Reactivación del peaje de Turbaco, una injusticia social

Esta es una posición personal que en nada representa al ente para el que trabajo. Lo hago como ciudadano preocupado. Soy doliente y no me permito callar ante una situación compleja, mi hijo y su madre son turbaqueros, estudian y trabajan en Cartagena. Tengo grandes amigos allí y conozco de cerca la situación y el contexto.

Espero que por favor alguien en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- lea estas líneas, pues lo hago desde la honestidad, la razón y el argumento serio y ponderado.

Estoy de acuerdo con la ANI y el ministro de Transporte, William Camargo, con que los peajes son y han sido una herramienta fundamental para la financiación de obras de infraestructura víal en el territorio nacional. Eso, por lo menos para mí, no tiene discusión. No obstante, se le ha dado largas, desde el legislativo, a un debate pertinente que debe girar en torno a tres asuntos puntuales y que nada tiene que ver -por si acaso- con estar en contra del desarrollo de la infraestructura del país.

1. Los peajes concesionados deben contar con una tarifa diferencial para las comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos. Caso Turbaco.

2. Que entre un peaje y otro haya una distancia mínima de 150 kilómetros.

3. Que los incrementos en las tarifas no sean superiores al IPC del año anterior, y que los municipios y distritos no puedan establecer peajes internos. Caso Cartagena.

Pero volvamos a Turbaco. Y esto va dirigido al Ministro Camargo Triana, a quien percibo como un funcionario reflexivo, serio y con sensibilidad social. Ministro, usted y la ANI están midiendo este asunto con un racero tipo y sin enfoque diferencial; y como dicen los abogados, cada caso es un caso y el diablo está en los detalles. Si ustedes pensaran al peaje Turbaco en clave de justicia social, estoy seguro que le darían un abordaje más preciso y conveniente. Pero no.

Ministro: el peaje de la discordia se ubicó allí hace más de 10 años para pagar la doble calzada que va hasta Arjona, eso usted lo sabe. La TIR se alcanzó, es decir, ya se pagó por la obra. Pero las casetas quedaron en la mitad de dos municipios dormitorio con población flotante, que en su mayoría gana menos del mínimo y que transita permanantemente por la Troncal para llegar a Cartagena a sus trabajos e instituciones educativas. Hay quienes lo hacen hasta 4 veces al día. Dentro de la estructuración financiera del corredor de carga Cartagena – Barranquilla, que contaba con el recaudo de los peajes de Turbaco, debieron tener en cuenta esta particularidad que no es asunto menor. Entre otras, porque cuando se propuso, en su momento, no había clima social ni circunstancias de coyuntura para decirles a estas comunidades recién salidas de un confinamiento por pandemia, en recesión, con sus economías lastimadas de lenta recuperación, con la canasta familiar por las nubes y con la gasolina al alza, que tenían que seguir pagado por una obra que, en perspectiva, no les corresponde.

El sentimiento antipeaje, germinado por la concesión leonina que nos querían imponer en Cartagena a través de los peajes internos, alimentó el fervor de miles a oponerse a tal injusticia en Turbaco. Gobernar es calcular, pensar, planificar, hacer control de daños, adelantarse a los acontecimientos para saber cómo y cuándo proceder, para así, aumentar el margen de maniobra y disminuir el de error. Soy consciente, por supuesto, que la obra debe mantenerse y es costoso para el municipio, si es que se encargara de hacerlo. Un peaje social hubiese estado bien, mil, dos mil pesos, por lo menos de bajada. Pero hasta ahí. Poner a pagar a estas comunidades por otra obra, por lo menos desde lo comunicacional, es un error de procedimiento estratégico.

Ministro, estamos en un punto de no retorno. Evite por favor un estallido social. 5 mil pesos representa la comida diaria de una familia en estos dos municipios. Nadie pagará un sólo peaje y para los manifiestantes no hay puntos medios, ni mesas de concertación que haga que la gente dé su brazo a torcer. Pregúntele al Presidente Petro qué hacer, él es consciente de lo que prometió en plaza pública a los turbaqueros en campaña. Aquí no van a aceptar discusiones con términos como “cierre financiero”, “estructura financiera” o “desequilibrio contractual”, la gente quiere escuchar, al respecto, soluciones de fondo. Aplazar una decisión definitiva, es dilatar una tragedia social en ciernes.

Invito a la ANI, al Ministerio de Transporte y los gobernantes de Turbaco y Bolívar, a dialogar pero con base en un contexto claro y que permita buscar soluciones en perspectiva, en clave de justicia social y con base en la realidad socioeconómica de todos los municipios del norte de Bolívar, impactados por esta obra que, en honor a la verdad, tanto beneficio nos ha traído. Un gobierno de corte social, piensa primero en la gente.

Juan Diego Perdomo Alaba.