En la Gaceta del Congreso del pasado 14 de junio se muestran los avances del proyecto de ley 62 / 201, que quiere re definir el sistema de seguridad social en nuestro país.
Como ciudadano elector y actor de dicho sistema me acerqué a echar una mirada a las iniciativas legislativas relacionadas con la salud. Desprevenidamente quise saber qué proyectan nuestros congresistas para lograr la plena seguridad social de los colombianos.
Entonces, me pareció interesante revisar el mencionado proyecto.
Lo primero que debo advertir es que este tema representa un rédito político de capital importancia para los políticos. Y cuando digo de capital importancia, me refiero no solo al caudal electoral, sino, también, a los jugosos intereses económicos que se mueven en el sector de la seguridad social.
Entender la realidad de la relación salud-enfermedad en un país como Colombia es un reto multidimensional, que supera las quejas o molestias de las redes sociales.
Como no soy socio de ninguna empresa promotora de salud (EPS) ni dueño de una institución prestadora de salud (IPS), declaro que no tengo conflicto de intereses. Pero, como médico y director de una IPS, puedo opinar al respecto.
El texto del proyecto plantea un cambio en el sistema actual y toca temas de impacto tanto para el ciudadano de a pie y para las empresas de salud.
En los artículos 5 y 15 se menciona la creación de Gestores Integrales de Salud (GIS), cuyas funciones no son claras; como gestores no tiene funciones de aseguramiento y gestión del riesgo, tampoco de financiamiento.
El pago a las GIS sería un mix entre fijo y variable, donde el variable dependerá del número de tutelas falladas en contra o de del total de quejas efectivamente sustentadas.
Esto demuestra el desconocimiento sobre el concepto “prestación de servicios de salud”. Por un lado, las tutelas no son objeto de las oficinas de PQR (peticiones, quejas y reclamos), sino un mecanismo constitucional que busca garantizar derechos fundamentales.
Claro que vía tutela hoy muchos ciudadanos han logrado elementos o medicamentos no contemplados en el plan básico, que se les asignen otras garantías como hoteles, transporte, cambios arquitectónicos en sus hogares, elementos de última tecnología no aprobados por el Invima, cirugías estéticas o citas médicas que no son prioritarias.
Sería una torpeza asociar los ingresos operacionales a una entidad, basándose en las estadísticas de quejas y tutelas. Los desenlaces en salud y la función de la gestión del riesgo frente a los pacientes serían nefastos.
No se entiende tampoco porqué las GIS tendrían que cumplir tareas financieras si, en principio, ya no tendrían que asegurar recursos para la prestación del servicio, pues no tendrían la labor de aseguradores.
No hay claridad sobre el NO plan básico de salud (NO PBS) y mucho menos lo que sucederá con el flujo desde el ADRES a la plataforma de MIPRES. Este capítulo no es menos importante, pues históricamente es el que ha afectado de manera importante al sistema.
Justamente fue el flujo de recursos una de las promesas electorales del gobierno actual. En plazas públicas y en entrevistas a los medios de comunicación el hoy presidente Duque prometió la famosa ley de punto final con la que pretende entregar aproximadamente 8 billones de pesos para el sistema de salud.
Ese proyecto prohíbe, además, asociaciones entre las GIS y las IPS, lo cual implica una afectación de la libertad de empresa.
También se crea una “comisión”, que estaría integrada por todos los representantes del sector salud, y que regularía la creación o supresión de las redes de atención. Imagínense los conflictos de intereses y los riesgos en prácticas de mercado y mercadeo que pueden darse en todas las regiones del país.
Por último, el impacto fiscal, quizás es el más grave, en palabras del Ministerio de Hacienda, sería tremendo; “una carga financiera excesivamente alta con repercusiones directas sobre el Presupuesto General de la Nación”. No se prevén ni se cuenta con los recursos a mediano ni a largo plazo, por lo cual no se vislumbran mayores beneficios para los colombianos.
En general, este proyecto me parece que representa un ejemplo de incoherencia conceptual y de franco desconocimiento del sector salud. Si se llegara a aprobar tal como está el texto, el remedio resultaría peor que la enfermedad.
Por lo anterior, es importante que, cuando elijamos a nuestros representantes, busquemos personas idóneas, responsables, formados y preparados, para que cuando se dediquen a proponer cambios legislativos tengan el impacto que el país necesita y no queden en politiquería rampante. Algo así como lo sucedido con los once millones de firmas contra la corrupción, que solo despertaron risas burlonas en los congresistas de marras, los que todo el país conoce por sus andanzas y ejecutorias.
Ahora que estamos en época pre electoral, no permitamos que ciertos congresistas tomen como pretexto electoral nuestro sistema de salud que, a pesar de los menguados recursos que le provee el Estado, ha salvado vidas, ha mejorado la calidad de vida y salud de millones de colombianos y que, contra viento y marea, es de los mejores sistemas de seguridad social de América Latina.
En resumen, este proyecto ni convence ni servirá para superar lo que actualmente tenemos.