el tratado.

Madrigal señala que las expectativas en este encuentro estarán en darle mayor peso a las personas defensoras ambientales y a que la cooperación se traduzca en financiamiento para su protección.

“Si este es un convenio con un anclaje en la cooperación, hay que empezar a hablar de un fondo que financie este instrumento, para que le dé vida real a nivel internacional”, advierte.

Por su parte, Torres comenta que esa cooperación también deberá traducirse en fortalecer judicialmente a las personas defensoras en los países que han ratificado el acuerdo.

“Se discutirán avances significativos del tratado. Por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo sobre justicia ambiental, lo cual impulsará dinámicas de cooperación entre Estados para fortalecer el Poder Judicial en favor de las personas defensoras. Esperamos que este grupo cuente con la participación del público para garantizar su funcionamiento”, sostiene.

*Imagen principal: Colombia ha iniciado una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, sin embargo organizaciones civiles alertan limitaciones. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Preámbulo

Nunca seré el tipo de periodista que esconde sus sesgos. El periodismo que realizo es, y siempre ha sido, absolutamente situado; hoy más que nunca y, con seguridad, menos que mañana. Bajo esa premisa, debo recordar que hace ya un buen tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Paloma Valencia. Mi impresión en aquel entonces fue positiva y, en algunos aspectos, sorprendente. Aunque es evidente que no vamos a estar de acuerdo en muchos temas, no vi frente a mi micrófono a una mujer desenfocada. Aquella experiencia personal de escucharla me confrontó en el sentido estricto del trabajo en concreto; sus explicaciones sobre su trasegar con mujeres y niños me resultaron interesantes. Hablar con la otredad es un ejercicio necesario; es en ese contraste donde se enriquecen las reflexiones que hoy propongo.

Considero urgente el diálogo, especialmente con las mujeres contrarias. Espero, en algún punto del camino, volver a hablar cara a cara con Paloma, no para ser condescendiente ni para entregarle las banderas del feminismo que me atraviesa, sino para sumar desde el control político, la diferencia y la vigilancia ciudadana que mi lugar situado me exige. El feminismo no es un partido político; es una herramienta ética. Las mujeres podemos ser o no partidistas, y aunque muchas feministas militamos en partidos, eso no implica que todo el movimiento colombiano esté matriculado homogéneamente en alguna corriente. Existe la idea impuesta de que la única forma de ser feminista en el proselitismo es desde la izquierda, una visión que nunca voy a compartir.

El feminismo de Paloma: romper techos de cristal pisando pisos jabonosos

La política partidista real, no solamente la colombiana sino también la internacional, se encuentra hoy lejos de la perfección ideológica. Por un lado, María Isabel Nieto, actual jefe de debate de la campaña de Juan Daniel Oviedo, plantea una visión estratégica: una mujer con opción real de Presidencia en una dupla con un candidato perteneciente a la diversidad sexual representa un cambio histórico. Desde mi perspectiva, señalo un fenómeno que debemos nombrar como higienismo moral, partidista e ideológico. Esta pretensión de exigir una “pureza” absoluta a las mujeres en la política es una fiscalización extrema que jamás se aplica a los hombres. Esta desigualdad es una barrera que busca desinfectar el debate de cualquier contradicción humana, invalidando el liderazgo femenino antes de que logre consolidarse.

El tejido contradictorio de la historia

La historia no avanza con higienismo. Es un acto de honestidad reconocer que el feminismo se ha tejido y destejido entre luces y sombras. Históricamente, le hemos debido a las mujeres privilegiadas gran parte de los avances del movimiento; es cierto que hay matices, que los tiempos han cambiado y que muchas cosas se han replanteado, sin embargo, el punto de partida fue ese acceso a recursos y educación. Un ejemplo necesario es el de las sufragistas estadounidenses del siglo XIX. Figuras como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, autoras de “History of Woman Suffrage” (1881), fueron fundamentales, no obstante, acudieron a pactos de raza y clase excluyentes para asegurar su trinchera. Este descosido histórico nos enseña que el avance, a menudo, ha sido utilitarista.

Hoy, nos encontramos en un cuello de botella muy difícil. El feminismo actual es intercultural, transcultural, transdisciplinar e interdisciplinar; necesita yuxtaposición, empirismo y calle. Es una red de una complejidad inmensa, mientras que las estructuras del poder partidista no han cambiado desde hace muchas décadas. En este escenario, autoras como Camille Paglia (Sexual Personae, 1990), Christina Hoff Sommers (Who Stole Feminism?, 1994) y Marta Lamas (Dolor y política, 2021) nos permiten entender que la política se construye en la contingencia y con alianzas imperfectas.

Romper el tablero en una coyuntura compleja

No me parece que la única razón para votar por alguien sea su impecabilidad feminista o el simple hecho de ser mujer. Tienen razón quienes dicen que ser mujer no es suficiente; estoy de acuerdo, como tampoco es suficiente ser un hombre de izquierda comprometido con el feminismo y resultar “faltón”, como lo que hemos experimentado con Gustavo Petro. Estamos ante una complejidad donde estas elecciones están marcadas por el terror de millones de colombianos a una Constituyente. Mientras la candidata ha prometido respetar la Constitución tal cual como está, otros sectores defienden procesos que generan incertidumbre.

