Pena de muerte vs. Cadena perpetua

Creo que, para opinar sobre lo contencioso del tema, habría que hacerlo separadamente dentro de los ámbitos legal, moral y económico. Cualesquiera de los tres difíciles de confrontar, polémicos con públicos en contra y a favor, y al final, es una decisión personal. El problema es que, nos contunde a todos como sociedad.

Los sistemas legales en el mundo son ambivalentes en cuanto a la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los delitos que conllevan la pena de muerte a nivel federal están contemplados en el capítulo 18 del USC – 40 estatutos relacionados con el asesinato de otro – uno con espionaje, y dos más – uno de ellos relacionado al tráfico de drogas en cantidades grandes – y el otro, relacionado con la matanza de algún testigo, jurado u oficial, tocante un juicio contra la atribución de una empresa comercial criminal.

A nivel estatal se ejecuta también con 31 estados a favor y 19 en contra; en 4 de ellos, Colorado, Oregón Pensilvania y Washington existe una moratoria en su aplicación. El tema es diverso, con una profundidad como la del océano y en pocas palabras, su ejecución tan compleja como la propia vida.

En Colombia la prohíbe el Artículo 11 de la Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable.” Suena bien como derecho constitucional, ¿cierto? Pero hay ciertos delitos repugnables que remueve entrañas a cualquier ser pensante, como los delitos sexuales cometidos con la niñez que conllevan a su muerte, o cualquiera – a la hora de la verdad – que tenga que ver con asesinatos de niños. Este tema lo trajo a colación en el 2015 el tal controvertido General Rodolfo Palomino cuando el asesinato de los cuatro niños en Caquetá, pero encontró resistencia de parte del mismo gobierno.

La máxima pena en Colombia es de 60 años de cárcel, porque tampoco existe la cadena perpetua. Sin embargo, una condena de 60 años podría significar una sentencia de muerte camuflada, dependiendo de la edad del condenado.

Desde el punto de vista moral – que implica tácitamente el religioso – nos proyecta inmediatamente a la Biblia, quien en el Antiguo Testamento especificaba patentemente su aprobación en Éxodo 21:12 (asesinato), 22:16 (secuestro), 22:19 (relación sexual con un animal), Levítico 20:10 (adulterio), y no importa cuál traducción o versión se use, todas la transcriben como aceptación. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el simple hecho de ser humanos y pecadores, nos condena a la pena de muerte, Romanos 6:23.

Inverosímil que el libro de Dios, promulgue un testimonio hacia la tolerancia por la pena de muerte, por pecados tan simple como el de poseer la vida. ¿Cuál debería ser nuestro entendimiento al discernir sobre los delitos que deberían ser castigados con la pena de muerte? ¿Una tan salvaje como el de aquél que mata?

El punto de vista económico es otro. ¿Cuánto le cuesta al estado mantener a un individuo en Colombia que es penalizado con 60 años de cárcel? Según Semana en el artículo, “¿Cuánto le cuesta un preso al país?” publicado en septiembre 16 del 2014, dice que es de $13.336.449 anualmente. Multiplique esa cantidad por 60 años, ese individuo le costaría al gobierno $800.186.940 sin incluir inflación. Es una cantidad exorbitante, ¿no les parece?

Pero este artículo no incluye costos de cuando un reo requiere atención especial, como es el caso de Rafael Uribe Noguera, quien está separado de los otros presos (que piden a gritos que lo pongan con ellos) por temor a represalias en su contra. Requiere vigilancia 24 horas al día, comida especial y atención en su preparación.

No importa qué lenguaje se utilice, el leguleyo, el religioso o económico, como pertenecientes a un estrato socio-económico, debemos afrontar que ciertos actos criminales – como los cometidos contra la niñez – requieren un discernimiento mucho más allá de la comprensión rutinaria de la vida. Pero desafortunadamente intereses económicos e imposiciones religiosas, controlan decisiones de esta envergadura imponiéndonos criterios que debemos aceptar como tal.

Esta columna se trata de mi opinión; y como en ocasiones anteriores, he manifestado que no tengo el conocimiento ni estudios suficientes para promulgar lo que voy a decir; pero es eso precisamente, mi opinión: Si la decisión de la condena de Rafael Uribe Noguera estuviera bajo mi poder, lo pondría con los otros presos bajo la condición de que no lo mataran, pero que hiciesen con él, lo que les viniese en su gana, y así terminaría condenado penal, moral y económicamente.