#14FLuzPorLaJusticia
En medio de un clima de inquietud con la agenda revanchista del nuevo gobierno respecto a los avances logrados con el acuerdo de paz que tanto penó por concluir el anterior mandatario, Colombia cerro su calendario político 2018 con varios sinsabores: una fallida consulta anticorrupción, una serie de nombramientos impresentables (Alejando Ordoñez, Claudia Ortiz, Eva Uribe, entre otros) y la inocentada de una “ley de financiamiento” que en detrimento y a espaldas de los colombianos fue aprobada el pasado 28 de diciembre.
La larga lista de desaciertos del presidente Duque en sus primeros meses de gobierno no le permitieron una luna de miel con su electorado, sino que lo ubicaron en unos márgenes de prematura impopularidad sin precedentes. La avalancha de motivos de indignación para los colombianos ha sido tal, que imperioso se ha vuelto canalizar ese sentimiento de frustración colectiva hacia la defensa de los valores democráticos fundamentales como muro de contención que, además, prevenga otra avalancha de desastres…
La punta del iceberg de la corrupción de nuestras instituciones democráticas, invisible por el conflicto con las Farc y el accidentado proceso de paz, salió a flote gracias a la terca permanencia de Nestor Humberto Martinez en el cargo de Fiscal General. Su atrincheramiento en el cargo, con la protección y/o silencio cómplice de gran parte de la clase política involucrada en ese escándalo, amenaza tanto la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación como la confianza y credibilidad en las salidas jurídicas a la crisis política que el mismo ha desatado.
El espectro político colombiano en esta coyuntura vislumbra el posicionamiento de dos fuerzas políticas divergentes más allá de partidos y tendencias. De un lado, la de los movimientos políticos tradicionales que por acción u omisión se encuentran rodeando el nuevo gobierno, atendiendo el “llamado a la unidad” requerida para garantizar los márgenes de gobernabilidad. De otro lado, las ciudadanías libres, de centro e izquierda, que penan para unir esfuerzos y ejercer de manera eficaz su derecho a la oposición política.
La ausencia de garantías al derecho fundamental a la oposición consagrado el Art 112 de la Constitución política, se ve reflejada en varios aspectos fundamentales: 1) el aumento vertiginoso del asesinato los líderes sociales de los sectores alternativos y de los defensores de derechos humanos, al cual se suma la parsimonia al parecer deliberada de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la hipótesis de la sistematicidad de estos crímenes. La Fiscalía se ha centrado en encontrar los responsables materiales individualmente, sin indagar y poner freno a los instigadores que fomentan dichos asesinatos mediante la estigmatización y los discursos de odio e irrespeto a la diversidad política. 2) El incumplimiento de las garantías políticas otorgadas por el acuerdo a los miembros de las desmovilizadas Farc 3) La manifiesta falta de voluntad política para dar cumplimiento a los acuerdos de Paz 4) La negativa del CNE de otorgar personería jurídica al movimiento que representa “electoralmente” la mayor organización de las fuerzas políticas alternativas, así como a otros que como el nuevo liberalismo pretenden reconstituir una alternativa política. 5) El agotamiento de los procedimientos jurídicos de control, protección y garantía con un fallo de tutela mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no proteger los derechos políticos de la Colombia Humana; el rechazo del Consejo de Estado a la demanda de nulidad presentada contra la elección de Nestor Humberto Martinez por parte del Colectivo Dejusticia. 6) La persecución sistemática a los ciudadanos que ejercen eficazmente algún medio de oposición política (Censura, estigmatización, persecución, vigilancia) secundado por el silencio taimado del gobierno.
Este contexto de confusión permanente que evidencia el retorno de las “Aguilas Negras” junto a la posición irresponsable de un gobierno que facilita la eventual intervención militar a la hermana república de Venezuela, nos indica que aún, todo puede empeorar. Es por ello, que los ciudadanos libres debemos recurrir a la sensatez y a la inteligencia colectiva. Si unos cuantos quieren volver a los tiempos de la “seguridad democrática”, esos cuantos ya no cuentan con mayorías ciudadanas que los sigan. Con Cada desatino del gobierno sus bases diezman más y más.
Sin garantías para ejercer el derecho fundamental a la oposición, queda la posibilidad de articular la disidencia. Sabemos que las cortinas de humo seguirán siendo directamente proporcionales al blindaje que pretenden y necesitan darle al fiscal. Razones sobran para persistir, resistir, insistir y no desistir en su renuncia y para exigir el nombramiento de un funcionario que cuente con la credibilidad de la ciudadanía y no con la de garantía de impunidad de los intereses económicos y políticos de una minoría beneficiaria de grupo Aval.
Como ciudadanías libres, demócratas, respetuosas de la Constitución y conscientes de nuestros derechos, estamos dispuestas a seguir movilizándonos con nuestras linternas enfocando al rostro de Nestor Humberto Martinez para liberar a la justicia del manto de oscuridad que le tiende su permanencia en la Fiscalía. La invitación es a unirnos el próximo 14 de febrero, al gran paro nacional exigiendo: 1) RENUNCIA DEL FISCAL GENERAL, 2) Esclarecimiento de los hechos del cobarde atentado en la Escuela General Santander 3) Garantías para nuestros líderes sociales y 4) No a la Guerra y si a la búsqueda de una salida dialogada en Venezuela.
Post-scriptum: Es evidente el factor común en los casos de corrupción más grandes de Colombia. Mientras nuestro Presidente se concentra en los asuntos internos de Venezuela, a los colombianos nos toca mantener un ojo en Odebrecht y otro en Hidroituango.