Sigo siendo esa mujer que inició sus búsquedas desde el mismísimo infierno; esa que tuvo que destejerse de saberes religiosos para entender los derechos, incluyendo el aborto tras haber recogido firmas en su contra. Sigo siendo ella, aunque no la misma; reconociéndome mujer putamente libre frente a la angustia de una realidad que pretende devolvernos al siglo XIX. Este retroceso es alimentado tanto por una derecha recalcitrante como por una izquierda utilitarista, traficante de derechos, y no solamente en Colombia.

Es cierto que a muchísimas mujeres en la política internacional les incomodaba el feminismo y querían vivir desmarcadas del tema. Resulta triste que al final de la cuenta, hoy sí les interese solo por temas costo-eficientes del proselitismo. Me encanta —nótese la ironía— que no les gustaba el feminismo hasta que el feminismo fue una bandera que podían ondear.

Si la primera mujer presidenta de Colombia resulta ser de derecha, será gracias a los logros del feminismo, a las resistencias de izquierda y, sobre todo, gracias a la mediocridad irrefutable de Gustavo Petro. Si en algún momento coyuntural tengo que votar por Paloma simplemente por estar en contra de este modelo de gobierno, declaro que jamás le perdonaré a Petro haberme llevado a la orilla de tener que votar por una mujer en la derecha.

La vigilancia necesaria: el perfil de Ita María

Aquí entra la contraparte de Ita María, economista de la Universidad Icesi, escritora y editora de Contenidos y Audiencias en la Revista Volcánicas. Como cofundadora de Las Viejas Verdes, ella combina el análisis económico con una crítica feminista interseccional que la ha llevado a ser autora de obras influyentes como “Que el privilegio no te nuble la empatía” (2020). Para Ita María, la figura de Paloma Valencia no representa el feminismo, sino que encarna visiones que ella considera lesivas para los derechos humanos y poblaciones vulnerables, advirtiendo sobre el peligro de capitalizar el momento sin desmantelar las estructuras patriarcales.

Esta contraposición es dialéctica. Necesitamos la mirada estructural de Ita María para no dejarnos cooptar por el utilitarismo del poder; no obstante, también necesitamos la disputa de lo posible que señala María Isabel Nieto para evitar la parálisis. Mi invitación es a que asumamos todo esto como un aprendizaje y nos comportemos como mujeres libres; libres para ejercer nuestros derechos sin moralismo partidista ni ideológico. Que las escuchemos a todas, que aprendamos de todas y, al final de la cuenta, decidamos a conciencia. Un criterio es lo único que podemos construir al final del día en esta coyuntura. Mucho nos ha costado ya entendernos como sujetos políticos y ganar nuestro lugar en el mundo como para ahora cargar con el peso de la moralidad partidista. Solo cuando el diseño de lo posible respete la realidad de cada mujer, estaremos logrando una verdadera justicia.

Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”: Lucy Nieto de Samper, en su última columna (2022).

Creció en una época en que las mujeres estaban destinadas a criar hijos y atender a sus maridos, pero enviudó joven y su destino cambió.

Lucy Nieto de Samper, la periodista más longeva de Colombia, nació en Bogotá, el 21 de agosto de 1923 y murió en esta ciudad el 23 de marzo de 2026, con 102 años a cuestas. Durante ese siglo, Colombia ha tenido 31 presidentes y una dictadura.

Esta bogotana vio al mundo y a Colombia transformarse.  Tenía nueve años cuando ocurrió la Guerra de Colombia con Perú (1932); 16 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (1939) y 22 cuando terminó (1945); 25 cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán (El Bogotazo, 1948), 30  cuando comenzó   la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla (1953); que al año siguiente trajo  la televisión a Colombia (1954); 34 cuando las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto (1957); 46 cuando el hombre llegó a la Luna (1969); 59 cuando le dieron  Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez (1982); 63 cuando ocurrió  la toma al Palacio de Justicia (1985); 64 cuando apareció el Sida (1986); 78 cuando derribaron las Torres Gemelas (2001); 93 cuando Colombia firmó la paz con las FARC (2016); 96 cuando el mundo entró en pandemia por Covid (2020) y tenía 99 años cuando escribió su última columna para El Tiempo.

Comenzó su carrera en la revista Cromos en 1952 y tras enviudar crió a sus cinco hijos sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti. Su único arrepentimiento: no haber ido a la universidad.  

En el año de la pandemia, cuando tuve el privilegio de entrevistarla, doña Lucy me confesó que estaba cansada de vivir. (Escuche aquí el audio de la entrevista)

Desde principios de 2020, vivía en un hogar para personas de la tercera edad, al norte de Bogotá. “Prefería estar en mi casa, independiente, pero en este lugar tengo la tranquilidad de estar atendida por enfermeras todo el tiempo. Menos mal la pandemia me cogió aquí”.

