Coyuntura Política

Publicado el Renny Rueda Castañeda

Consideraciones preambulares al proceso de destrucción de la Amazonía latinoamericana por parte de la industria minera. Año 2012.

En la actual configuración política de los estados latinoamericanos, las probabilidades de defender las reservas ecosistémicas continentales son dramáticamente bajas. Si no existe un cambio fundamental, los modelos de democracia representativa presionados por dinámicas de consumo, repetirán la historia que llevo a la devastación de la naturaleza, y la acelerada urbanización de zonas de reserva natural en Norteamérica y Europa, principalmente. En este momento además; Europa, Estados Unidos, China e India, se encuentran en escenarios de crisis de autoabastecimiento. Sus complejidades los hacen reproducir esquemas de explotación y extracción para satisfacer demandas que superaron sus aprovisionamientos originales. Materiales como el petróleo, cobre, platino, uranio, carbón, aluminio, gas u oro, entre otros, ya no se hallan en el territorio de estas naciones. La alternativa, buscar países de renta media o  baja, para reproducir el mismo esquema de destrucción.

En este atropellado panorama, uno de los ambientes geoestratégicos mundiales es Latinoamérica. A lo largo de la geografía como una reserva casi impoluta, aún más rica en minerales y biodiversidad que todas las demás en el mundo,  la Amazonía. Las otras pueden ser la zona ecuatorial del África y del Asia -esta última en la actualidad lleva el proceso más acelerado de menoscabo selvático, liderado por China e Indonesia-.

Observaciones preliminares.

En la actualidad las probabilidades de que el gobierno nacional controle la desmedida explotación y exploración de zonas de biodiversidad estratégica es prácticamente nula. Los mecanismos actuales de control respecto a la desaforada demanda y desorganizada exploración minera tanto legal como ilegal, son estructural y materialmente ínfimos. En medio de la difícil situación, desconcierta pensar que el discurso que se vende es el del “desarrollo”. La devastación humana, medioambiental, ecosistémica, cultural y en general estructural de las zonas explotadas por multinacionacionales es inconmensurable respecto al impulso social del sector. Los dos países del mundo que hoy en día están experimentando las mayores consecuencias de esta realidad son Nigeria e Indonesia. La presión de multinacionales sobre el subsuelo de Indonesia ha llevado a que sus bosques originales hayan disminuido a más de la mitad. El caso de Nigeria es de abierta desinstitucionalización y destrucción. Ambos países están, como Colombia y Latinoamérica, ubicados en zona ecuatorial.

El siguiente texto sirve como preámbulo al análisis de la crisis que se acerca, y que se estima puede configurar el fin de la riqueza ecosistémica, hídrica, cultural, ambiental y biológica de la Amazonía y las  regiones del trópico latinoamericano.

Hablar de desarrollo en las sociedades contemporáneas conlleva mayores complejidades que hablar de riqueza económica o de comercialización internacional de recursos naturales. El centro del debate debe estar ceñido a esa realidad. Cambiar la naturaleza y la riqueza ecosistema por cráteres y urbanización no es desarrollo. Es reproducir un esquema crítico de organización social propio de la mitad del siglo pasado.

El tránsito latinoamericano hacia sociedades de mercado y las dinámicas de explotación de recursos.

Latinoamérica está en este momento haciendo tránsito a un proceso que de alguna manera muchas economías desarrolladas vivieron hace décadas en la profundización de su actividad económica primaria. Junto con el mejoramiento de las condiciones materiales de los ciudadanos, las posibilidades de acceder a bienes y servicios posibilitaron una concepción de la vida que reconfiguró el rol del individuo frente al estado. La participación política de las personas paso a hacer tránsito del ejercicio activo de la deliberación o la reproducción de formas de vivir basadas en tradiciones y acuerdos sociales, por una idea de la política adscrita al ejercicio del voto y la aceptación de las instituciones como reguladoras del orden social. Con ese nuevo sofisma gran parte de las tensiones y concepciones de mundo de los individuos se domesticó y homogeneizó.

Mientras históricamente las concepciones políticas y de orden social eran motivo de disputa, en la actualidad la discusión transita al plano de la esfera económica. Hoy en día, en muchos países mientras las economías crezcan, no se discute el precio. El problema es que tarde o temprano existe un precio, y este tiene un impacto fundamental en esferas marginadas o sin voz en el debate público.

El incremento de los recursos económicos de una sociedad no implica necesariamente desarrollo. Los modelos de orden políticos en sociedades como la finlandesa, la coreana,  la alemana, la estadounidense o la uruguaya, distan tanto entre sí, como pueden distar las historias de sus países. En el caso colombiano, la experiencia de la configuración política reciente ha estado en gran medida acorralada por la presión de un orden altamente inequitativo que ha hecho mella en la visión de mundo gubernamental, social e institucional. En medio de este panorama, la forma de organización nacional actual se muestra incapaz de hacer frente a dinámicas contemporáneas altamente invasivas de la soberanía. La concesión de los recursos naturales a capital internacional es un indicador más de la imposibilidad gubernamental de hallar soluciones a problemáticas sociales y de orden material de sus ciudadanos.

