Con gran inquietud, los demócratas colombianos que hemos apoyado el proceso de Paz, rodeado la JEP y celebrado la independencia que -a pesar de los embates del gobierno- han demostrado tener las altas cortes, hemos recibido la noticia de la “iniciativa ciudadana” que, a través de la recolección de firmas, pretende la realización de un referendo antes de terminar el año. El objetivo de dicha iniciativa es el de derogar la Justicia Especial para la Paz, crear una sala en la Corte Suprema de Justicia que la remplace, revocar a los Magistrados y unificar las Cortes; en últimas, cambiar los acuerdos de La Habana en cuanto al tratamiento y sanción de ciertos delitos que, al sentir de quienes adelantan la iniciativa, genera impunidad.
El comité promotor que se encuentra detrás de esta iniciativa, “Libertad y Orden”, ya ha sido avalado por la Registraduría, pues cumplió con los requisitos establecidos en la ley para el efecto y cuenta con el apoyo del Senador Álvaro Uribe y, naturalmente, del uribismo. Para que la iniciativa supere el trámite debido ante el Congreso y la Corte Constitucional, tendría que contar con un mínimo de 1’853.083 firmas y estas deberán ser recogidas en el plazo de seis meses.
Ahora bien, ¿existe un riesgo de que este referendo pueda cursar todo su trámite y llegue a ser votado por la ciudadanía? No, o al menos el riesgo podría considerarse mínimo, no porque la campaña de desprestigio a los acuerdos y a la JEP no haya logrado convencer a un sector ciudadano (que probablemente logre verse representado en las casi dos millones de firmas requeridas), sino porque se trata de un referendo a todas luces antidemocrático e inconstitucional que iría en contravía de los principios fundamentales del Estado de Derecho y no pasaría el examen de constitucionalidad de la Corte.
Si bien es cierto la participación ciudadana es un elemento fundamental de las democracias occidentales, no lo es menos que desde la segunda posguerra y con la creación de los Estados constitucionales de derecho, la democracia dejo de ser entendida como “la dictadura de las mayorías” quedando demostrado que no todas las decisiones con respaldo popular son justas o ajustadas a derecho por ese simple hecho, sino que tienen que estar ajustadas a una serie de principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Es decir, incluso la soberanía popular tiene límites y esos límites están dados por criterios orientadores de justicia inscritos en las Constituciones.
El Acuerdo de Paz es un referente político obligatorio, su refrendación se surtió por vía legislativa luego de haber hecho un proceso de negociación con los opositores al mismo y la constitucionalidad de la JEP ya fue evaluada e hizo tránsito a cosa juzgada. La iniciativa en esta medida nos recuerda, sin embargo, los peligros de la deriva demagógica que, apelando la soberanía popular, intenta desestabilizar las instituciones democráticas del país. Ya el expresidente Uribe había utilizado el instrumento de la democracia plebiscitariacuando convoco un referendo para posibilitar su segunda reelección, pero la Corte Constitucional le recordó que ni el Congreso ni el poder constituyente primario pueden atentar contra los principios de separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos determinados en la Constitución Política.
De anécdotas sobre los peligros de este tipo de iniciativas, que algunas veces llegan a cumplir sus objetivos, está llena la historia política reciente de Occidente. Pero si de historia se trata, vale recordar como lo hace Hans Kelsen -uno de los juristas más importante del siglo XX- que Pilatos, al condenar a Cristo actuó como “un perfecto demócrata” ante la imposibilidad de valorar “la verdad” que decía portar Jesús, y en tanto que romano acostumbrado a pensar democráticamente, llamo al pueblo y provocó un plebiscito para que fuera la mayoría quien decidiera: «¿Y qué he de hacer con Jesús?» (Mateo 27, 23), «¡Crucifícalo, crucifícalo!» (Juan 19, 6).
Ni la paz, ni las instituciones fundamentales de una democracia, producto de un contrato social racional, consensuado y con vocación de permanencia, pueden estar sometidas a arrebatos plebiscitarios. Ni la Comunidad Internacional, ni nuestras instituciones, ni los colombianos vamos a permitir que se acabe, por un capricho traducido ahora en un referendo, nuestra institucionalidad y nuestros sueños de paz.
¡No vamos a matar nuevamente a Jesucristo!