En este sitio pasaba el confinamiento leyendo y viendo televisión, especialmente Netflix, en compañía de su hermana Clara, quien hoy tiene 100 años. Por esos días leía El Sari Rojo, la novela de Javier Moro, y la biografía sobre la escritora Simone de Beauvoir. “Uno a esta edad ya no es que tenga mucha actividad que hacer y estar encerrado es terrible”.

Tampoco había perdido la costumbre de leer periódicos en papel, El Tiempo y El Espectador, porque detestaba leer noticias en computador.

Hija del periodista Luis Eduardo Nieto Caballero, comenzó en este oficio en 1952. “Yo estaba recién casada, feliz con mi marido, tenía dos hijos en ese momento. Me llamó Jaime Restrepo, su familia acababa de comprar Cromos y me invitó a escribir en la revista sobre la vida social de la época, que era sobre lo que escribíamos entonces las mujeres. Se perdía mucho tiempo haciendo la lista de invitados que asistían a los matrimonios y también las listas de regalos, era muy aburrido pero se hacía”.

Sin más ayuda que su máquina de escribir Olivetti, sola sacó adelante a sus cinco hijos, tras la muerte en 1961 de su esposo, Alejandro Samper Gómez. Tenía entonces 38 años y el menor de los niños apenas un año.

No se casó otra vez porque, como me dijo, “¿Qué tipo se aguanta cinco hijos y que hijos se aguantan otro tipo? Yo tenía la cosa absolutamente clara. Pero tuve mis romances, por supuesto”.

Todos fueron a la universidad, incluida María Elvira, la única que siguió sus pasos y los del abuelo en el periodismo.  “Ella está mucho más preparada que yo, porque no fui a la Universidad y ella sí, estudió Filosofía y Letras”.

María Elvira recuerda la vida austera de su familia —“Mi papá no era un hombre de fortuna, mi mamá tampoco heredó nada”—, y las dos ocasiones en que la acompañó a empeñar el juego de té para llegar a fin de mes.

Durante 70 años de carrera, Lucy Nieto de Samper hizo de todo: en prensa escrita (El Tiempo y las revistas Cromos, Credencial y Vanidades, de la que fue corresponsal en Miami); en radio (”Contrapunto Femenino”, un programa en Caracol); y en televisión (“Algo para recordar”, un programa de variedades que hacía con su mamá y con Inés Gutiérrez, experta en alta costura, y “En blanco y negro”, programa semanal de entrevistas).

Ingresó a El Tiempo en 1963, siendo una de las pioneras del llamado periodismo femenino. Se convirtió en columnista literalmente por accidente: una vez le tocó ir a las oficinas del Tránsito porque un bus estrelló su Volkswagen y se encontró con tal desorden administrativo que le pidió permiso al director, Enrique Santos Castillo, para opinar sobre el tema. La columna se publicó en las páginas sociales, con tan buenos comentarios que se volvió permanente y pasó después a las páginas editoriales.  La columna “Cosas que pasan” sólo dejó de aparecer durante los años en que fue secretaria de Prensa de los presidentes Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, quienes la nombraron además cónsul en Milán.

Desde el periodismo, defendió los derechos de las mujeres y abogó por distintas causas como el derecho a morir dignamente. En los años 60, cuando se fundó Profamilia, respaldó  el uso de los métodos anticonceptivos, “lo que hizo que  monseñor Solano la insultara desde el púlpito, señalándole con el dedo de hereje, por lo que no volvimos a misa  en la iglesia de El Chicó”, recuerda María Elvira.

En otra ocasión quisieron demandarla por​ denunciar a unos tipos que usaban los garajes de sus casas para ofrecer  muchachas del servicio  a las señoras de la época. “A ella les cobraban por sentarlas ahí y a las señoras por contratarlas. Lucas Caballero, Klim, que era mi primo, se burlaba diciendo que yo iba a dejar sin servicio doméstico a los bogotanos”. (Risas).

“Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

“A veces los periodistas juzgan más que lo que informan”

La reportera, amante de la música clásica, la samba y los boleros, criticaba a esos periodistas que se las dan de jueces –“a veces juzgan más que lo que informan y hace falta más periodismo investigativo”. En su lista de mejores periodistas hay cuatro nombres: Enrique Santos Calderón, Germán Castro Caycedo, Elvira Mendoza y María Jimena Duzán.

“En mi época no había divas. No había estrellas, éramos mucho más modestas. Uno como persona no figuraba.  Me parece que a veces hay demasiada ostentación, demasiado protagonismo, parece más importante la periodista que el entrevistado”.  

Evocó con nitidez la vez que conoció Casa Verde, el campamento de las FARC, durante el gobierno de Belisario Betancur.  “Recuerdo que Tirofijo era odiosísimo, ni siquiera se acercaba; en cambio Jacobo Arenas era querídisimo”.

