Los que sobran

Publicado el

La censura a Donald Trump ¿un triunfo democrático o un arma de doble filo?

Desde hace muchos años me intereso en los orígenes, alcances, límites y principales desafíos que enfrentan los derechos fundamentales, para que más que cartas de triunfo frente al Estado y el poder arbitrario puedan ser cartas de triunfo frente a todos aquellos que se encuentren en situación de poder, lo que por supuesto incluye los poderes salvajes (en palabras de Luigi Ferrajoli) del mercado, del sector de las comunicaciones y en general del sector privado. Si bien es cierto a partir del supuesto de la libertad e igualdad natural entre los individuos, las relaciones sociales pueden ser en principio reguladas por la autonomía privada, la realidad de la sociedad demuestra la existencia de una concentración material y una monopolización cada vez mayor del poder social, económico e informativo en algunos sectores transnacionales que escapan en buena medida por no decir por completo, al poder de regulación por parte de los Estados, relativizando las condiciones de equidad y el margen de libertad que debe existir entre los individuos y limitando el margen de acción del propio Estado de cara a unos poderes hegemónicos supraestatales.

El caso Donald Trump sienta un precedente que amerita ser analizado con algo de distancia. Distancia, que difícilmente permite la emotividad predilecta en las redes sociales donde fácilmente se tergiversan mensajes que, sin pretensión de ser concluyentes, terminan siendo malinterpretados desviando por completo el sentido de las ideas y los debates.

La libertad de expresión piedra angular de la democracia, como todo derecho fundamental tiene límites. Límites, que han sido ampliamente desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia que a grandes rasgos determinan que no se puede a través de ella, incurrir en delito o afectar gravemente y sin razón alguna otros derechos fundamentales. Sin embargo, no existen fórmulas matemáticas que permitan determinar cuando esos límites son sobrepasados. Cada caso debe ser analizado en concreto, so pena de limitar su ejercicio de manera arbitraria, de lo contrario la inteligencia artificial o una maquina podrían regular a través de códigos y algoritmos la comunicación que es como el aire que oxigena los pulmones en una democracia.

Ahora bien, cabe preguntarse quién está llamado a determinar cuando esos límites son sobrepasados y el margen de discrecionalidad para impartir eventuales sanciones por hacerlo en un Estado de derecho. Dejar la tutela y la posibilidad de restricción de los derechos fundamentales a discreción de un particular, equivaldría a que cualquiera en posición de poder podría limitar a su antojo los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, convirtiéndolos en meras expectativas aleatorias sujetas a una relación de fuerzas circunstanciales regidas por intereses diferentes a la defensa de los valores democráticos. De igual manera cabe preguntarse sobre los límites de la autonomía privada, cuando están en juego funciones e intereses de carácter público, pues más allá de que para la imposición de una sanción como la interpuesta a Trump legalmente se tenga un respaldo jurídico, dadas las circunstancias sui generis del caso por los actores en juego, la legitimidad y conveniencia en términos democráticos amerita ser evaluada.

Una cosa es desear el fin de la era Trump y desear que todo ese triste y degradante capitulo, cuyo momento cúspide observamos hace pocos días en el Capitolio sea pronto historia del pasado. Otra, encontrar en la censura de las redes sociales de Trump una medida ideal para luchar contra el fascismo que, durante los últimos años, esas mismas redes, más allá de Estados Unidos han alimentado y no percibir en la discrecionalidad de los gigantes de la comunicación un tufillo de poder arbitrario que obedece a intereses corporativos, que al estar lejos de ser controlados por los Estados hace rato deberíamos estar cuestionando.

Para quienes aplauden la sanción, ella demuestra que nadie está por encima de la ley; ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos, quien aún ad portas de abandonar el poder, cuenta con el respaldo político de más de 74 millones de ciudadanos, partiendo del supuesto incontrovertible de que la sanción fue justa y apegada a la ley. El problema es que, si se llegara a determinar la arbitrariedad de la sanción, la deducción sería contrario sensu que, si se puede ejercer un poder arbitrario contra el Presidente de una potencia mundial ¿qué posibilidad tendría un ciudadano del común de hacer frente a ese poder cuando resulte arbitrario?

