Más allá de la medicina

Publicado el jgorthos

LA VOLUNTAD ANTICIPADA: ENTRE EL DERECHO Y EL DEBER DE PROTEGER LA VIDA

 

Para entender un poco el tema de voluntad anticipada hay que buscar en la historia jurídica norteamericana al abogado Luis Kutner, quien en 1967 redactó un documento para que las personas pudieran plasmar su voluntad, cuando no deseaban que se les aplicaran tratamientos, en caso de encontrarse en un estado terminal de salud. Hasta ese año no existía ninguna opción jurídica que regulara esta opción.

Posteriormente, en 1976, con el sonado caso de Karen Ann Quinlan, el tema pasó a la esfera pública y fue ampliamente debatido. En aquella oportunidad los padres de Karen apelaron a la Corte Suprema de Nueva Jersey, tras haber solicitado al cuerpo médico retirar el respirador que mantenía viva a su hija, a quien una ingesta de alcohol y barbitúricos dejó en estado vegetativo.

La Corte dio la razón a los padres de Keren y la noticia favoreció el debate de situaciones límite. Esto hizo que las cortes norteamericanas analizaran el tema y, entonces,  en California salió la Ley de Muerte Natural.

El segundo caso emblemático  fue el de Nancy Cruzan, una joven de 24 años, que sufrió un accidente automovilístico y quedó en estado vegetativo. Cuatro años después del accidente su familia presentó el caso a los tribunales, cuya apelación llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sentenció que las personas competentes tienen el derecho de rechazar tratamientos médicos.

Estos fueron los antecedentes de la norma federal de Estados Unidos que, en 1991, dieron origen a Ley de Autodeterminación del Paciente.

Así, con historia claramente anglosajona, se marca un elemento jurídico y contractual alrededor de las decisiones relacionadas con e el final de la vida.

En Latinoamérica, Elena Inés Velasco Highton, vicepresidente de la Corte Suprema de Argentina, dice: “En el esquema del Derecho anglosajón y del common law en principio prevalece la autodeterminación y libertad del individuo, pues se considera que, bajo un gobierno libre, el primer y más grande derecho del ciudadano libre, que subyace a todos los otros, es el derecho a la inviolabilidad de la persona; en otras palabras, el derecho a sí mismo. Por el contrario, y sin que ello implique desprecio de la libertad individual, en los sistemas continentales y latinos se hace prevalecer el orden público, la salud y el bienestar general por encima del bien de cada individuo a título personal”.

En nuestro país, en días pasados el Ministerio de salud emitió la Resolución N° 2665 de 2018, que reglamenta los artículos 5 y 10 de la Ley 1733 de 2014, que contempla el derecho de los pacientes de acceder al documento de voluntad anticipada, cuando se esté ante enfermedades crónicas, terminales, irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Dicho documento tiene algunos elementos generales y luego da unos lineamientos de forma frente a la estructura propia del documento. Dice que la voluntad anticipada es “para cualquier persona capaz, sana o enferma en pleno uso de sus facultades respecto a no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona garantizando el cumplimiento de dicha voluntad”.

Desde el ethos de la profesión médica no existe por definición ningún procedimiento o tratamiento innecesario que pretenda prolongar la vida de los pacientes. Ningún médico estudió o se forma para eso.

Lamentablemente existen enfermedades que, por su compromiso sistémico y complejo, requiere en ocasiones medicamentos, procedimientos o cirugías que buscan salvar la vida, pero debe ser con proporcionalidad y basados en , evidencias, que los respalden y que, por sus características, asocian efectos adversos, síntomas o técnicas invasivas.

La pregunta es si lo que se privilegia es la autonomía del paciente, basada en la realidad de la enfermedad y el patrón de oro de su correspondiente tratamiento, o estamos favoreciendo la angustia de sufrir frente a la enfermedad y enfrentar un complejo y difícil tratamiento.

Pensar que la autonomía es suficiente en la toma de decisiones médicas es pensar que el deseo define el manejo médico y no la evidencia científica. Es respetable y jurídicamente posible, pero no siempre es la mejor elección.

Cuando en lugar de ver la solución en términos jurídicos, decidimos enfocarla desde la persona humana como sujeto de los cuidados y razón de protección íntegra de la vida, bien vale un tratamiento médico científico con proporcionalidad, centrado en la vida y en la atención individual, personal y trascendente.

Si al momento de diligenciar el documento de la voluntad anticipada la persona es asesorada por su médico tratante con una visión ética y respetuosa, se podrá entender el alcance real, científico y humanista de ese documento.

Con los desarrollos tecnológicos, los nuevos tratamientos mínimamente invasivos, las nuevas moléculas de medicamentos, es posible hacer comprender las oportunidades que se relacionan con el final de la vida; además, es clave resaltar la importancia y bondad de los cuidados paliativos; de esta manera se podrá entender el alcance real, científico y humanista de ese documento.

No es un documento para “me desconecten”, porque la enfermedad es cambiante. No es un documento para que ante la enfermedad sencillamente no me traten y menos un documento para que sea retirado por mis familiares de una unidad de cuidado intensivo para que nadie sufra.

Toda enfermedad implica un sufrimiento y nunca sabremos con precisión cuándo ni de qué vamos a morir, pero unos y otros estamos en la obligación de buscar las mejores alternativas bioéticas en la enfermedad.

Finalmente, también, es posible dejar en ese documento como testamento vital que se respeten nuestras creencias y forma de ver la vida y su final.

En un país con tradición cristiana no podemos negar esa realidad. Entonces, podemos pedir en ese documento el acceso a servicios religiosos, cualquiera que sea el credo que profesemos, que no seamos objeto de encarnizamiento terapéutico, pero que, tampoco, objetos de eutanasia activa, que  nos permitan los cuidados paliativos y que el fin de nuestras vidas  se de bajo nuestras  , en compañía de nuestras familias.

De esta manera, ese testamento vital tendrá un marco antropológico de decisiones que aseguren el respeto de las personas, su cuidado y absoluta dedicación por parte de los grupos asistenciales, considerando siempre e irrefutablemente la sacralidad de la vida en el momento de la muerte.

 

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