De aquellos días, surgió una fugaz amistad con Jacobo Arenas, quien semanas después le mandó una carta que ella conservó; hablándole de tú, le decía   que estaba equivocada, que Manuel Marulanda Vélez no era odioso como ella decía. “Fui varias veces a ese campamento y una vez nos quedamos a dormir en cama franca, sobre tablones. Recuerdo que Emilito Urrea se levantaba temprano a preparar el café y las arepas con los guerrilleros”. (Risas)

“En mi época no había divas en el periodismo”: Lucy Nieto de Samper.

Lucy Nieto Samper fue miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Foto: Alexánder Velásquez.

La Bogotá de ayer y de hoy

De su papá, el periodista y político liberal Luis Eduardo Nieto Caballero, co-director de El Espectador entre 1919 y 1921, recuerda que fue masón y creyente y se quebró tras los eventos de la Gran Depresión. Se emociona al recordar lo feliz que fue jugando con su hermana Clara en los jardines de la casa quinta que tenían en la Avenida Chile, lo que entonces eran las afueras de la ciudad.

“Teníamos dos casas, pero perdimos una por la crisis del 29.  Yo aprendí a leer y escribir en aquella quinta, con una profesora llamada Rosaliana Gutiérrez. Empecé a ir al colegio a los nueve años”.

Cuando Lucy nació ya existían los tranvías y los vio desaparecer en 1951; el tiquete costaba cinco centavos. “Vivíamos en la calle 13, cogíamos el tranvía en la Carrera Séptima y nos dejaba en la Avenida Chile con carrera 12 y de ahí seguíamos a pie tres cuadras hasta el Gimnasio Femenino. Los expresos salían de la Plaza de Bolívar a las 7:00 de la mañana”.

Las costumbres eran distintas.  “A las fiestas uno iba con la mamá, todo era más zanahorio​. El contacto con los muchachos era menos fácil que hoy. Éramos tímidos, o al menos yo, como apendejaditos, comparados con las niñas de ahora que son más avionas que los señores”. Añoraba la Bogotá de sus 15 años cuando era una aldea de 325 mil habitantes y no la de ahora “en la que uno se siente como perdido”.

Sobre el Metro de Bogotá tuvo un presagio. “Eso no me va a tocar a mí, cuando eso suceda yo ya estaré muerta, remuerta (silencio) pero hace miles de años debimos tener uno subterráneo”.

“Es un horror lo que está pasando en la ciudad, nosotros tuvimos el 9 de abril pero me parece que la gente antes estaba menos enervada que ahora”, comentó sobre los problemas de inseguridad de la capital.

Afirmaba que los mejores presidentes de Colombia han sido liberales: Carlos Lleras, Alberto Lleras y Alfonso López. Que el mejor alcalde ha sido Peñalosa, que le gustaría ver a Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano (sueño cumplido) y a Germán Vargas Lleras en la Casa de Nariño. Le gustaba la alcaldesa Claudia López, aunque no votó por ella, pero le molestaba “cuando se pone demasiado peleadora”. Pensaba que difícilmente una mujer llegará a Gobernar en este país, “a pesar de que ha habido magníficas candidatas como Cecilia López, inteligentísima y preparadísima”.

Del presidente Duque opinaba que “es muy buena persona pero no estaba preparado para manejar este país. No tiene personalidad, está demasiado dominado por Uribe”.

“Me parece terrible lo que ha hecho este gobierno, no pudieron hacer trizas los acuerdos, pero le han metido trancones. Si la gente hubiera funcionado en el plebiscito, este país no estaría como está. Uribe se volvió el enemigo número uno de Juan Manuel Santos. Si las cosas están peor es por culpa de Uribe”.

“Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada”: Lucy Nieto de Samper en su última columna.

Quería morir dormida

A pesar de su envidiable lucidez y salud de la que gozaba a sus 97 años,  se sentía cansada de vivir, -“ya no siento placer por la comida”-, y aún la abrumaba el recuerdo de los dos hijos fallecidos: Lina murió  cáncer en 1990 y Alejandro de un ataque al corazón en plena pandemia. Le sobreviven: Maria Elvira, Nora y Ernesto. Entre todos, le dieron seis nietos y tres bisnietos.

“Yo tengo antecedentes de longevidad, tanto mi abuela como mamá murieron a los 96 años, me gustaría estar ya descansando, en paz. ¿Qué hace uno más aquí? No hay nada más que hacer”.

Y añadía: “He sido una mujer muy sana, no he estado en la clínica sino para tener hijos, solamente he sido operada de la cadera, pero ya de vieja”.

Me sorprendió la tranquilidad de su respuesta cuando le pregunté qué pensaba sobre la muerte y cómo quería ser recordada. “Sé que vine a morir en este lugar. Sé que estoy un paso más cerca de las estrellas como dicen de Bogotá (risas). No sé qué hay del otro lado, pero aguardo la esperanza de encontrarme con mis papás, mi esposo y mis hijos. Quisiera morir como murió mi hijo: dormida”.