No se trata de defender al poderoso, fascista e irresponsable, se trata de sobreponernos al facilismo efectista y cortoplacista que nos lleva a alegrarnos por la sanción a quien representa una amenaza, para permitir preguntarnos si se trató de una decisión acertada y legítima, a partir de las particularidades del caso y a partir de sus posibles efectos.

En cuanto a las particularidades del caso:  El día de las manifestaciones en el Capitolio Facebook, Instagram y Youtube censuraron varios contenidos de Trump. En el caso de Twitter, un comunicado fue expedido exigiéndole que retirara tres tuits referentes a lo ocurrido en el Capitolio y anunciándole el bloqueo de la cuenta por 12 horas, al final de las cuales harían un bloqueo definitivo de no retirar los tuits referidos. Pero Trump SI retiro dentro del tiempo establecido los twits referidos. Al mismo tiempo Facebook e Instagram suspendieron por 24 horas su cuenta, Youtube retiro un video en el que Trump hacia a sus seguidores un llamado a la calma, al mismo tiempo que lamentaba el robo de la elección. El argumento para la censura por parte de Twitter fué que los twits de Trump tuvieron que ver con la violencia de sus seguidores contrariando las reglas de la plataforma, arguyendo “el riesgo” de una mayor incitación a la violencia… pero si se observan el video censurado y los twits de Trump en estricto sentido ninguno es un llamado inequívoco a la violencia. Trump manifiesta su indignación e invita a marchar al Capitolio de manera “pacífica” y “respetando las fuerzas del orden”. Una duda razonable sobre un exceso por parte de la plataforma en el caso concreto resulta legitima, si se tiene en cuenta que la disputa entre Trump y los gigantes de la comunicación viene de tiempo atrás y que frente a los mensajes cuestionables e incluso más violentos e intolerantes de Trump desde las pasadas elecciones se había actuado de manera permisiva.

En cuanto sus posibles efectos:  Si bien es cierto muchos demócratas claman por una moderación rigurosa de las plataformas de internet para luchar contra los discursos de odio y la proliferación de fake news y han saludado en ese sentido la medida tomada por Twitter, han sido también muchas las voces de políticos y analistas entre quienes podríamos destacar a Angela Merkel, el Comisario Europeo Thierry Breton o el Ministro de la Economía de Francia Bruno Le Maire, para quienes esta decisión resulta problemática para las libertades fundamentales que no deben ser limitadas por una empresa con base en criterios privados sino según lo establecido por el poder legislativo. El surgimiento de un control paternalista ejercido por un ente privado con criterios y procedimientos enteramente facultativos, nos arriesga en últimas a una orientación de la información que emitimos y que recibimos.

Por otra parte la censura definitiva de quienes emitan expresiones chocantes, provocadoras, contrarias a nuestras afinidades o que se encuentran en zonas grises entre lo que puede y no ser tolerable, antes que permitir el diálogo democrático tendiente a superar las diferencias y a mantener unos mínimos de comunicación necesarios para la convivencia pacífica, fomentaría el reforzamiento de burbujas informativas, guetos, y mayores fraccionamientos sociales, que pueden conllevar rápidamente a graves problemas de orden público y de convivencia. Nada más indeseable que esa idea que toma carrera de integrar plataformas virtuales como “parler”, entre afines políticos, totalmente desconectados de sus contrarios, puesto que facilitaría escenarios de enfrentamiento social, desconfianza, tensión y sería caldo de cultivo para mayores y peores violencias.

Así como está demostrado que el prohibicionismo, el punitivismo y medidas como la cadena perpetua no son eficaces para luchar contra el delito, la censura definitiva de quienes representan o personifican la punta del iceberg del extremismo político, podría constituir más que un instrumento de lucha contra los discursos de odio y el fascismo, un verdadero riesgo para la estabilidad democrática.  Los discursos de odio y la expresión de las ideas intolerantes no son el mayor peligro, sino la imposibilidad de combatir con ideas y un discurso contrario ese pensamiento de fondo que los origina. Bien dicen por ahí, al enemigo hay que tenerlo cerca.

 

 

 

 

 

Comentarios