El gobierno estadounidense no se cansa de decir que, en relación con Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa.” Bolton no ha vuelto a hablar de 5000 soldados, pero sigue latente el prospecto de una intervención militar. ¿Qué tan probable es una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela?
Muchas personas se imaginan que el Gobierno de Trump podría ordenar una invasión a cualquier país sin tenerle que pedir permiso a nadie más. El Congreso estadounidense sería un pintado en la pared, que terminaría avalando la aventura presidencial. Esto no es cierto.
A este respecto, conviene recordar una de las principales consecuencias de la Guerra de Vietnam: la aprobación en 1973 de la Ley de Poderes de la Guerra (War Powers Resolution), mediante la cual el Congreso estadounidense limitó la iniciativa bélica del Presidente.
Conviene aclarar que esa ley no le impide al Presidente actuar motu proprio. Antes bien, le permite repeler cualquier ataque contra los Estados Unidos e incluso iniciar una acción militar contra un país que represente una amenaza o un mero obstáculo al designio global de la Casa Blanca. Al amparo de esa ley Ronald Reagan invadió la isla caribeña de Grenada en 1983 y lo mismo hizo George H. W. Bush al invadir Panamá en 1989.
No obstante, conviene recordar que tanto Bush padre como Bush hijo le pidieron al Congreso estadounidense permiso para actuar contra el régimen de Sadam Hussein en Irak. ¿Por qué entonces en unos casos el Presidente le pide permiso al Congreso y en otros no? La clave está en la disposición de la mencionada ley que le prohibe a los militares estadounidenses permanecer en campaña por más de 60 días en un país extranjero (con un plazo de 30 días más para retirarse), sin la explícita autorización del Congreso. Es claro que intervenir en Granada y Panamá era una cosa y, por el contrario, intervenir en Venezuela sería otra muy distinta.
En el 2003, los militares estadounidenses derribaron el régimen de Sadam Hussein en un mes. No tenían la certeza de que alcanzarían ese objetivo tan rápidamente, pero tampoco tenían en sus planes quedarse hasta el 2011, año en el cual una resolución del Senado declaró formalmente concluida la guerra contra ese país.
Esta referencia es muy relevante para el caso de Venezuela. Los Estados Unidos pueden determinar con toda precisión el día y la hora en la cual sus tropas entrarían en combate contra las Fuerzas Armadas venezolanas, pero es imposible que puedan predecir cuándo podrían irse de ese país habiendo derrotado la resistencia militar de los chavistas-maduristas. El contraste entre la invasión a Panamá en 1989 y una posible invasión a Venezuela resulta muy ilustrativo.
El dictador panameño Manuel Antonio Noriega anticipó la acción militar estadounidense, por lo cual decidió repartir entre los ciudadanos un gran número de armas. En su cabeza, esos ciudadanos estarían dispuestos a sacrificar sus vidas, oponiéndose violentamente a los invasores. Noriega nunca se imaginó que las fuerzas estadounidenses desactivarían los potenciales focos de resistencia comprándoles a los ciudadanos las armas que les había dado el régimen. Ese programa comenzó a implementarse el 24 de diciembre, el quinto día de la invasión.
La cosa en Venezuela es sustancialmente distinta. Según declaraciones del propio Maduro, en Venezuela habría por lo menos un millón de ciudadanos armados y adoctrinados por el régimen, quienes en su calidad de milicianos bolivarianos estarían dispuestos a defender a su país de un agresor extranjero. A lo anterior habría que agregar la presencia de guerrilleros del ELN, quienes apoyarían a esos milicianos en una guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses o la coalición multinacional que decidiera intervenir en Venezuela. Incluso si muchos de esos milicianos desertaran al campo de la oposición, basta que una proporción significativa continúe declarándose leal al chavismo-madurismo para que en ese país estalle un conflicto armado y continúe una situación de perturbación que dificulte la recuperación del hermano país.
Creo que esto lo saben muchos oficiales en el Pentágono. Por lo menos, hay señales bastante claras de que el Estado Mayor de las fuerzas armadas estadounidenses se ha opuesto a los miembros más beligerantes del gobierno de Trump, como su Secretario de Estado, Mike Pompeo y, sobre todo, su asesor de seguridad Nacional John Bolton y sus asistentes, entre quienes se encuentra el cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone. Bolton ha procurado restarle fuerza a la oposición del General Selva a su designio beligerante encomiando la disposición del Almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur, quien tendría a su cargo las operaciones militares que tuvieran lugar en Venezuela. No obstante, éste se ha encargado de enfatizar que la prioridad de los Estados Unidos es la vía diplomática y la realización de una transición pacífica en el hermano país, tal y como lo destaca un artículo del Washington Post publicado el miércoles 1 de mayo.
Conviene destacar, además, que el Pentágono se opuso el año pasado a una opción militar en contra de Irán. Con una guerra que no termina en Afganistán, para los Estados Unidos sería bastante arriesgado abrir un nuevo teatro de operaciones en Venezuela. Si bien la presencia de Rusia y Cuba son un desafío a su poder en el hemisferio occidental, lo cierto es que una opción militar para enfrentarlo no sería la más productiva para enfrentar ese desafío. Esto parece entenderlo incluso el mismo Trump quien recientemente se ha mostrado conciliador con Putin; aparentemente, le habría dicho que Estados Unidos procura una transición pacífica.
Hay distintas maneras de interpretar qué significa este tipo de transición. Una es continuar apostándole a la implosión y derrumbamiento del régimen de Maduro para reemplazarlo por un gobierno que convoque a elecciones y saque al chavismo del poder. Esta ha sido hasta ahora la línea de la diplomacia colombiana. Otra es entenderla como una transición negociada en la cual el régimen de Maduro y la coalición que encabeza Juan Guaidó acuerdan los términos para que se realicen elecciones libres y se ponga en marcha un plan de recuperación del país hermano. Esa recuperación debe incluir, sin duda alguna, la desactivación de todos los grupos armados como los colectivos chavistas y las milicias bolivarianas, la lucha contra todas las organizaciones que controlan la explotación de recursos naturales, como lo hace el ELN en el Arco Minero, y por supuesto la lucha contra todas las demás organizaciones criminales que han surgido a la sombra del desgobierno chavista. Soñar con una intervención militar que solucione todo esto es más bien una pesadilla.
Hoy la prioridad debe ser una transición pacífica en el sentido de una transición negociada. Parece que así lo entiende el Grupo de Lima, que le ha pedido a Cuba que “participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela.” Ojalá este esfuerzo fructifique pronto.