Ese momento llegó la noche del 23 de marzo de 2026. “No murió como quería, pero nos dejó un legado de honestidad intelectual, fortaleza y tenacidad, y el ejemplo de un periodismo hecho en función del bien común, sin agendas ocultas”, me cuenta María Elvira Samper, vía WhatsApp.

Doña Lucy Nieto de Samper quería ser recordada como una mujer que “escribió la verdad, que no inventó, que fue honesta y franca”. 

Bueno, muchas gracias por esta entrevista, yo quiero empezar hablando un poco de estos años, de ese reto de asumir la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y quizás de todo lo que te ha tocado aquí, pero sobre todo ese reto más difícil. ¿Cuál es el reto más difícil de lo que te ha tocado, la complejidad más grande de haber asumido la dirección del Centro Nacional de Memoria?

A ver, esa pregunta es sustancial para entender lo que hemos hecho en todos estos meses de gobierno. Al entrar al Centro, de las palabras más comunes que escuché fue producto. Y yo, fue una de las cosas que más me interpelaron, porque yo no considero que ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, ni las investigaciones, ni el conflicto sean un producto, sino que se necesita un proceso. Y si nosotros no entendemos la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad como un proceso y lo manejamos como un producto, no va a tener las consecuencias tan importantes que implican escuchar, y para escuchar se requiere un proceso, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar, a nosotros no nos enseñan culturalmente a escuchar, ni en el colegio, ni en la casa, ni en la sociedad escuchamos. Entonces es quizás uno de los retos más significativos, y eso estamos aprendiendo, eso ha sido la fuerza de escuchar todas las memorias, todas. Me acuerdo en un territorio que me decían María, no señora, usted no puede escuchar a los paramilitares, usted no puede escuchar a los guerrilleros, usted no puede escuchar a los delincuentes, y yo les decía, pero si no escucho a los responsables, ¿cómo voy a entender sus acciones para poder explicar este conflicto? Tengo que escuchar, eso no quiere decir que sea empática con lo que hicieron, eso no quiere decir que justifique lo que hicieron, pero nosotros tenemos que escuchar, escuchar no implica aceptar lo que el otro está diciendo, y eso es dificilísimo. Porque nosotros, y eso me pasa, yo no quiero decir que yo soy la maestra de la escucha, lejos de ahí, pero estamos en un proceso absolutamente auténtico y veraz de aprender a escuchar, porque muchas veces uno está escuchando al otro ya con todo un universo cultural y personal que nos impide recibir lo que estamos escuchando, y estamos siempre en una escucha reactiva, no receptiva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, una escucha receptiva, y no solamente receptiva para recoger la memoria colectiva, que es lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica desde su primer día de nacimiento, y convertirla en memoria histórica, y memoria histórica es triangular la información, yo escucho a la víctima, o el hecho victimizante, al responsable, y también lo cotejo con archivos. Esa triangulación es la que le da fuerza al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica, porque en Colombia la memoria colectiva es quizás de las expresiones también tan diversas como nuestra geografía, porque la memoria colectiva en Colombia se baila, se canta, se llora, se grita, se insulta, se pone en teatro, se escribe, se compone, se conversa, y esa diversidad es la que nos permite saber que como cantan en La Guajira, no cantan como en el Llano, y como cantan en el Llano, no cantan en el Chocó, y en el Chocó no cantan como en el Amazonas, y escuchar a todos esos cantos nos permite tener una sinfonía colectiva que nos permita construir el país que queremos, o el país que soñamos, y el país que sueña La Guajira no es el mismo país que sueña el Amazonas, ni que sueña el Chocó, ni que sueña Nariño, ni que sueño yo, porque yo qué país sueño, el de la restauración moral y democrática de la República que Jorge Eliécer Gaitán encarnó toda su vida, y por eso el 9 de abril no solamente les rindo homenaje a las víctimas del conflicto, que para mí, más allá de ser víctimas, que sí han habido un centenar de miles de víctimas del conflicto, les rindo homenaje a los líderes, lideresas y resistencias, que además han escuchado la palabra de Jorge Eliécer Gaitán, porque Jorge Eliécer Gaitán buscó ser asesinado, y claro, asesinaron su cuerpo, y eso deshizo una familia, violentó una esperanza que estaba surgiendo, pero sobre todo, destruyó una familia, una familia que tenía vocaciones distintas, y que muchos, o la gran mayoría, mujeres, hemos optado por mantener firme el legado de Jorge Eliécer Gaitán, porque es un legado que este país tiene que escuchar, entonces cuando digo que Gaitán está vivo es porque está en el territorio presente, como me dice un compañero que lo repito tantas veces, yo, María Gaitán, me convierto en el territorio en una rockstar, porque no soy yo, es Gaitán, y que Gaitán, como él decía, yo no soy yo, personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque lo he interpretado, y yo no soy yo, María Gaitán, yo soy Gaitán porque es un pueblo que se siente interpretado todavía por lo que dijo Gaitán hace más de 78 años, cuando fue asesinado.

