La sociedad colombiana en los últimos años ha estado permanentemente influenciada por un modelo político y económico que en apariencia es totalmente contrario al existente en una sociedad vecina, la venezolana. Hoy en día existe una innecesaria anuencia popular, que acepta la implementación de medidas que se presentan a la opinión pública como única alternativa ética. En los últimos meses se ha logrado incluso desplazar importantes figuras independientes de la política nacional de la última década, mediante televisadas fusiones partidistas. En la actualidad en Colombia no se sabe que es la Unidad Nacional, no se sabe que es el Polo Democrático Alternativo, no se sabe que es el Partido Verde y no se sabe en qué se diferencia todo ello del PIN, o del Partido Conservador. Figuras que encarnaban distintas posiciones ideológicas claramente diferenciables, son hoy arrastradas por un sistemático manejo de homogeneización de la opinión pública mediante disimuladas estrategias en medios de comunicación. Mientras tanto, detrás de la banalidad que se promociona como noticia y de la avalancha de información que desinforma a la población, existen problemas latentes de la política colombiana que no solo violan la ética, sino que defienden flagrantemente injusticias, y que se reproducen constantemente no solo en Colombia sino también en otros países del hemisferio.
Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, desde distintas orillas geográficas, ambos con un discurso conciliador lentamente implementan medidas que implican la concentración de poder político y económico en determinadas figuras de sus respectivos países. La agenda de los dos mandatarios se degrada en la medida en que las dos democracias se descomponen, y el nivel de comprensión de la ciudadanía para conocer la realidad detrás de la retórica de los dos gobiernos se reduce. En Venezuela, la presión del gobernante ha eliminado la capacidad crítica de medios de comunicación que anteriormente ejercían control sobre las iniciativas de su propia administración y de administraciones anteriores. En Colombia, por primera vez en la historia un presidente realiza masivos despliegues mediáticos cargados de desagradable retórica para anunciar la captura de corruptos.
Los que hasta hace algunos meses eran seres irreconciliables hoy se presentan como elementos de orden y justicia ideológica. Hugo Chávez defiende condiciones de privilegio injustificado de una gigante burocracia parasitaria, que en diez años ha convertido a Venezuela en el país con uno de los mayores problemas de seguridad ciudadana del continente. La economía con los mayores recursos naturales explotables del hemisferio ha sufrido en los últimos años un retroceso que se configura en distintos ciclos de inflación, devaluación, controles inusitados de precios, inestabilidad y desinstitucionalización. Como en Colombia los partidos políticos venezolanos se encuentran eclipsados. El avance omnipresente de un “socialismo” financiado por el petróleo es incapaz de sostenerse materialmente a partir de la iniciativa, el trabajo y la creatividad de la población. Las ideas poco a poco se han erosionado y nadie ejerce control político sobre el gobierno. En medio de las dificultades se tolera explícitamente la influencia en los asuntos internos de un régimen cubano dirigido por dos hermanos, Raúl y Fidel Castro, que han concentrado el poder en la isla por más de 50 años.
En contraste con Venezuela, en Colombia Juan Manuel Santos pretende hacerse pasar por el aliado de una administración que junto con Cuba ha sido el mayor elemento de erosión de frágiles órdenes políticos. Juan Manuel Santos con el ánimo exclusivo de reducir los niveles de tensión ideológica ha dejado a un lado la historia y los sacrificios de personas que desde distintos espacios han intentado durante décadas dar sentido a la palabra democracia en Latinoamérica. Al mismo tiempo ha tomado la decisión de iniciar una campaña mediática liderada por el periódico El Tiempo, en la que mediante ruedas de prensa y declaraciones cargadas de sensacionalismo, busca desviar el criterio de la opinión pública respecto a necesarios debates de actualidad nacional que ponen en crisis el modelo político y de desarrollo que se ha implementado en el país por décadas. Hoy Colombia, considerada una de las naciones con la mayor biodiversidad del planeta (superado probablemente solo por Brasil), se encuentra en un momento crítico con ocasión de una excesiva, desordenada y politizada concesión de títulos mineros a nivel nacional, que pone al filo de un abismo histórico los limitados esfuerzos por imponer una agenda medioambiental consecuente con las condiciones geoestratégicas de la nación. En este momento, se está tramitando la entrega de aproximadamente 8.000 títulos, que representan el 8% del territorio nacional. Incluyendo explotación aurífera a cielo abierto en zonas como los páramos y parques naturales. Todos ellos específicamente orientados a un modelo de “negocio” de explotación de recursos, que no se compadece ni empresarialmente ni políticamente con esquemas de desarrollo hacia los cuales debería apuntar el país.
El equivocado “pragmatismo” de Santos, antecedido por la administración de Uribe, ha posibilitado el fortalecimiento de condiciones de desigualdad nacional cuyas consecuencias más difíciles de prever, se ven representadas en procesos de marginación social y una concentración definida de poder en actores que determinan la agenda política regional y nacional de acuerdo a intereses particulares. La combinación del poder partidista en la denominada “unidad nacional” tiene implicaciones directas sobre la falta de control político derivado de la ausencia de alternativas ideológicas que pongan en entredicho la inercia del gobierno. La consecuencia más nefasta de esta realidad está siendo experimentada en la actualidad por la población de diversas zonas, que han tenido que asumir el escalamiento del conflicto en los últimos meses y que encuentran oídos sordos a sus demandas para que se replantee la estrategia de seguridad del gobierno nacional.
En este momento tanto en Colombia como en Venezuela, las dos administraciones imponen a la población intereses que no se armonizan con los intereses de una población informada. Venezuela manipula a la opinión pública mediante una desmedida inversión burocrática y populista de sus recursos. Colombia legitima condiciones de clientelismo a gran escala e implementa políticas destinadas a favorecer grupos económicos dominantes en un país sin partidos, con abierto apoyo mediático en medio de graves problemas de orden público.
Juan Manuel Santos busca posicionarse ante la opinión pública como el actor que a futuro implementará “prosperidad”, en medio de una coyuntura latinoamericana que registra en conjunto las tasas más altas de crecimiento económico de los últimos años y un momento excepcional de incremento del precio del oro en los mercados internacionales. Hugo Chávez promociona insosteniblemente su política de “socialismo”, cuando a comienzos de su administración se iniciaba un escalamiento inusitado de los precios del petróleo, y los miembros de la OPEP (muchos de ellos dictaduras o “monarquías”) establecían criterios de negociación del precio del crudo en medio de tensiones con los Estados Unidos.
El mundo a cada momento se hace más complejo. Ideologías anteriormente vendidas como verdades irrefutables son hoy solo opciones. La población colombiana debe ser cauta al valorar el camino en el que se pretende conducir a Colombia. La explotación indiscriminada de los recursos naturales y el fortalecimiento de asimetrías de poder político y económico contravienen cualquier norma de sentido común en lo que a desarrollo se refiere. La corrección del discurso político en cabeza de Chávez y Santos, más que el progreso representa la doble moral de actores cuyos intereses mayores están ceñidos al mantenimiento de condiciones de privilegio de burocracias políticas y élites económicas.
El autor contesta inquietudes o sugerencias en el correo [email protected]
Renny Rueda Castañeda