Mientras que otros países sin recursos ambientales o minerales han optado por promover esquemas de organización política y económica alternativos (agroindustrias, turismo, servicios, actividades de base científica, tercerización de mano de obra especializada), países con pocos niveles de gobernabilidad y limitaciones en capital humano se ven inclinados a facilitar la presencia de capital extranjero en actividades extractivas.

La concesión de las reservas selváticas colombianas para actividades de exploración y explotación minera no solo revelan un problema medioambiental, sino fundamentalmente político y de gobernabilidad. Cualquier aproximación científica a la riqueza de la zona no se puede equiparar de ninguna manera con los costosos réditos de la industria extractiva. Los recursos naturales de un país van mucho más allá de los minerales del subsuelo y es este un componente que las economías desarrolladas actuales omitieron en un proceso precipitado de urbanización y esquemas de consumo desmedido.

Las probabilidades de que este modelo de consumo y organización económica se reproduzcan al resto de la población del mundo, no solamente no son mínimas, simplemente no existen. La razón es imperativa; los recursos naturales no son renovables y la demanda actual global es desmesurada. A la fecha, las economías desarrolladas conocen los efectos de este tipo de industria. A la fecha ninguna de estas economías tasa su modelo de desarrollo en este sector.

Consideraciones del problema como patología de gobernanza. Capital humano, cultura y gobernabilidad.

Para analizar la problemática colombiana es necesario aceptar el supuesto de que el actual sistema político es incapaz de hacer frente a las circunstancias descritas. Sus mecanismos de regulación para controlar las dinámicas de destrucción de sus reservas naturales  y áreas de conservación cuentan actualmente con limitaciones estructurales que tienen que ser discutidos a nivel nacional. Entre las problemática no solamente se cuenta la poca capacidad del estado para ejercer soberanía activa en espacios distantes de las ciudades principales, sino así mismo, un orden cultural que desconoce la valía de su territorio, y que lleva implícito hábitos de organización más dispuestos al consumo y a la comercialización que al desarrollo de sus bases productivas locales y de capital humano.

En primer lugar, el ejercicio activo de la soberanía se da en países en los cuales sus medios económicos y sus capacidades materiales les permiten desplazar personal y recursos a zonas apartadas de la geografía en esfuerzos por regular la actividad de explotación lícita o ilícita del subsuelo, así como el impacto medioambiental en zonas aisladas de explotación. En el caso colombiano esta situación es inviable. El estado no cuenta con los recursos necesarios para ejercer control real, ni establecer mecanismos sancionatorios o de de incentivos al funcionamiento de la industria extractiva, por organizada que esta sea. Por otro lado, la demanda de las concesiones actuales desbocan en extremo las capacidades operativas necesarias para implementar políticas mínimamente coherentes.

La “zona estratégica minera” de la administración de Juan Manuel Santos, busca en medio del panorama convertir 17.6 millones de hectáreas del territorio en potenciales áreas de exploración. Adicionalmente a la dimensión del territorio en riesgo de destrucción, preocupa el hecho del riesgo inminente al que se somete la riqueza biológica de la zona ya que se incluyen los departamentos del Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó. Todos ellos patrimonio medioambiental excepcional no solamente en Latinoamérica sino comparativamente en el mundo. Con excepción de algunas regiones de línea ecuatorial africana e Indonesia (en proceso acelerado de destrucción), no existen globalmente otros territorios con los recursos naturales y riqueza ecosistémica de la Amazonía.

En segundo lugar, los hábitos, las competencias y las alternativas de la ciudadanía colombiana son limitadas frente a la complejidad de la situación. Cuando las dinámicas mundiales actuales presionan a las sociedades para vincularse a procesos de producción económica, el abordaje de las sociedades a las demandas se acomoda de acuerdo a los recursos y capacidades locales. Las dificultades de muchas de las poblaciones en contener la influencia de actores externos interesados en modificar los patrones de organización local se presentan con fuerza cuando algunas comunidades marginales no ven otra opción que vincularse a la economía extractiva. Incluso en casos en los que esta se efectúe en la ilegalidad. Por otra parte, las limitaciones organizacionales y competenciales de las comunidades apartadas, les dificultan el tránsito a esquemas de organización que rechacen influencias externas.

A pesar de que muchas agrupaciones campesinas, y pobladores de territorios de riqueza ecosistémica, valoran sus costumbres y tradiciones, ignoran a la vez la excepcionalidad del entorno en el que viven. En consecuencia, muchos pobladores de áreas de biodiversidad estratégica desconocen la responsabilidad de lograr defensas educacionales y competenciales para una organización sostenible en ellas, respetando el medio ambiente y permitiendo una interacción razonable de terceros en sus territorios.

Dificultades para la construcción de un acuerdo nacional con relación al medio ambiente.

