“El secuestro extorsivo fue el que grupos criminales y terroristas utilizaron
para aumentar sus fuentes de financiación, aterrorizar a la población, someter
al pueblo colombiano, eso se ha venido reduciendo, y en este año, reitero, ha bajado
sigue bajando y es el más bajo de la última década”.
Juan Carlos Pinzón. Ministro de Defensa. Julio 14.2012.
En este momento existe un debate político relevante en materia de orden público en el país. La evolución del mismo en los últimos años ha dejado lecciones fundamentales que deben tenerse en cuenta en el ejercicio de gobierno. La administración de Juan Manuel Santos, en cabeza del señor ministro, debe ser clara en definir y explicar el incremento de los actos de terrorismo y de los secuestros que está experimentado la nación; así como valorar la responsabilidad del la administración y la ciudadania en la realidad política actual. Es necesario para ello, tener presente los siguientes elementos de juicio.
Aproximación a la evolución.
En el año 2000, el país presentó el mayor número de secuestros registrados en su historia, con un total de 3.572 casos. Dentro de las distintas razones del fenómeno, probablemente la mayor se relaciona con la existencia de la denominada “zona de despeje” en San Vicente del Caguan, que facilitó la reorganización del crimen organizado en el territorio. A partir del año 2000 hasta el año 2009, el país vivió una sistemática disminución en la cifra total de secuestros. Según la “Dirección operativa para la defensa de la libertad personal”, en ese año hubo un total de 213 casos, el menor numero registrado en la década.
Desde el año 2009 hasta el día de hoy, el país ha vivido un incremento del número de secuestros en su territorio. Según las propias cifras del Ministerio de Defensa Nacional, en el año 2010 se registraron 69 casos más. Según esta misma fuente, en el año 2011, los secuestros pasaron de 282 a un total de 305.
A diferencia de las declaraciones del señor ministro de defensa, las cifras de secuestro en lo corrido del año, no solamente no son las más bajas de la década, sino las más altas de los últimos cuatro años. Según cifras oficiales, entre enero y mayo del año 2011, el país registro un incremento de un 38% en el fenómeno del secuestro. Para el mismo periodo en el año 2012, el incremento ha sido de un 6 por ciento.
Adicionalmente las cifras oficiales registran inusuales inconsistencias. En primer lugar se presenta el caso de un secuestro masivo de 23 trabajadores ocasionado en el Vichada en marzo de 2011, del cual ministerio en los últimos meses guarda un balance de solo una víctima (la que no pudo ser rescatada). Asimismo, los datos del ministerio califican como secuestro simple al secuestro masivo de 11 trabajadores que se suscitó en Tame – Arauca, el 28 de febrero de este mismo año. Trabajadores que posteriormente fueron entregados en Marzo por el Bloque Domingo Laín del ELN.
Junto con el incremento de los secuestros, comparando los periodos enero a mayo de los últimos años, el país ha vivido un incremento de los “actos de terrorismo” sin antecedentes desde el año 2006 (352). En la actualidad, en solo los primeros cinco meses del año, se han registrado un total de 349 “actos”. 121 más que en el año anterior, y 123 más que en año 2010.
Finalmente, el país ha registrado un inusitado crecimiento del número de” voladuras de oleoductos”. Solo en los primeros cinco meses del año se registraron un total de 49 “voladuras”. 31 más que el año pasado; y 44 más que en el año 2010.
Observaciones a declaraciones gubernamentales.
Las declaraciones del ministerio de defensa en el sentido de la disminución de los secuestros, y los partes de calma frente al accionar de la criminalidad organizada, no se armonizan con la realidad. En este momento es fundamental que haya tanto una aclaración respecto a la evolución del conflicto, así como a las inconsistencias presentadas en los datos del ministerio de defensa. En Colombia no solo se debe hablar de cifras que aumentan o disminuyen, se debe poder hablar de la desaparición total de flagelos que han golpeado al país por décadas.
El monto del presupuesto destinado por el gobierno nacional para combatir al crimen organizado en cabeza del ministerio de defensa, ha sido en los últimos años el más alto de la historia, es apenas sensato que la sociedad demande resultados. En los últimos días los informes del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, presentaron un incremento del número de hectáreas cultivadas de coca en el país. Ante el repunte de estos indicadores, es menester preguntarse si la estrategia del gobierno contra el crimen es la más adecuada, o si por el contrario, algunos partes de calma, pecan de ingenuidad.
Si las cifras oficiales en materia de seguridad, el control de zonas de cultivo de coca, y los reportes de organizaciones no gubernamentales revelan problemáticas de fondo, el gobierno nacional debe encaminar sus esfuerzos menos en hacer propaganda, y más en discutir públicamente la problemática de la delincuencia y el narcotráfico en Colombia. Gobernar es un ejercicio que se hace en conjunción con la ciudadanía, el primer paso en la dirección correcta es hablar con la verdad.
Consideraciones finales sobre la violencia en Colombia.
Colombia en este momento está atravesando un proceso de cambio político fundamental. A pesar de la relevancia de la violencia, la ciudadanía debe estar al tanto de asuntos cardinales que están determinando la historia del país. Es menester que se hable abiertamente de temas que no solamente tienen incidencia sobre el orden público, sino sobre el modelo de sociedad que se quiere construir.
En los últimos días, han existido sucesos relevantes que tienen que ser motivo de reflexión profunda. Si bien la violencia o el crimen es un indicador de la problemáticas vigentes, es necesario que la opinión tenga la firmeza en defender otros valores sustantivos a la vida, tales como la ética en el ejercicio de la política, la democracia como un proceso activo, la conservación del medio ambiente y la relevancia de la cultura en la práctica de la ciudadanía.
Si Colombia quiere hacer serio tránsito a un proceso de post conflicto, tiene que comenzar a valorar con igual dureza el rol de cada ciudadano como parte de la problemática o la solución nacional. La violencia en Colombia no es solo un fenómeno asociado a la narcodelincuencia (FARC, ELN, Bandas Criminales), es un hecho asociado a una forma de entender la vida que ha hecho mella en la idiosincrasia de un pueblo que ha sufrido, y cuyas víctimas protagónicas están signadas por la pobreza y la marginalidad.
El conflicto en el país está dividido en dos partes, en quienes lo viven desde la comodidad de una ciudad, y en quienes lo experimentan exponiendo la vida. Los medios de comunicación deben hacer eco tanto de las víctimas de cuello blanco, como de aquellas que no tienen influencia o apellido pero que son sacrificados por intereses de personas con poder y dinero. El escalamiento de cifras transversales, que permiten ver un deterioramiento en las condiciones de seguridad de la población, debe seriamente conducir a cambios en la política de la administración actual. El gobierno debe liderar un proceso que concientice a la población de las problemáticas y la dimensión del sufrimiento que se desprende de la violencia y el narcotráfico en Colombia, de lo contrario tarde o temprano debe declarase como incapacitado para asumir la tarea que se le ha confiado.
El autor contesta inquietudes o sugerencias en el correo [email protected]
Renny Rueda Castañeda