Alfonso, finalizo con este texto, comunicación que he decidido dirigir a usted en una primera columna, publicada el día lunes 27 de septiembre, por este mismo medio. Respecto a la anterior misiva, le comento he recibido mensajes de personas que se identifican con el documento, residentes tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Mis impresiones sobre las condiciones a partir de las cuales se debe dar un eventual proceso de cese de hostilidades y desmovilización, son solo producto de análisis personales que me tomo la autonomía respetuosa de sugerir. Le pido pueda usted darse la libertad de repasar el texto sin mayores prevenciones. En su momento, tanto el gobierno nacional como usted habrán de establecer las condiciones del acuerdo, no obstante, me parece importante tener en cuenta las consideraciones que expondré.
Encuentro complejo para usted apreciar desde su lejanía la postura que la sociedad civil colombiana tiene en este momento frente al rumbo que ha de tomar en Colombia el conflicto con ocasión de las operaciones del 22 de septiembre. Deseo manifestar, que independientemente de los estados anímicos, cualquier colombiano entiende las ostensibles ventajas derivadas de un proceso de desmovilización coordinado y serio como alternativa real de cese de hostilidades. Actualmente, existen diversos instrumentos y actores que regulan y avalan estos procesos. Para esta época, como referentes imprescindibles, deben tomarse en consideración tanto los aciertos como los errores cometidos en experiencias previas acontecidas en Colombia. Los casos, es necesario señalar, no han estado ausente de fallos tanto de los gobiernos como de los grupos en desarme, tales como la falta de garantías de no agresión del gobierno nacional en el proceso de 1953, la indiferencia ante la influencia del narcotráfico en nacientes organizaciones paramilitares ante la Ley de Amnistía promulgada en la administración Betancourt y sus efectos sobre personal indultado, la falta de claridad y acciones concretas de la “Iniciativa por la Paz” sugerida por la administración Barco, y los complejos debates en torno a la legalidad, miembros efectivos de la organización y reincidencia en acciones criminales del proceso de desmovilización de las “Autodefensas” durante la administración de Álvaro Uribe, entre otros.
A diferencia de los antecedentes, usted entenderá que hoy, el evento de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, cuenta con nuevas variables que posibilitan como en ningún otro momento en la historia la escogencia de esta decisión. Me permito citar tres.
En primer lugar, el hecho de que la Ley 975 de 2005, o “Ley de Justicia y Paz”, y sus decretos reglamentarios, incluidas las modificaciones realizadas a la misma con ocasión del fallo de la Corte del año 2006, en el sentido de que “quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir”, configura un instrumento jurídico probado, rigurosamente elaborado y real, tendiente a brindar las necesarias garantías jurídicas que permitan un acercamiento escrupuloso entre las partes. Independientemente de los acuerdos que puedan surgir a raíz de aproximaciones que en el evento de una decisión suya, se puedan establecer con el gobierno nacional. En este sentido, la justicia transicional colombiana e internacional aporta luces acerca de medidas implementables y concebibles, como preámbulo a la definición del cuerpo jurídico a utilizar. Las instituciones colombianas en la actualidad, cuentan con estructuras tales como programas de reparación, personal en comisiones de la verdad y acciones penales especiales que pueden coadyuvar efectivamente el proceso.
En segundo lugar, debe usted contemplar el grado actual de profesionalismo y experiencia tanto de la fuerza pública colombiana como de las instituciones en el sentido de brindar seguridad antes, durante y después del proceso, así mismo en garantizar el cumplimiento procedimental que entre las partes se acuerde, tendiente a la finalización de las hostilidades y a la reinserción efectiva de personal anteriormente en filas. Hoy en día no solamente existen responsabilidades inherentes al gobierno nacional, en su tarea de salvaguardar la integridad de los miembros de la organización en proceso de desmovilización, y el acatamiento de las condiciones estipuladas en los acuerdos concertados, sino que existen internacionalmente organismos, y actores avalados política y jurídicamente para velar por el cumplimiento de los mismos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales o presencia de gobiernos internacionales en calidad de observadores, entre otros. En este momento tanto la comunidad internacional, como los medios de comunicación, la sociedad civil, representantes del gobierno y en general el mundo, están al tanto de lo que suceda en Colombia en los días venideros. La presidencia conoce de antemano las implicaciones que esta realidad tiene sobre su papel como responsable de la seguridad y el bienestar de los Colombianos, como actor institucional y garante de un proceso tranquilo y serio de cara a la comunidad internacional.
En tercer lugar, en la actualidad, se está atravesando el momento más propicio, jamás antes visto, para que se tomen acciones efectivas destinadas a alcanzar la paz en el país. En usted reposa el bienestar y las posibilidades de desarrollo humano de personas jóvenes que pueden elucidar un panorama futuro en la vida civil. El ejército colombiano conoce hoy, como en ningún otro punto del trance del conflicto la situación de la guerrilla en Colombia, y sabe, que tanto para él, como para la población, el gobierno o la guerrilla, la mejor alternativa reposa en una desmovilización total, definitiva, jurídicamente viable y políticamente necesaria de la estructura guerrillera.
Deseo para finalizar, hacer una breve reflexión. En el fondo soy un convencido de que en el mundo existen muy complejas problemáticas políticas, difíciles situaciones que incluso escapan a la comprensión de los hombres, es claro no obstante, que en esta época, a un ritmo acelerado, el conocimiento sobre estas realidades se expande atropelladamente a través de las personas o instituciones que por distintos medios pretenden imponer posturas, que a la larga, un calmo análisis, permite evidenciarlas como carentes de argumentos y coherencia. Hoy en día, el procedimiento guerrillero no se compatibiliza ni con la realidad del país, ni con la realidad de las instituciones o el mundo. La mejor decisión, que incuestionablemente debe emanar de sus manos está representada en una acción trascendental que usted sabe puede automáticamente cambiar el curso de su historia vital, pero sobre todo cambiar el curso de la historia de Colombia, y en cierta medida, del mundo. En este momento queda solo una orden que dar, la última y la más real en el sentido de lograr el fin de las hostilidades.
Con esta segunda carta, me suscribo.
Cordialmente. Desde Bogotá.
Renny Rueda Castañeda.
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Renny Rueda Castañeda