Me gustaría hablar de las acciones, porque las acciones siempre cuentan mucho, este 9 de abril, quizás, no sabemos si usted va a seguir al frente del Centro Nacional de Memoria el próximo año, pero por ahora sabemos que este 9 de abril es el último en este mandato, y usted está al frente, ¿qué va a pasar este 9 de abril?

Este 9 de abril nos vamos a encontrar con más de 80 líderes y lideresas y resistencias de todo el país, que vienen a que conversemos, a que articulemos y tejamos las experiencias de los otros, a que escuchemos dolor, pero sobre todo lo más importante es a contarles que reanudamos la obra del Museo de Memoria de Colombia, y logramos reanudarla en esta administración, difícil, difícil, duro, duro, pero logramos limpiar todo un proceso administrativo que era tan complejo, que era muy difícil de darle ruta si no se hacía este trabajo metódico de ordenar la casa para poder empezar a pensar en la idea de retomar la obra. Y en este museo de más de 14.700 metros cuadrados, y con un espacio público que estamos buscando que se integre a Bogotá, que eso también lo estamos haciendo, integrar el museo a Bogotá, que no sea un edificio aislado, sino que sea un edificio que haga parte de la ciudad, de una ciudad además que tiene que escuchar el territorio, porque nosotros decimos en permanencia el territorio habla, que también Bogotá es territorio, pero es que a Bogotá le cuesta mucho escuchar al resto del país. Entonces, en este lugar es donde realmente el territorio va a hablar y el centro tiene que escuchar, y el centro es Bogotá, el centro es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y este 9 de abril en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán vamos a escuchar el territorio, en el centro, y en un lugar muy emblemático de la ciudad que es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Hay un tema sobre todas las memorias que a mí me fascina porque realmente creo que es lo que necesita el país, encontrarse, pero vemos la polarización, vemos que esto parece que somos descendientes de ese bipartidismo que tanto nos hizo daño y del que su abuelo tanto también le hizo daño a él, y tanto lo criticó también como esa falta de dignidad moral, que me parece muy interesante esa idea que usted está devolviendo, de devolverle dignidad al país, porque cuando se ven todas las memorias se devuelve dignidad a todas las memorias también, pero…¿por qué nos cuesta tanto?

Porque yo creo que nosotros fuimos formados culturalmente y socialmente a mantener tres elementos de los cuales yo considero que son los combustibles más efervescentes para este conflicto, que son el racismo, el clasismo y la desigualdad, y eso no viene desde el bipartidismo, eso viene desde la ocupación colonial española, cuando vinieron aquí a arrebatar territorios que no les pertenecían con una arrogancia que todavía tenemos, porque los criollos recuperaron y mantuvieron la arrogancia española, y eso es lo que nos está también impidiendo escucharnos, y que todas las memorias sean tenidas en cuenta. Entonces, cuando se habla de polaridad, yo creo que esta polarización no es de ahora, sino de siempre, y como tú lo dices, Gaitán, esa polarización fue la que más atacó, pero la razón por la cual, o sea, la esencia que él atacó es por la cual a él lo atacan, Gaitán unió al país de todos los partidos, al país nacional de todos los partidos, y unió al país político de todos los partidos, y ahí sí crea una división, pero es una división distinta, es una claridad política, que es la que tenemos, pero que es súper confusa. Entonces, a partir de la Constitución del 91, ya no son liberales y conservadores esa polarización, pero sí unos totalmente polarizados, en una explosión de partidos que representan al país político y que siguen manipulando al país nacional. Pero yo creo que poco a poco ese país nacional se está despertando, y yo pienso en los jóvenes con el estallido social. El estallido social abrió un trecho y un sendero muy importante en Colombia. Y esos estallidos sociales, como el 9 de abril, fue un estallido social. El 9 de abril de 1948, que mal llaman Bogotazo, porque eso no fue en Bogotá, fue en toda Colombia. Y cuando hablan de Bogotazo es como si se limitaran para que la historia oficial piense en incendios, en asesinatos, en un país emborrachado. Sí, se emborracharon, incendiaron, pero hay que saber quiénes incendiaron también, quiénes emborracharon, porque yo sé que también el país político brindó y se emborrachó de la felicidad de haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, quiénes se emborracharon hay que saberlo, porque se emborracharon unos y otros. Entonces, la polaridad, yo creo que hay una frase de Gaitán que a mí, o un concepto de Gaitán que me parece muy importante. “Para que haya luz, tienen que existir dos polos, el negativo y el positivo.” De lo contrario no hay luz. Entonces, el problema no es que haya dos fuerzas polarizantes que permiten la luz, sino que esas dos fuerzas polarizantes no produzcan luz, que es lo que nos sucede. Por eso Gaitán decía tan sabiamente que existía un país político liberal y conservador, y un país nacional liberal y conservador, pero que si ese país político —el liberalismo y el conservatismo— no eran el polo positivo y negativo, lo que producía luz era que el pueblo fuera superior a sus dirigentes para poder nivelar y darle dignidad a este pueblo que históricamente ha sido destrozado, humillado, denigrado, convertido en miseria, por eso somos el tercer país más desigual del mundo.

