Los que sobran

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Por el derecho a la ciudad en Colombia. A propósito de las próximas elecciones locales.

El derecho a la ciudad es uno de los temas que marca tendencia en la última década a nivel mundial, sin embargo, no refiere un concepto reciente. Esta noción fue concebida en 1968 por el francés Henri Lefebvre para tomar en cuenta el impacto recibido por las ciudades donde se consolidaba el modelo económico capitalista y la ciudad se convertía en mercancía e instrumento para los intereses de este. La privatización de los espacios públicos, el predominio de la industria y los espacios comerciales son entre otros, algunos de los fenómenos referidos por Lefebvre. La idea de Lefebvre fue entonces rescatar ese desarrollo de la ciudad basado en el capital, para pensar en un modelo de desarrollo concebido en torno a las personas que la habitan. Es decir, el hombre es visto como actor y protagonista de la ciudad y no como espectador, y la ciudad como instrumento para facilitar la construcción de una vida colectiva con posibilidades del “buen vivir” para todos.

La construcción de las ciudades está según él acompañada de un urbanismo funcionalista creador de lugares de alineación, despolitización y segregación de los individuos, que traen consigo fenómenos como la gentrificación o la conformación de suburbios. Esto hace que sociólogos y antropólogos urbanos comiencen a pensar en otros términos la noción de espacio. La ciudad es entonces tomada en cuenta como una cuestión social, lo que niega la ausencia de neutralidad social y política del espacio urbano en la medida en que es allí donde se proyectan las relaciones sociales.

La ciudad es ahora observada como un organismo vivo, que muta y se transforma en torno a las relaciones sociales, y como éstas se materializan en el espacio urbano. Asimismo, las representaciones y prácticas que los habitantes tienen en la ciudad evolucionan y se transforman en la medida en que los espacios se transforman, creando así una relación de doble vía.

Para el reconocido autor David Harvey, el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. El papel de la ciudadanía en esa transformación es preponderante : primero, al momento de elegir a los gobernantes que las administran ; segundo, al momento de habitarla, ya que los modos de vida que cada ciudadano crea para vivir su ciudad son parte fundamental de su devenir. Si bien es cierto al momento de elegir los administradores de la ciudad que habitamos debemos tener en cuenta su capacidad, honestidad, idoneidad y experiencia, es igualmente fundamental percatarse del modelo de ciudad que cada uno de ellos representa.

Las grandes metrópolis del siglo XXI enfrentan, guardadas las proporciones, los mismos desafíos: cambio climático, inseguridad, sobrepoblación, exclusión, desplazamiento, segregación, entre otros. No obstante, las ciudades cuentan con una infraestructura de base y posibilidades de financiamiento bastante disímiles para hacer frente a ellos. Hay grandes inversiones que dependiendo de las urgencias que vive cada ciudad son inaplazables, como otro tipo de inversiones menos onerosas, pero con grandes repercusiones sociales, en las que la cultura ciudadana y los imaginarios cumplen un rol fundamental.

La empatía y la conciencia de que no son sostenibles las ciudades construidas como burbujas – es decir, que separen con muros físicos o imaginarios las diferentes clases sociales –, son determinantes a la hora de construir ciudades más incluyentes, convergentes y amigables. No es sostenible ni deseable a largo plazo el desplazamiento y la segregación de la miseria a los extramuros de las metrópolis, ni la represión de la ocupación del espacio público por parte de algunos sectores vulnerables, mientras a otros se les favorece con un “laisser passer” para que se apropien del espacio público en beneficio de una minoría o de algunos intereses económicos. Dividir las diferentes formas de habitar la ciudad y los usos permitidos en ella entre legítimos e ilegítimos, sin unos criterios claros o justos que justifiquen tal diferencia, siendo con unos laxo, mientras a otros se les criminaliza y estigmatiza, crea tensiones que tarde o temprano degeneran en mayor violencia e inseguridad.

Es necesario entre otros crear o mantener espacios públicos abiertos y gratuitos para la convivencia y el desarrollo de la sociabilidad: parques, plazas, bibliotecas, centros culturales o deportivos y en general centros de esparcimiento en óptimas condiciones donde el filtro no sea social sino las simples ganas de pasar un buen momento. Así, por ejemplo, “ciudades primaverales” en las que para ir con la familia a hacer un pícnic en un parque arborizado y limpio exija pagar un precio a la entrada y que este precio cueste lo que a una familia de escasos recursos le costarían los insumos para el picnic no son ciudades sostenibles.

Por lo anterior por un derecho a la ciudad en términos de sostenibilidad, inclusión, seguridad y convivencia armoniosa nuestro deber es analizar concienzudamente los programas de gobierno de los actuales candidatos a las elecciones locales.

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