El día de ayer la Registraduría Nacional del Estado Civil decidió tramitar la Revocatoria del Alcalde de Medellín Quintero Calle, pese a que anuló 170.000 firmas de 300.000 presentadas, de las cuales se estableció, además, que cerca de 30.000 fueron llenadas por las mismas personas o incluso fueron supuestamente “firmadas” por personas discapacitadas.
La iniciativa de esta revocatoria denota ante todo una clara persecución y revancha política por parte del uribismo y del fajardismo, ante la titánica batalla liderada por el Alcalde Quintero contra las normalizadas “relaciones incestuosas” o especie de “Puertas giratorias” que principalmente desde la administración de Sergio Fajardo bajo el velo de “gobierno corporativo” habían sido mantenidas por la EPM con el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño, conformado por los Grupos SURA, ARGOS y NUTRESSA que reúnen apropiadamente 125 compañías) producto de las cuales, la Contraloría General de la República, en días pasados, ratificó la responsabilidad fiscal a título de CULPA GRAVE de 26 personas (funcionarios y contratistas, unos personas naturales y otras jurídicas entre las cuales se encuentra la Empresa INTEGRAL y Sergio Fajardo), por el detrimento patrimonial de 4,5 billones de pesos debido a los malos manejos en el Mega Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Si bien es cierto la vinculación como tercero civilmente responsable de la Aseguradora MAPFRE para hacer efectiva la póliza todo riesgo con ellos suscrita, aseguró el recaudo de un 40% de los recursos que constituyen el daño patrimonial generado (daño emergente y lucro cesante), que son necesarios para culminar la obra y cubrir la contingencia generada desde el 2018, los riesgos generados por la contingencia están lejos de estar superados.
Por una parte, el costo de la obra pasó de 10 billones a 18.3 billones, excedente que ha tenido que ser asumido por la EPM y que depende de desembolsos similares por parte de las demás aseguradoras, para solucionar el 14 % de obras pendientes. Por otra parte, en el evento de que no se pueda cumplir con los plazos fijados, caso que es muy factible, el costo de la energía podría aumentar hasta el 20% lo cual se vería en la misma proporción reflejado en un aumento directo en la tarifas de energía que pagan los colombianos.
Para terminar, en la obra hubo “errores estructurales de diseño y construcción”, conclusiones que han sido confirmadas y puestas a la luz pública por la Contraloría, la Universidad Nacional, JAHV MacGregor y Global Advantage Service (peritos reaseguradores de MAPFRE), variante determinante que incidió en el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación en el Cerro Capitán, que ninguna aseguradora en el mundo está interesa en la actualidad en cubrir. ¿Quién responde por un eventual siniestro en el futuro? En verdad creemos que un sistema de autoaseguramiento de EPM para enfrentar consecuencias económicas por un eventual siniestro de estas dimensiones es suficiente cuando en realidad la demanda interpuesta contra los contratistas alcanza los 10 billones (el presupuesto del Distrito capital es de 28.5 billones para 2022)?
Cualquier cosa puede pasar, porque el vertedero no está diseñando para funcionar 24 sobre 7, como está siendo el caso, sino excepcionalmente. Y ni qué decir del estado actual del cuenco (lugar sobre el que cae el agua del vertedero). Como si lo anterior fuera poco, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ordenó a EPM contratar una auditoria (la cual se hizo con empresa internacional suiza de consultoría Poyry) para conocer la estabilidad del Macizo y hasta ahora los colombianos no conocemos el dictamen técnico sobre las condiciones actuales y proyecciones futuras de su estabilidad. Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que, por el volumen de agua que allí cae (comparable con el memorable Salto del Tequendama), los reaseguradores han advertido que pueden existir fallas. Es decir, que los riesgos de semejante mega proyecto y las condiciones del contrato del que depende el funcionamiento de una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina no tiene en la actualidad póliza de seguro todo riesgo que cubra los eventuales siniestros de construcción y de llegar a colapsar el vertedero, los colombianos tendríamos que pagar, por no tener una póliza de prevención del riesgo ¡No!
Ahora bien ¿Por qué nos parece antiética la toma de posición de Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo (junto al silencio condescendiente de buena parte de la coalición de la esperanza), en cuanto a la viabilidad de la Revocatoria de Quintero Calle?
Primero porque han guardado silencio ante las ostensibles irregularidades que se han presentado en el proceso fraudulento de recolección de firmas; un silencio que deja mucho que desear por parte de quienes se presentan como adalides de la moral y la defensa los principios democráticos, pero sobre todo por el claro conflicto de intereses de cara a la ciudadanía si se tiene en cuenta lo siguiente:
Fue Sergio Fajardo quien en 2004 nombró a Juan Felipe Gaviria (q.e.p.d.), padre de Alejandro Gaviria, como gerente de EPM. No obstante, Gaviria venía de Conconcreto y había hecho parte de las Juntas directivas de la Sociedad INTEGRAL, y de la noche a la mañana la empresa Conconcreto (del GEA) ganó jugosos contratos durante los 4 años de su gestión, lo que permitió que estas empresas abandonaran la ley de quiebras.
Ahora, la mencionada empresa Integral es la diseñadora y junto a Concreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H son los protagonistas de la catástrofe del colapso del tercer túnel de Hidroituango. Cabe preguntarse entonces: 1) ¿cuál fue la influencia que tuvo el señor Juan Felipe Gaviria, antiguo miembro de las juntas directivas de Concreto e Integral, y Gerente de EPM durante los años 2004 y 2007 (administración Fajardo), en la estructuración del contrato de diseño y construcción que EPM suscribiría más tarde con dichas empresas? 2) si el señor Juan Felipe Gaviria hizo parte de las juntas directivas de las empresas responsables de la catástrofe, ¿No habría en este escenario un claro conflicto ético de los hermanos Alejandro y Pascual Gaviria para hacer proselitismo político sobre la injusta persecución de la que ha sido objeto Quintero Calle, cuando su padre hacia parte del órgano rector de esas empresas?
No puede el precandidato Alejandro Gaviria rasgarse las vestiduras con unas vehementes declaraciones de pánico moral y de espectáculo, en las que reduce la lucha de la defensa de los interés ciudadanos sobre los intereses privados y corporativos, a actos de populismo y división que según él, resquebrajan una armoniosa alianza existente “entre los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil” en Medellín. Lo anterior máxime cuando las juntas directivas de las empresas de las que hizo parte su padre deben responder ante las legítimas exigencias de la ciudadanía. Tampoco Sergio Fajardo declarado responsable fiscal por los malos manejos de Hidroituango y demás miembros de la coalición de la esperanza deberían sentirse muy cómodos dando lecciones de moral y responsabilidad a Quintero Calle, cuando el trasfondo de su apuesta política ha sido defender los intereses corporativos del modelo neoliberal que tanto daño ha hecho en el mundo y en Colombia a los ciudadanos.
Guardadas las proporciones, este escenario me recuerda al de la Periodista Andrea Nieto que tan vehemente suele atacar al progresismo y a Gustavo Petro endilgando actos de corrupción sin fundamento, sin contar a la ciudadanía sobre el conflicto de intereses en cuanto a las acciones de su padre que fueron denunciadas por el mismo Gustavo Petro.
En todo caso la persecución política a Quintero Calle que ha sabido unir al uribismo con el “centrismo” pareciera estar íntimamente ligada a las graves responsabilidades individuales tanto de los unos como de los otros, en el mega proyecto de Hidroituango. Cuando mucho se mira la paja en el ojo ajeno debe ser porque la viga en el propio esta muy grande…