En la actualidad, la sociedad colombiana en general desconoce la dimensión del problema. Gran parte de la agenda nacional concentra el interés de la ciudadanía más en el día a día de los movimientos de poder en los estamentos gubernamentales, que en los requerimientos para lograr niveles de organización social alternativos y viables. El sistema de gobierno representativo, por otra parte, desplaza la responsabilidad cívica de los individuos a la esfera del voto. En este sentido, la importancia del ejercicio constante del debate público y del dialogo ciudadano, queda franqueado por el esquema de participación política en el que la persona es aislada. En temas fundamentales de organización nacional, la ciudadanía en general traslada sus responsabilidades al gobierno. En este escenario, el estamento implementa una agenda distante a la realidad que pretende organizar problemáticas altamente complejas desde la lejanía del poder.

En el caso del medio ambiente, las posibilidades de que el gobierno central actual logre controlar el existente proceso de destrucción de frágiles y ricos ecosistemas parte del territorio nacional son ínfimas. Gran parte de la instrucción cognitiva de la ciudadanía considera natural un proceso de “desarrollo” espontáneo, urbanístico y horizontal, cuyas consecuencias son devastadoras para el medio ambiente. Por otra parte el mensaje gubernamental en el que se presenta la minería expansiva como estrategia de desarrollo contradice elementales agendas de desarrollo de las sociedades más avanzadas políticamente en el mundo, así como estudios contemporáneos críticos de esquemas de desarrollo insostenibles medioambientalmente, como en los Estados Unidos o China, y los que tuvieron lugar en algunos países de Europa en el siglo pasado.

Mientras que los intereses de la ciudadanía se desplacen mas a la esfera del consumo que a la esfera de una producción y organización social de base científica y tecnológica, las probabilidades de hacer frente a las demandas de un mercado actual omnipresente e invasivo culturalmente son dramáticamente bajas.

En Colombia, probablemente junto con la agenda educacional y competencial de la ciudadanía, existe otra de similar importancia, y es la del establecimiento de mecanismos de democracia participativa en donde se redefina el rol de cada individuo en temas sensibles como el medio ambiente. Fácticamente se puede presumir que el gobierno está incapacitado en la actual configuración para contener el impacto de capital multinacional en la vida política del país. La potencial destrucción de la Amazonía puede ser un camino crítico de esta patología.

Otro futuro es posible.

En el país debe existir un debate nacional serio que redefina el rol del ciudadano en decisiones transversales como el modelo de “desarrollo” a seguir. Pretender lograr niveles de organización política avanzada a partir de la destrucción de los recursos naturales es no solo una equivocación, sino un acto que revela un desconocimiento profundo de las realidades políticas contemporáneas. No es competencia del presidente decir si se destruye o no se destruye la Amazonía. La agenda demanda un debate nacional inclusivo y exhaustivo acerca de la dirección del país.

En el momento en el que se escribe este texto, han pasado algunos días desde que el ministerio del medio ambiente decidiera suspender “temporalmente” en Colombia las actividades mineras. Junto con decisiones como estas, Brasil en los últimos años enfocó transitoriamente su modelo a industrias alternativas a la deforestación y minería. Las cifra de bosques destruidos en ese país ha disminuido en los últimos años -una tendencia que probablemente se estropee con el nuevo código forestal del año 2011-. Al tiempo, desde el año 2005 Perú pierde cada año en promedio más de 153.000 hectáreas de bosque. Las cifras muestran el ritmo de una crisis que se aproxima a Colombia. Lo que le está sucediendo a la Amazonía es un fenómeno que no solo es medioambiental sino sistémico. Es la aproximación a formas de vida que están llevando al ocaso de un planeta no solo material sino cognitivamente.

La ruina de la geografía, el paisaje, los procesos de equilibrio térmico y medioambiental, de las fuentes hídricas originales,  y de las formas de vida humana y animal en ecosistemas naturales llevada a cabo por parte del capital internacional destinado a industrias extractivas, no tiene ningún precio. Pretender intercambiar la Amazonía por dinero es no solo un mal negocio, sino un extremo de las crisis de los sistemas políticos contemporáneos. Pensar en cambiar las dinámicas actuales es posible, pero ello implica llevar a cabo esfuerzos fundamentales en modificar modernas estructuras de gobernanza, patrones culturales y mecanismos de participación social corroídos. Este debate puede hacer parte de la agenda pública en tanto exista una voluntad social capaz de impulsar los mecanismos de concientización humana necesarios para establecer límites a las dinámicas de mercado. En capacidad a la vez de presentar alternativas democráticas de base científica. Otro futuro en suma es posible, pero tiene que ser parte de un nuevo dialogo nacional. Una reconfiguración del concepto del “desarrollo” desde el conocimiento científico y la democracia directa y participativa. Una dinámica que parta desde las bases de una ciudadanía activa, única fuente legitima de información para definir la dirección de un orden social futuro.

El autor contesta inquietudes o sugerencias en el correo [email protected]

Renny Rueda Castañeda

www.ecodemocracia.org

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