Más allá de la medicina

Publicado el jgorthos

LA PENALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA: LO ABSURDO DE UN INEFICENTE SISTEMA

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«Colombianos las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad.» (Congreso de Cúcuta , 30 de agosto de 1821)

 

Pareciera que esta frase del General Santander nos ha condenado a un devenir histórico en esta República donde estamos indeclinablemente enfrentados a creer que las leyes deben impregnar toda acción ciudadana y todo arreglo a un problema nos hemos querido convencer que solo  es cuestión de hacer una nueva ley y todo queda solucionado ; y  el mejor ejemplo es el  del sector salud ; donde el exceso de regulación nos ha llevado a laberintos interminables que en lugar de mejorar la salud de los colombianos nos lleva a los jueces, a las tutelas , a las demandas y con mayor sofisticación a las liquidaciones , creación de nuevas empresas y esguinces al sistema que logran “legalmente” objetivos non sanctos.

Se ha declarado que la salud es un derecho y hemos celebrado esa nueva ley sin tener claras las  implicaciones fiscales, civiles, de salud pública y todos los nexos que se generan a nivel del país.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El declarar la ley sin acciones coordinadas, sin visión de conjunto, sin sustento de realidad ha generado una caída de fichas de dominó que nadie pensaba y que ahora sigue demostrando que no hay suficiente dinero para campañas específicas, que el perfil epidemiológico de Colombia es diferente y no parece que logremos estar preparados para afrontar estas nuevas realidades.

Se deben hacer redes de atención, pero hay zonas del país que no logran una verdadera articulación de redes por carencia de mínimos en su infraestructura, en otras regiones el aseguramiento ha sido objeto de escándalos por corrupción o en otra prima la integración vertical que da posición dominante a las EPS frente a las IPS y hace difícil una eficiente prestación de los servicios de salud.

Según la Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas ya rompimos la barrera de los 8 billones de pesos que el Estado les debe a las IPS a través de las EPS y lo grave es que el 66% de esa cartera es morosa.

El pasado mes de mayo firmando el procurador general de la nación y el contralor presentaron ante el senado un  proyecto de ley que intenta ante la negación del acceso al servicio por parte de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud o de las entidades exceptuadas, estableciendo tipos penales y sanciones disciplinarias que articuladas con el control fiscal, generen resultados contundentes garantizando el derecho a recibir una atención en salud oportuna y eficiente, y protegiendo de manera especial los recursos públicos asignados para la atención de este derecho.

¿Que es “negación del acceso al servicio”? Donde la ley estatutaria garantiza la salud como derecho todo lo contrario en tiempo, modo y lugar será o podrá interpretarse como una vulneración de este derecho y allí esta nueva ley sancionará a Tirios y Troyanos.

La ley quiere entonces sancionar penalmente a representantes legales, miembros de las juntas directivas que en IPS o en EPS sean considerados participes de la obstaculización en la prestación de estos servicios de salud. El proyecto de ley recuerda la ley 100/93, por supuesto la ley estatutaria 1751 /2015 y comenta brevemente que las tutelas interpuestas en 2015 fueron 151.213 acciones de tutela, el 83,6% de las cuales, fueron resueltas a favor de los demandantes y dentro del 16,4% restante se encuentran en su mayoría, las negadas por hecho superado.

El espíritu de la ley es asegurar como sea la prestación y conminaría entonces a los directivos del sector salud a evitar esas barreras de atención de lo contrario estarían ad portas en las prisiones listos para ingresar.  ¿ Se da por hecho que los miembros de las juntas directivas son los responsables de las demoras en la atención al derecho de la salud de los colombianos?

Como garantizar entonces esa prestación efectiva , eficiente y con calidad con una  red hospitalaria pública frágil y carente de capacidad de atención, como lo mencionaba las EPS ya están debiéndoles a hospitales clínicas cifras salidas de toda perspectiva.

El  país no tiene un modelo de salud que logre por diferentes vías asegurar promoción y prevención y niveles de atención primaria y así controlar grupos de enfermedades que afectan actualmente a los colombianos.

La mayoría de las atenciones terminan haciéndose de manera tumultuosa, demorada y deficiente por los servicios de urgencias. Posteriormente todo se quiere definir por especialistas que el país no cuenta de manera suficiente a lo largo y ancho de su territorio pues la formación del recurso humano en salud está mayoritariamente en manos de las universidades privadas que tienen pocos y escasos cupos por año.

Hoy el ADRES (administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud) no está logrando los pagos suficientes y a tiempo por temas del pasado y por otro lado parece que algunas IPS han demandado esta entidad lo que la paraliza de manera casi inmediata.

Con este sucinto análisis no será que los que deben ser sujeto de investigación penal son los directivos de entes territoriales, el ministerio de salud, el superintendente nacional de salud , el ministerio de hacienda etc. ?Quienes por falta de políticas, estrategias , recursos financieros, vigilancia y control estén favoreciendo lo que la ley nueva quisiera castigar.

Seguimos haciendo más y más leyes creyendo que es así como se mejora el sistema de salud y que con esto la morbi-mortalidad se va a controlar. Para los ponentes de la ley les confieso que eso se logra con mejores campañas de salud pública, con nuevos centros de atención primaria, con la formación a mayor escala de especialidades médico-quirúrgicas. ¿Entonces honorables senadores antes de aprobar otra carga legal que enrarezca aún más el ambiente de trabajo en el sector salud, les pido que se dediquen a garantizar la accesibilidad, la calidad, la formación de mayor número de especialistas, redes eficientes de atención, un balance entre la integración vertical y las IPS y que se paguen los servicios prestadores pues como pretenden que se dé el mejor servicio si las restricciones empiezan por el flujo de recursos en cabeza del gobierno nacional?

Por favor no más leyes que enrarezcan el sector y que pretenden hacer cumplir lo que ya hoy se debería estar regulado y que por carencias de vigilancia y control hemos visto corrupción, ineficiencias, y en definitiva un servicio sin adecuada calidad. ¿  Sera que con las cárceles ahora llenas de directores de Hospitales , miembros de juntas directivas de clinicas y de las EPS se mejorará el problema estructural del sector salud ?

No parece que estas leyes nos estén dando la anhelada libertad del general Santander ;  pues parecen ser más bien un maquillaje  político ante tan compleja situación. Es como si la conspiración septembrina estuviera fraguándose ahora contra la salud.

 

 

 

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