Hablemos de la administradora pública también, que le tocó llegar a administrar el CNMH después de Darío Acevedo y de todo el planteamiento, de una ruptura que venía del Centro, de una ruptura del Centro con muchos historiadores, con muchos sectores también del país, ¿cómo fue retomar eso desde la administración, desde darle una vuelta también a esta institución?

Mira, yo voy a decir una frase que puede ser tomada de distintos ángulos dependiendo de quien la escuche. Cuando yo llegué a esta entidad, te digo sinceramente que yo nunca me había acercado a ella, porque inclusive en momentos en que fue muy importante en investigación, a mí la academia, como decía Jorge Eliécer Gaitán, la frialdad dolosa del académico me parece que no transforma. Da de pronto luces y claridades, pero no transforma. Por eso esos ocho años de investigaciones tan académicas, donde recogían la memoria colectiva, la convertían en memoria histórica y se quedaba enterrada en productos en bibliotecas, era algo que no me interesaba. Nunca me acerqué. Después entra ese momento con esta idea de que el conflicto no existe, sino una mano de bandoleros criminales terroristas, y que el Ejército y la Fuerza Pública eran los defensores de la patria, y eran defensores de la patria que estaban cometiendo falsos positivos. Entonces yo dije, bueno, esta institución no es ni de centro, ni de memoria, ni de historia, ni nacional. Entonces yo siempre estuve muy, muy alejada. Y cuando entré, ¿qué me pasó? Que la Fuerza Pública estaba muy empoderada de la entidad, siendo los “héroes de la patria”. Pero por el otro lado, yo había escuchado permanentemente, con gran admiración y respeto, a las madres buscadoras y a las madres de Soacha buscando a sus hijos, y donde el Ejército también cometió de las cosas más criminales que puede tener un país contra su mismo pueblo, que son los falsos positivos. Y además sabiendo que en la época de Gaitán existió la chulavita y que cuando vino el Ejército el 9 de abril, los curas les dieron aguardiente con pólvora para que asesinaran violentamente. Entonces, esta Fuerza Pública también tiene… sí, ha habido víctimas dentro del mismo Ejército, de la misma Fuerza Pública, y a ellos los escucho y avanzo con ellos. A la otra también. Pero lo que me ha parecido absolutamente fantástico es que las conversaciones iniciales que tuvimos con la Fuerza Pública, que llegaban uniformados y acartonados, pues en este momento nos estamos escuchando. Y eso para mí es un éxito y un agradecimiento infinito, porque realmente ha habido una transformación en el diálogo. Porque tanto ellos empezaron a escuchar como yo, porque esto no es de un solo lado. Yo tampoco los escuchaba porque culturalmente, históricamente, tengo mis diferencias. Pero al mismo tiempo, el último debate de Jorge Eliécer Gaitán en la madrugada del 8 de abril fue por el honor militar. Entonces traté de escuchar a Gaitán todavía y decir: quiero encontrar el honor militar de la Fuerza Pública.

Hablando de un tema que es importante para la memoria ¿Qué hacer cuando un grupo paramilitar, un grupo narcotraficante como el Clan del Golfo quiere tomar el nombre de su abuelo?

Mira, eso hace parte de lo que sí es realmente la polarización. Eso para mí sí es polarización, porque la polarización en Colombia está cargada de mentiras, está cargada de estigmatización y de tergiversación de la verdad. Y eso es lo que está haciendo este grupo criminal del Clan del Golfo, usurpando un nombre que no se le mide por ninguno de los ángulos que ellos buscan que les cuadre. El Clan del Golfo hace parte de esas pocas intenciones en este país de destruir un legado, porque lo que están buscando es destruir un legado. Pero este pueblo no es bobo. Este pueblo sabe perfectamente que Gaitán lo que buscó fue la restauración moral y democrática de la República, cosa que es absolutamente opuesta a lo que estos criminales están haciendo en este país, que es toda la falta de ética, la falta de moral, y todo por la plata, con una corrupción, con una violencia, una criminalidad que no roza a Gaitán. Yo sé que esta lucha la convertí sinceramente en algo personal, y recuerdo mucho frases que contaba mi abuela sobre su vida con mi abuelo. Cuando Gaitán había tenido un momento muy estelar en alguna parte de Colombia, los medios de comunicación, por lo general El Tiempo en ese momento, lo atacaban y decían que era un populista, negro, indio, lo insultaban utilizando además expresiones que para él eran un orgullo. Porque si uno va a la esencia misma del populismo, eso fue lo que fue Gaitán: el pueblo superior a sus dirigentes. Entonces mi abuelo leía siempre el periódico en el desayuno, y mi abuela se enfurecía, y Gaitán le decía: no te preocupes, no te preocupes. Yo sé que Gaitán me diría eso frente a lo del Clan del Golfo, que no me preocupe, pero a mí sí me toca, porque tengo una rebeldía que no me permite quedarme tranquila frente a la distorsión de un legado que fue una esperanza para Colombia. Entonces, lo que decía mi abuela, y es lo que yo le respondo a Gaitán cuando hablo de esta lucha, es: tú preocúpate por las cosas importantes que yo me preocupo por las pequeñas. Y mi abuela cogía el teléfono y llamaba al director de El Tiempo y le reclamaba. Yo tampoco permito que este grupo criminal y otros estén usurpando a Gaitán, como mi mamá siempre dice, muchos políticos hablan de Gaitán, pero al mismo tiempo la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán está en ruinas, se está cayendo, y el Exploratorio Nacional está abandonado hace más de 20 años, está en ruina, y el legado de Gaitán, el sitio donde está enterrado mi abuelo, se lo comió la maleza. Y la Universidad Nacional no hace nada y el gobierno tampoco hace nada. Entonces eso también es una agresión contra el legado gaitanista, no solamente la usurpación de su nombre.

Bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno porque finalmente toca hablar, no puedo dejar de hablar del gobierno al cual usted también pertenece.

¿El presidente Petro escucha? ¿O a usted la escucha?

Mira, yo creo que en los pocos momentos que he tenido con Gustavo Petro han sido conversaciones muy afectuosas, muy fraternas y supremamente constructivas, porque independientemente de la cantidad de veces que haya o no haya hablado con el presidente, las veces que he logrado conversar con él, es un hombre audaz, tan creativo, que lo que uno conversa se convierte en mucho más poderoso y le abre, florecen nuevas ideas. Entonces esos momentos para mí son sagrados, son importantes.

 ¿Cuál es el legado de este gobierno frente a la memoria del país, en cabeza suya además?

 A ver, nosotros estamos dejando un Centro Nacional de Memoria Histórica con enorme sentido, y yo digo sinceramente que ese sentido no se lo pueden arrebatar, porque si se lo arrebatan pierde el Estado su deber con el país. Este Centro Nacional de Memoria Histórica no puede darle otra forma distinta a lo que hemos construido, porque lo que hemos construido es la escucha con el territorio. Eso es lo que se necesita. Hay todavía muchos procesos por afinar, porque construir y transformar en cuatro años es muy corto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya se retomó la obra del museo, y el museo ya tiene sentido por dentro, pero ese sentido no se lo pueden transformar, porque si se transforma estamos haciendo una negación de lo que es un conflicto contado y escuchado desde el centro para el territorio. Yo creo que nosotros hemos dejado armado el Centro Nacional de Memoria Histórica, y lo más importante es la lucha de convertir esta entidad en una institución permanente, porque otra de las apuestas que consideré fundamentales era que no solamente Colombia tenía que escuchar, sino que el mundo tenía que escuchar a Colombia, y siempre uno vive que uno sale colombiano y le hablan de Escobar y se limitan a unas ignorancias informativas que son agotadoras. Lo otro es esa apuesta de contarle al mundo quiénes somos, y me encontré con una cosa maravillosa, y es que muchos museos del mundo lo que están buscando es crear en su interior centros de memoria, y nosotros hicimos al revés, pensado o no pensado, pero fue muy bien pensado en la Ley 1448 crear el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero lo que no fue positivo es que le hubieran dado un tiempo limitado a esta entidad, primero además porque seguimos en conflicto, y segundo porque experiencias de otras latitudes han demostrado que la memoria es un proceso largo, largo, largo. Pero además, por algo que usted ha dicho en algún lado, y es que la memoria es necesaria para que un país encuentre constantemente un sentido, usted no puede prescindir de la memoria, y sobre todo que nosotros somos memoria, permanentemente somos resultado de unos ancestros también, que a su vez tenían memoria, y si nosotros escuchamos a científicos, sobre todo a neuro-científicos, hablan de la importancia de la memoria en las células. Entonces si estamos permanentemente bloqueando la posibilidad de la memoria, estamos bloqueando la posibilidad de construir ese después que tanto necesitamos, y no es solamente que queramos, es que necesitamos. ¿Qué hubiera pasado en una Colombia donde no hubieran asesinado a Gaitán? ¿Qué hubiera pasado con una Colombia donde no hubiera existido esa polarización de los privilegiados? Entonces eso es lo que el Centro Nacional de Memoria tiene que seguir construyendo.

Voy a finalizar esta con una pregunta un poco psicoanalítica, me va a perdonar. ¿Qué le diría a su abuelo de eso que está haciendo usted? Si pudiera tenerlo hoy, ¿qué le diría de eso que ha hecho? De lo que está haciendo?

Pues yo le diría que lo escucho mucho y lo escucho de verdad. Pongo mucho sus discursos, muchos.

El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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