En Colombia, cada elección activa una fuerza que nadie financia pero que todos desean. Los líderes comunales y sus procesos representan a personas extraordinarias, capaces de movilizar territorios enteros sin sueldo ni reconocimiento oficial. Su único propósito es transformar su espacio vital: el parque donde juegan sus hijos, el salón comunal donde se piensan los proyectos, el frente de seguridad o la calle que necesita ser pavimentada.

Ese movimiento territorial constante sufre una convulsión en época electoral. Llegan las promesas y, con ellas, un sistema de desorganización planificada: las bases territoriales se vuelven un tesoro transaccional para los políticos. Por lo general se piensa que allí se perdió el voto de opinión, pero la realidad es más cruda. La relación se ha convertido en una negociación entre quien busca el poder y quien ofrece lo único que tiene a cambio de lo que necesita su comunidad. No es una falla moral de las comunidades; pedir solución a sus necesidades, es la respuesta racional a un sistema que nunca construyó canales de participación real.

Pedir un cargo o un mercado, la terminación de una obra o un proyecto a cambio de votos no es oportunismo, es lo único que el sistema les ha enseñado a negociar en el momento en que ven cercano al poder que una vez electo, se va a alejar. Cualquier gobierno, sin importar su color político, tiene el incentivo de mantener comunidades dependientes para complacerlas hoy y manipularlas después. Ahí reside el verdadero problema.

El trabajo comunal es infravalorado porque su capacidad transformadora no se ha dimensionado, ellos pueden cambiarlo todo con sus pequeñas acciones, pero los aplausos protocolarios no bastan. Son las comunidades organizadas las que sostienen la democracia cuando las instituciones fallan. La reflexión entonces, debe hacerse hoy que acaban de pasar las elecciones, dado que todo este sistema descrito, ya ha hecho su trabajo pero con toda claridad, es momento de abrir el debate ciudadano responsable y repensarse.

No puede seguir sucediendo que la gente que se ha movilizado a diario siga dependiendo de elecciones de momento para obtener algo. Por ejemplo, el Congreso recién elegido tiene una deuda pendiente con la democracia territorial. No se trata solo de asignar más presupuesto a las juntas, sino de garantizar mérito real, participación vinculante y transparencia. El reto para el liderazgo comunal es elevar la vara: exigir convocatorias limpias y rendición de cuentas constante, no solo cuando el candidato necesita el aplauso. ¿Acaso los comunales no están cansados de participar en convocatorias públicas, hacer el papeleo y nunca ganarse nada? El poder está en las bases, pero al entregarlo sin control, sencillamente se diluye.

A los comunales nadie les ha regalado nada, es su trabajo y disposición lo que los legitima, cada cámara instalada y cada frente de seguridad organizado es evidencia de que, cuando la comunidad decide, el gobierno sobra como intermediario, solo cumple su función. El desafío es fortalecer los territorios para que el trabajo sea tan sólido que la efervescencia electoral se vuelva prescindible.

Una sociedad que decide por sí misma no depende de un político que aparece cada cuatro años. La base no necesita que la salven; necesita que dejen de usarla. La estructura comunal es la clave de todo, siempre lo fue, el problema es que algunos solo la recuerdan cuando necesitan que alguien les abra la puerta del barrio. La decisión de cambio va en una reflexión profunda y una autocrítica de los líderes de base y un empoderamiento real que les permita alzar la voz y exigir, desde una territorio, seguro se puede cambiarlo todo.

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