En el 2011 empezó la iniciativa del gobierno por atacar la corrupción imperante en el sistema general de seguridad social en salud. A través de ruedas de prensa, desde el Palacio de Nariño se mencionaron cifras del costo de la corrupción, se anunció la apertura de investigaciones, se irrumpió en algunas Empresas Prestadoras de Salud (EPS), se decomisaron discos duros, computadores y hasta hubo capturas.
Posteriormente se intervino a Saludcoop, entidad sobre la que existían indicios que sustentaban esa medida cautelar, se nombró un interventor y, así, empezó la historia de la intervención más grande hecha a una EPS.
Según los usuarios después de estos anuncios, la atención empezó a deteriorarse; sin embargo, la prestación continuaba, los contratos se realizaban y al interior de esa entidad había dos líneas de mando: la antigua y la nueva administración.
Año tras año, por decreto se fue prorrogando dicha intervención y nada sustancial pasaba.
Mientras tanto en Colombia crecía otro fenómeno: el incremento logarítmico de la cartera en el sector salud. Si existe un sector “regulado” y lleno de normas, con cambios casi mensuales, es el de la salud. Las leyes, los decretos, las resoluciones y las circulares siempre están al orden del día.
Pero todo indica que es solo el espíritu teórico de la ley. En la práctica, si el gobierno, a través del Fosyga, por alguna razón se demora en hacer el giro de compensación, de ahí en adelante el pago a las clínicas y hospitales sufre el consabido retraso, aunque estas ya han prestado los servicios y, por lógica de vasos comunicantes, los proveedores, también, terminan afectados. Y nadie dice nada.
Otro aspecto que incidió e incide en el bienestar del sistema de salud es la figura del ministro de salud economista. El planteamiento es el siguiente: la salud por representar 7 puntos del producto interno bruto es manejada por un economista. Y en el caso actual, sin duda alguna, de los mejores del país.
En este orden de lógica financiera se definió controlar el “desbordado” gasto de la salud, salpicado de corrupción, y galopante descontrol en el uso de los recursos.
Así, poco a poco, fueron apareciendo más decretos reglamentarios, con el fin de parar el elevado gasto en salud. Se controlaron los insumos cardiovasculares, se fijaron precios a medicamentos de control, se establecieron peleas altruistas entre el precio de la molécula producida por una multinacional farmacéutica norteamericana valorada en una calle de Wall Street, en Nueva York, y esa misma molécula en una calle de San Victorino, en Bogotá.
Se descubrieron los llamados carteles de la salud; aparecieron los capos políticos que se habían tomado regiones y que, con nombres de fachada, lograban demostrar la prestación de servicios costosos para el tratamientos de enfermedades que estaban fuera del plan. De esta manera se estableció que cifras escandalosas salían del sistema de salud y muchas veces ni siquiera se atendía a los pacientes.
Y mientras esto sucedía, la cartera seguía subiendo, a pesar de los esfuerzos por mantener al día los giros o de contener pagos en algunas áreas y favorecer otras. Algo muy parecido a lo que ocurre en el sistema circulatorio, cuando se clampea una gran arteria y el flujo dejaba de llegar a las extremidades. Así con este símil no había forma de moverse adecuadamente.
En medio de este panorama, después de mesas de trabajo, reuniones en muchos escenarios públicos y privados, se promulgó la famosa Ley 1751 de 2015, conocida como la “Ley Estatutaria”.
Cuando Juan Luis Londoño (Q.E.P.D.), ministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fusionó los ministerios de salud y trabajo, decía que con la vigencia de la Ley 100 de 1993 se lograría la plena financiación de la salud por vía diferentes y con modelos compartidos de riesgo y de gasto de bolsillo, nunca imaginó la cruda realidad que hoy tenemos y nunca contempló la plena realidad de la salud, ni mucho menos tuvo en cuenta los desarrollos y aportes de la ciencia y la tecnología.
No se proyectaron los cambios epidemiológicos de enfermedades de alto costo en nuestro país, de manera que pudiera balancear ingresos versus gasto; gasto que creció y crece, porque la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos, amparado por nuestra Constitución.
Además, y para sumarle más cifras al meguado presupuesto de la salud, las altas cortes declararon constitucionales los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto y el derecho a la eutanasia, derechos qué en la práctica exigen procedimientos costosos. Pero al declarar el derecho a la salud sin limites claros se abren puertas de gastos que no sabemos como se irán a cubrir.
Así las cosas, bien sea por vía normal, tortuosa en ocasiones, o mediante tutela todos tenemos acceso a la salud, con todo incluído, pues el famoso POS desaparece ahora. ¿Todo? Si prácticamente todo. Excepto lo estético, suntuario y medicinas no demostradas científicamente.
Lo preocupante es que en nuestro país los tratamientos para enfermedades de mayor prevalencia (cardiovaculares, cáncer, enfermedades metabolicas) cada vez son más costosos.
Y el círculo vicioso se disipa aún más porque los colombianos tienen la convicción de que sus aportes al sistema de salud se convierten en un ahorro al cual tienen pleno derecho en caso de cualquier enfermedad. Y eso no es así.
Y para ponerle la cereza al pastel ¿en que va la tragicomedia de Saludcoop?
Años de intervención, pérdida del valor de la empresa, pérdida del número de afiliados, depreciación de los activos, red de hospitalaria prácticamente ausente y la sonada venta con medida cautelar, que no permite perfeccionar esa operación.
El grupo proponente de hospitales y clínicas privadas promete algún día pagar las deudas de Cafesalud con la UPC (unidad de pago por capitación), que en el futuro le transfiera el gobierno y con el dinero que proponen capitalizarían una parte y entrarían en operación. Dicho de otra manera, en una posición colaborativa esperan poder cumplir a futuro.
Las clínicas, hospitales y proveedores, que son acreedores, ven que algo se les pagará de Saludcoop, pero nadie da razón de los dineros del Cafesalud viviente, que se quedará con los pasivos y creará otra EPS. Esperemos la decisión del juez que tiene a cargo de semejante problema.
En fin… Esta realidad tan compleja nos tiene en vilo, no sabemos qué pueda pasar en los próximos años en Colombia. Quizá, vía tributaria, se pueda equilibrar el presupuesto de la sistema salud, para hacer sostenible este complejo sistema.
Entre tanto, unos y otros, seguimos con los mismos controles débiles heredados de la Ley 100, con la inoperancia de tantas normas, haciéndole frente a la corrupción, al incontrolable gasto y a las reformas políticas que prometen maravillas
Mejor dicho, ¿ahora quien podrá defendernos?